A.

LA COMISIÓN COMO AMICUS CURIAE 17. Para ayudar a los órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de aplicar las normas comunitarias de competencia, la Comisión debe prestar asistencia a los órganos jurisdiccionales nacionales cuando éstos consideren que tal ayuda es necesaria para poder resolver un asunto. El artículo 15 del Reglamento menciona los tipos más frecuentes de tal ayuda: la transmisión de información (puntos 21 a 6) y los dictámenes de la Comisión (puntos 27 a 30), ambos a instancias de un órgano jurisdiccional nacional, y la posibilidad de que la Comisión presente observaciones (puntos 31 a 35). Puesto que el Reglamento prevé estos tipos de ayuda, ésta no puede verse limitada por la normativa de ningún Estado miembro. Sin embargo, a falta de normas procedimentales comunitarias a este efecto y en la medida en que sean necesarias para facilitar estas formas de ayuda, los Estados miembros deberán adoptar las normas procesales pertinentes que hagan posible que tanto los órganos jurisdiccionales nacionales como la Comisión se beneficien plenamente de las posibilidades que ofrece el Reglamento ( 39 ). 18. El órgano jurisdiccional nacional puede enviar su solicitud de asistencia por escrito a: Comisión Europea Dirección General de Competencia B-1049Bruselas Bélgica o electrónicamente a amicus@cec.eu.int 19. Cabe recordar que, independientemente de la forma que adopte la cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión respetará la independencia de éstos. Por consiguiente, la asistencia ofrecida por la Comisión no es vinculante para el órgano jurisdiccional nacional. La Comisión también tiene que velar por el respeto de su deber de secreto profesional y por la salvaguarda de su propio funcionamiento e independencia ( 40 ). En el cumplimiento de su deber de prestar ayuda a los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación de las normas comunitarias de competencia conforme al artículo 10 CE, la ayuda de la Comisión debe ser neutral y objetiva. Efectivamente, la asistencia de la Comisión a los órganos jurisdiccionales nacionales es parte de su deber de defensa del interés público. Por consiguiente, no pretende servir a los intereses privados de los litigantes ante el órgano jurisdiccional nacional. En consecuencia, la Comisión no oirá a ninguna de las partes en lo que se refiere a su ayuda a un órgano jurisdiccional nacional. En caso de que alguna de las citadas partes haya establecido contacto con la Comisión por lo que se refiere a cuestiones planteadas ante el órgano jurisdiccional nacional, la Comisión lo comunicará a este último, independientemente de que el contacto se haya producido antes o después de la solicitud de cooperación por parte del citado órgano. 20. La Comisión publicará en su informe anual sobre la política de competencia un resumen sobre su cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo a la presente Comunicación. También puede publicar sus dictámenes y observaciones en su sitio Internet. 1. Deber de la Comisión de transmitir a los órganos jurisdiccionales nacionales la información que obre en su poder 21. El deber de la Comisión de prestar ayuda a los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación del Derecho comunitario de competencia se refleja principalmente en la obligación de la Comisión de transmitir a los órganos jurisdiccionales nacionales la información que obra en su poder. Un órgano jurisdiccional nacional puede, por ejemplo, solicitar a la Comisión documentos que obren en su poder o información de carácter procedimental que le permita saber si un determinado asunto está pendiente ante la Comisión, si ésta ha iniciado oficialmente un procedimiento o si ya ha adoptado una posición. Asimismo, un órgano jurisdiccional nacional puede preguntar a la Comisión sobre la fecha probable de adopción de una decisión, para poder determinar si se cumplen las condiciones para decidir la suspensión de un procedimiento o si es necesario adoptar medidas cautelares ( 41 ). 22. Para garantizar la eficacia de la cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión se esforzará por facilitar al órgano jurisdiccional nacional la información solicitada en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Cuando la Comisión tenga que pedir al órgano jurisdiccional nacional aclaraciones referentes a su solicitud o cuando tenga que consultar a las partes afectadas directamente por la transmisión de la información, dicho plazo comenzará a contar a partir del momento en que reciba la información solicitada. 23. Al transmitir la información a los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión tiene que respetar las garantías dadas a las personas físicas y jurídicas por el artículo 287 CE ( 42 ). El artículo 287 CE impide que los miembros, funcionarios y otros agentes de la Comisión revelen información amparada por la obligación de secreto profesional. La información amparada por el secreto profesional puede ser tanto información confidencial como secretos comerciales. Los secretos comerciales son informaciones que no sólo no pueden divulgarse al público, sino que incluso su mera comunicación a un sujeto distinto del que las ha suministrado puede perjudicar gravemente a los intereses de este último ( 43 ). 24. La lectura combinada de los artículos 10 y 287 CE no genera una prohibición absoluta de que la Comisión transmita la información amparada por la obligación de secreto profesional a los órganos jurisdiccionales nacionales. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia confirma que el deber de cooperación leal obliga a la Comisión a facilitar al órgano jurisdiccional nacional cualquier información que éste le solicite, incluso la amparada por el secreto profesional. Sin embargo, al prestar ayuda a los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión no puede en ningún caso menoscabar las garantías fijadas en el artículo 287 CE. 25. Por lo tanto, antes de transmitir la información amparada por el secreto profesional a un órgano jurisdiccional nacional, la Comisión recordará al citado órgano que está obligado por el Derecho comunitario a observar los derechos que el artículo 287 CE confiere a las personas físicas y jurídicas y le preguntará si puede garantizar y garantizará la protección de la información y de los secretos comerciales confidenciales. Si el órgano jurisdiccional nacional no puede ofrecer dicha garantía, la Comisión no le transmitirá la información amparada por el secreto profesional ( 44 ). Hasta que el órgano jurisdiccional nacional no le haya dado la garantía de que protegerá la información y los secretos comerciales confidenciales, la Comisión no le transmitirá la información solicitada, indicando las partes que están amparadas por el secreto profesional y las que por no estarlo pueden divulgarse. ▼M1 26. Sin embargo, existen excepciones a la divulgación de información por la Comisión a los órganos jurisdiccionales nacionales. En particular, la Comisión podrá denegar la transmisión de información a los órganos jurisdiccionales nacionales por razones superiores relacionadas con la necesidad de salvaguardar los intereses de la Unión Europea o de evitar cualquier interferencia con su funcionamiento e independencia, en especial cuando obstaculice la realización de las tareas encomendadas a la Comisión ( 45 ). La divulgación de información a los órganos jurisdiccionales nacionales no deberá afectar indebidamente a la eficacia de la aplicación de la normativa de competencia por parte de la Comisión, en particular, a fin de no interferir en las investigaciones en curso ni con el funcionamiento de los programas de clemencia y los procedimientos de transacción. ▼M1 26 bis. A tal fin, la Comisión no comunicará, en ningún momento, la siguiente información a los órganos jurisdiccionales nacionales para su uso en las demandas por daños y perjuicios por infracciones del artículo 101 o 102 del Tratado: — declaraciones de empresa en el marco de un programa de clemencia, con arreglo al artículo 4 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) no 773/2004 ( 46 ); así como — solicitudes de transacción, con arreglo al artículo 10 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) no 773/2004. El presente apartado se entenderá sin perjuicio de la situación a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 7, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 47 ). 26 ter. Por lo que se refiere a otro tipo de información, la Comisión no transmitirá lo siguiente a los órganos jurisdiccionales nacionales para su uso en las demandas por daños y perjuicios por infracciones del artículo 101 o 102 del Tratado, antes de que haya concluido el procedimiento contra todas las partes investigadas mediante la adopción de una decisión a la que se hace referencia en los artículos 7, 9 o 10 del Reglamento (CE) no 1/2003, o antes de que haya concluido el procedimiento administrativo: — información que haya sido preparada por una persona física o jurídica específicamente para un procedimiento de la Comisión; así como — información que la Comisión haya elaborado y enviado a las partes en el curso de su procedimiento. Cuando se le solicite que transmita dicha información a los órganos jurisdiccionales nacionales para otros fines distintos de su utilización en las demandas por daños y perjuicios por infracciones del artículo 101 o 102 del Tratado, la Comisión aplicará, en principio, la limitación de tiempo contemplada en el párrafo primero, con el fin de proteger sus investigaciones en curso. ▼B 2. Solicitud de un dictamen sobre cuestiones referentes a la aplicación de las normas comunitarias de competencia 27. Cuando deba aplicar las normas comunitarias de competencia en un litigio, el órgano jurisdiccional nacional puede orientarse inicialmente con ayuda de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o de los reglamentos, decisiones, comunicaciones y directrices de la Comisión que aplican los artículos 81 y 82 CE ( 48 ). Cuando estos instrumentos no ofrezcan la suficiente orientación, el órgano jurisdiccional nacional puede solicitar a la Comisión que se pronuncie sobre cuestiones referentes a la aplicación de las normas comunitarias de competencia. El órgano jurisdiccional nacional puede solicitar a la Comisión que se pronuncie sobre cuestiones económicas, jurídicas y de hecho (48) . Por supuesto esto no afectará a la posibilidad o a la obligación del órgano jurisdiccional nacional de presentar al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial relativa a la interpretación o validez del Derecho comunitario de conformidad con el artículo 234 CE. 28. A fin de estar en condiciones de proporcionar un dictamen útil, la Comisión podrá solicitar más información al órgano jurisdiccional nacional ( 49 ). Para asegurar la eficacia de la cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión se esforzará por facilitar el dictamen al órgano jurisdiccional nacional en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Cuando la Comisión haya solicitado más información al órgano jurisdiccional nacional para poder pronunciarse, dicho plazo comenzará a contar a partir del momento en que reciba la información adicional. 29. Al pronunciarse, la Comisión se limitará a facilitar al órgano jurisdiccional nacional la información sobre los hechos o la aclaración económica o jurídica solicitada, sin entrar a considerar el fondo del asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional. Por otra parte, a diferencia de la interpretación judicial del Derecho comunitario realizada por el Tribunal de Justicia, el dictamen de la Comisión no es jurídicamente vinculante para el órgano jurisdiccional nacional. 30. Conforme a lo indicado en el punto 19 de la presente Comunicación, la Comisión no oirá a las partes antes de pronunciarse a solicitud del órgano jurisdiccional nacional. Este último tendrá que tratar la opinión de la Comisión de conformidad con las normas procesales nacionales pertinentes, que deberán respetar los principios generales del Derecho comunitario. 3. Presentación de observaciones al órgano jurisdiccional nacional por parte de la Comisión 31. Según el apartado 3 del artículo 15 del Reglamento, las autoridades nacionales de competencia y la Comisión pueden presentar observaciones sobre aspectos relativos a la aplicación de los artículos 81 u 82 CE a un órgano jurisdiccional nacional que deba aplicar dichas disposiciones. El Reglamento distingue entre las observaciones escritas, que las autoridades nacionales de competencia y la Comisión pueden presentar por propia iniciativa, y las observaciones verbales, que sólo pueden presentarse con la venia del órgano jurisdiccional nacional ( 50 ). 32. El Reglamento especifica que la Comisión solamente presentará observaciones cuando lo requiera la aplicación coherente de los artículos 81 u 82 CE. Al ser éste el objetivo de dicha presentación, la Comisión limitará sus observaciones a un análisis económico y jurídico de los hechos subyacentes al asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional. 33. A fin de permitir a la Comisión que presente observaciones útiles, se puede pedir a los órganos jurisdiccionales nacionales que transmitan o velen por la transmisión a la Comisión de una copia de todos los documentos necesarios para la evaluación del asunto. Conforme al segundo párrafo del apartado 3 del artículo 15 del Reglamento, la Comisión solamente utilizará estos documentos a efectos de la preparación de sus observaciones ( 51 ). 34. Dado que el Reglamento no establece un procedimiento para la presentación de las observaciones, el procedimiento aplicable se determinará con arreglo a las normas y prácticas procesales de los Estados miembros. Cuando un Estado miembro todavía no haya establecido el marco procesal pertinente, el órgano jurisdiccional nacional deberá determinar qué normas procesales son apropiadas para la presentación de observaciones en el litigio pendiente ante él. 35. El procedimiento debería respetar los principios mencionados en el punto 10 de la presente Comunicación. Esto implica, entre otras cosas, que el procedimiento para la presentación de observaciones referentes a problemas relativos a la aplicación de los artículos 81 u 82 CE a) tiene que ser compatible con los principios generales del Derecho comunitario, en especial con los derechos fundamentales de las partes implicadas en el asunto; b) no debe hacer que la presentación de dichas observaciones sea imposible en la práctica o excesivamente difícil (principio de eficacia) ( 52 ) y c) no puede hacer que la presentación de las observaciones sea más difícil que la presentación de observaciones en un procedimiento judicial en el que se aplique el derecho nacional equivalente (principio de equivalencia).