1977L0249 — ES — 01.01.1995 — 003.001 — 1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B DIRECTIVADELCONSEJO
de22demarzode1977
dirigidaafacilitar elejercicio efectivo delalibreprestacióndeservicios porlosabogados
(77/249/CEE)
(DO L 78 de 26.3.1977, p. 17)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►A1Acta de adhesión de Grecia (*) L 291 17 19.11.1979
►A2Acta de adhesión de España y de Portugal L 302 23 15.11.1985
►A3Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia C 241 21 29.8.1994
(adaptada porDecisión 95/1/CE, Eur atom, CECA del Consejo) L 1 1 1.1.1995
(*) No existe versión en español de este acto.
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DIRECTIVADELCONSEJO
de22demarzode1977
dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de
servicios porlosabogados
(77/249/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,
en particular, sus artículos 57 y 66,
Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Parlamento Europeo (
1),
Visto el dictamen del Comité económico y social (2),
Considerando que, en aplicación del Tratado, está prohibida, a partir
del final del período de transición, toda restricción, por motivos denacionalidad o de condiciones de residencia, en materia de prestaciónde servicios;
Considerando que la presente Directiva sólo se refiere a las medidas
destinadas a facilitarel ejer cicio efectivo de la abogacía en conceptode prestación de servicios; que serán necesarias medidas más elabo-radas para facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento;
Considerando que el ejercicio efectivo de la abogacía en concepto de
prestación de servicios presupone que el Estado miembro de acogidareconozca como abogados a las personas que ejerzan esta profesión enlos distintos Estados miembros;
Considerando que, dado que la presente Directiva sólo se refiere a la
prestación de servicios y que no está acompañada de disposiciones
relativas al reconocimiento recíproco de los diplomas, los beneficiariosde la Directiva utilizarán el título profesional del Estado miembro en elque se hallan establecido, que en lo sucesivo se denominará «Estadomiembro de procedencia»,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
1. La presente Directiva se aplicará, dentro de los límites y condi-
ciones por ella previstos, a las actividades de abogacía ejercidas enconcepto de prestación de servicios.
No obstante las disposiciones de la presente Directiva, los Estados
miembros podrán reservar a determinadas categorías de abogados lapreparación de documentos auténticos que faculten para administrarlos bienes de personas fallecidas o que se refieran a la creación o a latransferencia de de derechos reales inmobiliarios.
2. Por «abogado» se entenderá toda persona facultada para ejercer
sus actividades profesionales bajo una de las denominacionessiguientes:
Bélgica: avocat/advocaat,
Dinamarca: advokat,
República Federal de Alemania: Rechtsanwalt,
Francia: avocat1977L0249 — ES — 01.01.1995 — 003.001 — 2
(1)D O noC 103 de 5. 10. 1972, p. 19.
DO noC 53 de 8. 3. 1976, p. 33.
(2)D O noC 36 de 28. 3. 1970, p. 37.
DO noC 50 de 4. 3. 1976, p. 17.
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Irlanda: barrister,
solicitor
Italia: avvocato,
Luxemburgo: avocat—avoué,
Países Bajos: advocaat,
Reino Unido: advocate,
barrister,
solicitor,
Grèce: δικηγόρος,
España: abogado,
Portugal: advogado,
Austria: Rechtsanwalt,
Finlandia: advokat — asianajaja,
Suecia: advokat.
Artículo 2
Cada Estado miembro reconocerá como abogado, para el ejercicio de
las actividades mencionadas en el apartado 1 del artículo 1, a toda
persona mencionada en el apartado 2 del mismo artículo.
Artículo 3
Todas las personas mencionadas en el artículo 1 harán uso de su título
profesional redactado en el idioma o en uno de los idiomas, del Estado
miembro de procedencia, indicando la organización profesional a la
que pertenezcan o la jurisdicción ante la cual estén admitidas en virtudde la legislación de ese Estado.
Artículo 4
1. Las actividades relativas a la representación y a la defensa de
clientes ante los tribunales o ante las autoridades públicas se ejerceránen cada Estado miembro de acogida en las condiciones previstas paralos abogados establecidos en ese Estado, excluyéndose cualquiercondi-ción de residencia o de inscripción en una organización profesional detal Estado.
2. En el ejercicio de estas actividades, el abogado respetará las
normas profesionales del Estado miembro de acogida, sin perjuicio de
las obligaciones que le incumban en el Estado miembro de proce-dencia.
3. Cuando estas actividades se ejerzan en el Reino Unido, se
entenderá por «normas profesionales del Estado miembro de acogida»las de los «solicitors» cuando dichas actividades no estén reservadas alos «barristers» o a los «advocates». En caso contrario se aplicarán lasnormas profesionales relativas a estos últimos. Sin embargo, los
«barristers» procedentes de Irlanda se regirán en todo caso por las
normas profesionales de los «barristers» o «advocates» del ReinoUnido.
Cuando las actividades mencionadas se ejerzan en Irlanda, se entenderá
por «normas profesionales del Estado miembro de acogida» las de los«barristers», siempre que se trate de las normas profesionales queregulan la presentación oral de un asunto ante los tribunales. En todos1977L0249 — ES — 01.01.1995 — 003.001 — 3
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los demás casos, se aplicarán las normas profesionales de los «solici-
tors». Sin embargo, los «barristers» y los «advocates» nacionales queprocedan del Reino Unido se regirán en todo caso por las normas
profesionales de los «barristers» de Irlanda.
4. Para el ejercicio de las actividades que no sean las mencionadas
en el apartado 1, el abogado quedará sujeto a las condiciones y normasprofesionales del Estado miembro de procedencia, sin perjuicio delrespeto a las normas, sea cual fuere su origen, que regulen la profesiónen el Estado miembro de acogida y, en particular, a las que se refieran
a la incompatibilidad entre el ejercicio de las actividades de abogado y
el de otras actividades en ese Estado, al secreto profesional, a las rela-ciones entre colegas, a la prohibición de que un mismo abogado asistaa partes con intereses opuestos y a la publicidad. Dichas normas sólo seaplicarán si pudieren ser cumplidas por un abogado no establecido enel Estado miembro de acogida y sólo en la medida en que su cumpli-
miento se justifique objetivamente para garantizar, en ese Estado, el
correcto ejercicio de las actividades de abogado, la dignidad de laprofesión y el respeto a las incompatibilidades.
Artículo 5
Para el ejercicio de las actividades relativas a la representación y a la
defensa de un cliente ante los tribunales, cada Estado miembro podráimponera los abogados mencionados en el ar tículo 1 las obligacionessiguientes:
— ser presentado al presidente del órgano jurisdiccional y, en su caso,
al decano del Colegio de abogados competente del Estado miembrode acogida de acuerdo con las normas y usos locales;
— actuar de acuerdo bien con un abogado que ejerza ante el órgano
jurisdiccional interesado y que se responsabilizaría, si procediere,ante dicho órgano, bien con un «avoué» o «procuratore» que ejerza
ante el mismo.
Artículo 6
Los abogados asalariados, vinculados por un contrato de trabajo a una
empresa pública o privada, podrán ser excluidos por cada Estado
miembro del ejercicio de las actividades de representación y de defensade esa empresa ante los tirbunales en la medida en que los abogadosestablecidos en ese Estado no estén autorizados a ejercerlas.
Artículo 7
1. La autoridad competente del Estado miembro de acogida podrá
pedir a quien preste los servicios que acredite su condición de abogado.
2. En caso de incumplimiento de las obligaciones en vigoren el
Estado miembro de acogida previstas en el artículo 4, la autoridad
competente de aquél determinará las consecuencias de dicho incumpli-
miento según sus propias normas de derecho y procedimiento, y, a talfin, podrá hacer que se le comunique información profesional oportunasobre quien preste los servicios. Informará a la autoridad competentedel Estado miembro de procedencia de toda decisión tomada. Estascomunicaciones no alterarán el carácter confidencial de la información
facilitada.
Artículo 8
1. Los Estados miembros adoptarán en un plazo de dos años a partir
del día de su notificación, las medidas necesarias para cumplir la
presente Directiva e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbitoregulado por la presente Directiva.
Artículo 9
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.1977L0249 — ES — 01.01.1995 — 003.001 — 4