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"BDIRECTIV A 93/22/CEE DEL CONSEJO
de 10 de mayo de 1993
relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables
(DO L 141 de 11.6.1993, p. 27)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
"M1 Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29
de junio de 1995 L 168 7 18.7.1995
"M2 Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de
marzo de 1997 L 84 22 26.3.1997
"M3 Directiva 2000/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7
de noviembre de 2000 L 290 27 17.11.20001993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 1
DIRECTIV A 93/22/CEE DEL CONSEJO
de 10 de mayo de 1993
relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores
negociables
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y en
particular el apartado 2 del su artículo 57,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando que la presente Directiva constituye un instrumento
esencial para la realización del mercado interior, conforme a lo dispuesto
en el Acta Única Europea y de acuerdo con el calendario fijado en el
Libro Blanco de la Comisión, en lo que se refiere a la libertad de
establecimiento y a la libre prestación de servicios, en el ámbito de las
empresas de inversión;
Considerando que las empresas que prestan los servicios de inversión
regulados en la presente Directiva deben contar con una autorización
expedida por el Estado miembro de origen de la empresa de inversión,
con el fin de garantizar la protección de los inversores y la estabilidad del
sistema financiero;
Considerando que el enfoque adoptado está encaminado a lograr
únicamente el grado esencial de armonización que sea necesario y
suficiente para garantizar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones
y de los sistemas de supervisión prudencial, posibilitando así la
concesión de una única autorización con validez en toda la Comunidad
y la aplicación del principio de supervisión por el Estado miembro de
origen; que, en virtud del reconocimiento mutuo, las empresas de
inversión autorizadas en su Estado miembro de origen pueden realizar en
toda la Comunidad todas o parte de las actividades contempladas en su
autorización y reguladas en la presente Directiva, mediante el
establecimiento de sucursales o la prestación de servicios;
Considerando que los principios de reconocimiento mutuo y de
supervisión por el Estado miembro de origen exigen que las autoridades
competentes de cada uno de los Estados miembros no concedan
autorización o la retiren cuando factores tales como el programa de
actividad, la distribución geográfica o la actividad efectivamente
realizada demuestren de forma inequívoca que la empresa de inversión
ha optado por el sistema jurídico de un Estado miembro con el propósito
de eludir las normas más estrictas vigentes en el Estado miembro en el
que proyecta realizar o realiza la mayor parte de sus actividades; que, a
efectos de la presente Directiva, toda empresa de inversión que sea
persona jurídica deberá ser autorizada en el Estado miembro en que se
encuentre su domicilio social; que toda empresa de inversión que no sea
persona jurídica deberá ser autorizada en el Estado miembro en que se
encuentre su administración central; que, por otra parte, los Estados
miembros deben exigir que la administración central de las empresas de
inversión esté siempre situada en el Estado miembro en el que la empresa
ejerza realmente sus actividades y que sea su Estado miembro de origen;
Considerando que, para proteger a los inversores, es necesario garantizar
el control interno de la empresa mediante una dirección bicéfala o,
cuando ésta no esté exigida en la Directiva, mediante otros mecanismos
que garanticen un resultado equivalente;!B
(1)D O noC 43 de 22. 2. 1989, p. 7; y
DO noC 42 de 22. 2. 1990, p. 7.
(2)D O noC 304 de 4. 12. 1989, p. 39; y
DO noC 115 de 26. 4. 1993.
(3)D O noC 298 de 27. 11. 1989, p. 6.1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 2
Considerando que, para garantizar la igualdad de las condiciones de
competencia, es necesario que las empresas de inversión que no sean
entidades de crédito gocen de la misma libertad para crear sucursales y
prestar servicios a escala transfronteriza que la que se contempla en la
segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1989,
para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de
crédito y a su ejercicio (1);
Considerando que una empresa de inversión sólo podrá prevalerse de la
presente Directiva para efectuar operaciones de cambio al contado o a
plazo fijo cuando se trate de servicios de inversión vinculados a la
prestación de servicios; que, por consiguiente, utilizar una sucursal
únicamente para efectuar operaciones de cambio constituiría una
desviación del mecanismo de la Directiva;
Considerando que toda empresa de inversión autorizada en su Estado
miembro de origen podrá realizar sus actividades en el conjunto de la
Comunidad por los medios que estime adecuados; que, a tal efecto y si lo
considera necesario, puede recurrir a agentes de la empresa de inversión
que reciban y transmitan órdenes por cuenta propia y por su cuenta y bajo
su responsabilidad total e incondicional; que, en estas condiciones, la
actividad de dichos agentes debería considerarse actividad de la
empresa; que por lo demás, la presente Directiva no se opone a que el
Estado miembro de origen subordine el estatuto de dichos agentes a unas
determinadas exigencias; que, en caso de que la empresa de inversión
ejerza una actividad transfronteriza, el Estado miembro de acogida
tratará a dichos agentes como si fueran la propia empresa; que, además,
la presente Directiva no afecta a la venta de valores negociables a
domicilio o ambulante, cuya regulación depende de disposiciones
nacionales;
Considerando que por valores negociables se entienden las categorías de
valores habitualmente negociados en el mercado de capitales, por
ejemplo, deuda del Estado, acciones, valores que den derecho a adquirir
acciones mediante suscripción o canje, recibos de depósito, obligaciones
emitidas en serie, certificados de opción de compra con índice y los
títulos que den derecho a adquirir tales obligaciones mediante
suscripción;
Considerando que por instrumentos del mercado monetario se entienden
las categorías de instrumentos habitualmente negociados en el mercado
monetario, como, por ejemplo, los bonos del tesoro, los certificados de
depósito y los bonos de tesorería;
Considerando que las definiciones, muy amplias, de valores negociables
y de instrumentos del mercado monetario que figuran en la presente
Directiva sólo serán válidas para la presente Directiva que, por
consiguiente no afectará en absoluto a las distintas definiciones de
instrumentos financieros adoptadas en las legislaciones nacionales con
otros fines y, en particular, con fines fiscales; que por lo demás, la
definición de valores negociables se refiere únicamente a los
instrumentos negociables y, por consiguiente, no están incluidos en
dicha definición las acciones o los valores asimilables a acciones,
emitidos por organismos tales como las «Building societies» o las
«Industrial and Provident societies» cuya propiedad, de hecho,
solamente puede transferirse mediante su recompra por parte del
organismo emisor;
Considerando que por instrumentos equivalentes a un contrato financiero
a plazo se deben entender los contratos que son objeto de un pago en
efectivo calculado con referencia a las fluctuaciones de alguno de los
siguientes elementos: los tipos de interés o de cambio, el valor de
cualquiera de los instrumentos enumerados en la sección B del Anexo,
un índice relativo a alguna de esos instrumentos;!B
(1)D O noL 386 de 30. 12. 1989, p. 1; Directiva modificada por última vez por la
Directiva 92/30/CEE (DO noL 110 de 28. 4. 1992, p. 52).1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 3
Considerando que a efectos de la presente Directiva, la actividad de
recepción y transmisión de órdenes incluye también la actividad de poner
en contacto a dos o más inversores, permitiendo con ello la realización
de operaciones entre esos inversores;
Considerando que ninguna de las disposiciones de la presente Directiva
afectará a las disposiciones comunitarias o, en su defecto, nacionales que
regulan la oferta pública de los instrumentos contemplados en la presente
Directiva; que lo mismo se aplica a la comercialización y la distribución
de estos instrumentos;
Considerando que los Estados miembros siguen siendo plenamente
responsables de la ejecución de las medidas de su política monetaria, sin
perjuicio de las medidas necesarias para fortalecer el Sistema Monetario
Europeo;
Considerando que procede excluir a las compañías de seguros, cuyas
actividades están sometidas a un control adecuado por parte de
autoridades competentes en materia de control prudencial y están
coordinadas a escala comunitaria, así como a las empresas que ejercen
actividades de reaseguro y de retrocesión;
Considerando que no deben estar reguladas en la presente Directiva las
empresas que no prestan servicios a terceros, cuya activida consista en
prestar servicios de inversión únicamente a su empresa matriz, a sus
filiales o a otra filial de su empresa matriz;
Considerando que la presente Directiva pretende abarcar las empresas
cuya actividad habitual consista en prestar a terceros servicios de
inversión con carácter profesional y que, por tanto, conviene excluir de
su ámbito de aplicación a toda persona cuya actividad profesional sea
otra (por ejemplo, abogados, notarios) y que preste servicios de inversión
únicamente con carácter accesorio en el marco de su actividad
profesional, siempre que dicha actividad esté regulada por una normativa
que no excluya la prestación de servicios de inversión con carácter
accesorio; que, por idénticos motivos, también conviene excluir del
ámbito de aplicación a las personas que sólo prestan servicios de
inversión a productores o usuarios de materias primas y en la medida
necesaria para realizar las transacciones sobre estos productos cuando
dichas transacciones constituyan su actividad principal;
Considerando que las empresas cuyos servicios de inversión consistan
exclusivamente en la gestión de un sistema de participación de
trabajadores y que, como tales, no presten servicios de inversión a
terceros, no deben estar reguladas por las disposiciones de la presente
Directiva;
Considerando que se debe excluir del ámbito de aplicación de la
Directiva a los bancos centrales y demás organismos que se dediquen al
ejercicio de funciones similares así como a los organismos públicos que
se encarguen o intervengan en la gestión de la deuda pública — concepto
que engloba la colocación de la misma; que, en particular, no están
cubiertos por dicha exclusión los organismos con capitales públicos cuya
misión sea comercial o esté relacionada con adquisiciones de
participación;
Considerando que se debe excluir del ámbito de aplicación de la presente
Directiva a las empresas o personas cuya actividad se limite a recibir y
transmitir órdenes a determinadas contrapartes, sin entrar en posesión de
fondos o títulos pertenecientes a sus clientes; que, por consiguiente, no
se beneficiarán de la libertad de establecimiento ni de la libertad de
prestación de servicios en las condiciones previstas por la presente
Directiva y, por tanto, estarán reguladas, cuando deseen ejercer en otro
Estado miembro, por las disposiciones pertinentes adoptadas por dicho
Estado;
Considerando que se debe excluir del ámbito de aplicación de la presente
Directiva a los organismos de inversión colectiva, estén o no coordinados
a escala comunitaria, así como a los depositarios y gerentes de tales
organismos, ya que están sujetos a una normativa específica directa-
mente adaptada a sus actividades;!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 4
Considerando que, si las asociaciones creadas por los fondos de
pensiones de un Estado miembro para posibilitar la gestión de sus
activos se limitan a dicha gestión sin prestar servicios de inversión a
terceros y si los fondos de pensión están a su vez sometidos al control de
las autoridades encargadas de la supervisión de las compañías de
seguros, no parece necesario someter a dichas asociaciones a las
condiciones de acceso y de ejercicio establecidas en la presente
Directiva;
Considerando que no es conveniente aplicar la presente Directiva a los
«agenti di cambio» tal como se definen en la legislación italiana, ya que
pertenecen a una categoría para la que no hay prevista una nueva
autorización puesto que su actividad se limita al territorio nacional y no
presenta riesgos de distorsión de competencia;
Considerando que los derechos otorgados a las empresas de inversión en
la presente Directiva no serán obstáculo para el derecho de los Estados
miembros, de los bancos centrales y de los otros organismos nacionales
que tengan una misión similar en los Estados miembros, de escoger a sus
contrapartes sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios;
Considerando que la responsabilidad de supervisar la solvencia
financiera de una empresa de inversión recaerá sobre las autoridades
competentes de su Estado miembro de origen, en aplicación de la
Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la
adecuación del capital de las empresas de inversión y los entidades de
crédito (1), que coordina las normas aplicables en el ámbito del riesgo de
mercado;
Considerando que, por regla general, los Estados miembros de origen
podrán dictar normas más rigurosas que las establecidas en la presente
Directiva, en particular, en lo que respecta a las condiciones de
autorización, las exigencias prudenciales y las normas de declaración y
transparencia;
Considerando que el ejercicio de las actividades no contempladas en la
presente Directiva está regulado por las disposiciones generales del
Tratado relativas al derecho de establecimiento y a la libre prestación de
servicios;
Considerando que conviene velar por la protección de los derechos de
propiedad y otros derechos de carácter análogo del inversor sobre sus
valores, así como sus derechos sobre los fondos confiados a la empresa,
mediante una distinción respecto de los fondos de la empresa; que, no
obstante, dicho principio no será obstáculo para que la empresa actúe en
nombre propio en interés del inversor, cuando así lo exija el tipo mismo
de operación y el inversor consienta en ello, como en el caso del
préstamo de valores;
Considerando que los procedimientos vigentes en materia de autoriza-
ción de sucursales de empresas de inversión autorizadas en países
terceros continuarán aplicándose a las mismas; que dichas sucursales no
se beneficiarán de la libre prestación de servicios en virtud de lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 59 del Tratado, ni de la
libertad de establecimiento en Estados miembros distintos de aquél en
que se hallen establecidas; que, no obstante, las solicitudes de
autorización de filiales o de adquisición de participaciones por empresas
que se rijan por el Derecho de terceros países están sujetas a un
procedimiento cuyo propósito es garantizar que se conceda reciprocidad
de trato a las empresas de inversión de la Comunidad en los países
terceros de que se trate;
Considerando que las autorizaciones concedidas por las autoridades
nacionales competentes a las empresas de inversión, de conformidad con
las disposiciones de la presente Directiva, no serán ya simplemente de
alcance nacional sino comunitario; que las cláusulas de reciprocidad
existentes quedarán, en lo sucesivo, sin efecto; que, en consecuencia, es
necesario un procedimiento flexible que permita evaluar la reciprocidad
sobre una base comunitaria; que el objetivo de dicho procedimiento no
es cerrar los mercados financieros de la Comunidad sino, por el!B
(1) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 5
contrario, dado que el propósito de la Comunidad es mantener sus
mercados financieros abiertos al resto del mundo, ampliar la liberali-
zación del conjunto de los mercados financieros en países terceros; que,
para ello, la presente Directiva establece procedimientos de negociación
con países terceros y, en última instancia, la posibilidad de adoptar
medidas consistentes en la suspensión de nuevas solicitudes de
autorización o en la limitación de nuevas autorizaciones;
Considerando que uno de los objetivos de la presente Directiva es
garantizar la protección de los inversores; que, a tal efecto, resulta
conveniente tener en cuenta las distintas necesidades de protección de las
diversas categorías de inversores y de su grado de especialización
profesional;
Considerando que los Estados miembros deben velar por que no exista
ningún obstáculo para que las actividades que se benefician del
reconocimiento mutuo puedan ser ejercidas del mismo modo que en el
Estado miembro de origen, siempre que no estén en contradicción con
las disposiciones legales de protección del interés general vigentes en el
Estado miembro de acogida;
Considerando que ningún Estado miembro podrá limitar el derecho de
los inversores residentes habitualmente o establecidos en dicho Estado
miembro a que les sea prestado cualquier servicio de inversión por parte
de una empresa de inversión objeto de la presente Directiva situada fuera
del mencionado Estado miembro y que actúe fuera de este último;
Considerando que, en determinados Estados miembros, la función de
compensación y liquidación puede ser efectuada por organismos
distintos de los mercados en los que se realizan las operaciones y que,
por consiguiente, cada vez que en la presente Directiva se mencionen en
el acceso a los mercados regulados o la condición de miembro de los
mismos, se entenderá que ambos conceptos incluyen el acceso a los
organismos que efectúen las funciones de compensación y liquidación
para los mercados regulados, así como la condición de miembro de
dichos organismos;
Considerando que cada Estado miembro debe velar por que se reserve un
trato no discriminatorio en su territorio a todas las empresas de inversión
que hayan sido autorizadas en un Estado miembro, así como a todos los
instrumentos financieros que se coticen en un mercado regulado de un
Estado miembro; que con arreglo a lo antedicho todas las empresas de
inversión deben gozar de las mismas posibilidades de ser miembros de
los mercados regulados o de tener acceso a los mismos y que, por
consiguiente, cualesquiera que sean los modos de organización de las
operaciones existentes en los Estados miembros, procede suprimir, de
acuerdo con las condiciones fijadas en la presente Directiva las
limitaciones técnicas y jurídicas al acceso a los mercados regulados,
en el marco de las disposiciones de la presente Directiva;
Considerando que determinados Estados miembros autorizan a las
entidades de crédito a ser miembros de sus mercados regulados
únicamente de forma indirecta, mediante la creación de una filial
especializada; que la posibilidad que ofrece la presente Directiva a las
entidades de crédito de poder convertirse en miembros de un mercado
regulado directamente, sin tener que crear una filial especializada,
constituye para esos Estados miembros una reforma importante, cuyas
consecuencias merecen una revisión a la vista de la evolución de los
mercados financieros; que, habida cuenta de estos elementos, el informe
que presentará la Comisión al Consejo a este respecto, a más tardar el 31
de diciembre de 1998, deberá tener en cuenta todos los factores que
permitan a este último volver a valorar las consecuencias para esos
Estados miembros y, en especial, el riesgo de que surjan conflictos de
intereses y el grado de protección del inversor;
Considerando que es de la mayor importancia que la armonización de los
sistemas de indemnización sea aplicable en la misma fecha que la
presente Directiva; que, por otra parte, hasta la fecha en que sea aplicable
una Directiva que armonice los sistemas de indemnización, los Estados
miembros de acogida conservan la facultad de imponer la aplicación de
su sistema de indemnización también a las empresas de inversión,!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 6
incluidas las entidades de crédito, autorizadas por los demás Estados
miembros cuando el Estado miembro de origen carezca de sistema de
indemnización o éste no ofrezca un nivel de protección equivalente;
Considerando que la estructura de los mercados regulados debe seguir
siendo competencia del Derecho nacional, sin que por ello pueda
constituir un obstáculo para la liberalización del acceso a los mercados
regulados de los Estados miembros de acogida para las empresas de
inversión autorizadas a prestar los servicios de que se trate en su Estado
miembro de origen; que, en aplicación de este principio, el derecho de la
República Federal de Alemania y el de los Países Bajos regulan
respectivamente la actividad de «Kursmakler» y de «hoekman» para
impedirles ejercitar sus funciones en paralelo con otras funciones; que,
por consiguiente, conviene dejar constancia de que ni «Kursmakler» ni
«hoekman» están en condiciones de prestar sus servicios en los restantes
Estados miembros; que nadie, sea cual fuese su Estado miembro de
origen, podría pretender actuar como «Kursmakler» o «hoekman» sin
que se le impusieran las mismas normas relativas a incompatibilidad que
las resultantes del estatuto de «Kursmakler» o de «hoekman»;
Considerando que la presente Directiva no debe obstaculizar las
disposiciones de la Directiva 79/279/CEE del Consejo, de 5 de marzo
de 1979, sobre la coordinación de las condiciones de admisión de valores
mobiliarios a cotización oficial en una bolsa de valores (1);
Considerando que la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema
financiero y la protección del inversor implican, para el Estado miembro
de acogida, el derecho y la responsabilidad de prevenir y sancionar
aquellas actuaciones de la empresa de inversión en su territorio que sean
contrarias a las normas de conducta y a las demás disposiciones legales y
reglamentarias que haya adoptado por razones de interés general, y de
actuar en casos de emergencia; considerando además que las autoridades
competentes del Estado miembro de acogida, en el ejercicio de sus
responsabilidades, deben poder contar con la mayor cooperación posible
por parte de las autoridades competentes del Estado miembro de origen,
sobre todo para la actividad ejercida en régimen de libre prestación de
servicios; que las autoridades competentes del Estado miembro de origen
tienen derecho a ser informadas por las autoridades competentes del
Estado miembro de acogida de las medidas que incluyan sanciones a una
empresa o restricciones a las actividades de una empresa y que hayan
sido adoptadas por dichas autoridades con respecto a las empresas de
inversión por ellas autorizadas, con objeto de cumplir eficazmente su
misión en el ámbito de la supervisión prudencial; que para ello, conviene
garantizar la cooperación entre las autoridades competentes de los
Estados miembros de origen y de acogida;
Considerando que, con el doble objetivo de proteger a los inversores y
garantizar un funcionamiento correcto de los mercados de valores,
conviene garantizar la transparencia de las operaciones y la aplicación de
las normas previstas al efecto en la presente Directiva para los mercados
regulados, tanto a las empresas de inversión como a las entidades de
crédito cuando actúen en el mercado;
Considerando que el examen de los problemas que se plantean en los
asuntos contemplados en las directivas del Consejo relativas a los
servicios de inversión y a los valores mobiliarios, tanto en la aplicación
de las medidas existentes como en la perspectiva de una mejor
coordinación, exige la cooperación de las autoridades competentes y
de la Comisión en el seno de un comité; que la creación de dicho comité
no obsta para que existan otras formas de cooperación entre autoridades
de control en este ámbito;
Considerando que puede ser necesario introducir periódicamente
modificaciones técnicas en las normas detalladas contenidas en la
presente Directiva para adaptarlas a la evolución del sector de servicios
de inversión; que, en consecuencia, la Comisión deberá efectuar cuantas
modificaciones sean necesarias, previa presentación de las mismas al
Comité que se creará en el ámbito de los mercados de valores,!B
(1)D O noL 66 de 16. 3. 1979, p. 21; Directiva modificada por última vez por el
Acta de adhesión de España y de Portugal.1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 7
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
TÍTULO I
Definiciones y ámbito de aplicación
Artículo 1
A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
1) servicios de inversión: cualquiera de los servicios que se indican en
la sección A del Anexo en relación con cualquiera de los
instrumentos que se especifican en la sección B del Anexo,
prestados a terceros;
2) empresa de inversión: toda persona jurídica cuya profesión o
actividad habituales consisten en prestar cualquier servicio de
inversión de carácter profesional a terceros.
A efectos de la presente Directiva, los Estados miembros podrán
incluir en el concepto de empresa de inversión a las empresas que
no sean personas jurídicas, si:
— su régimen jurídico garantiza a los intereses de los terceros un
nivel de protección equivalente al que ofrecen las personas
jurídicas, y
— son objeto de una supervisión prudencial equivalente y
adaptada a sus estructuras jurídicas.
No obstante, cuando dichas personas físicas presten servicios
relacionados con la tenencia de fondos o valores negociables de
terceros, sólo podrán considerarse empresas de inversión con
arreglo a la presente Directiva si, sin perjuicio de las restantes
exigencias de la presente Directiva y de la Directiva 93/6/CEE,
— que los derechos de propiedad de terceros sobre sus fondos y
valores negociables esten protegidos, en particular en caso de
insolvencia de la empresa o de sus propietarios, embargo,
compensación o cualquier otra acción emprendida por
acreedores de la empresa o de sus propietarios;
— que la empresa de inversión esté sujeta a normas que tengan
por objeto supervisar su solvencia y la de sus propietarios;
— que las cuentas anuales de la empresa de inversión estén
controladas por una o varias personas facultadas para auditar
cuentas con arreglo a la legislación nacional;
— cuando una empresa tenga un solo propietario, que éste
adopte medidas para la protección de los inversores en caso
de cese de las actividades de la empresa por causa de
fallecimiento, incapacidad o circunstancias similares.
Antes del 31 de diciembre de 1997, la Comisión informará de
la aplicación de los párrafos segundo y tercero del presente
punto y, en su caso, propondrá su modificación o supresión.
Cuando una persona ejerza una de las actividades contem-
pladas en la letra a) del punto 1 de la sección A del Anexo de
la presente Directiva y dicha actividad se ejerza únicamente
por cuenta y bajo la responsabilidad plena e incondicional de
una empresa de inversión, esta actividad se considerará
actividad de la propia empresa de inversión y no de esa
persona;
3) entidad de crédito: las entidades de crédito según la definición del
primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE (1),
excluidas las entidades a que se refiere el apartado 2 del artículo
2 de dicha Directiva;!B
(1)D O noL 322 de 17. 12. 1977, p. 30; Directiva modificada por última vez por
la Directiva 89/646/CEE (DO noL 386 de 30. 12. 1989, p. 1.)1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 8
4) valores negociables:
— las acciones y otros valores asimilables a acciones,— las obligaciones y otros títulos de crédito negociables en el
mercado de capitales, y
— cualesquiera otros valores habitualmente negociados que
permitan adquirir esos valores por suscripción o canje, o
den lugar a un pago en metálico.
Con exclusión de los instrumentos de pago.
5) instrumentos del mercado monetario: las categorías de instrumen-
tos habitualmente negociadas en el mercado monetario;
6) Estado miembro de origen:
a) cuando la empresa de inversión sea una persona física, el
Estado miembro en el que dicha persona tenga su adminis-
tración central;
b) cuando la empresa de inversión sea una persona jurídica, el
Estado miembro en donde tenga su domicilio social o, en caso
de que de conformidad con su Derecho nacional no lo tuviere,
el Estado miembro en el que tenga su administración central;
c) cuando se trate de un mercado, el Estado miembro en donde
esté el domicilio social del organismo que realice las
negociaciones o, en caso de que de conformidad con su
derecho nacional no lo tuviere, el Estado miembro donde esté
la administración central de dicho organismo.
7) Estado miembro de acogida: el Estado miembro en el cual una
empresa de inversión tenga una sucursal o preste servicios;
8) sucursal: un establecimiento que constituya una parte sin
personalidad jurídica de una empresa de inversión y que preste
servicios de inversión para cuyo ejercicio la empresa de inversión
haya recibido la oportuna autorización; todos los establecimientos
creados en un mismo Estado miembro por una empresa de
inversión que tenga su domicilio social en otro Estado miembro se
considerarán como una sola sucursal;
9) autoridades competentes: las autoridades que cada Estado
miembro designe en virtud del artículo 22;
10) participación significativa: la participación, directa o indirecta, en
una empresa de inversiones que represente al menos el 10 % del
capital o de los derechos de voto o que permita el ejercicio de una
influencia notable en la gestión de la empresa en la que se posea la
participación.
A efectos de la aplicación de la anterior definición, en el contexto
de los artículos 4 y9yd el o s otros niveles de participación
contemplados en el artículo 9 se tomarán en consideración los
derechos de voto mencionados en el artículo 7 de la Directiva
88/627/CEE (
1);
11) empresa matriz: una empresa matriz según la definición de los
artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE (2);
12) filial: una empresa filial según la definición de los artículos 1 y 2
de la Directiva 83/349/CEE; toda filial de una empresa filial se
considerará también filial de la empresa matriz que estuviere a la
cabeza de esas empresas;!B
(1)D O noL 348 de 17. 12. 1988, p. 62.
(2)D O noL 193 de 18. 7. 1983, p. 1; Directiva modificada por última vez por la
Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16. 11. 1990, p. 60).1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 9
13) mercado regulado: el mercado de instrumentos financieros
contemplados en la sección B del Anexo,
— incluido en la lista contemplada en el artículo 16 por el
Estado miembro que sea el Estado miembro de origen a
efectos de la letra c) del punto 6 del artículo 1;
— de funcionamiento regular;
— caracterizado por el hecho de que las disposiciones
establecidas o aprobadas por las autoridades competentes
definen las condiciones de funcionamiento del mercado y de
accesos al mercado, así como, cuando sea de aplicación la
Directiva 79/279/CEE, las condiciones de admisión a la
negociación fijadas por dicha Directiva, y cuando ésta no es
aplicable, las que debe cumplir un instrumento financiero
para poder ser efectivamente negociado en el mercado;
— que imponga el cumplimiento de todas las obligaciones de
declaración y de transparencia establecidas con arreglo a los
artículos 20 y 21;
14) control: lo definido como control en el artículo 1 de la Directiva
83/349/CEE;
15) vínculos estrechos se entenderá todo conjunto de dos o más
personas físicas o jurídicas unidas mediante:
a) una participación, es decir, el hecho de poseer, de manera
directa o mediante un vínculo de control, el 20 % o más de los
derechos de voto o del capital de una empresa, o bien
b) un vínculo de control, es decir, el vínculo existente entre una
empresa matriz y una filial, en todos los casos contemplados
en los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Directiva
83/349/CEE (1), o toda relación análoga entre cualquier
persona física o jurídica y una empresa; toda empresa filial
de una empresa filial se considerará también filial de la
empresa matriz a la cabeza de dichas empresas.
Se considerará también constitutiva de un vínculo estrecho entre
dos o varias personas físicas o jurídicas, una situación en la que
éstas estén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona por
un vínculo de control.
Artículo 2
1. La presente Directiva será aplicable a todas las empresas de
inversión. No obstante, se aplicarán solamente el apartado 4 del presente
artículo, el apartado 2 del artículo 8, los artículos 10, 11 y párrafo
primero del artículo 12, los apartados 3 y 4 del artículo 14 y los artículos
15, 19 y 20, a las entidades de crédito cuya autorización, con arreglo a
las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE, incluya uno o más servicios de
inversión de los que figuran en la sección A del Anexo de la presente
Directiva.
2. La presente Directiva no se aplicará:a) a las empresas de seguros en el sentido del artículo 1 de la Directiva
73/239/CEE (
2) o del artículo 1 de la Directiva 79/267/CEE (3)n ia
las empresas que ejerzan las actividades de reaseguro y de
retrocesión contempladas en la Directiva 64/225/CEE (4);!B
(1)D O noL 193 de 18. 7. 1983, p. 1. Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16. 11. 1990, p. 60).
(2)D O noL 228 de 16. 8. 1973, p. 3; Directiva modificada por última vez por la
Directiva 90/619/CEE (DO noL 330 de 29. 11. 1990, p. 50).
(3)D O noL 63 de 13. 3. 1979, p. 1; Directiva modificada por última vez por la
Directiva 90/618/CEE (DO noL 330 de 29. 11. 1990, p. 44).
(4)D O no56 de 4. 4. 1964, p. 878/64.!M1
!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 10
b) a las empresas que presten un servicio de inversión exclusivamente
a su empresa matriz, a sus filiales o a otra filial de su empresa
matriz;
c) a las personas que presten un servicio de inversión siempre que
dicha actividad se ejerza de forma accesoria en el marco de una
actividad profesional, y siempre que esta última esté regulada por
disposiciones legales o reglamentarias o por un código deontoló-
gico profesional y éstas no excluyen la prestación de dicho
servicio;
d) a las empresas cuyos servicios de inversión consistan exclusiva-
mente en la gestión de un sistema de participación de los
trabajadores;
e) a las empresas cuyos servicios de inversión consistan en prestar los
servicios a que se hace referencia en las anteriores letras b) y d);
f) a los bancos centrales de los Estados miembros y demás
organismos nacionales que se dediquen al ejercicio de funciones
similares y otros organismos públicos encargados de la gestión de
la deuda pública o que intervengan en dicha gestión;
g) a las empresas:
— que no puedan tener en depósito fondos ni títulos pertene-
cientes a sus clientes y que, por tal motivo, nunca puedan
hallarse en situación deudora respecto a sus clientes; y
— que puedan únicamente prestar un servicio de inversión
consistente en recibir y transmitir órdenes relativas a valores
negociables y a participaciones de organismos de inversión
colectiva; y
— que, cuando presten dicho servicio, puedan transmitir órdenes
exclusivamente
i) a las empresas de inversión autorizadas de conformidad
con la presente Directiva;
ii) a entidades de crédito autorizadas de conformidad con
las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE;
iii) a sucursales de empresas de inversión o de entidades de
crédito que hayan sido autorizadas en un país tercero y
que estén sometidas a normas prudenciales que las
autoridades competentes consideren al menos tan
estrictas como las que se incluyen en la presente
Directiva o en las Directivas 89/646/CEE y 93/6/CEE y
se ajusten a ellas;
iv) a organismos de inversión colectiva autorizados por la
legislación de un Estado miembro a colocar participa-
ciones en el público, así como a los gestores de tales
organismos;
v) a sociedades de inversión de capital fijo, con arreglo al
apartado 4 del artículo 15 de la Directiva 77/91/CEE (1)
cuyos valores se negocien en un mercado regulado en un
Estado miembro;
— cuya actividad esté sometida a nivel nacional a una
reglamentación o a un código deontológico;
h) a los organismos de inversión colectiva, independientemente de que
estén o no estén armonizados a nivel comunitario, así como a los
depositarios y gestores de dichos organismos;
i) a las personas cuya actividad principal consista en negociar
materias primas entre ellas mismas o bien con productores o
usuarios de dichos productos con fines profesionales y que!B
(1)D O noL 26 de 31. 1. 1977. Directiva modificada por última vez por el Acta
de adhesión de España y de Portugal.1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 11
únicamente presten servicios de inversión a dichas contrapartes y
en la medida en que lo requiera su ocupación principal;
j) a las empresas cuyos servicios de inversión consistan exclusiva-
mente en negociar por cuenta propia en un mercado de
instrumentos financieros a plazo o de opciones, o que operen por
cuenta de otros miembros del mismo mercado o actúen como
creadores de mercado frente a éstos, y que están avaladas por una
cámara de compensación del mismo mercado. El cumplimiento de
los contratos celebrados por dichas empresas estará garantizado por
una cámara de compensación del mismo mercado;
k) a las asociaciones creadas por fondos de pensiones daneses con el
fin exclusivo de gestionar los activos de los fondos de pensiones
participantes;
l) a los «agenti di cambio» cuyas actividades y funciones están
reguladas en el real decreto italiano no222 de 7 de marzo de 1925 y
en las disposiciones ulteriores que lo modifican y que han sido
autorizados a proseguir su actividad en virtud del artículo 19 de la
ley italiana no1 de 2 de enero de 1991.
3. A más tardar el 31 de diciembre de 1998 y posteriormente a
intervalos regulares, la Comisión elaborará un informe sobre la
aplicación conjunta del apartado 2 y la sección A del Anexo y, si
procede, propondrá modificaciones de la definición de las exclusiones y
de los servicios incluidos, a la vista del funcionamiento de la presente
Directiva.
4. Los derechos conferidos por la presente Directiva no se harán
extensivos a la prestación de servicios como contraparte al Estado, al
banco central o a los otros organismos nacionales que ejerzan funciones
similares en el marco de las políticas del Estado miembro considerado en
los ámbitos monetario, cambiario, de deuda pública y de las reservas del
Estado miembro de que se trate.
TÍTULO II
Condiciones de acceso a la actividad
Artículo 3
1. Cada Estado miembro deberá supeditar a una autorización el
acceso a la actividad de las empresas de inversión para las que sea Estado
miembro de origen. Concederán dicha autorización las autoridades
competentes de dicho Estado designadas con arreglo al artículo 22. En la
autorización se especificará qué servicios de inversión de los contem-
plados en la sección A del Anexo podrá prestar la empresa. La
autorización también podrá abarcar uno o más de los servicios auxiliares
contemplados en la sección C. En ningún caso podrá concederse la
autorización, en el sentido de la presente Directiva, para servicios que
sólo figuren en la sección C del Anexo.
2. Los Estados miembros exigirán:
— a las empresas de inversión que sean personas jurídicas y que
tengan un domicilio social conforme a su Derecho nacional, que
tengan su administración central en el mismo Estado miembro en
que tengan su domicilio social;
— a las demás empresas de inversión, que su administración central
e s t és i t u a d ae ne lE s t a d om i e m b r oq u eh a y ae x p e d i d ol a
autorización y en el que ejerzan realmente sus actividades.
3. Sin perjuicio de otras condiciones generales establecidas por el
correspondiente Derecho nacional, las autoridades competentes sólo
podrán conceder la autorización cuando:
— la empresa de inversión tenga un capital inicial suficiente, con
arreglo a lo establecido en la Directiva 93/6/CEE, en función de las
características del servicio de inversión de que se trate;!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 12
— las personas que dirijan de hecho las operaciones de la empresa de
inversión cumplan los requisitos de honorabilidad y experiencia.
La orientación de la actividad de la empresa deberá ser determinada por,
como mínimo, dos personas que cumplan estas mismas condiciones. No
obstante, cuando exista un mecanismo adecuado que garantice un
resultado equivalente, en particular por lo que se refiere al último guión
del párrafo tercero del punto 2 del artículo 1, las autoridades
competentes podrán conceder también la autorización a empresas de
inversión que sean personas físicas o, habida cuenta del carácter y del
volumen de su actividad, a empresas de inversión que sean personas
jurídicas y que, de conformidad con sus estatutos y leyes nacionales,
estén dirigidas por una sola persona física.
Además, cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de inversión
y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes
concederán la autorización únicamente si dichos vínculos no obs-
taculizan el buen ejercicio de su misión de supervisión.
Las autoridades competentes también denegarán la autorización cuando
el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado por las
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del derecho de un
tercer país que regulen una o varias de las personas físicas o jurídicas con
las que la entidad mantenga vínculos estrechos, o por problemas
relacionados con su aplicación.
Las autoridades competentes exigirán a las empresas de inversión el
suministro de la información que requieran para garantizar el cum-
plimiento permanente de las condiciones contempladas en el presente
apartado.
4. Los Estados miembros impondrán además la obligación de que las
solicitudes de autorización vayan acompañadas de un plan de actuación
en el que se especifiquen, entre otros aspectos, el tipo de operaciones que
se proyecta realizar y la estructura organizativa de la empresa de
inversión.
5. En los seis meses siguientes a la presentación de una solicitud
completa, deberá notificarse al solicitante si se concede o no la
autorización. En el caso de que no se conceda dicha autorización, la
negativa deberá ser motivada.
6. En caso de que se conceda la autorización, la empresa de inversión
podrá comenzar su actividad inmediatamente.
7. Las autoridades competentes sólo podrán retirar la autorización
concedida a una empresa de inversión regida por la presente Directiva
cuando dicha empresa:
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie
a ésta expresamente o haya dejado de prestar servicios de inversión
durante un período superior a seis meses, si en el correspondiente
Estado miembro no existieren disposiciones que establezcan la
caducidad de la autorización en dichos supuestos;
b) haya obtenido la autorización valiéndose de declaraciones falsas o
de cualquier otro medio irregular;
c) deje de reunir las condiciones bajo las cuales se haya concedido la
autorización;
d) deje de cumplir las disposiciones de la Directiva 93/6/CEE;e) infrinja seria y sistemáticamente las disposiciones adoptadas en
cumplimiento de los artículos 10 y 11;
f) incurra en alguno de los otros supuestos que con arreglo al
correspondiente Derecho nacional motiven la retirada de la
autorización.!B
!M1
!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 13
Artículo 4
Las autoridades competentes no concederán la autorización que permita
el inicio de la actividad de una empresa de inversión antes de que les
haya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, ya sean
directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una
participación cualificada en la empresa, y el importe de dicha
participación.
Las autoridades competentes denegarán la autorización si, atendiendo a
la necesidad de garantizar una gestión correcta y prudente de la empresa
de inversión, no estuvieren convencidas de la idoneidad de dichos
accionistas o socios.
Artículo 5
Los Estados miembros no aplicarán a las sucursales de las empresas de
inversión que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad, ni en el
momento de iniciar su actividad ni posteriormente, en el desarrollo de su
ejercicio, disposiciones que supongan un trato más favorable para dichas
sucursales que para las sucursales de empresas de inversión cuyo
domicilio social esté situado en un Estado miembro.
Artículo 6
Las autoridades competentes del otro Estado miembro afectado deberán
ser consultadas con anterioridad a la concesión de autorización a una
empresa de inversión cuando ésta sea:
— bien una filial de una empresa de inversión o de una entidad de
crédito autorizada en otro Estado miembro,
o
— bien una filial de la empresa matriz de una empresa de inversión o
de una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro,
o
— bien esté bajo control de las mismas personas físicas o jurídicas que
controlen una empresa de inversión o una entidad de crédito
autorizada en otro Estado miembro.
TÍTULO III
Relaciones con países terceros
Artículo 7
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán
a la Comisión:
a) de toda autorización concedida a una filial directa o indirecta, en el
caso de que una o varias de sus empresas matrices se rijan por el
Derecho de un país tercero;
b) de toda adquisición, por parte de las mencionadas empresas
matrices, de participaciones en una empresa de inversión
comunitaria, de forma que hiciera de esta última su filial.
En ambos casos, la Comisión informará al Consejo, hasta tanto el
Consejo, a propuesta de la Comisión, cree un Comité en materia de
valores negociables.
Cuando se conceda autorización a una filial, directa o indirecta, de una o
varias empresas matrices regidas por el Derecho de un país tercero,
deberá especificarse la estructura del grupo en la notificación que las
autoridades competentes remitan a la Comisión.
2. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las dificultades
de carácter general que sus empresas de inversión encuentren para
establecerse o prestar servicios de inversión en un país tercero.!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 14
3. La Comisión, por primera vez, a más tardar, seis meses antes de la
puesta en aplicación de la presente Directiva y posteriormente de forma
periódica, elaborará un informe en que se examine el trato concedido a
las empresas de inversión comunitarias en países terceros, con arreglo a
lo dispuesto en los apartados 4 y 5, en lo que respecta al establecimiento
y al ejercicio de actividades de servicios de inversión, así como a la
adquisición de participaciones en empresas de inversión de países
terceros. La Comisión presentará dichos informes al Consejo acompa-
ñados, en su caso, de las propuestas que se estimen oportunas.
4. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que un país tercero no
concede a las empresas de inversión comunitarias un acceso efectivo al
mercado equiparable al que la Comunidad concede a las empresas de
inversión de dicho país, podrá presentar al Consejo propuestas para que
se le otorgue el oportuno mandato de negociación con vistas a obtener
condiciones de competencia equiparables para las empresas de inversión
comunitarias. El Consejo decidirá por mayoría cualificada.
5. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que las empresas de
inversión comunitarias que operan en un país tercero no gozan en éste de
un trato nacional que les confiera las mismas posibilidades de
competencia de que disfrutan las empresas de inversión nacionales y
que no se cumplen las condiciones de acceso efectivo al mercado, podrá
entablar negociaciones con vistas a remediar la situación.
En el supuesto contemplado en el párrafo primero, podrá decidirse
además, en cualquier momento y como complemento de la apertura de
negociaciones, de conformidad con el procedimiento establecido en la
Directiva por la que el Consejo creará el Comité mencionado en el
apartado 1, que las autoridades competentes de los Estados miembros
limiten o suspendan sus decisiones acerca de las solicitudes de
autorización pendientes o futuras y acerca de la adquisición de
participaciones por empresas matrices, directas o indirectas, sujetas al
derecho del país de que se trate. La duración de las medidas mencionadas
no podrá ser superior a tres meses.
Antes de que venza el plazo de tres meses, y a la vista de los resultados
de las negociaciones, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada y
a propuesta de la Comisión, si deben seguir aplicándose las citadas
medidas.
La limitación o suspensión anteriormente mencionadas no podrán
aplicarse a la creación de filiales por empresas de inversión debidamente
autorizadas en la Comunidad o por filiales de éstas, ni a la adquisición de
participaciones en empresas de inversión comunitarias por parte de
dichas empresas o de sus filiales.
6. Cuando la Comisión considere que se da alguno de los supuestos
descritos en los apartados 4 y 5, los Estados miembros, a petición de la
Comisión, facilitarán a ésta información sobre:
a) cualquier solicitud de autorización de una filial, directa o indirecta,
de una o varias empresas matrices que se rijan por el Derecho del
país tercero de que se trate;
b) cualquier proyecto de adquisición de participaciones del que tengan
conocimiento con arreglo al artículo 9, por alguna de dichas
empresas matrices en una empresa de inversión comunitaria de
forma que esta última se convierta en su filial.
Dejará de ser obligatoria dicha información tan pronto como se celebre
un acuerdo con el país contemplado en los apartados 4 o 5, o cuando las
medidas contempladas en los párrafos segundo y tercero del apartado 5
dejen de ser de aplicación.
7. Las medidas que se adopten en virtud del presente artículo habrán
de ajustarse a las obligaciones contraídas por la Comunidad en virtud de
acuerdos internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, que
regulen el acceso a la actividad de las empresas de inversión y su
ejercicio.!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 15
TÍTULO IV
Condiciones de ejercicio
Artículo 8
1. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
impondrán la obligación de que las empresas de inversión por ellas
autorizadas cumplan las condiciones a las que se refiere el apartado 3 del
artículo 3.
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
impondrán la obligación de que las empresas de inversión por ellas
autorizadas cumplan las normas previstas en la Directiva 93/6/CEE.
3. La supervisión prudencial de una empresa de inversión correspon-
derá a las autoridades competentes del Estado miembro de origen,
independientemente de que la empresa de inversión establezca o no una
sucursal o preste servicios en otro Estado miembro, sin perjuicio de las
disposiciones de la presente Directiva que establezcan la competencia de
las autoridades del Estado miembro de acogida.
Artículo 9
1. Los Estados miembros impondrán la obligación de que toda
persona que tenga intención de adquirir, directa o indirectamente, una
participación cualificada en una empresa de inversión informe de ello
previamente a las autoridades competentes, indicando el volumen de
dicha participación. Asimismo, deberá informar a las autoridades
competentes toda persona que se proponga incrementar su participación
cualificada de manera tal que la proporción de derechos de voto o de
capital en su poder alcance o supere los umbrales del 20 %, el 33 % o el
50 %, o que la empresa de inversión se convierta en su filial.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades
competentes dispondrán de un plazo máximo de tres meses, a partir de
la fecha de la notificación prevista en el párrafo primero, para oponerse
al mencionado proyecto si, atendiendo a la necesidad de garantizar una
gestión prudente y saneada de la empresa de inversión, consideraren que
la persona contemplada en el párrafo primero no reúne las condiciones
adecuadas. Caso de no oponerse, las autoridades podrán fijar un plazo
máximo para la realización de dicho proyecto.
2. Si las participaciones a que se refiere el apartado 1 fueren
adquiridas por una empresa de inversión autorizada en otro Estado
miembro, por la empresa matriz de una empresa de inversión autorizada
en otro Estado miembro o por una persona que controle una empresa de
inversión autorizada en otro Estado miembro y si, en virtud de la
adquisición, la empresa en la que el adquiriente pretenda obtener una
participación se convirtiere en filial suya o quedare bajo su control, la
evaluación de la adquisición estará supeditada a la consulta previa
contemplada en el artículo 6.
3. Los Estados miembros impondrán la obligación de que toda
persona que pretenda ceder, directa o indirectamente, una participación
cualificada en una empresa de inversión, informe de ello previamente a
las autoridades competentes, indicando el volumen de dicha participa-
ción. Asimismo, deberá informar a las autoridades competentes toda
persona que se proponga reducir su participación cualificada de manera
tal que la proporción de derechos de voto o de capital en su poder
descienda por debajo de los umbrales del 20 %, el 33 % o el 50 %, o que
la empresa de inversión deje de ser su filial.
4. Las empresas de inversión comunicarán a las autoridades
competentes, en cuanto tengan conocimiento de ello, toda adquisición
o cesión de participaciones en su capital cuyo resultado sea que se supere
o deje de alcanzarse alguno de los umbrales contemplados en los
apartados 1 y 3.!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 16
Las empresas de inversión comunicarán asimismo a las autoridades, al
menos una vez al año, la identidad de los accionistas y socios que posean
participaciones cualificadas, así como el volumen de dichas participa-
ciones, de acuerdo, por ejemplo, con los datos obtenidos en la junta
general anual de accionistas o socios, o con los que se obtengan como
consecuencia del cumplimiento de las normas a que están sujetas las
sociedades cuyos títulos se negocien en mercados de valores.
5. Los Estados miembros impondrán la obligación de que, cuando las
personas a que se refiere el apartado 1 utilicen su influencia de tal
manera que pueda ir en detrimento de una gestión prudente y saneada de
las actividades de la empresa de inversión, las autoridades competentes
adopten las medidas oportunas para poner fin a esta situación. Dichas
medidas podrán consistir, en particular, en requerimientos, sanciones a
los administradores y directivos o la suspensión del ejercicio de los
derechos de voto correspondientes a las acciones o participaciones que
posean los accionistas o socios de que se trate.
Se aplicarán medidas similares a las personas que incumplan la
obligación de proporcionar información previa, tal como dispone el
apartado 1. En el caso de que se adquiera una participación a pesar de la
oposición de las autoridades competentes, los Estados miembros, con
independencia de cualquier otra sanción que pueda imponerse,
dispondrán, bien la suspensión del ejercicio de los correspondientes
derechos de voto, bien la nulidad de los votos emitidos o la posibilidad
de anularlos.
Artículo 10
El Estado miembro de origen establecerá las normas prudenciales que
deberá observar, en todo momento, la empresa de inversión. Dichas
normas impondrán en particular la obligación de que la empresa de
inversión:
— cuente con una buena organización administrativa y contable,
mecanismos de control y de seguridad en el ámbito informático, así
como con procedimientos de control interno adecuados, incluido en
particular un régimen de operaciones personales de los asalariados
de la empresa;
— tome las medidas adecuadas en lo que se refiere a los valores
pertenecientes a los inversores a fin de proteger sus derechos de
propiedad, en particular en caso de insolvencia de la empresa, y
evitar que la empresa de inversión utilice por cuenta propia los
valores de los inversores sin el consentimiento explícito de los
mismos;
— tome las medidas adecuadas en lo que se refiere a los fondos
pertenecientes a los inversores a fin de proteger sus derechos, y
evitar, salvo en el caso de las entidades de crédito, que la empresa
de inversión utilice por cuenta propia los fondos de los inversores;
— tome las medidas necesarias para que el registro de las operaciones
realizadas permita, como mínimo, que las autoridades del Estado
miembro de origen puedan verificar el cumplimiento de las normas
prudenciales de cuya aplicación son responsables; dichos registros
deberán conservarse durante el tiempo que determinen las
autoridades competentes;
— se estructure y organice a fin de reducir al máximo el riesgo de que
los posibles conflictos de intereses que surjan entre la empresa y
sus clientes, o entre los propios clientes, redunden en perjuicio de
los intereses de éstos. No obstante, las modalidades de organización
en caso de creación de una sucursal no podrán resultar
incompatibles con las normas de conducta establecidas por el
Estado miembro de acogida en materia de conflictos de intereses.
Artículo 11
1. Los Estados miembros establecerán normas de conducta que las
empresas de inversión deberán observar en todo momento. Dichas!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 17
normas deberán imponer la ejecución, como mínimo, de los principios
que se enuncian en los guiones que figuran a continuación y, en su
aplicación, deberá tenerse en cuenta el carácter profesional de la persona
a la que se preste el servicio. Los Estados miembros aplicarán también
dichas normas, cuando sea conveniente, a los servicios auxiliares
mencionados en la sección C del Anexo. Estas normas obligarán a la
empresa de inversión:
— a operar, en el ejercicio de su actividad, leal y equitativamente,
defendiendo al máximo los intereses de sus clientes y la integridad
del mercado;
— a proceder con la competencia, el esmero y la diligencia debidos,
defendiendo al máximo los intereses de sus clientes y la integridad
del mercado;
— a poseer y utilizar con eficacia los recursos y los procedimientos
necesarios para llevar a buen término su actividad;
— a informarse de la situación financiera de sus clientes, su
experiencia en materia de inversiones y sus objetivos en lo que
se refiere a los servicios solicitados;
— a transmitir de forma adecuada la información que proceda en el
marco de las negociaciones con sus clientes;
— a esforzarse por evitar los conflictos de intereses y, cuando éstos no
puedan evitarse, a velar por que sus clientes reciban un trato
equitativo;
— a ajustarse a todas las normativas aplicables al ejercicio de sus
actividades de forma que se fomenten al máximo los intereses de
sus clientes y la integridad del mercado.
2. Sin perjuicio de las decisiones que se adopten en el marco de una
armonización de las normas de conducta, la puesta en práctica y el
control del cumplimiento de las mismas seguirán siendo competencia del
Estado miembro en el que se preste el servicio.
3. Cuando una empresa de inversión ejecute una orden, el criterio del
carácter profesional del inversor, para la aplicación de las normas
contempladas en el apartado 1, se apreciará con respecto al inversor que
originó la orden con independencia de que la orden sea transmitida
directamente por el propio inversor o indirectamente a través de una
empresa de inversión que ofrezca el servicio contemplado en la letra a)
del punto 1 de la sección A del Anexo.
Artículo 13
Las disposiciones de la presente Directiva no impedirán que las empresas
de inversión autorizadas en otro Estado miembro hagan publicidad de sus
servicios por todos los medios de comunicación disponibles en el Estado
miembro de acogida, siempre que respeten las normas reguladoras de la
forma y el contenido de dicha publicidad que hayan sido adoptadas por
razones de interés general.
TÍTULO V
Libertades de establecimiento y de prestación de servicios
Artículo 14
1. Los Estados miembros velarán por que puedan prestarse en su
territorio, de conformidad con las disposiciones de los artículos 17, 18 y
19, los servicios de inversión y los demás servicios enumerados en la
sección C del Anexo, tanto por medio del establecimiento de una
sucursal como mediante la prestación de servicios, y ello por cualquier!B
!M2
!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 18
empresa de inversión autorizada y supervisada por las autoridades
competentes de otro Estado miembro con arreglo a las disposiciones de
la presente Directiva, siempre que la autorización abarque dichos
servicios.
La presente Directiva no afectará a las competencias de los Estados
miembros de acogida por lo que respecta a las participaciones en
organismos de inversión colectiva que no entren en el ámbito de
aplicación de la Directiva 85/611/CEE (1).
2. 2. Los Estados miembros no podrán condicionar el establecimiento
de sucursales o la prestación de servicios a que se refiere al apartado 1 a
la obligación de obtener autorización, ni a la de aportar un fondo de
dotación, o a cualquier otra medida de efecto equivalente.
3. Un Estado miembro podrá exigir que las operaciones relativas a los
servicios contemplados en el apartado 1 se efectúen en un mercado
regulado, cuando respondan al conjunto de los criterios siguientes:
— que el inversor resida habitualmente o esté establecido en dicho
Estado miembro;
— que la empresa de inversión efectúe la operación bien a través de un
establecimiento principal o de una sucursal situados en dicho
Estado miembro, bien en el marco de la libre prestación de
servicios en dicho Estado miembro;
— que la operación se refiera a un instrumento negociado en un
mercado regulado de dicho Estado miembro.
4. Cuando un Estado miembro aplique el anterior apartado 3 deberá
otorgar a los inversores residentes habitualmente o establecidos en dicho
Estado miembro el derecho de no observar la obligación impuesta en
virtud del apartado 3 y de hacer efectuar las transacciones a que se
refiere el apartado 3 fuera de los mercados regulados. Los Estados
miembros podrán supeditar el ejercicio de dicho derecho a una
autorización explícita, habida cuenta de las distintas necesidades de los
inversores en materia de protección y, en particular, de la capacidad de
los inversores profesionales e institucionales de actuar lo mejor posible
en favor de sus intereses. En cualquier caso, dicha autorización deberá
poder concederse en unas condiciones que no impidan la rápida
ejecución de las órdenes del inversor.
5. La Comisión presentará un informe sobre el funcionamiento de las
disposiciones que figuran en los apartados 3 y 4 a más tardar el 31 de
diciembre de 1998 y, si lo considera pertinente, propondrá las
modificaciones que deben introducirse en ellas.
Artículo 15
1. Sin perjuicio del ejercicio de las libertades de establecimiento y de
prestación de servicios contempladas en el artículo 14, los Estados
miembros de acogida velarán por que las empresas de inversión
autorizadas por las autoridades competentes de su Estado miembro de
origen a prestar los servicios mencionados en los puntos 1 b) y 2 de la
sección A del Anexo puedan tener acceso o hacerse miembros, directa o
indirectamente, de los mercados regulados de los Estados miembros de
acogida, siempre que los servicios prestados sean similares, y, asimismo,
velarán por que puedan tener acceso o hacerse miembros de los sistemas
de compensación y liquidación allí existentes para uso de los miembros
de los mercados regulados.
Los Estados miembros derogarán cualesquiera reglamentos o leyes
nacionales o estatutos de mercados regulados que limiten el número de
personas admitidas. Cuando, debido a su estructura jurídica o su
capacidad técnica, el acceso a un mercado regulado sea limitado, los
Estados miembros velarán por que dicha estructura y dicha capacidad
vayan adaptándose de forma regular.!B
(1)D O noL 375 de 31. 12. 1985, p. 3; Directiva modificada por última vez por la
Directiva 88/220/CEE (DO noL 100 de 19. 4. 1988, p. 31).1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 19
2. La condición de miembro de un mercado regulado o el acceso al
mismo implica el cumplimiento de las exigencias de adecuación del
capital por parte de las empresas de inversión y el control de dicho
cumplimiento por parte del Estado miembro de origen, de conformidad
con la Directiva 93/6/CEE.
Los Estados miembros de acogida sólo estarán facultados para imponer
requisitos adicionales en materia de capital en los ámbitos no cubiertos
por dicha Directiva.
El acceso a un mercado regulado, la admisión como miembro y el
mantenimiento de ambas prerrogativas estarán supeditados al cum-
plimiento de las normas de dicho mercado regulado en lo que respecta a
la constitución y administración del mercado regulado y al cumplimiento
de las normas relativas a las operaciones de dicho mercado, las normas
profesionales impuestas al personal que trabaja en ese mercado o en
conexión con él y las normas y procedimientos de los sistemas de
compensación y liquidación. Las normas de desarrollo de dichas normas
y procedimientos podrán adaptarse de modo adecuado, especialmente
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que de ellos se
derivan, aunque velando por que se respete lo dispuesto en el artículo 28.
3. Con objeto de cumplir con la obligación establecida en el apartado
1, los Estados miembros de acogida deberán dar a las empresas de
inversión contempladas en dicho apartado la opción de hacerse
miembros de sus mercados regulados o de tener acceso a ellos:
— bien directamente, mediante la creación de una sucursal en el
Estado miembro de acogida, o
— bien de forma indirecta, mediante la creación de una filial en el
Estado miembro de acogida o la adquisición de alguna empresa
existente en el Estado de acogida que ya sea miembro o que tenga
acceso a dichos mercados.
No obstante, los Estados miembros que apliquen, en el momento de la
adopción de la presente Directiva, una legislación que sólo autorice a las
entidades de crédito a ser miembros de un mercado regulado o a acceder
al mismo por mediación de una filial especializada, podrán seguir
aplicando hasta el 31 de diciembre de 1996 esta misma obligación de
manera no discriminatoria a las entidades de crédito originarias de otros
Estados miembros para el acceso a dicho mercado regulado.
El Reino de España, la República Helénica y la República Portuguesa
podrán prolongar este período hasta el 31 de diciembre de 1999. Un año
antes de dicha fecha, la Comisión elaborará un informe teniendo en
cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del presente artículo y, si
procede, presentará una propuesta. El Consejo, pronunciándose por
mayoría cualificada sobre dicha propuesta, podrá decidir la revisión de
este régimen.
4. Salvo lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 cuando, para operar en
un mercado regulado del Estado miembro de acogida, no se exija como
requisito la presencia física, las empresas de inversión a que se refiere el
apartado 1 podrán adquirir la calidad de miembros o acceder en las
mismas condiciones, sin tener un establecimiento en el Estado miembro
de acogida. Para permitir que sus empresas de inversión sean miembros o
admitidas en un mercado regulado de un Estado miembro de acogida con
areglo al presente apartado, los Estados miembros de origen permitirán a
los mercados regulados del Estado miembro de acogida establecer en
aquellos las instalaciones apropiadas.
5. Las disposiciones del presente artículo no afectarán a la facultad de
los Estados miembros de autorizar o prohibir la creación de nuevos
mercados en su territorio.
6. El presente artículo no afectará:
— en la República Federal de Alemania, a la normativa que regula la
actividad de «Kursmakler»;
— en los Países Bajos, la normativa que regula la actividad de
«hoekman».!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 20
Artículo 16
A efectos del reconocimiento mutuo y de la aplicación de la presente
Directiva, cada Estado miembro elaborará la lista de mercados regulados
de acuerdo con su legislación respecto a los cuales sea Estado de origen y
comunicará dicha lista, a efectos de información, a los demás Estados
miembros y a la Comisión, así como las normas de organización y de
funcionamiento de dichos mercados regulados. Se comunicará de la
misma forma toda modificación de la lista o de las normas anteriormente
mencionadas. Al menos una vez al año, la Comisión publicará en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas las listas de los mercados
regulados y sus actualizaciones.
Antes del 31 de diciembre de 1996, la Comisión hará un informe sobre
los datos así recibidos y, en su caso, propondrá modificaciones de la
definición de mercado regulado a efectos de la presente Directiva.
Artículo 17
1. Además de cumplir las condiciones que se establecen en el artículo
3, toda empresa de inversión que desee establecer una sucursal en el
territorio de otro Estado miembro deberá notificarlo a las autoridades
competentes del Estado miembro de origen.
2. Los Estados miembros exigirán que toda empresa de inversión que
desee establecer una sucursal en otro Estado miembro adjunte a la
notificación a que se refiere el apartado 1 los siguientes datos:
a) el Estado miembro en cuyo territorio se proponga establecer la
sucursal;
b) un plan de actuación en el que se determinen, entre otros aspectos,
el tipo de actividad que se desee ejercer y la estructura organizativa
de la sucursal;
c) la dirección en el Estado miembro de acogida en la que se le
puedan solicitar documentos;
d) los nombres de los directivos de la sucursal.3. Salvo que tengan razones para dudar de la idoneidad de la
estructura administrativa o de la situación financiera de la empresa de
inversión, habida cuenta de las actividades que ésta se proponga ejercer,
las autoridades competentes del Estado miembro de origen transmitirán a
las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la
información contemplada en el apartado 2, en un plazo de tres meses
a partir de la recepción del total de dicha información, e informarán de
ello a la empresa de inversión de que se trate.
Además, comunicarán datos pormenorizados sobre cualquier sistema de
garantía cuyo objeto sea asegurar la protección de los inversores de la
sucursal.
En el caso de que las autoridades competentes del Estado miembro de
origen se nieguen a transmitir a las autoridades competentes del Estado
miembro de acogida la información contemplada en el apartado 2,
comunicarán las razones de la negativa a la empresa de inversión de que
se trate, en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la totalidad
de la información. La negativa o la ausencia de respuesta podrá ser
objeto de recurso judicial en el Estado miembro de origen.
4. Antes de que la sucursal de una empresa de inversión comience a
ejercer su actividad, las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida dispondrán de dos meses, a partir de la recepción de la
información a que se refiere el apartado 3, para organizar la supervisión
de la empresa de inversión conforme a lo dispuesto en el artículo 19 y
para indicar, en su caso, las condiciones, incluidas las reglas de conducta,
que deberán presidir por razones de interés general el ejercicio de dichas
actividades en el Estado miembro de acogida.!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 21
5. A partir de la recepción de una comunicación de las autoridades
competentes del Estado miembro de acogida, o en el caso de que,
transcurrido el plazo previsto en el apartado 4, no se haya recibido
comunicación alguna, la sucursal podrá establecerse y comenzar a
ejercer su actividad.
6. En caso de modificación de alguno de los datos comunicados con
arreglo a las letras b), c) o d) del apartado 2, la empresa de inversión
notificará por escrito dicha modificación a las autoridades competentes
del Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida, como
mínimo un mes antes de llevarla a efecto, para que las autoridades
competentes del Estado miembro de origen puedan pronunciarse sobre
dicha modificación con arreglo al apartado 3, y las autoridades
competentes del Estado miembro de acogida, con arreglo al apartado 4.
7. En caso de modificación de los datos comunicados con arreglo al
párrafo segundo del apartado 3, las autoridades del Estado miembro de
origen informarán de ello a las autoridades del Estado miembro de
acogida.
Artículo 18
1. Toda empresa de inversión que desee ejercer por primera vez su
actividad en el territorio de otro Estado miembro al amparo de la libre
prestación de servicios, notificará a las autoridades competentes del
Estado miembro de origen:
— el Estado miembro en el que tenga previsto operar;— un programa de actividad en el que se indique, en particular, qué
servicio o servicios de inversión se propone prestar.
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
remitirán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida
la notificación a que se refiere el apartado 1 en el plazo de un mes a
partir de la recepción de la misma. Seguidamente la empresa de
inversión podrá empezar a prestar en el Estado miembro de acogida el
servicio o servicios de inversión de que se trate.
Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida indicarán a
la empresa de inversión, si procede, una vez recibida la notificación a
que se refiere el apartado 1, las condiciones, incluidas las normas de
conducta, que deben cumplir los prestadores de los servicios de inversión
de que se trate en el Estado miembro de acogida, por razones de interés
general.
3. En caso de modificación del contenido de la información
notificada de conformidad con el segundo guión del apartado 1 la
empresa de inversión notificará por escrito esta modificación a las
autoridades competentes del Estado miembro de origen y del Estado
miembro de acogida antes de efectuar el cambio, para que las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida puedan, en su
caso, indicar a la empresa cualquier cambio o complemento relativo a la
información comunicada con arreglo al apartado 2.
Artículo 19
1. Los Estados miembros de acogida podrán exigir, con fines
estadísticos, que todas las empresas de inversión que cuenten con
sucursales en su territorio informen periódicamente a las correspondien-
tes autoridades competentes sobre las operaciones que hayan desarro-
llado en dicho territorio.
Para el ejercicio de las responsabilidades que les incumben en la
conducción de la política monetaria y sin perjuicio de las medidas que
sean necesarias para reforzar el Sistema Monetario Europeo, los Estados
miembros de acogida podrán exigir en su territorio que todas las
sucursales de empresas de inversión originarias de otros Estados
miembros suministren la información que, con este fin, exigen a las
empresas de inversión nacionales.!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 22
2. Para el ejercicio de las responsabilidades que les corresponden con
arreglo a la presente Directiva, los Estados miembros de acogida podrán
exigir a las sucursales de las empresas de inversión la misma
información que exigen, para este fin, a las empresas nacionales.
Los Estados miembros de acogida podrán exigir a las empresas de
inversión que operen en libre prestación de servicios sobre su territorio la
información que sea necesaria para controlar el cumplimiento por parte
de estas empresas de las normas de los Estados miembros de acogida que
les sean aplicables, sin que estas exigencias puedan sobrepasar las que
estos mismos Estados miembros imponen, para controlar el cum-
plimiento de esas mismas normas, a las empresas establecidas.
3. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida comprueben que una empresa de inversión que tenga una
sucursal o preste servicios en su territorio no cumple las disposiciones
legales o reglamentarias adoptadas en dicho Estado en aplicación de las
disposiciones de la presente Directiva que confieren facultades a las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida, exigirán a la
empresa de inversión de que se trate que ponga fin a la situación de
irregularidad.
4. Si la empresa de inversión no adoptara las medidas oportunas, las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán de
ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. Éstas
tomarán, en el más breve plazo posible, todas las medidas necesarias
para que la empresa de inversión de que se trate ponga fin a la situación
de irregularidad. Las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida deberán ser informadas sobre la naturaleza de las medidas
adoptadas.
5. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado miembro de
origen, o debido a que estas medidas resultan inadecuadas o no están
previstas en dicho Estado, la empresa de inversión continuare violando
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contempladas
en el apartado 3, vigentes en el Estado miembro de acogida, este último,
tras informar a las autoridades competentes del Estado miembro de
origen, podrá tomar las medidas oportunas a fin de evitar o sancionar
nuevas irregularidades y, en la medida en que sea necesario, prohibir a la
empresa de inversión efectuar nuevas operaciones en su territorio. Los
Estados miembros velarán por que en su territorio sea posible notificar a
las empresas de inversión los documentos legales necesarios para la
adopción de tales medidas.
6. Las disposiciones precedentes no afectarán a la facultad de los
Estados miembros de acogida de tomar las medidas oportunas a fin de
prevenir o sancionar en su territorio, los actos que sean contrarios a las
normas de conducta adoptadas en aplicación del artículo 11 o a las
demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que hayan
adoptado por razones de interés general. Entre esas medidas se incluye la
posibilidad de impedir que las empresas infractoras efectúen nuevas
operaciones en su territorio.
7. Toda medida adoptada en aplicación de lo dispuesto en los
apartados 4, 5 y 6 que implique sanciones o restricciones a las
actividades de una empresa de inversión deberá ser debidamente
motivada y comunicada a la empresa de inversión afectada. Cada
medida de este tipo podrá ser objeto de recurso judicial en el Estado
miembro cuyas autoridades la hayan adoptado.
8. Antes de aplicar el procedimiento previsto en los apartados 3, 4 y 5
las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán, en
situaciones de emergencia, adoptar las medidas preventivas que
consideraren necesarias para proteger los intereses de los inversores u
otros destinatarios de los servicios. Tanto la Comisión como las
autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados
deberán ser informados de dichas medidas con la mayor brevedad
posible. La Comisión podrá decidir, previa consulta con las autoridades
competentes de los Estados miembros afectados, que el Estado miembro
de que se trate modifique o anule tales medidas.!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 23
9. Si la autorización fuere retirada, se informará de ello a las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida, que tomarán
las medidas oportunas a fin de evitar que la empresa de inversión
afectada inicie nuevas operaciones en su territorio y de salvaguardar los
intereses de los inversores. Cada dos años, la Comisión presentará un
informe sobre estos casos a un Comité que se constituirá con
posterioridad en el ámbito de los valores negociables.
10. Los Estados miembros informarán a la Comisión del número y
naturaleza de aquellos casos en que se hayan producido negativas, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 17, o se hayan adoptado medidas de
acuerdo con lo previsto en el apartado 5. Cada dos años, la Comisión
presentará un informe sobre estos casos a un Comité que se constituirá
con posterioridad en el ámbito de los valores negociables.
Artículo 20
1. A fin de garantizar que las autoridades competentes en lo relativo
al mercado y a la supervisión puedan disponer de la información
necesaria para el ejercicio de sus cometidos, los Estados miembros de
origen exigirán por lo menos:
a) sin perjuicio de las disposiciones tomadas en aplicación del artículo
10 que las empresas de inversión conserven a disposición de las
autoridades durante cinco años como mínimo los datos pertinentes
acerca de las operaciones relativas a los servicios mencionados en
el apartado 1 del artículo 14 que hayan efectuado sobre
instrumentos negociados en un mercado regulado, con indepen-
dencia de que dichas operaciones se hayan realizado en un mercado
regulado o no;
b) que las empresas de inversión declaren a una autoridad competente
del Estado miembro de origen todas las operaciones mencionadas
en la letra a), cuando dichas operaciones se refieran a:
— acciones u otros instrumentos que den acceso al capital;— obligaciones u otros instrumentos equivalentes a obligacio-
nes;
— contratos a plazo normalizados referentes a acciones;— opciones normalizadas referentes a acciones.
Esta declaración deberá estar a disposición de la autoridad lo antes
posible, en un plazo que fijará la autoridad. Dicho plazo podrá ampliarse
hasta el final del siguiente día laborable cuando así lo dicten motivos de
índole práctica o de funcionamiento, pero en ningún caso rebasará dicho
límite.
La declaración deberá incluir, en particular, el nombre y el número de los
instrumentos comprados o vendidos, la fecha y la hora de la operación,
los precios de la operación y la posibilidad de identificar a la empresa de
inversión.
Los Estados miembros de origen podrán disponer que el requisito
establecido en la letra presente del anterior apartado 1 únicamente se
aplicará, en lo que se refiere a las obligaciones u otros instrumentos
equivalentes, al conjunto de operaciones que se refieran al mismo
instrumento.
2. Cuando una empresa de inversión efectúe una operación en un
mercado regulado de un Estado miembro de acogida, el Estado miembro
de origen podrá renunciar a sus propios requisitos en materia de
declaración cuando la empresa de inversión esté sometida a requisitos
equivalentes de declaración sobre la misma operación por las autoridades
de las que depende ese mercado.!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 24
3. Los Estados miembros establecerán que sea la empresa de
inversión la que realice las declaraciones contempladas en la letra b)
del apartado 1, bien por la propia empresa de inversión, o mediante un
sistema de confrontación de las órdenes («trade matching system»), bien
por mediación de las autoridades de una bolsa de valores o de otro
mercado regulado.
4. Los Estados miembros velarán por que la información disponible
en virtud del presente artículo también esté disponible para una correcta
aplicación del artículo 23.
5. En el ámbito regulado por el presente artículo, cada Estado
miembro podrá, de manera no discriminatoria, adoptar o mantener
disposiciones más estrictas por lo que se refiere al fondo y a la forma
sobre la conservación y declaración de datos relativos a las operaciones:
— efectuadas en un mercado regulado para el que sea Estado miembro
de origen, o
— realizadas por las empresas de inversión para las que sea Estado
miembro de origen.
Artículo 21
1. A fin de permitir que los inversores evalúen en cualquier momento
los términos de una operación que se propongan efectuar y comprobar
después las condiciones de su ejecución, cada autoridad competente
tomará, para cada uno de los mercados regulados que haya incluido en la
lista contemplada en el artículo 16 medidas para proporcionar a los
inversores la información que cita el apartado 2. De conformidad con las
obligación que figuran en el apartado 2, las autoridades competentes
fijarán la forma y el plazo exacto en que se deba proporcionar la
información, así como los medios por los que se pondrá a disposición
teniendo en cuenta la naturaleza, el volumen y las necesiades del
mercado de que se trate, así como los inversores que operen en dicho
mercado.
2. Para cada instrumento, las autoridades competentes exigirán por lo
menos:
a) la publicación, al principio de cada jornada bursátil, del precio
medio ponderado, de los precios más alto y más bajo y del volumen
negociado en el mercado regulado en cuestión en el transcurso de
toda la jornada bursátil precedente;
b) además, para los mercados continuos basados en la confrontación
de órdenes y para los mercados dirigidos por precio, la publicación,
— al final de cada hora de funcionamiento del mercado, del
precio medio ponderado y del volumen negociado en el
mercado regulado en cuestión durante un período de
funcionamiento de seis horas que terminará de forma que,
antes de la publicación, haya un intervalo de dos horas de
funcionamiento del mercado, y
— cada veinte minutos, del precio medio ponderado, del precio
más alto y del precio más bajo, en el mercado regulado en
cuestión, calculado en un período de funcionamiento de dos
horas que terminará de forma que, antes de la publicación,
haya un intervalo de una hora de funcionamiento del
mercado.
Cuando los inversores tengan previamente acceso a la información sobre
los precios y las cantidades en los que se pueden efectuar las
operaciones:
i) la citada información deberá estar disponible en cualquier
momento durante las horas de funcionamiento del mercado;
ii) los términos anunciados para un precio y un volumen determinados
deberán ser los términos con los cuales el inversor pueda efectuar
dicha operación.!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 25
Las autoridades competentes podrán retrasar o suspender la publicación
cuando dicha acción se justifique por la existencia de condiciones de
mercado excepcionales o incluso, en el caso de mercados de pequeña
envergadura para preservar el anonimato de empresas e inversores. Las
autoridades competentes podrán aplicar disposiciones especiales en los
casos de operaciones excepcionales de gran envergadura en relación al
tamaño medio de las operaciones sobre el valor de que se trate en este
mercado o en el caso de valores de escasa liquidez definidos de acuerdo
con criterios objetivos y publicados. Además, las autoridades compe-
tentes podrán aplicar disposiciones más flexibles, por lo que respecta
principalmente a los plazos de publicación, en lo relativo a las
operaciones sobre obligaciones o instrumentos similares.
3. En el ámbito regulado por el presente artículo, cada Estado
miembro podrá adoptar o mantener disposiciones más restrictivas o
disposiciones adicionales sobre el fondo y la forma por lo que respecta a
la información que se facilitará a los inversores sobre las operaciones
efectuadas en los mercados regulados para los cuales sea el Estado de
origen, siempre que dichas disposiciones se apliquen independiente-
mente de cual sea el Estado miembro en donde esté situado el emisor del
instrumento financiero o el Estado miembro en cuyo mercado regulado
se haya negociado por primera vez dicho instrumento.
4. A más tardar el 31 de diciembre de 1997, la Comisión deberá
informar sobre la aplicación del presente artículo. El Consejo, a
propuesta de la Comisión y por mayoría cualificada, podrá decidir la
modificación del presente artículo.
TÍTULO VI
Autoridades responsables de la concesión de la autorización y de la
supervisión
Artículo 22
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes
que deban desempeñar las funciones previstas en la presente Directiva e
informarán de ello a la Comisión, indicando si existe reparto de
competencias.
2. Las autoridades a que se refiere el apartado 1 deberán ser o bien
autoridades públicas o bien organismos reconocidos en el ordenamiento
jurídico nacional o por las autoridades públicas que hayan sido
expresamente facultadas para dicho fin por la legislación nacional.
3. Se dotará a dichas autoridades de las facultades necesarias para el
desempeño de su misión.
Artículo 23
1. Cuando existan varias autoridades competentes en un mismo
Estado miembro éstas colaborarán estrechamente para supervisar las
actividades de las empresas de inversión que en él operen.
2. Los Estados miembros velarán por que se establezca dicha
colaboración entre las mencionadas autoridades competentes y las
autoridades públicas responsables de la supervisión de los mercados
financieros, de las entidades de crédito y otras instituciones financieras y
de las empresas de seguros, en lo que se refiere a las respectivas
entidades por ellas supervisadas.
3. Cuando las empresas de inversión operen en régimen de prestación
de servicios o mediante el establecimiento de sucursales en uno o más
Estados miembros distintos del Estado miembro de origen, las
autoridades competentes de todos los Estados miembros interesados
colaborarán estrechamente para cumplir más eficazmente con sus
respectivas responsabilidades en los ámbitos cubiertos por la presente
Directiva.!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 26
Dichas autoridades se proporcionarán previa solicitud, toda aquella
información relativa a la gestión y estructura de propiedad de dichas
empresas de inversión que pueda facilitar su supervisión y toda la
información que pueda facilitar el control de tales empresas. En
particular, las autoridades del Estado miembro de origen cooperarán para
garantizar que las autoridades del Estado miembro de acogida obtengan
la información a que se refiere el apartado 2 del artículo 19.
Siempre que resulte necesario para ejercer sus facultades de control, las
autoridades competentes del Estado miembro de origen serán informa-
das, por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, de
cualquier medida que implique sanciones para una empresa de inversión
o restricciones en las actividades de una empresa de inversión, y que
haya sido adoptada por el Estado miembro de acogida en aplicación del
apartado 6 del artículo 19.
Artículo 24
1. El Estado miembro de acogida velará por que, cuando una empresa
de inversión autorizada en otro Estado miembro ejerza en el Estado
miembro de acogida su actividad a través de una sucursal, las autoridades
competentes del Estado miembro de origen puedan realizar verificacio-
nesin situ de la información a que se hace referencia en el apartado 3 del
artículo 23, por sí mismas o a través de personas designadas a tal efecto,
habiendo informado previamente a las autoridades competentes del
Estado miembro de acogida.
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen podrán
asimismo solicitar a las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida la realización de dicha verificación. Las autoridades que hayan
recibido tal solicitud deberán, en el ejercicio de sus competencias, obrar
en consecuencia, realizando ellas mismas la verificación, permitiendo
que ésta sea realizada por las autoridades que lo solicitaron o autorizando
a un auditor o a un experto para que la lleve a cabo.
3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho que
asiste a las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida
de realizar verificaciones in situ de las sucursales establecidas en su
territorio, en el ejercicio de las competencias que se les asignan en la
presente Directiva.
Artículo 25
1. Los Estados miembros dispondrán que todas aquellas personas que
estén o hayan estado al servicio de las autoridades competentes, así como
los auditores o expertos que actúen en nombre de dichas autoridades,
estén sujetas al secreto profesional. Ello significará que ninguna
información confidencial que puedan recibir en el ejercicio de sus
funciones podrá ser divulgada a persona o autoridad alguna, a no ser de
forma genérica o colectiva, de tal manera que no sea posible identificar a
empresas de inversión concretas, sin perjuicio de la responsabilidad
penal.
No obstante, cuando una empresa de inversión haya sido declarada en
quiebra o esté en proceso de liquidación obligatoria decretada por un
tribunal, toda aquella información confidencial que no ataña a terceros
que tomen parte en los intentos de salvar la empresa de inversión podrá
ser divulgada en el curso de procedimientos civiles o mercantiles.
2. El apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades
competentes de los diferentes Estados miembros realicen los intercam-
bios de información previstos en la presente y otras Directivas aplicables
a las empresas de inversión. Dicha información estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1.
3. Los Estados miembros únicamente podrán celebrar acuerdos de
cooperación en los que se prevea el intercambio de información con las
autoridades competentes de terceros países o con las autoridades u
órganos de estos países, según se definen en los apartados 5 y 5 bis,s il a
información comunicada queda protegida por garantías de secreto!B
!M31993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 27
profesional al menos equivalentes a las contempladas en el presente
artículo. Dicho intercambio de información deberá tener por objeto el
cumplimiento de la labor de supervisión de las autoridades u órganos en
cuestión.
Cuando la información tenga su origen en otro Estado miembro, no
podrá ser revelada sin la conformidad expresa de las autoridades
competentes que la hayan facilitado y, en su caso, únicamente con la
finalidad para la que dichas autoridades hayan dado su conformidad.
4. Las autoridades competentes que reciban información confidencial
de conformidad con los apartados 1 o 2 sólo podrán utilizarla en el
ejercicio de sus funciones:
— para verificar el cumplimiento de las condiciones que regulen el
acceso a la actividad de las empresas de inversión y facilitar el
control, ya sea en base individual o consolidada, del ejercicio de
dicha actividad, especialmente en lo que respecta a las exigencias
de adecuación del capital establecidas en la Directiva 93/6/CEE, a
la organización administrativa y contable y a los mecanismos de
control interno; o
— para imponer sanciones; o— en caso de recurso administrativo contra una decisión de la
autoridad competente; o
— en procedimientos judiciales iniciados con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 26.
5. Los apartados 1y4n o serán óbice para el intercambio de
información:
a) dentro de un Estado miembro, cuando existan varias autoridades
competentes; o
b) dentro de un Estado miembro o entre Estados miembros, entre las
autoridades competentes, y
— las autoridades a quienes corresponda la función pública de
supervisión de entidades de crédito, de las demás institucio-
nes financieras y de las empresas de seguros, así como las
autoridades encargadas de la supervisión de los mercados
financieros,
— los órganos responsables de la liquidación y la quiebra de las
empresas de inversión y de otros procedimientos similares, o
— las personas encargadas de la auditoría de las cuentas de las
empresas de inversión y de las demás entidades financieras,
en el desempeño de sus funciones de supervisión. Tampoco serán
óbice para que se transmita a los organismos que administran
sistemas de indemnización la información necesaria para el
desempeño de sus funciones. Dicha información estará sujeta al
secreto profesional que se contempla en el apartado 1.
5bis. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros podrán autorizar intercambios de información entre las
autoridades competentes y
— las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que
participen en la liquidación y quiebra de las empresas de inversión
y otros procedimientos similares; o
— las autoridades encargadas de la supervisión de las personas
encargadas del control legal de las cuentas de las empresas de
seguros, las entidades de crédito, las empresas de inversión y otras
empresas de inversión.!M3
!B
!M11993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 28
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las
siguientes condiciones:
— la información se destinará a la realización de la misión de
supervisión establecida en el párrafo primero;
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1;
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta no
podrá divulgarse sin el acuerdo expreso de las autoridades
competentes que hayan comunicado dicha información y, en ese
caso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan
autorizado.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados
miembros la identidad de las autoridades que podrán recibir información
con arreglo al presente apartado.
5ter. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros, con el fin de reforzar la estabilidad del sistema financiero,
incluida su integridad, podrán autorizar el intercambio de información
entre las autoridades competentes y las autoridades y los órganos
encargados en virtud de la legislación nacional de detectar las
infracciones al derecho de sociedades y de investigar dichas infracciones.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las
siguientes condiciones:
— la información se destinará a la realización de la misión establecida
en el párrafo primero;
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1;
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo
podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridades
competentes que hayan comunicado dicha información y, en su
caso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan
autorizado.
Cuando, en un Estado miembro, las autoridades y los órganos a que se
refiere el párrafo primero realicen su misión de detección o investigación
recurriendo, dada su competencia específica, a personas con un mandato
a tal fin que no pertenezcan a la función pública, la posibilidad de
intercambiar información prevista en el párrafo primero podrá ampliarse
a estas personas en las condiciones expuestas en el párrafo segundo.
Para la aplicación del último guión del párrafo segundo, las autoridades y
los órganos a que se refiere el párrafo primero comunicarán a las
autoridades competentes que hayan facilitado la información la identidad
y el mandato preciso de las personas a las que se transmitirá dicha
información.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados
miembros la identidad de las autoridades y de los órganos que podrán
recibir información con arreglo al presente apartado.
La Comisión elaborará, antes del 31 de diciembre del año 2000, un
informe sobre la aplicación de las disposiciones del presente apartado.
6. Las disposiciones del presente artículo no obstarán para que una
autoridad competente transmita:
— a los bancos centrales y organismos de función similar en tanto que
autoridades monetarias y,
— en su caso, a otras autoridades públicas encargadas de la
supervisión de los sistemas de pago,!M11993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 29
la información destinada al cumplimiento de su misión ni para que estas
autoridades u organismos comuniquen a las autoridades competentes la
información que precisen a los efectos del apartado 4. La información
recibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contemplado
en el presente artículo.
7. Lo dispuesto en el presente artículo no será obstáculo para que las
autoridades competentes comuniquen la información a que hacen
referencia los apartados 1 a 4 a una cámara de compensación o a otro
organismo similar reconocido por el Derecho nacional para llevar a cabo
servicios de compensación o liquidación de los contratos en uno de los
mercados del Estado miembro, en casos de que dichas autoridades
consideren que tal comunicación resulta necesaria con objeto de
garantizar el funcionamiento regular de los organismos mencionados
en relación con incumplimientos, incluso potenciales, de quienes
intervienen en dicho mercado. La información que se reciba por ese
concepto estará sujeta al secreto profesional a que se refiere el apartado
1. No obstante, los Estados miembros velarán por que la información
recibida con arreglo al apartado 2 no pueda divulgarse en el supuesto
contemplado en el presente apartado sin el consentimiento expreso de las
autoridades competentes que hayan divulgado la información.
8. Asimismo, y no obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 4, los
Estados miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales, la
divulgación de determinada información a otros servicios de su
administración central, responsables de la legislación en materia de
supervisión de entidades de crédito, instituciones financieras, empresas
de inversión y empresas de seguros, así como también a los inspectores
que actúen en nombre de dichos servicios.
Ello no obstante, la información sólo podrá ser divulgada cuando resulte
necesario por razones de supervisión prudencial.
En cualquier caso, los Estados miembros dispondrán que la información
recibida en virtud de lo dispuesto en los apartados 2y5yl a obtenida en
la verificación in situ contemplada en el artículo 24 no sea nunca
divulgada en los casos previstos en el presente apartado, salvo con el
consentimiento expreso de las autoridades competentes que divulgaron la
información o de las autoridades competentes del Estado miembro en
que tuvo lugar la verificación in situ .
9. Si en el momento de la adopción de la presente Directiva un Estado
miembro ha previsto intercambios de información de una autoridad a
otra a efectos de control del incumplimiento de las leyes en materia de
supervisión prudencial, en materia de organización, funcionamiento y
comportamiento de las sociedades comerciales y de las reglamentaciones
de los mercados financieros, dicho Estado miembro podrá seguir
autorizando dicha transmisión hasta la coordinación del conjunto de las
disposiciones que regulan el intercambio de información entre
autoridades para todo el sector financiero y en todo caso, a más tardar
el 1 de julio de 1996.
No obstante, los Estados miembros velarán por que, cuando la
información proceda de otro Estado miembro, no pueda divulgarse en
las condiciones contempladas en el párrafo anterior sin el consentimiento
expreso de las autoridades competentes que hayan divulgado dicha
información y sólo pueda utilizarse para los fines para los que dichas
autoridades hayan dado su acuerdo.
El Consejo llevará a cabo la coordinación mencionada en el párrafo
primero, sobre la base de propuestas de la Comisión. El Consejo toma
nota del hecho de que la Comisión ha indicado que presentará propuestas
a dicho efecto a más tardar el 31 de julio de 1993. El Consejo se
pronunciará a la mayor brevedad, siendo el objetivo que la normativa
objeto de dichas propuestas sea aplicable en la fecha de puesta en
aplicación de la presente Directiva.!M1
!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 30
!M1
Artículo 25 bis
1. Los Estados miembros dispondrán, como mínimo que:
a) toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 84/253/CEE (1)
que ejerza en una empresa de inversión la función descrita en el
artículo 51 de la Directiva 78/660/CEE (2), en el artículo 37 de la
Directiva 83/349/CEE o en el artículo 31 de la Directiva
85/611/CEE o cualquier otra función legal tendrá la obligación
de señalar rápidamente a las autoridades competentes cualquier
hecho o decisión sobre dicha entidad del que haya tenido
conocimiento en el ejercicio de dicha función y que pueda:
— constituir una violación del contenido de las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas que establecen las
condiciones de autorización o que regulan de manera
específica el ejercicio de la actividad de las empresas de
inversión, o
— perjudicar la continuidad de la explotación de la empresa de
inversión, o
— implicar la denegación de la certificación de cuentas o la
emisión de reservas;
b) se impondrá la misma obligación a esa misma persona por lo que
respecta a los hechos y decisiones que llegara a conocer en el
contexto de una función como la descrita en la letra a) ejercida en
una empresa que tenga un vínculo estrecho resultante de un vínculo
de control con la empresa de inversión en la que esta persona lleve
a cabo la mencionada función.
2. La divulgación de buena fe de hechos o decisiones mencionados en
el apartado 1 a las autoridades competentes, por parte de las personas
autorizadas con arreglo a la Directiva 84/253/CEE, no constituirá
violación de las restricciones sobre divulgación de información impuesta
por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o
administrativa ni implicará para dichas personas ningún tipo de
responsabilidad.
Artículo 26
Los Estados miembros velarán por que las decisiones tomadas con
respecto a una empresa de inversión en virtud de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas adoptadas en aplicación de lo
dispuesto en la presente Directiva puedan ser objeto de recurso judicial;
lo anterior será igualmente de aplicación cuando no haya recaído
resolución, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la solicitud,
sobre una petición de autorización que contenga todos los elementos
requeridos por las disposiciones vigentes.
Artículo 27
Sin perjuicio tanto de los procedimientos para la retirada de
autorizaciones como de las disposiciones de Derecho penal, los Estados
miembros dispondrán que sus respectivas autoridades competentes, en lo
que se refiere a las empresas de inversión que infrinjan las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas relativas a la supervisión o al
ejercicio de sus actividades o a quienes ejerzan el control efectivo de las
operaciones de dichas empresas, puedan adoptar medidas o imponer
sanciones orientadas específicamente a poner término a las infracciones
observadas o con las causas de éstas.
(1)D O noL 126 de 12. 5. 1984, p. 20.
(2)D O noL 222 de 14. 8. 1978, p. 11. Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16. 11. 1990, p. 60).!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 31
Artículo 28
Los Estados miembros velarán por que en la aplicación de las
disposiciones de la presente Directiva no se efectúe discriminación
alguna.
TÍTULO VII
Disposiciones finales
Artículo 29
El Consejo, hasta tanto se adopte una Directiva que establezca las
disposiciones de adaptación de la presente Directiva al progreso técnico
en los sectores indicados a continuación y de conformidad con la
Decisión 87/373/CEE del Consejo (1) adoptará por mayoría cualificada y
a propuesta de la Comisión, aquellas adaptaciones que puedan ser
necesarias en lo relativo a:
— la ampliación del contenido de la lista que figura en la sección C
del Anexo;
— la adaptación de la terminología de las listas que figuran en el
Anexo con el fin de tener en cuenta la evolución de los mercados
financieros;
— las materias en las cuales las autoridades competentes deban
intercambiarse información, según se enuncian en el artículo 23;
— la clarificación de las definiciones, con objeto de lograr que la
aplicación de la presente Directiva se haga de manera uniforme en
toda la Comunidad;
— la clarificación de las definiciones, con objeto de que en la
aplicación de la presente Directiva se tenga en cuenta la evolución
de los mercados financieros;
— la adaptación de la terminología y formulación de las definiciones
en función de posteriores medidas relativas a las empresas de
inversión y materias conexas;
— las demás tareas previstas en el apartado 5 del artículo 7.
Artículo 30
1. Las empresas de inversión que hayan recibido autorización en su
Estado miembro de origen para prestar servicios de inversión antes del
31 de diciembre de 1995 se considerarán autorizadas a efectos de la
presente Directiva si la normativa del citado Estado ha subordinado su
acceso a la actividad al cumplimiento de condiciones equivalentes a las
establecidas en el apartado 3 del artículo 3 y en el artículo 4.
2. Las empresas de inversión que el 31 de diciembre de 1995
estuviesen operando, distintas de las empresas a que se refiere el
apartado 1, podrán seguir operando siempre que obtengan, en el plazo de
un año a partir del 31 de diciembre de 1996, con arreglo a las
disposiciones del Estado miembro de origen, la autorización para
proseguir la actividad de conformidad con las disposiciones adoptadas en
aplicación de la presente Directiva.
La concesión de dicha autorización es indispensable para que estas
empresas puedan acogerse a las disposiciones de la presente Directiva en
materia de libertad de establecimiento y de prestación de servicios.
3. Cuando las empresas de inversión hayan iniciado sus actividades en
otros Estados miembros por medio de sucursales o en régimen de
prestación de servicios antes de la fecha de adopción de la presente
Directiva, las autoridades del Estado miembro de origen comunicarán
entre el 1 de julio de 1995 y el 31 de diciembre de 1995 a las autoridades
de cada uno de los demás Estados miembros interesados, con arreglo a!B
(1)D O noL 197 de 18. 7. 1987, p. 33.1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 32
los apartados 1 y 2 del artículo 17 y al artículo 18 y la lista de las
empresas que cumplen las disposiciones de la presente Directiva que
operan en dichos Estados miembros, e indicarán las actividades que
llevan a cabo.
4. Las personas físicas que en el momento de la adopción de la
presente Directiva estén autorizadas en un Estado miembro a ofrecer
servicios de inversión serán consideradas personas autorizadas con
arreglo a la presente Directiva, siempre que cumplan las obligaciones
que se citan en el segundo guión del párrafo segundo del punto 2 del
artículo 1 y en los cuatro guiones del párrafo tercero del punto 2 del
artículo 1.
Artículo 31
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido
en la presente Directiva a más tardar el 1 de julio de 1995.
Dichas disposiciones entrarán en vigor, a más tardar, el 31 de diciembre
de 1995. Los Estados miembros informarán de ello inmediatamente a la
Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a que se refiere
el párrafo primero 1, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 32
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.!B1993L0022 — ES — 17.11.2000 — 003.001 — 33
ANEXO
SECCIÓN A
Servicios
1. a) Recepción y transmisión de órdenes, por cuenta de los inversores, en
relación con uno o varios instrumentos de la sección B.
b) Ejecución de dichas órdenes por cuenta de terceros.
2. Negociación por cuenta propia de cualquier instrumento de la sección B.
3. Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo
a los mandatos conferidos por los inversores, siempre que dichas carteras
incluyan uno o varios instrumentos de la sección B.
4. Aseguramiento en relación con las emisiones de todos o de parte de los
instrumentos a que se refiere la sección B y/o colocación de tales
emisiones.
SECCIÓN B
Instrumentos
1. a) Valores negociables.
b) Participaciones de un organismo de inversión colectiva.
2. Instrumentos de mercado monetario.3. Los contratos financieros a plazo (futuros), incluidos los instrumentos
equivalentes que requieran pago en efectivo.
4. Los contratos a plazo sobre tipos de interés (FRA).5. Los contratos de permuta (swaps) sobre tipos de interés, sobre divisas o los
contratos de intercambios ligados a acciones o a un índice sobre acciones(«equity swaps»).
6. Opciones destinadas a la compra o venta de cualquiera de los instrumentos
que se contemplan en la presente sección del Anexo, incluidos losinstrumentos equivalentes que requieran pago en efectivo. Concretamente,
se incluyen en esta categoría las opciones sobre divisas y sobre tipos de
interés.
SECCIÓN C
Servicios auxiliares
1. Custodia y administración de uno o varios instrumentos de la sección B.
2. Alquiler de cajas de seguridad.
3. Concesión de créditos o de préstamos a inversores para que puedan
realizar una operación sobre uno o más instrumentos de la sección B,
operación en la que debe intervenir la empresa que concede el crédito o el
préstamo.
4. Asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial
y cuestiones afines y asesoramiento y servicios en relación con lasfusiones y la adquisición de empresas.
5. Servicios relacionados con las operaciones de aseguramiento.6. Asesoramiento sobre inversión acerca de uno o varios instrumentos de la
sección B.
7. Servicio de cambio cuando dicho servicio esté relacionado con la
prestación de servicios de inversión.!
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