02011R0270 — ES — 23.03.2019 — 005.001

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REGLAMENTO (UE) No 270/2011 DEL CONSEJO

de 21 de marzo de 2011

relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto







Artículo 1

A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones:

a) «capitales» : los activos o beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva: i) efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago, ii) depósitos en instituciones financieras o de otro tipo, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda, iii) valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, warrants, obligaciones y contratos sobre derivados, iv) intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados por activos, v) créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros, vi) cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta, vii) documentos que atestigüen una participación en capitales o recursos financieros;

b) «inmovilización de capitales» : el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de capitales o acceso a éstos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos capitales, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos capitales, incluida la gestión de cartera de valores;

c) «recursos económicos» : los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, que no sean capitales, pero que puedan utilizarse para obtener capitales, bienes o servicios;

d) «inmovilización de recursos económicos» : el hecho de impedir todo uso de esos recursos con fines de obtención de capitales, bienes o servicios, en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca;

e) «territorio de la Unión» : los territorios de los Estados miembros, incluido el espacio aéreo, a los que se aplica el Tratado y en las condiciones establecidas en el mismo.

Artículo 2

1. Se inmovilizarán todos los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas que, según lo mencionado en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/172/PESC, hayan sido identificados como responsables de la apropiación indebida de capitales del Estado egipcio, así como a las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos asociados a ellos que se enumeran en el anexo I.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I, ni se utilizará en su beneficio, ningún tipo de capitales o recursos económicos.

3. Queda prohibida la participación voluntaria y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto directo o indirecto sea la elusión directa o indirecta de las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2.

Artículo 3

1. En el anexo I constarán los motivos para la inclusión en la lista de las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos afectados que estén enumerados en el mismo.

2. En el anexo I constará asimismo, cuando se disponga de ella, la información necesaria para identificar a las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos afectados. Por lo que respecta a las personas físicas, dicha información podrá incluir nombres y apodos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, números de pasaporte y documento de identidad, sexo, dirección postal, si se conoce, y cargo o profesión. Por lo que respecta a las personas jurídicas, entidades y organismos, dicha información podrá incluir nombres, fecha y lugar de registro, número de registro y centro de actividad.

Artículo 4

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros indicadas en los sitios de Internet enumerados en el anexo II podrán autorizar la liberación o puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas y tras haber comprobado que los capitales o recursos económicos:

a) son necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las personas físicas mencionadas en el anexo I y de los familiares a su cargo, como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;

c) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de capitales o recursos económicos inmovilizados, y

d) son necesarios para gastos extraordinarios, siempre y cuando el Estado miembro afectado haya notificado a todos los demás Estados miembros y a la Comisión, al menos dos semanas antes de la concesión, los motivos por los cuales considera que debe concederse una autorización específica.

2. El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida de conformidad con el apartado 1.

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Artículo 5

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros indicadas en los sitios de internet citados en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados cuando concurran las siguientes condiciones:

a) que los fondos o recursos económicos sean objeto de un decisión arbitral pronunciada antes de la fecha en que la persona física o jurídica, la entidad o el organismo citados en el artículo 2 estuvieran incluidos en el anexo I; de una resolución judicial o administrativa dictada en la Unión; o de una resolución judicial con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de que se trate, antes o después de dicha fecha;

b) que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las demandas garantizadas por tal decisión o reconocidas como válidas en la misma, dentro de los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de las personas que presenten dichas demandas;

c) que la decisión no beneficia a una persona física o jurídica, entidad u organismo que figure en el anexo I, y

d) que el reconocimiento de la decisión no sea contraria a la política pública aplicada en el Estado miembro de que se trate.

2. El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de toda autorización concedida en virtud del presente artículo.

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Artículo 6

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1. El artículo 2, apartado 2, no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:

a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas;

b) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que la persona física o jurídica, entidad u organismo citado en el artículo 2 hubiera sido incluido en el anexo I, o

c) pagos en virtud de una resolución judicial, administrativa o arbitral emitida en la la Unión o con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de que se trate.

siempre y cuando tales intereses, otros beneficios y pagos estén también inmovilizados de acuerdo con el artículo 2, apartado 1.

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2. El artículo 2, apartado 2, no impedirá que las instituciones financieras o de crédito de la Unión que reciban capitales transferidos por terceros a las cuentas inmovilizadas de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados los abonen en ellas, siempre y cuando todo nuevo aporte de este tipo a esas cuentas sea también inmovilizado. La entidad financiera o de crédito informará sin demora a la autoridad competente que corresponda sobre cualquier transacción de este tipo.

Artículo 7

No obstante lo dispuesto en el artículo 2 y siempre y cuando el pago sea debido por una persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo I en virtud de un contrato, acuerdo u obligación, celebrado por o que corresponda a la persona, entidad u organismo en cuestión, antes de la fecha en la que dicha persona, entidad u organismo haya sido incluido en el anexo I, las autoridades competentes de los Estados miembros, tal como se indican en las páginas web enumeradas en el anexo II, podrán autorizar, en las condiciones que consideren apropiadas, la liberación de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, siempre que concurran las siguientes condiciones:

a) la respectiva autoridad competente ha determinado que:

i) los fondos o recursos económicos serán utilizados para efectuar un pago por una persona, entidad u organismo enumerado en el anexo I, y

ii) el pago no infringe el artículo 2, apartado 2;

b) el Estado miembro de que se trate ha notificado a los demás Estados miembros y a la Comisión, por lo menos dos semanas antes de la autorización, la determinación de su autoridad competente y su intención de conceder una autorización.

Artículo 8

1. La inmovilización de los capitales y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevadas a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, entidad u organismo que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los capitales o recursos económicos han sido inmovilizados o retenidos por negligencia.

2. La prohibición establecida en el artículo 2, apartado 2, no deberá dar lugar a ningún tipo de responsabilidad por parte de las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que hayan puesto a disposición los capitales o recursos económicos en caso de que no tuvieran conocimiento de que sus acciones vulnerarían la susodicha prohibición o motivos razonables para sospecharlo.

Artículo 9

1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos:

a) proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, como las cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con el artículo 2, apartado 1, a las autoridades competentes del Estado miembro en que sean residentes o estén situados, tal como se indican en las páginas web enumeradas en el anexo II, y remitirán esa información, directamente o a través de los Estados miembros, a la Comisión, y

b) colaborarán con dichas autoridades competentes en toda verificación de esa información.

2. Toda información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo se utilizará exclusivamente a los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.

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3. El apartado 2 no impide a los Estados miembros intercambiar tal información con las autoridades correspondientes de Egipto y otros Estados miembros con arreglo al Derecho nacional siempre que sea necesario con el objeto de ayudar a recuperar activos malversados.

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Artículo 10

La Comisión y los Estados miembros se informarán sin demora de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y se comunicarán toda la información pertinente de que dispongan en relación con éste, en particular por lo que atañe a los problemas de contravención y aplicación del presente Reglamento y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

Artículo 11

La Comisión estará facultada para modificar el anexo II, atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

Artículo 12

1. Cuando el Consejo decida someter a una persona física o jurídica, entidad u organismo a las medidas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, modificará en consecuencia el anexo I.

2. El Consejo comunicará la decisión a que se refiere el apartado 1, junto con los motivos de inclusión en la lista, a la persona física o jurídica, entidad u organismo, ya sea directamente, si se conoce la dirección, ya sea mediante la publicación de un anuncio, para que dicha persona, entidad u organismo tenga la oportunidad de presentar alegaciones.

3. Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo deberá reconsiderar la decisión a que se refiere el apartado 1, e informar en consecuencia a la persona, entidad u organismo afectado.

4. La lista del anexo I se revisará periódicamente y como mínimo cada 12 meses a partir del 21 de marzo de 2011.

Artículo 13

1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones así establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros notificarán sin demora esas normas a la Comisión tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.

Artículo 14

Toda vez que el presente Reglamento prevea la obligación de notificar, informar o entablar cualquier otro tipo de comunicación con la Comisión, el domicilio y los demás datos de contacto que se emplearán en dicha comunicación serán los indicados en el anexo II.

Artículo 15

El presente Reglamento se aplicará:

a) en el territorio de la Unión;

b) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

c) a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;

d) a toda persona jurídica, entidad u organismo establecido o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro;

e) a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión.

Artículo 16

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

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ANEXO I

A. Lista de las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a los que se hace referencia en el artículo 2, apartado 1







Nombre (y alias) Información identificativa Motivos de la inclusión en la lista 1. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak Expresidente de la República Árabe de Egipto Fecha de nacimiento: 4.5.1928 Varón Persona incursa en procedimientos judiciales o en un proceso de recuperación de activos por parte de las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judicial firme por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 2. Suzanne Saleh Thabet Esposa de D. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, expresidente de la República Árabe de Egipto Fecha de nacimiento: 28.2.1941 Mujer Asociada con Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, persona incursa en procedimientos judiciales o en un proceso de recuperación de activos por parte de las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judicial firme por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 3. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak Hijo de D. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, expresidente de la República Árabe de Egipto Fecha de nacimiento: 26.11.1960 Varón Persona incursa en procedimientos judiciales o en un proceso de recuperación de activos por parte de las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judicial firme por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 4. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh Esposa de D. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, hijo del expresidente de la República Árabe de Egipto Fecha de nacimiento: 5.10.1971 Mujer Persona incursa en procedimientos judiciales o en un proceso de recuperación de activos por parte de las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judicial firme por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y asociada con Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak 5. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak Hijo de D. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, expresidente de la República Árabe de Egipto Fecha de nacimiento: 28.12.1963 Varón Persona incursa en procedimientos judiciales o en un proceso de recuperación de activos por parte de las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judicial firme por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 6. Khadiga Mahmoud El Gammal Esposa de D. Gamal Mahamed Hosni Elsayed Mubarak, hijo del expresidente de la República Árabe de Egipto Fecha de nacimiento: 13.10.1982 Mujer Persona incursa en procedimientos judiciales o en un proceso de recuperación de activos por parte de las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judicial firme por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y asociada con Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak 15. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana Exministro de Turismo Fecha de nacimiento: 20.2.1959 Varón Persona incursa en procedimientos judiciales por parte de las autoridades egipcias por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 18. Habib Ibrahim Habib Eladli Exministro del Interior Fecha de nacimiento: 1.3.1938 Varón Persona incursa en procedimientos judiciales por parte de las autoridades egipcias por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 19. Elham Sayed Salem Sharshar Esposa de D. Habib Ibrahim Eladli Fecha de nacimiento: 23.1.1963 Mujer Persona incursa en procedimientos judiciales por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y asociada con Habib Ibrahim Eladli

B. Derecho de defensa y derecho a la tutela judicial efectiva con arreglo a la ley egipcia:

Derecho de defensa y derecho a la tutela judicial efectiva

De los artículos 54, 97 y 98 de la Constitución egipcia; de los artículos 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 y 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia y de los artículos 93 y 94 de la Ley de la Abogacía egipcia (Ley n.o 17 de 1983) se deriva que la Ley egipcia garantiza los derechos siguientes:

— a cualquier persona sospechosa o acusada de un delito: — 1. el derecho al control jurisdiccional de cualquier acto o decisión administrativa; 2. l derecho a defenderse por sí misma o a ser asistida por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, a ser asistida gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan;

— a cualquier persona acusada de un delito: — 1. el derecho a ser informada, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra ella; 2. el derecho a disponer del tiempo y de los medios necesarios para la preparación de su defensa; 3. el derecho a interrogar o hacer que se interrogue a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia y el interrogatorio de los testigos de descargo en las mismas condiciones que los testigos de cargo; 4. el derecho a disponer de la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla la lengua utilizada en el tribunal.

Aplicación del derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva

1. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Mubarak fueron respetados en el proceso penal en que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Primer asunto

El 27 de junio de 2013, el Sr. Mubarak fue acusado, junto con otras dos personas, de malversación de fondos públicos, y el 17 de noviembre de 2013 se iniciaron procedimientos ante el Tribunal Penal de El Cairo. El 21 de mayo de 2014, el Tribunal declaró culpables a los tres acusados. Los acusados recurrieron esta sentencia ante el Tribunal de Casación. El 13 de enero de 2015, el Tribunal de Casación anuló la decisión y ordenó que se celebrase un nuevo juicio. En el nuevo juicio, los días 4 y 29 de abril de 2015, se atendió a las alegaciones orales y escritas de las partes. El 9 de mayo de 2015, el Tribunal Penal de El Cairo condenó a los procesados, y ordenó la restitución de los fondos indebidamente apropiados y el pago de una multa. El 24 de mayo de 2015, se presentó un recurso ante el Tribunal de Casación. El 9 de enero de 2016, el Tribunal de Casación confirmó las condenas. El 8 de marzo de 2016, los acusados alcanzaron un arreglo en el marco del Comité de Expertos establecido por el Decreto del Primer Ministro n.o 2873 de 2015. Este arreglo fue aprobado en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2016. El Fiscal General no presentó el arreglo ante el Tribunal de Casación para su aprobación definitiva habida cuenta de que no consideraba que el Comité de Expertos fuera el comité competente. Los acusados tienen la posibilidad de presentar una solicitud para alcanzar un arreglo al comité competente, el Comité Nacional para la Recuperación de Activos Situados en el Extranjero.

Segundo asunto

La investigación relativa a los hechos de apropiación indebida de fondos o activos públicos está todavía en curso. El Consejo no ha encontrado ningún indicio de que no se hayan respetado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Mubarak.

3. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Alaa Mubarak fueron respetados en el proceso penal en que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Resolución de embargo

El 28 de febrero de 2011, el Fiscal General emitió una orden que prohibía al Sr. Alaa Mubarak y a otras personas disponer de sus activos y fondos de conformidad con el artículo 208 bis/a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia, que permite al Fiscal General prohibir al acusado, a su mujer y a sus hijos disponer de sus activos en caso de que existan dudas acerca de si tales activos son productos ilícitos de delitos cometidos por el acusado. El 8 de marzo de 2011, el Tribunal Penal competente confirmó la orden de prohibición. Con arreglo al derecho de la República Árabe de Egipto, los acusados tienen derecho a impugnar la resolución del tribunal sobre la orden de prohibición ante el mismo tribunal. El Sr. Alaa Mubarak no ha impugnado la resolución de 8 de marzo de 2011.

Primer asunto

El acusado fue remitido junto con otra persona al tribunal competente (Tribunal Penal de El Cairo) el 30 de mayo de 2012. El 6 de junio de 2013, el tribunal devolvió el asunto al fiscal para que prosiguieran las investigaciones. Tras la conclusión de las investigaciones, el asunto fue remitido de nuevo al tribunal. El 15 de septiembre de 2018, el Tribunal Penal de El Cairo dictó una resolución en la cual: i) solicitaba al Comité de Expertos que había nombrado que complementara el informe pericial que el comité había presentado al Tribunal en julio de 2018; ii) ordenaba la detención de los acusados; y iii) pedía que se remitiera a los acusados al Comité Nacional para la Recuperación de Activos Situados en el Extranjero con vistas a una posible conciliación. Los acusados impugnaron con éxito la orden de detención y, tras una moción de recusación de la sala jurisdiccional, el asunto se remitió a otro órgano del Tribunal Penal para que lo sometiera a control jurisdiccional.

Segundo asunto

El 27 de junio de 2013, el Sr. Alaa Mubarak fue acusado, junto con otras dos personas, de malversación de fondos públicos, y el 17 de noviembre de 2013 se iniciaron procedimientos ante el Tribunal Penal de El Cairo. El 21 de mayo de 2014, el Tribunal declaró culpables a los tres acusados. Los acusados recurrieron esta sentencia ante el Tribunal de Casación. El 13 de enero de 2015, el Tribunal de Casación anuló la decisión y ordenó que se celebrase un nuevo juicio. En el nuevo juicio, los días 4 y 29 de abril de 2015, se atendió a las alegaciones orales y escritas de las partes.

El 9 de mayo de 2015, el Tribunal Penal de El Cairo condenó a los procesados, y ordenó la restitución de los fondos indebidamente apropiados y el pago de una multa. El 24 de mayo de 2015, se presentó un recurso ante el Tribunal de Casación. El 9 de enero de 2016, el Tribunal de Casación confirmó las condenas. El 8 de marzo de 2016, los acusados alcanzaron un arreglo en el marco del Comité de Expertos establecido por el Decreto del Primer Ministro n.o 2873 de 2015. Este arreglo fue aprobado en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2016. El Fiscal General no presentó el arreglo ante el Tribunal de Casación para su aprobación definitiva habida cuenta de que no consideraba que el Comité de Expertos fuera el comité competente. Los acusados tienen la posibilidad de presentar una solicitud para alcanzar un arreglo al comité competente, el Comité Nacional para la Recuperación de Activos Situados en el Extranjero.

Tercer asunto

La investigación relativa a los hechos de apropiación indebida de fondos o activos públicos está todavía en curso. El Consejo no ha encontrado ningún indicio de que no se hayan respetado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Alaa Mubarak.

4. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de la Sra. Rasekh fueron respetados en el proceso penal en el que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Resolución de embargo

El 28 de febrero de 2011, el Fiscal General emitió una orden que prohibía a la Sra. Rasekh y a otras personas disponer de sus activos y fondos en virtud del artículo 208 bis/a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia, que permite al Fiscal General prohibir al acusado, a su mujer y a sus hijos disponer de sus activos en caso de que existan dudas acerca de si tales activos son productos ilícitos de delitos cometidos por el acusado. El 8 de marzo de 2011, el Tribunal Penal competente confirmó la orden de prohibición. Con arreglo al derecho de la República Árabe de Egipto, los acusados tienen derecho a impugnar la resolución del tribunal sobre la orden prohibición ante ese mismo tribunal. La Sra. Rasekh no ha impugnado la resolución de 8 de marzo de 2011.

Asunto

La investigación relativa a los hechos de apropiación indebida de fondos o activos públicos está todavía en curso. El Consejo no ha encontrado ningún indicio de que no se hayan respetado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva de la Sra. Rasekh.

5. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Gamal Mubarak fueron respetados en el proceso penal en el que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Resolución de embargo

El 28 de febrero de 2011, el Fiscal General emitió una orden que prohibía al Sr. Gamal Mubarak y a otras personas disponer de sus activos y fondos en virtud del artículo 208 bis/a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia, que permite al Fiscal General prohibir al acusado, a su mujer y a sus hijos disponer de sus activos en caso de que existan dudas acerca de si tales activos son productos ilícitos de delitos cometidos por el acusado. El 8 de marzo de 2011, el Tribunal Penal competente confirmó la orden de prohibición. Con arreglo al derecho de la República Árabe de Egipto, los acusados tienen derecho a impugnar la resolución del tribunal sobre la orden prohibición ante ese mismo tribunal. El Sr. Gamal Mubarak no ha impugnado la resolución de 8 de marzo de 2011.

Primer asunto

El Sr. Gamal Mubarak fue remitido junto con otra persona al tribunal competente (Tribunal Penal de El Cairo) el 30 de mayo de 2012. El 6 de junio de 2013, el tribunal devolvió el asunto al fiscal para que prosiguieran las investigaciones. Tras la conclusión de las investigaciones, el asunto fue remitido de nuevo al tribunal. El 15 de septiembre de 2018, el Tribunal Penal de El Cairo dictó una sentencia en la cual: i) solicitaba al Comité de Expertos que había nombrado que complementara el informe pericial que el comité había presentado al tribunal en julio de 2018; ii) ordenaba la detención de los acusados; y iii) pedía que se remitiera a los acusados al Comité Nacional para la Recuperación de Activos Situados en el Extranjero con vistas a una posible conciliación. Los acusados impugnaron con éxito la orden de detención y, tras una moción de recusación de la sala jurisdiccional, el asunto se remitió a otro órgano del Tribunal Penal para que lo sometiera a control jurisdiccional.

Segundo asunto

El 27 de junio de 2013, el Sr. Gamal Mubarak fue acusado, junto con otras dos personas, de malversación de fondos públicos, y el 17 de noviembre de 2013 se iniciaron procedimientos ante el Tribunal Penal de El Cairo. El 21 de mayo de 2014, el Tribunal declaró culpables a los tres acusados. Los acusados recurrieron esta sentencia ante el Tribunal de Casación. El 13 de enero de 2015, el Tribunal de Casación anuló la decisión y ordenó que se celebrase un nuevo juicio. En el nuevo juicio, los días 4 y 29 de abril de 2015, se atendió a las alegaciones orales y escritas de las partes. El 9 de mayo de 2015, el Tribunal Penal de El Cairo condenó a los procesados, y ordenó la restitución de los fondos indebidamente apropiados y el pago de una multa. El 24 de mayo de 2015, se presentó un recurso ante el Tribunal de Casación. El 9 de enero de 2016, el Tribunal de Casación confirmó las condenas. El 8 de marzo de 2016, los acusados alcanzaron un arreglo en el marco del Comité de Expertos establecido por el Decreto del Primer Ministro n.o 2873 de 2015. Este arreglo fue aprobado en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2016. El Fiscal General no presentó el arreglo ante el Tribunal de Casación para su aprobación definitiva habida cuenta de que no consideraba que el Comité de Expertos fuera el comité competente. Los acusados tienen la posibilidad de presentar una solicitud para alcanzar un arreglo al comité competente, el Comité Nacional para la Recuperación de Activos Situados en el Extranjero.

Tercer asunto

La investigación relativa a los hechos de apropiación indebida de fondos o activos públicos está todavía en curso. En el transcurso de las investigaciones se ha interrogado al Sr. Gamal Mubarak. El Consejo no ha encontrado ningún indicio de que no se hayan respetado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Gamal Mubarak.

6. Khadiga Mahmoud El Gammal

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de la Sra. Khadiga El Gammal fueron respetados en el proceso penal en el que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Resolución de embargo

El 28 de febrero de 2011, el Fiscal General emitió una orden que prohibía a la Sra. Khadiga El Gammal y a otras personas disponer de sus activos y fondos en virtud del artículo 208 bis/a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia, que permite al Fiscal General prohibir al acusado, a su mujer y a sus hijos disponer de sus activos en caso de que existan dudas acerca de si tales activos son productos ilícitos de delitos cometidos por el acusado. El 8 de marzo de 2011, el Tribunal Penal competente confirmó la orden de prohibición. Con arreglo al derecho de la República Árabe de Egipto, los acusados tienen derecho a impugnar la resolución del tribunal sobre la orden prohibición ante ese mismo tribunal. La Sra. El Gammal no ha impugnado la resolución de 8 de marzo de 2011.

Asunto

La investigación relativa a los hechos de apropiación indebida de fondos o activos públicos está todavía en curso. El Consejo no ha encontrado ningún indicio de que no se hayan respetado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva de la Sra. El Gammal.

15. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Garrana fueron respetados en el proceso penal en el que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Asunto

La investigación relativa a los hechos de apropiación indebida de fondos o activos públicos está todavía en curso. El Consejo no ha encontrado ningún indicio de que no se hayan respetado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Garrana.

18. Habib Ibrahim Habib Eladli

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Eladli fueron respetados en el proceso penal en el que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Asunto

El juez de instrucción remitió al Sr. Eladli al tribunal competente para que fuera enjuiciado por apropiación indebida de fondos públicos. El 7 de febrero de 2016, dicho tribunal resolvió que procedía embargar los activos del Sr. Eladli, de su esposa y de su hijo menor de edad. Al amparo de dicha resolución del tribunal, el 10 de febrero de 2016 el Fiscal General emitió una orden de embargo en virtud del artículo 208 bis/a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia, que permite al Fiscal General prohibir al acusado, a su mujer y a sus hijos disponer de sus activos en caso de que existan dudas acerca de si tales activos son productos ilícitos de delitos cometidos por el acusado. Con arreglo al derecho de la República Árabe de Egipto, los acusados tienen derecho a impugnar la resolución del tribunal sobre la orden prohibición ante ese mismo tribunal. El 15 de abril de 2017, el Tribunal declaró culpable al acusado. El acusado impugnó la sentencia ante el Tribunal de Casación, que anuló la decisión de 11 de enero de 2018 y ordenó que se celebrase un nuevo juicio. El nuevo juicio está todavía en curso.

19. Elham Sayed Salem Sharshar

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de la Sra. Sharshar fueron respetados en el proceso penal en el que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Resolución de embargo

El juez de instrucción remitió al esposo de la Sra. Sharshar al tribunal competente para que fuera enjuiciado por apropiación indebida de fondos públicos. El 7 de febrero de 2016 dicho tribunal resolvió que procedía embargar los activos de la Sra. Sharshar, de su esposo y de su hijo menor de edad Al amparo de dicha resolución del tribunal, el 10 de febrero de 2016 el Fiscal General emitió una orden de embargo en virtud del artículo 208 bis/a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia, que permite al Fiscal General prohibir al acusado, a su mujer y a sus hijos disponer de sus activos en caso de que existan dudas acerca de si tales activos son productos ilícitos de delitos cometidos por el acusado. Con arreglo al derecho de la República Árabe de Egipto, los acusados tienen derecho a impugnar la resolución del tribunal sobre la orden prohibición ante ese mismo tribunal. La Sra. Sharshar no ha impugnado la resolución del Tribunal.

▼B









ANEXO II

Lista de autoridades competentes en los Estados miembros a que se refieren el artículo 4, apartado 1, el artículo 5, apartado 1, el artículo 7 y y el artículo 9, apartado 1, letra a) y dirección para las notificaciones a la Comisión

A. Autoridades competentes en cada Estado miembro:

BÉLGICA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/pages/view/5519

REPÚBLICA CHECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DINAMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALEMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPAÑA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M2

CROACIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHIPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

HUNGRÍA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAÍSES BAJOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMANÍA

http://www.mae.ro/node/1548

ESLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

ESLOVAQUIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUECIA

http://www.ud.se/sanktioner

REINO UNIDO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Dirección para las notificaciones o comunicaciones con la Comisión Europea:

Comisión Europea

Servicio de Instrumentos de Política Exterior

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

Bélgica

Correo electrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu

Teléfono: +32 2 295 55 85

Fax: +32 2 299 08 73