1992L0096 — ES — 07.08.1995 — 001.001 — 1
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►B DIRECTIVA 92/96/CEE DEL CONSEJO
de 10 de noviembre de 1992
sobrecoordinacióndelasdisposicioneslegales,reglamentariasyadministrativasrelativasalseguro
directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera
Directiva de seguros de vida)
(DO L 360 de 9.12.1992, p. 1)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio
de 1995L 168 7 18.7.1995
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DIRECTIVA 92/96/CEE DEL CONSEJO
de 10 de noviembre de 1992
sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativasrelativasalsegurodirectodevida,yporlaquesemodifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Direc-
tiva de seguros de vida)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,en particular, el apartado 2 de su artículo 57 y su artículo 66,
Vista la propuesta de la Comisión (
1),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2).
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3),
(1)Considerando que es necesario llevar a término el mercado inte-
rior en materia de seguro directo de vida, en su doble vertiente delibertad de establecimiento y libre prestación de servicios, alobjeto de facilitar a las empresas de seguros con domicilio socialen la Comunidad la suscripción de compromisos dentro de laComunidad;
(2)Considerando que la segunda Directiva (90/619/CEE) delConsejo, de 8 de noviembre de 1990, sobre la coordinación de lasdisposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativasal seguro directo de vida, por la que se establecen las disposi-ciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre pres-tación de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE (
4) ha contribuido en gran medida a la realización del
mercado interior en materia de seguro directo de vida, alconceder a aquellos tomadores de seguro que, por el hecho detomar la iniciativa de suscribir un compromiso con una empresade seguros en otro Estado miembro, no necesitan una protecciónespecífica en el Estado miembro del compromiso, la completalibertad de acceso al mercado más amplio posible de seguros;
(3)Considerando que la Directiva 90/619/CEE constituye, por tanto,una etapa importante del proceso de aproximación de losmercados nacionales para la instauración de un sólo mercadointegrado, etapa que deberá completarse con otros instrumentoscomunitarios al objeto de permitir que todos los tomadores deseguro, tanto si toman ellos mismos la iniciativa como si no,puedan recurrir a cualquier asegurador con domicilio social en laComunidad y que ejerza su actividad en régimen de derecho deestablecimiento o de libre prestación de servicios, garantizán-doles, al mismo tiempo, una protección adecuada;
(4)Considerando que la presente Directiva se inscribe en el marcode la labor legislativa ya realizada por la Comunidad, en parti-cular por medio de la primera Directiva (79/267/CEE) delConsejo, de 5de marzo de 1979, sobre coordinación de lasdisposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentesal acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida ,yas u
ejercicio(
5), así como por la Directiva 91/674/CEE del Consejo,
de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales ycuentas consolidadas de las empresas de seguros(
6);
(1)D OnoC 99 de 16. 4. 1991, p. 2.
(2)D OnoC 176 de 13. 7. 1992, p. 93; y Decisión de 28 de octubre de 1992
(no publicada aún en el Diario Oficial)
(3)D OnoC 14 de 20. 1. 1992, p. 11.
(4)D OnoL 330 de 29. 11. 1990, p. 50.
(5)D OnoL 63 de 13. 3. 1979, p. 1; Directiva modificada en último lugar
por la segunda Directiva 90/619/CEE (DO noL 330 de 29. 11. 1990, p.
50)
(6)D OnoL 374 de 31. 12. 1991, p. 7
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(5)Considerando que se ha optado por llevar a cabo la armonización
básica, necesaria y suficiente para lle gar al reconocimientomutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisióncautelar, que permita la concesión de una única autorizaciónválida en toda la Comunidad y la aplicación del principio decontrol por el Estado miembro de origen;
(6)Considerando que, por consiguiente, el acceso a la actividad deseguros y su ejercicio quedan en adelante supeditados a la conce-sión de una única autorización administrativa, concedida por lasautoridades del Estado miembro en el que la empresa de segurostenga su domicilio social; que dicha autorización permitirá a laempresa ejercer su actividad en toda la Comunidad, en régimende derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios;que el Estado miembro de la sucursal o de la libre prestación deservicios no podrá exigir una nueva autorización a las empresasde seguros que deseen ejercer en él la actividad de seguros y yaestén autorizadas en el Estado miembro de origen; que, para teneren cuenta esto, procede introducir las oportunas modificacionesen las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE;
(7)Considerando que corresponde en adelante a las autoridadescompetentes del Estado miembro de origen garantizar la vigi-lancia de la solidez financiera de la empresa de seguros, y, enparticular, del estado de solvencia y de la constitución de provi-siones técnicas suficientes, así como de la representación de éstaspor activos congruentes;
(8)Considerando que la realización de las operaciones a que serefiere la letra c) del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva79/267/CEE no podrá, en ningún caso, afectar a las competenciasatribuidas a las autoridades respectivas con respecto a las enti-dades titulares de los activos contempladas en dicha disposición;
(9)Considerando que determinadas disposiciones de la presenteDirectiva definen normas mínimas; que el Estado miembro deorigen puede dictar reglas más estrictas respecto de las empresasde seguros autorizadas por sus propias autoridades competentes;
(10)Considerando que las autoridades competentes de los Estadosmiembros deben disponer de los medios de control necesariospara velar por el ejercicio ordenado de las actividades de laempresa de seguros en el conjunto de la Comunidad, ya seefectúen en régimen de establecimiento o en régimen de libreprestación de servicios; que, en particular, dichas autoridadesdeben poder adoptar las medidas de salvaguarda adecuadas oimponer sanciones a fin de evitar que se produzcan irregulari-dades, así como posibles infracciones contra las disposiciones enmateria de control de la actividad de seguros;
(11)Considerando que resulta necesario adaptar las disposicionesrelativas a la transferencia de la cartera de contratos al régimenjurídico de autorización única que establece la presente Directiva;
(12)Considerando que conviene disponer una flexibilización de laregla de especialización establecida por la Directiva 79/267/CEE,de modo que los Estados miembros que lo deseen puedanconceder a una misma empresa autorizaciones para los ramoscontemplados en el Anexo de la Directiva 79/267/CEE y para lasoperaciones de seguros comprendidas en los ramo s1y2d e l
Anexo de la Directiva 73/239/CEE (
1); que, no obstante, dicha
facultad puede estar sujeta a determinadas condiciones sobrecumplimiento de reglas contables y de reglas de liquidación;
(1) Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativasrelativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro devida,yas uejercicio (DO n
oL 228 de 16. 8. 1973, p. 3). Directiva modi-
ficada en último lugar por la Directiva 90/618/CEE (DO noL 330 de 29.
11. 1990, p. 44).
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(13)Considerando que, para la protección de los asegurados, es nece-
sario que cada empresa de seguros constituya provisionestécnicas suficientes; que el cálculo de dichas provisiones se basaesencialmente en principios actuariales; que conviene coordinardichos principios a fin de facilitar el reconocimiento mutuo de lasdisposiciones prudenciales aplicables en los diferentes Estadosmiembros;
(14)Considerando que es deseable, por razones de prudencia, esta-blecer una coordinación mínima de las reglas de limitación deltipo de interés utilizado en el cálculo de las provisiones técnicasy que, habida cuenta de que todos los métodos actualmenteexistentes para proceder a dicha limitación son igualmentecorrectos, prudenciales y equivalentes, parece conveniente que alos Estados miembros se les ortogue la posibilidad de elegirlibremente el método que deba utilizarse;
(15)Considerando que procede coordinar las reglas relativas alcálculo, la diversificación, la localización y la congruencia de losactivos representativos de las provisiones técnicas, con el fin defacilitar el reconocimiento mutuo de las disposiciones de losEstados miembros; que para dicha coordinación habrán detenerse en cuenta las medidas adoptadas en materia de liberaliza-ción de los movimientos de capitales en la Directiva 88/361/CEEdel Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicación delartículo 67 del Tratado(
1), así como los progresos de la Comu-
nidad con miras a la plena realización de la Unión Económica yMonetaria;
(16)Considerando, no obstante, que el Estado miembro de origen nopuede exigir a las empresas de seguros que inviertan los activosrepresentativos de sus provisiones técnicas en determinadas cate-gorías de activos, puesto que estas exigencias son incompatiblescon las medidas previstas en materia de liberalización de losmovimientos de capitales en la Directiva 88/361/CEE;
(17)Considerando que, en espera de una directiva sobre los serviciosde inversiones que armonice, entre otras, la definición de lanoción de mercado regulado, es necesario, por necesidades de lapresente Directiva y sin perjuicio de dicha armonización futura,dar una definición provisional de esta noción, que será sustituidapor la definición que sea objeto de una armonización comunitariaque otorgará al Estado miembro de origen del mercado lasresponsabilidades confiadas en la materia y de manera transitoriapor la presente Directiva al Estado miembro de origen de laempresa de seguros;
(18)Considerando que resulta oportuno completar la lista deelementos que pueden entrar en la composición del margen desolvencia exigido por la Directiva 79/267/CEE, para tener encuenta los nuevos instrumentos financieros y las facilidades otor-gadas a otras instituciones financieras para nutrir sus fondospropios;
(19)Considerando que la armonización del derecho del contrato deseguro no es una condición previa para la realización delmercado interior de los seguros; que, en consecuencia, la posibi-lidad otorgada a los Estados miembros de imponer la aplicaciónde su legislación a los contratos de seguros en virtud de loscuales se contraigan compromisos en su territorio puede propor-cionar las suficientes garantías a los tomadores de seguro;
(20)Considerando que, en el marco del mercado interior, interesa altomador de seguro poder tener acceso a la gama más ampliaposible de productos de seguros ofrecidos en la Comunidad, demanera que pueda elegir de entre todos ellos el más adecuado asus necesidades; que, por consiguiente, incumbe al Estadomiembro del compromiso velar para que en su territorio no haya
(1)D OnoL 178 de 8. 7. 1988, p. 5.
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obstáculo alguno a la comercialización de todos los productos deseguros ofrecidos en la Comunidad, siempre que éstos no seancontrarios a las disposiciones legales de interés general vigentesen el Estado miembro del compromiso y en la medida en que elinterés general no quede salvaguardado por las normas del Estadomiembro de origen, quedando entendido que tales disposicionesdeberán aplicarse de forma no discriminatoria a toda empresa queopere en dicho Estado miembro y ser objetivamente necesarias yproporcionadas al objetivo perseguido;
(21)Considerando que los Estados miembros deben estar en medidade velar para que los productos de seguros y la documentacióncontractual utilizada para la cobertura de los compromisoscontraídos en su territorio, en régimen de derecho de estableci-miento o de libre prestación de servicios, respeten las disposi-ciones legales específicas de interés general aplicables; que lossistemas de control que se empleen deben adaptarse a las exigen-cias del mercado interior sin que puedan constituir un requisitoprevio al ejercicio de la actividad de seguros; que, desde estaóptica, los sistemas de aprobación previa de las condiciones delos seguros no se justifican; que en consecuencia, resulta opor-tuno prever otros sistemas más apropiados a las exigencias delmercado interior y que permitan a los Estados miembros garan-tizar la adecuada protección de los tomadores de seguros;
(22)Considerando, no obstante, que se admite que, para la aplicaciónde los principios actuariales conformes a la presente Directiva, elEstado miembro de origen podrá exigir la comunicación sistemá-tica de las bases técnicas aplicables al cálculo de las tarifas de loscontratos y de las provisiones técnicas, sin que dicha comunica-ción de bases técnicas incluya la notificación de las condicionesgenerales y especiales de los contratos ni la de las tarifas comer-ciales de la empresa;
(23)Considerando que, en el marco de un mercado único de seguros,el consumidor dispondrá de una oferta mayor y más diversificadade contratos; que, para beneficiarse plenamente de tal diversidady de una competencia más intensa, debe disponer de la informa-ción necesaria para elegir el contrato que mejor se ajuste a susnecesidades; que esta necesidad de información es aún másimportante si se tiene en cuenta que los compromisos pueden serde muy larga duración; que conviene, por consiguiente, coordinarlas disposiciones mínimas para que el consumidor reciba infor-mación clara y precisa sobre las características esenciales de losproductos que le son propuestos y la denominación y direcciónde los organismos facultados para tramitar las reclamaciones delos tomadores, los asegurados o los beneficiarios del contrato;
(24)Considerando que la publicidad de los productos de seguro esesencial para facilitar el ejercicio efectivo de las actividades deseguros en la Comunidad; que resulta oportuno dar a lasempresas de seguros la posibilidad de recurrir a todos los mediosnormales de publicidad en el Estado miembro de la sucursal o dela prestación de servicios; que, no obstante, los Estados miem-bros pueden exigir que se respeten aquellas de sus reglas queregulen la forma y el contenido de tal publicidad y que sederiven, bien de los actos comunitarios adoptados en materia depublicidad, bien de las disposiciones adoptadas por los Estadosmiembros por motivos de interés general;
(25)Considerando que en el mercado interior ningún Estado miembropuede ya prohibir el ejercicio simultáneo de la actividad deseguros en su territorio en régimen de establecimiento y enrégimen de libre prestación de servicios; que, por consiguiente,resulta oportuno suprimir la facultad que, a este respecto, otorgaa los Estados miembros la Directiva 90/619/CEE;
(26)Considerando que conviene establecer un régimen de sancionesaplicables en los casos en que la empresa de seguros no se ajuste,en el Estado miembro en el que se contraiga el compromiso, a lasdisposiciones de interés general que le sean de aplicación;
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(27)Considerando que determinados Estados miembros no someten
las operaciones de seguros a ningún tipo de imposición indirecta,mientras que la mayoría de ellos les aplican impuestos especialesy otras formas de contribución; que, en los Estados miembros enlos que se perciben tales impuestos y contribuciones, la estructurade los mismos y los tipos aplicados varían considerablemente;que es necesario impedir que las diferencias existentes originendistorsiones de la competencia en los servicios de seguros pres-tados entre los Estados miembros; que, sin perjuicio de unaposterior armonización, la aplicación del régimen fiscal y otrasformas de contribución previstas en el Estado miembro en el quese contraiga el compromiso pueden poner remedio a tal inconve-niente y que corresponde a los Estados miembros establecer lasmodalidades que garanticen la percepción de los mencionadosimpuestos y contribuciones;
(28)Considerando que es importante llevar a cabo una coordinacióncomunitaria en materia de liquidación de empresas de seguros;que, desde ahora, es esencial disponer que, en caso de liquidaciónde una empresa de seguros, el sistema de garantía establecido encada Estado miembro asegure una igualdad de trato a todos losacreedores de un seguro, sin distinción de nacionalidad e inde-pendientemente de las modalidades de suscripción del compro-miso;
(29)Considerando que, a intervalos regulares, puede ser necesarioefectuar modificaciones técnicas de las reglas detalladas estable-cidas en la presente Directiva, para tener en cuenta las innova-ciones que se produzcan en el sector de seguros; que la Comisiónprocederá a efectuar tales modificaciones, en la medida en queasí resulte necesario, previa consulta al Comité de seguros,creado por la Directiva 91/675/CEE (
1), en uso de las competen-
cias de ejecución conferidas a la Comisión por las disposicionesdel Tratado;
(30)Considerando que resulta oportuno establecer disposiciones espe-cíficas que garanticen el paso del régimen jurídico existente en elmomento en que empiece a aplicarse la presente Directiva alrégimen establecido por ésta; que dichas disposiciones debentener por objeto evitar una carga adicional de trabajo para lasautoridades competentes de los Estados miembros;
(31)Considerando que, a efectos de lo dispuesto en el artículo 8 C delTratado, conviene tener en cuenta la importancia del esfuerzo quedeterminadas economías, que presenten un nivel de desarrollodiferente, tendrán que realizar; que, por tanto, conviene concedera determinados Estados miembros un régimen transitorio quepermita la aplicación gradual de la presente Directiva,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
TÍTULO I
DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a)«empresa de seguros:» cualquier empresa que haya recibido autori-
zación administrativa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 dela Directiva 79/267/CEE;
b)«sucursal:» cualquier agencia o sucursal de una empresa de
seguros, habida cuenta del artículo 3 de la Directiva 90/619/CEE;
(1)D OnoL 374 de 31. 12. 1991, p. 32.
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c)«compromiso:» un compromiso materializado en una de las formas
de seguros u operaciones contempladas en el artículo 1 de la Direc-tiva 79/267/CEE;
d)«Estado miembro de origen:» el Estado miembro en que esté
situado el domicilio social de la empresa de seguros que contraigael compromiso;
e)«Estado miembro de la sucursal:» el Estado miembro en que esté
situada la sucursal que contraiga el compromiso;
f)«Estado miembro de prestación de servicios:» el Estado miembro
del compromiso con arreglo a lo dispuesto en la letra e) del artículo2 de la Directiva 90/619/CEE, cuando el compromiso haya sidocontraído por alguna empresa de seguros o sucursal situada en otroEstado miembro;
g)«control»: la relación existente entre una empresa matriz y una
filial, tal y como se establece en el artículo 1 de la Directiva83/349/CEE (
1), o una relación de la misma naturaleza entre cual-
quier persona física o jurídica y una empresa;
h)«participación cualificada:» el hecho de poseer en una empresa,
directa o indirectamente, al menos un 10 % del capital o de losderechos de voto o cualquier otra posibilidad de ejercer unainfluencia notable en la gestión de la empresa en la cual se poseauna participación.
A efectos de la aplicación de la presente definición en los artículos
7 y 14 y para la aplicación de los otros porcentajes de participaciónindicados en el artículo 14, se tomarán en consideración los dere-chos de voto a que se refiere el artículo 7 de la Directiva 88/627/CEE (
2);
i)«empresa matriz:» ein Mutterunternehmen im Sinne der Artikel 1
und 2 der Richtlinie 83/349/EWG;
j)«filial:» la empresa filial definida en los artículos 1y2d el a
Directiva 83/349/CEE; cualquier empresa filial de una empresafilial se considerará también filial de la empresa matriz que esté alfrente de dichas empresas;
k)«mercado regulado:» un mercado Financiero considerado por el
Estado miembro de origen de la empresa como mercado reguladoen espera de una definición a dar en el marco de una directiva sobrelos servicios de inversiones y caracterizado por:
— un funcionamiento regular, y
— el hecho de que las disposiciones establecidas o aprobadas por
las autoridades apropiadas definan las condiciones de funciona-miento del mercado, las condiciones de acceso al mercado, asícomo, cuando se aplique la Directiva 79/279/CEE del Consejo,de 5de marzo de 1979, sobre coordinación de las condicionesde admisión de valores mobiliarios a cotización oficial en unabolsa de valores(
3), las condiciones de admisión a la cotización
fijadas por esta Directiva, y cuando dicha Directiva no seaplique, las condiciones que deban reunir dichos instrumentosfinancieros para poder ser efectivamente negociados en elmercado.
A efectos de la presente Directiva, un mercado regulado podrá estar
situado en un Estado miembro o en un país tercero. En este últimocaso, dicho mercado deberá ser reconocido por el Estado miembrode origen de la empresa y satisfacer unas exigencias comparables.
(1) Séptima Directiva (83/349/CEE) del Consejo, de 13 de junio de 1983,
basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa alas cuentas consolidadas (DO n
oL 193 de 18. 7. 1983, p. 1). Directiva
modificada en último lugar por la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de
16. 11. 1990, p. 60).
(2) Directiva 88/627/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1988, sobre las
informaciones que han de publicarse en el momento de la adquisición yde la cesión de una participación importante en una sociedad cotizada enbolsa (DO n
oL 348 de 17. 12. 1988, p. 62).
(3)D OnoL 66 de 13. 3. 1979, p. 21; Directiva modificada en último lugar
por la Directiva 82/148/CEE (DO noL 62 de 5. 3. 1982, p. 22).
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Los instrumentos financieros negociados en el mismo deberán tener
una calidad comparable a la de los instrumentos negociados en elmercado o mercados regulados del Estado miembro en cuestión;
l)«autoridades competentes:» las autoridades nacionales facultadas,
en virtud de una ley o de una reglamentación, para controlar lasempresas de seguros;
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m) por «vínculos estrechos» se entenderá todo conjunto de dos o más
personas físicas o jurídicas unidas mediante:
a) una participación, es decir, el hecho de poseer, de manera directa
o mediante un vínculo de control, el 20 % o más de los derechosde voto o del capital de una empresa, o bien
b) un vínculo de control, es decir, el vínculo existente entre una
empresa matriz y una filial, en todos los casos contemplados enlos apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Directiva 83/
349/CEE (
1), o toda relación análoga entre cualquier persona
física o jurídica y una empresa; toda empresa filial de unaempresa filial se considerará también filial de la empresa matriza la cabeza de dichas empresas.
Se considerará también constitutiva de un vínculo estrecho entre dos
o varias personas físicas o jurídicas, una situación en la que éstasestén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona por unvínculo de control.
▼
B
Artículo 2
1. La presente Directiva se aplicará a los compromisos y a las
empresas contemplados en el artículo 1 de la Directiva 79/267/CEE.
2. En el punto 2 del artículo 1 de la Directiva 79/267/CEE se
suprimirán las palabras «y sean autorizadas en el país de actividad».
3. La presente Directiva no se aplicará a los seguros y operaciones ni
a las empresas e instituciones a los que no les sea aplicable la Directiva79/267/CEE, ni a los organismos contemplados en el artículo 4 de esamisma Directiva.
TÍTULO II
ACCESOA LA ACTIVIDAD DE SEGURO
Artículo 3
El artículo 6 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 6El acceso a las actividades contempladas en la presente Directiva
estará supeditado a la concesión de una autorización administrativaprevia.
Esta autorización será solicitada a las autoridades del Estado
miembro de origen, por:
a) la empresa que fije su domicilio social en el territorio de dicho
Estado miembro;
b) la empresa que, tras haber recibido la autorización contemplada
en el párrafo primero, extienda sus actividades al conjunto de unramo o a otros ramos.»
(1)D OnoL 193 de 18. 7. 1983, p. 1. Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16. 11. 1990, p. 60).
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Artículo 4
El artículo 7 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 71. La autorización será válida para toda la Comunidad. Permitirá
a la empresa ejercer en ella actividades, en régimen de derecho deestablecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
2. La autorización se concederá por ramos cuya clasificación
figura en el Anexo. Abarcará el ramo completo, salvo que el solici-tante sólo desee cubrir una parte de los riesgos correspondientes adicho ramo.
Las autoridades competentes podrán limitar la autorización solicitada
para un ramo exclusivamente a las actividades contenidas en elprograma de actividades contemplado en el artículo 9.
Cada Estado miembro tendrá la facultad de conceder la autorización
para varios ramos, siempre que la legislación nacional admita elejercicio simultáneo de tales ramos.»
Artículo 5
El artículo 8 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 81. El Estado miembro de origen exigirá que las empresas de
seguros que soliciten autorización:
a) adopten una de las formas siguientes:
— en el Reino de Bélgica: “société anonyme”/“naamloze
vennootschap”, “société en commandite paractions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “asso-ciation d’assurance mutuelle”/“onderlinge verzekeringsvereni-ging”, “société coopérative”/“coöperatieve vennootschap”;
— en el Reino de Dinamarca: “aktieselskaber”, “gensidige sels-
kaber”, “pensionskasser omfattet af lov em forsikringsvirk-somhed (tværgående pensionskasser)”;
— en la República Federal de Alemania: “Aktiengesellschaft”,
“Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Öffentlich-recht-liches Wettbewerbsversicherungsunternehmen”;
— en la República Francesa: “Société anonyme”, “société
d’assurance mutuelle”, “institution de prévoyance régie par lecode de la sécurité sociale”, “institution de prévoyance régiepar le code rural”, “mutuelles régies par le code de la mutua-lité”;
— en Irlanda: “incorporated companies limited by shares or by
guarantee or unlimited, societies registred under the Industrialand Provident Societies Acts, societies registred under theFriendly Societies Acts”;
— en la República Italiana: “società per azioni”, “società coope-
rativa”, “mutua di assicurazione”;
— en el Gran Ducado de Luxemburgo: “société anonyme”,
“société en commandite par actions”, “associationd’assurances mutuelles”, “société coopérative”;
— en el Reino de los Países Bajos: “naamloze vennootschap”,
“onderlinge waarborgmaatschappij”;
— en el Reino Unido: “incorporated companies limited by shares
or by guarantee or unlimited”, “societies registered under theIndustrial and Provident Societies Acts”, “societies registeredor incorporated under the Friendly Societies Acts”, “the asso-ciation of underwriters known als Lloyd’s”;
— en la República Helénica: “ ανώνζµη εταιρ íα”;
— en el Reino de España: “sociedad anónima”, “sociedad
mutua”, “sociedad cooperativa”;
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— en la República Portuguesa: “sociedade anónima”, “mútua de
seguros”.
La empresa de seguros también podrá adoptar la forma de sociedad
europea cuando ésta haya sido creada.
Además, los Estados miembros podrán crear, en su caso, empresas
que adopten cualquier forma de Derecho público, siempre quedichos organismos tengan por objeto la realización de operacionesde seguro en condiciones equivalentes a las de las empresas deDerecho privado;
b) limiten su objeto social a las actividades previstas por la presente
Directiva y a las operaciones que se deriven directamente de ella,con exclusión de cualquier otra acvtividad comercial;
c) presenten un programa de actividades con arreglo al artículo 9;
d) posean el mínimo del fondo de garantía previsto en el apartado 2
del artículo 20;
e) estén dirigidas de manera efectiva por personas que reúnan las
condiciones necesarias de honorabilidad y de cualificación oexperiencia profesionales.
2. La empresa que solicite autorización para extender sus activi-
dades a otros ramos o para la ampliación de una autorización queabarque sólo una parte de los riesgos comprendidos en un ramodeberá presentar un programa de actividades de conformidad con elartículo 9.
Además, deberá aportar la prueba de que dispone del margen de
solvencia establecido en el artículo 19 y de que posee el fondo degarantía contemplado en los apartados 1 y 2 del artículo 20.
3. Los Estados miembros no establecerán disposiciones que
exijan la aprobación previa o la comunicación sistemática de lascondiciones generales y especiales de las pólizas de seguro, de lastarifas, de las bases técnicas, utilizadas en particular para calcular lastarifas y las provisiones técnicas, y de los formularios y otrosimpresos que la empresa tenga previsto utilizar en sus relaciones conlos tomadores de seguro.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, con el solo fin de
controlar si se respetan las disposiciones nacionales relativas a losprincipios actuariales, el Estado miembro de origen podrá exigir lacomunicación sistemática de las bases técnicas utilizadas para elcálculo de las tarifas y de las provisiones técnicas, sin que dichaexigencia pueda constituir para la empresa una condición previa parael ejercicio de su actividad.
La presente Directiva no será obstáculo para que los Estados miem-
bros mantengan o introduzcan disposiciones legales, reglamentariaso adminstrativas que estipulen la aprobación de estatutos y la trans-misión de todo documento necesario para el ejercicio normal delcontrol.
Como muy tarde cinco años después de la puesta en aplicación de la
Directiva 92/96/CEE (*) la Comisión presentará al Consejo uninforme sobre la aplicación del presente apartado.
4. Las anteriores disposiciones no podrán establecer que la soli-
citud de autorización sea examinada en función de las necesidadeseconómicas del mercado.»
Artículo 6
El artículo 9 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
(*) DO noL 360 de 9. 12. 1992, p. 1
1992L0096 — ES — 07.08.1995 — 001.001 — 11
▼B
«Artículo 9
El programa de actividades contemplado en la letra c) del apartado 1
del artículo 8 y en el apartado 2 del mismo artículo deberá contenerindicaciones o justificaciones relativas a:
a) la naturaleza de los compromisos que la empresa se propone
contraer;
b) los principios rectores en materia de reaseguro;
c) los elementos constitutivos del fondo de garantía mínimo;
d) las previsiones relativas a los gastos de instalación de los servi-
cios administrativos y de la red de producción; los medios finan-cieros destinados a hacer frente a dichos gastos;
y, además, para los tres primeros ejercicios sociales:
e) un plan en el que se indiquen de forma detallada las previsiones
de ingresos y gastos tanto para las operaciones directas y lasaceptaciones de reaseguro como para las cesiones de reaseguro;
f) la situación probable de tesorería;
g) las previsiones relativas a los medios financieros destinados a la
cobertura de los compromisos y del margen de solvencia.»
Artículo 7
Las autoridades competentes del Estado miembro de origen no conce-
derán la autorización que permita el acceso de una empresa a la acti-vidad de seguros antes de que les haya sido comunicada la identidad delos accionistas o socios, directos o indirectos, personas físicas o jurí-dicas, que posean una participación cualificada en una empresa deseguros para la cual se ha solicitado la autorización, y el importe dedicha participación.
Dichas autoridades denegarán la autorización si, habida cuenta de la
necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la empresa deseguros, no estuvieran satisfechas de la idoneidad de dichos accionistaso socios.
TÍTULO III
ARMONIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EJERCICIO
Capítulo 1
Artículo 8
El artículo 15de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 151. El control financiero de una empresa de seguros, incluido el
control de las actividades que ejerza a través de sucursales y enrégimen de prestación de servicios, será de la exclusiva competenciadel Estado miembro de origen. Si las autoridades competentes delEstado miembro del compromiso tienen motivos para considerar quelas actividades de una empresa de seguros podrían afectar a susolidez financiera, informarán de ello a las autoridades competentesdel Estado miembro de origen de dicha empresa. Las autoridadescompetentes del Estado miembro de origen comprobarán que laempresa observa los principios prudenciales definidos en la presenteDirectiva.
2. El control financiero consistirá, en particular, en la comproba-
ción, para el conjunto de actividades de la empresa de seguros, delestado de solvencia y de la constitución de provisiones técnicas,incluidas las provisiones matemáticas, así como de los activos quelas representan con arreglo a las normas o a las prácticas estable-cidas en el Estado miembro de origen, en virtud de las disposicionesadoptadas a nivel comunitario.
3. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
exigirán que las empresas de seguros dispongan de una buena orga-
1992L0096 — ES — 07.08.1995 — 001.001 — 12
▼B
nización administrativa y contable y de procedimientos de controlinterno adecuados.»
Artículo 9
El artículo 16 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 16Los Estados miembros de la sucursal dispondrán que, cuando una
empresa de seguros autorizada en otro Estado miembro ejerza suactividad a través de una sucursal, las autoridades competentes delEstado miembro de origen, tras haber informado previamente a lasautoridades competentes del Estado miembro de la sucursal, puedanproceder, por sí mismas o por medio de personas a quienes hayanotorgado un mandato para ello, a la verificación in situ de la infor-mación necesaria para poder realizar el control financiero de laempresa. Las autoridades del Estado miembro de la sucursal podránparticipar en dicha verificación.»
Artículo 10
Los apartados 2 y 3 del artículo 23 de la Directiva 79/267/CEE se
sustituyen por el texto siguiente:
«2. Los Estados miembros exigirán a las empresas de seguros que
tengan su domicilio social en su territorio la presentación periódicade los documentos que sean necesarios para ejercer el control, asícomo de los documentos estadísticos. Las autoridades competentesse comunicarán los documentos e informaciones útiles para el ejer-cicio del control.
3. Cada Estado miembro adoptará todas las disposiciones opor-
tunas para que las autoridades competentes dispongan de los poderesy de los medios necesarios para la vigilancia de las actividades delas empresas de seguros cuyo domicilio social se halle en su terri-torio, incluidas las actividades ejercidas fuera de dicho territorio, deconformidad con las directivas del Consejo relativas a tales activi-dades y con miras a la aplicación de éstas.
Dichos poderes y medios deberán en particular proporcionar a las
autoridades competentes la posibilidad:
a) de informarse de manera detallada sobre la situación de la
empresa y sobre el conjunto de sus actividades, en especial:
— recabando información o exigiendo la presentación de los
documentos relativos a la actividad de seguro,
— procediendo a comprobaciones in situ en los locales de la
empresa;
b) de adoptar, respecto de la empresa, de sus directivos responsables
o de las personas que controlen la empresa, todas las medidasadecuadas y necesarias para garantizar que las actividades de laempresa cumplan de forma permanente las disposiciones legales,reglamentarias y administrativas que la empresa tenga obligaciónde observar en los distintos Estados miembros y, en especial, elprograma de actividades, en caso de que sea obligatorio, asícomo para evitar o eliminar cualquier irregularidad que pudieraafectar a los intereses de los asegurados;
c) de garantizar la aplicación de dichas medidas, por vía de ejecu-
ción forzosa si fuere necesario y, en su caso, mediante recurso alas instancias judiciales.
Los Estados miembros también podrán prever la posibilidad de que
las autoridades competentes obtengan cualquier información relativaa los contratos que obren en poder de los intermediarios.»
Artículo 11
1. Quedan suprimidos los apartados 2 a 7 del artículo 6 de la Direc-
tiva 90/619/CEE.
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▼B
2. En las condiciones dispuestas por el derecho nacional, cada Estadomiembro autorizará a las empresas de seguros cuyo domicilio socialesté situado en su territorio para ceder, en su totalidad o en parte, lacartera de contratos, suscritos en régimen de derecho de establecimientoo en régimen de libre prestación de servicios, a un cesionario estable-cido en la Comunidad, si las autoridades competentes del Estadomiembro de origen del cesionario certifican que éste posee, habidacuenta de la cesión, el margen de solvencia necesario.
3. Cuando una sucursal tenga previsto ceder la totalidad o una parte
de su cartera de contratos, suscritos en régimen de derecho de estableci-miento o en régimen de libre prestación de servicios, deberá ser consul-tado el Estado miembro de la sucursal.
4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, las autoridades
del Estado miembro de origen de la empresa cedente autorizarán lacesión, una vez recibida la conformidad de las autoridades competentesde los Estados miembros del compromiso.
5. En el curso de los tres meses siguientes a la recepción de la
solicitud de dictamen las autoridades competentes de los Estados miem-bros consultados darán a conocer su dictamen a las autoridades compe-tentes del Estado miembro de origen de la empresa de seguros cedente;en caso de silencio de estas autoridades a la expiración de dicho plazo,ese silencio equivaldrá a un dictamen favorable o a un acuerdo tácito.
6. La cesión autorizada con arreglo al presente artículo será publi-
cada en el Estado miembro del compromiso, en las condicionesprevistas en el derecho nacional. Dicha cesión será oponible de plenoderecho a los tomadores de seguros, a los asegurados y a toda personaque posea derechos u obligaciones derivados de los contratos cedidos.
Dicha disposición no afectará al derecho de los Estados miembros de
establecer la facultad de que los tomadores de seguros rescindan elcontrato en un plazo determinado a partir de la cesión.
Artículo 12
1. El artículo 24 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 24
1. Si una empresa no se ajustare a las disposiciones del artículo
17, la autoridad competente del Estado miembro de origen de laempresa podrá prohibir la libre disposición de los activos, una vezhaya informado de su intención a las autoridades competentes de losEstados miembros del compromiso.
2. Para restablecer la situación financiera de una empresa cuyo
margen de solvencia no alcance el mínimo prescrito en el artículo19, la autoridad competente del Estado miembro de origen exigirá unplan de saneamiento, que deberá ser sometido a su aprobación.
En circunstancias excepcionales, si la autoridad competente consi-
dera que la posición financiera de la empresa va a seguir deteriorán-dose, podrá también restringir o prohibir la libre disposición de losactivos de la empresa. Informará a las autoridades de los demásEstados miembros en cuyo territorio la empresa ejerza su actividadde toda medida adoptada y éstas, a petición de la primera autoridad,adoptarán las mismas medidas que aquella haya adoptado.
3. Si el margen de solvencia no alcanzase el fondo de garantía
mínimo definido en el artículo 20, la autoridad competente delEstado miembro de origen exigirá a la empresa un plan de financia-ción a corto plazo, que deberá ser sometido a su aprobación.
Podrá, además, restringir o prohibir la libre disposición de los
activos de la empresa. Informará de ello a las autoridades de losEstados miembros en cuyo territorio la empresa ejerza alguna acti-vidad, las cuales, a instancia suya, adoptarán idénticas medidas.
4. En los supuestos previstos en los apartados 1 ,2y3 ,l a s
autoridades competentes podrán adoptar, asimismo, cualquier otramedida apropiada para salvaguardar los intereses de los asegurados.
1992L0096 — ES — 07.08.1995 — 001.001 — 14
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5. Cada Estado miembro adoptará las disposiciones necesarias
para poder prohibir, de conformidad con su derecho nacional, lalibre disposición de los activos localizados en su territorio, a peti-ción, en los casos previstos en los apartados 1 ,2y3 ,d e l Estado
miembro de origen de la empresa, que deberá designar los activosque deban ser objeto de estas medidas.»
Artículo 13
El artículo 26 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 261. La autorización concedida a la empresa de seguros por la
autoridad competente del Estado miembro de origen podrá ser reti-rada por esta autoridad cuando la empresa:
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses,
renuncie a ella expresamente o cese de ejercer su actividaddurante un período superior a seis meses, a menos que el Estadomiembro haya previsto la caducidad de la autorización en estossupuestos;
b) no cumpla ya las condiciones de acceso:
c) no haya podido llevar a efecto, en el plazo fijado, las medidas
previstas en el plan de saneamiento o en el plan de financiacióncontemplados en el artículo 24;
d) incumpla de manera grave las obligaciones que le incumban en
virtud de la regulación que le sea aplicable.
En caso de revocación o de caducidad de la autorización, la auto-
ridad competente del Estado miembro de origen informará de ello alas autoridades competentes de los restantes Estados miembros, queadoptarán las medidas oportunas para impedir que la empresa inicienuevas operaciones en su territorio, tanto en régimen de derecho deestablecimiento como en régimen de libre prestación de servicios.Asimismo, en colaboración con las mencionadas autoridades, laautoridad competente del Estado miembro de origen adoptará lasmedidas que resulten oportunas para salvaguardar los intereses delos asegurados y, en particular, restringirá la libre disposición de losactivos de la empresa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24,apartado 1, apartado 2, párrafo segundo y apartado 3, párrafosegundo.
2. Toda decisión de revocar una autorización deberá motivarse de
manera precisa y notificarse a la empresa interesada.»
Artículo 14
1. Los Estados miembros establecerán que toda persona física o
jurídica que se proponga tener, directa o indirectamente, en una empresade seguros, una participación cualificada deba informar de ello previa-mente a las autoridades competentes del Estado miembro de origen ycomunicar la cuantía de dicha participación. Cualquier persona física ojurídica deberá asimismo informar a las autoridades competentes delEstado miembro de origen si se propone incrementar su participacióncualificada de tal manera que la proporción de derechos de voto o departicipaciones de capital poseídas por la misma sea igual o superior alos límites del 20 %, 33 % o 50 %, o que la empresa de seguros seconvierta en su filial.
Las autoridades competentes del Estado miembro de origen dispondrán
de un plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha de informaciónprevista en el párrafo primero, para oponerse a dicho proyecto, si, a finde tener en cuenta la necesidad de garantizar una gestión sana yprudente de la empresa de seguros, no se hallaren satisfechas de laidoneidad de la persona contemplada en el párrafo primero. Cuando nohaya oposición, las autoridades podrán fijar un plazo máximo para laejecución del proyecto en cuestión.
2. Los Estados miembros dispondrán que toda persona física o jurí-
dica que se proponga dejar de tener, directa o indirectamente, unaparticipación cualificada en alguna empresa de seguros, deberá informar
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previamente de ello a las autoridades competentes del Estado miembrode origen y comunicar la cuantía prevista de su participación. Cualquierpersona física o jurídica deberá también informar a las autoridadescompetentes si se propone disminuir su participación cualificada de talmanera que la proporción de derechos, de voto o de participaciones decapital poseídas por la misma sea inferior a los límites del 20 %, 33 % o50 %, o que la empresa deje de ser su filial.
3. Las empresas de seguros comunicarán a las autoridades compe-
tentes del Estado miembro de origen, tan pronto como tengan conoci-miento de ello, las adquisiciones o cesiones de participación en sucapital que hagan ascender o descender alguno de los límites contem-plados en los apartados 1 y 2.
Asimismo, comunicarán, al menos una vez al año, la identidad de los
accionistas o socios que posean participaciones cualificadas, así como lacuantía de dichas participaciones, tal como resulte, en particular, de losdatos obtenidos en la junta general anual de accionistas o socios, o de lainformación recibida en virtud de la obligación a que están sujetas lassociedades admitidas a negociación en una bolsa de valores.
4. Los Estados miembros dispondrán que, cuando las personas a las
que se refiere el apartado 1 ejerzan su influencia de manera tal que vayaen detrimento de una gestión prudente y sana de la empresa de seguros,las autoridades competentes del Estado miembro de origen adopten lasmedidas oportunas para poner fin a dicha situación. Dichas medidaspodrán consistir, en particular, en requerimientos, sanciones a los direc-tivos o la suspensión del ejercicio de los derechos de voto correspon-dientes a las acciones o participaciones que posean los accionistas osocios en cuestión.
Medidas similares se aplicarán a las personas físicas o jurídicas que
incumplan la obligación de proporcionar información previa, tal comodispone el apartado 1. En el caso de que se adquiera una participación apesar de la oposición de las autoridades competentes, los Estados miem-bros, con independencia de cualquier otra sanción que pueda imponerse,dispondrán, bien la suspensión del ejercicio de los correspondientesderechos de voto, bien la nulidad de los votos emitidos o la posibilidadde anularlos.
Artículo 15
1. Los Estados miembros establecerán que todas las personas que
ejerzan o hayan ejercido una actividad para las autoridades competentes,así como los auditores o expertos encargados por las autoridadescompetentes, tengan que guardar el secreto profesional. Este secretoimplica que las informaciones confidenciales que reciban a título profe-sional no podrán ser divulgadas a ninguna persona o autoridad, salvo enforma sumaria o agregada, de manera que las empresas de segurosindividuales no puedan ser identificadas, sin perjuicio de los supuestosregulados por el Derecho penal.
No obstante, cuando se trate de empresas de seguros que se hayan
declarado en quiebra o cuya liquidación forzosa haya sido ordenada porun tribunal, las informaciones confidenciales que no se refieran aterceras partes implicadas en intentos de reflotar la empresa podrán serdivulgadas en el marco de procedimientos civiles o mercantiles.
2. El apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades compe-
tentes de los diferentes Estados miembros procedan a los intercambiosde información previstos en las directivas aplicables a las empresas deseguros. Dichas informaciones estarán sujetas al secreto profesionalcontemplado en el apartado 1.
3. Los Estados miembros sólo podrán celebrar acuerdos de coopera-
ción, con las autoridades competentes de países terceros, que esta-blezcan intercambios de información, en la medida en que las informa-ciones comunicadas queden protegidas por garantías de secreto profe-sional al menos equivalentes a las contempladas en el presente artículo.
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4. La autoridad competente que, en virtud de los apartados 1 o 2,reciba información confidencial podrá solamente utilizarla en el ejer-cicio de sus funciones:
— para el examen de las condiciones de acceso a la actividad de seguro
y para facilitar el control de las condiciones del ejercicio de laactividad, en particular en materia de supervisión de las provisionestécnicas, del margen de solvencia, de la organización administrativay contable y del control interno, o
— para la imposición de sanciones, o— en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la
autoridad competente, o
— en el marco de procedimientos jurisdiccionales entablados en virtud
del artículo 50 o de disposiciones especiales previstas en las direc-tivas adoptadas en el ámbito de las empresas de seguros.
5. Los apartados 1y4n o serán obstáculo para el intercambio de
información, dentro de un mismo Estado miembro, cuando existanvarias autoridades competentes, o entre Estados miembros, entre autori-dades competentes y:
— las autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión
de las entidades de crédito y de las otras instituciones financieras,así como las autoridades encargadas de la supervisión de losmercados financieros,
— los órganos implicados en la liquidación y la quiebra de las
empresas de seguros y otros procedimientos similares, y
— las personas encargadas del control legal de las cuentas de las
empresas de seguros y de las demás entidades financieras,
para el cumplimiento de su misión de vigilancia, así como para la
transmisión, a los órganos encargados de la gestión de procedimientos(obligatorios) de liquidación o de fondos de garantía, de la informaciónnecesaria para el cumplimiento de su función. La información recibidapor dichas autoridades, órganos y personas quedará sujeta al secretoprofesional contemplado en el apartado 1.
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M1
5bis. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros podrán autorizar intercambios de información entre las auto-ridades competentes y
— las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que
participen en la liquidación y quiebra de las empresas de seguros yotros procedimientos similares; o
— las autoridades encargadas de la supervisión de las personas encar-
gadas del control legal de las cuentas de las empresas de seguros, lasentidades de crédito, las empresas de inversión y otras entidadesfinancieras; o
— los actuarios independientes de las empresas de seguros que, en
virtud de la ley, ejerzan una función de control sobre éstas y losórganos encargados de la supervisión de estos actuarios.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de lassiguientes condiciones:
— la información se destinará a la realización de la misión de supervi-
sión o de la función de control establecidas en el párrafo primero;
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1;
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo
podrá divulgarse con el acuerdo expreso de las autoridades compe-tentes que hayan comunicado dicha información y, en su caso,exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan autori-zado.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisió n y a los demás
Estados miembros la identidad de las autoridades, personas u órganosque podrán recibir información con arreglo al presente apartado.
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▼M1
5ter. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros, con el fin de reforzar la estabilidad del sistema financiero,incluida su integridad, podrán autorizar el intercambio de informaciónentre las autoridades competentes y las autoridades y los órganos encar-gados en virtud de la legislación nacional de detectar las infracciones alderecho de sociedades y de investigar dichas infracciones.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de lassiguientes condiciones:
— la información se destinará a la realización de la misión establecida
en el párrafo primero;
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1;
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo
podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridadescompetentes que hayan comunicado dicha información y, en sucaso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayanautorizado.
Cuando, en un Estado miembro, las autoridades y los órganos a que se
refiere el párrafo primero realicen su misión de detección o investiga-ción recurriendo, dada su competencia específica, a personas con unmandato a tal fin que no pertenezcan a la función pública, la posibilidadde intercambiar información prevista en el párrafo primero podráampliarse a estas personas en las condiciones expuestas en el párrafosegundo.
Para la aplicación del último guión del párrafo segundo, las autoridades
y los órganos a que se refiere el párrafo primero comunicarán a lasautoridades competentes que hayan facilitado la información la iden-tidad y el mandato preciso de las personas a las que se transmitirá dichainformación.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisió n y a los demás
Estados miembros la identidad de las autoridades y de los órganos quepodrán recibir información con arreglo al presente apartado.
La Comisión elaborará, antes del 31 de diciembre del año 2000, un
informe sobre la aplicación de las disposiciones del presente apartado.
5quater. Los Estados miembros podrán autorizar a las autoridades
competentes a transmitir:
— a los bancos centrales y organismos de función similar en tanto que
autoridades monetarias y,
— en su caso, a otras autoridades públicas encargadas de la supervisión
de los sistemas de pago,
la información destinada a la realización de su misión y podrán auto-
rizar a dichas autoridades u organismos a comunicar a las autoridadescompetentes la información que precisen a los efectos del apartado 4.La información recogida en este contexto estará sujeta al secreto profe-sional contemplado en el presente artículo.
▼
B
6. Además, no obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 4, losEstados miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales,la comunicación de ciertas informaciones a otros departamentos de susadministraciones centrales responsables de la aplicación de la legisla-ción de supervisión de las entidades de crédito, las entidades finan-cieras, los servicios de inversión y las empresas de seguros, así como alos inspectores designados por dichos departamentos.
No obstante, dichas comunicaciones sólo podrán facilitarse cuando ello
sea necesario por razones de supervisión prudencial.
Sin embargo, los Estados miembros establecerán que las informaciones
recibidas con arreglo a los apartados 2 y 5y las obtenidas por medio delas verificaciones in situ contempladas en el artículo 16 de la Directiva79/267/CEE no puedan en ningún caso ser objeto de las comunicaciones
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contempladas en el presente apartado, salvo acuerdo expreso de la
autoridad competente que haya comunicado las informaciones o de laautoridad competente del Estado miembro en el que se haya efectuadola verificación in situ.
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M1
Artículo 15 bis
1. Los Estados miembros dispondrán, como mínimo que:
a) toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 84/253/CEE (1)
que ejerza en una empresa de seguros la función descrita en elartículo 51 de la Directiva 78/660/CEE (
2), en el artículo 37 de la
Directiva 83/349/CEE o en el artículo 31 de la Directiva 85/611/CEE o cualquier otra función legal tendrá la obligación deseñalar rápidamente a las autoridades competentes cualquier hecho odecisión sobre dicha entidad del que haya tenido conocimiento en elejercicio de dicha función y que pueda:
— constituir una violación del contenido de las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas que establecen lascondiciones de autorización o que regulan de manera específicael ejercicio de la actividad de las empresas de seguros, o
— perjudicar la continuidad de la explotación de la empresa de
seguros, o
— implicar la denegación de la certificación de cuentas o la emisión
de reservas;
b) se impondrá la misma obligación a esa misma persona por lo que
respecta a los hechos y decisiones que llegara a conocer en elcontexto de una función como la descrita en la letra a) ejercida enuna empresa que tenga un vínculo estrecho resultante de un vínculode control con la empresa de seguros en la que esta persona lleve acabo la mencionada función.
2. La divulgación de buena fe de hechos o decisiones mencionados
en el apartado 1 a las autoridades competentes, por parte de las personasautorizadas con arreglo a la Directiva 84/253/CEE, no constituirá viola-ción de las restricciones sobre divulgación de información impuesta porvía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o admi-nistrativa ni implicará para dichas personas ningún tipo de responsabi-lidad.
▼
B
Artículo 16
El artículo 13 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 131. Sin perjuicio de los apartados 3 y 7, ninguna empresa podrá ser
autorizada a la vez con arreglo a la presente Directiva y a laDirectiva 73/239/CEE.
2. No obstante, los Estados miembros podrán establecer que:— las empresas que posean una autorización con arreglo a la
presente Directiva puedan obtener asimismo autorización, deconformidad con el artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE, paralos riesgos mencionados en los punto s1y2d e l Anexo de la
misma Directiva;
— las empresas autorizadas en virtud del artículo 6 de la Directiva
73/239/CEE, exclusivamente para los riesgos contemplados enlos punto s1y2d e l Anexo de dicha Directiva, puedan obtener
una autorización con arreglo a la presente Directiva.
(1)D OnoL 126 de 12. 5. 1984, p. 20.
(2)D OnoL 222 de 14. 8. 1978, p. 11. Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16. 11. 1990, p. 60).
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3. Sin perjuicio del apartado 6, las empresas citadas en el apar-tado 2 y aquellas que en el momento de la notificación de la presenteDirectiva practiquen la acumulación de las dos actividades a que serefieren la presente Directiva y la Directiva 73/239/CEE, podráncontinuar practicándola siempre que adopten una gestión separadapara cada una de tales actividades, de conformidad con el artículo14.
4. Los Estados miembros podrán establecer que las empresas
contempladas en el apartado 2 deban respetar las normas contablesque rigen para las empresas autorizadas con arreglo a la presenteDirectiva para el conjunto de su actividad. Además, los Estadosmiembros podrán establecer, en espera de una coordinación en lamateria, que en lo que se refiere a las reglas de liquidación, lasactividades relativas a los riesgos mencionados en los puntos 1 y 2del Anexo de la Directiva 73/239/CEE ejercidas por las empresascontempladas en el apartado 2, se rijan igualmente por las reglasaplicables a las actividades del seguro de vida.
5. Cuando una empresa que ejerza las actividades contempladas
en el Anexo de la Directiva 73/239/CEE tenga relaciones finan-cieras, comerciales o administrativas con una empresa que ejerza lasactividades a que se refiere la presente Directiva, las autoridadescompetentes de los Estados miembros en cuyo territorio esté situadoel domcilio social de dichas empresas velarán para que sus cuentasno sean falseadas mediante acuerdos celebrados entre ellas, omediante cualquier arreglo capaz de influir en la distribución degastos e ingresos.
6. Cualquier Estado miembro podrá imponer a las empresas cuyo
domicilio social esté situado en su territorio la obligación de ponerfin, en los plazos que determine, a la acumulación de las actividadesque practiquen en el momento de la notificación de la presenteDirectiva.
7. Las disposiciones del presente artículo serán examinadas de
nuevo sobre la base de un informe de la Comisión al Consejo a laluz de la futura armonización de las reglas de liquidación y, encualquier caso, antes del 31 de diciembre de 1999.»
Artículo 17
Quedan suprimidos el artículo 35de la Directiva 79/267/CEE y el
artículo 18 de la Directiva 90/619/CEE.
Capítulo 2
Artículo 18
El artículo 17 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 171. El Estado miembro de origen impondrá a cada empresa de
seguros la obligación de constituir provisiones técnicas suficientes,incluidas las provisiones matemáticas, para el conjunto de sus activi-dades.
La cuantía de dichas provisiones se determinará con arreglo a los
principios siguientes:
A. i) Las provisiones técnicas del seguro de vida deberán calcu-
larse con arreglo a un método actuarial prospectivo suficien-temente prudente, teniendo en cuenta todas las obligacionesfuturas conforme a las condiciones establecidas para cadacontrato en curso, y en particular:
— todas las prestaciones garantizadas, incluidos los valores
de rescate garantizados;
— las participaciones en los beneficios adquiridos a que
tengan derecho los asegurados colectiva o individual-mente, con independencia de la calificación de dichasparticipaciones: devengadas, declaradas o asignadas;
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— todas las opciones a las que el asegurado tenga derecho
según las condiciones del contrato;
— los gastos de la empresa, incluidas las comisiones;
para lo cual se tendrán en cuenta las primas futuras por
cobrar.
ii) Podrá utilizarse un método retrospectivo cuando pueda
demostrarse que las provisiones técnicas obtenidas en base almismo no son inferiores a las resultantes de un métodoprospectivo suficientemente prudente, o cuando no puedautilizarse un método prospectivo para el tipo de contratoconsiderado.
iii) Un cálculo prudente no significa un cálculo basado en las
hipótesis consideradas más probables, sino un cálculo quetenga en cuenta un margen razonable de desviaciones desfa-vorables de los diferentes factores en juego.
iv) El método de cálculo de las provisiones técnicas no sólo
deberá ser prudente en sí mismo, sino igualmente cuando setenga en cuenta el método de cálculo de los activos represen-tantes de dichas provisiones.
v) Las provisiones técnicas deberán ser calculadas separada-
mente para cada contrato. No obstante, se podrán utilizaraproximaciones razonables o generalizaciones siempre quesea posible suponer que darán aproximadamente los mismosresultados que en los cálculos individuales. El principio decálculo individual no impedirá que se constituyan provi-siones suplementarias para riesgos generales no individuali-zados.
vi) Cuando el valor de rescate de un contrato esté garantizado, el
importe de las provisiones matemáticas para dicho contratodeberá ser, en todo momento, al menos igual al valor garanti-zado en el mismo momento.
B. El tipo de interés utilizado deberá elegirse prudentemente. Se
determinará según las reglas de la autoridad competente delEstado miembro de origen, en aplicación de los principiossiguientes:
a) Para todos los contratos, la autoridad competente del Estado
miembro de origen de la empresa fijará el tipo o tiposmáximos de interés, en particular según las reglas siguientes:
i) Cuando los contratos comprendan una garantía de tipo de
interés, la autoridad competente del Estado miembro deorigen de la empresa fijará un tipo de interés máximoúnico. Este tipo podrá ser diferente según la divisa en quese haya denominado el contrato, siempre que no sea supe-rior al 60 % del tipo de interés de los empréstitos materia-lizados en obligaciones del Estado en cuya divisa se hayadenominado el contrato. Cuando se trate de un contrato enecus, este límite se fijará con referencia a los empréstitosen obligaciones de las instituciones comunitarias expre-sados en ecus.
Si, en aplicación de la segunda frase del párrafo prece-
dente, el Estado miembro decidiera fijar un tipo de interésmáximo para los contratos denominados en una divisa deun Estado miembro, consultará previamente a la autoridadcompetente del Estado miembro en cuya divisa esté deno-minado el contrato.
ii) No obstante, cuando los activos de la empresa no sean
evaluados a su valor de adquisición, un Estado miembropodrá disponer que el tipo o los tipos máximos puedancalcularse teniendo en cuenta el rendimiento de los activoscorrespondientes actualmente en cartera, disminuido de unmargen prudencial y, en particular para los contratos aprima periódica, tomando además en cuenta el rendi-miento anticipado de los activos futuros. El margenprudencial y el tipo o los tipos de interés que se apliquenal rendimiento anticipado de los activos futuros serán
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fijados por la autoridad competente del Estado miembrode origen.
b) La fijación de un tipo de interés máximo no implicará que la
empresa esté obligada a utilizar un tipo tan elevado.
c) El Estado miembro de origen podrá decidir que no se aplique
la letra a) para las categorías de contratos siguientes:
— contratos en unidades de cuenta,
— contratos a prima única de una duración máxima de ocho
años,
— contratos sin participación en beneficios, así como
contratos de renta sin valor de rescate.
En los casos contemplados en los dos últimos guiones del
párrafo primero, se podrá tener en cuenta, al elegir un tipo deinterés prudencial, la moneda en que esté denominado elcontrato, los activos correspondientes actualmente en carteray, en caso de que los activos de la empresa se evalúen a suvalor actual, el rendimiento anticipado de los activos futuros.
El tipo de interés utilizado no podrá ser en ningún caso
superior al rendimiento de los activos, calculado según lasreglas relativas a la confección del balance del Estadomiembro de origen, tras una deducción adecuada.
d) El Estado miembro exigirá que la empresa constituya en sus
cuentas una provisión destinada a hacer frente a los compro-misos derivados del tipo de interés garantizado a los asegu-rados, cuando el rendimiento actual o previsible del activo dela empresa no sea suficiente para cubrir dichos compromisos.
e) Los tipos máximos fijados en aplicación de la letra a) serán
notificados anualmente a la Comisión, así como a las autori-dades competentes de los Estados miembros que lo soliciten.
C. Los elementos estadísticos del cálculo y los relativos a los gastos
deberán ser elegidos prudentemente teniendo en cuenta el Estadomiembro del compromiso, el tipo de póliza, así como los gastosde administración y las comisiones previstos.
D. En los contratos con participación en los beneficios, el método
de cálculo de las provisiones técnicas podrá tener en cuenta,implícita o explícitamente, las participaciones de toda clase enlos beneficios futuros, de manera coherente con las demás hipó-tesis utilizadas sobre la evolución futura y con el método actualde participación en los beneficios.
E. La provisión para gastos futuros podrá ser implícita, por ejemplo
teniendo en cuenta las primas futuras netas de gastos de gestión.Sin embargo, la provisión total, implícita o explícita, no podráser inferior a la que un cálculo prudente habría determinado.
F. El método de cálculo de las provisiones técnicas no deberá
cambiar de un año a otro de forma discontinua como conse-cuencia de cambios arbitrarios en el método o en los elementosde cálculo y deberá ser tal que la participación en los beneficiossea calculada de una manera razonable durante la duración delcontrato.
2. La empresa de seguros deberá poner a disposición del público
las bases y los métodos utilizados para el cálculo de las provisionestécnicas, incluida la provisión para participaciones en los beneficios.
3. El Estado miembro de origen exigirá a cada empresa de
seguros que sus provisiones técnicas relativas al conjunto de susactividades estén representadas por activos congruentes, de confor-midad con el artículo 24 de la Directiva 92/96/CEE. Para las activi-dades ejercidas en la Comunidad, dichos activos deberán estar locali-zados en ésta. Los Estados miembros no exigirán a las empresas deseguros que sitúen sus activos en un Estado miembro determinado.El Estado miembro de origen podrá permitir, no obstante, una ciertaflexibilidad de las reglas relativas a la localización de los activos.
4. Si el Estado miembro de origen admite la representación de las
provisiones técnicas con créditos frente a los reaseguradores, fijará el
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porcentaje admitido. En ese caso, no podrá exigir la localización de
dichos créditos.»
Artículo 19
Las primas para las nuevas operaciones deberán ser suficientes, según
hipótesis actuariales razonables, para permitir a la empresa de segurossatisfacer el conjunto de sus compromisos, y en particular constituir lasprovisiones técnicas adecuadas.
A tal efecto, se podrán tener en cuenta todos los aspectos de la situación
financiera de la empresa de seguros, sin que la aportación de recursosajenos a estas primas y a sus productos tenga un carácter sistemático ypermanente que pudiera poner en peligro en el tiempo la solvencia dedicha empresa.
Artículo 20
Los activos representativos de las provisiones técnicas deberán tener en
cuenta el tipo de operaciones efectuadas por la empresa a fin de garan-tizar la seguridad, el rendimiento y la liquidez de las inversiones de laempresa, que velará por una diversificación y una dispersión adecuadade dichas inversiones.
Artículo 21
1. El Estado miembro de origen no podrá autorizar a las empresas de
seguros que representen sus provisiones técnicas más que con lassiguientes categorías de activos:
A.Inversiones
a) bonos, obligaciones y otros instrumentos del mercado monetario y
de capitales;
b) préstamos;
c) acciones y otras participaciones de renta variable;
d) participaciones en organismos de inversión colectiva en valores
mobiliarios y otros fondos de inversión;
e) terrenos y construcciones, así como derechos reales inmobiliarios;
B.Créditos
f) créditos frente a los reaseguradores, incluida la parte de los reasegu-
radores en las provisiones técnicas;
g) depósitos en empresas cedentes, créditos frente a éstas;h) créditos frente a los tomadores de seguros e intermediarios surgidos
de operaciones de seguro directo y reaseguro;
i) anticipos sobre pólizas;j) créditos de impuestos;
k) créditos contra fondos de garantía;
C.Otros activos
l) inmovilizado material, que no se trate de terrenos ni construcciones,
sobre la base de una amortización prudente;
m) haberes en bancos y en caja; depósitos en establecimientos de
crédito y en cualquier otro organismo autorizado para recibir depó-sitos;
n) gastos de adquisición diferidos;o) intereses y rentas devengados no vencidos y otras cuentas de regula-
rización;
p) intereses reversibles.
Para la asociación de suscriptores denominada «Lloyd’s», las categorías
de activos incluyen tambiém las garantías y las letras de créditoemitidas por entidades de crédito con arreglo a la Directiva 77/
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780/CEE (1) o por empresas de seguros, así como las cantidades que
pueden ser verificadas procedentes de pólizas de seguros de vida, en lamedida en que representen fondos pertenecientes a los miembros.
La inclusión de un activo o de una categoría de activos en la lista que
figura en el párrafo primero no significa que todos esos activos debanser autorizados automáticamente para cobertura de las provisionestécnicas. El Estado miembro de origen establecerá normas más deta-lladas que fijen las condiciones de utilización de los activos admisibles.Para ello podrá exigir garantías reales u otras garantías, en particularpara los créditos frente a los reaseguradores.
Para la determinación y aplicación de las reglas que establezca, el
Estado miembro de origen velará en particular para que se respeten lossigiuentes principios:
i) los activos representativos de las provisiones técnicas se evaluarán
netos de las deudas contraídas para la adquisición de esos mismosactivos;
ii) todos los activos deberán evaluarse sobre una base prudente,
teniendo en cuenta el riesgo de no realización. En particular, losinmovilizados materiales, que no sean terrenos ni construcciones,sólo serán admitidos como cobertura de las provisiones técnicas sise evalúan sobre la base de una amortización prudente;
iii) los préstamos, tanto si están concedidos a empresas, como a un
Estado, a una institución internacional, a una administración localo regional o a personas físicas, sólo serán admisibles como cober-tura de las provisiones técnicas si ofrecen garantías suficientesrespecto a su seguridad, tanto si dichas garantías se basan en lacalidad del prestatario, como en hipotecas, garantías bancarias ogarantías acordadas por empresas de seguro o en otras forma deseguridad;
iv) los instrumentos derivados tales como opciones, futuros y swaps
relacionados con activos representativos de las provisionestécnicas podrán utilizarse en la medida en que contribuyan areducir el riesgo de inversión o permitan una gestión eficaz de lacartera. Estos instrumentos deberán evaluarse sobre una baseprudente y podrán tenerse en cuenta en la evaluación de losactivos subyacentes;
v) los valores mobiliarios que no sean negociados en un mercado
regulado solamente serán admitidos como cobertura de las provi-siones técnicas en la medida en que sean realizables a corto plazoo cuando se trate de títulos de participación en entidades decréditos, en empresas de seguros, en la medida permitida por elartículo 8 de la Directiva 79/267/CEE, y en empresas de inversiónestablecidas en un Estado miebro;
vi) los créditos frente a terceros sólo admitidos en representación de
las provisiones técnicas previa deducción de las deudas correspon-dientes hacia ese mismo tercero;
vii) el importe de los créditos admitidos en representación de las
provisiones técnicas deberá calcularse sobre una base prudente,teniendo en cuenta el riesgo de no realización. En particular, loscréditos contra los tomadores de seguro y los intermediariossurgidos de operaciones en seguro directo y de reaseguro seránautorizados únicamente en la medida en que sólo sean efectiva-mente exigibles en un plazo máximo de tres meses;
viii) cuando se trate de activos que representen una inversión en una
empresa filial que, por cuenta de la empresa de seguro, gestione latotalidad o una parte de las inversiones de la empresa de seguro, elEstado miembro de origen tomará en cuenta para la aplicación delas reglas y de los principios mencionados en el presente artículo,
(1) Primera Directiva 77/780/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977,
sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-nistrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito ya su ejercicio (DO n
oL 332 de 17. 12. 1977, p. 30). Directiva modificada
en último lugar por la Directiva 89/646/CEE (DO noL 386 de 30. 12.
1989, p. 1).
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los activos subyacentes detentados por la empresa filial; el Estadomiembro de origen podrá aplicar el mismo trato a los activos deotras filiales;
ix) los gastos de adquisición diferidos sólo serán admitidos como
cobertura de las provisiones técnicas si ello resulta coherente conlos métodos de cálculo de las provisiones matemáticas.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en circunstancias excep-
cionales y a petición de la empresa de seguros, el Estado miembro deorigen podrá autorizar, para un período limitado y mediante decisióndebidamente motivada, otras categorías de activos como cobertura delas provisiones técnicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20.
Artículo 22
1. El Estado miembro de origen exigirá a cada empresa, en lo rela-
tivo a los activos representativos de sus provisiones técnicas, que éstano invierta más de:
a) 10 % del total de sus provisiones técnicas brutas en un terreno o en
una construcción o en varios terrenos o construcciones suficiente-mente próximos para que puedan considerarse de hecho como unaúnica inversión;
b) 5% del total de sus proviones técnicas brutas en acciones y otros
valores negociables asimilables a las acciones, en bonos, obliga-ciones y otros instrumentos del mercado monetario y de capitales deuna misma empresa o en préstamos concedidos al mismo prestatario,considerados en su conjunto, siendo los préstamos distintos de losconcedidos a una autoridad estatal, regional o local o a una organiza-ción internacional en la que participen uno o varios Estados miem-bros. Este límite podrá aumentarse al 10 % si la empresa no inviertemás del 40 % de sus provisiones técnicas brutas en préstamos otítulos correspondientes a emisores y a prestatarios en los cualescoloque más del 5% de sus activos;
c) 5% del importe total de sus provisiones técnicas brutas en préstamos
no garantizados, de los cuales el 1 % por un solo préstamos nogarantizado, distintos de los préstamos concedidos a las entidades decrédito, a las empresas de seguros, en la medida permitida por elartículo 8 de la Directiva 79/267/CEE, y a las empresas de inver-siones establecidos en un Estado miembro. Dichos límites podránelevarse a 8 % y 2 %, respectivamente, a raíz de una decisión queadopte la autoridad competente del Estado miembro de origen paracada caso;
d) 3 % del importe total de las provisiones técnicas brutas en caja;
e) 10 % del importe total de las provisiones técnicas brutas en acciones,
otros títulos asimilables a las acciones, y obligaciones, que no senegocien en un mercado regulado.
2. La ausencia de limitación en el apartado 1 a la inversión en una
categoría de activos determinada no se entenderá en el sentido de quelos activos incluidos en dicha categoría deban admitirse sin limitaciónpara la representación de las provisiones técnicas. El Estado miembrode origen establecerá reglas más detalladas que fijen las condiciones deutilización de los activos admisibles. Dicho Estado miembro velará enparticular para que, en el momento de determinar y de aplicar dichasreglas, se respeten los principios siguientes:
i) los activos representantivos de la provisiones técnicas deberán estar
lo suficientemente diversificados y dispersos para garantizar que noexiste dependencia excesiva de una categoría de activos determi-nados, de un sector de inversión particular o de una inversiónparticular;
ii) las inversiones en activo que presenten un nivel elevado de riesgo,
ya sea debido a su naturaleza o a la calidad del emisor, deberánlimitarse a niveles prudentes;
iii) las limitaciones a categorías particulares de activos tendrán en
cuenta el trato concedido al reaseguro para el cálculo de las provi-siones técnicas;
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iv) cuando se trate de activos que representen una inversión en una
empresa filial que, por cuenta de la empresa de seguros, gestione latotalidad o una parte de las inversiones de dicha empresa deseguros, el Estado miembro de origen tendrá en cuenta, para laaplicación de las reglas y de los principios enunciados en elpresente artículo, los activos subyacentes en posesión de la empresafilial; el Estado miembro de origen podrá aplicar el mismo trato alos activos en posesión de otras filiales;
v) se deberá a un nivel prudente el porcentaje de los activos represen-
tativos de las provisiones técnicas que sean objeto de inversiones nolíquidas;
vi) cuando los activos incluyan préstamos a determinadas entidades de
crédito u obligaciones emitidas por determinadas entidades decrédito, el Estado miembro de origen podrá tener en cuenta, para laaplicación de las reglas y de los principios contenidos en el presenteartículo, los activos subyacentes en posesión de dichas entidades decréditos. No se podrá aplicar este trato sino en la medida en que laentidad de crédito tenga su domicilio social en uno de los Estadosmiembros, sea propiedad exclusiva del Estado miembro en cuestióny/o de sus autoridades locales y cuando sus actividades, de confor-midad con sus estatutos, consistan en la concesión, por su interme-diario, de préstamos al Estado miembr o o a las autoridades locales o
de préstamos garantizados por estos últimos o incluso de préstamosa organismos estrechamente vinculados al Estado miembro o a lasautoridades locales.
3. En el marco de las reglas detalladas por las que se fijen las
condiciones de utilización de los activos admisibles, el Estado miembrotratará de forma más limitativa:
— los préstamos que no estén acompañados de una garantía bancaria,
de una garantía concedida por empresas de seguros, de una hipotecao de cualquier otra forma de seguridad, respecto a los préstamos quesí lo están:
— los OICVM que no estén coordinados de conformidad con la Direc-
tiva 85/611/CEE (
1) y cualquier otro fondo de inversión, en relación
con los OICVM coordinados de conformidad con la misma Direc-tiva;
— los títulos no negociables en un mercado regulado en relación con
aquellos que lo sean;
— los bonos, obligaciones y cualquier otro instrumento del mercado
monetario y de capitales cuyos emisores no sean Estados, una de susadministraciones regionales o locales o empresas que pertenezcan ala zona A de conformidad con la Directiva 89/647/CEE (
2) o cuyos
emisores sean organizaciones internacionales a las que no perte-nezca un Estado miembro de la Comunidad, en relación con losmismos instrumentos financieros cuyos emisores presenten dichascaracterísticas.
4. Los Estados miembros podrán elevar el límite contemplado en la
letra b) del apartado 1 hasta el 40 % para determinadas obligaciones,cuando sean emitidas por una entidad de crédito con domicilio social enun Estado miembro y sujeta, en virtud de una ley, a un control públicoparticular destinado a proteger a los poseedores de dichas obligaciones.En particular, las sumas procedentes de la emisión de dichas obliga-ciones deberán invertirse, conforme a la ley, en activos que cubran demanera suficiente, durante todo el período de validez de las obliga-ciones, los compromisos derivados de ellas y que se asignan por privi-
(1) Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la
que se coordinan las disposiciones legales reglamentarias y administrativassobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobilia-rios (OICVM) (DO n
oL 375de 31. 12. 1985 , p. 3). Directiva modificada
por la Directiva 88/220/CEE (DO noL 100 de 19. 4. 1988, p. 31)
(2) Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre el
coeficiente de solvencia de las entidades de crédito (DO noL 386 de 30.
12. 1989, p. 14).
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legio al reembolso del capital y al pago de los intereses corridos en casode incumplimiento del emisor.
5. Los Estados miembros no podrán exigir a las empresas de seguros
que inviertan en determinadas categorías de activos.
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en circunstancias excep-
cionales, y a instancia de la empresa de seguros, el Estado miembro deorigen podrá autorizar, por un período limitado y mediante decisióndebidamente motivada, excepciones a las reglas establecidas en lasletras a) a e) del apartado 1, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo20.
Artículo 23
1. Cuando las prestaciones estipuladas en un contrato estén directa-
mente vinculadas al valor de las participaciones en un OICVM o alvalor de los activos contenidos en un fondo interno en posesión de laempresa de seguros, generalmente dividido en partes, las provisionestécnicas correspondientes a dichas prestaciones deberán estar represen-tadas lo más estrechamente posible por dichas partes o, si éstas no sehubieren determinado, por dichos activos.
2. Cuando las prestaciones estipuladas en un contrato estén directa-
mente vinculadas a un índice de acciones o a un valor de referenciadistinto de los valores contemplados en el apartado 1, las provisionestécnicas respecto de dichas prestaciones deberán estar representadas lomás estrechamente posible por las partes que se considere que repre-sentan el valor de referencia o, en el caso en que las partes no sehubieran determinado, por activos de una seguridad y de una negociabi-lidad adecuadas que correspondan lo más estrechamente posible a aqué-llos sobre los que se fundamenta el valor de referencia particular.
3. Los artículos 20 y 22 no se aplicarán a los activos que se posean
para representar a compromisos que estén directamente vinculados a lasprestaciones contempladas en los apartados 1 y 2. Cualquier referencia alas provisiones técnicas contempladas en al artículo 22 designa lasprovisiones técnicas con exclusión de las relativas a este tipo decompromisos.
4. Cuando las prestaciones a que se refieren los apartados 1 y 2
incluyan una garantía de resultado de la inversión o cualquier otraprestación garantizada, las provisiones técnicas adicionales correspon-dientes estarán sujetas a las disposiciones de los artículos 20, 21 y 22.
Artículo 24
1. A efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 17 y del
artículo 28 de la Directiva 79/267/CEE, los Estados miembros obser-varán el Anexo I de la presente Directiva en lo que respecta a las reglasde congruencia.
2. El presente artículo no se aplicará a los compromisos a que se
refiere el artículo 23 de la presente Directiva.
Artículo 25
El punto 1 del párrafo segundo del artículo 18 de la Directiva 79/
267/CEE se sustituye por el texto siguiente:
«1. Por el patrimonio de la empresa, libre de todo compromiso
previsible, con deducción de los elementos inmateriales. Dichopatrimonio comprenderá, en particular:
— el capital social desembolsado o, si se trata de mutuas, el
fondo inicial efectivo desembolsado, al que se sumarán lascuentas de los socios que cumplan el conjunto de los crite-rios siguientes:
a) que los estatutos establezcan que sólo podrán realizarse
pagos a partir de dichas cuentas a favor de los miembrossi esto no da como resultado un descenso del margen desolvencia por debajo del nivel exigido o, tras la disolu-
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ción de la empresa, si todas las demás deudas de la
empresa se han pagado;
b) que los estatutos establezcan, en lo relativo a todos los
pagos efectuados con fines distintos a la rescisión indivi-dual de la afiliación, que éstos se notifiquen a la auto-ridad competente al menos con un mes de antelación yque ésta pueda, durante dicho plazo, prohibir el pago;
c) que las disposiciones pertinentes de los estatutos sólo
puedan modificarse previa declaración de la autoridadcompetente de que no se opone a la modificación sinperjuicio de los criterios enumerados en las letras a) y b);
— la mitad de la fracción no desembolsada del capital social o
del fondo inicial, cuando la parte desembolsada alcance el25% de dicho capital o fondo;
— las reservas (legales o libres) que no estén adscritas al
cumplimiento de los compromisos;
— los beneficios acumulados;— podrán incluirse las acciones acumulativas preferentes y los
préstamos subordinados, pero únicamente hasta un límitemáximo del 50 % del margen, de los cuales un 25 % comomáximo comprenda préstamos subordinados a plazo fijo oacciones acumulativas preferentes de duración determinada,siempre y cuando se cumplan al menos los criteriossiguientes:
a) que exista acuerdo vinculante en virtud del cual, en caso
de quiebra o liquidación de la empresa de seguros, lospréstamos subordinados o las acciones preferentes tenganun rango inferior al de los créditos de todos los demásacreedores y no sea reembolsado hasta tanto no se hayanpagado todas las restantes deudas pendientes en esemomento;
además, los préstamos subordinados deberán cumplir los
siguientes requisitos:
b) que únicamente se tomen en consideración los fondos
efectivamente desembolsados;
c) para los préstamos a plazo fijo, que el vencimiento inicial
sea de cinco años como mínimo. A más tardar un añoantes del vencimiento, la empresa de seguros someterá ala aprobación de las autoridades competentes un planindicando cómo el margen de solvencia será mantenido yreconducido al nivel deseado en la fecha de vencimiento,a menos que la cuantía hasta la cual los préstamentossubordinados pueden incluirse en los componentes delmargen de solvencia no sea objeto de una reducciónprogresiva durante al menos los últimos cinco años ante-riores a la fecha de vencimiento. Las autoridades compe-tentes podrán autorizar el reembolso anticipado de talespréstamos siempre que la solicitud haya sido hecha por laempresa de seguros emisora y que su margen desolvencia no se sitúe por debajo del nivel requerido;
d) para los préstamos para los que no se haya fijado el
vencimiento de la deuda no serán reembolsables más quemediante un preaviso de cinco años, salvo en el caso deque hayan dejado de considerarse como un competentedel margen de solvencia o cuando, para su reembolsoanticipado, se exija expresamente la autorización previade las autoridades competentes. En este último caso, laempresa de seguros informará a las autoridades compe-tentes al menos seis meses antes de la fecha del reem-bolso propuesto, con indicación del margen de solvenciaefectivo y requerido antes y después de dicho reembolso.Las autoridades competentes autorizarán el reembolsosiempre y cuando no exista riesgo de que el margen desolvencia se sitúe por debajo del nivel requerido;
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e) que el contrato de préstamo no incluya cláusulas que
prevean que, en determinadas circunstancias que no seanla liquidación de la empresa de seguros, la deuda deberáreembolsarse antes de la fecha de reembolso acordada;
f) que el contrato de préstamo sólo se pueda modificar una
vez que las autoridades competentes hayan declarado queno se oponen a la modificación:
— títulos de duración indeterminada y otros instrumentos que
cumplan las condiciones siguientes, incluidas las accionesacumulativas preferentes distintas de las mecionadas en elguión precedente, hasta un 50 % del margen para el total dedichos títulos y de los préstamos subordinados mencionadosen el guión precedente:
a) no podrán reembolsarse por iniciativa del portador o sin
el acuerdo previo de la autoridad competente;
b) el contrato de emisión deberá dar a la empresa de seguros
la posibilidad de diferir el pago de los intereses delpréstamo;
c) los créditos del prestamista sobre la empresa de seguros
deberán estar enteramente subordinados a los de todos losacreedores no subordinados;
d) los documentos que regulan la emisión de títulos deberán
prever la capacidad de la deuda y de los intereses nodesembolsados para absorber las pérdidas, a la vez quepermitan a la empresa de seguros continuar sus activi-dades;
e) sólo se tendrán en cuenta los importes efectivamente
desembolsados.»
Artículo 26
A más tardar tres años después de la puesta en aplicación de la presente
Directiva, la Comisión presentará al Comité de seguros un informesobre la necesidad de una armonización ulterior del margen desolvencia.
Artículo 27
El artículo 21 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 211. Los Estados miembros no establecerán regla alguna en lo que
se refiere a la elección de los activos que superen aquellos querepresenten las provisiones técnicas contempladas en el artículo 17.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 17,
en los apartados 1, 2 ,3y5d e l artículo 24 y en el párrafo segundo
del apartado 1 del artículo 26, los Estados miembros no restringiránla libre disposición de los activos mobiliarios o inmobiliarios queformen parte del patrimonio de las empresas de seguros autorizadas.
3. Los apartados 1y2n o constituirán un obstáculo para las
medidas que los Estados miembros, al mismo tiempo que salva-guardan los intereses de los asegurados, estén autorizados a adoptaren su calidad de propietarios o socios de las empresas en cuestión.»
Capítulo 3
Artículo 28
El Estado miembro del compromiso no podrá impedir que el tomador
del seguro suscriba un contrato celebrado con una empresa de segurosautorizada en las condiciones enunciadas en el artículo 6 de la Directiva79/267/CEE, siempre que no contravenga las disposiciones legales deinterés generales vigentes en el Estado miembro del compromiso.
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Artículo 29
Los Estados miembros no establecerán disposiciones por las cuales se
requiera la aprobación previa o la comunicación sistemática de lascondiciones generales y especiales de las pólizas de seguro, de lastarifas, de las bases técnicas, utilizadas en particular para el cálculo delas tarifas y de las provisiones técnicas, de los formularios y demásimpresos que la empresa de seguros se proponga utilizar en sus rela-ciones con los tomadores de seguros.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero y con el solo fin de
controlar el cumplimiento de las disposiciones nacionales relativas a losprincipios actuariales, el Estado miembro de origen podrá exigir lacomunicación sistemática de las bases técnicas utilizadas para el cálculode las tarifas y de las provisiones técnicas, sin que dicha exigenciapueda constituir para la empresa una condición previa al ejercicio de suactividad.
A más tardar cinco años después de la fecha de puesta en aplicación de
la presente Directiva, la Comisión presentará al Consejo un informesobre la aplicación de estas disposiciones.
Artículo 30
1. En el párrafo primero del apartado 1 del artículo 15de la Directiva
90/619/CEE se suprimirán las palabras «suscrito en uno de los casoscontemplados en el título III».
2. El apartado 2 del artículo 15de la Directiva 90/619/CEE se
sustituye por el texto siguiente: «2. Los Estados miembros podrán noaplicar las disposiciones del apartado 1 a los contratos de una duraciónigual o inferior a seis meses, ni cuando en razón de la situación deltomador de seguro o de las condiciones en las cuales se celebra elcontrato, el tomador no necesite beneficiarse de esta protección espe-cial. Los Estados miembros especificarán en su legislación los casos enlos que el apartado 1 no será aplicable.»
Artículo 31
1. Antes de la celebración del contrato de seguro, deberán haberse
comunicado al tomador, como mínimo, las informaciones enumeradasen el punto A del Anexo II.
2. El tomador de seguro deberá ser informado, durante todo el
período de vigencia del contrato, de cualquier modificación relativa alas informaciones enumeradas en el punto B del Anexo II.
3. El Estado miembro del compromiso no podrá exigir de las
empresas de seguros que faciliten informaciones suplementarias a lasenumeradas en el Anexo II más que si tales informaciones resultannecesarias para la comprensión efectiva por parte del tomador de loselementos esenciales del compromiso.
4. Las normas de desarrollo del presente artículo y del Anexo II
serán adoptadas por el Estado miembro del compromiso.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES SOBRE LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y
LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Artículo 32
El artículo 10 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 101. Toda empresa de seguros que se proponga establecer una
sucursal en el territorio de otro Estado miembro lo notificará a laautoridad competente del Estado miembro de origen.
2. Los Estados miembros exigirán que la empresa de seguros que
se proponga establecer una sucursal en otro Estado miembro
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presente, junto con la notificación a que se refiere el apartado 1, lasiguiente información:
a) el nombre del Estado miembro en cuyo territorio se propone
establecer la sucursal;
b) su programa de actividades, en el que se indicarán, en particular,
el tipo de operaciones previstas y la estructura orgánica de lasucursal;
c) la dirección en el Estado miembro de la sucursal en la que
pueden reclamarle y entregarle los documentos, dándose porsupuesto que tal dirección será la misma a la que se remitirán lascomunicaciones dirigidas al apoderado general;
d) el nombre del apoderado general de la sucursal, que deberá estar
dotado de poderes suficientes para obligar a la empresa frente aterceros y para representarla ante las autoridades y órganos juris-diccionales del Estado miembro de la sucursal. En lo que serefiere a Lloyd’s, un eventual litigio en el Estado miembro de lasucursal derivado de compromisos suscritos no deberá suponerpara los asegurados dificultades mayores que en el caso de loslitigios entre empresas de tipo clásico. A tal fin, entre las facul-tades del apoderado general deberá figurar, en particular, la deintervenir en juicio en calidad de tal con poder de obligar a lossuscriptores interesados de Lloyd’s.
3. A menos que, a la vista del correspondiente proyecto, la auto-
ridad competente del Estado miembro de origen tenga razones paradudar de la idoneidad de las estructuras administrativas, o de lasituación financiera de la empresa de seguros, o de la honorabilidady cualificación o experiencia profesional de los directivos responsa-bles o del apoderado general, dicha autoridad comunicará las infor-maciones contempladas en el apartado 2, en el plazo de tres meses apartir de la fecha de recepción de dicha información, a la autoridadcompetente del Estado miembro de la sucursal, e informará de ello ala empresa de que se trate.
La autoridad competente del Estado miembro de origen certificará,
asimismo, que la empresa de seguros dispone del mínimo delmargen de solvencia calculado con arreglo a lo dispuesto en losartículos 19 y 20.
Cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen se
niegue a comunicar las informaciones contempladas en el apartado 2a la autoridad competente del Estado miembro de la sucursal, deberáponer en conocimiento de la empresa correspondiente, en el plazo delos tres meses siguientes a la recepción de toda la información, lasrazones de dicha negativa. Esta negativa o la falta de respuestapodrán dar lugar a un recurso ante un órgano jurisdiccional delEstado miembro de origen.
4. Antes de que la sucursal de la empresa de seguros comience a
ejercer sus actividades, la autoridad competente del Estado miembrode la sucursal dispondrá de un plazo de dos meses, a partir de larecepción de la comunicación contemplada en el apartado 3, paraindicar a la autoridad competente del Estado miembro de origen, ensu caso, las condiciones en las que, por razones de interés generaldeberán ser ejercidas dichas actividades en el Estado miembro de lasucursal.
5. A partir del momento en que se reciba la comunicación de la
autoridad competente del Estado miembro de la sucursal o, en casode silencio por parte de ésta, a partir de la fecha de vencimiento delplazo previsto en el apartado 4, la sucursal podrá establecerse ycomenzar sus actividades.
6. En caso de modificación del contenido de alguno de los datos
notificados con arreglo a lo dispuesto en las letras b), c) o d) delapartado 2, la empresa de seguros notificará por escrito dicha modi-ficación a las autoridades competentes del Estado miembro de origeny del Estado miembro de la sucursal, al menos un mes antes deefectuar la modificación, a fin de que la autoridad competente delEstado miembro de origen y la autoridad competente del Estado
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miembro de la sucursal puedan cumplir sus respectivos cometidos deconformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4.»
Artículo 33
Queda suprimido el artículo 11 de la Directiva 79/267/CEE.
Artículo 34
El artículo 11 de la Directiva 90/619/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 11Toda empresa que se proponga efectuar por vez primera, en uno o
más Estados miembros, actividades en régimen de libre prestaciónde servicios deberá informar previamente de ello a las autoridadescompetentes del Estado miembro de origen, indicando la naturalezade los compromisos que se proponga cubrir.»
Artículo 35
El artículo 14 de la Directiva 90/619/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 141. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen, en
el plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación prevista enel artículo 11, comunicarán al Estado o a los Estados miembros encuyo territorio se proponga la empresa desarrollar sus actividades enrégimen de libre prestación de servicios:
a) un certificado que indique que la empresa dispone del mínimo
del margen de solvencia, calculado con arreglo a lo dispuesto enlos artículos 19 y 20 de la Directiva 79/267/CEE;
b) los ramos en que la empresa está autorizada a operar;
c) la naturaleza de los compromisos que la empresa se proponga
cubrir en el Estado miembro de la prestación de servicios.
Al mismo tiempo, informarán de ello a dicha empresa.2. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de
origen no comuniquen la información contemplada en el apartado 1en el plazo previsto, deberán poner en conocimiento de la empresa,en ese mismo plazo, las razones de la negativa. Esta negativa podrádar lugar a un recurso ante los órganos jurisdiccionales del Estadomiembro de origen.
3. La empresa podrá iniciar su actividad a partir de la fecha
certificada en que haya sido informada de la comunicación previstaen el párrafo primero del apartado 1.»
Artículo 36
El artículo 17 de la Directiva 90/619/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 17Toda modificación que la empresa se proponga introducir en las
indicaciones contempladas en el artículo 11 estará sujeta al procedi-miento previsto en los artículos 11 y 14.»
Artículo 37
Quedan suprimidos los artículos 10, 12, 13, 16, 22 y 24 de la Directiva
90/619/CEE.
Artículo 38
Las autoridades competentes del Estado miembro de la sucursal o del
Estado miembro de la prestación de servicios podrán exigir que aquellainformación que, con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva,tienen derecho a solicitar en lo relativo a la actividad de las empresas de
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seguros que operen en el territorio de dicho Estado miembro se facilite
en la lengua o lenguas oficiales de éste.
Artículo 39
1. Queda suprimido el artículo 19 de la Directiva 90/619/CEE.2. El Estado miembro de la sucursal o de la prestación de servicios
no establecerá disposiciones que exijan la aprobación previa o la comu-nicación sistemática de las condiciones generales y especiales de laspólizas de seguro, de las tarifas, de las bases técnicas, utilizadas enparticular para el cálculo de las tarifas y de las provisiones técnicas, delos formularios y demás impresos que la empresa se proponga utilizaren sus relaciones con los tomadores de seguros. Con el fin de controlarel cumplimiento de las disposiciones nacionales relativas a los contratosde seguros, sólo podrá exigir a toda empresa que desee realizar en suterritorio actividades de seguro, en régimen de establecimiento o enrégimen de libre prestación de servicios, en su territorio, la comunica-ción no sistemática de dichas condiciones y de los demás impresos quese proponga utilizar, sin que esta exigencia pueda constituir para laempresa un requisito previo al ejercicio de su actividad.
Artículo 40
1. Queda suprimido el artículo 20 de la Directiva 90/619/CEE.2. Toda empresa que efectúe operaciones en régimen de derecho de
establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios deberápresentar a las autoridades competentes del Estado miembro de lasucursal y/o del Estado miembro de la prestación de servicios todos losdocumentos que le sean exigidos para la aplicación del presente artí-culo, en la medida en que dicha obligación se aplique asimismo a lasempresas que tengan su domicilio social en dichos Estados miembros.
3. Si las autoridades competentes de un Estado miembro comprueban
que una empresa que tiene una sucursal o que opera en régimen de libreprestación de servicios en su territorio no respeta las normas jurídicasde este Estado que le son aplicables, dichas autoridades invitarán adicha empresa a que ponga fin a esta situación irregular.
4. Si la empresa en cuestión no adopta las medidas necesarias, las
autoridades competentes del Estado miembro interesado informarán deello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. Estasúltimas adoptarán con la mayor brevedad todas las medidas oportunaspara que la empresa ponga fin a esta situación irregular. La naturalezade dichas medidas será comunicada a las autoridades competentes delEstado miembro interesado.
5. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado miembro de
origen o debido a que estas medidas no resultan adecuadas, o enausencia de tales medidas en dicho Estado miembro, la empresa sigueinfringiendo las normas jurídicas en vigor en el Estado miembro intere-sado, este último podrá adoptar, tras informar de ello a las autoridadescompetentes del Estado miembro de origen, las medidas apropiadas paraprevenir o reprimir nuevas irregularidades y, si fuere absolutamentenecesario, impedir que la empresa siga celebrando nuevos contratos deseguros en su territorio. Los Estados miembros velarán para que seaposible efectuar en su territorio las notificaciones a las empresas deseguros.
6. Los apartados 3 ,4y5n o afectarán a la facultad de los Estados
miembros interesados de adoptar, en casos de urgencia, las medidasapropiadas para prevenir las irregularidades cometidas en su territorio.Ello implicada la posibilidad de impedir que una empresa de segurossiga celebrando nuevos contratos de seguros en su territorio.
7. Los apartados 3 ,4y5n o afectarán a la facultad de los Estados
miembros de sancionar las infracciones en su territorio.
8. Si la empresa que ha cometido la infracción posee un estableci-
miento o bienes en el Estado miembro interesado, las autoridadescompetentes de este último podrán proceder, con arreglo a la legislaciónnacional, a la ejecución de las sanciones administrativas previstas para
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tal infracción, en lo que se refiere a dicho establecimiento o a dichosbienes.
9. Toda medida que se adopte en aplicación de los apartados 4a8y
que implique sanciones o restricciones al ejercicio de la actividad deseguros deberá estar debidamente motivada y se notificará a la empresaafectada.
10. Cada dos años, la Comisión presentará al Comité de seguros un
informe en el que se resuman el número y el tipo de casos en que, encada Estado miembro, se haya registrado una negativa con arreglo alartículo 10 de la Directiva 79/267/CEE o del artículo 14 de la Directiva90/619/CEE, tal y como han sido modificadas por la presente Directiva,o en que se hayan adoptado medidas en virtud de lo dispuesto en elapartado 5del presente artículo. Los Estados miembros cooperarán conla Comisión facilitándole los datos necesarios para la elaboración dedicho informe.
Artículo 41
La presente Directiva no será obstáculo para que las empresas de
seguros con domicilio social en un Estado miembro hagan publicidad desus servicios por todos los medios de comunicación disponibles en elEstado miembro de la sucursal o de prestación de servicios, siempre ycuando se respeten las reglas eventuales que regulen la forma y elcontenido de dicha publicidad, adoptadas por razones de interés general.
Artículo 42
1. Queda suprimido el artículo 21 de la Directiva 90/619/CEE.2. En caso de liquidación de una empresa de seguros, los compro-
misos derivados de los contratos suscritos a través de una sucursal o enrégimen de libre prestación de servicios se ejecutarán de la mismaforma que los compromisos dervidados de los demás contratos deseguros de dicha empresa, sin distinción en cuanto a la nacionalidad delos asegurados y beneficiarios.
Artículo 43
1. Queda suprimido el artículo 23 de la Directiva 90/619/CEE.2. Cada empresa de seguros deberá comunicar a la autoridad compe-
tente del Estado miembro de origen, separadamente para las operacionesrealizadas en régimen de derecho de establecimiento y las realizadas enrégimen de libre prestación de servicios, el importe de las primas, sindeducción del reaseguro, por Estado miembro y por cada grupo de losramos I a IX tal como se definen en el Anexo de la Directiva 79/267/CEE.
La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará, en
un plazo razonable y sobre una base agregada, dicha información a lasautoridades competentes de los Estados miembros interesados que así losoliciten.
Artículo 44
1. Queda suprimido el artículo 25de la Directiva 90/619/CEE.2. Sin prejuicio de una posterior armonización, los contratos de
seguros estarán sujetos exclusivamente a los impuestos indirectos yexacciones parafiscales que graven las primas de seguro en el Estadomiembro del compromiso definido en la letra e) del artículo 2 de laDirectiva 90/619/CEE, así como, en el caso de España, a los recargoslegalmente establecidos en favor del organismo español «Consorcio decompensación de seguros» para sus fines en materia de compensaciónde las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidosen dicho Estado miembro.
La ley aplicable al contrato en virtud del artículo 4 de la Directiva
90/619/CEE no afectará al régimen fiscal aplicable.
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Sin perjuicio de una armonización posterior, los Estados miembrosaplicarán a las empresas que adquieran compromisos en su territorio susdisposiciones nacionales relativas a las medidas destinadas a garantizarla percepción de los impuestos indirectos y las exacciones parafiscalesdebidas en virtud del párrafo primero.
TÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 45
Los Estados miembros podrán conceder a las compañías de seguro cuyo
domicilio social esté situado en su territorio y cuyos terrenos y cons-trucciones representativos de sus provisiones técnicas superen, en elmomento de la notificación de la presente Directiva, el porcentajecontemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo 22, un plazoadicional para que se ajusten a la disposición anterior que expirará, amás tardar, el 31 de diciembre de 1998.
Artículo 46
1. Queda suprimido el artículo 26 de la Directiva 90/619/CEE.2. España y Portugal, hasta el 31 de diciembre de 1995, así como
Grecia, hasta el 31 de diciembre de 1998, disfrutarán del régimentransitorio siguiente para los contratos en los cuales uno de estosEstados miembros sea el Estado miembro del compromiso:
a) No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la
Directiva 79/267/CEE y en los artículos 29 y 39 de la presenteDirectiva, las autoridades competentes de dichos Estados miembrospodrán exigir que se les comuniquen las condiciones generales yespeciales de seguro antes de proceder a su utilización.
b) El importe de las provisiones técnicas correspondientes a los
contratos contemplados en el presente artículo se determinará, bajola supervisión del Estado miembro de que se trate, de acuerdo conlas reglas que dicho Estado haya fijado o, en su defecto, de confor-midad con las prácticas establecidas en el mismo y con lo dispuestoen la presente Directiva. La presentación de dichas provisionesmediante activos equivalentes y congruentes, así como la localiza-ción de dichos activos, se llevarán a cabo bajo la supervisión dedicho Estado miembro y de acuerdo con sus normas o prácticas,adoptadas de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 47
Las adaptaciones técnicas siguientes que hayan de efectuarse en las
Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE, así como en la presente Direc-tiva, se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en la Direc-tiva 91/675/CEE:
— ampliación de las formas jurídicas previstas en la letra a) del apar-
tado 1 del artículo 8 de la Directiva 79/267/CEE;
— modificaciones de la lista contemplada en el Anexo de la Directiva
79/267/CEE, adaptación de la terminología de dicha lista para teneren cuenta la evolución de los mercados de seguros;
— clarificación de los elementos constitutivos del margen de solvencia,
enumerados en el artículo 18 de la Directiva 79/267/CEE, para teneren cuenta la creación de nuevos instrumentos financieros;
— modificación de la cuantía mínima del fondo de garantía, previsto en
el apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 79/267/CEE, para teneren cuenta la evolución económica y financiera;
— modificación, destinada a tener en cuenta la creación de nuevos
instrumentos financieros, de la lista de los activos admitidos comocobertura de las provisiones técnicas, prevista en el artículo 21 de la
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presente Directiva, y de las normas sobre dispersión, establecidas enel artículo 22 de la presente Directiva;
— modificación de las flexibilidades para las normas de congruencia,
previstas en el Anexo I de la presente Directiva, para tener en cuentael desarrollo de nuevos instrumentos de cobertura del riesgo decambio o los progresos realizados en la Unión Económica y Mone-taria;
— clarificación de las definiciones con miras a asegurar la aplicación
uniforme de las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE, así como dela presente Directiva, en el conjunto de la Comunidad;
— las adaptaciones técnicas que impongan las reglas de fijación de los
máximos aplicables a los tipos de interés, en aplicación del artículo17 de la Directiva 79/267/CEE, tal como ha sido modificado por lapresente Directiva, en particular para tener en cuenta los progresosrealizados en la Unión Económica y Monetaria.
Artículo 48
1. Las sucursales que hayan iniciado su actividad, con arreglo a las
disposiciones del Estado miembro de establecimiento, antes de laentrada en vigor de las disposiciones de aplicación de la presenteDirectiva, se considerarán como ya sujetas al procedimiento previsto enlos apartados 1 a 5del artículo 10 de la Directiva 79/267/CEE. A partirdel momento en que se produzca la mencionada entrada en vigor, seregirán por las disposiciones de los artículos 17, 23, 24 y 26 de laDirectiva 79/267/CEE, así como por el artículo 40 de la presenteDirectiva.
2. Los artículos 11 y 14 de la Directiva 90/619/CEE, tal como han
sido modificados por la presente Directiva, no afectarán a los derechosadquiridos de las empresas de seguros que operen en régimen de libreprestación de servicios antes de la entrada en vigor de las disposicionesde aplicación de la presente Directiva.
Artículo 49
En la Directiva 79/267/CEE se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 31 bis
1. En las condiciones establecidas por el derecho nacional, cada
Estado miembro autorizará a las agencias y sucursales establecidasen su territorio y a las que se hace mención en el presente título, atransferir la totalidad o una parte de su cartera de contratos a uncesionario establecido en el mismo Estado miembro, si las autori-dades competentes de dicho Estado miembro, o en su caso, las delEstado miembro a que hace referencia el artículo 30, certifican queel cesionario tiene, habida cuenta de la transferencia, el margen desolvencia necesario.
2. En las condiciones establecidas por el derecho nacional, cada
Estado miembro autorizará a las agencias o sucursales establecidasen su territorio y a las que se hace mención en el presente título, atransferir la totalidad o una parte de su cartera de contratos a unaempresa de seguros con domicilio social en otro Estado miembro, silas autoridades competentes de dicho Estado miembro certifican queel cesionario tiene, habida cuenta de la transferencia, el margen desolvencia necesario.
3. Si un Estado miembro autoriza, en las condiciones establecidas
por el derecho nacional, a las agencias y sucursales establecidas ensu territorio y a la que se hace mención en el presente título, atransferir la totalidad o una parte de su cartera de contratos a unaagencia o sucursal mencionada en el presente título y creada en elterritorio de otro Estado miembro, se asegurará de que las autori-dades competentes del Estado miembro del cesionario, o, en su caso,las del Estado miembro mencionado en el artículo 30, certifiquenque el cesionario tiene, habida cuenta de la transferencia, el margende solvencia necesario, de que la ley del Estado miembro del cesio-nario dispone la posibilidad de dicha transferencia y de que elEstado en cuestión aprueba la transferencia.
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4. En los casos mencionados en los apartados 1 ,2y3 ,e l Estado
miembro en el que esté situada la agencia o la sucursal cedenteautorizará la transferencia después de haber recibido la aprobaciónde las autoridades competentes del Estado miembro del compromiso,cuando éste no sea el Estado miembro en el que está situada laagencia o sucursal cedente.
5. Las autoridades competentes de los Estados miembros consul-
tados comunicarán su dictamen o su acuerdo a las autoridadescompetentes del Estado miembro de origen de la empresa de seguroscedente, dentro de los tres meses siguientes a la recepción de laconsulta. En caso de silencio por parte de las autoridades consul-tadas, dicho silencio equivaldrá, una vez transcurrido el plazomencionado, a un dictamen favorable o a un acuerdo tácito.
6. La transferencia autorizada con arreglo al presente artículo será
objeto, en el Estado miembro del compromiso, de una medida depublicidad en las condiciones establecidas por el derecho nacional.Dicha transferencia será oponible de pleno derecho a los tomadoresde seguro, a los asegurados y a toda persona que tenga derechos uobligaciones derivados de los contratos transferidos.
Esta disposición no afectará al derecho de los Estados miembros a
establecer la facultad, para los tomadores de seguro, de rescindir elcontrato en un plazo determinado a partir de la transferencia..»
Artículo 50
Los Estados miembros velarán para que las decisiones adoptadas en
relación con una empresa de seguros, en aplicación de las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas adoptadas con arreglo a lodispuesto en la presente Directiva, puedan ser objeto de un recursojurisdiccional.
Artículo 51
1. Los Estados miembros adoptarán, a más tardar el 31 de diciembre
de 1993, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativasnecesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Direcitvay las pondrán en vigor el 1 de julio de 1994 como muy tarde. Infor-marán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha refe-rencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán lasmodalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbitoregulado por la presente Directiva.
Artículo 52
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
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ANEXO I
REGLAS DE CONGRUENCIA
La moneda en la que serán exigibles los compromisos del asegurador se determi-
nará de conformidad con las siguientes reglas:
1. Cuando las garantías de un contrato vengan expresadas en una determinada
moneda, se considerará que los compromisos del asegurador son exigibles enesa misma moneda.
2. Los Estados miembros podrán autorizar que las empresas no respresenten las
provisones técnicas, y, en particular, las provisiones matemáticas, con activoscongruentes, cuando, como consecuencia de la aplicación de las normasprecedentes, resulte que la empresa, para cumplir con el principio decongruencia, debería contar con elementos de activos en una determinadamoneda por un importe no superior al 7 % de los activos existentes en otrasmonedas.
3. Los Estados miembros podrán no exigir a las empresas la aplicación del
principio de congruencia cuando los compromisos sean exigibles en unamoneda que no sea de los Estados miembros de la Comunidad, siempre quelas inversiones en dicha moneda estén reglamentadas, que la moneda estésujeta a restricciones de transferencia o que, por análogas razones, no sea aptapara representación de las provisiones técnicas.
4. La empresas estarán autorizadas a no cubrir con congruentes un importe no
superior al 20 % de sus compromisos en una determinada moneda.
No obstante, el total de los activos, tomando todas las monedas en su
conjunto, deberá ser como mínimo igual al total de los compromisos,tomando todas las monedas en su conjunto.
5. Cada Estado miembro podrá establecer que, cuando, en virtud de las modali-
dades precedentes, los compromisos deban estar representados por activosexpresados en la moneda de un Estado miembro, se considere que se cumple,igualmente, esta modalidad cuando los activos estén expresados en ecus.
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Información relativa a la empresa de seguros Información relativa al compromiso
Información relativa a la empresa de seguros Información relativa al compromisoANEXO II
INFORMACIÓN DE LOS TOMADORES DE SEGUROS
Las informaciones que a continuación se enumeran, que deberán comunicarse al tomador del seguro ya
sea antes de la celebración del contrato (A), ya sea durante el período de vigencia del contrato (B),deberán formularse por escrito, de manera clara y precisa, en una lengua oficial del Estado miembrodel compromiso.
No obstante, dichas informaciones podrán redactarse en otra lengua si el tomador del seguro lo solicita
y el derecho del Estado miembro lo permite o el tomador tiene libertad para elegir la ley aplicable.
A.Antes de la celebración del contrato
a.1 Denominación o razón social, forma
jurídica
a.2 Estado miembro en el que está estable-
cido el domicilio social y, en su caso, laagencia o sucursal con la que se vaya acelebrar el contrato
a.3 Domicilio social y, en su caso, direc-
ción de la agencia o sucursal con la quese vaya a celebrar el contratoa.4 Definición de cada garantía y opcióna.5Período de vigencia del contratoa.6 Condiciones de rescisión del contratoa.7 Condiciones y duración del pago de
las primas
a.8 Métodos de cálculo y de asignación de
las participaciones en beneficios
a.9 Indicación de los valores de rescate y
reducción y naturaleza de las garantíascorrespondientes
a.10 Información sobre las primas relativas
a cada garantía, ya sea principal ocomplementaria, cuando dicha infor-mación resulte adecuada
a.11 En los contratos de capital variable,
enumeración de los valores de refe-rencia utilizados (unidades de cuenta)
a.12 Indicaciones sobre la naturaleza de los
activos representativos de los contratosde capital variable
a.13 Modalidades de ejercicio del derecho
de renuncia
a.14 Indicaciones generales relativas al
régimen fiscal aplicable al tipo depóliza
a.15Disposiciones relativas al examen de
las reclamaciones de los tomadores deseguros, asegurados o beneficiarios delcontrato, incluida, en su caso, la exis-tencia de una instancia encargada deexaminar las reclamaciones, sinperjuicio de la posibilidad de entablaruna acción judicial
a.16 La ley que se aplicará al contrato
cuando las partes no tengan libertad deelección o, cuando las partes tenganlibertad para elegir la ley aplicable y,en este caso, la ley que el aseguradorpropone que se elija
B.Durante el período de vigencia del contrato
Además de las condiciones generales y especiales que habrán de ser comunicadas al tomador, éste
deberá recibir la información siguiente durante el período de vigencia del contrato:
b.1 Toda modificación de la denominación
o razón social, la forma jurídica o eldomicilio social y, en su caso, de ladirección de la agencia o sucursal conla cual se haya celebrado el contratob.2 Toda información relativa a los puntos
a.4 a a.12 del apartado A en caso deañadirse un suplemento de póliza o deque se modifique la legislación apli-cable a la póliza
b.3 Cada año, información sobre la situa-
ción de la participación en los benefi-cios