2009L0029 — ES — 25.06.2009 — 000.001

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(DO L 140, 5.6.2009, p.63)

Rectificado por:

▼B

DIRECTIVA 2009/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 23 de abril de 2009

por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o a los efectos de la presente Directiva, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Para completar correctamente el período de comercio 2008-2012, las disposiciones de la Directiva 2003/87/CE, modificada por las Directivas 2004/101/CE ( 10 ) y 2008/101/CE ( 11 ), y el Reglamento (CE) no 219/2009 ( 12 ) deben seguir aplicándose, sin que ello afecte a la posibilidad que tiene la Comisión de adoptar las medidas necesarias para el nuevo modo de funcionamiento del régimen comunitario a partir de 2013.

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que adopte medidas para la armonización de las normas sobre la definición del concepto de nuevo entrante, la subasta de derechos, la asignación de derechos a escala comunitaria con carácter transitorio, el establecimiento de los criterios y modalidades aplicables a la selección de determinados proyectos de demostración, el establecimiento de una lista de sectores o subsectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, el uso de créditos, el seguimiento, la notificación y la verificación de emisiones, la acreditación de verificadores, la aplicación de normas armonizadas a proyectos y la modificación de determinados anexos. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la Directiva 2003/87/CE, incluso completándola con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con el régimen comunitario, debe ser posible expedir derechos de emisión en relación con proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, a condición de que esos proyectos se realicen de acuerdo con unas normas armonizadas adoptadas a nivel comunitario, que no provoquen un doble cómputo de reducciones de emisiones y que no impidan la ampliación del ámbito de aplicación del régimen comunitario o la adopción de otras medidas políticas para reducir emisiones no incluidas en el régimen comunitario.

Para garantizar que los derechos de emisión puedan transferirse entre personas dentro de la Comunidad sin restricción alguna y que el régimen comunitario pueda vincularse a regímenes de comercio de derechos de emisión de terceros países y entidades subfederales y regionales, a partir de enero de 2012 todos los derechos deben consignarse en el registro comunitario establecido con arreglo a la Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kioto ( 8 ). Esta disposición debe entenderse sin perjuicio del mantenimiento de registros nacionales para las emisiones no incluidas en el régimen comunitario. El registro de la Comunidad ofrecerá servicios de la misma calidad que los registros nacionales.

La Comunidad y sus Estados miembros deben autorizar actividades de proyectos únicamente si todos los participantes en esos proyectos tienen su sede en un país que ha celebrado el acuerdo internacional en relación con esos proyectos, para disuadir comportamientos oportunistas por parte de empresas de países que no han celebrado un acuerdo internacional, excepto en los casos en que esas empresas estén establecidas en terceros países o en entidades regionales o subfederales que estén vinculadas al régimen comunitario.

Los países menos adelantados son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático y son responsables únicamente de un nivel muy bajo de emisiones de gases de efecto invernadero. Por consiguiente, debe concederse una atención especial a las necesidades de esos países menos adelantados cuando se utilicen los ingresos generados por las subastas para facilitar la adaptación de los países en desarrollo a los impactos del cambio climático. Habida cuenta de que en esos países se han realizado muy pocos proyectos MDL, conviene dar garantías en cuanto a la aceptación de créditos de proyectos iniciados en esos países después de 2012, incluso aunque no se haya celebrado un acuerdo internacional sobre cambio climático, cuando esos proyectos sean claramente adicionales y contribuyan al desarrollo sostenible. Es preciso que este derecho se aplique a los países menos adelantados hasta 2020, siempre y cuando hayan, bien ratificado, de aquí hasta ese momento, un acuerdo internacional sobre el cambio climático, bien celebrado un acuerdo bilateral o multilateral con la Comunidad.

Si se retrasa la celebración de un acuerdo internacional sobre cambio climático, debe preverse la posibilidad de utilizar créditos de proyectos de gran calidad en el régimen comunitario por medio de acuerdos con terceros países. Esos acuerdos, que pueden ser bilaterales o multilaterales, podrían prever que los proyectos que generaron URE hasta 2012, pero que no puedan seguir haciéndolo en el marco de Kioto, se sigan reconociendo en el régimen comunitario.

En aras de la previsibilidad, los titulares de instalaciones deben tener garantías en cuanto a las posibilidades de utilizar RCE y URE después de 2012 hasta lo que quede del nivel que se les haya autorizado a utilizar en el período 2008-2012, procedentes de tipos de proyectos que cumplían los requisitos necesarios para ser utilizados en el régimen comunitario durante el período 2008-2012. Dado que antes de 2015 los Estados miembros no pueden transferir RCE y URE en poder de titulares de instalaciones entre períodos de compromiso con arreglo a acuerdos internacionales («acumulación» de RCE y URE), y solo si los Estados miembros optan por autorizar la acumulación de esas RCE y URE en el contexto de derechos limitados de acumular esos créditos, esa garantía debe consistir en exigir a los Estados miembros que permitan a los titulares intercambiar esas RCE y URE expedidas respecto a las reducciones de emisión realizadas antes de 2012 por derechos de emisión válidos a partir de 2013. No obstante, dado que los Estados miembros no deben estar obligados a aceptar RCE ni URE que no estén seguros que vayan a poder utilizar para cumplir los compromisos internacionales que hayan contraído, no conviene que este requisito siga aplicándose después del 31 de marzo de 2015. Los titulares de instalaciones deben recibir las mismas garantías en relación con las RCE procedentes de proyectos realizados antes de 2013 respecto a reducciones de emisiones a partir de 2013. Es importante que los créditos correspondientes a proyectos utilizados por los titulares representen reducciones de emisiones reales, verificables, adicionales y permanentes, supongan claros beneficios para el desarrollo sostenible y no tengan ningún impacto negativo importante de carácter ambiental o social. Se debe establecer un procedimiento que permita la exclusión de determinados tipos de proyectos.

Para garantizar unas condiciones de competencia equitativas en la Comunidad, debe armonizarse el uso de los créditos por reducciones de emisión fuera de la Comunidad por parte de los titulares de instalaciones en el régimen comunitario. El Protocolo de Kioto establece objetivos cuantificados de emisión para países desarrollados respecto al período 2008-2012, y prevé la creación de reducciones certificadas de emisiones (RCE) obtenidas del mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y de unidades de reducción de emisiones (URE) obtenidas de proyectos de aplicación conjunta (AC), respectivamente, y su utilización por países desarrollados para que cumplan parte de esos objetivos. Aunque el marco de Kioto no permite la creación de URE a partir de 2013 si no se han establecido objetivos cuantificados de emisión para los países de acogida, potencialmente pueden seguir generándose créditos del MDL. Cuando exista un acuerdo internacional sobre cambio climático debe preverse una mayor utilización de RCE y de URE procedentes de los países que hayan ratificado tal acuerdo. A falta de ese acuerdo, prever un mayor uso de RCE y URE debilitaría ese incentivo y dificultaría aún más la consecución de los objetivos de la Comunidad en relación con un mayor uso de energías renovables. La utilización de RCE y URE debe ser coherente con los objetivos de la Comunidad de generar el 20 % de la energía a partir de fuentes renovables de aquí a 2020 y de promover la eficiencia energética, la innovación y el desarrollo tecnológico. Cuando ello no dificulte la consecución de esos objetivos, conviene prever la posibilidad de celebrar acuerdos con terceros países con objeto de ofrecer incentivos para reducir emisiones en esos países, que susciten reducciones reales y suplementarias de las emisiones de gases de efecto invernadero y que estimulen, al mismo tiempo, la innovación en empresas establecidas en la Comunidad y el desarrollo tecnológico en terceros países. Esos acuerdos puede ratificarlos más de un solo país. Cuando la Comunidad celebre un acuerdo internacional sobre cambio climático satisfactorio, debe ampliarse el acceso a créditos por proyectos en terceros países, y aumentar simultáneamente el nivel de reducción de emisiones que debe conseguirse con el régimen comunitario.

El debate del Consejo Europeo a la hora de determinar los sectores o subsectores que están expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono es de carácter excepcional y no afecta en modo alguno a los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión en virtud del artículo 202 del Tratado.

Por consiguiente, la Comisión debe estudiar la situación de aquí al 30 de junio de 2010, consultar con todos los interlocutores sociales pertinentes y, a la luz de los resultados de las negociaciones internacionales, presentar un informe junto con las propuestas oportunas. En este contexto, la Comisión debe determinar a más tardar el 31 de diciembre de 2009 los sectores o subsectores industriales grandes consumidores de energía que pueden llegar a estar expuestos a fugas de carbono. Debe fundamentar su análisis en la evaluación de la incapacidad de las industrias de repercutir el coste de los derechos de emisión necesarios en los precios de los productos sin pérdidas significativas de cuota de mercado a favor de instalaciones fuera de la Comunidad que no adopten medidas comparables para reducir sus emisiones. Las industrias grandes consumidoras de energía que se considere están expuestas a un riesgo considerable de fuga de carbono podrían recibir una cantidad superior de derechos de emisión gratuitos, o podría introducirse un sistema eficaz de compensación del carbono con vistas a poner en pie de igualdad a las instalaciones comunitarias que se enfrentan a un riesgo importante de fuga de carbono y a las de terceros países. Los requisitos que podría imponer un sistema de esas características a los importadores no serían menos favorables que los aplicables a las instalaciones de la Comunidad, por ejemplo, el relativo a la entrega de derechos de emisión. Cualquier medida que se adopte tendría que ser conforme con los principios de la CMNUCC, en particular el que se refiere a las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y a las capacidades respectivas, teniendo en cuenta la situación especial de los países menos adelantados. Asimismo, debería atenerse a las obligaciones internacionales de la Comunidad, incluidas las derivadas del Acuerdo sobre la OMC.

La Comunidad seguirá asumiendo el liderazgo en la negociación de un ambicioso acuerdo internacional sobre cambio climático para conseguir el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a 2 °C, y se siente alentada por los avances realizados en la XIII Conferencia de las Partes en la CMNUCC y III Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto, celebrada en Bali, Indonesia, los días 3 a 14 de diciembre de 2007 hacia la consecución de ese objetivo. En caso de que no participaran en ese acuerdo internacional otros países desarrollados ni otros grandes emisores de gases de efecto invernadero, podría provocarse un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en terceros países en los que no se impusieron a la industria limitaciones comparables en materia de emisiones de carbono («fuga de carbono») y, al mismo tiempo, algunos sectores y subsectores comunitarios grandes consumidores de energía, sujetos a la competencia internacional, podrían verse en una situación de desventaja económica. Eso podría socavar la integridad medioambiental y los resultados positivos de las acciones comunitarias. Para controlar el riesgo de fuga de carbono, la Comunidad debe asignar un 100 % de derechos de emisión gratuitos a los sectores o subsectores que cumplan los criterios pertinentes. La definición de tales sectores y subsectores y de las medidas necesarias debe estar sujeta a una nueva evaluación para garantizar que se toman las medidas que resulten necesarias y evitar un exceso de compensación. En el caso de sectores o subsectores concretos, si puede justificarse debidamente que el riesgo de fuga de carbono no puede evitarse de otra manera, si la electricidad constituye un porcentaje elevado de los costes de producción y se produce de manera eficiente, las medidas adoptadas pueden tener en cuenta el consumo de electricidad en el proceso de producción, sin ningún cambio en la cantidad total de derechos de emisión. El riesgo de fuga de carbono en estos sectores o subsectores debe evaluarse partiendo del nivel de tres dígitos (código NACE 3) o, cuando sea conveniente y se disponga de los datos pertinentes, del nivel de cuatro dígitos (código NACE 4).

Debe preverse la asignación gratuita de derechos de emisión con carácter transitorio a instalaciones por medio de normas armonizadas a nivel comunitario («parámetros de referencia ex ante») para minimizar las distorsiones de la competencia en la Comunidad. Esas normas deben establecerse teniendo en cuenta las técnicas más eficientes en cuanto a la energía y la emisión de gases de efecto invernadero, los productos de sustitución, los procedimientos alternativos de producción, la utilización de biomasa y energías renovables, y la captura y almacenamiento de CO2. Tales normas no deben constituir en ningún caso un incentivo para aumentar las emisiones, y deben garantizar que se subasta un porcentaje cada vez mayor de esos derechos. Los derechos de emisión deben fijarse antes del período de comercio, de manera que el mercado pueda funcionar correctamente. Dichas normas armonizadas también pueden tener en cuenta las emisiones relacionadas con el uso de gases residuales combustibles cuando no se pueda evitar la emisión de dichos gases en el proceso de producción industrial; a ese respecto, las normas pueden contemplar la asignación de derechos de emisión de forma gratuita a los titulares de las instalaciones de combustión de los gases residuales de que se trate o a los titulares de las instalaciones de origen de dichos gases. Esas normas deben evitar asimismo distorsiones indebidas de la competencia en los mercados de la electricidad y de la calefacción y refrigeración suministradas a instalaciones industriales. Asimismo deben evitar distorsiones indebidas de la competencia entre actividades industriales realizadas en instalaciones gestionadas por un único titular y la producción en instalaciones subcontratadas. Deben aplicarse a los nuevos entrantes que realicen las mismas actividades que las instalaciones existentes que reciben derechos de emisión gratuitos con carácter transitorio. Para evitar la distorsión de la competencia en el mercado interior, no debe asignarse ningún derecho de forma gratuita a la producción de electricidad por nuevos entrantes. Los derechos de emisión que permanezcan en la reserva para nuevos entrantes en 2020 deben subastarse.

En el caso de otros sectores incluidos en el régimen comunitario, debe establecerse un sistema transitorio según el cual los derechos de emisión asignados de forma gratuita en 2013 equivaldrían al 80 % de la cantidad relativa al porcentaje del conjunto de emisiones de toda la Comunidad durante el período 2005-2007 que corresponde a las emisiones de esas instalaciones como proporción de la cantidad total anual de derechos de emisión en toda la Comunidad. Después, los derechos de emisión asignados de forma gratuita deben ir reduciéndose cada año en la misma cantidad para llegar, en 2020, a una situación en la que se asigne un 30 % de derechos de forma gratuita, con el objetivo de que en 2027 no se asigne ningún derecho de emisión de forma gratuita.

El principal incentivo a largo plazo para las actividades de captura y almacenamiento de carbono y las nuevas tecnologías de energías renovables consiste en que no será necesario entregar los derechos de emisión por las emisiones de CO2 que se almacenen permanentemente o se eviten. Además, para acelerar la demostración de las primeras instalaciones comerciales y de las tecnologías de energías renovables innovadoras, se deben reservar derechos con cargo a la reserva para nuevos entrantes, con el fin de garantizar para las primeras instalaciones de este tipo en la Unión una recompensa por las toneladas de CO2 almacenadas o evitadas a una escala suficiente, siempre que exista un acuerdo para compartir los conocimientos. La financiación adicional debe destinarse a proyectos de suficiente envergadura, que sean innovadores y cuenten con una cofinanciación sustancial por parte del titular, que cubra, en principio, más de la mitad de los costes de inversión correspondientes, teniendo además en cuenta la viabilidad del proyecto.

Por consiguiente, la venta completa en subasta debería ser la norma a partir de 2013 para el sector eléctrico, teniendo en cuenta su capacidad de repercutir el coste aumentado del CO2, y no debe asignarse ningún derecho de forma gratuita para las actividades de captura y almacenamiento de carbono, ya que los incentivos para esas actividades residen en los derechos de emisión que no es necesario entregar en relación con las emisiones que se almacenan. Para evitar distorsiones de la competencia, los generadores de electricidad pueden recibir derechos de emisión de forma gratuita por los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración y por el calor y la refrigeración producidos mediante la cogeneración de alta eficiencia como se define en la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía ( 7 ), en caso de que ese tipo de calor generado por instalaciones de otros sectores recibiera derechos de emisión gratuitos.

A la vista de los considerables esfuerzos necesarios para la lucha contra el cambio climático y la adaptación a sus efectos inevitables, conviene que al menos el 50 % de los ingresos de las subastas de derechos de emisión se utilice para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, para la adaptación a los impactos del cambio climático, para la financiación de actividades de investigación y desarrollo dirigidas a la reducción de emisiones y a la adaptación, para el desarrollo de energías renovables con objeto de cumplir el compromiso de la Unión de utilizar un 20 % de energías renovables de aquí a 2020, para cumplir el compromiso de la Comunidad de aumentar un 20 % la eficiencia energética de aquí a 2020, para la captura y el almacenamiento geológico, en condiciones seguras para el medio ambiente, de gases de efecto invernadero, para contribuir al Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables y al Fondo de Adaptación puesto en práctica por la Conferencia de Poznan sobre el cambio climático (COP 14 y COP/MOP 4), para proporcionar medidas dirigidas a impedir la deforestación y facilitar la adaptación en países en desarrollo, y para abordar aspectos sociales tales como los efectos de la subida potencial de los precios de la electricidad en los hogares con ingresos de nivel medio y bajo. Ese porcentaje es considerablemente inferior a los ingresos netos previstos de las subastas para las autoridades públicas, teniendo en cuenta unos ingresos potencialmente reducidos procedentes del impuesto de sociedades. Además, los ingresos de las subastas deben utilizarse para cubrir los gastos administrativos de la gestión del régimen comunitario. La presente Directiva debe prever también disposiciones sobre el seguimiento del uso para esos fines de los fondos de las subastas. Proporcionar información sobre el uso de los fondos no exime a los Estados miembros de la obligación impuesta en el artículo 88, apartado 3, del Tratado de notificar determinadas medidas nacionales. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los resultados de cualesquiera procedimientos futuros sobre ayudas estatales que puedan llevarse a cabo con arreglo a los artículos 87 y 88 del Tratado.

Todos los Estados miembros tendrán que hacer grandes inversiones para reducir la intensidad de carbono de sus economías de aquí a 2020, y aquellos cuyos ingresos per cápita sigan siendo considerablemente inferiores a la media de la Comunidad y cuyas economías se estén aproximando a los Estados miembros más ricos tendrán que hacer un esfuerzo significativo para aumentar la eficiencia energética. A la vista de los objetivos de eliminar distorsiones en la competencia intracomunitaria y de garantizar el mayor grado de eficiencia económica en la transformación de la economía de la Comunidad en una economía de bajas emisiones de carbono, segura y sostenible, no es adecuado que los Estados miembros traten a sectores económicos de forma diferente en el régimen comunitario. Resulta, pues, necesario crear otros mecanismos para apoyar los esfuerzos de esos Estados miembros con ingresos per cápita relativamente más bajos y mayores perspectivas de crecimiento. El 88 % de la cantidad total de derechos de emisión que van a subastarse debe distribuirse entre los Estados miembros en función de la mayor de las cantidades siguientes: su porcentaje relativo de emisiones en el régimen comunitario para 2005 o la media del período 2005-2007. El 10 % de la cantidad total debe distribuirse en beneficio de esos Estados miembros en aras de la solidaridad y el crecimiento en la Comunidad, y debe utilizarse para reducir emisiones y tomar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. A la hora de distribuir ese 10 % deben tenerse en cuenta los niveles de ingresos per cápita en el año 2005 y las perspectivas de crecimiento de los Estados miembros, y deberá distribuirse una cantidad mayor a los Estados miembros con bajos niveles de ingresos per cápita y mayores perspectivas de crecimiento. Los Estados miembros cuyo nivel medio de ingresos per cápita sea superior en más de un 20 % a la media comunitaria deben contribuir a esa distribución, excepto si los costes directos del paquete global estimado en la evaluación de impacto de la Comisión que acompaña el paquete de medidas de aplicación para la consecución de los objetivos fijados por la Unión Europea para 2020 en materia de cambio climático y energías renovables superan el 0,7 % del PIB. Un 2 % adicional de la cantidad total de derechos de emisión por subastar debe distribuirse entre los Estados miembros cuyas emisiones de gases de efecto invernadero en 2005 hayan sido al menos un 20 % inferiores a sus emisiones en los niveles de base que les sean aplicables de conformidad con el Protocolo de Kioto.

Con el fin de mantener la eficacia ambiental y administrativa del régimen comunitario y evitar distorsiones de la competencia y un agotamiento rápido de la reserva de nuevos entrantes, se deben armonizar las normas sobre nuevos entrantes para garantizar que todos los Estados miembros adoptan el mismo planteamiento, en particular respecto de la interpretación de ampliaciones significativas de las instalaciones. Por tanto, han de incluirse disposiciones para la adopción de normas armonizadas destinadas a aplicar la presente Directiva. En estas normas, una ampliación significativa se debe definir, cuando proceda, como una ampliación del 10 % como mínimo de la capacidad existente en la instalación o un incremento importante de las emisiones de la instalación vinculado al aumento de la capacidad instalada. La asignación a partir de la reserva de nuevos entrantes debe producirse solo respecto de la ampliación significativa de la instalación.

En los casos en que se aplican medidas equivalentes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en particular impuestos, a pequeñas instalaciones cuyas emisiones no superan un umbral de 25 000 toneladas de CO2 equivalentes al año, debe establecerse un procedimiento que permita a los Estados miembros excluir a esas pequeñas instalaciones del régimen de comercio de derechos de emisión mientras se apliquen tales medidas. También se puede excluir a los hospitales si emprenden medidas equivalentes. Ese umbral ofrece los máximos beneficios en términos relativos de reducción de los costes administrativos por cada tonelada de CO2 equivalente excluida del régimen, por razones de simplificación administrativa. Como consecuencia del abandono de los períodos quinquenales de asignación, y en aras de la seguridad y la previsibilidad, deben preverse disposiciones sobre la frecuencia de revisión de los permisos de emisión de gases de efecto invernadero. Incumbe a los Estados miembros proponer medidas referentes a las pequeñas instalaciones que supongan una contribución equivalente a la reducción de emisiones derivada del régimen comunitario. Estas medidas podrían incluir la fiscalidad, acuerdos con el sector industrial y normativa. Teniendo en cuenta la necesidad de reducir toda carga administrativa innecesaria para los pequeños emisores, los Estados miembros pueden adoptar medidas y procedimientos simplificados para dar cumplimiento a la presente Directiva.

En aras de la seguridad y previsibilidad del régimen comunitario, deben establecerse disposiciones para aumentar el nivel de contribución del régimen comunitario a la consecución de la reducción global de más del 20 %, en particular con vistas a la realización del objetivo del Consejo Europeo de una reducción del 30 % de aquí a 2020, que se considera necesaria desde el punto de vista científico para evitar un cambio climático peligroso.

El Consejo Europeo de marzo de 2007 asumió el firme compromiso de reducir para 2020 las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la Comunidad al menos un 20 % respecto a los niveles de 1990, y un 30 % siempre que otros países desarrollados se comprometan a realizar reducciones comprables y que los países en desarrollo económicamente más avanzados se comprometan a contribuir convenientemente en función de sus responsabilidades y capacidades. De aquí a 2050, las emisiones globales de gases de efecto invernadero deben reducirse en al menos un 50 % respecto a los niveles de 1990. Todos los sectores de la economía deben contribuir a conseguir esas reducciones, incluidos los sectores de la navegación marítima internacional y de la aviación internacional. El sector de la aviación está contribuyendo a estas reducciones mediante su inclusión en el régimen comunitario. Si los Estados miembros no han adoptado para el 31 de diciembre de 2011 ningún acuerdo internacional en el marco de la Organización Marítima Internacional que incluya las emisiones marítimas en sus objetivos de reducción o si la Comunidad no ha adoptado tal acuerdo en el marco de la CMNUCC, la Comisión debe presentar una propuesta destinada a incluir las emisiones marítimas internacionales con arreglo a modalidades armonizadas en los objetivos de reducción de la Comunidad con vistas a la entrada en vigor del acto propuesto para 2013. Esta propuesta debe minimizar cualquier repercusión negativa en la competitividad de la Comunidad, teniendo en cuenta los beneficios ambientales potenciales.

El objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), aprobada en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 94/69/CE del Consejo ( 5 ), es lograr una estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Para conseguir ese objetivo, el aumento de la temperatura mundial anual media en superficie no debe rebasar los 2 °C en relación con los niveles de la era preindustrial. El último Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) insiste en que, para conseguir ese objetivo, las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial tienen que alcanzar su punto máximo antes de 2020. Eso implica que la Comunidad debe redoblar esfuerzos y que hay que implicar rápidamente a los países desarrollados y animar a los países en desarrollo a participar en el proceso de reducción de emisiones.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 175, apartado 1,

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 2003/87/CE

La Directiva 2003/87/CE queda modificada como sigue:

u) “generador de electricidad”: una instalación que, a partir del 1 de enero de 2005, haya producido electricidad para venderla a terceros y en la que no se realiza ninguna actividad del anexo I, con excepción de la de “combustión de combustibles”.».

c) se añaden las letras siguientes:

a) la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

b) en el apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

Los Estados miembros informarán sobre la debida aplicación de las normas de subasta de toda subasta, en particular en cuanto al acceso justo y libre, a la transparencia, al cálculo de los precios y a los aspectos técnicos y operativos. Dichos informes se presentarán dentro del plazo de un mes tras la subasta de que se trate y se publicarán en el sitio web de la Comisión.

Esta medida, destinada a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva completándola, se adoptará con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 23, apartado 3.

c) la organización y participación en las subastas sean eficaces desde el punto de vista de los costes y se evite todo coste administrativo innecesario, y

a) los titulares y, en particular, cualquier PYME incluida en el régimen comunitario, tengan un acceso pleno, justo y equitativo;

4. Antes del 30 de junio de 2010, la Comisión adoptará un Reglamento sobre el calendario, la gestión y demás aspectos de las subastas, con objeto de garantizar que se llevan a cabo de una manera abierta, transparente, armonizada y no discriminatoria. A tal fin, debe ser posible prever el desarrollo del proceso, en particular en lo que respecta al calendario y el ritmo de organización de subastas y a los volúmenes estimados de los derechos de emisión que se pongan a disposición.

Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre la utilización de los ingresos y de las medidas adoptadas conforme al presente apartado en los informes que presenten con arreglo a la Decisión no 280/2004/CE.

Se entenderá que los Estados miembros han cumplido lo dispuesto en el presente apartado cuando hayan establecido y puesto en práctica políticas de ayuda fiscal o financiera, incluyendo en particular en los países en desarrollo, o políticas internas de regulación que den lugar a ayuda financiera, elaboradas con los fines expuestos en el párrafo anterior y que tengan un valor equivalente como mínimo al 50 % de los ingresos generados por la subasta de los derechos de emisión a que se refiere el apartado 2, incluidos todos los ingresos procedentes de las subastas a que se refiere las letras b) y c) del apartado 2.

e) para la captura y el almacenamiento geológico, en condiciones de seguridad para el medio ambiente, de CO2, en particular procedente de centrales eléctricas de combustibles fósiles sólidos y de una serie de sectores y subsectores industriales, también en terceros países;

c) para medidas dirigidas a impedir la deforestación y a aumentar la forestación y reforestación en los países en desarrollo que hayan ratificado el acuerdo internacional sobre cambio climático; para transferir tecnologías y facilitar la adaptación a los efectos adversos del cambio climático en estos países;

3. Corresponderá a los Estados miembros determinar el uso que deba hacerse de los ingresos generados por la subasta de los derechos de emisión. Al menos el 50 % de los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión a que se refiere el apartado 2, incluidos todos los ingresos de las subastas a que se refiere las letras b) y c) del apartado 2, o el valor equivalente de dichos ingresos, debería utilizarse para uno o varios de los fines siguientes:

Si resulta necesario, los porcentajes a que se refiere las letras b) y c) se adaptarán de forma proporcional para garantizar que la distribución ascienda al 10 % y al 2 % respectivamente.

A efectos de la letra a), el porcentaje correspondiente a los Estados miembros que no participaron en el régimen comunitario en 2005 se calculará utilizando sus emisiones verificadas en el marco del régimen comunitario en 2007.

c) el 2 % de la cantidad total de derechos de emisión por subastar, distribuido entre los Estados miembros cuyas emisiones de gases de efecto invernadero en 2005 hayan sido al menos un 20 % inferiores a sus emisiones del año de base que les sean aplicables de conformidad con el Protocolo de Kioto. La distribución de este porcentaje entre los Estados miembros correspondientes está establecida en el anexo II ter.

1. A partir de 2013, los Estados miembros subastarán todos los derechos de emisión que no se asignen de forma gratuita con arreglo a los artículos 10 bis y 10 quater. La Comisión determinará y publicará, a más tardar el 31 de diciembre de 2010, una cantidad estimada de derechos de emisión por subastar.

12) Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 10 bis

Normas comunitarias de carácter transitorio para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión

1. Antes del 31 de diciembre de 2010, la Comisión adoptará medidas de desarrollo a escala comunitaria, totalmente armonizadas, para la asignación de los derechos de emisión a que se refieren los apartados 4, 7 y 12, incluida cualquier medida necesaria para una aplicación armonizada del apartado 19.

Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 23, apartado 3.

Las medidas a que se refiere el párrafo primero determinarán, en la medida de lo posible, parámetros de referencia ex ante a escala comunitaria a fin de asegurar que los derechos de emisión se asignen de tal forma que se incentiven las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero y las técnicas de eficiencia energética, teniendo en cuenta las técnicas más eficaces, los productos de sustitución, los procedimientos alternativos de producción, la cogeneración de alta eficiencia, la recuperación energética eficaz de gases residuales, la utilización de biomasa y la captura, el transporte y el almacenamiento de CO2, siempre que se disponga de las instalaciones necesarias, y que no se ofrezca ningún incentivo para aumentar emisiones. No se asignará ningún derecho de forma gratuita a la producción de electricidad, excepto en los casos cubiertos por el artículo 10 quater y en el caso de la electricidad producida con gases residuales.

Para cada sector y subsector, los parámetros de referencia se calcularán en principio en función del producto, antes que en función del insumo, a fin de maximizar las reducciones de gases de efecto invernadero y los avances en eficiencia energética a través de cada proceso productivo del sector o subsector en cuestión.

A la hora de definir los principios para establecer parámetros de referencia ex ante en los diferentes sectores y subsectores, la Comisión consultará a los interesados correspondientes, incluidos los sectores y subsectores afectados.

Cuando la Comunidad apruebe un acuerdo internacional sobre cambio climático que establezca reducciones obligatorias de las emisiones de gases de efecto invernadero comparables a las impuestas en la Comunidad, la Comisión revisará esas medidas para que la asignación gratuita de derechos de emisión solo pueda tener lugar cuando esté plenamente justificado a la luz de ese acuerdo.

2. A la hora de definir los principios para establecer parámetros de referencia ex ante en los diferentes sectores o subsectores, el punto de partida será el promedio de los resultados de las instalaciones que constituyan el 10 % de las instalaciones más eficaces de un determinado sector o subsector en la Comunidad en los años 2007 y 2008. La Comisión consultará a los interesados correspondientes, incluidos los sectores y subsectores afectados.

Los reglamentos adoptados conforme a los artículos 14 y 15 contendrán unas normas armonizadas sobre el seguimiento, la notificación y la verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con la producción con vistas al establecimiento de los parámetros de referencia ex ante.

3. Sin perjuicio de los apartados 4 y 8 y no obstante lo dispuesto en el artículo 10 quater, no se asignará ningún derecho de forma gratuita a los generadores de electricidad, a las instalaciones de captura de CO2, a las conducciones para el transporte de CO2 ni a los emplazamientos de almacenamiento de CO2.

4. Se asignarán derechos de emisión de forma gratuita a la calefacción urbana y a la cogeneración de alta eficiencia, respecto de la producción de calor o refrigeración, tal como se define en la Directiva 2004/8/CE, con objeto de satisfacer una demanda justificada desde el punto de vista económico. En cada uno de los años siguientes a 2013, la asignación total a ese tipo de instalaciones para la producción de calor se adaptará utilizando el factor lineal a que se refiere el artículo 9.

5. La cantidad máxima anual de derechos de emisión que constituye la base para el cálculo de los derechos de emisión asignados a las instalaciones no cubiertas por el apartado 3 que no sean nuevos entrantes no será superior a la suma de:

a) la cantidad total anual a escala comunitaria determinada con arreglo al artículo 9, multiplicada por la cuota de emisiones de instalaciones no cubiertas por el apartado 3 de la media total de emisiones verificadas en el período 2005-2007 de instalaciones cubiertas por el régimen comunitario en el período 2008-2012, y

b) la media total de emisiones verificadas de 2005 a 2007 de instalaciones incluidas en el régimen comunitario solo a partir de 2013 y que no estén cubiertas por el apartado 3, adaptada utilizando el factor lineal a que se refiere el artículo 9.

Si resulta necesario, se aplicará un factor de corrección uniforme intersectorial.

6. Los Estados miembros también podrán adoptar medidas financieras en favor de sectores o subsectores de los que se sepa que están expuestos a un riesgo significativo de fugas de carbono debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, a fin de compensar dichos costes y cuando dichas medidas financieras sean conformes a las normas sobre ayudas estatales aplicables y por adoptar en este ámbito.

Estas medidas se basarán en los parámetros de referencia ex ante de las emisiones indirectas de CO2 por unidad de producción. Los parámetros de referencia ex ante se calcularán para un sector o subsector determinado como el producto del consumo de electricidad por unidad de producción correspondiente a las tecnologías disponibles más eficientes y de las emisiones de CO2 de la matriz de generación eléctrica pertinente en Europa.

7. El cinco por ciento de la cantidad de derechos de emisión asignados a escala comunitaria con arreglo a los artículos 9 y 9 bis para el período 2013-2020 se reservará para los nuevos entrantes y será el máximo que puede asignárseles de acuerdo con las normas adoptadas en virtud del apartado 1 del presente artículo. Los Estados miembros subastarán los derechos de emisión de esta reserva a escala comunitaria que no estén asignados a nuevos entrantes y no se hayan utilizado de conformidad con el apartado 8, 9 o 10 del presente artículo en el período 2013-2020, teniendo en cuenta el nivel hasta el cual las instalaciones en los Estados miembros se hayan beneficiado de dicha reserva, conforme al artículo 10, apartado 2, y, para las modalidades y el calendario, al artículo 10, apartado 4, así como a las correspondientes disposiciones de aplicación.

Los derechos de emisión se adaptarán utilizando el factor lineal a que se refiere el artículo 9.

No se asignará ningún derecho de forma gratuita a ningún tipo de producción de electricidad por los nuevos entrantes.

A más tardar el 31 de diciembre de 2010, la Comisión adoptará unas normas armonizadas para la aplicación de la definición de “nuevo entrante”, en particular en relación con la definición de “ampliación significativa”.

Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 23, apartado 3.

8. Hasta el 31 de diciembre de 2015 estarán disponibles hasta 300 millones de derechos de emisión en la reserva de nuevos entrantes para ayudar a fomentar la construcción y utilización de hasta 12 proyectos comerciales de demostración destinados a la captura y el almacenamiento geológico de CO2, en condiciones de seguridad para el medio ambiente, así como para proyectos de demostración de tecnologías innovadoras de energía renovable, en el territorio de la Unión.

Los derechos de emisión se pondrán a disposición para apoyar proyectos de demostración que incluyan el desarrollo, en lugares geográficamente equilibrados, de un amplio abanico de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y de tecnologías innovadoras de energía renovable que aún no sean rentables desde el punto de vista comercial. Su asignación dependerá de la cantidad verificada de emisiones de CO2 evitadas.

Los proyectos se seleccionarán sobre la base de criterios objetivos y transparentes que incluyan requisitos para compartir los conocimientos. Estos criterios y las medidas se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 23, apartado 3, y se pondrán a disposición del público.

Se reservarán derechos de emisión para proyectos que reúnan los criterios a que se refiere el párrafo tercero. La ayuda para dichos proyectos se prestará a través de los Estados miembros y será complementaria de la cofinanciación sustancial por el titular de la instalación. También podrían ser cofinanciados por los Estados miembros interesados, así como mediante otros instrumentos. Ningún proyecto recibirá ayuda a través del mecanismo del presente apartado que supere el 15 % del número total de derechos de emisión disponibles a este fin. Se tendrán en cuenta estos derechos de emisión conforme al apartado 7.

9. Lituania, que, de conformidad con el artículo 1 del Protocolo no 4 sobre la central nuclear de Ignalina en Lituania, anexo al Acta de adhesión de 2003, se comprometió a cerrar la unidad 2 de la central nuclear de Ignalina antes del 31 de diciembre de 2009, y si el total de emisiones verificadas de Lituania de 2013 a 2015 en el régimen comunitario supera la suma de derechos gratuitos de emisión expedidos a las instalaciones en Lituania para emisiones por producción de electricidad en ese período y tres octavos de los derechos que haya de subastar Lituania para el período comprendido entre 2013 a 2020, podrá reclamar derechos de emisión a la reserva de nuevos entrantes para subastarlos de conformidad con el Reglamento a que se refiere el artículo 10, apartado 4. El importe máximo de los derechos de emisión será equivalente al exceso de emisiones en ese período en la medida en que este exceso se deba al aumento de las emisiones de la generación de electricidad, menos la cantidad en que las asignaciones en dicho Estado miembro en el período comprendido entre 2008 y 2012 hayan sobrepasado las emisiones verificadas en el régimen comunitario en Lituania durante ese período. Se tendrá en cuenta cualquiera de estos derechos en virtud del apartado 7.

10. Cualquier Estado miembro cuya red eléctrica esté interconectada con Lituania y que en 2007 haya importado más del 15 % de su consumo nacional de electricidad de Lituania para su propio consumo, y en el caso de que las emisiones hayan aumentado debido a la inversión en nueva generación de electricidad, podrá aplicar mutatis mutandis el apartado 9 en las condiciones establecidas en dicho apartado.

11. A reserva del artículo 10 ter, la cantidad de derechos de emisión asignados de forma gratuita de acuerdo con los apartados 4 a 7 del presente artículo en 2013 será el 80 % de la cantidad determinada de acuerdo con las medidas a que se refiere el apartado 1. A continuación, los derechos de emisión asignados de forma gratuita se reducirán cada año en la misma cantidad, hasta llegar en 2020 a una situación en la que se asigne un 30 % de derechos de forma gratuita, con el objetivo de que en 2027 no se asigne ningún derecho de emisión de forma gratuita.

12. A reserva del artículo 10 ter, en 2013 y en cada uno de los años siguientes hasta 2020, las instalaciones de sectores o subsectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono recibirán, conforme al apartado 1, derechos de emisión de forma gratuita, al 100 % de la cantidad determinada de acuerdo con las medidas a que se refiere el apartado 1.

13. A más tardar el 31 de diciembre de 2009 y, a continuación, cada cinco años, la Comisión determinará, previo debate en el Consejo Europeo, una lista de los sectores o subsectores a que se refiere el apartado 12 sobre la base de los criterios expuestos en los apartados 14 a 17.

Cada año la Comisión podrá, por iniciativa propia o a petición de un Estado miembro, añadir un sector o subsector determinado a la lista a que se refiere el párrafo primero, si se puede demostrar, en un informe analítico, que dicho sector o subsector cumple los criterios indicados en los apartado 14 a 17, tras un cambio con impacto sustancial en las actividades del sector o subsector en cuestión.

A efectos de la aplicación del presente artículo, la Comisión consultará a los Estados miembros, a los sectores o subsectores afectados y a otras partes interesadas pertinentes.

Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 23, apartado 3.

14. A fin de determinar los sectores o subsectores a que se refiere el apartado 12, la Comisión evaluará, a escala comunitaria, en qué medida es posible que el sector o subsector considerado, al correspondiente nivel de desagregación, repercuta el coste directo de los derechos de emisión necesarios y los costes indirectos derivados de los precios de la electricidad más elevados resultantes de la aplicación de la presente Directiva sobre los precios de los productos sin una pérdida significativa de cuota de mercado a favor de instalaciones fuera de la Comunidad que tengan un comportamiento peor desde el punto de vista de las emisiones de carbono. Estas evaluaciones estarán basadas en un precio medio del carbono conforme a la evaluación del impacto efectuada por la Comisión que acompaña al paquete de medidas de aplicación de los objetivos de la Unión Europea sobre cambio climático y energías renovables para 2020 y, si están disponibles, a los datos sobre comercio, producción y valor añadido de los tres últimos años para cada sector o subsector.

15. Se considerará que un sector o subsector está expuesto a un riesgo significativo de fuga de carbono si:

a) la suma de los costes adicionales directos e indirectos derivados de la aplicación de la presente Directiva puede dar lugar a un aumento sustancial del coste de producción, calculado como proporción del valor bruto añadido, del 5 % como mínimo, y

b) la intensidad del comercio con terceros países, definida como la proporción entre el valor total de las exportaciones a terceros países más el valor de las importaciones de terceros países y la dimensión total del mercado para la Comunidad (volumen de negocios anual más el total de las importaciones de terceros países), sea superior al 10 %.

16. No obstante lo dispuesto en el apartado 15, también se considerará que un sector o subsector está expuesto a un riesgo significativo de fuga de carbono si:

a) la suma de los costes adicionales directos e indirectos derivados de la aplicación de la presente Directiva puede dar lugar a un incremento particularmente elevado del coste de producción, calculado como una proporción del valor bruto añadido, del 30 % como mínimo, o

b) la intensidad del comercio con terceros países, definida como la proporción entre el valor total de las exportaciones a terceros países más el valor de las importaciones de terceros países y la dimensión total del mercado para la Comunidad (volumen de negocios anual más el total de las importaciones de terceros países), sea superior al 30 %.

17. La lista a que se refiere el apartado 13 podrá completarse, previa conclusión de una evaluación cualitativa, teniendo en cuenta, cuando los datos pertinentes estén disponibles, los criterios siguientes:

a) la medida en que es posible que instalaciones concretas del sector o subsector considerado reduzcan los niveles de emisión o el consumo de electricidad, incluyendo, cuando proceda, el incremento del coste de producción a que pueda dar lugar la inversión correspondiente, por ejemplo mediante las técnicas más eficaces;

b) las características del mercado actuales y proyectadas, en particular cuando los índices de aumento de la intensidad del comercio con terceros países o de los costes directos e indirectos se aproximen a uno de los umbrales mencionados en el apartado 16;

c) los márgenes de beneficio como indicadores potenciales de inversiones a largo plazo o decisiones de deslocalización.

18. La lista a que se refiere el apartado 13 se determinará tras tener en cuenta, cuando estén disponibles los datos pertinentes, lo siguiente:

a) en qué medida determinados terceros países, representantes de una parte decisiva de la producción mundial de bienes en sectores o subsectores considerados expuestos a un riesgo de fuga de carbono, se comprometen firmemente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores o subsectores pertinentes en un grado comparable al de la Comunidad, y en el mismo plazo, y

b) en qué medida la eficiencia en materia de carbono de las instalaciones situadas en dichos países es comparable a la de la Comunidad.

19. No se asignará ningún derecho de forma gratuita a una instalación que haya cesado de funcionar, a menos que el titular de la instalación demuestre a la autoridad competente que dicha instalación reanudará la producción en un plazo especificado y razonable. Se considerará que han cesado sus actividades las instalaciones cuyo permiso de emisiones de gases de efecto invernadero haya caducado o se haya retirado y las instalaciones cuyo funcionamiento o reanudación de funcionamiento resulte técnicamente imposible.

20. La Comisión incluirá, entre las medidas adoptadas conforme al apartado 1, medidas destinadas a definir las instalaciones que han cesado parcialmente de funcionar o que han reducido significativamente su capacidad y, si procede, medidas destinadas a adaptar en consecuencia el nivel de derechos de emisión gratuitos asignados a las mismas.

Artículo 10 ter

Medidas de apoyo a algunas industrias grandes consumidoras de energía en caso de fuga de carbono

1. A más tardar el 30 de junio de 2010, la Comisión, a la luz de los resultados de las negociaciones internacionales y de la medida en que estos desemboquen en reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial, y previa consulta a todos los interlocutores sociales pertinentes, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe analítico sobre la situación en cuanto a sectores o subsectores que consumen mucha energía y que se considere están expuestos a un fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá acompañado de propuestas adecuadas, por ejemplo:

a) la adaptación del porcentaje de derechos de emisión recibidos de forma gratuita por esos sectores o subsectores con arreglo al artículo 10 bis;

b) la inclusión en el régimen comunitario de importadores de productos fabricados por esos sectores o subsectores, determinados de acuerdo con el artículo 10 bis;

c) la evaluación del impacto de las fugas de carbono en la seguridad energética de los Estados miembros, particularmente cuando las conexiones eléctricas con el resto de la Comunidad son insuficientes y cuando hay conexiones eléctricas con terceros países, y las medidas apropiadas al respecto.

A la hora de considerar las medidas adecuadas, se tendrán en cuenta también los acuerdos sectoriales vinculantes que conduzcan a reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial de la magnitud requerida para controlar el cambio climático de una manera eficaz y que puedan someterse a un seguimiento y a una verificación y estén sujetos a disposiciones obligatorias de ejecución.

2. La Comisión evaluará, a más tardar el 31 de marzo de 2011, si las decisiones adoptadas respecto al porcentaje de derechos de emisión recibidos de forma gratuita por sectores o subsectores con arreglo al apartado 1, incluido el efecto de la fijación de los parámetros de referencia ex ante de conformidad con el artículo 10 bis, apartado 2, pueden afectar significativamente a la cantidad de derechos de emisión que deban ser subastados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 10, apartado 2, letra b), en comparación con un escenario de plena subasta para todos los sectores en 2020. Si procede, presentará las propuestas oportunas al Parlamento Europeo y el Consejo, teniendo en cuenta los posibles efectos distributivos de dichas propuestas.

Artículo 10 quater

Opción de asignación transitoria gratuita de derechos de emisión para la modernización de instalaciones de generación de electricidad

1. No obstante lo establecido en el artículo 10 bis, apartados 1 a 5, los Estados miembros podrán optar por asignar de forma transitoria y gratuita derechos de emisión a instalaciones para la generación de electricidad en funcionamiento a 31 de diciembre de 2008, o a instalaciones para la generación de electricidad para las que se haya iniciado físicamente el proceso de inversiones antes de la misma fecha, siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) en 2007, la red eléctrica nacional no estaba conectada, ni directa ni indirectamente, al sistema interconectado de redes gestionado por la Unión para la coordinación de la transmisión de electricidad (UCTE);

b) en 2007, la red eléctrica nacional estaba conectada, directa o indirectamente, a la red gestionada por la UCTE solo mediante una única línea con una capacidad inferior a 400 MW;

c) en 2006, más del 30 % de la electricidad se producía a partir de un tipo único de combustible fósil y el producto interior bruto per cápita a precios de mercado no rebasaba el 50 % del promedio del producto interior bruto per cápita a precios de mercado en la Comunidad.

Los Estados miembros en cuestión someterán a la Comisión un plan nacional que prevea inversiones en la adaptación y mejora de las infraestructuras y en tecnologías limpias. El plan nacional también preverá la diversificación de su combinación de fuentes energéticas y fuentes de abastecimiento, por un importe equivalente en la medida de lo posible al valor de mercado de los derechos de emisión asignados de forma gratuita con respecto a las inversiones previstas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de limitar en todo lo posible subidas de precios directamente relacionadas con ello. Los Estados miembros interesados presentarán a la Comisión cada año un informe sobre las inversiones realizadas en la mejora de las infraestructuras y en tecnologías limpias. Las inversiones realizadas a partir de 25 de junio de 2009 podrán tomarse en consideración a este fin.

2. Los derechos de emisión asignados de forma transitoria y gratuita se descontarán de la cantidad de derechos de emisión que, de otro modo, el Estado miembro correspondiente hubiese subastado conforme al artículo 10, apartado 2. En 2013, el total de los derechos de emisión asignados de forma transitoria y gratuita no rebasará el 70 % de la media anual de emisiones verificadas en 2005-2007 por esos generadores de electricidad para la cantidad correspondiente al consumo final bruto nacional del Estado miembro en cuestión y disminuirá gradualmente, de modo que en 2020 ya no haya asignaciones gratuitas. Las emisiones correspondientes a los Estados miembros que no participaron en el régimen comunitario en 2005 se calcularán utilizando sus emisiones verificadas en el marco del régimen comunitario en 2007.

Los Estados miembros en cuestión podrán determinar que los derechos de emisión asignados conforme al presente artículo solo puedan ser utilizados por el titular de la instalación correspondiente para entregar derechos de emisión conforme al artículo 12, apartado 3, respecto de emisiones de la misma instalación durante el año para el que se hayan asignado los derechos de emisión.

3. La asignación de derechos de emisión a los titulares estará basada en la asignación realizada en virtud de las emisiones verificadas en 2005-2007 o en un parámetro de referencia de eficacia ex ante basado en el promedio ponderado de los niveles de emisión de la producción de electricidad más eficiente desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero cubierta por el sistema comunitario para instalaciones que usan combustibles diferentes. La ponderación podrá reflejar el porcentaje de los diferentes combustibles en la producción de electricidad en el Estado miembro en cuestión. La Comisión facilitará, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 23, apartado 2, directrices para asegurar que la metodología de asignación evite distorsiones indebidas de la competencia y minimice los impactos negativos en los incentivos para reducir las emisiones.

4. Todo Estado miembro que aplique lo dispuesto en el presente artículo exigirá de las instalaciones generadoras de electricidad y de los titulares de la red que informen cada 12 meses sobre la realización de las inversiones a que se refiere el plan nacional. Los Estados miembros informarán sobre el particular a la Comisión y publicarán dichos informes.

5. Todo Estado miembro que tenga la intención de asignar derechos de emisión sobre la base del presente artículo presentará a la Comisión, a más tardar el 30 de septiembre de 2011, una solicitud que mencione la metodología propuesta para la asignación, así como las diferentes asignaciones. Las solicitudes contendrán:

a) justificantes que demuestren que el Estado miembro cumple al menos una de las condiciones del apartado 1;

b) una lista de las instalaciones a que se refiere la solicitud y la cantidad de derechos de emisión por asignar a cada instalación conforme al apartado 3 y las directrices de la Comisión;

c) el plan nacional a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1;

d) disposiciones de control y aplicación respecto de las inversiones previstas conforme al plan nacional;

e) información que demuestre que las asignaciones no dan lugar a una distorsión indebida de la competencia.

6. La Comisión evaluará la solicitud sobre la base de los elementos expuestos en el apartado 5 y podrá rechazar la solicitud, o cualquier aspecto de la misma, dentro de un plazo de seis meses a partir de la recepción de la información pertinente.

7. Dos años antes de que finalice el período durante el cual un Estado miembro podrá conceder una asignación gratuita y transitoria a las instalaciones para la generación de electricidad que estén en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2008, la Comisión evaluará los progresos realizados en la aplicación del plan nacional. Si la Comisión estima, a petición del Estado miembro afectado, que puede ser necesaria una ampliación de dicho plazo, podrá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo las propuestas oportunas, que incluirán las condiciones que deban cumplirse en caso de prórroga de dicho período.».