02013R0347 — ES — 28.04.2022 — 007.001

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►B REGLAMENTO (UE) No 347/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2013 relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión no 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 y (CE) no 715/2009 (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 115 de 25.4.2013, p. 39)

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REGLAMENTO (UE) No 347/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 17 de abril de 2013

relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión no 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 y (CE) no 715/2009

(Texto pertinente a efectos del EEE)







CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece orientaciones para el desarrollo y la interoperabilidad a tiempo de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética transeuropea que figuran en el anexo I («corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética»).

2. En particular, el presente Reglamento: a) contempla la identificación de proyectos de interés común necesarios para desarrollar dichos corredores y aéreas prioritarios que entren dentro de las categorías de infraestructura energética de electricidad, gas, petróleo y dióxido de carbono que figuran en el anexo II («categorías de infraestructuras energéticas»); b) facilita la ejecución puntual de proyectos de interés común mediante la racionalización, una coordinación más estrecha y la aceleración de los procesos de concesión de autorizaciones, y mediante la mejora de la participación del público; c) establece normas y orientaciones para la distribución transfronteriza de los costes y de los incentivos relativos al riesgo para los proyectos de interés común; d) determina las condiciones de admisibilidad de los proyectos de interés común para la ayuda financiera de la Unión.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, además de las definiciones que figuran en las Directivas 2009/28/CE, 2009/72/CE y 2009/73/CE y en los Reglamentos (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 y (CE) no 715/2009, se entenderá por:

1) «infraestructura energética» : cualquier soporte material o instalación comprendido en las categorías de infraestructuras energéticas que esté situado en el territorio de la Unión o que conecte a la Unión con uno o varios terceros países;

2) «decisión global» : una decisión o una serie de decisiones adoptadas por una autoridad o autoridades de un Estado miembro, excluidos los tribunales, que determine si se concede autorización al promotor de proyecto para construir la infraestructura energética para realizar un proyecto, sin perjuicio de cualquier decisión adoptada en el contexto de un procedimiento de recurso administrativo;

3) «proyecto» : una o varias líneas, conductos, servicios, equipamientos o instalaciones comprendidos en las categorías de infraestructuras energéticas;

4) «proyecto de interés común» : un proyecto necesario para desarrollar los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética que figuran en el anexo I y que esté comprendido en la lista de proyectos de interés común a escala de la Unión contemplada en el artículo 3;

5) «cuello de botella de infraestructuras energéticas» : la limitación de los flujos físicos en un sistema energético debida a una capacidad de transporte insuficiente, entre otras razones, por la ausencia de infraestructuras;

6) «promotor de proyecto» : a) un gestor de redes de transporte, un gestor de redes de distribución u otro operador o inversor que desarrolle un proyecto de interés común, o b) si se trata de varios gestores de redes de transporte, gestores de redes de distribución, otros operadores, inversores o cualquier grupo de estas categorías, la entidad dotada de personalidad jurídica en virtud de la legislación nacional aplicable que haya sido designada mediante un acuerdo contractual entre ellos y que tenga capacidad para contraer obligaciones jurídicas y asumir la responsabilidad financiera en nombre de las partes del acuerdo contractual;

7) «red inteligente» : una red que puede integrar de manera eficiente el comportamiento y las acciones de todos los usuarios conectados, incluidos productores, consumidores y los que son tanto productores como consumidores, con el fin de garantizar unas redes eléctricas económicamente eficientes y sostenibles, con pocas pérdidas y altos niveles de calidad, seguridad del suministro y seguridad;

8) «trabajos» : la adquisición, el suministro y la implantación de componentes, sistemas y servicios, incluido el software, la realización de trabajos de desarrollo, construcción e instalación relacionados con un proyecto, la recepción de instalaciones y la puesta en servicio de un proyecto;

9) «estudios» : las actividades necesarias para preparar la implantación de un proyecto, incluidos los estudios preliminares, de viabilidad, de evaluación, de prueba y de validación, incluido el software, así como cualquier otra medida de apoyo técnico, incluidas las acciones previas para definir y desarrollar un proyecto y la toma de decisiones respecto a su financiación, como las acciones de reconocimiento de los emplazamientos correspondientes y la preparación del plan financiero;

10) «autoridad reguladora nacional» : una autoridad reguladora nacional designada de conformidad con el artículo 35, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE o con el artículo 39, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE;

11) «puesta en servicio» : el proceso de puesta en funcionamiento de un proyecto una vez construido.







CAPÍTULO II

PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN

Artículo 3

Lista de la Unión de proyectos de interés común

1. El presente Reglamento establece doce Grupos Regionales («los Grupos») conforme a la definición del anexo III, sección 1. La pertenencia a cada uno de los Grupos se basará en cada corredor y área prioritarios y su respectiva cobertura geográfica, enunciados en el anexo I. La competencia para adoptar decisiones en los Grupos recaerá exclusivamente en los Estados miembros y en la Comisión, denominados, a tales efectos, como el órgano decisorio de los Grupos.

2. Cada grupo adoptará su propio reglamento interno, teniendo en cuenta lo dispuesto en el anexo III.

3. El órgano decisorio de cada Grupo adoptará una lista regional de proyectos de interés común, elaborada conforme al procedimiento establecido en el anexo III, sección 2, de acuerdo con la contribución de cada proyecto al desarrollo de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética establecidos en el anexo I y de acuerdo con su cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 4.

Cuando un Grupo elabore su lista regional:

a) cada propuesta relativa a un proyecto de interés común exigirá la aprobación de los Estados miembros a cuyo territorio se refiera el proyecto; si un Estado miembro decide no conceder su aprobación, expondrá la debida motivación ante el Grupo Regional interesado;

b) tendrá en cuenta el asesoramiento de la Comisión orientado a disponer de un número total manejable de proyectos de interés común.

4. La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 16 que establece la lista de la Unión de proyectos de interés común («lista de la Unión»), sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 172 del TFUE. La lista de la Unión adoptará la forma de anexo del presente Reglamento.

En el ejercicio de sus poderes, la Comisión se asegurará de que la lista de la Unión se establezca cada dos años sobre la base de las listas regionales adoptadas por los órganos decisorios de los Grupos establecidos de conformidad con el anexo III, sección 1, punto 2.

La primera lista de la Unión se adoptará el 30 de septiembre de 2013 a más tardar.

5. La Comisión, al adoptar la lista de la Unión sobre la base de las listas regionales: a) se asegurará de que solo se incluyan los proyectos que cumplan los criterios contemplados en el artículo 4; b) garantizará la coherencia transregional teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia contemplado en el anexo III, sección 2, punto 12; c) tendrá en cuenta las opiniones de los Estados miembros de conformidad con el anexo III, sección 2, punto 9, y d) tratará de que sea manejable el número total de proyectos de interés común de la lista de la Unión.

6. Los proyectos de interés común incluidos en la lista de la Unión de conformidad con el apartado 4 del presente artículo se convertirán en parte integrante de los planes regionales de inversiones pertinentes, conforme al artículo 12 de los Reglamentos (CE) n o 714/2009 y (CE) n o 715/2009, y de los correspondientes planes decenales de desarrollo de la red nacionales, conforme al artículo 22 de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, y otros planes de infraestructura nacionales correspondientes, en su caso. Cada uno de dichos planes concederá la máxima prioridad posible a tales proyectos.

Artículo 4

Criterios para los proyectos de interés común

1. Los proyectos de interés común deberán cumplir los siguientes criterios generales: a) el proyecto es necesario para al menos uno de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética; b) los beneficios totales potenciales del proyecto, evaluados de conformidad con los criterios específicos respectivos previstos en el apartado 2, superan a los costes, también a largo plazo, y c) el proyecto cumple con cualquiera de los siguientes criterios: i) concierne como mínimo a dos Estados miembros porque atraviesa directamente la frontera de dos o más Estados miembros, ii) está situado en el territorio de un Estado miembro y tiene un importante impacto transfronterizo, conforme al anexo IV, punto 1, iii) atraviesa la frontera de al menos un Estado miembro y un Estado del Espacio Económico Europeo.

2. Los siguientes criterios específicos se aplicarán a los proyectos de interés común incluidos en categorías de infraestructura energética específicas: a) en lo relativo a proyectos de transporte y almacenamiento de electricidad que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 1, letras a) a d), el proyecto deberá contribuir de forma significativa, como mínimo, a uno de los siguientes criterios específicos: i) integración del mercado, entre otras cosas poniendo fin al aislamiento de al menos uno de los Estados miembros de la Unión Europea y reduciendo los cuellos de botella de las infraestructuras energéticas; competencia y flexibilidad del sistema, ii) sostenibilidad, entre otras cosas mediante la integración de las energías renovables en la red y el transporte de la producción obtenida a partir de fuentes renovables a grandes centros de consumo y sitios de almacenamiento, iii) seguridad del suministro, en particular mediante la interoperabilidad, unas conexiones adecuadas y el funcionamiento seguro y fiable del sistema; b) en cuanto a los proyectos de gas que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 2, el proyecto deberá contribuir de forma significativa, como mínimo, a uno de los siguientes criterios específicos: i) integración del mercado, entre otras cosas poniendo fin al aislamiento de al menos uno de los Estados miembros de la Unión Europea y reduciendo los cuellos de botella de las infraestructuras energéticas; interoperabilidad y flexibilidad del sistema, ii) seguridad del suministro, entre otras cosas mediante unas conexiones adecuadas y la diversificación de las fuentes, los suministradores y las rutas de suministro, iii) competencia, entre otras cosas mediante la diversificación de las fuentes, los suministradores y las rutas de suministro, iv) sostenibilidad, entre otras cosas mediante la reducción de las emisiones, el apoyo a la producción intermitente procedente de energías renovables y el refuerzo de la implantación del gas renovable; c) en cuanto a los proyectos de las redes inteligentes de electricidad que entran dentro de la categoría de infraestructuras energéticas contemplada en el anexo II, punto 1, letra e), el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos los criterios específicos siguientes: i) integración y participación de los usuarios de la red con nuevas exigencias técnicas en relación con su oferta y su demanda de electricidad, ii) eficiencia e interoperabilidad del transporte y distribución de electricidad en el funcionamiento día a día de la red, iii) seguridad de la red, control del sistema y calidad del suministro, iv) planificación optimizada de futuras inversiones en la red sin costes excesivos, v) funcionamiento del mercado y servicios al cliente, vi) participación de los usuarios en la gestión de su uso de la energía; d) en cuanto a los proyectos de transporte de petróleo que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 3, el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos los criterios específicos siguientes: i) seguridad del suministro al reducir la dependencia de una única fuente o ruta, ii) utilización eficiente y sostenible de los recursos mediante la mitigación de los riesgos medioambientales, iii) interoperabilidad; e) en cuanto a los proyectos de transporte de dióxido de carbono que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 4, el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos los criterios específicos siguientes: i) evitación de emisiones de dióxido de carbono, al tiempo que se mantiene la seguridad del suministro energético, ii) incremento de la resiliencia y seguridad del transporte de dióxido de carbono, iii) uso eficiente de los recursos, al permitir la conexión de múltiples fuentes y sitios de almacenamiento de dióxido de carbono a través de una infraestructura común y minimizando la carga y los riesgos para el medio ambiente.

3. En cuanto a los proyectos que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, puntos 1 a 3, los criterios enumerados en el presente artículo se evaluarán de conformidad con los indicadores contemplados en el anexo IV, puntos 2 a 5.

4. A fin de facilitar la evaluación de todos los proyectos que podrían ser reconocidos como proyectos de interés común y figurar en una lista regional, cada Grupo evaluará la contribución de cada proyecto al desarrollo del mismo corredor o área prioritario de manera transparente y objetiva. Cada Grupo determinará su método de evaluación sobre la base de la contribución global a los criterios establecidos en el apartado 2; esta evaluación dará lugar a una clasificación de los proyectos para uso interno del Grupo. Ni la lista regional ni la lista de la Unión recogerán ninguna clasificación ni se utilizará la clasificación para ningún otro propósito ulterior con la excepción de lo reflejado en el anexo III, sección 2, punto 14.

Al evaluar proyectos, cada grupo dará además la debida consideración a:

a) la urgencia de cada proyecto propuesto con vistas al cumplimiento de los objetivos de la política energética de la Unión en cuanto a integración del mercado, entre otras cosas poniendo fin al aislamiento de al menos un Estado miembro, y competencia, sostenibilidad y seguridad del suministro;

b) el número de Estados miembros afectados por cada proyecto, garantizando la igualdad de oportunidades en lo relativo a los proyectos que interesen a Estados miembros periféricos;

c) la contribución de cada proyecto a la cohesión territorial, y

d) su complementariedad con otros proyectos propuestos.

Por lo que respecta a los proyectos relativos a redes inteligentes que entran dentro de la categoría de infraestructuras energéticas contemplada en el anexo II, punto 1, letra e), la clasificación se hará en relación con aquellos proyectos que afecten a los mismos dos Estados miembros, y deberá tenerse también en la debida consideración el número de usuarios afectados por el proyecto, el consumo anual de energía y la cuota de producción a partir de fuentes no despachables en el área abarcada por dichos usuarios.

Artículo 5

Ejecución y seguimiento

1. Los promotores de proyectos elaborarán un plan de ejecución para sus proyectos de interés común que contendrá un calendario para: a) estudios de viabilidad y diseño; b) la aprobación de la autoridad reguladora nacional o de otra autoridad pertinente; c) la construcción y puesta en servicio, y d) el calendario para la concesión de autorizaciones a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 4, letra b).

2. Los gestores de redes de transporte, los gestores de redes de distribución y otros operadores cooperarán para facilitar el desarrollo de los proyectos de interés común de su zona.

3. La Agencia y los Grupos interesados realizarán el seguimiento del progreso logrado en la ejecución de los proyectos de interés común y, en caso necesario, formularán recomendaciones para facilitar la ejecución de proyectos de interés común. Los Grupos podrán solicitar información adicional de conformidad con los apartados 4, 5 y 6, convocar reuniones con las partes de que se trate y solicitar a la Comisión que verifique la información facilitada in situ .

4. A más tardar el 31 de marzo de cada año siguiente al año de inclusión de un proyecto de interés común en la lista de la Unión de conformidad con el artículo 3, los promotores de proyectos presentarán un informe anual para cada proyecto incluido en las categorías contempladas en el anexo II, puntos 1 y 2, a la autoridad competente contemplada en el artículo 8 y a la Agencia o, si se trata de proyectos incluidos en las categorías contempladas en el anexo II, puntos 3 y 4, al Grupo respectivo. Dicho informe deberá especificar: a) los progresos alcanzados en el desarrollo, construcción y puesta en servicio del proyecto, en particular en el marco de los procedimientos de concesión de autorizaciones y de consulta; b) si procede, los retrasos respecto al plan de ejecución, los motivos de estos retrasos y otras dificultades encontradas; c) si procede, un plan revisado para subsanar los retrasos.

5. En el plazo de tres meses a partir de la recepción de los informes anuales contemplados en el apartado 4 del presente artículo, la Agencia presentará a los Grupos un informe consolidado para los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, puntos 1 y 2, en el que evaluará los progresos alcanzados, y formulará, si procede, recomendaciones sobre cómo subsanar los retrasos y dificultades encontradas. En dicho informe consolidado se evaluará también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 8 y 9, del Reglamento (CE) n o 713/2009, la ejecución coherente de los planes de desarrollo de la red a escala de la UE en lo relativo a los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética contemplados en el anexo I.

6. Cada año, las autoridades competentes a que se refiere el artículo 8 informarán al respectivo Grupo de los progresos y, en su caso, de los retrasos en la ejecución de los proyectos de interés común situados en su territorio respectivo en relación con los procesos de concesión de autorizaciones, y de las razones de dichos retrasos.

7. Si la puesta en servicio de un proyecto de interés común registra un retraso respecto al plan de ejecución por motivos que no sean razones imperiosas que escapen al control del promotor del proyecto: a) cuando sean aplicables las medidas a que se refiere el artículo 22, apartado 7, letras a), b) o c), de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE de conformidad con las legislaciones nacionales respectivas, las autoridades reguladoras nacionales velarán por que se efectúen las inversiones; b) si las medidas de las autoridades reguladoras nacionales de conformidad con la letra a) no son aplicables, el promotor del proyecto elegirá a una tercera parte para financiar o construir el proyecto total o parcialmente. El promotor del proyecto actuará antes de que el retraso en relación con la fecha de puesta en servicio prevista en el plan de ejecución sea superior a dos años; c) si no se elige una tercera parte de conformidad con la letra b), el Estado miembro o, cuando el Estado miembro la haya dispuesto así, la autoridad reguladora nacional, en el plazo de dos meses a partir del vencimiento del plazo al que se hace referencia en la letra b), podrá designar a una tercera parte para financiar o construir el proyecto, que el promotor del proyecto deberá aceptar; d) si el retraso respecto a la fecha de puesta en servicio según el plan de ejecución supera los dos años y dos meses, la Comisión, con arreglo al acuerdo y con la plena cooperación de los Estados miembros interesados, podrá publicar una convocatoria de propuestas abierta a cualquier tercera parte que pueda llegar a ser promotor de proyecto para que construya el proyecto de acuerdo con un calendario de plazos convenido; e) cuando se apliquen las letras c) o d), el gestor de redes en cuya zona se localice la inversión facilitará a los operadores o inversores o a la tercera parte que ejecute el proyecto toda la información necesaria para realizar la inversión, conectará nuevos activos a la red de transporte y, en general, hará todo cuanto esté en su mano para facilitar la ejecución de la inversión, así como la explotación y el mantenimiento seguros, eficientes y fiables del proyecto de interés común.

8. Un proyecto de interés común podrá ser suprimido de la lista de la Unión de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 4, cuando su inclusión en dicha lista se haya basado en información incorrecta que haya sido un factor determinante para la inclusión o cuando el proyecto no se ajuste a la legislación de la Unión.

9. Los proyectos que dejen de figurar en la lista de la Unión perderán todos sus derechos y obligaciones vinculados con la consideración de proyecto de interés común resultantes del presente Reglamento.

No obstante, un proyecto que ya no figure en la lista de la Unión pero cuyo expediente de solicitud haya sido admitido a examen por la autoridad competente conservará los derechos y obligaciones derivados del capítulo III, excepto si el proyecto ya no figura en la lista por las razones expuestas en el apartado 8.

10. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier ayuda financiera de la Unión concedida a cualquier proyecto de interés común con anterioridad a su retirada de la lista de la Unión.

Artículo 6

Coordinadores europeos

1. Si un proyecto de interés común experimenta serias dificultades de ejecución, la Comisión, de acuerdo con los Estados miembros interesados, podrá designar a un coordinador europeo por un período máximo de un año, renovable en dos ocasiones.

2. El coordinador europeo: a) fomentará el proyecto o proyectos para los que haya sido designado coordinador europeo e impulsar el diálogo transfronterizo entre los promotores de proyecto y todas las partes interesadas; b) ayudará a todas las partes, cuando sea necesario, en las consultas a las partes interesadas y en la obtención de las autorizaciones necesarias para el proyecto o proyectos; c) si procede, asesorará a los promotores del proyecto sobre la financiación del proyecto; d) garantizará que se cuenta con el apoyo adecuado y la dirección estratégica por parte de los Estados miembros interesados para la preparación y ejecución del proyecto o proyectos; e) presentará todos los años y, si procede, a la conclusión de su mandato, un informe a la Comisión acerca del progreso del proyecto o proyectos y de cualquier dificultad u obstáculo que puedan llegar a representar un retraso importante para la fecha de entrada en servicio del proyecto o proyectos. La Comisión transmitirá el informe al Parlamento Europeo y a los Grupos interesados.

3. El coordinador europeo será elegido atendiendo a su experiencia en relación con los cometidos específicos que se le asignen para los proyectos de que se trate.

4. La decisión de designación del coordinador europeo especificará las condiciones del mandato, detallando su duración, los cometidos específicos y los plazos correspondientes, así como la metodología que se vaya a seguir. La labor de coordinación será proporcional a la complejidad y costes estimados del proyecto o proyectos.

5. Los Estados miembros interesados cooperarán plenamente con el coordinador europeo en el desempeño de sus tareas, enunciadas en los apartados 2 y 4.







CAPÍTULO III

CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

Artículo 7

«Carácter prioritario» de los proyectos de interés común

1. La adopción de la lista de proyectos de interés común de la Unión establecerá, para los fines de las decisiones adoptadas en el proceso de concesión de autorizaciones, la necesidad de dichos proyectos desde la perspectiva de la política energética, sin perjuicio de su ubicación exacta, el trazado de la ruta o la tecnología del proyecto.

2. A efectos de garantizar una tramitación administrativa eficiente de los expedientes de solicitud relativos a los proyectos de interés común, los promotores de proyectos y todas las autoridades interesadas velarán por que se dé el tratamiento más rápido legalmente posible a dichos expedientes.

3. Cuando esté contemplada en la legislación nacional, los proyectos de interés común obtendrán la consideración de asunto de máxima importancia posible a nivel nacional y serán tratados como tales en los procesos de concesión de autorizaciones —y, si la legislación nacional así lo dispone, en la ordenación territorial— incluidos los relativos a evaluaciones del impacto medioambiental, del modo en que dicho tratamiento esté contemplado en la legislación nacional aplicable al tipo correspondiente de infraestructura energética, y según la forma prevista a tal efecto.

4. A más tardar el 16 de agosto de 2013, la Comisión publicará orientaciones no vinculantes para ayudar a los Estados miembros a definir medidas legislativas y no legislativas adecuadas para racionalizar los procedimientos de evaluación ambiental y para velar por la aplicación coherente de los procedimientos de evaluación ambiental exigidos en virtud del Derecho de la Unión para los proyectos de interés común.

5. Los Estados miembros analizarán, teniendo debidamente en cuenta las orientaciones contempladas en el apartado 4, cuáles son las medidas viables para racionalizar los procedimientos de evaluación ambiental y velar por su aplicación coherente, e informarán a la Comisión del resultado.

6. En un plazo de nueve meses a partir de la emisión de las orientaciones contempladas en el apartado 4, los Estados miembros adoptarán las medidas no legislativas que hayan identificado en virtud del apartado 5.

7. En un plazo de 24 meses a partir de la emisión de las orientaciones contempladas en el apartado 4, los Estados miembros adoptarán las medidas legislativas que hayan identificado en virtud del apartado 5. Dichas medidas se entienden si perjuicio de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.

8. En relación con los impactos ambientales establecidos en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE y el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE, se considerará que los proyectos de interés común son de interés público desde la perspectiva de la política energética, y podrán ser considerados de «interés público de primer orden», siempre y cuando se cumplan todas las condiciones establecidas en dichas Directivas.

En caso de que fuera necesario un dictamen de la Comisión de conformidad con la Directiva 92/43/CEE, la Comisión y la autoridad competente a que se refiere en el artículo 9 del presente Reglamento velarán por que la decisión relativa al interés público de primer orden de un proyecto sea adoptada dentro del plazo previsto en el artículo 10, apartado 1, del presente Reglamento.

Artículo 8

Organización del proceso de concesión de autorizaciones

1. A más tardar el 16 de noviembre de 2013, cada Estado miembro designará una autoridad nacional competente que será responsable de facilitar y coordinar el proceso de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común.

2. Las responsabilidades de la autoridad competente contemplada en el apartado 1 y/o los cometidos relativos a la misma podrán delegarse en otra autoridad o ser desempeñados por ella, por proyecto de interés común o por categoría de proyectos de interés común, a condición de que: a) la autoridad competente notifique a la Comisión dicha delegación y la información sea publicada por la autoridad competente o por el promotor de proyecto en el sitio web contemplado en el artículo 9, apartado 7; b) solamente una autoridad será responsable por cada proyecto de interés común, será el único punto de contacto para el promotor de proyecto en el procedimiento orientado a la decisión global relativa a un determinado proyecto de interés común, y coordinará la presentación de todos los documentos y la información pertinentes.

La autoridad competente podrá conservar la responsabilidad de fijar plazos, sin perjuicio de los fijados de conformidad con el artículo 10.

3. Sin perjuicio de los requisitos pertinentes en virtud del Derecho internacional y de la Unión, la autoridad competente tomará medidas para facilitar la emisión de la decisión global. La decisión global se emitirá dentro del plazo mencionado en el artículo 10, apartados 1 y 2, y de acuerdo con uno de los procedimientos siguientes: a) Sistema integrado : La decisión global será emitida por la autoridad competente y será la única decisión jurídicamente vinculante resultante del procedimiento de concesión de autorizaciones reglamentario. Cuando el proyecto afecte a otras autoridades, estas, de conformidad con su legislación nacional, podrán dar su opinión como aportación al procedimiento, que podrá ser tenida en cuenta por la autoridad competente. b) Sistema coordinado : La decisión global comprenderá múltiples decisiones individuales jurídicamente vinculantes emitidas por las diversas autoridades interesadas, que estarán coordinadas por la autoridad competente. La autoridad competente podrá establecer un grupo de trabajo en el que estarán representadas todas las autoridades interesadas a fin de elaborar un calendario para la concesión de autorizaciones de conformidad con el artículo 10, apartado 4, letra b), y de seguir y coordinar su aplicación. La autoridad competente, en consulta con las demás autoridades interesadas, si procede de conformidad con el Derecho nacional, y sin perjuicio de los plazos establecidos con arreglo al artículo 10, establecerá caso por caso un plazo razonable para la emisión de la decisión correspondiente. La autoridad competente podrá tomar una decisión individual en nombre de otra autoridad nacional interesada, si la decisión adoptada por esta última autoridad no se ha emitido dentro del plazo y no se ha justificado adecuadamente el retraso; o bien, cuando así lo disponga el Derecho nacional, y en la medida en que ello sea compatible con el Derecho de la Unión, la autoridad competente podrá considerar que otra autoridad nacional interesada concede o deniega la aprobación del proyecto si dicha autoridad no emite su decisión dentro del plazo establecido. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, la autoridad competente podrá hacer caso omiso de una decisión individual de otra autoridad nacional interesada, si considera que la decisión no está suficientemente motivada respecto a los elementos justificantes presentados por la autoridad nacional interesada; cuando obre de este modo, la autoridad competente velará por que se respeten los requisitos pertinentes en virtud del Derecho internacional y de la Unión y justificará debidamente su decisión. c) Sistema de colaboración : La decisión global estará coordinada por la autoridad competente. La autoridad competente, en consulta con las demás autoridades interesadas, si procede de conformidad con la legislación nacional, y sin perjuicio de los plazos establecidos con arreglo al artículo 10, establecerá caso por caso un plazo razonable para la emisión de la decisión correspondiente. Observará el cumplimiento por las autoridades interesadas de los plazos fijados.

Si no cabe esperar que la autoridad interesada adopte una decisión individual en el plazo previsto, esa autoridad informará sin demora a la autoridad competente y justificará las razones del retraso. A continuación, la autoridad competente restablecerá el plazo para la emisión de la decisión de que se trate, respetando los plazos fijados de conformidad con el artículo 10.

Vistas las particularidades nacionales de los procesos de planificación y de concesión de autorizaciones, los Estados miembros podrán elegir entre los tres sistemas contemplados en las letras a), b) y c) del párrafo primero para facilitar y coordinar sus procedimientos y desarrollar el sistema más eficaz. Si un Estado miembro elige el sistema de colaboración, informará a la Comisión de sus razones para ello. La Comisión evaluará la eficacia de los sistemas en el informe contemplado en el artículo 17.

4. Los Estados miembros podrán aplicar sistemas diferentes a los expuestos en el apartado 3 a proyectos de interés común tanto en tierra como en alta mar.

5. Si un proyecto de interés común requiere que se adopten decisiones en dos o más Estados miembros, las autoridades competentes respectivas darán todos los pasos necesarios para establecer entre sí una cooperación y una coordinación eficientes y eficaces, incluyendo lo referente a las disposiciones contempladas en el artículo 10, apartado 4. Los Estados miembros procurarán establecer procedimientos conjuntos, en particular en relación con la evaluación de los impactos ambientales.

Artículo 9

Transparencia y participación del público

1. A más tardar el 16 de mayo de 2014, el Estado miembro o la autoridad competente, si procede en colaboración con las demás autoridades interesadas, publicará un manual de procedimiento para el proceso de concesión de autorizaciones aplicable a los proyectos de interés común. El manual se actualizará en función de las necesidades y estará a disposición del público. El manual recogerá como mínimo la información especificada en el anexo VI, punto 1. El manual no será vinculante jurídicamente, pero podrá hacer referencia a disposiciones legales pertinentes o citarlas.

2. Sin perjuicio de cualquier requisito con arreglo a los Convenios de Aarhus y Espoo y a la legislación aplicable de la Unión, todas las partes implicadas en el proceso de concesión de autorizaciones deberán respetar los principios para la participación del público establecidos en el anexo VI, punto 3.

3. El promotor de proyecto, en el plazo indicativo de tres meses a partir del comienzo del proceso de concesión de autorizaciones de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra a), elaborará y presentará a la autoridad competente un plan conceptual para la participación del público, con arreglo al proceso descrito en el manual a que se refiere el apartado 1 y siguiendo las orientaciones del anexo VI. La autoridad competente solicitará modificaciones o aprobará el plan conceptual para la participación del público antes de que transcurran tres meses; al hacerlo, la autoridad competente tomará en consideración cualquier forma de participación y consulta pública que tuviera lugar antes del inicio del proceso de concesión de autorizaciones, en la medida en que la participación y consulta pública cumpla los requisitos del presente artículo.

Si el promotor del proyecto tiene la intención de introducir cambios significativos en un concepto aprobado, informará de ello a la autoridad competente. En este caso, la autoridad competente podrá solicitar modificaciones.

4. El promotor de proyecto, o, cuando así lo establezca la legislación nacional, la autoridad competente, deberá realizar como mínimo una consulta pública antes de presentar el expediente de solicitud definitivo y completo a la autoridad competente con arreglo al artículo 10, apartado 1, letra a). Lo anterior se entenderá sin perjuicio de cualquier consulta pública que se lleve a cabo tras la presentación de la solicitud de autorización del proyecto de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2011/92/UE. La consulta pública informará a las partes interesadas a que se hace referencia en el anexo VI, punto 3, letra a), sobre el proyecto en una fase temprana y ayudará a determinar la localización o trayectoria más adecuada y las cuestiones pertinentes que deban abordarse en el expediente de solicitud. Los requisitos mínimos aplicables a esta consulta pública se especifican en el anexo VI, punto 5.

El promotor de proyecto preparará un informe en el que resumirá los resultados de las actividades relacionadas con la participación del público antes de la presentación del expediente de solicitud, incluidas las actividades que tuvieran lugar antes del inicio del proceso de concesión de autorizaciones. El promotor de proyecto presentará dicho informe junto con el expediente de solicitud a la autoridad competente. Se tendrán debidamente en cuenta dichos resultados en la decisión global.

5. En el caso de los proyectos que atraviesan la frontera de dos o más Estados miembros, las consultas públicas en virtud del apartado 4 en cada uno de los Estados miembros interesados tendrán lugar en un plazo máximo de dos meses contando a partir de la fecha de comienzo de la primera consulta pública.

6. En el caso de los proyectos susceptibles de tener impactos negativos transfronterizos significativos en uno o más Estados miembros vecinos, para los cuales sean aplicables el artículo 7 de la Directiva 2011/92/UE y el Convenio de Espoo, la información pertinente se pondrá a disposición de la autoridad competente de los Estados miembros vecinos. Dicha autoridad competente indicará en el proceso de notificación, si procede, si desea tomar parte en los procedimientos de consulta pública pertinentes o si lo desea alguna otra autoridad afectada.

7. El promotor de proyecto o, cuando así lo establezca la legislación nacional, la autoridad competente, establecerá y actualizará regularmente una página web que contenga información pertinente sobre el proyecto de interés común, que estará vinculada a la página web de la Comisión y que deberá cumplir los requisitos especificados en el anexo VI, punto 6. Deberá respetarse el carácter confidencial de la información sensible desde el punto de vista comercial.

Los promotores de proyecto publicarán además información pertinente por otros medios de información adecuados que sean de libre acceso para el público.

Artículo 10

Duración y desarrollo del proceso de concesión de autorizaciones

1. El proceso de concesión de autorizaciones constará de dos procedimientos: a) El procedimiento previo a la solicitud, que cubrirá el período entre el comienzo del proceso de concesión de autorizaciones y la aceptación por parte de la autoridad competente del expediente de solicitud presentado, deberá tener lugar en un plazo indicativo de dos años. Este procedimiento incluirá la preparación de los informes ambientales que deben elaborar los promotores de proyectos. A efectos del establecimiento del comienzo del proceso de concesión de autorizaciones, los promotores de proyecto notificarán por escrito el proyecto a la autoridad competente de los Estados miembros de que trate, y acompañarán la notificación de una descripción razonablemente detallada del proyecto. En el plazo máximo de tres meses tras la recepción de la notificación, la autoridad competente, en nombre asimismo de otras autoridades interesadas, acusará recibo o, si considera que el proyecto no está suficientemente maduro para entrar en el proceso de concesión de autorizaciones, rechazará por escrito la notificación. En caso de rechazo, la autoridad competente deberá justificar su decisión, en nombre asimismo de otras autoridades interesadas. La fecha de firma del acuse de recibo de la notificación por parte de la autoridad competente se considerará el inicio del proceso de concesión de autorizaciones. Cuando afecte a dos o más Estados miembros, la aceptación de la última notificación por parte de la autoridad competente interesadas se considerará la fecha del inicio del proceso de concesión de autorizaciones. b) El procedimiento de concesión de autorizaciones reglamentario, que abarca el período desde la fecha de aceptación del expediente de solicitud presentado hasta que es adoptada la decisión global, no deberá superar un año y seis meses. Los Estados miembros podrán establecer una fecha límite más temprana para el plazo si lo consideran adecuado.

2. La duración combinada de los dos procedimientos a que se hace referencia en el apartado 1 no superará un período de tres años y seis meses. No obstante, si la autoridad competente considera que no se completarán uno o los dos procedimientos de que consta el proceso de concesión de autorizaciones dentro de los plazos establecidos en el apartado 1, podrá decidir, antes de su expiración y caso por caso, ampliar uno de esos dos plazos, o los dos, nueve meses como máximo para ambos procedimientos combinados.

En este caso, la autoridad competente informará al Grupo de que se trate le presentará las medidas adoptadas o previstas para concluir el proceso de concesión de autorizaciones con la mayor brevedad posible. El Grupo podrá solicitar a la autoridad competente que le informe con regularidad sobre los progresos alcanzados en este sentido.

3. En los Estados miembros en los que la determinación de una ruta o una localización emprendida exclusivamente con la finalidad específica del proyecto previsto, incluida la planificación de corredores específicos de la red de infraestructuras, no pueda incluirse en el proceso encaminado a la decisión global, la decisión correspondiente se tomará en un plazo aparte de seis meses que se iniciará en la fecha de la presentación por el promotor de los documentos definitivos y completos de la solicitud.

En tal caso, la ampliación del plazo contemplada en el apartado 2 se limitará a seis meses, incluido el proceso contemplado en el presente apartado.

4. El procedimiento previo a la solicitud comprenderá los pasos siguientes: a) tras acusar recibo de la notificación, con arreglo al apartado 1, letra a), la autoridad competente determinará, en estrecha cooperación con las demás autoridades interesadas y, si procede, sobre la base de una propuesta del promotor del proyecto, el nivel de contenido y de detalle de la información que deberá presentar el promotor de proyecto para solicitar la decisión global. Para ello se basará en la lista de control mencionada en el anexo VI, punto 1, letra e); b) la autoridad competente elaborará, en estrecha cooperación con el promotor de proyecto y otras autoridades interesadas y teniendo en cuenta los resultados de las actividades realizadas en virtud de la letra a), un calendario detallado para el proceso de concesión de autorizaciones con arreglo a las directrices fijadas en el anexo VI, punto 2. En el caso de los proyectos que atraviesan la frontera entre dos o más Estados miembros, las autoridades competentes de los Estados miembros interesados prepararán un programa conjunto y ajustarán sus calendarios; c) a la recepción del proyecto de expediente de solicitud, la autoridad competente, en caso necesario y en nombre asimismo de otras autoridades interesadas, solicitará al promotor de proyecto que presente la información que falte, que solamente podrá referirse a asuntos señalados en la letra a). En el plazo de tres meses a partir de la presentación de la información que faltase, la autoridad competente admitirá a examen por escrito la solicitud. Las solicitudes de información adicional solamente podrán realizarse si están justificadas por nuevas circunstancias.

5. El promotor de proyecto velará por que el expediente de solicitud esté completo y tenga la calidad adecuada y pedirá la opinión de la autoridad competente sobre esta cuestión tan pronto como sea posible durante el procedimiento previo a la solicitud. El promotor de proyecto cooperará plenamente con la autoridad competente para cumplir los plazos y seguir el programa detallado definido en el apartado 4, letra b).

6. Los plazos establecidos en el presente artículo se entenderán sin perjuicio de las obligaciones resultantes del Derecho internacional y de la Unión y sin perjuicio de los procedimientos de recurso administrativos y judiciales.







CAPÍTULO IV

TRATAMIENTO NORMATIVO

Artículo 11

Análisis de costes y beneficios de todo el sistema energético

1. A más tardar el 16 de noviembre de 2013, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (REGRT) de electricidad y la REGRT de gas publicarán y presentarán a los Estados miembros, a la Comisión y a la Agencia y sus metodologías respectivas, incluida la modelización de la red y del mercado, a efectos de un análisis armonizado de la relación entre costes y beneficios de todo el sistema energético de la Unión para los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en del anexo II, punto 1, letras a) a d), y el anexo II, punto 2. Estas metodologías se aplicarán a la preparación de todos los subsiguientes planes decenales de desarrollo de la red elaborados por la REGRT de la electricidad o la REGRT del gas con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) n o 714/2009 y al artículo 8 del Reglamento (CE) n o 715/2009. Las metodologías se elaborarán de acuerdo con los principios contemplados en el anexo V y serán coherentes con las normas y los indicadores previstos en el anexo IV.

Antes de presentar sus metodologías respectivas, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas llevarán a cabo un amplio procedimiento de consulta en el que como mínimo deberán participar las organizaciones representantes de todas las partes interesadas pertinentes —y, en su caso, las propias partes interesadas—, las autoridades reguladoras nacionales y otras autoridades nacionales.

2. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de las metodologías, la Agencia presentará un dictamen a los Estados miembros y a la Comisión acerca de las metodologías y lo publicará.

3. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción del dictamen de la Agencia, la Comisión y los Estados miembros podrán presentar un dictamen sobre las metodologías. Los dictámenes se presentarán a la REGRT de la electricidad o a la REGRT del gas.

4. En el plazo de tres meses a partir del día de recepción del último dictamen recibido en virtud del apartado 3, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas adaptarán sus metodologías teniendo debidamente en cuenta los dictámenes recibidos de los Estados miembros, el dictamen de la Comisión y el dictamen de la Agencia, y las presentarán a la Comisión para su aprobación.

5. En el plazo de dos semanas a partir de la aprobación por parte de la Comisión, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas publicarán sus respectivas metodologías en sus páginas web. Transmitirán a la Comisión y a la Agencia, cuando estas lo soliciten, las correspondientes series de datos de entrada definidos en el anexo V, punto 1, y otros datos relevantes sobre la red, el flujo de carga y el mercado en una forma suficientemente precisa, de conformidad con las legislaciones nacionales y los acuerdos de confidencialidad pertinentes. Los datos deberán ser válidos en la fecha de la petición. La Comisión y la Agencia velarán por que los datos recibidos sean tratados con carácter confidencial, tanto por ellas como por cualquier parte que realice para ellas un trabajo analítico basado en estos datos.

6. Las metodologías se actualizarán y mejorarán regularmente de conformidad con los apartados 1 a 5. La Agencia, por propia iniciativa o sobre la base de una solicitud debidamente motivada de las autoridades reguladoras nacionales o de las partes interesadas, y previa consulta oficial a las organizaciones que representen a todas las partes interesadas y a la Comisión, podrá solicitar dichas actualizaciones y mejoras con las debidas justificaciones y calendarios. La Agencia publicará las peticiones de las autoridades reguladoras nacionales o de las partes interesadas y todos los documentos no sensibles desde un punto de vista comercial que hayan suscitado una solicitud de actualización o mejora por parte de la Agencia.

7. A más tardar el 16 de mayo de 2015, las autoridades reguladoras nacionales, cooperando en el marco de la Agencia, establecerán y publicarán un conjunto de indicadores con los valores de referencia correspondientes para la comparación de los costes unitarios de inversión de proyectos comparables de las categorías de infraestructuras contempladas en el anexo II, puntos 1 y 2. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas podrán utilizar dichos valores de referencia para los análisis de costes y beneficios que se efectúen en los subsiguientes planes decenales de desarrollo de la red.

8. A más tardar el 31 de diciembre de 2016, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas presentarán conjuntamente a la Comisión y a la Agencia un modelo coherente e interactivo de mercado y de red de la electricidad y del gas que abarque la infraestructura de transporte y también las instalaciones de almacenamiento y de GNL tanto de la electricidad como del gas, que cubran los corredores y áreas prioritarios de la infraestructura energética y que estén elaborados conforme a los principios establecidos en el anexo V. Una vez aprobado por la Comisión, de acuerdo con el procedimiento establecido en los apartados 2 a 4, este modelo se incluirá en las metodologías.

Artículo 12

Posibilitar inversiones con impactos transfronterizos

1. Los costes de inversión en que se incurra con eficiencia, lo que excluye los costes de mantenimiento, relacionados con un proyecto de interés común incluido en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b) y d), y anexo II, punto 2, correrán a cargo de los gestores de redes de transporte de que se trate o de los promotores de proyecto de la infraestructura de transporte de los Estados miembros a los que el proyecto aportará un impacto positivo neto y, en la medida en que no estén cubiertos por los ingresos derivados de la congestión o por otras tasas, serán pagados por los usuarios de la red a través de las tarifas de acceso a la red en el Estado o Estados miembros en cuestión.

2. Para los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b) y d), y punto 2, y el anexo II, punto 2, lo dispuesto en el párrafo primero solo se aplicará si al menos uno de los promotores de proyecto solicita a las autoridades nacionales competentes que apliquen el presente artículo a todos o parte de los costes del proyecto. Para los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 2, lo dispuesto en el párrafo primero solo se aplicará cuando se haya llevado a cabo una evaluación de la demanda del mercado que muestre que cabe esperar que los costes en que se incurra con eficiencia puedan cubrirse con las tarifas.

Si en un proyecto participan varios promotores de proyecto, las autoridades reguladoras nacionales pertinentes solicitarán sin demora a todos esos promotores que les presenten conjuntamente la solicitud de inversión con arreglo al apartado 3.

3. Para los proyectos de interés común a los que se aplique lo dispuesto en el apartado 1, el promotor del proyecto deberá informar regularmente, al menos una vez al año y hasta la puesta en servicio del proyecto, a todas las autoridades reguladoras nacionales correspondientes del progreso de dicho proyecto y de los costes e impactos asociados con él.

Tan pronto como este proyecto haya alcanzado suficiente madurez, el promotor o promotores del proyecto, previa consulta a los gestores de redes de transporte de los Estados miembros a los que el proyecto aportará un impacto positivo neto significativo, presentarán una solicitud de inversión. Dicha solicitud de inversión incluirá una solicitud de distribución transfronteriza de costes y se presentará a todas las autoridades reguladoras nacionales correspondientes, acompañada de los siguientes elementos:

a) un análisis de costes y beneficios específico del proyecto y coherente con la metodología elaborada en virtud del artículo 11, que tenga en cuenta los beneficios aportados más allá de las fronteras del Estado miembro de que se trate;

b) un plan estratégico que evalúe la viabilidad financiera del proyecto, incluida la solución de financiación elegida y, para proyectos de interés común que entren dentro de la categoría establecida en el anexo II, punto 2, los resultados de las pruebas en el mercado, y

c) si los promotores de proyecto llegan a un acuerdo al respecto, una propuesta motivada de distribución transfronteriza de los costes.

Si un proyecto lo promueven varios promotores de proyecto, presentarán su solicitud conjuntamente.

En el caso de los proyectos incluidos en la primera lista de la Unión, los promotores de proyecto deberán presentar su solicitud de inversión a más tardar el 31 de octubre de 2013.

Las autoridades reguladoras nacionales remitirán para información y sin demora a la Agencia una copia de cada solicitud de inversión tan pronto se reciba.

Las autoridades reguladoras nacionales y la Agencia mantendrán la confidencialidad de la información sensible desde el punto de vista comercial.

4. En el plazo de seis meses a partir de la fecha en que las autoridades reguladoras nacionales correspondientes hayan recibido la última solicitud de inversión, las autoridades reguladoras nacionales, previa consulta a los promotores de proyecto de que se trate, adoptarán decisiones coordinadas sobre la distribución de los costes de inversión que deberá asumir cada gestor de redes de transporte para dicho proyecto, así como sobre su inclusión en las tarifas. Las autoridades reguladoras nacionales podrán decidir distribuir solo una parte de los costes o podrán decidir distribuir los costes entre un paquete de varios proyectos de interés común.

En el momento de distribuir los costes, las autoridades reguladoras nacionales tendrán en cuenta los valores reales o estimados de:

— los ingresos derivados de la congestión u otras tasas,

— los ingresos procedentes del mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte establecido con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) n o 714/2009.

En la decisión de distribuir los costes a través de las fronteras, se tendrán en cuenta los costes económicos, sociales y medioambientales y los beneficios de los proyectos en los Estados miembros de que se trate y la posible necesidad de apoyo financiero.

Para tomar una decisión sobre la distribución de los costes a través de las fronteras, las autoridades reguladoras nacionales competentes consultarán a los gestores de redes de transporte interesados y buscarán un acuerdo mutuo basado, entre otros, en la información especificada en el apartado 3, letras a) y b).

Si un proyecto de interés común reduce los externalidades negativas, como los «flujos en bucle», y este proyecto de interés común se ejecuta en el Estado miembro en el que se encuentra el origen del factor externo negativo, esa reducción no se considerará como un beneficio transfronterizo, por lo que no servirá de base para atribuir costes al gestor de redes de transporte de los Estados miembros afectados por tales externalidades negativas.

5. Las autoridades reguladoras nacionales tendrán en cuenta, basándose en la distribución transfronteriza de los costes mencionada en el apartado 4 del presente artículo, los costes reales incurridos por un gestor de redes de transporte u otro promotor de proyecto como resultado de las inversiones cuando determinen o aprueben las tarifas de conformidad con el artículo 37, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/72/CE y el artículo 41, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/73/CE, en la medida en que dichos costes correspondan a los de un gestor eficiente y estructuralmente comparable.

Las autoridades reguladoras nacionales notificarán sin demora a la Agencia la decisión relativa a la distribución de los costes, junto con toda la información pertinente relacionada con la misma. En particular, la información contendrá las justificaciones detalladas en que se haya basado la distribución de los costes entre los Estados miembros, como por ejemplo las siguientes:

a) una evaluación de los impactos identificados, incluidos los relativos a las tarifas de la red, en cada uno de los Estados miembros en cuestión;

b) una evaluación del plan estratégico mencionado en el apartado 3, letra b);

c) las externalidades positivas, a escala regional o de la Unión, que generaría el proyecto;

d) los resultados de la consulta con los promotores de proyecto en cuestión.

La decisión de distribución de los costes será publicada.

6. Cuando las autoridades reguladoras nacionales correspondientes no hayan alcanzado un acuerdo sobre la solicitud de inversión en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que la solicitud haya sido recibida por la última de dichas autoridades, informarán sin demora a la Agencia.

En dicho caso, o previa solicitud conjunta de las autoridades reguladoras nacionales correspondientes, la decisión relativa a la solicitud de inversión, incluida la distribución transfronteriza de los costes mencionada en el apartado 3, así como la forma en que las inversiones se reflejarán en las tarifas, será adoptada por la Agencia en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que haya sido remitida a la Agencia.

Antes de adoptar tal decisión, la Agencia consultará a las autoridades reguladoras nacionales correspondientes y a los promotores de proyecto. El plazo de tres meses a que se hace referencia en el párrafo segundo podrá prorrogarse dos meses más si la Agencia solicita información adicional. Este plazo adicional comenzará a contar a partir del día siguiente al de la recepción de la información completa.

La decisión de distribución de los costes será publicada. Serán aplicables los artículos 19 y 20 del Reglamento (CE) no 713/2009.

7. La Agencia transmitirá sin demora a la Comisión una copia de todas las decisiones de distribución de los costes, junto con toda la información pertinente relativa a cada decisión. Dicha información podrá presentarse de forma agregada. La Comisión mantendrá la confidencialidad de la información sensible desde el punto de vista comercial.

8. Esta decisión de distribución de costes no afectará al derecho de los gestores de redes de transporte de aplicar tarifas de acceso a las redes de conformidad con el artículo 32 de la Directiva 2009/72/CE y de la Directiva 2009/73/CE, el artículo 14 del Reglamento (CE) n o 714/2009, y el artículo 13 del Reglamento (CE) n o 715/2009, ni al derecho de las autoridades reguladoras nacionales de aprobarlas conforme a las citadas disposiciones.

9. El presente artículo no se aplicará a los proyectos de interés común que hayan obtenido: a) una exención de la aplicación de los artículos 32, 33, 34 y 41, apartados 6, 8 y 10, de la Directiva 2009/73/CE, de conformidad con el artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE; b) una exención de la aplicación del artículo 16, apartado 6, del Reglamento (CE) no 714/2009, o una exención de la aplicación del artículo 32 y del artículo 37, apartados 6 y 10, de la Directiva 2009/72/CE, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) no 714/2009; c) una exención en virtud del artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE ( 1 ), o d) una exención en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1228/2003 ( 2 ).

Artículo 13

Incentivos

1. Cuando un promotor de proyecto asuma riesgos más elevados para el desarrollo, la construcción, la explotación o el mantenimiento de un proyecto de interés común incluido en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b) y d), y el anexo II, punto 2, que los riesgos que normalmente entrañaría un proyecto de infraestructura comparable, los Estados miembros y las autoridades reguladoras nacionales velarán por que se concedan incentivos adecuados para dicho proyecto en consonancia con el artículo 37, apartado 8, de la Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el artículo 14 del Reglamento (CE) n o 714/2009 y el artículo 13 del Reglamento (CE) n o 715/2009.

El párrafo primero no se aplicará si el proyecto de interés común obtuvo:

a) una exención de la aplicación de los artículos 32, 33, 34 y del artículo 41, apartados 6, 8 y 10, de la Directiva 2009/73/CE, de conformidad con el artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE, o

b) una exención de la aplicación del artículo 16, apartado 6, del Reglamento (CE) no 714/2009, o una exención de la aplicación del artículo 32 y del artículo 37, apartados 6 y 10, de la Directiva 2009/72/CE, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) no 714/2009;

c) una exención en virtud del artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE, o

d) una exención en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1228/2003.

2. La decisión de las autoridades reguladoras nacionales de conceder los incentivos a que se refiere el apartado 1 tendrá en cuenta los resultados del análisis de los costes y beneficios sobre la base de la metodología elaborada de conformidad con el artículo 11 y en particular las externalidades positivas regionales o a escala de la Unión generadas por el proyecto. Las autoridades reguladoras nacionales seguirán analizando los riesgos específicos a que estará expuesto el promotor o promotores del proyecto, las medidas de mitigación de riesgos adoptadas y la justificación de dicho perfil de riesgo a la vista del impacto positivo neto proporcionado por el proyecto, comparado con una alternativa de menor riesgo. Los riesgos que podrán tenerse en cuenta a este fin serán en particular los riesgos relativos a nuevas tecnologías de transporte, tanto en tierra como en alta mar, los riesgos relativos a la recuperación parcial de los costes y los riesgos de desarrollo.

3. El incentivo concedido por la decisión tendrá en cuenta el carácter específico del riesgo asumido y podrá cubrir, entre otros: a) las normas para las inversiones anticipadoras, o b) las normas para el reconocimiento de costes eficientes realizados antes de la puesta en servicio del proyecto, o c) las normas para obtener un rendimiento adicional sobre el capital invertido para el proyecto, o d) cualquier otra medida considerada necesaria y adecuada.

4. A más tardar el 31 de julio de 2013, cada una de las autoridades reguladoras nacionales presentará a la Agencia su metodología y los criterios que utilicen, en su caso, para evaluar las inversiones en proyectos de infraestructura de electricidad y gas y los riesgos más elevados que hayan asumido.

5. A más tardar el 31 de diciembre de 2013, teniendo debidamente en cuenta la información recibida de conformidad con el apartado 4 del presente artículo, la Agencia facilitará que se compartan las buenas prácticas y hará recomendaciones de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 713/2009: a) en relación con los incentivos mencionados en el apartado 1 sobre la base de una evaluación comparativa de las mejores prácticas de las autoridades reguladoras nacionales; b) en relación con una metodología común para evaluar los riesgos más elevados asumidos en las inversiones en proyectos de infraestructura de electricidad y gas.

6. A más tardar el 31 de marzo de 2014, cada una de las autoridades reguladoras nacionales publicará su metodología y los criterios utilizados para evaluar las inversiones en proyectos de infraestructura de electricidad y gas y los riesgos más elevados que hayan asumido.

7. Cuando las medidas mencionadas en los apartados 5 y 6 no sean suficientes para garantizar la ejecución oportuna de proyectos de interés común la Comisión podrá publicar orientaciones relativas a los incentivos establecidos en el presente artículo.







CAPÍTULO V

FINANCIACIÓN

Artículo 14

Admisibilidad de los proyectos para la ayuda financiera de la Unión

1. Los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, puntos 1, 2 y 4, pueden optar a una ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones para estudios e instrumentos financieros.

2. Los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a) a d), y anexo II, punto 2, excepto los proyectos de almacenamiento de electricidad con hidrobombeo, también pueden optar a la ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones para trabajos si cumplen todos los criterios siguientes: a) el análisis de costes y beneficios específico del proyecto, con arreglo al artículo 12, apartado 3, letra a), demuestra la existencia de externalidades positivas significativas, como la seguridad de suministro, la solidaridad o la innovación; b) el proyecto ha obtenido una decisión de distribución transfronteriza de los costes de conformidad con el artículo 12; o, en el caso de proyectos de interés común recogidos en la categoría que se establece en el anexo II, punto 1, letra c), y que, por lo tanto, no obtienen una decisión de distribución transfronteriza de los costes, el proyecto aspirará a ofrecer servicios transfronterizos, aportar innovación tecnológica y garantizar la seguridad del funcionamiento de la red transfronteriza; c) el proyecto es inviable desde el punto de vista comercial de acuerdo con el plan estratégico y otras evaluaciones realizadas, en particular, por inversores o acreedores potenciales o por la autoridad reguladora nacional. La decisión sobre los incentivos y su justificación contemplada en el artículo 13, apartado 2, se tendrá en cuenta a la hora de evaluar la viabilidad comercial del proyecto.

3. Los proyectos de interés común realizados de acuerdo con el procedimiento mencionado en el artículo 6, apartado 7, letra d), también podrán optar a la ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones para trabajos, si cumplen los criterios establecidos en el apartado 2 del presente artículo.

4. Los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II punto 1, letra e), y punto 4, podrán optar también a la ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones para trabajos, si los promotores de proyecto de que se trate pueden demostrar claramente las externalidades positivas significativas generadas por los proyectos y su falta de viabilidad comercial, de acuerdo con el plan estratégico y otras evaluaciones realizadas, en particular, por inversores o acreedores potenciales o, cuando proceda, por una autoridad reguladora nacional.

Artículo 15

Orientación sobre los criterios de concesión de ayuda financiera de la Unión

Los criterios específicos establecidos en el artículo 4, apartado 2, y los parámetros fijados en el artículo 4, apartado 4, también cumplirán el papel de objetivos a efectos de establecimiento de los criterios de concesión de la ayuda financiera de la Unión en el Reglamento pertinente relativo al Mecanismo «Conectar Europa».

Artículo 16

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 3 por un período de cuatro años a partir del 15 de mayo de 2013. La Comisión elaborará un informe sobre los poderes delegados a más tardar nueve meses antes de que finalice dicho período. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 3 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de ningún acto delegado ya en vigor.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.







CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17

Elaboración de informes y evaluación

A más tardar en 2017, la Comisión publicará un informe sobre la ejecución de los proyectos de interés común y lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe contendrá una evaluación de:

a) los avances realizados en la planificación, desarrollo, construcción y puesta en servicio de proyectos de interés común seleccionados de conformidad con el artículo 3 y, si procede, los retrasos en la ejecución y otras dificultades encontradas;

b) los fondos comprometidos y desembolsados por la Unión para proyectos de interés común, comparados con el valor total de los proyectos de interés común financiados;

c) por lo que respecta a los sectores de la electricidad y el gas, la evolución del nivel de interconexión entre Estados miembros, la evolución equivalente de los precios de la energía, así como el número de casos de fallos sistémicos de la red, sus causas y los costes económicos correspondientes;

d) la concesión de autorizaciones y la participación del público, en particular: i) la duración total media y máxima de los procesos de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común, incluida la duración de cada fase del procedimiento previo a la solicitud, en comparación con el calendario previsto para las etapas importantes iniciales a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 4, ii) el nivel de oposición con que se han enfrentado los proyectos de interés común (en particular, el número de objeciones por escrito recibidas durante el proceso de consulta pública, el número de acciones judiciales de recurso, etc.), iii) una descripción de las mejores prácticas innovadoras en términos de participación de las partes interesadas y de la mitigación del impacto medioambiental durante los procesos de concesión de la autorización y de aplicación del proyecto, iv) la eficiencia de los procedimientos contemplados en el artículo 8, apartado 3, en relación con el cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 10;

e) el tratamiento normativo, en particular: i) el número de proyectos de interés común que han obtenido una decisión de distribución transfronteriza de costes de conformidad con el artículo 12, ii) el número y tipo de proyectos de interés común que han recibido incentivos específicos de conformidad con el artículo 13;

f) la eficiencia de la contribución del presente Reglamento a los objetivos de integración del mercado en 2014 y 2015, los objetivos para 2020 en materia de clima y energía y, a largo plazo, al paso a una economía hipocarbónica en 2050.

Artículo 18

Información y publicidad

La Comisión establecerá, seis meses después de la fecha de aprobación de la primera lista de la Unión, una plataforma de transparencia de la infraestructura de fácil acceso para el público general, incluso por internet. En dicha plataforma se incluirá la información siguiente:

a) información general actualizada, por ejemplo información geográfica, para cada proyecto de interés común;

b) el plan de ejecución, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, para cada proyecto de interés común;

c) los principales resultados de los análisis de costes y beneficios sobre la base de la metodología elaborada en virtud del artículo 11 para los proyectos de interés común en cuestión, excepto en el caso de la información sensible desde el punto de vista comercial;

d) la lista de la Unión;

e) los fondos asignados y desembolsados por la Unión para cada proyecto de interés común.

Artículo 19

Disposiciones transitorias

El presente Reglamento no afectará a la concesión, la continuación o la modificación de las ayudas financieras concedidas por la Comisión sobre la base de convocatorias de propuestas publicadas en virtud del Reglamento (CE) no 680/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía ( 3 ), a proyectos que figuran en los anexos I y III de la Decisión no 1364/2006/CE o con miras al cumplimiento de los objetivos, basados en las categorías de gasto pertinentes establecidas para las RTE-E, conforme a la definición del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión ( 4 ).

En el caso de proyectos de interés común en el proceso de concesión de autorizaciones para los cuales el promotor de un proyecto haya presentado una solicitud antes del 16 de noviembre de 2013, no se aplicarán las disposiciones del capítulo III.

▼M4 —————

▼M5 —————

▼B

Artículo 22

Modificaciones del Reglamento (CE) no 715/2009

El Reglamento (CE) no 715/2009 se modifica como sigue:

1) En el artículo 8, apartado 10, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: «a) se basará en los planes nacionales de inversiones, teniendo en cuenta los planes regionales de inversiones mencionados en el artículo 12, apartado 1, y, si procede, en los aspectos de la planificación de la red a escala de la Unión tal como se establecen en el Reglamento (UE) no 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas ( *1 ); se someterá a un análisis de rentabilidad utilizando la metodología establecida tal como se contempla en el artículo 11 de dicho Reglamento.

2) El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 11 Costes Los costes relacionados con las actividades de la REGRT de Electricidad mencionadas en los artículos 4 a 11 del presente Reglamento y en el artículo 12 del Reglamento (UE) no 347/2013 correrán a cargo de los gestores de redes de transporte y se tendrán en cuenta en el cálculo de las tarifas. Las autoridades reguladoras solo aprobarán dichos costes cuando sean razonables y proporcionados.».

Artículo 23

Derogación

Queda derogada la Decisión no 1364/2006/CE a partir del 1 de enero de 2014. El presente Reglamento no confiere derecho alguno a los proyectos enumerados en los anexos I y III de la Decisión no 1364/2006/CE.

Artículo 24

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de junio de 2013 con la excepción de los artículos 14 y 15, que se aplicarán a partir de la fecha de aplicación del Reglamento pertinente relativo al Mecanismo «Conectar Europa».

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.









ANEXO I

CORREDORES Y ÁREAS PRIORITARIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

El presente Reglamento será aplicable a los corredores y áreas prioritarios en materia de infraestructura energética transeuropea que figuran a continuación:

1. CORREDORES DE ELECTRICIDAD PRIORITARIOS

1) Red eléctrica marítima en los mares septentrionales («NSOG»): Desarrollo de la red eléctrica marina integrada y de los interconectores correspondientes situados en el Mar del Norte, el Mar de Irlanda, el Canal de la Mancha, el Mar Báltico y las aguas confinantes para transportar electricidad desde fuentes de energía renovables en alta mar a centros de consumo y almacenamiento y para incrementar el intercambio transfronterizo de electricidad.

Estados miembros interesados: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.

2) Interconexiones eléctricas en el eje norte-sur de Europa Occidental («NSI West Electricity»): Interconexiones entre Estados miembros de la región y con la región mediterránea, incluida la Península Ibérica, en particular para integrar la electricidad obtenida a partir de fuentes de energía renovables y reforzar las infraestructuras de la red interior para fomentar la integración del mercado en la región.

Estados miembros interesados: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Reino Unido.

3) Interconexiones eléctricas del eje norte-sur en Europa Central y Oriental y en Europa Sudoriental («NSI East Electricity»): Interconexiones y líneas interiores en las direcciones norte-sur y este-oeste para completar el mercado interior e integrar la producción a partir de fuentes de energía renovables.

Estados miembros interesados: Alemania, Austria, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia ( 5 ), Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia y Rumanía.

4) Plan de interconexión del mercado báltico de la energía – electricidad («BEMIP Electricity»): Interconexiones entre Estados miembros de la región báltica y refuerzo consiguiente de las infraestructuras de la red interior, para poner fin al aislamiento de los Estados bálticos y fomentar la integración del mercado obrando, entre otras cosas, por integrar la energía renovable de la región.

Estados miembros interesados: Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia.

2. CORREDORES DE GAS PRIORITARIOS

5) Interconexiones de gas en el eje norte-sur de Europa Occidental («NSI West Gas»): Infraestructuras de gas para los flujos de gas del eje norte-sur en Europa Occidental para seguir diversificando las rutas de suministro e incrementar la capacidad de entrega de gas a corto plazo.

Estados miembros interesados: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Reino Unido.

6) Interconexiones de gas del eje norte-sur en Europa Central y Oriental y en Europa Sudoriental («NSI East Gas»): Infraestructura de gas para las conexiones regionales entre la región del Mar Báltico, el Mar Adriático, el Mar Egeo, la Cuenca del Mediterráneo Oriental y el Mar Negro, y en el interior de estas regiones, y para incrementar la diversificación y la seguridad del suministro del gas.

Estados miembros interesados: Alemania, Austria, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia (5) , Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia y Rumanía.

7) Corredor Meridional de Gas («SGC»): infraestructura para el transporte de gas procedente de la Cuenca del Caspio, Asia Central, Oriente Medio y la Cuenca del Mediterráneo Oriental a la Unión para incrementar la diversificación del suministro de gas.

Estados miembros interesados: Alemania, Austria, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia ( 6 ), Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Francia, Hungría, Italia, Polonia y Rumanía.

8) Plan de interconexión del mercado báltico de la energía – gas («BEMIP Gas»): Infraestructura de gas para poner fin al aislamiento de los tres Estados bálticos y de Finlandia y a su dependencia de un único suministrador, para reforzar en consecuencia las infraestructuras de la red interior y para incrementar la diversificación y la seguridad del suministro en la región del mar Báltico.

Estados miembros interesados: Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia.

3. CORREDOR DE PETRÓLEO PRIORITARIO

9) Conexiones de suministro de petróleo en Europa Central y Oriental («OSC»): Interoperabilidad de la red de oleoductos en Europa Central y Oriental para incrementar la seguridad del suministro y reducir los riesgos medioambientales.

Estados miembros interesados: Alemania, Austria, República Checa, Croacia (6) , Eslovaquia, Hungría y Polonia.

4. ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS

10) Establecimiento de redes inteligentes: Adopción de tecnologías de redes inteligentes en toda la Unión para integrar de forma eficiente la conducta y las actuaciones de todos los usuarios conectados a la red eléctrica, en particular la generación de grandes cantidades de electricidad obtenida a partir de fuentes de energía renovables o de fuentes de energía distribuida y la respuesta a la demanda por parte de los consumidores.

Estados miembros interesados: todos.

11) Autopistas de la electricidad: Primeras autopistas de la electricidad de aquí a 2020, con miras a la construcción de un sistema de autopistas de la electricidad que recorra toda la Unión capaz de:

a) acoger los excedentes cada vez mayores de generación eólica de los mares septentrionales y el Báltico y su entorno, e incrementar la generación de energía renovable en el este y sur de Europa y en el norte de África;

b) conectar estos nuevos centros de producción con las grandes capacidades de almacenamiento en los países nórdicos, en los Alpes y en otras regiones con grandes centros de consumo, y

c) lidiar con el carácter cada vez más variable y descentralizado de la oferta y con la demanda flexible de electricidad.

Estados miembros interesados: todos.

12) Red transfronteriza de dióxido de carbono: Desarrollo de una infraestructura de transporte de dióxido de carbono entre Estados miembros y con terceros países vecinos con miras a la implantación de la captura y almacenamiento de dióxido de carbono.

Estados miembros interesados: todos.









ANEXO II

CATEGORÍAS DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

Las categorías de infraestructura energética que se han de desarrollar con objeto de ejecutar las prioridades en materia de infraestructura energética recogidas en la lista del anexo I son las siguientes:

1) en relación con la electricidad: a) líneas de transporte de alta tensión aéreas, si han sido diseñadas para una tensión de 220 kV o superior, y cables de transporte soterrados y submarinos, si han sido diseñados para una tensión de 150 kV o superior; b) por lo que respecta, en particular, a las autopistas de la electricidad, cualquier soporte material diseñado para permitir el transporte de electricidad en el nivel de alta tensión y de muy alta tensión, con el fin de conectar grandes volúmenes de producción o almacenamiento de electricidad situados en uno o varios Estados miembros o terceros países con el consumo de electricidad a gran escala de otro u otros Estados miembros; c) instalaciones de almacenamiento de electricidad utilizadas para almacenar la electricidad con carácter permanente o temporal en una infraestructura sobre el suelo o subterránea o en sitios geológicos, siempre que estén directamente conectadas con líneas de transporte de alta tensión diseñadas para una tensión de 110 kV o superior; d) cualquier equipo o instalación esencial para que los sistemas definidos en las letras a) a c) puedan funcionar sin riesgos, de forma segura y eficiente, incluyendo la protección, el seguimiento y los sistemas de control de todos los niveles de voltaje y subestaciones; e) cualquier equipo o instalación, tanto a nivel del transporte como de la distribución de media tensión, destinado a la comunicación digital bidireccional, en tiempo real o cuasi real, el seguimiento y la gestión interactiva e inteligente de la producción de electricidad, de su transporte, distribución y consumo dentro de una red de electricidad con vistas al desarrollo de una red que integre de manera eficiente la conducta y las actuaciones de todos los usuarios conectados a ella —productores, consumidores y aquellos que hacen ambas cosas— con el fin de garantizar un sistema de electricidad económicamente eficiente, sostenible, con pocas pérdidas y una calidad, seguridad de suministro y fiabilidad elevados;

2) en relación con el gas: a) gasoductos para el transporte de gas natural y de biogás que formen parte de una red compuesta principalmente de gasoductos de alta presión, excluyendo los gasoductos de alta presión que se utilizan para la distribución de gas natural para exploración y producción o para su distribución local; b) sistemas de almacenamiento subterráneo conectados a los gasoductos de alta presión antes citados; c) instalaciones de recepción, almacenamiento y regasificación o descompresión del gas natural licuado (GNL) o del gas natural comprimido (GNC); d) cualquier equipo o instalación esencial para que el sistema funcione sin riesgos, de forma segura y eficiente, o para posibilitar una capacidad bidireccional, incluidas las estaciones de compresión;

3) por lo que respecta al petróleo: a) oleoductos utilizados para transportar petróleo crudo; b) estaciones de bombeo e instalaciones de almacenamiento necesarias para el funcionamiento de los oleoductos de petróleo crudo; c) todo equipo o instalación esencial para el funcionamiento correcto, seguro y eficiente del sistema de que se trate, incluidos los sistemas de protección, seguimiento y control y los dispositivos para el flujo bidireccional;

4) por lo que respecta al dióxido de carbono: a) conductos específicos, distintos la red de conductos de exploración y producción, utilizados para transportar dióxido de carbono antropógeno procedente de más de una fuente, es decir, instalaciones industriales (incluidas las centrales eléctricas) que produzcan dióxido de carbono gaseoso a partir de combustión o de otras reacciones químicas que impliquen compuestos que contengan carbono fósil o no fósil, para fines de almacenamiento geológico permanente del dióxido de carbono conforme a la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 7 ); b) instalaciones para el licuado y el almacenamiento intermedio de dióxido de carbono con vistas a su ulterior transporte. No se incluyen las infraestructuras integradas en una formación geológica utilizada para el almacenamiento geológico permanente de dióxido de carbono de conformidad con la Directiva 2009/31/CE ni las correspondientes instalaciones de superficie y de inyección; c) todo equipo o instalación indispensable para el funcionamiento correcto, seguro y eficiente del sistema en cuestión, incluidos los sistemas de protección, seguimiento y control.









ANEXO III

LISTAS REGIONALES DE LOS PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN

1. NORMAS APLICABLES A LOS GRUPOS

1) En el caso de los proyectos de electricidad incluidos en las categorías que figuran en el anexo II, punto 1, cada Grupo estará integrado por representantes de los Estados miembros, de las autoridades reguladoras nacionales y de los gestores de redes de transporte, así como de la Comisión, la Agencia y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (REGRT) de la electricidad.

En el caso de los proyectos de gas incluidos en las categorías que figuran en el anexo II, punto 2, cada Grupo estará integrado por representantes de los Estados miembros, de las autoridades reguladoras nacionales y de los gestores de redes de transporte, así como de la Comisión, la Agencia y la REGRT del gas.

En cuanto a los proyectos de transporte de petróleo y de dióxido de carbono incluidos en las categorías contempladas en el anexo II, puntos 3 y 4, cada Grupo deberá estar integrado por representantes de los Estados miembros, de los promotores de proyectos correspondientes a cada una de las prioridades pertinentes contempladas en el anexo I y de la Comisión.

2) Los órganos decisorios de los Grupos podrán fusionarse. Todos los Grupos u órganos decisorios se reunirán juntos, cuando proceda, para examinar cuestiones comunes a todos los Grupos; entre esas cuestiones podrán incluirse las relativas a la coherencia transregional o las numerosas propuestas de proyectos incluidas en los proyectos de listas regionales que corran el riesgo de volverse inmanejables.

3) Cada Grupo organizará su trabajo de acuerdo con los esfuerzos de cooperación regionales previstos en el artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE, el artículo 7 de la Directiva 2009/73/CE, el artículo 12 del Reglamento (CE) no 714/2009 y el artículo 12 del Reglamento (CE) no 715/2009 y en otras estructuras de cooperación regional existentes.

4) Cada Grupo invitará, según convenga con vistas a la aplicación de las prioridades pertinentes definidas en el anexo I, a promotores de proyectos potencialmente elegibles para ser seleccionados como proyectos de interés común como representantes de las administraciones nacionales, de las autoridades reguladoras y de los gestores de redes de transporte de los países candidatos y potenciales candidatos a la adhesión a la UE, de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y de la Asociación Europea de Libre Comercio, representantes de las instituciones y organismos de la Comunidad de la Energía, de los países cubiertos por la política europea de vecindad y de países con los cuales la Unión haya establecido una cooperación específica en materia de energía. La decisión de invitar a representantes de terceros países se adoptará por consenso.

5) Cada Grupo consultará a las organizaciones que representan a las partes interesadas pertinentes —y, en su caso, a las partes interesadas directamente—, como los productores, gestores de redes de distribución, suministradores y consumidores y organizaciones para la protección del medio ambiente. El Grupo podrá organizar audiencias o consultas, cuando resulte pertinente para el desempeño de sus cometidos.

6) La Comisión publicará en la plataforma de transparencia mencionada en el artículo 18 el reglamento interno de cada Grupo, una lista actualizada de sus organizaciones miembros, información actualizada regularmente sobre la evolución de su trabajo, los órdenes del día de sus reuniones y sus conclusiones y decisiones definitivas.

7) La Comisión, la Agencia y los Grupos se esforzarán por garantizar la coherencia entre los diferentes Grupos. Para ello, la Comisión y la Agencia garantizarán, si procede, el intercambio de información entre los Grupos interesados sobre todo trabajo de interés interregional.

La participación de las autoridades nacionales de regulación y de la Agencia en los Grupos no pondrá en peligro el logro de sus objetivos ni el cumplimiento de las obligaciones en virtud del presente Reglamento o de los artículos 36 y 37 de la Directiva 2009/72/CE, de los artículos 40 y 41 de la Directiva 2009/73/CE o del Reglamento (CE) no 713/2009.

2. PROCESO PARA ESTABLECER LISTAS REGIONALES

1) Los promotores de proyectos potencialmente elegibles para ser seleccionados como proyectos de interés común que deseen que se les considere proyectos de interés común presentarán al Grupo una solicitud de selección como proyecto de interés común, que incluya:

— una evaluación de sus proyectos respecto a la contribución al desarrollo de las prioridades establecidas en el anexo I,

— un análisis del cumplimiento de los criterios pertinentes definidos en el artículo 4,

— en el caso de proyectos que hayan alcanzado un grado de madurez suficiente, un análisis de los costes y beneficios del mismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 y aplicando las metodologías elaborada por la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas de conformidad con el artículo 11, y

— cualquier otra información pertinente para la evaluación del proyecto.

2) Todos los destinatarios mantendrán la confidencialidad de la información sensible desde el punto de vista comercial.

3) Previa aprobación de la primera lista a escala de la Unión, en todas las listas a escala de la Unión que se aprueben posteriormente las propuestas de proyectos de transporte y de almacenamiento de electricidad incluidos en las categorías establecidas en el punto 1, letras a), b) y d), del anexo II formarán parte del último plan decenal de desarrollo de la red para la electricidad disponible, elaborado por la REGRT de la electricidad en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) no 714/2009.

4) Previa aprobación de la primera lista de la Unión, en lo relativo a todas las listas de proyectos a escala de la Unión adoptadas con posterioridad, las propuestas de proyectos de infraestructura de gas incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 2, formarán parte del último plan decenal de desarrollo de la red para el gas disponible, elaborado por la REGRT del gas en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) no 715/2009.

5) Las propuestas de proyectos presentadas para su inclusión en la primera lista de interés a escala de la Unión no evaluadas previamente con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) no 714/2009 deberán ser evaluadas por un sistema para toda la Unión por:

— las REGRT de la electricidad en consonancia con la metodología aplicada en el último plan decenal de desarrollo de la red disponible en el caso de proyectos que entren en el ámbito del anexo II, punto 1, letras a), b) y d),

— las REGRT del gas o un tercero de forma coherente basada en una metodología objetiva para los proyectos que entren en el ámbito del anexo II, punto 2.

A más tardar el 16 de enero de 2014, la Comisión publicará orientaciones sobre los criterios que deberán aplicar las REGRT de la electricidad y las REGRT del gas cuando desarrollen los respectivos planes decenales de desarrollo de la red mencionados en los puntos 3 y 4, a fin de garantizar la igualdad de trato y la transparencia del proceso.

6) Las propuestas de proyectos de transporte de dióxido de carbono incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 4, se presentarán como parte de un plan, elaborado por al menos dos Estados miembros, para el desarrollo del transporte y la infraestructura de almacenamiento transfronterizos de dióxido de carbono, que será presentado a la Comisión por los Estados miembros en cuestión o por entidades designadas por dichos Estados miembros.

7) En el caso de proyectos que respondan a las categorías contempladas en el anexo II, puntos 1 y 2, las autoridades reguladoras nacionales y, en caso necesario, la Agencia, en la medida de lo posible en el contexto de la cooperación regional (artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE, artículo 7 de la Directiva 2009/73/CE), comprobarán que se aplican con coherencia los criterios/la metodología de análisis de costes y beneficios, y evaluarán su importancia transfronteriza. Presentarán el resultado de su evaluación al Grupo.

8) En el caso de propuestas de proyectos de transporte de petróleo y dióxido de carbono incluidos en las categorías contempladas en el anexo II, puntos 3 y 4, la Comisión evaluará la aplicación de los criterios fijados en el artículo 4. En el caso de propuestas de proyectos de dióxido de carbono incluidos en la categoría contemplada en el anexo II, punto 4, la Comisión también tendrá en cuenta el potencial de ampliación futura para incluir a más Estados miembros. La Comisión presentará el resultado de su evaluación al Grupo.

9) Todo Estado miembro a cuyo territorio no afecte una propuesta de proyecto, pero en el que la propuesta de proyecto podría tener un impacto positivo neto o ejercer un efecto significativo, por ejemplo sobre el medio ambiente o sobre el funcionamiento de la infraestructura energética en su territorio, podrá presentar un dictamen al Grupo en el que detalle sus preocupaciones.

10) El órgano decisorio del Grupo examinará, a petición de un Estado miembro del Grupo, las motivaciones debidas presentadas por un Estado miembro de conformidad con el artículo 3, apartado 3, para no aprobar un proyecto de interés común que afecte a su territorio.

11) El Grupo se reunirá para examinar y clasificar las propuestas de proyectos teniendo en cuenta la evaluación de los reguladores o la evaluación de la Comisión en el caso de los proyectos de transporte de petróleo y dióxido de carbono.

12) Los proyectos de listas regionales de propuestas de proyectos incluidos en las categorías contempladas en el anexo II, puntos 1 y 2, elaborados por los Grupos, junto con todo dictamen tal como se especifica en el punto 9, deberán presentarse a la Agencia seis meses antes de la fecha de aprobación de la lista de la Unión. La Agencia evaluará los proyectos de listas regionales y los dictámenes que los acompañen en el plazo de tres meses a partir de la fecha de su recepción. La Agencia presentará un dictamen sobre los proyectos de listas regionales, en particular sobre la coherencia de la aplicación de los criterios y el análisis de costes y beneficios en las regiones. El dictamen de la Agencia se adoptará de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 713/2009.

13) En el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción del dictamen de la Agencia, el órgano decisorio de cada Grupo adoptará su lista regional definitiva, cumpliendo las disposiciones establecidas en el artículo 3, apartado 3, basándose en la propuesta del Grupo y teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia y la evaluación de las autoridades reguladoras nacionales, de conformidad con el punto 7, o la evaluación de la Comisión en el caso de los proyectos de transporte de petróleo y dióxido de carbono propuestos de conformidad con el punto 8. Los Grupos presentarán a la Comisión las listas regionales definitivas, junto con todo dictamen tal como se especifica en el punto 9.

14) Si, sobre la base de las listas regionales recibidas y después de tomar en consideración el dictamen de la Agencia, el número total de propuestas de proyectos de interés común de la lista de la Unión excediera un número manejable, la Comisión examinará, previa consulta a todos los Grupos interesados, la posibilidad de no incluir en la lista de la Unión proyectos a los que el Grupo interesado hubiera atribuido la clasificación más baja de conformidad con la clasificación establecida con arreglo al artículo 4, apartado 4.









ANEXO IV

NORMAS E INDICADORES RELATIVOS A LOS CRITERIOS PARA PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN

1) Un proyecto con un impacto transfronterizo significativo es todo proyecto situado en el territorio de un Estado miembro que cumpla las siguientes condiciones:

a) en el caso del transporte de electricidad, el proyecto incrementa la capacidad de transporte de la red, o la capacidad disponible para flujos comerciales, en la frontera de dicho Estado miembro con uno o varios otros Estados miembros o en cualquier otra sección pertinente del mismo corredor de transporte con el efecto de incrementar esta capacidad de transporte transfronteriza de la red, como mínimo en 500 megavatios o en un 20 % en comparación con la situación previa a la puesta en servicio del proyecto;

b) en el caso del almacenamiento de electricidad, el proyecto ofrece una capacidad instalada de, al menos, 225 megavatios, y tiene una capacidad de almacenamiento que permite una producción de electricidad anual neta de como mínimo 250 gigavatios/hora/año;

c) para el transporte de gas, el proyecto afecta a la inversión en capacidades de flujo en sentido inv