2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B REGLAMENTO(CE)No1/2003DELCONSEJO
de16dediciembrede2002
relativoalaaplicacióndelasnormassobrecompetenciaprevistasenlosartículos81y82del
Tratado
(TextopertinenteaefectosdelEEE)
(DO L 1 de 4.1.2003, p. 1)
Modificado por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Reglamento (CE) no411/2004 del Consejo de 26 de febrero de 2004 L 68 1 6.3.2004
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REGLAMENTO(CE)No1/2003DELCONSEJO
de16dediciembrede2002
relativoalaaplicacióndelasnormassobrecompetenciaprevistas
enlosartículos81y82delTratado
(TextopertinenteaefectosdelEEE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular
su artículo 83,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando lo siguiente:
(1) Con objeto de establecer un régimen que garantice que no se
falsea la competencia en el mercado común, procede velar porla aplicación eficaz y uniforme en la Comunidad de los artículos
81 y 82 del Tratado. El Reglamento n
o17 del Consejo, de 6 de
febrero de 1962, primer Reglamento de aplicación de losartículos 81 y 82 (*) del Tratado (
4), permitió desarrollar una
política comunitaria de la competencia que contribuyó a la difu-sión de una cultura de la competencia en la Comunidad.
Conviene, no obstante, en la actualidad, y a la luz de la expe-
riencia adquirida, sustituir dicho Reglamento por legislaciónidónea para superar los retos de un mercado integrado y de unafutura ampliación de la Comunidad.
(2) Conviene, en particular, reconsiderar el régimen de aplicación dela excepción a la prohibición de acuerdos restrictivos de lacompetencia recogida en el apartado 3 del artículo 81 delTratado. A este respecto, procede, con arreglo a lo dispuesto enla letra b) del apartado 2 del artículo 83 del Tratado, tener encuenta la necesidad, por una parte, de asegurar una supervisión
eficaz y, por otra, de simplificar en lo posible el control adminis-
trativo.
(3) El régimen centralizado establecido por el Reglamento no17 no
está ya en condiciones de garantizar el equilibrio entre estos dos
objetivos. Por una parte, frena la aplicación de las normas de
competencia comunitarias por los órganos jurisdiccionales y lasautoridades de competencia de los Estados miembros, y ademásel sistema de notificación que comporta impide a la Comisiónconcentrar sus recursos en la represión de las infracciones más
graves. Por otra parte, ocasiona a las empresas costes impor-
tantes.
(4) Conviene, porlo tanto, sustituireste r égimen porun sistema deexcepción legal directamente aplicable, en el que las autoridades
de competencia y los órganos jurisdiccionales de los Estados
miembros sean competentes no sólo para aplicar el apartado 1del artículo 81 y el artículo 82 del Tratado, directamente aplica-bles en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de lasComunidades Europeas, sino también el apartado 3 del artículo81 del Tratado.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 2
(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 284.
(2) DO C 72 E de 21.3.2002, p. 305.
(3) DO C 155 de 29.5.2001, p. 73.
(*) El título del Reglamento no17 ha sido corregido para tener en cuenta la
renumeración de los artículos del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea conforme al artículo 12 del Tratado de Amsterdam; la referencia
original era a los artículos 85 y 86 del Tratado.
(4) DO 13 de 21.2.1962, p. 204/62; Reglamento cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no1216/1999 (DO L 148 de 15.6.1999, p. 5).
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(5) Para garantizar la aplicación efectiva de las normas comunitarias
de competencia, así como el respeto de los derechos fundamen-
tales de la defensa, el presente Reglamento debe regular laatribución de la carga de la prueba en el ámbito la aplicaciónde los artículos 81 y 82 del Tratado. Incumbe a la parte o auto-ridad que alegue una infracción del apartado 1 del artículo 81 odel artículo 82 del Tratado probar su existencia conforme a
derecho. Incumbe a la empresa o asociación de empresas que
invoque el amparo de una excepción frente a la constatación deuna infracción probar conforme a derecho que se reúnen lascondiciones necesarias para acogerse a dicha defensa. Elpresente Reglamento no afecta ni a las normas nacionales en
materia de valoración de la prueba ni a las exigencias a que
están sometidas las autoridades de competencia y jurisdiccionesnacionales de los Estados miembros para determinar los hechospertinentes de un asunto, siempre que esas normas y exigenciassean compatibles con los principios generales del Derecho comu-nitario.
(6) Con el fin de garantizar la aplicación eficaz de las normas comu-
nitarias de competencia, es conveniente fomentar una mayor
participación en la misma de las autoridades nacionales decompetencia. A tal efecto, dichas autoridades deben disponer decompetencia para aplicar el Derecho comunitario.
(7) Los órganos jurisdiccionales nacionales desempeñan un come-tido esencial en la aplicación de las normas comunitarias decompetencia. Salvaguardan los derechos subjetivos que emanan
del Derecho comunitario al pronunciarse sobre los litigios entre
particulares, por ejemplo mediante el resarcimiento de daños yperjuicios a los afectados por la comisión de infracciones. Lafunción de los órganos jurisdiccionales nacionales es, a esterespecto, complementaria de la de las autoridades de compe-tencia de los Estados miembros. Es conveniente, por tanto,
facultarlos para aplicar plenamente los artículos 81 y 82 del
Tratado.
(8) Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de las normas decompetencia comunitarias y el funcionamiento correcto de losmecanismos de cooperación contenidos en el presente Regla-mento, es necesario imponer a las autoridades responsables dela competencia y a los tribunales de los Estados miembros la
obligación de aplicar también los artículos 81 y 82 del Tratado
cuando apliquen la legislación nacional de competencia aacuerdos y prácticas susceptibles de afectar al comercio entrelos Estados miembros. También resulta necesario delimitar lasrelaciones entre las legislaciones nacionales y el Derecho comu-
nitario de la competencia, de conformidad con la letra e) del
apartado 2 del artículo 83 del Tratado, para establecer unascondiciones objetivas equiparables para los acuerdos, las deci-siones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadasen el mercado interior. Para ello es necesario disponer que laaplicación de la legislación nacional a los acuerdos, decisiones
o prácticas concertadas a que alude el apartado 1 del artículo
81 del Tratado, no puede conducir a su prohibición, a no serque también estén prohibidos por el Derecho comunitario decompetencia. Las nociones de acuerdos, decisiones y prácticasconcertadas constituyen conceptos autónomos de derecho comu-nitario de la competencia que aluden a formas de coordinación
del comportamiento de las empresas en el mercado según la
interpretación de los tribunales comunitarios. El presente Regla-mento no debe ser obstáculo para que los Estados miembrosadopten y apliquen en sus territorios legislaciones de compe-tencia nacionales más estrictas en virtud de las cuales se
prohíban o impongan sanciones sobre conductas unilaterales de
las empresas. Estas legislaciones nacionales más estrictas podránincluir disposiciones que prohíban o impongan sanciones sobrecomportamientos abusivos hacia empresas económicamentedependientes. El presente Reglamento tampoco se aplicará a laslegislaciones nacionales que prevean la imposición de sanciones2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 3
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penales para las personas físicas, excepto en la medida en que
esas sanciones sean el medio para ejecutar las normas de compe-tencia aplicables a las empresas.
(9) Los artículos 81 y 82 del Tratado tienen por objeto la protecciónde la competencia en el mercado. El presente Reglamento, quese adopta para aplicar esas disposiciones del Tratado, no
impedirá que los Estados miembros apliquen en sus territorios
la legislación nacional que proteja otros intereses legítimos,siempre que esa legislación sea compatible con los principiosgenerales y las demás disposiciones del Derecho comunitario.En la medida en que dicha legislación nacional persiga principal-
mente un objetivo distinto del de la protección de la
competencia en el mercado, las autoridades de la competencia ylos órganos jurisdiccionales de los Estados miembros podránaplicar esa legislación en sus territorios. Por lo tanto, con arregloal presente Reglamento, los Estados miembros podrán aplicar ensus territorios una legislación nacional que prohíba o sancione
actos de competencia desleal, tanto unilaterales como contra-
ctuales. Esa legislación persigue un objetivo concreto, conindependencia de los efectos reales o supuestos de los citadosactos en la competencia en el mercado. Esto sucede, en parti-cular, con la legislación que prohíbe a las empresas imponer asus socios comerciales u obtener o intentar conseguir de ellos
términos y condiciones injustificados, desproporcionados o sin
contrapartida.
(10) Los Reglamentos (CEE) no19/65 (1), (CEE) no2821/71 (2),
(CEE) no3976/87 (3), (CEE) no1534/91 (4) y (CEE) no479/
92 (5) facultan a la Comisión para aplicar el apartado 3 del
artículo 81 del Tratado por medio de reglamento a determinadascategorías de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 4
(1) Reglamento no19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la
aplicación del apartado 3 del artículo 81 (El título del Reglamento ha sido
corregido para tener en cuenta la renumeración de los artículos del Tratado
CE conforme al artículo 12 del Tratado de Amsterdam; la referencia original
era al apartado 3 del artículo 85 del Tratado) del Tratado a determinadas
categorías de acuerdos y prácticas concertadas (DO 36 de 6.3.1965, p. 533/
65); Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE)
no1215/1999 (DO L 148 de 15.6.1999, p. 1).
(2) Reglamento (CEE) no2821/71 del Consejo, de 20 de diciembre de 1971,
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 (El título del Regla-
mento ha sido corregido para tener en cuenta la renumeración de los
artículos del Tratado CE conforme al artículo 12 del Tratado de Amsterdam;
la referencia original era al apartado 3 del artículo 85 del Tratado) del
Tratado a ciertas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas
(DO L 285 de 29.12.1971, p. 46); Reglamento cuya última modificación la
constituye el Acta de adhesión de 1994.
(3) Reglamento (CEE) no3976/87 del Consejo, de 14 de diciembre de 1987,
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 (El título del Regla-
mento ha sido corregido para tener en cuenta la renumeración de los
artículos del Tratado CE conforme al artículo 12 del Tratado de Amsterdam;
la referencia original era al apartado 3 del artículo 85 del Tratado) del
Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas en
el sector del transporte aéreo (DO L 374 de 31.12.1987, p. 9); Reglamento
cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.
(4) Reglamento (CEE) no1534/91 del Consejo, de 31 de mayo de 1991, relativo
a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 (El título del Reglamento ha
sido corregido para tener en cuenta la renumeración de los artículos del
Tratado CE conforme al artículo 12 del Tratado de Amsterdam; la referencia
original era al apartado 3 del artículo 85 del Tratado) del Tratado a determi-
nadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector
de los seguros (DO L 143 de 7.6.1991, p. 1).
(5) Reglamento (CEE) no479/92 del Consejo, de 25 de febrero de 1992, sobre
la aplicación del apartado 3 del artículo 81 (El título del Reglamento ha sido
corregido para tener en cuenta la renumeración de los artículos del Tratado
CE conforme al artículo 12 del Tratado de Amsterdam; la referencia originalera al apartado 3 del artículo 85 del Tratado) del Tratado a determinadas
categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías
de transporte marítimo de línea (consorcios) (DO L 55 de 29.2.1992, p. 3);
Reglamento cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de
1994.
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prácticas concertadas. En el ámbito de dichos Reglamentos, la
Comisión ha adoptado y podrá seguir adoptando los llamados«Reglamentos de exención porcategor ías», mediante los cuales
declara inaplicable el apartado 1 del artículo 81 del Tratado a
determinadas categorías de acuerdos, decisiones de asociacionesde empresas y prácticas concertadas. Cuando a pesar de todo, losacuerdos, decisiones y prácticas concertadas a los que se aplicandichos Reglamentos produzcan efectos incompatibles con el
apartado 3 del artículo 81 del Tratado, la Comisión y las auto-
ridades de competencia de los Estados miembros deben estarfacultados para retirar en casos concretos el beneficio del Regla-mento de exención porcategor ías.
(11) Con el fin de velarporla aplicación de las disposiciones delTratado, conviene que la Comisión pueda dirigir a las empresaso asociaciones de empresas decisiones intimándolas a hacercesar las infracciones de los artículos 81 y 82 del Tratado. En
caso de existirinter és legítimo, la Comisión debe igualmente
poderadoptardecisiones que constaten la comisión de unainfracción en el pasado, aun cuando no imponga ninguna multa.Conviene, por otra parte, establecer expresamente en el Regla-mento la facultad de la Comisión, reconocida por el Tribunalde Justicia, de adoptardecisiones que impongan medidas caute-
lares.
(12) El presente Reglamento debe conferir explícitamente a la Comi-sión competencia para imponer cualquier remedio, sea de
comportamiento o estructural, que sea necesario para poner efec-tivamente fin a la infracción y teniendo presente el principio deproporcionalidad. Los remedios estructurales sólo deben poderseimponer en ausencia de otro remedio de comportamiento igual-mente eficaz, o cuando cualquier remedio de comportamiento
resultaría más gravoso para la empresa que un remedio estruc-
tural. Imponer cambios en la estructura de la empresa tal ycomo era antes de cometer la infracción sólo responde al prin-cipio de proporcionalidad si de la propia estructura de laempresa se deriva un riesgo sustancial de una infracción dura-
dera o reiterada.
(13) Cuando en el curso de un procedimiento que pueda conducir a la
prohibición de un acuerdo o práctica, las empresas propongan a
la Comisión compromisos que superen las inquietudes de ésta,
conviene que la Comisión pueda mediante decisión, convertirtales compromisos en obligatorios para las empresas afectadas.Las decisiones relativas a esos compromisos constatarán que yano hay motivos para que la Comisión intervenga, sin pronun-
ciarse sobre si se ha producido o no la infracción o si ésta aún
existe. Las decisiones relativas a los compromisos se entenderánsin perjuicio de los poderes de las autoridades de competencia yde los órganos jurisdiccionales y de los Estados miembros paradilucidar tal extremo y adoptar una decisión sobre el caso. Noprocederá la adopción de decisiones relativas a los compromisos
cuando la Comisión se disponga a imponeruna multa.
(14) En los casos excepcionales en que el interés público comunitariolo requiera, puede igualmente ser útil que la Comisión adopte
una decisión de carácter declarativo que establezca que la prohi-bición enunciada en el artículo 81 o en el artículo 82 noencuentra aplicación, y ello para aclarar el Derecho aplicable ygarantizar su aplicación coherente en el conjunto de la Comu-nidad, en particular tratándose de nuevos tipos de acuerdos o
prácticas que carezcan de precedentes en la jurisprudencia o en
la práctica administrativa.
(15) Conviene que la Comisión y las autoridades de competencia delos Estados miembros formen conjuntamente una red de autori-dades públicas que apliquen las normas de competenciacomunitarias en estrecha cooperación. A tal efecto, es necesariocrear mecanismos de información y de consulta. La Comisión,en estrecha cooperación con los Estados miembros, establecerá2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 5
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y revisará los pormenores adicionales de la cooperación en la
red.
(16) Aunque la normativa nacional disponga lo contrario, los miem-bros de la red han de poder realizar intercambios deinformación, aunque sea confidencial, y poder utilizarla como
medio de prueba. Esta información podrá utilizarse para aplicar
los artículos 81 y 82 del Tratado, así como para la aplicaciónparalela de la legislación nacional de competencia, siempre quela aplicación de esta última se refiera al mismo asunto y noconduzca a un resultado diferente. Cuando la información inter-cambiada sea utilizada por la autoridad receptora para imponer
sanciones a las empresas, no debería fijarse para ello otro límite
que la obligación de utilizar la información a los fines para loscuales haya sido recabada, dado que las sanciones impuestas alas empresas son del mismo tipo en todos los sistemas. Los dere-chos de la defensa de que gozan las empresas en los distintos
sistemas pueden considerarse suficientemente equivalentes. Sin
embargo, las personas físicas pueden estar sujetas a tipos desanciones sustancialmente diferentes en los distintos sistemas.En este caso, conviene garantizar que sólo pueda utilizarse infor-mación recabada respetando el mismo nivel de protección de losderechos de defensa de las personas físicas que el que otorgue
las normas nacionales de la autoridad receptora.
(17) Para garantizar tanto la aplicación coherente de las normas decompetencia como una gestión óptima de la red, es indispensable
mantener la norma según la cual la incoación de un procedi-miento por la Comisión comporta la pérdida automática decompetencia para las autoridades de los Estados miembros.Cuando una autoridad de competencia de un Estado miembroya esté instruyendo un asunto y la Comisión tenga intención de
incoar el procedimiento, debe procurar hacerlo cuanto antes.
Antes de incoarel pr ocedimiento, la Comisión debe consultarcon la autoridad nacional correspondiente.
(18) Al objeto de garantizar una asignación óptima de los asuntos enel seno de la red, conviene prever una disposición general quepermita a cualquier autoridad de competencia acordar la suspen-sión o el archivo de las actuaciones debido a que otra autoridadestá instruyendo un expediente por los mismos hechos o se ha
pronunciado ya sobre ellos, pues el objetivo es que cada asunto
sólo sea tratado por una única autoridad. Esta disposición nodebe ser óbice para que la Comisión pueda, como le reconocela jurisprudencia del Tribunal de Justicia, desestimar unadenuncia por falta de interés comunitario, aun en caso de que
ninguna otra autoridad de competencia haya manifestado su
intención de ocuparse del asunto.
(19) El funcionamiento del Comité consultivo en materia de prácticas
restrictivas y de posiciones dominantes establecido por el Regla-
mento no17 ha sido muy satisfactorio. Este Comité se insertará
bien en el nuevo sistema de aplicación descentralizada. Procede,pues, tomarcomo fundamento las nor mas establecidas porelReglamento n
o17, mejorando al mismo tiempo la eficacia en la
organización de los trabajos. A tal efecto, resulta oportuno
permitir que los dictámenes puedan emitirse por procedimientoescrito. Además, el Comité consultivo debe poder servir de forode discusión sobre los asuntos en tramitación por las autoridadesde competencia de los Estados miembros, contribuyendo así almantenimiento de una aplicación coherente de las normas de
competencia comunitarias.
(20) Conviene que el Comité consultivo esté compuesto por represen-tantes de las autoridades de competencia de los Estados
miembros. Los Estados miembros deben poder designar unrepresentante adicional para aquellas reuniones en las que vayana tratarse cuestiones generales. Todo ello se entenderá sinperjuicio de la posibilidad de que los miembros del Comité esténacompañados por otros expertos de los Estados miembros.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 6
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(21) La aplicación coherente de las normas de competencia requiere
asimismo la instauración de mecanismos de cooperación entre
los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y la Comi-sión. Esto es válido para todos los órganos jurisdiccionales delos Estados miembros que aplican los artículos 81 y 82 delTratado, tanto si aplican dichas normas en litigios entre particu-lares, como si actúan en calidad de autoridades de competencia o
de tribunales de apelación. En particular, conviene que los
órganos jurisdiccionales nacionales puedan solicitar a la Comi-sión informaciones o dictámenes sobre aspectos de la aplicacióndel Derecho comunitario de la competencia. Por otra partetambién debe dotarse a la Comisión y a las autoridades de
competencia de los Estados miembros de la facultad para
presentar observaciones escritas u orales ante los órganos juris-diccionales instados a aplicar los artículos 81 u 82 del Tratado.Estas observaciones deben presentarse en el marco de las normasy prácticas procesales nacionales, incluidas las de salvaguardiade los derechos de las partes. A tal efecto, procede adoptar las
medidas necesarias para garantizar que la Comisión y las autori-
dades de competencia de los Estados miembros puedan disponerde información suficiente con respecto a los procedimientos judi-ciales nacionales.
(22) En un sistema de competencias paralelas deben evitarse deci-siones contradictorias con el fin de garantizar así el respeto delos principios de seguridad jurídica y aplicación uniforme de lasnormas de competencia comunitarias. Por tanto, es precisoaclarar los efectos de las decisiones de la Comisión y de los
procedimientos en los tribunales y por las autoridades de compe-
tencia de los Estados miembros con arreglo a la jurisprudenciadel Tribunal de Justicia. Las decisiones de la Comisión queimpongan compromisos no afectan a la facultad de los órganosjurisdiccionales y las autoridades de la competencia de los
Estados miembros para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado.
(23) La Comisión debe disponer en todo el territorio de la Comu-
nidad de la facultad de requerir que se le entregue lainformación que sea necesaria para detectar cualquier acuerdo,
decisión o práctica concertada prohibidos por el artículo 81 del
Tratado, así como la explotación abusiva de una posición domi-nante prohibida por el artículo 82 del Tratado. Al darcumplimiento al requerimiento de la Comisión, no podrá obli-garse a las empresas a admitir que han cometido una
infracción, pero éstas estarán obligadas en cualquier caso a
responder a preguntas relativas a los hechos y a proporcionardocumentos, aun cuando dicha información pueda ser utilizadaen contra de dichas u otras empresas para constatar la existenciade una infracción.
(24) La Comisión debe tenerasimismo la facultad de pr ocederacuantas inspecciones sean necesarias para detectar los acuerdos,decisiones y prácticas concertadas prohibidos por el artículo 81del Tratado, así como la explotación abusiva de una posición
dominante prohibida por el artículo 82 del Tratado. Las autori-
dades de competencia de los Estados miembros deben aportarsu colaboración activa en el ejercicio de estos poderes.
(25) Al hacerse cada vez más difícil la detección de las infracciones
de las normas de competencia y para protegerla eficazmente
resulta necesario completar los poderes de investigación de laComisión. La Comisión debe estar facultada, en particular, parainterrogar a toda persona que pueda disponer de información útily poder guardar constancia de sus declaraciones. En el curso de
una inspección, los agentes acreditados por la Comisión deben
estar facultados para colocar precintos durante el tiempo quesea necesario para la inspección, que normalmente no excederáde 72 horas. Asimismo, los agentes acreditados por la Comisióndeben estar facultados para recabar toda clase de informacionesrelacionadas con el asunto y el objeto de la inspección.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 7
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(26) La experiencia ha puesto de manifiesto que en algunos casos se
conservan documentos de índole profesional en los domicilios
particulares de los directivos y de los colaboradores de lasempresas. Por tanto es conveniente, para preservar la eficaciade las inspecciones, permitir a los agentes y demás personasacreditadas al efecto por la Comisión el acceso a todos loslocales en los que puedan conservarse documentos de índole
profesional, incluidos los domicilios particulares. El ejercicio de
esta última facultad debería estar supeditado, sin embargo, a laautorización del juez nacional.
(27) Sin perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, seráde utilidad establecer el alcance del control que las autoridades
judiciales nacionales pueden ejercer cuando autoricen, de confor-
midad con su legislación nacional respectiva, incluso comomedida preventiva, el recurso a la fuerza pública para vencer laposible oposición por parte de una empresa o para ejecutar unadecisión de proceder a inspecciones en locales no destinados a
actividades comerciales. De la jurisprudencia se desprende que
el juez nacional podrá, en particular, solicitar a la Comisión lainformación adicional que necesite para ejercer su control, y sino dispone de ella podrá denegar la autorización. La jurispru-dencia confirma asimismo la competencia de los órganosjurisdiccionales nacionales para controlar la correcta aplicación
de las normas nacionales que regulen la ejecución de medidas
coercitivas.
(28) Con el fin de facilitara las autor idades de competencia de losEstados miembros la eficaz aplicación de los artículos 81 y 82del Tratado, es oportuno facultarlas para prestarse ayuda mutua
llevando a cabo inspecciones y otras medidas de investigación.
(29) La observancia de los artículos 81 y 82 del Tratado y la ejecu-
ción de las obligaciones impuestas a las empresas y a lasasociaciones de empresas en aplicación del presente Reglamento
debe poder garantizarse mediante la imposición de multas
sancionadoras y de multas coercitivas. A tal efecto, procedeprever asimismo para las infracciones de las normas de procedi-miento importes de multas apropiados.
(30) Con objeto de garantizar el cobro efectivo de las multas
impuestas a las asociaciones de empresas por las infracciones
que hayan cometido, es necesario establecer las condiciones enlas cuales la Comisión puede exigirel pago de la multa a losmiembros de la asociación en caso de que la asociación seainsolvente. Al hacerlo, la Comisión deberá tener en cuenta lasdimensiones relativas de las empresas que pertenezcan a la
asociación y, en particular, de la situación de las pequeñas y
medianas empresas. El pago de la multa por parte de uno ovarios miembros de una asociación se entiende sin perjuicio delas normas de Derecho nacional que prevean el cobro delimporte pagado a otros miembros de la asociación.
(31) Las normas relativas a la prescripción de la imposición demultas sancionadoras y multas coercitivas están recogidas en elReglamento (CEE) n
o2988/74 (1), que rige también las sanciones
aplicables en materia de transporte. En un sistema de competen-cias paralelas, es necesario incorporar al catálogo de actos
susceptibles de interrumpir la prescripción, las diligencias adop-
tadas autónomamente poruna autor idad de competencia de unEstado miembro. Con vistas a aclarar el2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 8
(1) Reglamento (CEE) no2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974,
relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los
ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad
Económica Europea (DO L 319 de 29.11.1974, p. 1).
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marco legislativo, resulta, pues, oportuno modificar el Regla-
mento (CEE) no2988/74 con el fin de excluirde su ámbito de
aplicación las cuestiones reguladas en el presente Reglamento e
incluir en éste disposiciones relativas a la prescripción.
(32) Es conveniente consagrar el derecho de las empresas interesadas
a seroídas porla Comisión, así como darla opor tunidad a losterceros cuyos intereses puedan verse afectados por una decisiónde presentar previamente sus observaciones, así como dar unaamplia publicidad de las decisiones adoptadas. Es indispensable
proteger los secretos comerciales, al tiempo que se garantizan los
derechos de defensa de las empresas afectadas, en particular, elderecho de acceso al expediente. Conviene además garantizarque se proteja la confidencialidad de las informaciones intercam-biadas en la red.
(33) Dado que todas las decisiones adoptadas porla Comisión en
aplicación del presente Reglamento están sometidas al control
del Tribunal de Justicia en las condiciones definidas por elTratado, conviene, en aplicación de su artículo 229, prever laatribución al Tribunal de Justicia de la competencia jurisdic-cional plena por lo que se refiere a las decisiones por las que la
Comisión impone multas sancionadoras o multas coercitivas.
(34) Los principios enunciados en los artículos 81 y 82 del Tratado,
en los términos desarrollados en el Reglamento no17, confieren
un protagonismo especial a los órganos de la Comunidad. Esteprotagonismo debe mantenerse, fomentando al mismo tiempouna mayor participación de los Estados miembros en la aplica-
ción de las normas de competencia comunitarias. En virtud de
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad consagradosen el artículo 5 del Tratado, el presente Reglamento no excedede lo necesario para alcanzar su objetivo de permitir la aplica-ción eficaz de las normas comunitarias de competencia.
(35) Para lograr una correcta ejecución de la legislación de compe-
tencia comunitaria, los Estados miembros deben designar a las
autoridades públicas competentes para velar por el cumplimientode los artículos 81 y 82 y conferirles las competencias necesa-rias. Los Estados miembros deben poder designar tantoautoridades administrativas como judiciales para realizar lasdistintas funciones que el presente Reglamento atribuye a las
autoridades de competencia. El presente Reglamento reconoce
la amplia variedad de sistemas públicos de los Estados miembrospara garantizar el cumplimiento de la ley. Los efectos del apar-tado 6 del artículo 11 del presente Reglamento deben extendersea todas las autoridades de competencia. Como excepción a esa
regla general, cuando una autoridad instructora deba someter
los asuntos a una autoridad judicial diferente para su resolución,se entenderá que el apartado 6 del artículo 11 se aplica a la auto-ridad instructora en las condiciones establecidas en el apartado 4del artículo 35 del presente Reglamento. Cuando no se cumplandichas condiciones, debe aplicarse la regla general. En cualquier
caso, el apartado 6 del artículo 11 no es aplicable a órganos
jurisdiccionales en la medida en que éstos actúen como tribu-nales de apelación.
(36) Puesto que la jurisprudencia ha aclarado que las normas decompetencia se aplican al sector del transporte, este sector debeestarsometido a las disposiciones de pr ocedimiento2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 9
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del presente Reglamento. Es conveniente, por consiguiente,
derogar el Reglamento no141 del Consejo, de 26 de noviembre
de 1962, sobre la no aplicación del Reglamento no17 (1)a l
sector de los transportes y modificar los Reglamentos (CEE) no
1017/68 (2), (CEE) no4056/86 (3) y (CEE) no3975/87 (4), para
suprimir las disposiciones específicas de procedimiento en ellosrecogidas.
(37) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales ysigue los principios reconocidos, en particular, por la Carta deDerechos Fundamentales de la Unión Europea. Por consiguiente,debe ser interpretado y aplicado respetando dichos derechos yprincipios.
(38) La seguridad jurídica de las empresas que realizan actividadesreguladas por las normas comunitarias de competencia contri-buye al fomento de la innovación y de las inversiones. Cuando
se presente una situación de auténtica incertidumbre debido a la
aparición de cuestiones nuevas o sin resolver en cuanto a la apli-cación de las citadas normas, las empresas a que conciernapodrán solicitar orientaciones informales de la Comisión. Elpresente Reglamento no constituye ningún impedimento paraque la Comisión facilite esas orientaciones informales.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS
Artículo 1
Aplicacióndelosartículos81y82delTratado
1. Los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas contemplados en
el apartado 1 del artículo 81 del Tratado que no cumplan las condi-ciones del apartado 3 de dicho artículo están prohibidos, sin que seanecesaria decisión previa alguna a tal efecto.
2. Los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas contemplados en
el apartado 1 del artículo 81 del Tratado que reúnan las condiciones delapartado 3 de dicho artículo no están prohibidos, sin que sea necesaria
decisión previa alguna a tal efecto.
3. La explotación abusiva de una posición dominante contemplada
en el artículo 82 del Tratado está prohibida, sin que sea necesaria deci-sión previa alguna a tal efecto.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 10
(1) DO L 124 de 28.11.1962, p. 2751/62; Reglamento cuya última modificación
la constituye el Reglamento no1002/67/CEE (DO 306 de 16.12.1967, p.1).
(2) Reglamento (CEE) no1017/68 del Consejo, de 19 de julio de 1968, porel
que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes
por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO L 175 de 23.7.1968, p.
1); Reglamento cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión
de 1994.
(3) Reglamento (CEE) no4056/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por
el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 81 y 82
(El título del Reglamento ha sido corregido para tener en cuenta la renume-
ración de los artículos del Tratado CE conforme al artículo 12 del Tratado
de Amsterdam; la referencia original era a los artículos 85 y 86 del Tratado)
del Tratado a los transportes marítimos (DO L 378 de 31.12.1986, p. 4);
Reglamento cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de
1994.
(4) Reglamento (CEE) no3975/87 del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, por
el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia
para empresas del sector del transporte aéreo (DO L 374 de 31.12.1987, p.
1); Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) no2410/92 (DO L 240 de 24.8.1992, p. 18).
▼B
Artículo 2
Cargadelaprueba
En todos los procedimientos nacionales y comunitarios de aplicación
de los artículos 81 y 82 del Tratado, la carga de la prueba de unainfracción del apartado 1 del artículo 81 o del artículo 82 del Tratadorecaerá sobre la parte o la autoridad que la alegue. La empresa oasociación de empresas que invoque el amparo de las disposiciones
del apartado 3 del artículo 81 del Tratado deberá aportar la prueba de
que se cumplen las condiciones previstas en dicho apartado.
Artículo 3
Relaciónentrelosartículos81y82delTratadoylasnormasnacio-
nalessobrecompetencia
1. Cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros
o los órganos jurisdiccionales nacionales apliquen el Derecho nacionalde la competencia a los acuerdos, decisiones de asociaciones de
empresas o prácticas concertadas en el sentido del apartado 1 del
artículo 81 del Tratado que puedan afectar al comercio entre losEstados miembros a tenor de esa disposición, aplicarán también adichos acuerdos, decisiones o prácticas el artículo 81 del Tratado.Cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros o losórganos jurisdiccionales nacionales apliquen el Derecho nacional de la
competencia a una práctica abusiva prohibida por el artículo 82 del
Tratado, aplicarán también a la misma el artículo 82 del Tratado.
2. La aplicación del Derecho nacional de la competencia no podrá
resultar en la prohibición de acuerdos, decisiones o asociaciones deempresas o prácticas concertadas y que puedan afectar al comercioentre los Estados miembros pero no restrinjan la competencia en elsentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, o que reúnan lascondiciones del apartado 3 del artículo 81 del Tratado o que estén
cubiertos por un reglamento de aplicación del apartado 3 del artículo
81 del Tratado. Lo dispuesto en el presente Reglamento no impedirá alos Estados miembros adoptar y aplicar en sus respectivos territorioslegislaciones nacionales más estrictas en virtud de las cuales seprohíban o penalicen con sanciones determinados comportamientos
que las empresas adopten de forma unilateral.
3. Sin perjuicio de los principios generales y demás disposiciones
del Derecho comunitario, los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando
las autoridades de competencia y los órganos jurisdiccionales de los
Estados miembros apliquen disposiciones nacionales relativas al controlde las concentraciones, y tampoco impedirán que se apliquen las dispo-siciones de Derecho nacional que persigan principalmente un objetivodiferente del de los artículos 81 y 82 del Tratado.
CAPÍTULO II
COMPETENCIAS
Artículo 4
CompetenciasdelaComisión
A efectos de la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado, la
Comisión dispondrá de las competencias previstas en el presenteReglamento.
Artículo 5
Competencia de las autoridades de competencia de los Estados
miembros
Las autoridades de competencia de los Estados miembros son compe-
tentes para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado en asuntosconcretos. A tal efecto, ya sea de oficio, ya previa denuncia de parte,podrán adoptar las decisiones siguientes:
— orden de cesación de la infracción,2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 11
▼B
— adopción de medidas cautelares,
— aceptación de compromisos,
— imposición de multas sancionadoras, de multas coercitivas o de
cualquier otra sanción prevista por su Derecho nacional.
Cuando la información de que dispongan no acredite que se reúnen las
condiciones para una prohibición, podrán decidir asimismo que noprocede su intervención.
Artículo 6
Competenciadelosórganosjurisdiccionalesnacionales
Los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes para aplicar
los artículos 81 y 82 del Tratado.
CAPÍTULO III
DECISIONESDELACOMISIÓN
Artículo 7
Constataciónycesedelainfracción
1. Cuando la Comisión, de oficio o previa denuncia de parte, cons-
tate la existencia de una infracción de los artículos 81 u 82 del Tratado,
podrá ordenar mediante decisión a las empresas y asociaciones de
empresas involucradas que pongan fin a la infracción constatada. Atal efecto, podrá imponerles cualquier remedio estructural o de compor-tamiento que sea proporcionado y sea necesario para producir el ceseefectivo de la misma. Los remedios estructurales sólo podrán impo-
nerse en ausencia de otros remedios de comportamiento de eficacia
equivalente o cuando, a pesar de existir remedios de comportamiento,éstos resulten más gravosos para la empresa en cuestión que el remedioestructural. Cuando la Comisión tenga un interés legítimo para hacerlo,podrá igualmente constatar la pasada comisión de una infracción.
2. Estarán facultadas para formular denuncias a efectos del apartado
1 las personas físicas o jurídicas que acrediten un interés legítimo y losEstados miembros.
Artículo 8
Medidascautelares
1. En caso de urgencia justificada por el riesgo de que se produzca
un perjuicio grave e irreparable a la competencia, la Comisión,actuando de oficio, podrá adoptar medidas cautelares mediante decisión
sobre la base de la declaración de la existencia prima facie de una
infracción.
2. Toda decisión adoptada en aplicación del apartado 1 será apli-
cable durante un período determinado y será renovable, siempre que
sea necesario y adecuado.
Artículo 9
Compromisos
1. Cuando la Comisión se disponga a adoptaruna decisión que
ordene la cesación de la infracción y las empresas interesadas
propongan compromisos que respondan a las inquietudes que les hayamanifestado la Comisión en su análisis preliminar, ésta podrá, mediantedecisión, convertir dichos compromisos en obligatorios para lasempresas. La decisión podrá ser adoptada por un período de tiempo
determinado y en ella constará que ya no hay motivos para la interven-
ción de la Comisión.
2. La Comisión, previa solicitud o por iniciativa propia, podrá
reabrir el procedimiento:
a) si se produce la modificación la situación de hecho respecto de un
elemento esencial de la decisión;2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 12
▼B
b) si resulta que las empresas afectadas no cumplen sus compromisos,
o
c) si resulta que la decisión se basó en informaciones incompletas,
inexactas o engañosas facilitadas porlas par tes.
Artículo 10
Declaracióndeinaplicabilidad
Cuando así lo requiera el interés público comunitario relativo a la apli-
cación de los artículos 81 y 82 del Tratado, la Comisión podrá declararmediante decisión adoptada de oficio que el artículo 81 del Tratado noes aplicable a un acuerdo, a una decisión de asociación de empresas o a
una práctica concertada, bien porque no se reúnan las condiciones del
apartado 1 del artículo 81 del Tratado, bien porque se reúnan las condi-ciones del apartado 3 del artículo 81 del Tratado.
La Comisión podrá igualmente hacer esta declaración con arreglo al
artículo 82 del Tratado.
CAPÍTULO IV
COOPERACIÓN
Artículo 11
CooperaciónentrelaComisiónylasautoridadesdecompetenciade
losEstadosmiembros
1. La Comisión y las autoridades de competencia de los Estados
miembros aplicarán las normas de competencia comunitarias enestrecha colaboración.
2. La Comisión transmitirá a las autoridades de competencia de los
Estados miembros copia de los documentos más importantes que hayarecopilado con vistas a la aplicación de los artículos 7, 8, 9, 10 y delapartado 1 del artículo 29. A instancias de la autoridad de competencia
de un Estado miembro, la Comisión le remitirá copia de otros docu-
mentos existentes que sean necesarios para la apreciación del asunto.
3. Cuando las autoridades de la competencia de los Estados miem-
bros actúen en virtud del artículo 81 o del artículo 82 del Tratado,informarán por escrito de ello a la Comisión antes de proceder arealizar las primeras diligencias formales de investigación o inmediata-
mente después de iniciadas dichas diligencias. Esta información podrá
hacerse llegar también a las autoridades de competencia de los demásEstados miembros.
4. A más tardar 30 días antes de la adopción de una decisión por la
que se ordene la cesación de una infracción, por la que se aceptencompromisos o por la que se retire la cobertura de un reglamento de
exención por categorías, las autoridades competentes de los Estados
miembros informarán de ello a la Comisión. A tal efecto, le proporcio-narán una exposición resumida del asunto y el texto de la decisiónprevista o, en ausencia de ésta, cualquier otro documento en el que seindique la línea de acción propuesta. Esta información podrá ponersetambién a disposición de las autoridades de competencia de los demás
Estados miembros. A instancias de la Comisión, la autoridad de
competencia encargada del asunto deberá poner a disposición de laComisión otros documentos que se hallen en su poder y que sean nece-sarios para evaluar el asunto. La información facilitada a la Comisiónpodrá ponerse a disposición de las autoridades de competencia de los
demás Estados miembros. Las autoridades nacionales de competencia
podrán asimismo intercambiarse la información necesaria para evaluarel asunto que estén instruyendo al amparo de los artículos 81 u 82 delTratado.
5. Las autoridades de competencia de los Estados miembros podrán
consultarcon la Comisión cualquiercaso de aplicación del Der echocomunitario.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 13
▼B
6. La incoación de un procedimiento por parte de la Comisión con
vistas a la adopción de una decisión en aplicación del capítulo IIIprivará a las autoridades de competencia de los Estados miembros de
su competencia para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado. Si una
autoridad de competencia de un Estado miembro está actuando ya enun asunto, la Comisión únicamente incoará el procedimiento trasconsultarcon la autor idad nacional de competencia.
Artículo 12
Intercambiodeinformación
1. Al objeto de aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado, la Comi-
sión y las autoridades de competencia de los Estados miembros
deberán estar facultadas para procurarse entre sí y utilizar como mediode prueba todo elemento de hecho o de derecho, incluida la informa-ción confidencial.
2. La información intercambiada sólo se utilizará como medio de
prueba a efectos de la aplicación del artículo 81 u 82 del Tratado y
respetando la finalidad para la cual fue recopilada por la autoridad
remitente. No obstante, cuando se aplique el Derecho nacional de lacompetencia al mismo asunto y paralelamente con el Derecho de lacompetencia comunitario y ello no conduzca a un resultado diferente,la información intercambiada con arreglo al presente artículo podrá
también ser utilizada para la aplicación del Derecho nacional de la
competencia.
3. La información intercambiada con arreglo al apartado 1 única-
mente podrá utilizarse como medio de prueba para imponer sancionesa las personas físicas:
— cuando la legislación de la autoridad remitente prevea dicho tipo de
sanciones en relación con las infracciones de los artículos 81 u 82del Tratado, o, si no es ése el caso,
— cuando la información se haya obtenido respetando el mismo nivel
de protección de los derechos de defensa de las personas físicas queel que establecen las normas nacionales de la autoridad receptora.
Sin embargo, en este caso, la información intercambiada no podrá
ser utilizada por la autoridad receptora para imponer penas priva-tivas de la libertad.
Artículo 13
Suspensiónofindelprocedimiento
1. Cuando las autoridades de competencia de varios Estados miem-
bros sean destinatarias de una denuncia o hayan iniciado unprocedimiento de oficio contra el mismo acuerdo, la misma decisión
de asociación o la misma práctica en virtud del artículo 81 o del
artículo 82 del Tratado, el hecho de que una autoridad se encuentreinstruyendo el asunto constituirá para las demás autoridades motivosuficiente para suspender su propio procedimiento o desestimar ladenuncia. La Comisión podrá igualmente desestimar una denuncia si
ya la estuviera tramitando una autoridad de competencia de un Estado
miembro.
2. Las autoridades de competencia de un Estado miembro o la
Comisión podrán desestimar una denuncia formulada contra unacuerdo, una decisión de asociación o una práctica que ya hayan sidotratados por otra autoridad de competencia.
Artículo 14
Comitéconsultivo
1. La Comisión consultará con un Comité consultivo en materia de
prácticas restrictivas y de posiciones dominantes antes de adoptar cual-quierdecisión en aplicación de los ar tículos 7, 8, 9, 10 o 23, delapartado 2 del artículo 24 y del apartado 1 del artículo 29.
2. Para la deliberación sobre asuntos concretos, el Comité consultivo
estará formado por representantes de las autoridades de competencia de2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 14
▼B
los Estados miembros. Para las reuniones en las que se discutan otras
cuestiones podrá designarse a un representante adicional de los Estadosmiembros competente en materia de competencia. Los representantes
podrán ser sustituidos por otros cuando no puedan asistir.
3. La consulta podrá realizarse durante una reunión convocada y
presidida por la Comisión, que se celebrará no antes de transcurridos14 días desde el envío de la convocatoria, a la que se adjuntará un
resumen del asunto, una indicación de los documentos más importantes
y un anteproyecto de Decisión. Por lo que se refiere a las decisionesadoptadas con arreglo al artículo 8, la reunión podrá celebrarse sietedías después del envío del dispositivo del proyecto de decisión. Cuandola Comisión envíe una convocatoria en la que indique un plazo más
breve que los señalados anteriormente, la reunión podrá celebrarse en
la fecha propuesta siempre que ningún Estado miembro formule unaobjeción al respecto. El Comité consultivo emitirá un dictamen porescrito sobre el anteproyecto de Decisión de la Comisión. Podrá emitirun dictamen aun cuando algunos de sus miembros estén ausentes y nohayan sido sustituidos. Cuando lo soliciten uno o varios miembros, se
motivarán las posiciones manifestadas en el dictamen.
4. La consulta podrá realizarse igualmente por medio de un procedi-
miento escrito. No obstante, la Comisión convocará una reunión si asílo solicita un Estado miembro. En el caso de recurrir al procedimiento
escrito, la Comisión fijará un plazo no inferior a 14 días para que los
Estados miembros formulen sus observaciones, que deberán comuni-carse a todos los demás Estados miembros. Cuando deban adoptarsedecisiones en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, el plazo de14 días se sustituirá por un plazo de siete días. Cuando la Comisiónseñale para el procedimiento escrito un plazo inferior al indicado ante-
riormente, el plazo propuesto será aplicable siempre que ningún Estado
miembro formule una objeción al respecto.
5. La Comisión deberá tener particularmente en cuenta el dictamen
emitido por el Comité consultivo. Informará al Comité del modo en
que se ha tenido en cuenta su dictamen.
6. Cuando el Comité consultivo emita un dictamen porescr ito,
dicho dictamen se adjuntará al proyecto de Decisión. Si el Comitéconsultivo recomienda la publicación del dictamen, la Comisión llevará
a cabo dicha publicación teniendo debidamente en cuenta el interés
legítimo de las empresas en que no se revelen sus secretos comerciales.
7. La Comisión, a instancia de una autoridad de competencia de un
Estado miembro incluirá en el orden del día del Comité consultivo losasuntos que esté instruyendo la autoridad de competencia de un Estado
miembro con arreglo a los artículos 81 u 82 del Tratado. La Comisión
podrá hacerlo también por propia iniciativa. En ambos casos, la Comi-sión informará a la autoridad de competencia de que se trate.
En particular, la autoridad de competencia de un Estado miembro
podrá formular dicha solicitud respecto de los asuntos en los que la
Comisión se disponga a incoar procedimiento a efectos del apartado 6del artículo 11.
El Comité consultivo no emitirá dictámenes sobre los asuntos que estén
instruyendo las autoridades de competencia de los Estados miembros.
El Comité consultivo podrá debatir también asuntos de carácter generalrelativos al Derecho comunitario de la competencia.
Artículo 15
Cooperaciónconlosórganosjurisdiccionalesnacionales
1. En el marco de los procedimientos de aplicación de los artículos
81 y 82 del Tratado, los órganos jurisdiccionales de los Estados miem-bros podrán solicitar a la Comisión que ésta les remita la informaciónque obre en su poder o les transmita sus dictámenes sobre cuestiones
relativas a la aplicación de las normas de competencia comunitarias.
2. Los Estados miembros remitirán a la Comisión una copia del
texto de las sentencias de los tribunales nacionales en las que sepronuncie sobre la aplicación de los artículos 81 u 82 del Tratado.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 15
▼B
Dicha copia se remitirá sin dilación tras la notificación a las partes del
texto íntegro de la sentencia.
3. Las autoridades de competencia de los Estados miembros podrán
presentar por propia iniciativa observaciones escritas a los órganosjurisdiccionales nacionales de su respectivo Estado miembro sobre
cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 81 u 82 del Tratado.
Con la venia del tribunal de que se trate, también podrán presentarobservaciones verbales ante los órganos jurisdiccionales nacionales desu Estado miembro. Cuando la aplicación coherente de los artículos81 u 82 del Tratado lo requiera, la Comisión, por propia iniciativa,
podrá presentar observaciones por escrito a los órganos jurisdiccionales
de los Estados miembros. Con la venia del correspondiente órganojurisdiccional podrán presentar también observaciones verbales.
A efectos únicamente de la preparación de sus observaciones, las auto-
ridades de competencia de los Estados miembros y la Comisión podránsolicitar al órgano jurisdiccional competente del Estado miembro queles remita o haga remitir todos los documentos necesarios para realizaruna valoración del asunto de que se trate.
4. El presente artículo se entiende sin perjuicio de los poderes más
amplios que el Derecho de su Estado miembro pueda haber conferido alas autoridades de competencia de los Estados miembros para formular
observaciones ante órganos jurisdiccionales.
Artículo 16
Aplicaciónuniformedelanormativacomunitariadecompetencia
1. Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien
sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 81 u82 del Tratado ya haya sido objeto de una decisión de la Comisión,no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptadaporla Comisión. Deber án evitarasimismo adoptardecisiones suscepti-
bles de entrar en conflicto con una decisión prevista por la Comisión
en procedimientos que ya haya incoado. A tal fin, corresponde a losórganos jurisdiccionales nacionales apreciar si procede suspender suprocedimiento. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de los dere-chos y obligaciones que establece el artículo 234 del Tratado.
2. Cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros
decidan acerca de acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de losartículos 81 u 82 del Tratado que ya hayan sido objeto de una decisión
de la Comisión, no podrán adoptar decisiones incompatibles con la
decisión adoptada porla Comisión.
CAPÍTULO V
PODERESDEINVESTIGACIÓN
Artículo 17
Investigacionesporsectoreseconómicosyportiposdeacuerdo
1. Cuando la evolución de los intercambios entre Estados miembros,
la rigidez de los precios u otras circunstancias hagan presumir quepueda limitarse o falsearse la competencia dentro del mercado común,la Comisión podrá proceder a una investigación general en un sectordeterminado de la economía o en un tipo concreto de acuerdoscomunes a diversos sectores económicos. En el curso de la misma, la
Comisión podrá recabar de las empresas o asociaciones de empresas de
que se trate la información necesaria para la aplicación de los artículos81 y 82 del Tratado y efectuar las inspecciones pertinentes a tal efecto.
La Comisión podrá en particular solicitar a las empresas o asociaciones
de empresas del sector en cuestión que le comuniquen todos losacuerdos, decisiones y prácticas concertadas.
La Comisión podrá publicar un informe acerca de los resultados de su
investigación sobre determinados sectores económicos o sobre tiposparticulares de acuerdos comunes a varios sectores, y podrá pedir alas partes interesadas que le remitan sus observaciones.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 16
▼B
2. Se aplicará por analogía lo dispuesto en los artículos 14, 18, 19,
20, 22, 23 y 24.
Artículo 18
Solicitudesdeinformación
1. Para la realización de las tareas que le asigna el presente Regla-
mento, la Comisión, mediante una decisión o una simple solicitud,
podrá solicitar a las empresas y asociaciones de empresas que le faci-liten toda la información que estime necesaria.
2. Cuando envíe una simple solicitud de información a una empresa
o asociación de empresas, la Comisión indicará la base jurídica y el
objeto de la solicitud, especificará la información requerida y fijará elplazo en que habrá de facilitarse, haciendo referencia a las sancionesprevistas en el artículo 23 para el supuesto en que se proporcione infor-mación inexacta o engañosa.
3. Cuando la Comisión requiera por decisión a las empresas o
asociaciones de empresas que le proporcionen información, indicará labase jurídica y el objeto de su requerimiento, especificará la informa-ción requerida y fijará el plazo en que habrá de facilitarse. Haráreferencia asimismo a las sanciones previstas en el artículo 23 e
indicará o impondrá las sanciones previstas en el artículo 24. También
les informará de su derecho a recurrir contra la decisión ante elTribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
4. Estarán obligados a facilitar la información solicitada en nombre
de la empresa o de la asociación de empresas afectadas los propietarios
de las empresas o sus representantes y, en el caso de personas jurídicas,sociedades o asociaciones sin personalidad jurídica, las personas encar-gadas de representarlas de acuerdo con la ley o con los estatutos. Losabogados debidamente habilitados podrán facilitar la información soli-
citada en nombre de sus representados. Estos últimos seguirán
respondiendo plenamente del carácter completo, exacto y no desvir-tuado de las informaciones proporcionadas.
5. La Comisión remitirá sin dilación una copia de la solicitud simple
o de la decisión a la autoridad de competencia del Estado miembro en
cuyo territorio se encuentre la sede de la empresa o asociación de
empresas (y a la autoridad de competencia del Estado miembro cuyoterritorio se vea afectado).
6. Cuando lo solicite la Comisión, los Gobiernos y las autoridades
de competencia de los Estados miembros le facilitarán cuanta informa-
ción sea necesaria para llevar a cabo las tareas que le asigna el presenteReglamento.
Artículo 19
Poderderecabardeclaraciones
1. Para la realización de las tareas que le asigna el presente Regla-
mento, la Comisión podrá oír a toda persona física o jurídica queacepte ser entrevistada a efectos de la recopilación de información en
relación con el objeto de una investigación.
2. Cuando la entrevista contemplada en el apartado 1 se realice en
los locales de la empresa, la Comisión informará de ello a la autoridadde competencia del Estado miembro en cuyo territorio se lleve a cabo
la entrevista. Si así lo solicitare la autoridad de competencia de ese
Estado miembro, sus agentes podrán ayudar a los agentes y demáspersonas acreditadas por la Comisión para llevar a cabo la entrevista.
Artículo 20
PoderesdelaComisiónenmateriadeinspección
1. Para la realización de las tareas que le asigna el presente Regla-
mento, la Comisión podrá proceder a cuantas inspecciones seannecesarias en las empresas y asociaciones de empresas.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 17
▼B
2. Los agentes y demás personas acreditadas por la Comisión para
proceder a una inspección estarán facultados para:
a) acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte de las
empresas y asociaciones de empresas;
b) examinar los libros y cualquier otra documentación profesional,
cualquiera que sea su soporte material;
c) hacer u obtener copias o extractos en cualquier formato de dichos
libros o de la documentación;
d) colocar precintos en cualquiera de los locales y libros o documenta-
ción de la empresa durante el tiempo y en la medida necesarios parala inspección;
e) solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la
empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechoso documentos relativas al objeto y la finalidad de la inspección yguardar constancia de sus respuestas.
3. Los agentes y demás personas acreditadas por la Comisión para
proceder a una inspección ejercerán sus poderes previa presentaciónde un mandamiento escrito que indique el objeto y la finalidad de lainspección, así como la sanción prevista en el artículo 23 para el supu-
esto en que los libros u otros documentos profesionales requeridos se
presenten de manera incompleta y en caso de que las respuestas a laspreguntas formuladas en aplicación del apartado 2 del presente artículosean inexactas o desvirtuadas. La Comisión advertirá de la misión deinspección a la autoridad de competencia del Estado miembro en cuyoterritorio se haya de llevar a cabo la misma con suficiente antelación.
4. Las empresas y asociaciones de empresas estarán obligadas a
someterse a las inspecciones que la Comisión haya ordenado mediantedecisión. La decisión indicará el objeto y la finalidad de la inspección,fijará la fecha en que dará comienzo y hará referencia a las sanciones
previstas en el artículo 23 y en el artículo 24, así como al derecho a
recurrir contra la decisión ante el Tribunal de Justicia. La Comisióntomará estas decisiones después de consultar a la autoridad de compe-tencia del Estado miembro en cuyo territorio deba efectuarse lainspección.
5. Los agentes de la autoridad de competencia del Estado miembro
en cuyo territorio deba efectuarse la inspección, así como las demáspersonas que aquélla haya autorizado o designado, deberán prestar acti-vamente asistencia a los agentes y demás personas acreditadas al efectoporla Comisión cuando así lo pidan la citada autor idad o la Comisión.
A tal fin, gozarán de los poderes definidos en el apartado 2.
6. Cuando los agentes y demás personas acreditadas al efecto por la
Comisión constaten que una empresa se opone a una inspección orde-nada con arreglo al presente artículo, el Estado miembro interesado les
prestará la asistencia necesaria, requiriendo si es preciso la acción de la
policía o de una fuerza pública equivalente, para permitirles realizar sumisión de inspección.
7. Cuando, de acuerdo con la normativa nacional, la asistencia
prevista en el apartado 6 requiera un mandamiento judicial se
formulará la correspondiente solicitud, pudiendo solicitarse tambiéncon carácter preventivo.
8. Cuando se solicite el mandamiento contemplado en el apartado 7,
el juez nacional verificará la autenticidad de la decisión de la Comisión
y de que las medidas coercitivas contempladas no son arbitrarias ni
desproporcionadas en relación con el objeto de la inspección. Cuandoverifique la proporcionalidad de las medidas coercitivas contempladas,el juez nacional podrá pedir a la Comisión, directamente o a través dela autoridad de la competencia del Estado miembro, explicaciones deta-
lladas referentes en particular a los motivos que tenga la Comisión para
sospechar que se han infringido los artículos 81 y 82 del Tratado, asícomo sobre la gravedad de la presunta infracción y la naturaleza de laparticipación de la empresa de que se trate. Sin embargo, el jueznacional no podrá poner en cuestión la necesidad de proceder a lainspección ni exigirque se le facilite la infor mación que conste en el2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 18
▼B
expediente de la Comisión. Se reserva al Tribunal de Justicia el control
de la legalidad de la decisión de la Comisión.
Artículo 21
Inspeccióndeotroslocales
1. Si existe sospecha razonable de que en cualesquiera otros locales,
terrenos o medios de transporte, incluido el domicilio particular de los
empresarios, administradores y otros miembros del personal de lasempresas o asociaciones de empresas afectadas, se hallan libros u otradocumentación relacionada con la empresa y con el objeto de lainspección que puedan servir para demostrar una infracción grave delartículo 81 o del artículo 82 del Tratado, la Comisión podrá ordenar,
mediante decisión, que se realice una inspección en esos locales,
terrenos y medios de transporte.
2. La decisión precisará el objeto y la finalidad de la inspección,
indicará la fecha de su comienzo e informará sobre el derecho derecurso contra la decisión ante el Tribunal de Justicia de las Comuni-dades Europeas. La decisión expresará, en particular, en qué motivos se
basa la sospecha de la Comisión con arreglo al apartado 1. La Comi-
sión adoptará dichas decisiones previa consulta de la autoridad de lacompetencia del Estado miembro en cuyo territorio se lleve a cabo lainspección.
3. No podrán ejecutarse las decisiones adoptadas con arreglo al
apartado 1 sino previa obtención de un mandamiento judicial de un
juez del Estado miembro afectado. El juez nacional verificará la auten-
ticidad de la decisión de la Comisión y de que las medidas coercitivasque se contemplan no son arbitrarias ni desproporcionadas, habidacuenta, en particular, de la gravedad de la presunta infracción, de laimportancia de las pruebas buscadas, de la participación en la infrac-ción de la empresa en cuestión y de la probabilidad razonable de que
los libros y registros relativos al objeto de inspección se conserven en
los locales para los que se solicita el mandamiento judicial. El jueznacional podrá pedir a la Comisión, directamente o a través de la auto-ridad de la competencia del Estado miembro, explicaciones detalladassobre los elementos que sean necesarios para poder verificar la propor-
cionalidad de las medidas coercitivas contempladas.
No obstante, el juez nacional no podrá poner en cuestión la necesidad
de la inspección ni exigirque se le facilite la infor mación que consteen el expediente de la Comisión. Se reserva al Tribunal de Justicia elcontrol de la legalidad de la decisión de la Comisión.
4. Los agentes y demás personas acreditadas por la Comisión para
proceder a la inspección ordenada con arreglo al apartado 1 del
presente artículo dispondrán de los poderes contemplados en las letras
a), b) y c) del apartado 2 del artículo 20. Se aplicarán por analogía losapartados 5 y 6 del artículo 20.
Artículo 22
Investigaciones efectuadasporlasautoridadesdecompetencia de
losEstadosmiembros
1. Una autoridad de competencia de un Estado miembro podrá
proceder en su territorio a realizar cualquier inspección u otra medida
de investigación de los hechos al amparo de su Derecho nacional en
nombre y por cuenta de la autoridad de competencia de otro Estadomiembro, con el fin de demostrar la existencia de una infracción delartículo 81 o del artículo 82 del Tratado. Cualquier intercambio y utili-zación de la información recopilada se llevará a cabo en aplicación delartículo 12.
2. A instancias de la Comisión, las autoridades de competencia de
los Estados miembros procederán a realizar las inspecciones que laComisión juzgue oportunas con arreglo al apartado 1 del artículo 20 oque haya ordenado mediante decisión adoptada en aplicación del apar-tado 4 del artículo 20. Los agentes de las autoridades de competenciade los Estados miembros encargados de proceder a las inspecciones, así2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 19
▼B
como las demás personas que aquéllas hayan autorizado o designado,
ejercerán sus poderes conforme a lo estipulado en su Derecho nacional.
A petición de la Comisión o de la autoridad de competencia del Estado
miembro en cuyo territorio deba efectuarse la inspección, los agentes ydemás personas acreditadas por la Comisión podrán prestar asistencia a
los agentes de la autoridad de que se trate.
CAPÍTULO VI
SANCIONES
Artículo 23
Multassancionadoras
1. La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a las empresas y
asociaciones de empresas multas de hasta un 1 % del volumen de
negocios total realizado durante el ejercicio social anterior cuando, de
forma deliberada o por negligencia:
a) proporcionen información inexacta o engañosa en respuesta a una
solicitud formulada en aplicación del artículo 17 o del apartado 2
del artículo 18;
b) proporcionen información inexacta, incompleta o engañosa en
respuesta a una solicitud formulada mediante decisión adoptadaconforme al artículo 17 o al apartado 3 del artículo 18, o no faci-liten la información en el plazo fijado;
c) presenten de manera incompleta, durante las inspecciones efec-
tuadas en virtud del artículo 20, los libros u otros documentosprofesionales requeridos, o no se sometan a las inspecciones orde-nadas mediante decisión adoptada en aplicación del apartado 4 delartículo 20;
d) en respuesta a una pregunta planteada con arreglo a la letra e) del
apartado 2 del artículo 20,
— den una respuesta inexacta o engañosa,
— no rectifiquen una respuesta incorrecta, incompleta o engañosa
dada por un miembro de su personal dentro de un plazo máximo
establecido porla Comisión, o bien
— omitan o se nieguen a dar una respuesta completa sobre hechos
relacionados con el objeto y finalidad de la inspección ordenadamediante decisión adoptada en virtud del apartado 4 del artículo
20;
e) hayan roto los precintos colocados por los agentes o sus acompa-
ñantes habilitados porla Comisión en aplicación de la letr a d) delapartado 2 del artículo 20.
2. Mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las
empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada opornegligencia:
a) infrinjan las disposiciones del artículo 81 o del artículo 82 del
Tratado;
b) contravengan una decisión que ordene la adopción de medidas
cautelares adoptada en virtud del artículo 8 del presente Regla-
mento;
c) no respeten un compromiso dotado de fuerza vinculante por deci-
sión, con arreglo al artículo 9 del presente Reglamento.
Por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infrac-
ción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios totalrealizado durante el ejercicio social anterior.
Cuando la infracción de una asociación esté relacionada con las activi-
dades de sus miembros, la multa no podrá ser superior al 10 % delimporte global del volumen de negocios total de cada uno de Iosmiembros que opere en el mercado cuyas actividades se vean afectadasporla infr acción de la asociación.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 20
▼B
3. A fin de determinar el importe de la multa, procederá tener en
cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración.
4. Cuando se imponga una multa a una asociación de empresas
tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros yésta no sea solvente, la asociación estará obligada a recabar las contri-buciones de sus miembros hasta cubrir el importe de la multa.
En caso de que no se aporten dichas contribuciones a la asociación
dentro del plazo fijado por la Comisión, la Comisión podrá exigir elpago de la multa directamente a cualquiera de las empresas cuyosrepresentantes sean miembros de los órganos de gobierno de que setrate dentro de la asociación de que se trate.
Una vez que la Comisión haya requerido el pago con arreglo a lo
dispuesto en el segundo párrafo, podrá exigir el pago del saldo a cual-quier miembro de la asociación que operase en el mercado en el que sehubiese producido la infracción cuando ello sea necesario para garan-tizarel pago íntegr o de la multa.
No obstante, la Comisión no exigirá el pago contemplado en los
párrafos segundo o tercero a las empresas que demuestren que no hanaplicado la decisión de la asociación constitutiva de infracción y que obien ignoraban su existencia o se distanciaron activamente de ella antes
de que la Comisión iniciara la investigación del caso.
La responsabilidad financiera de cada empresa con respecto al pago de
la multa no podrá ser superior al 10 % de su volumen de negocios totalrealizado en el ejercicio social anterior.
5. Las decisiones adoptadas en aplicación de los apartados 1 y 2 no
tendrán carácter penal.
Artículo 24
Multascoercitivas
1. La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a las empresas y
asociaciones de empresas multas coercitivas de hasta un 5 % delvolumen de negocios medio diario realizado durante el ejercicio socialanterior por cada día de retraso contado a partir de la fecha que fije en
su decisión, con el fin de obligarlas:
a) a poner fin a una infracción de las disposiciones del artículo 81 o
del artículo 82 del Tratado, de acuerdo con una decisión adoptadaen aplicación del artículo 7 del presente Reglamento;
b) a cumplir una decisión que ordene medidas cautelares, adoptada en
aplicación del artículo 8;
c) a cumplir un compromiso dotado de fuerza vinculante, por una deci-
sión adoptada con arreglo al artículo 9;
d) a proporcionar de manera completa y exacta la información solici-
tada porla Comisión mediante decisión adoptada en aplicación delartículo 17 o del apartado 3 del artículo 18;
e) a someterse a una inspección ordenada mediante decisión, en aplica-
ción del apartado 4 del artículo 20.
2. Cuando las empresas o asociaciones de empresas hayan cumplido
la obligación por cuya ejecución se hubiera impuesto la multa coerci-tiva, la Comisión podrá fijar el importe definitivo de ésta en una cifrainferior a la que resulte de la Decisión inicial. Se aplicará lo dispuestoen el apartado 4 del artículo 23 por analogía.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 21
▼B
CAPÍTULO VII
PRESCRIPCIÓN
Artículo 25
Prescripciónenmateriadeimposicióndesanciones
1. Los poderes atribuidos a la Comisión en virtud de los artículos 23
y 24 estarán sometidos a los siguientes plazos de prescripción:
a) tres años por lo que respecta a las infracciones de las disposiciones
relativas a las solicitudes de información o a la ejecución de inspec-ciones;
b) cinco años por lo que respecta a las demás infracciones.
2. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del día en
que se haya cometido la infracción. No obstante, respecto de las infrac-
ciones continuas o continuadas, la prescripción sólo empezará a contar
a partir del día en que haya finalizado la infracción.
3. La prescripción en materia de imposición de multas sanciona-
doras o multas coercitivas quedará interrumpida por cualquier acto dela Comisión o de una autoridad de competencia de un Estado miembrodestinado a la instrucción o la investigación de la infracción. La pres-cripción quedará interrumpida a partir de la fecha en que el acto se
notifique al menos a una empresa o asociación de empresas que haya
participado en la infracción. Entre otros, constituirán actos que inte-rrumpen la prescripción:
a) las solicitudes de información escritas de la Comisión o de la auto-
ridad de competencia de un Estado miembro;
b) los mandatos escritos de inspección expedidos a sus agentes por la
Comisión o los expedidos porla autor idad de competencia de un
Estado miembro;
c) la incoación de un procedimiento por parte de la Comisión o de una
autoridad de competencia de un Estado miembro;
d) la notificación del pliego de cargos elaborado por la Comisión o por
una autoridad de competencia de un Estado miembro.
4. La interrupción de la prescripción tendrá validez con respecto a
todas las empresas y asociaciones de empresas que hayan participadoen la infracción.
5. El plazo de la prescripción volverá a contar a partir de cada inte-
rrupción. No obstante lo cual, la prescripción se reputará alcanzada amás tardar el día en que se cumpla un plazo igual al doble del de laprescripción, sin que la Comisión haya impuesto ninguna multa sancio-nadora ni coercitiva. Este plazo se prorrogará por el tiempo que dure el
período durante el cual se suspenda la prescripción con arreglo al apar-
tado 6.
6. La prescripción en materia de imposición de multas sanciona-
doras o coercitivas quedará suspendida mientras la decisión de laComisión sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia.
Artículo 26
Prescripciónenmateriadeejecucióndesanciones
1. El poderde la Comisión de ejecutarlas decisiones adoptadas en
aplicación de los artículos 23 y 24 estará sometido a un plazo de pres-cripción de cinco años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del día en
que la decisión sea firme.
3. Quedará interrumpida la prescripción en materia de ejecución de
sanciones:
a) porla notificación de una decisión que modifique el impor te inicial
de la multa sancionadora o de la multa coercitiva o que rechace unasolicitud tendente a obtenertal modificación;2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 22
▼B
b) porcualquieracto de la Comisión o de un Estado miembr o que
actúe a instancia de la Comisión, y esté destinado a la recaudaciónpor vía ejecutiva de la multa sancionadora o de la multa coercitiva.
4. El plazo de prescripción volverá a contar a partir de cada inte-
rrupción.
5. Quedará suspendida la prescripción en materia de ejecución de
sanciones:
a) mientras dure el plazo concedido para efectuar el pago;
b) mientras dure la suspensión del cobro por vía ejecutiva en virtud de
una decisión del Tribunal de Justicia.
CAPÍTULO VIII
AUDIENCIASYSECRETOPROFESIONAL
Artículo 27
Audienciadelaspartes,delosdenunciantesydeterceros
1. Antes de adoptar las decisiones previstas en los artículos 7, 8, 23
y en el apartado 2 del artículo 24, la Comisión ofrecerá a las empresaso asociaciones de empresas sometidas al procedimiento instruido por laComisión la oportunidad de manifestar su opinión con respecto a los
cargos que les sean imputados por la Comisión. La Comisión única-
mente basará sus decisiones en los cargos en relación con los cualeslas partes interesadas hayan podido presentar sus observaciones. Losdenunciantes participarán estrechamente en el procedimiento.
2. Los derechos de la defensa de las partes estarán garantizados
plenamente en el curso del procedimiento. Tendrán derecho a acceder
al expediente de la Comisión, sin perjuicio del interés legítimo de lasempresas en la protección de sus secretos comerciales. No se podráacceder a información de carácter confidencial ni a los documentosinternos de la Comisión o de las autoridades de competencia de losEstados miembros. En particular, el derecho de acceso al expediente
no se extiende a los intercambios de correspondencia entre la Comisión
y las autoridades de competencia de los Estados miembros o entre estasúltimas, incluidos los documentos elaborados en virtud de los artículos11 y 14. Lo dispuesto en este párrafo no impedirá que la Comisiónutilice o difunda la información necesaria para demostrar una infrac-
ción.
3. Siempre que la Comisión lo considere necesario, podrá también
oír a otras personas físicas o jurídicas. Si personas físicas o jurídicasque justifiquen tener un interés suficiente pidieran ser oídas, seatenderá su solicitud. Las autoridades de competencia de los Estadosmiembros podrán solicitar también a la Comisión que oiga a otras
personas físicas o jurídicas.
4. Cuando la Comisión se proponga adoptar una decisión en virtud
de los artículos 9 o 10, publicará un breve resumen del asunto y elcontenido fundamental de los compromisos o de la línea de acciónpropuesta. Los terceros interesados podrán presentar observaciones enun plazo que fijará la Comisión en su publicación y que no podrá ser
inferior a un mes. La publicación respetará el legítimo interés de las
empresas por proteger sus secretos comerciales.
Artículo 28
Secretoprofesional
1. Sin perjuicio de los artículos 12 y 15, la información recopilada
en aplicación de los artículos 17 a 22 sólo podrá utilizarse para el fin
para el que haya sido recabada.
2. Sin perjuicio del intercambio y uso de la información previstos en
los artículos 11, 12, 14, 15 y 27, la Comisión y las autoridades de lacompetencia de los Estados miembros, así como sus funcionarios,agentes y demás personas que trabajen bajo la supervisión de esas auto-ridades, y también los funcionarios y agentes de las otras autoridades2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 23
▼B
de los Estados miembros, estarán obligados a no divulgar la informa-
ción que hayan recopilado o intercambiado en aplicación del presenteReglamento y que, por su naturaleza, esté amparada por el secreto
profesional. Esta obligación se aplicará asimismo a todos los represen-
tantes de los Estados miembros que asistan a las reuniones del Comitéconsultivo conforme a lo dispuesto en el artículo 14.
CAPÍTULO IX
REGLAMENTODEEXENCIÓN
Artículo 29
Retiradaindividualizadadeexenciones
1. Cuando la Comisión, facultada porun Reglamento del Consejo,
como los Reglamentos no19/65/CEE, (CEE) no2821/71, (CEE) no
3976/87, (CEE) no1534/91 o (CEE) no479/92, para aplicar el apartado
3 del artículo 81 del Tratado, haya declarado que el apartado 1 delartículo 81 del Tratado no es de aplicación a determinadas categorías
de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas o prácticas
concertadas, podrá retirarles la cobertura de dicho Reglamento de exen-ción, por iniciativa propia o por previa solicitud, si considera que, enun caso concreto, un acuerdo, decisión o práctica concertada al que seaplica el Reglamento de exención tiene determinados efectos que son
incompatibles con el apartado 3 del artículo 81 del Tratado.
2. Cuando, en un caso determinado, haya acuerdos, decisiones de
asociaciones de empresas o prácticas concertadas a los que se apliquealguno de los Reglamentos de la Comisión contemplados en el apar-tado 1 y produzcan efectos incompatibles con el apartado 3 delartículo 81 del Tratado en el territorio de un Estado miembro, o en
una parte de dicho territorio que presente todas las características de
un mercado geográfico distinto, la autoridad de competencia de dichoEstado miembro podrá retirarles la cobertura del correspondiente regla-mento por lo que respecta a dicho territorio.
CAPÍTULO X
DISPOSICIONESGENERALES
Artículo 30
Publicacióndelasdecisiones
1. La Comisión publicará las decisiones que adopte en aplicación de
los artículos 7 a 10, 23 y 24.
2. En la publicación se mencionarán los nombres de las partes y el
contenido principal de la decisión, incluidas las sanciones impuestas.
En ella se deberá tener en cuenta el interés legítimo de las empresas
por que no se revelen sus secretos comerciales.
Artículo 31
ControldelTribunaldeJusticia
El Tribunal de Justicia gozará de competencia jurisdiccional plena para
resolver los recursos interpuestos contra las Decisiones por las cuales laComisión haya fijado una multa sancionadora o una multa coercitiva.
Podrá suprimir, reducir o aumentar la multa sancionadora o la multa
coercitiva impuesta.
Artículo 32
Exclusionesdelámbitodeaplicación
El presente Reglamento no se aplicará:
a) a los servicios en régimen de fletamiento («tramp») internacionales
tal como se definen en la letra a) del apartado 3 del artículo 1 delReglamento (CEE) n
o4056/86;2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 24
▼B
b) al servicio de transporte marítimo que se lleve a cabo exclusiva-
mente entre puertos de un mismo Estado miembro, tal como seprevé en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n
o
4056/86.
Artículo 33
Normasdedesarrollo
1. La Comisión puede adoptarcuantas disposiciones sean per tinentes
con vistas a la aplicación del presente Reglamento. Dichas disposi-
ciones podrán referirse, entre otras cosas, a:
a) la forma, el contenido y los demás detalles referentes a las denun-
cias presentadas con arreglo al artículo 7, así como el procedimiento
aplicable a la desestimación de denuncias;
b) aspectos prácticos del intercambio de información y de las consultas
previstas en el artículo 11;
c) aspectos prácticos relativos a las audiencias previstas en el artículo
27.
2. Antes de adoptar cualquier disposición con arreglo al apartado 1,
la Comisión publicará un proyecto de la misma e invitará a todas laspartes interesadas a presentar sus comentarios dentro del plazo queestablezca, que no será inferior a un mes. Antes de publicar un
proyecto de disposición y antes de adoptarlo, la Comisión consultará
con el Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posi-ciones dominantes.
CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, MODIFICATIVAS Y
FINALES
Artículo 34
Disposicionestransitorias
1. Las solicitudes presentadas a la Comisión en aplicación del
artículo 2 del Reglamento no17 y las notificaciones hechas en aplica-
ción de los artículos 4 y 5 de dicho Reglamento, así como las
solicitudes y notificaciones correspondientes hechas en aplicación delos Reglamentos (CEE) n
o1017/68, (CEE) no4056/86 y (CEE) no
3975/87, devendrán caducas a partir de la aplicación del presenteReglamento.
2. Los actos de procedimiento realizados en aplicación del Regla-
mento n
o17 y de los Reglamentos (CEE) no1017/68, (CEE) no4056/
86 y (CEE) no3975/87 conservarán sus efectos a efectos de la aplica-
ción del presente Reglamento.
Artículo 35
Designación de las autoridades de competencia de los Estados
miembros
1. Los Estados miembros designarán a la autoridad o autoridades de
competencia competentes para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratadode tal forma que puedan velar por el cumplimiento efectivo de lodispuesto en el presente Reglamento. Las medidas necesarias paradotarlas de los poderes necesarios para aplicar los artículos 81 y 82del Tratado serán adoptadas antes del 1 de mayo de 2004. Las autori-
dades designadas podrán incluir órganos jurisdiccionales.
2. Cuando la ejecución de la legislación comunitaria en materia de
competencia se confíe a autoridades administrativas y judiciales nacio-nales, los Estados miembros podrán atribuir diferentes poderes y2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 25
▼M1
▼B
▼B
funciones a esas distintas autoridades nacionales, ya sean administra-
tivas o judiciales.
3. Lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 11 se aplicará a las
autoridades designadas por los Estados miembros, incluidos los órganosjurisdiccionales que ejerzan funciones de preparación y adopción de los
tipos de decisión previstos en el artículo 5. Lo dispuesto en el apartado
6 del artículo 11 no se aplicará a los órganos jurisdiccionales cuandoéstos actúen como tribunales de apelación con respecto a los tipos dedecisión previstos en el artículo 5.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 y siempre y cuando
se cumplan las condiciones del presente apartado, en los Estadosmiembros donde esté previsto que una autoridad instructora presente
sus conclusiones ante otra autoridad específica de carácter judicial
para la adopción de determinados tipos de decisiones previstos en elartículo 5 del presente Reglamento, la aplicación del apartado 6 delartículo 11 sólo afectará a la autoridad instructora que, en conse-cuencia, retirará su demanda poniendo así fin efectivo alprocedimiento nacional ante la autoridad judicial cuando la Comisión
incoe su propio procedimiento.
Artículo 36
ModificacióndelReglamento(CEE)n
o1017/68
El Reglamento (CEE) no1017/68 quedará modificado como sigue:
1) Queda derogado el artículo 2.
2) En el apartado 1 del artículo 3, los términos «la prohibición conte-
nida en el artículo 2» se sustituirán por los términos «la prohibicióndel apartado 1 del artículo 81 del Tratado».
3) El artículo 4 se modificará como sigue:
a) en el apartado 1, los términos «Los acuerdos, decisiones y
prácticas concertadas mencionadas en el artículo 2» se sustituirán
por los términos «Los acuerdos, decisiones y prácticas concer-
tadas con arreglo al apartado 1 del artículo 81 del Tratado»;
b) el apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:
«2. Si la aplicación de acuerdos, decisiones o prácticas
concertadas mencionadas en el apartado 1 implicare, en determi-nados casos, efectos incompatibles con las condiciones previstasen el apartado 3 del artículo 81 del Tratado, las empresas y
asociaciones de empresas podrán ser obligadas a hacer cesar
esos efectos.».
4) Quedan derogados los artículos 5 a 29, excepto el apartado 3 del
artículo 13, que seguirá aplicándose a las decisiones adoptadas conarreglo al artículo 5 del Reglamento (CEE) n
o1017/68 antes de la
fecha de aplicación del presente Reglamento hasta la fecha de expi-
ración de dichas decisiones.
5) En el artículo 30, se suprimirán los apartados 2, 3 y 4.
Artículo 37
ModificacióndelReglamento(CEE)no2988/74
En el Reglamento (CEE) no2988/74 se insertará el artículo 7 bis
siguiente:
«Artículo 7 bis
Exclusióndelámbitodeaplicación
El presente Reglamento no será aplicable a las medidas adoptadas
en virtud del Reglamento (CE) no1/2003 del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobrecompetencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (*).
(*) DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.».2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 26
▼B
Artículo 38
ModificacióndelReglamento(CEE)no4056/86
El Reglamento (CEE) no4056/86 quedará modificado como sigue:
1) El artículo 7 quedará modificado como sigue:
a) el apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:
«1.Incumplimiento de una obligación
Cuando los interesados no cumplan con una obligación que
acompañe, con arreglo al artículo 5, la exención prevista en
el artículo 3, la Comisión hará cesar estas contravencionespudiendo para ello, en las condiciones previstas en el Regla-mento (CE) n
o1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de
2002, relativo a la aplicación de las normas sobre compe-
tencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (*),
adoptaruna decisión porla cual o bien se les pr ohíba o seles conmine a realizar determinados actos, o bien se lesretire el beneficio de la exención por categoría.
(*) DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.».
b) el apartado 2 quedará modificado como sigue:
i) en la letra a) los términos «en las condiciones previstas en la
sección II» se sustituirán por los términos «en las condicionesprevistas por el Reglamento (CE) n
o1/2003»,
ii) en el párrafo segundo del inciso i) de la letra c), la segunda
frase se sustituirá por el texto siguiente:
«Al mismo tiempo, podrá decidir si acepta los compromisos
ofrecidos por las empresas interesadas, con miras, entre otros,
a obtener el acceso al mercado para compañías no miembrosde la conferencia, según las condiciones del artículo 9 delReglamento (CE) n
o1/2003.».
2) El artículo 8 quedará modificado como sigue:
a) se suprimirá el apartado 1;
b) en el apartado 2, los términos «con arreglo al artículo 10» se
sustituirán por los términos «con arreglo al Reglamento (CE) no
1/2003»;
c) se suprimirá el apartado 3.
3) El artículo 9 quedará modificado como sigue:
a) en el apartado 1, los términos «Comité consultivo citado en el
artículo 15» se sustituirán por los términos «Comité consultivo
citado en el artículo 14 del Reglamento (CE) no1/2003»;
b) en el apartado 2, los términos «Comité consultivo mencionado en
el artículo 15» se sustituirán por los términos «Comité consultivo
citado en el artículo 14 del Reglamento (CE) no1/2003».
4) Quedan derogados los artículos 10 a 25, excepto el apartado 3 del
artículo 13, que seguirá aplicándose a las decisiones adoptadas con
arreglo al apartado 3 del artículo 81 del Tratado antes de la fecha de
aplicación del presente Reglamento hasta la fecha de expiración dedichas decisiones.
5) En el artículo 26, se suprimirán los términos «la forma, el tenor y
las demás modalidades de las denuncias indicadas en el artículo10, de las solicitudes contempladas en el artículo 12, así como delas audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 23».
Artículo 39
ModificacióndelReglamento(CEE)n
o3975/87
Quedan derogados los artículos 3 a 19 del Reglamento (CEE) no3975/
87, excepto el apartado 3 del artículo 6, que seguirá aplicándose a lasdecisiones adoptadas con arreglo al apartado 3 del artículo 81 delTratado antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento hastala fecha de expiración de dichas decisiones.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 27
▼B
Artículo 40
ModificacióndelosReglamentosno19/65/CEE,(CEE)no2821/71y
(CEE)no1534/91
Quedan derogados el artículo 7 del Reglamento no19/65/CEE, el
artículo 7 del Reglamento (CEE) no2821/71 y el artículo 7 del Regla-
mento (CEE) no1534/91.
Artículo 41
ModificacióndelReglamento(CEE)no3976/87
El Reglamento (CEE) no3976/87 quedará modificado como sigue:
1) El texto del artículo 6 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 6
Antes de publicar un proyecto de reglamento y de adoptar un regla-
mento, la Comisión consultará al Comité consultivo mencionado en
el artículo 14 del Reglamento (CE) no1/2003 del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativo a las normas sobre competenciaprevistas en los artículos 81 y 82 del Tratado (*).
(*) DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.».
2) Queda derogado el artículo 7.
Artículo 42
ModificacióndelReglamento(CEE)n
o479/92
El Reglamento (CEE) no479/92 quedará modificado como sigue:
1) El artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente:
«Artículo 5
Antes de publicar el proyecto de reglamento y de adoptar el regla-
mento, la Comisión consultará al Comité consultivo mencionado enel artículo 14 del Reglamento (CE) n
o1/2003, del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativo a las normas sobre competencia
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (*).
(*) DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.».
2) Queda derogado el artículo 6.
Artículo 43
DerogacionesdelosReglamentosno17y141
1. Queda derogado el Reglamento no17, excepto el apartado 3 del
artículo 8, que seguirá aplicándose a las decisiones adoptadas conarreglo al apartado 3 del artículo 81 del Tratado antes de la fecha deaplicación del presente Reglamento hasta la fecha de expiración de
dichas decisiones.
2. Queda derogado el Reglamento n
o141.
3. Las referencias hechas a los Reglamentos derogados se enten-
derán hechas al presente Reglamento.
Artículo 44
InformesobrelaaplicacióndelpresenteReglamento
A los cinco años de la fecha de aplicación del presente Reglamento, la
Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe
sobre su funcionamiento, en particular en cuanto a la aplicación delapartado 6 del artículo 11 y del artículo 17.
Basándose en ese informe, la Comisión evaluará si resulta adecuado
proponer al Consejo la revisión del Reglamento.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 28
▼B
Artículo 45
Entradaenvigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
Será aplicable a partir del 1 de mayo de 2004.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro.2003R0001 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 29