2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B DIRECTIVA2000/12/CEDELPARLAMENTOEUROPEOYDELCONSEJO
de20demarzode2000
relativa alaccesoalaactividaddelasentidadesdecrédito yasuejercicio
(DO L 126 de 26.5.2000, p. 1)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 2000/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
septiembre de 2000L 275 37 27.10.2000
►M2Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
diciembre de 2002L 35 1 11.2.2003
▼B
DIRECTIVA 2000/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DELCONSEJO
de20demarzode2000
relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su
ejercicio
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular,la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 47,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (
1),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del
Tratado (2),
Considerando lo siguiente:
(1) La Directiva 73/183/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1973,
sobre supresión de las restricciones a la libertad de estableci-miento y a la libre prestación de servicios en materia deactividades por cuenta propia de los bancos y otras entidadesfinancieras (
3), la Primera Directiva 77/780/CEE del Consejo, de
12 de diciembre de 1977, sobre la coordinación de las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas referentes alacceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejer-cicio (
4), la Directiva 89/299/CEE del Consejo, de 17 de abril
de 1989, relativa a los fondos propios de las entidades de
crédito (5), la Segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15
de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a laactividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por laque se modifica la Directiva 77/780/CEE (
6), la Directiva 89/
647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre el
coeficiente de solvencia de las entidades de crédito (7), la Direc-
tiva 92/30/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1992, relativa a lasupervisión de las entidades de crédito de forma consolidada (
8)
y la Directiva 92/121/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de1992, sobre supervisión y control de las operaciones de gran
riesgo de las entidades de crédito (
9) han sido modificadas en
diversas ocasiones y de forma substancial. Conviene, en aras deuna mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación dedichas Directivas reagrupándolas en un texto único.
(2) En aplicación del Tratado, se prohíbe todo trato discriminatorio
en materia de establecimiento y prestación de servicios, basadorespectivamente en la nacionalidad o en el hecho de que laempresa no esté establecida en el Estado miembro donde serealice la prestación.
(3) A efectos de facilitar el acceso a la actividad de las entidades de
crédito y su ejercicio, es necesario eliminar las diferencias más2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 2
(1) DO C 157 de 25.5.1998, p. 13.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 18 de enero de 2000 (no publicado
aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 13 de marzo de 2000
(no publicada aún en el Diario Oficial).
(3) DO L 194 de 16.7.1973, p. 1.
(4) DO L 322 de 17.12.1977, p. 30; Directiva cuya última modificación la cons-
tituye la Directiva 98/33/CE (DO L 204 de 21.7.1998, p. 29).
(5) DO L 124 de 5.5.1989, p. 16; Directiva cuya última modificación la consti-
tuye la Directiva 92/30/CEE (DO L 110 de 28.4.1992, p. 52).
(6) DO L 386 de 30.12.1989, p. 1; Directiva cuya última modificación la cons-
tituye la Directiva 95/26/CEE (DO L 168 de 18.7.1995, p. 7).
(7) DO L 386 de 30.12.1989, p. 14; Directiva cuya última modificación la cons-
tituye la Directiva 98/33/CE.
(8) DO L 110 de 28.4.1992, p. 52.
(9) DO L 29 de 5.2.1993, p. 1; Directiva modificada por el Acta de adhesión de
1994.
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perturbadoras entre las legislaciones de los Estados miembros en
lo referente al que estas entidades están sometidas.
(4) La presente Directiva constituye el instrumento esencial para la
consecución del mercado interior decidida por el Acta Única
Europea y programada en el Libro Blanco de la Comisión, bajo
el doble aspecto de la libertad de establecimiento y de la libertadde prestación de servicios, en el sector de las entidades decrédito.
(5) Los trabajos de coordinación en materia de entidades de crédito
deben aplicarse al conjunto de éstas, tanto para la protección delahorro como para crear condiciones de igualdad en la compe-
tencia entre tales entidades. Es necesario, sin embargo, tener en
cuenta cuando sea oportuno las diferencias objetivas existentesentre sus estatutos y sus propias misiones previstas por las legis-laciones nacionales.
(6) Por tanto, es necesario que el ámbito de aplicación de los
trabajos de coordinación sea lo más amplio posible y contempletodas las entidades cuya actividad consista en captar del público
fondos reembolsables, tanto en forma de depósito como bajo
otras formas tales como la emisión continua de obligaciones yotros títulos comparables, y en conceder créditos por cuentapropia; deben preverse excepciones relativas a ciertas entidadesde crédito a las que la presente Directiva no puede aplicarse; lapresente Directiva no afecta a la aplicación de las legislaciones
nacionales cuando éstas prevean autorizaciones especiales
complementarias que permitan a las entidades de crédito ejerceractividades específicas o efectuar tipos específicos de opera-ciones.
(7) El programa elegido consiste en la realización de la armoniza-
ción esencial, necesaria y suficiente para llegar a unreconocimiento mutuo de las autorizaciones y de los sistemas
de supervisión prudencial, que permita la concesión de una auto-
rización única, válida en toda la Comunidad, y la aplicación delprincipio de supervisión por el Estado miembro de origen; enconsecuencia, la exigencia de un programa de actividades nopuede, desde esta perspectiva, sino ser considerada como un
elemento que permita a las autoridades competentes resolver
sobre la base de una información más precisa, en el marco decriterios objetivos. Una cierta flexibilidad siempre es posible enlo que se refiere a las exigencias relativas a las formas jurídicasde las entidades de crédito y a la protección de las denomina-ciones.
(8) Es necesario requerir de las entidades de crédito exigencias
financieras equivalentes para asegurar garantías similares a los
ahorradores así como condiciones de competencia justas entreentidades de una misma categoría. A la espera de una mejorcoordinación, conviene poner a punto relaciones de estructuraapropiadas que permitan, en el marco de la cooperación entreautoridades nacionales, observar, según métodos unificados, la
situación de categorías de entidades de crédito comparables.
Esta manera de proceder pretende facilitar la aproximaciónprogresiva de los sistemas de coeficientes definidos y aplicadospor los Estados miembros. Es necesario, sin embargo, distinguirlos coeficientes encaminados a asegurar la solidez de la gestión
de las entidades de crédito, de los que tengan fines de política
económica y monetaria.
(9) Los principios de reconocimiento mutuo y de supervisión ejer-
cida por el Estado miembro de origen exigen que lasautoridades competentes de cada uno de los Estados miembrosno concedan autorización o la retiren cuando factores talescomo el programa de actividades, la distribución geográfica o
las actividades realmente realizadas demuestren de forma inequí-
voca que la entidad de crédito ha optado por el sistema jurídicode un Estado miembro con el propósito de eludir las normas másestrictivas vigentes en el Estado miembro en el que proyectarealizar o realiza la mayor parte de sus actividades. Toda entidadde crédito que sea persona jurídica debe estar autorizada en el2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 3
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Estado miembro en que se encuentre su domicilio social. Toda
entidad de crédito que no sea persona jurídica debe tener suadministración central en el Estado miembro en el que haya
sido autorizada. Por otra parte, los Estados miembros deben
exigir que la administración central de una entidad de créditosiempre esté situada en su Estado miembro de origen y queejerza realmente sus actividades en el mismo.
(10) Las autoridades competentes no deben conceder o mantener la
autorización a entidades de crédito cuyos vínculos estrechos con
otras personas físicas o jurídicas sean de índole tal que obstacu-
licen el buen ejercicio de su misión de supervisión; las entidadesde crédito ya autorizadas deben igualmente ajustarse a lo esta-blecido por las autoridades competentes al respecto. Ladefinición establecida en la presente Directiva de tales «vínculosestrechos» está constituida por criterios mínimos y ello no obsta
para que los Estados miembros contemplen también situaciones
diferentes de las previstas en dicha definición. El mero hechode adquirir un porcentaje significativo del capital de unasociedad no constituirá un vínculo de participación digno deconsideración a efectos de la noción de «vínculos estrechos»,
siempre que dicha adquisición se realice únicamente a título de
inversión financiera temporal y no permita influir en la estruc-tura y la política financiera de la empresa.
(11) La referencia al buen ejercicio por parte de las autoridades de
control de su misión de supervisión abarca la supervisión sobrebase consolidada que conviene ejercer sobre una entidad decrédito cuando el Derecho comunitario así lo dispone. En tal
caso, las autoridades a las que se haya solicitado la autorización
deben poder determinar las autoridades competentes para lasupervisión sobre base consolidada de dicha entidad de crédito.
(12) El Estado miembro de origen puede dictar, además, normas más
rigurosas que las señaladas en el párrafo primero del apartado 1y en el apartado 2 del artículo 5 y en los artículos 7, 16, 30, 51 y
65 en lo que concierne a las entidades autorizadas por sus
propias autoridades competentes.
(13) La supresión de la autorización exigida para las sucursales de
entidades de crédito comunitarias implica necesariamente lasupresión del fondo de dotación.
(14) El método adoptado consiste, gracias al reconocimiento mutuo,
en permitir a las entidades de crédito autorizadas en un Estadomiembro de origen el ejercicio en toda la Comunidad de todas
o parte de las actividades señaladas en la lista del anexo I,
mediante el establecimiento de una sucursal, o por vía de presta-ción de servicios. El ejercicio de las actividades que no figuranen dicha lista goza de las libertades de establecimiento y deprestación de servicios de acuerdo con las disposiciones gene-
rales del Tratado.
(15) Conviene, sin embargo, extender el beneficio del reconocimiento
mutuo a las actividades que figuran en dicha lista, cuando seanejercidas por una entidad financiera filial de una entidad decrédito, con la condición de que esta filial sea incluida en lavigilancia sobre base consolidada a la que está sujeta su empresamatriz y responda a condiciones estrictas.
(16) El Estado miembro de acogida puede, para el ejercicio del
derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios,
imponer el cumplimiento de las disposiciones específicas de sulegislación y regulaciones nacionales a las entidades que noestén autorizadas como entidades de crédito en el Estadomiembro de origen o a las actividades que no figuren en dicha
lista, siempre que, por una parte, estas disposiciones sean
compatibles con el Derecho comunitario y estén motivadas porel interés general y que, por otra parte, dichas entidades o activi-dades no estén sometidas a normas equivalentes en función de lalegislación o regulación del Estado miembro de origen.
(17) Los Estados miembros deben velar por que no exista ningún
obstáculo para que las actividades que se beneficien del recono-2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 4
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cimiento mutuo puedan ser ejercidas del mismo modo que en el
Estado miembro de origen, siempre que no se opongan a lasdisposiciones legales de interés general vigentes en el Estado
miembro de acogida.
(18) Existe una vinculación necesaria entre el objetivo perseguido por
la presente Directiva y la liberalización de los movimientos decapitales que se lleva a cabo mediante otros actos legislativoscomunitarios. De cualquier modo, las medidas de liberalizaciónde los servicios bancarios deben estar en armonía con las
medidas de liberalización de los movimientos de capitales.
(19) El régimen aplicado a las sucursales de entidades de crédito que
tengan su domicilio social fuera de la Comunidad debe ser
análogo en todos los Estados miembros. Interesa prever queeste régimen no podrá ser más favorable que el de las sucursalesde las entidades procedentes de un Estado miembro. Convieneprecisar que la Comunidad podrá celebrar acuerdos con terceros
países previendo la aplicación de disposiciones que concedan a
estas sucursales un trato idéntico en todo su territorio teniendoen cuenta el principio de reciprocidad. Las sucursales de enti-dades de crédito que tengan su domicilio social fuera de laComunidad no se benefician de la libre prestación de serviciosen virtud del párrafo segundo del artículo 49 del Tratado, ni de
la libertad de establecimiento en Estados miembros distintos de
aquél en que se hallen establecidas. No obstante, las solicitudesde autorización de una filial o de adquisición de una participa-ción por parte de una empresa regida por la ley de un tercerpaís están sujetas a un procedimiento que tiene como objetivo
garantizar que una entidad de crédito de la Comunidad se bene-
ficie de un régimen de reciprocidad en los referidos tercerospaíses.
(20) Las autorizaciones de entidades de crédito que las autoridades
nacionales competentes concedan de conformidad con las dispo-siciones de la presente Directiva no tienen sólo alcance nacionalsino comunitario y las cláusulas de reciprocidad existentes
quedan sin efecto. En consecuencia, es necesario un procedi-
miento flexible que permita evaluar la reciprocidad sobre unabase comunitaria. El objetivo de dicho procedimiento no escerrar los mercados financieros de la Comunidad sino por elcontrario, dado que el propósito de la Comunidad es mantenersus mercados financieros abiertos al resto del mundo, mejorar
la liberalización de los mercados financieros globales en otros
terceros países. Para ello, la presente Directiva prevé procedi-mientos de negociación con terceros países o prevé, en últimainstancia, la posibilidad de adoptar medidas consistentes en lasuspensión de nuevas solicitudes de autorización o en la limita-
ción de las nuevas autorizaciones.
(21) Conviene que se celebren acuerdos, basados en la reciprocidad,
entre la Comunidad y terceros países, a fin de permitir el ejer-
cicio concreto de la supervisión consolidada en el ámbitogeográfico más extenso posible.
(22) La responsabilidad en materia de supervisión de la solidez finan-
ciera de una entidad de crédito y, en particular, de su solvencia,corresponde a la autoridad del Estado miembro de origen de la
misma. La autoridad competente del Estado miembro de acogida
mantiene sus responsabilidades en materia de supervisión de laliquidez y de política monetaria. La supervisión del riesgo demercado debe ser objeto de una estrecha colaboración entre lasautoridades competentes de los Estados miembros de origen yde acogida.
(23) El funcionamiento armonioso del mercado interior bancario
requiere, más allá de las normas jurídicas, una cooperación
estrecha y regular de las autoridades competentes de los Estadosmiembros. En lo que concierne al examen individual de losproblemas relativos a una entidad de crédito individual, el marcodel grupo de contacto (groupe de contact) creado entre las auto-
ridades de control de los bancos continúa siendo el más2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 5
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apropiado. Este grupo constituye un foro adecuado para la infor-
mación recíproca prevista en el artículo 28.
(24) En cualquier caso, este procedimiento de información recíproca
no sustituye a la colaboración bilateral regulada en el artículo28. La autoridad competente del Estado miembro de acogidapuede, sin perjuicio de sus propias competencias de control,seguir verificando, por iniciativa propia en caso de urgencia o
por iniciativa de la autoridad competente del Estado miembro
de origen, que la actividad de una entidad en su territorio esconforme a las leyes, así como a los principios de una buenaorganización administrativa y contable y de un control internoadecuado.
(25) Procede prever la posibilidad de intercambios de información
entre las autoridades competentes y determinadas autoridades uorganismos que contribuyen, por su función, a reforzar la estabi-lidad del sistema financiero. Para garantizar el carácter
confidencial de la información transmitida, la lista de sus desti-
natarios debe ser estrictamente limitada.
(26) Determinadas actuaciones, como los fraudes y los delitos de
iniciados, aun cuando afecten a empresas distintas de las enti-
dades de crédito, pueden repercutir en la estabilidad del sistema
financiero, incluida su integridad.
(27) Es preciso establecer las condiciones en las que se autoricen
dichos intercambios de información.
(28) Cuando se prevé que la información sólo podrá divulgarse si
cuenta con el acuerdo expreso de las autoridades competentes,éstas podrán, si procede, subordinar su consentimiento al cumpli-miento de condiciones estrictas.
(29) Procede autorizar, asimismo, los intercambios de información
entre las autoridades competentes, por una parte, y por otraparte, los bancos centrales y otros organismos de función similar,en tanto que autoridades monetarias, así como, en su caso, otras
autoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemas
de pago.
(30) Con el fin de reforzar la supervisión prudencial de las entidades
de crédito y la protección de los clientes de dichas entidades, es
conveniente prever que todo auditor deba informar rápidamente
a las autoridades competentes cuando, en los casos previstos enla presente Directiva y en el ejercicio de su función, tenga cono-cimiento de determinados hechos que puedan afectar gravementea la situación financiera o a la organización administrativa ycontable de una entidad de crédito. Dado el objetivo que se
persigue, es deseable que los Estados miembros dispongan la
aplicación de esta obligación siempre que un auditor observetales hechos en el ejercicio de su función en una empresa quetenga vínculos estrechos con una entidad de crédito. La obliga-ción impuesta a los auditores de comunicar, en su caso, a las
autoridades competentes, determinados hechos y decisiones rela-
tivos a una entidad de crédito, comprobados en el ejercicio de sufunción en una empresa no financiera no modifica en sí mismoel carácter de su función en dicha empresa ni la forma de llevara cabo su función en ella.
(31) Unas normas de base comunes sobre los fondos propios de las
entidades de crédito resultan un instrumento esencial para cons-tituir un mercado interior en el sector bancario, dado que losfondos propios sirven para asegurar la continuidad de la acti-vidad de las entidades de crédito y para proteger el ahorro.
Dicha armonización fortalece la vigilancia a que se somete a
las entidades de crédito y favorece las demás coordinaciones enel sector bancario.
(32) Dichas normas deben aplicarse a todas las entidades de crédito
autorizadas en la Comunidad.
(33) Los fondos propios de las entidades de crédito pueden servir
para absorber las pérdidas no cubiertas por un volumen sufi-ciente de beneficios. Además, los fondos propios constituyen,2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 6
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para las autoridades competentes, un criterio importante para
evaluar, en particular, la solvencia de las entidades de crédito ypara otros fines de vigilancia.
(34) En un mercado interior en el sector bancario las entidades de
crédito se encuentran en una situación de competencia directaentre sí y, por consiguiente, las definiciones y las normas aplica-bles a los fondos propios deben ser equivalentes. Para ello, loscriterios empleados para determinar la composición de losfondos propios no deben quedar únicamente en la apreciación
de los Estados miembros. La adopción de normas de base
comunes será altamente beneficiosa para la Comunidad, al evitardistorsiones de la competencia y al fortalecer simultáneamente elsistema bancario de la Comunidad.
(35) La definición de «fondos propios» enunciada en la presente
Directiva contiene un máximo de elementos y de cantidades
limitativas, dejándose al poder discrecional de los Estados miem-
bros la utilización de la totalidad o de una parte de dichoselementos y la fijación de límites inferiores a dichas cantidadeslimitativas.
(36) La presente Directiva precisa los criterios a que deben ajustarse
ciertos elementos de los fondos propios, dejando a los Estados
miembros la libertad de aplicar disposiciones más estrictas.
(37) En una primera etapa, las normas de base comunes se definen de
un modo muy general a fin de cubrir la totalidad de loselementos constitutivos de los fondos propios en los diferentesEstados miembros.
(38) La presente Directiva, en función de la calidad de los elementos
que componen los fondos propios, establece una distinción entre,
por un lado, los elementos que constituyen los fondos propios de
base y, por otro, los elementos que constituyen los fondospropios complementarios.
(39) Con el fin de tener en cuenta el hecho de que los elementos que
constituyen los fondos propios complementarios no tienen lamisma calidad que los que constituyen los fondos propios debase, aquéllos no deben representar más del 100 % de los fondos
propios de base. Además, la inclusión de determinados
elementos de los fondos complementarios debe limitarse al 50 %de los fondos propios de base.
(40) Para evitar distorsiones de competencia, las entidades públicas
de crédito no deben incluir en el cálculo de sus fondos propioslas garantías que les concedan los Estados miembros o las auto-
ridades locales.
(41) Cuando, por razones de vigilancia, sea necesario determinar la
importancia de los fondos propios consolidados de un grupo deentidades de crédito, el cálculo se efectuará de conformidad conlo dispuesto en la presente Directiva.
(42) La técnica contable precisa que deba utilizarse para el cálculo de
los fondos propios y del coeficiente de solvencia y para la
evaluación de los riesgos debe tener en cuenta lo dispuesto en
la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadasde los bancos y otras entidades financieras (
1), que incluye deter-
minadas adaptaciones de las disposiciones de la Directiva 83/
349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra
g) del apartado 2 del artículo 44 del Tratado, relativa a lascuentas consolidadas (
2).
(43) Las disposiciones relativas a los fondos propios se enmarcan en
el esfuerzo internacional iniciado, a mayor escala, para conseguiruna aproximación de las normativas en vigor en los principalespaíses en materia de adecuación de los fondos propios.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 7
(1) DO L 372 de 31.12.1986, p. 1.
(2) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1; Directiva cuya última modificación la consti-
tuye la Directiva 90/605/CEE (DO L 317 de 16.11.1990, p. 60).
▼B
(44) La Comisión redactará un informe y examinará periódicamente
las disposiciones relativas a los fondos propios con objeto dereforzar estas disposiciones, de modo que se logre una mayor
convergencia en la definición común de los fondos propios. Tal
convergencia permitirá mejorar la adecuación de los fondospropios de las entidades de crédito de la Comunidad.
(45) Las disposiciones relativas al coeficiente de solvencia son el
resultado de los trabajos realizados por el Comité consultivobancario que tiene competencia para hacer a la Comisión cual-
quier sugerencia encaminada a la coordinación de los
coeficientes aplicables en los Estados miembros.
(46) El establecimiento de un coeficiente de solvencia adecuado
desempeña un papel fundamental en la supervisión de las enti-dades de crédito.
(47) Un coeficiente en el cual se ponderen los activos y las cuentas
de orden en función de su grado de riesgo de crédito es una
medida de solvencia particularmente útil.
(48) El establecimiento de normas comunes de fondos propios con
respecto a los activos y a las cuentas de orden sujetos a riesgoes, por lo tanto, uno de los aspectos esenciales de la armoniza-ción necesaria para alcanzar el reconocimiento mutuo de lastécnicas de control y, por ello, de la plena realización delmercado interior en el sector bancario.
(49) En ese sentido, las disposiciones relativas al coeficiente de
solvencia deben contemplarse en relación con otros instrumentos
específicos que también armonizan las técnicas fundamentalesdel control de las entidades de crédito.
(50) En un mercado interior en el sector bancario, las entidades están
destinadas a entrar en competencia directa y las normas comunesen forma de un coeficiente mínimo de solvencia tienen por
consecuencia la prevención de las distorsiones de competencia
y el fortalecimiento del sistema bancario de la Comunidad.
(51) La presente Directiva establece las distintas ponderaciones que
se debe aplicar a las garantías prestadas por las distintas enti-dades financieras. La Comisión, en consecuencia, secompromete a estudiar si la presente Directiva introduce distor-siones significativas en la competencia entre entidades de crédito
y empresas de seguros y, a la vista de dicho estudio, considerará
si procede la adopción de medidas para evitarlo.
(52) El anexo III establece el tratamiento de las cuentas de orden para
el cálculo de los requerimientos de fondos propios de las enti-dades de crédito. Para garantizar un funcionamiento adecuadodel mercado interior, y especialmente en condiciones iguales de
competencia, los Estados miembros tienen la obligación de
intentar una evaluación uniforme de los acuerdos de compensa-ción contractual por parte de sus autoridades competentes. Elanexo III tiene en cuenta los trabajos que un foro internacional,dentro del cual se reúnen las autoridades de supervisión delsector bancario, ha efectuado sobre el reconocimiento por dichas
autoridades de los acuerdos de compensación bilateral y, en
particular, la posibilidad de calcular los requisitos de fondospropios para determinadas operaciones sobre la base de importesnetos y no brutos, siempre que existan acuerdos jurídicamentevinculantes que garanticen que el riesgo de crédito se limita alimporte neto. Para las entidades de crédito con actividad interna-
cional y los grupos de entidades de crédito internacionales que
compiten con las entidades de crédito de la Comunidad, lasnormas adoptadas a escala internacional se traducirán en unamejora del tratamiento a efectos de supervisión de los instru-mentos derivados negociados en mercados no organizados. Esta
mejora dará lugar a una cobertura obligatoria de capital más
apropiada teniendo en cuenta los efectos de reducción del riesgopotencial de crédito futuro de los acuerdos de compensacióncontractual reconocidos a efectos de supervisión. La liquidaciónde instrumentos derivados negociados en mercados no organi-zados que realizan las cámaras de compensación en cuanto2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 8
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contrapartes centrales desempeña una importante función en
determinados Estados miembros. Es conveniente reconocer losbeneficios derivados de tal liquidación desde el punto de vista
de la reducción del riesgo de crédito y del correspondiente riesgo
sistémico en el tratamiento prudencial del riesgo de crédito. Esnecesario garantizar plenamente tanto los riesgos presentescomo los posibles riesgos futuros resultantes de contratos deri-vados compensados negociados en mercados no organizados y
que no exista peligro de que el riesgo a que se expone la cámara
de compensación se acumule hasta superar el valor del mercadode la garantía pignoraticia, con el fin de conceder, con caráctertransitorio, a los instrumentos derivados negociados en mercadosno organizados el mismo tratamiento prudencial que el que seconcede a los instrumentos derivados negociables en mercados
organizados. Las autoridades competentes deberán considerarse
satisfechas con el nivel de los márgenes iniciales y de variaciónexigidos y con la calidad y el nivel de protección proporcionadospor la garantía pignoraticia. Para las entidades de crédito consti-tuidas en los Estados miembros, el anexo III permite conseguir
la misma posibilidad de reconocimiento, por las autoridades
competentes, de la compensación bilateral y garantizar a dichasentidades condiciones de competencia equivalentes. Estasnormas son equilibradas y adecuadas para reforzar la aplicaciónde medidas de supervisión cautelar al sector de las entidades decrédito. Las autoridades competentes de los Estados miembros
que reconozcan un contrato de novación deberán garantizar que
el cálculo de los requerimientos (add-ons) se basa en los
importes reales en vez de en los importes teóricos.
(53) El coeficiente mínimo previsto en la presente Directiva refuerza
el nivel de fondos propios de las entidades de crédito en la
Comunidad. Se adopta el porcentaje del 8 % tras una encuesta
estadística referida a las exigencias de capital en vigor acomienzos de 1988.
(54) Conviene armonizar las normas esenciales de supervisión de los
grandes riesgos de las entidades de crédito. Es importante que
los Estados miembros tengan la facultad de adoptar disposi-
ciones más estrictas que las previstas en la presente Directiva.
(55) La supervisión y el control de los riesgos de las entidades de
crédito son parte integrante de la supervisión de éstas. Unaconcentración excesiva de riesgos en un único cliente o grupo
de clientes relacionados entre sí puede suponer una posibilidad
inaceptable de pérdidas. Puede estimarse que tal situación perju-dica a la solvencia de la entidad de crédito.
(56) En un mercado interior en el sector bancario, al competir direc-
tamente entre sí las entidades de crédito, las obligaciones
aplicables en toda la Comunidad en materia de supervisión
deben ser equivalentes. A tal fin, los criterios aplicados paradeterminar la concentración de riesgos deben ser objeto denormas jurídicamente vinculantes en el plano comunitario y nopueden dejarse totalmente a la apreciación de los Estados miem-bros. La adopción de normas comunes constituirá, por tanto, el
mejor modo de favorecer los intereses de la Comunidad, al
evitar diferencias en las condiciones de competencia y reforzar,al mismo tiempo, el sistema bancario de la Comunidad.
(57) Las disposiciones relativas al coeficiente de solvencia de las
entidades de crédito contienen una nomenclatura de los riesgos
de crédito a que están sujetas las entidades de crédito. Resulta,
por tanto, oportuno referirse a dicha nomenclatura también parala definición de los riesgos a efectos de la limitación de grandesriesgos. Sin embargo, no resulta oportuno referirse por principioni a las ponderaciones ni a las ponderaciones ni a los grados de
riesgo establecidos por dichas disposiciones. Tales pondera-
ciones y grados de riesgo han sido concebidos para establecerun requisito de solvencia general al objeto de cubrir el riesgode crédito de las entidades de crédito. En el marco de un Regla-mento relativo a las operaciones de gran riesgo, el objetivoperseguido consiste en limitar el riesgo máximo de pérdidas en2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 9
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que puede incurrir una entidad de crédito frente a un cliente o
grupo de clientes relacionados entre sí. Por consiguiente, procedeadoptar un enfoque prudente que permita tomar los riesgos, en
general, por su valor nominal, sin aplicar ponderaciones ni
grados de riesgo.
(58) Cuando una entidad de crédito contrae riesgos frente a su propia
empresa matriz, o frente a las demás filiales de dicha empresamatriz, se impone una especial prudencia. La gestión de los
riesgos contraídos por las entidades de crédito debe realizarse
con absoluta autonomía, dentro del respeto de los principios deuna sana gestión bancaria, fuera de toda consideración ajena adichos principios. Las disposiciones de la presente Directivadisponen que cuando la influencia ejercida por las personas que
posean, directa o indirectamente, una participación cualificada en
una entidad de crédito pueda ir en detrimento de una gestiónsana y prudente de la entidad, las autoridades competentes adop-tarán las medidas oportunas para poner fin a dicha situación. Enlo que se refiere a las operaciones de gran riesgo, procede,asimismo, establecer normas específicas para los riesgos
contraídos por una entidad de crédito frente a las empresas de
su propio grupo, y, en este caso, límites más severos para estosriesgos que para los demás tipos de riesgo. Estos límites másseveros no deberan aplicarse, no obstante, cuando la empresamatriz sea una sociedad financiera de cartera o una entidad de
crédito y las demás filiales sean entidades de crédito, entidades
financieras o empresas de servicios bancarios auxiliares, siempreque todas estas empresas estén comprendidas en la supervisiónconsolidada de la entidad de crédito. En este caso, la supervisiónconsolidada del conjunto así formado hace posible una supervi-sión suficientemente eficaz, por lo que no resulta indispensable
establecer normas más severas para la limitación de los riesgos.
De este modo, se alentará a los grupos bancarios a organizar susestructuras de manera que permitan una supervisión consolidada,lo que resulta conveniente, puesto que ello posibilita una super-visión más completa.
(59) Para ser efectiva, la supervisión de forma consolidada debe
poder aplicarse a todos los grupos bancarios, incluidos aquelloscuya empresa matriz no sea una entidad de crédito. Las autori-dades competentes deben contar con los instrumentos jurídicosnecesarios para el ejercicio de dicha supervisión.
(60) En lo que se refiere a los grupos con actividades diversificadas
en los que al menos una de las filiales de la empresa matriz esuna entidad de crédito, las autoridades competentes deben poderjuzgar la situación financiera de la entidad de crédito en elcontexto de tales grupos. Hasta una posterior coordinación, los
Estados miembros pueden prescribir técnicas de consolidación
adecuadas con vistas a la realización del objetivo que persiguela presente Directiva. Las autoridades competentes debendisponer al menos de los medios para obtener de todas lasempresas del grupo las informaciones que requiera el ejerciciode su misión. En el caso de los grupos de empresas que ejerzan
actividades financieras diversas, debe establecerse una colabora-
ción entre las autoridades responsables de la supervisión de losdiferentes sectores financieros.
(61) Los Estados miembros pueden, además, denegar o retirar la auto-
rización bancaria cuando consideren que la estructura del grupo
es inadecuada para el ejercicio de las actividades bancarias, en
particular, porque éstas no podrían supervisarse de forma satis-factoria. Las autoridades competentes disponen, a este efecto,de los poderes señalados en el párrafo primero del apartado 1 yen el apartado 2 del artículo 7, en la letra c) del apartado 1 delartículo 14, y en el artículo 16, con vistas a garantizar una
gestión saneada y prudente de las entidades de crédito.
(62) Los Estados miembros pueden también establecer la supervisión,
mediante técnicas apropiadas, de grupos cuyas estructuras noqueden reguladas por la presente Directiva. Será convenientetratar de completar las disposiciones de la presente Directiva2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 10
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con objeto de regular tales estructuras en la medida en que éstas
se generalicen.
(63) La supervisión sobre base consolidada debe abarcar todas las
actividades definidas en el anexo I. Por lo tanto, todas lasempresas que ejercen dichas actividades deben quedar incluidasen la supervisión sobre base consolidada. Por consiguiente, la
definición de «entidad financiera» debe incluir dichas activi-
dades.
(64) La Directiva 86/635/CEE, junto con la Directiva 83/349/CEE,
fija las normas de consolidación en materia de cuentas consoli-
dadas publicadas por las entidades de crédito. Es posible, enconsecuencia, precisar con más detalle los métodos que han deutilizarse en el marco de la supervisión prudencial sobre baseconsolidada.
(65) La supervisión de las entidades de crédito sobre base consoli-
dada debe tener especialmente como objetivo proteger losintereses de los depositantes de dichas entidades y garantizar la
estabilidad del sistema financiero.
(66) El examen de los problemas que se plantean en los ámbitos
regulados en la presente Directiva así como en otras Directivas
en relación igualmente con la actividad de las entidades de
crédito, y especialmente con la perspectiva de una mejor coordi-nación, exige la cooperación de las autoridades competentes y dela Comisión en el seno de un Comité consultivo bancario. DichoComité consultivo de autoridades competentes de los Estadosmiembros no prejuzga otras formas de cooperación entre autori-
dades de control en el ámbito del acceso y de la supervisión de
entidades de crédito, y especialmente la cooperación establecidaen el seno del grupo de contacto (groupe de contact) creado
entre las autoridades de control de los bancos.
(67) A determinados intervalos puede ser necesaria la modificación
técnica de las normas contenidas en la presente Directiva pararesponder a la evolución del sector bancario. La Comisión debeefectuar las modificaciones que sean necesarias después de
consultar al Comité consultivo bancario, dentro de los límites
de las facultades de ejecución delegadas a la Comisión por lasdisposiciones del Tratado. Procede adoptar las medidas necesa-rias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a lodispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 dejunio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para
el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (
1).
(68) El apartado 1 del artículo 36 de la presente Directiva permite, en
el caso de las entidades de crédito organizadas en forma de
sociedades cooperativas o fondos, la asimilación de los compro-misos solidarios de los prestatarios a los elementos constitutivosde fondos propios mencionados en el punto 7 del apartado 2 delartículo 34. El Gobierno danés ha manifestado un gran interésporque las escasas entidades de crédito hipotecario de su país
organizadas en forma de cooperativas o fondos se transformen
en sociedades anónimas. A fin de facilitar o hacer posible taltransformación es necesario establecer una excepción temporalque permita a esas entidades considerar fondos propios parte desus compromisos solidarios. Esta excepción no debe falsear la
competencia entre las entidades de crédito.
(69) La aplicación de una ponderación del 20 % a la tenencia de obli-
gaciones hipotecarias por una entidad de crédito puede provocar
perturbaciones en un mercado financiero nacional en el que
dichos instrumentos desempeñan un papel principal. En esecaso, se adoptan medidas transitorias para aplicar una pondera-ción de los riesgos del 10 %. El mercado de la titulización estádesarrollándose rápidamente. Por lo tanto, es deseable que laComisión examine el trato prudencial de los títulos respaldados2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 11
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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por activos patrimoniales y presente, antes del 22 de junio de
1999, unas propuestas de adaptación de la legislación actualcon el fin de definir un adecuado trato prudencial de dichos
títulos. Las autoridades competentes pueden autorizar una ponde-
ración del 50 % a los activos garantizados por hipotecas sobreoficinas y locales comerciales polivalentes hasta el 31 dediciembre de 2006. Los bienes inmuebles hipotecados debensometerse a unos criterios de valoración rigurosos y que deben
volver a tasarse periódicamente para adaptarlos a los cambios
del mercado de la propiedad inmobiliaria de carácter comercial.Dichos inmuebles deben ser ocupados por su propietario ocedidos en régimen de arrendamiento por éste; se excluyen dela mencionada ponderación del 50 % los préstamos para promo-ción inmobiliaria.
(70) Con miras a garantizar una aplicación armoniosa de las disposi-
ciones relativas a los grandes riesgos, es conveniente permitirque los Estados miembros establezcan la aplicación de losnuevos límites en dos etapas. Puede estar justificado un período
transitorio más largo para las entidades de crédito más pequeñas,
en la medida en que una aplicación más rápida de la norma del25 % podría reducir de modo demasiado brusco la actividadcrediticia de las mismas.
(71) Además, se pretende actualmente conseguir la armonización de
las condiciones de saneamiento y de liquidación de las entidadesde crédito.
(72) Deberá emprenderse asimismo la armonización de los instru-
mentos necesarios para el control de los riesgos de liquidez.
(73) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los
Estados miembros relativas a los plazos de transposición de lasDirectivas indicados en la parte B del anexo V.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 12
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ÍNDICE
TÍTULOI DEFINICIONESYÁMBITODEAPLICACIÓN
Artículo 1 Definiciones
Artículo 2 Ámbito de aplicación
Artículo 3 Prohibición de la actividad de recepción de depósitos u otros fondos reem-
bolsables del público por empresas que no sean entidades de crédito
TÍTULOII CONDICIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DE LAS ENTI-
DADESDECRÉDITOYDESUEJERCICIO
Artículo 4 AutorizaciónArtículo 5 Capital inicialArtículo 6 Responsables de la dirección y localización de la administración central de
las entidades de crédito
Artículo 7 Accionistas y sociosArtículo 8 Programa de actividades y estructura de la organización
Artículo 9 Necesidad económica
Artículo 10 Denegación de la autorizaciónArtículo 11 Notificación de la autorización a la ComisiónArtículo 12 Consulta previa a las autoridades competentes de otros Estados miembros
Artículo 13 Sucursales y entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro
Artículo 14 Retirada de la autorizaciónArtículo 15 DenominaciónArtículo 16 Participación cualificada en una entidad de créditoArtículo 17 Organización y procedimientos de control interno
TÍTULOIII DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LIBERTAD DE ESTABLECI-
MIENTOYALALIBREPRESTACIÓNDESERVICIOS
Artículo 18 Entidades de créditoArtículo 19 Entidades financieras
Artículo 20 Ejercicio del derecho de establecimiento
Artículo 21 Ejercicio de la libertad de prestación de serviciosArtículo 22 Poderes de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida
TÍTULOIV RELACIONESCONTERCEROSPAÍSES
Artículo 23 Notificación de las filiales de empresas de terceros países y de las condi-
ciones de acceso a los mercados de estos países
Artículo 24 Sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social fuera de
la Comunidad
Artículo 25 Cooperación en materia de supervisión sobre una base consolidada con las
autoridades competentes de terceros países
TÍTULOV PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE SUPERVISIÓN
PRUDENCIAL
Capítulo1 Principiosdesupervisiónprudencial
Artículo 26 Competencia de control del Estado miembro de origenArtículo 27 Competencias del Estado miembro de acogidaArtículo 28 Cooperación en materia de supervisiónArtículo 29 Verificación sobre el terreno de las sucursales establecidas en otro Estado
miembro2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 13
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Artículo 30 Intercambios de información y secreto profesional
Artículo 31 Obligación de las personas encargadas de la auditoría legal de las cuentas
anuales y consolidadas
Artículo 32 Facultad sancionadora de las autoridades competentes
Artículo 33 Recurso jurisdiccional
Capítulo2 Instrumentostécnicosdelasupervisiónprudencial
Sección 1 Fondos propios
Artículo 34 Principios generales
Artículo 35 Otros elementos
Artículo 36 Otras disposiciones relativas a los fondos propiosArtículo 37 Cálculo de los fondos propios sobre una base consolidada
Artículo 38 Deducciones y límites
Artículo 39 Prueba a las autoridades competentes
Sección 2 Coeficiente de solvencia
Artículo 40 Principios generales
Artículo 41 Numerador: fondos propiosArtículo 42 Denominador: activos y cuentas de orden ponderadas por su riesgo
Artículo 43 Ponderación de riesgos
Artículo 44 Ponderación de créditos sobre las administraciones regionales o locales de
los Estados miembros
Artículo 45 Otras ponderaciones
Artículo 46 Organismos administrativos y empresas sin fines de lucroArtículo 47 Nivel del coeficiente de solvencia
Sección 3Grandes riesgos
Artículo 48 Notificación de grandes riesgos
Artículo 49 Límites aplicables a los grandes riesgos
Artículo 50 Supervisión de grandes riesgos sobre una base consolidada y no consoli-
dada
Sección 4 Participaciones cualificadas fuera del dominio financiero
Artículo 51 Límites a las participaciones cualificadas no financieras
Capítulo3 Supervisiónsobreunabaseconsolidada
Artículo 52 Supervisión de entidades de crédito sobre una base consolidadaArtículo 53 Autoridades competentes responsables de la supervisión sobre una base
consolidada
Artículo 54 Forma y alcance de la consolidaciónArtículo 55 Información que deberán facilitar las sociedades mixtas de cartera y sus
filiales
Artículo 56 Medidas destinadas a facilitar la aplicación de la supervisión sobre una
base consolidada
TÍTULOVI COMITÉCONSULTIVOBANCARIO
Artículo 57 Composición y funciones del Comité consultivo bancario
Artículo 58 Examen de las condiciones de la autorizaciónArtículo 59 Relaciones de observación
TÍTULOVII PODERESDEEJECUCIÓN2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 14
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Artículo 60 Adaptaciones técnicas
TÍTULOVIII DISPOSICIONESTRANSITORIASYFINALES
Capítulo1 Disposicionestransitorias
Artículo 61 Disposiciones transitorias relativas al artículo 36
Artículo 62 Disposiciones transitorias relativas al artículo 43Artículo 63 Disposiciones transitorias relativas al artículo 47
Artículo 64 Disposiciones transitorias relativas al artículo 49
Artículo 65 Disposiciones transitorias relativas al artículo 51
Capítulo2 Disposicionesfinales
Artículo 66 Información de la Comisión
Artículo 67 Directivas derogadas
Artículo 68 Entrada en vigorArtículo 69 Destinatarios
ANEXO I Lista de actividades que se benefician del reconocimiento mutuo
ANEXO II Clasificación de las cuentas de ordenANEXO III Tratamiento de las cuentas de orden
ANEXO IV Tipos de cuentas de orden
ANEXO V Parte A Directivas derogadas, con sus modificaciones sucesivas (contempladas en
el artículo 67)
Parte B Plazos de transposición (contemplados en el artículo 67)
ANEXO VI Tabla de correspondencias2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 15
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TÍTULO I
DEFINICIONESYÁMBITODEAPLICACIÓN
Artículo 1
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1) «entidad de crédito»:
a) una empresa cuya actividad consiste en recibir del público
depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditospor cuenta propia, o
b) una entidad de dinero electrónico con arreglo a la Directiva
2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 deseptiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las enti-
dades de dinero electrónico y su ejercicio así como la
supervisión cautelar de dichas entidades (
1).
Se considerará entidad de crédito, a los efectos de la supervisión
sobre una base consolidada, cualquier entidad de crédito que secorresponda con la definición del párrafo primero y cualquierempresa que responda a la definición del párrafo primero y haya
sido autorizada en un tercer país.
Se considerarán entidades de crédito, a los efectos de la supervi-
sión y del control de grandes riesgos, las entidades de crédito
mencionadas en el párrafo primero, incluidas las sucursales de
dichas entidades en países terceros, y toda empresa pública oprivada, incluidas sus sucursales, que respondan a la definicióndel párrafo primero y hayan sido autorizadas en un tercer país;
2) «autorización»: acto de las autoridades, cualquiera que sea su
forma, del que deriva la facultad de ejercer la actividad de entidadde crédito;
3) «sucursal»: una sede de explotación que constituya una parte,
desprovista de personalidad jurídica, de una entidad de crédito,que efectúe directamente, de modo total o parcial, las operaciones
inherentes a la actividad de una entidad de crédito; se considerarán
como una sola sucursal varias sedes de explotación creadas en elmismo Estado miembro por una entidad de crédito que tenga susede social en otro Estado miembro;
4) «autoridades competentes»: las autoridades nacionales facultadas,
en virtud de una ley o reglamento, para controlar las entidades decrédito;
5) «entidad financiera»: una empresa, distinta de una entidad de
crédito, cuya actividad principal consiste en adquirir y tener parti-cipaciones o en ejercer una o varias actividades de las que se
enumeran en los puntos 2 a 12 del anexo I;
6) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el cual una
entidad de crédito ha sido autorizada con arreglo a los artículos 4
a 11;
7) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en el cual una
entidad de crédito tiene una sucursal o presta servicios;
8) «control»: la relación existente entre una empresa matriz y una
filial, prevista en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, o una
relación de la misma naturaleza entre cualquier persona física ojurídica y una empresa;
9) «participación a los efectos de la supervisión sobre una base
consolidada y a los efectos de los puntos 15 y 16 del apartado 22000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 16
(1) DO L 275 de 27.10.2000, p. 39.▼M1
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del artículo 34»: una participación a los efectos de la primera frase
del artículo 17 de la Directiva 78/660/CEE del Consejo, o latenencia, directa o indirecta, del 20 % o más de los derechos de
voto o del capital de una empresa;
10) «participación cualificada»: el hecho de poseer en una empresa,
directa o indirectamente, al menos un 10 % del capital o de losderechos de voto o la posibilidad de ejercer una influencia notableen la gestión de la empresa en la cual se posea una participación;
11) «capital inicial»: el capital a efectos de los puntos 1 y 2 del apar-
tado 2 del artículo 34;
12) «empresa matriz»: una empresa matriz a efectos de los artículos 1
y 2 de la Directiva 83/349/CEE.
Se considerará empresa matriz, a los efectos de la supervisión
sobre una base consolidada y del control de los grandes riesgos,una empresa matriz a efectos del apartado 1 del artículo 1 de laDirectiva 83/349/CEE, así como cualquier empresa que ejerza demanera efectiva, en opinión de las autoridades competentes, unainfluencia dominante en otra empresa;
13) «filial»: una empresa filial a efectos de los artículos 1 y 2 de la
Directiva 83/349/CEE.
Se considerará filial, a los efectos de la supervisión sobre una base
consolidada y del control de grandes riesgos, una empresa filial aefectos del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE,así como cualquier empresa sobre la que una empresa matriz ejerza
efectivamente, en opinión de las autoridades competentes, una
influencia dominante.
Cualquier empresa filial de una empresa filial se considerará
también como filial de la empresa matriz que dirija dichas
empresas;
14) «zona A»: todos los Estados miembros y todos los países miem-
bros de pleno derecho de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), y los países que hayan cele-brado acuerdos especiales de préstamo con el Fondo MonetarioInternacional (FMI) en el marco de los Acuerdos generales deempréstito (AGE). Todo país que reescalone su deuda públicaexterior soberana quedará, sin embargo, excluido de la zona A
durante un período de cinco años;
15) «zona B»: todos los países que no sean los de la zona A;
16) «entidades de crédito de la zona A»: toda entidad de crédito auto-
rizada en los Estados miembros de acuerdo con el artículo 4,incluidas sus sucursales en los terceros países, y todas las empresaspúblicas o privadas que estén comprendidas en la definición conte-
nida en el párrafo primero del punto 1, y autorizadas en otros
países de la zona A, incluidas sus sucursales;
17) «entidades de crédito de la zona B»: todas las empresas, públicas o
privadas, autorizadas fuera de la zona A, que estén comprendidas
en la definición del párrafo primero del punto 1, incluidas sussucursales en la Comunidad;
18) «sector no bancario»: todos los prestatarios distintos de las enti-
dades de crédito, definidos en los puntos 16 y 17, de los bancoscentrales, de las administraciones centrales, regionales y locales,de las Comunidades Europeas, del Banco Europeo de Inversionesy de los bancos multilaterales de desarrollo definidos en el punto
19;
19) «bancos multilaterales de desarrollo»: el Banco Internacional para
la Reconstrucción y Fomento y la Corporación Financiera Interna-
cional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático
de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo deReinstalación del Consejo de Europa, el Nordic Investment Bank,el Banco de Desarrollo de Caribe, el Banco Europeo de Recons-trucción y Desarrollo, el Fondo Europeo de Inversiones y laCorporación Interamericana de Inversiones;2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 17
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20) «cuentas de orden que presenten un “riesgo alto”, un “riesgo
medio”, un “riesgo medio/bajo” y un “riesgo bajo”»: las descritasen el apartado 2 del artículo 43 y enumeradas en el anexo II;
21) «sociedad financiera de cartera»: una entidad financiera cuyas
empresas filiales sean, exclusiva o principalmente, entidades decrédito u otras entidades financieras, una de las cuales comomínimo deberá ser una entidad de crédito, y que no sea una
sociedad financiera mixta de cartera a los efectos de la Directiva
2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 dediciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las enti-dades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión deun conglomerado financiero (
1);
22) «sociedad mixta de cartera»: una empresa matriz, distinta de una
sociedad financiera de cartera o una entidad de crédito o unasociedad financiera mixta de cartera a los efectos de la Directiva
2002/87/CE, cuyas empresas filiales incluyan por lo menos una
entidad de crédito;
23) «empresa de servicios bancarios auxiliares»: una empresa cuya
actividad principal sea la tenencia o gestión de inmuebles, lagestión de servicios informáticos o cualquier otra actividad similar
que tenga carácter auxiliar con respecto a la actividad principal de
una o varias entidades de crédito;
24) «riesgos a los efectos de la aplicación de los artículos 48, 49 y
50»: los activos y partidas de las cuentas de orden enumerados en
el artículo 43 y en los anexos II y IV sin aplicación de las ponde-raciones ni grados de riesgo previstos en dichas disposiciones; losriesgos mencionados en el anexo IV se calcularán con arreglo auno de los métodos establecidos en el anexo III, sin aplicación de
las ponderaciones previstas en función de la contraparte; podrán
excluirse de esta definición, con el acuerdo de las autoridadescompetentes, todos los elementos cubiertos en un 100 % porfondos propios con tal de que estos últimos no entren en el cálculodel coeficiente de solvencia y de los demás ratios de vigilanciaprevistos en la presente Directiva así como en otros actos comuni-
tarios; los riesgos no incluirán:
— en el caso de las operaciones de cambio de divisas, los riesgos
contraídos en el curso normal de la liquidación durante las 48
horas siguientes a la realización del pago, o
— en el caso de las operaciones de compra o de venta de valores,
los riesgos contraídos en el curso normal de la liquidacióndurante los cinco días laborables posteriores a la fecha delpago, o a la entrega de los valores, si ésta fuera anterior;
25) «grupo de clientes relacionados entre sí»:
— bien dos o más personas, físicas o jurídicas, que, salvo prueba
en contrario, constituyan un conjunto en lo que respecta alriesgo por el hecho de que una de ellas posea directa o indirec-tamente sobre la otra o las otras un poder de control,
— bien dos o más personas, físicas o jurídicas, entre las cuales no
exista ninguna relación de control como la que se describe en
el primer guión, pero a las que se deba considerar como un
conjunto en lo que respecta al riesgo por el hecho de que,debido a los vínculos existentes entre ellas, si una de ellastuviera problemas financieros, la otra o las otras tendríanprobablemente dificultades de reembolso;
26) «vínculos estrechos»: todo conjunto de dos o más personas físicas
o jurídicas unidas mediante:
a) una participación, es decir, el hecho de poseer, de manera
directa o mediante vínculo de control, el 20 % o más de losderechos de voto o del capital de una empresa, o bien2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 18
(1) DO L 35 de 11.2.2003.▼M2
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b) un vínculo de control, es decir, el vínculo existente entre una
empresa matriz y una filial, en todos los casos contempladosen los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Directiva 83/349/
CEE, o toda relación análoga entre cualquier persona física o
jurídica y una empresa; toda empresa filial de una empresa filialse considerará también filial de la empresa matriz a la cabezade dichas empresas.
Se considerará también constitutiva de un vínculo estrecho entre
dos o varias personas físicas o jurídicas una situación en la queestén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona porun vínculo de control;
27) «mercados organizados»: los mercados regulados por las autori-
dades competentes que:
i) operen de forma regular,
ii) se rijan por unas normas, establecidas o aprobadas por las
autoridades pertinentes del país de origen del mercado, que
determinen las condiciones de funcionamiento y de acceso al
mercado y las condiciones que debe cumplir un contrato antesde que pueda negociarse efectivamente en el mercado,
iii) cuenten con un mecanismo de compensación que exija que los
contratos enumerados en el anexo IV estén sujetos a límiteslegales diarios de cobertura que, en opinión de las autoridadescompetentes, supongan una garantía adecuada.
Artículo 2
Ámbitodeaplicación
1. La presente Directiva se refiere al acceso a la actividad de las
entidades de crédito y su ejercicio. Será aplicable a todas las entidades
de crédito.
2. Los artículos 25 y 52 a 56 serán también aplicables a las socie-
dades financieras de cartera y a las sociedades mixtas de cartera quetengan su sede en la Comunidad.
Las entidades excluidas con carácter permanente en el apartado 3, a
excepción, no obstante, de los bancos centrales de los Estados miem-
bros, se considerarán entidades financieras a efectos de la aplicaciónde los artículos 25 y 52 a 56.
3. La presente Directiva no se refiere a la actividad:
— de los bancos centrales de los Estados miembros,
— de las oficinas de cheques postales,— en Bélgica, del Institut de réescompte et de garantie/Heridsconte-
ring- en Waarborginstituut,
— en Dinamarca, del Dansk Eksportfinansieringsfond, del Danmarks
Skibskreditfond y del Dansk Landbrugs Realkreditfond,
— en Alemania, de la Kreditanstalt für Wiederaufbau, de los orga-
nismos que en virtud de la Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (Ley
sobre la utilidad pública en materia de vivienda) son reconocidos
como órganos de la política nacional en materia de vivienda ycuyas operaciones bancarias no constituyen la actividad preponde-rante, así como de los organismos que, en virtud de dicha Ley, sereconocen como organismos de vivienda de interés público,
— en Grecia, de la Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως
(Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos), de la Ταµείο Παρα-
καταθηκών και ∆ανείων ( Tamio Parakatathikon kai Danion) y de
laΤαχυδροµικό Ταµιευτήριο ( Tachidromiko Tamieftirio),
— es España, del Instituto de Crédito Oficial,— en Francia, de la Caisse de dépôts et consignations,
— en Irlanda, de las credits unions y de lasfriendly societies,
— en Italia, de la Cassa de positi e prestiti,— en los Países Bajos, de la Nederlandse Investeringsbank voor
Ontwikkelingslanden NV, de la NV Noordelijke Ontwikkelings-maatschappij, de la NV Industriebank Limburgs Instituut voor2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 19
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ontwikkeling en financiering y de la Overijsselse Ontwikkelings-
maatschappij NV,
— en Austria, de empresas reconocidas como asociaciones de cons-
trucción de interés público y del Österreichische Kontrollbank AG,
— en Portugal, las Caixas Económicas que existieran a 1 de enero de
1986, excepto las que tengan estructura de sociedad anónima y dela Caixa Económica Montepio Geral,
— en Finlandia, de la Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för
industriellt samarbete Ab, y de la Kera Oy/Kera Ab,
— en Suecia, de la Svenska Skeppshypotekskassan,— en el Reino Unido, del National Savings Bank, de la Common-
wealth Development Finance Company Ltd, de la Agricultural
Mortgage Corporation Ltd, de la Scottish Agricultural Securities
Corporation Ltd, de los Crown Agents for overseas governmentsand administrations, de las credit unions y de losmunicipal banks.
4. A propuesta de la Comisión, que consultará a este objeto con el
Comité mencionado en el artículo 57, denominado en lo sucesivo «el
Comité consultivo bancario», el Consejo decidirá toda eventual modifi-cación de la lista que figura en el apartado 3.
5. Las entidades de crédito que existían el 15 de diciembre de 1977
en un mismo Estado miembro y que, en esta fecha, estaban afiliadas de
forma permanente a un organismo central que las controle y esté esta-blecido en ese mismo Estado miembro podrán ser eximidas de lascondiciones que figuran en el apartado 1 del artículo 6 y en losartículos 8 y 59 si el 15 de diciembre de 1979, a más tardar, el Derechonacional ha previsto que:
— las obligaciones del organismo central y de las entidades afiliadas
constituyen obligaciones solidarias o que las obligaciones de las
entidades afiliadas estén completamente garantizadas por el orga-
nismo central,
— la solvencia y liquidez del organismo central y de todas las filiales
estén supervisadas en su conjunto sobre una base consolidada,
— la dirección del organismo central esté habilitada para dar instruc-
ciones a la dirección de las entidades.
Las entidades de crédito con radio de acción local afiliadas con poste-
rioridad al 15 de diciembre de 1977 a un organismo central a efectosdel párrafo primero podrán beneficiarse de las condiciones fijadas en el
mismo si constituyen una extensión normal de la red dependiente del
organismo central.
Siempre que se trate de entidades de crédito distintas de las creadas en
regiones recientes ganadas al mar, o como resultado de la fusión o divi-
sión de entidades existentes dependientes del organismo central, el
Consejo podrá, a propuesta de la Comisión, que consultará al Comitéconsultivo bancario con este objeto, fijar reglas suplementarias para laaplicación del párrafo segundo, incluso la aprobación de las exencionesprevistas en el párrafo primero, cuando entienda que la afiliación de las
nuevas entidades que disfruten del régimen previsto en el párrafo
segundo podría afectar a la competencia de manera negativa. ElConsejo decidirá por mayoría cualificada.
6. Las entidades de crédito que estén afiliadas a un organismo
central en el mismo Estado miembro, en la forma del párrafo primero
del apartado 5, podrán también estar exentas de la aplicación delartículo 5 y de los artículos 40 a 51 y 65, siempre que, sin perjuiciode la aplicación de dichas disposiciones al organismo central, elconjunto constituido por el organismo central y las entidades afiliadasal mismo estén sometidos a dichas disposiciones sobre una base conso-
lidada.
En caso de exención, los artículos 13, 18 y 19, los apartados 1 a 6 del
artículo 20 y los artículos 21 y 22 se aplicarán al conjunto formado porel organismo central y las entidades afiliadas al mismo.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 20
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Artículo 3
Prohibición de la actividad de recepción de depósitos u otros
fondos reembolsables del público por empresas que no sean enti-
dadesdecrédito
Los Estados miembros prohibirán a las personas o empresas que no
sean entidades de crédito el ejercicio, con carácter profesional, de laactividad de recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del
público. Dicha prohibición no se aplicará a la recepción de depósitos
u otros fondos reembolsables por parte de un Estado miembro, lasautoridades regionales o locales de un Estado miembro u organismointernacionales públicos de los que sean miembros uno o variosEstados miembros, ni en los casos expresamente contemplados en lalegislación nacional o comunitaria, siempre que dichas actividades se
encuentren sujetas a las regulaciones y controles aplicables a la protec-
ción de los depositantes e inversores.
TÍTULO II
CONDICIONESDEACCESOALAACTIVIDADDELASENTI-
DADESDECRÉDITOYDESUEJERCICIO
Artículo 4
Autorización
Los Estados miembros dispondrán que las entidades de crédito deberán
contar con la autorización antes de comenzar sus actividades. Estable-cerán las condiciones para dicha autorización, sin perjuicio de lodispuesto en los artículos 5 a 9, y las notificarán a la Comisión así
como al Comité consultivo bancario.
Artículo 5
Capitalinicial
1. Sin perjuicio de otras condiciones generales requeridas por los
reglamentos nacionales, las autoridades competentes no concederán la
autorización cuando la entidad de crédito carezca de fondos propios
diferenciados o cuando el capital inicial sea inferior a 5 millones deeuros.
Los Estados miembros podrán prever el mantenimiento de la actividad
de las entidades de crédito que no reúnan la condición relativa a losfondos propios diferenciados, y que existieran el 15 de diciembre de
1979. Podrán dispensar a estas empresas del cumplimiento de la condi-
ción contemplada en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 6.
2. No obstante, las autoridades competentes de los Estados miem-
bros tendrán la facultad de conceder la autorización a categoríasparticulares de entidades de crédito cuyo capital inicial sea inferior al
exigido en el apartado 1. En este caso:
a) el capital inicial no será inferior a 1 millón de euros;
b) los Estados miembros interesados deberán notificar a la Comisión
las razones por las que hacen uso de la facultad establecida en elpresente apartado;
c) en el momento de su publicación en la lista contemplada en el
artículo 11, a continuación del nombre de la entidad de crédito se
hará una anotación en la que se indique que ésta no alcanza elcapital mínimo exigido en el apartado 1.
3. Los fondos propios de una entidad de crédito no podrán llegar a
ser inferiores al importe del capital inicial exigido, en virtud de los
apartados 1 y 2, en el momento de su autorización.
4. Los Estados miembros podrán decidir que las entidades de crédito
existentes el 1 de enero de 1993 cuyos fondos propios no alcanzarenlos niveles fijados para el capital inicial por los apartados 1 y 2 puedan
continuar sus actividades. En ese caso, los fondos propios no podrán2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 21
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descender de la mayor cuantía que hubiesen alcanzado a partir del 22
de diciembre de 1989.
5. Si el control de una entidad de crédito, comprendida en la cate-
goría contemplada en el apartado 4, fuese adquirido por una personafísica o jurídica distinta de la que hubiese ejercido el control preceden-temente, los fondos propios de dicha entidad deberán alcanzar como
mínimo el nivel fijado para el capital inicial por los apartados 1 y 2.
6. En determinadas circunstancias específicas y con el consenti-
miento de las autoridades competentes, cuando se produzca una fusiónentre dos o más entidades de crédito que entren en la categoría contem-
plada en el apartado 4, los fondos propios de la entidad resultante de la
fusión no podrán caer por debajo del total de los fondos propios de lasentidades fusionadas en la fecha de la fusión mientras no se hayanalcanzado los niveles adecuados en virtud de los apartados 1 y 2.
7. Si se llegara a producir una disminución de los fondos propios en
los casos contemplados en los apartados 3, 4 y 6, las autoridadescompetentes podrán, cuando las circunstancias lo justifiquen, concederun plazo limitado para que la entidad regularice su situación o cese susactividades.
Artículo 6
Responsables de la dirección y localización de la administración
central delasentidadesdecrédito
1. Las autoridades competentes sólo concederán la autorización
cuando las entidades de crédito cuenten con la presencia de al menosdos personas para determinar efectivamente la orientación de la acti-vidad de la entidad de crédito.
Asimismo, las autoridades no concederán la autorización cuando dichas
personas no posean la honorabilidad necesaria o la experienciaadecuada para ejercer estas funciones.
2. Los Estados miembros exigirán:
— a las entidades de crédito que sean personas jurídicas y que tengan
un domicilio social de conformidad con su Derecho nacional, quesu administración central esté situada en el mismo Estado miembroque su domicilio social,
— a las demás entidades de crédito, que su administración central esté
situada en el Estado miembro que haya expedido la autorización y
en el que ejerzan relamente sus actividades.
Artículo 7
Accionistasysocios
1. Las autoridades no concederán la autorización que permita el
acceso a la actividad de una entidad de crédito antes de que les haya
sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, directos o
indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participacióncualificada, y el importe de dicha participación.
A efectos de la aplicación de la noción de participación cualificada en
el presente artículo, serán tomados en consideración los derechos de
voto mencionados en el artículo 7 de la Directiva 88/627/CEE delConsejo (
1).
2. Las autoridades competentes denegarán la autorización si, aten-
diendo a la necesidad de garantizar una gestión saneada y prudente de
la entidad de crédito, no estuvieren persuadidas de la idoneidad dedichos accionistas o socios.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 22
(1) Directiva 88/627/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1988, sobre las
informaciones que han de publicarse en el momento de la adquisición y de
la cesión de una participación importante en una sociedad cotizada en bolsa
(DO L 348 de 17.12.1988, p. 62).
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3. Cuando existan vínculos estrechos entre la entidad de crédito y
otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes conce-derán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstaculizan el
buen ejercicio de su misión de supervisión.
Las autoridades competentes también denegarán la autorización cuando
el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado porlas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del Derechode un tercer país, aplicables a una o varias de las personas físicas o
jurídicas con las que la entidad de crédito mantenga vínculos estrechos,
o por problemas relacionados con su aplicación.
Las autoridades competentes exigirán a las entidades de crédito el
suministro de la información que requieran para garantizar el cumpli-miento permanente de las condiciones previstas en el presente apartado.
Artículo 8
Programa deactividadesyestructuradelaorganización
Los Estados miembros preverán que la petición de autorización deba
acompañarse de un programa de actividades en las que se indicaráespecialmente el tipo de operaciones previstas y la estructura de laorganización de la entidad.
Artículo 9
Necesidadeconómica
Los Estados miembros no podrán prever que la solicitud de autoriza-
ción sea examinada en función de las necesidades económicas del
mercado.
Artículo 10
Denegacióndelaautorización
Toda denegación de la autorización será motivada y notificada al soli-
citante en un plazo de seis meses a partir de la recepción de la solicitudo, si ésta estuviera incompleta, a los seis meses a partir de la transmi-
sión por el solicitante de los datos necesarios para la decisión. En todo
caso habrá de resolverse en doce meses a partir de la recepción de lasolicitud.
Artículo 11
Notificación delaautorización alaComisión
Toda autorización será notificada a la Comisión. Todas las entidades de
crédito serán inscritas en una lista que se publicará en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas , cuya actualización será efectuada por la
Comisión.
Artículo 12
Consulta previa a las autoridades competentes de otros Estados
miembros
Deberá ser objeto de consulta previa con las autoridades competentes
del otro Estado miembro la autorización de cualquier entidad de crédito
que sea:
— bien filial de una entidad de crédito autorizada en otro Estado
miembro, o
— bien filial de la empresa matriz de una entidad de crédito autorizada
en otro Estado miembro, o
— bien controlada por las mismas personas físicas o jurídicas que
controlen a una entidad de crédito autorizada en otro Estado
miembro.
La autoridad competente de un Estado miembro interesado responsable
de la supervisión de las empresas de seguros o de inversión será2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 23
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consultada antes de que se conceda una autorización a una entidad de
crédito que sea
a) filial de una empresa de seguros o de inversión autorizada en la
Comunidad, o
b) filial de la empresa matriz de una empresa de seguros o de inversión
autorizada en la Comunidad, o
c) controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una
empresa de seguros o de inversión autorizada en la Comunidad.
Las autoridades competentes pertinentes mencionadas en los apartados
1y2s e consultarán entre ellas, en especial, a la hora de evaluar la
idoneidad de los accionistas y la reputación y experiencia de los direc-
tores que participen en la dirección de otra entidad del mismo grupo.
Se facilitarán entre sí toda la información referente a la idoneidad delos accionistas y la reputación y experiencia de los directores que searelevante para las demás autoridades competentes interesadas, para laconcesión de una autorización, así como para la evaluación continuadel cumplimiento de las condiciones de funcionamiento.
Artículo 13
Sucursales y entidades de crédito autorizadas en otro Estado
miembro
La autorización y el capital de dotación no podrán ser exigidos por los
Estados miembros de acogida respecto a sucursales de entidades decrédito autorizadas en otros Estados miembros. El establecimiento y la
supervisión de dichas sucursales se regirán por lo dispuesto en el
artículo 17, en los apartados 1 a 6 del artículo 20 y en los artículos22 y 26.
Artículo 14
Retiradadelaautorización
1. Las autoridades competentes podrán cancelar la autorización a
una entidad de crédito únicamente cuando la entidad:
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie
a ésta expresamente o haya cesado de ejercer su actividad durante
un período superior a seis meses, a menos que el Estado miembroafectado no haya previsto, en este caso, que la autorizacióncaduque;
b) haya obtenido la autorización por medio de falsas declaraciones o
por cualquier otro medio irregular;
c) no reúna las condiciones a las que la autorización esté vinculada;
d) haya dejado de poseer fondos propios suficientes o de ofrecer
garantía de poder cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores
y, en especial, de garantizar la seguridad de los fondos que le han
sido confiados;
e) se encuentre en el resto de los casos de cancelación previstos por la
reglamentación nacional.
2. Toda cancelación de la autorización deberá ser justificada y
comunicada a los interesados; la cancelación será notificada a la Comi-sión.
Artículo 15
Denominación
Las entidades de crédito podrán, para ejecer sus actividades, utilizar, en
el territorio de la Comunidad, la misma denominación que la queutilizan en el Estado miembro de su domicilio social, no obstante lasdisposiciones relativas al uso de las palabras «banco», «caja deahorros» u otras denominaciones similares que existan en el Estadomiembro de acogida. En caso de que hubiese riesgo de confusión, los2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 24
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Estados miembros de acogida podrán exigir, a efectos de mayor
claridad, la añadidura de una mención aclaratoria a la denominación.
Artículo 16
Participación cualificada enunaentidaddecrédito
1. Los Estados miembros preverán que toda persona física o jurídica
que pretenda tener, directa o indirectamente, en una entidad de crédito,una participación cualificada deba informar de ello previamente a las
autoridades competentes y comunicar la cuantía de dicha participación.
También deberá informar a las autoridades competentes cualquierpersona física o jurídica que pretenda incrementar su participacióncualificada de tal manera que la proporción de derechos de voto o departicipaciones de capital poseídas por la misma alcance o sobrepase
los niveles del 20 %, 33 % o 50 %, o que la entidad de crédito se
convierta en su filial.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, las autoridades compe-
tentes dispondrán de un plazo máximo de tres meses, a partir de lafecha de información prevista en el párrafo primero, para oponerse adicha pretensión si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestiónsana y prudente de la entidad de crédito, no se hallan satisfechas de la
idoneidad de la persona contemplada en el párrafo primero. Cuando no
exista oposición, las autoridades podrán fijar un plazo máximo para larealización de la pretensión contemplada en el párrafo primero.
2. Si el adquirente de la participación mencionada en el apartado 1
es una entidad de crédito, una empresa de seguros o una empresa de
inversión autorizada en otro Estado miembro, o la empresa matriz de
una entidad de crédito, una empresa de seguros o una empresa deinversión autorizada en otro Estado miembro, o una persona física ojurídica que controle una entidad de crédito, una empresa de seguroso una empresa de inversión autorizada en otro Estado miembro, y si,como consecuencia de esa adquisición, la empresa en la que el adqui-
rente tiene intención de poseer una participación se convirtiera en filial
o quedara sujeta al control del adquirente, la evaluación de la adquisi-ción deberá ser objeto de la consulta previa mencionada en el artículo12.
3. Los Estados miembros establecerán que toda persona física o
jurídica que pretenda dejar de tener, directa o indirectamente, una parti-
cipación cualificada en una entidad de crédito, deba informar de ello
previamente a las autoridades competentes y comunicar la cuantía dela participación propuesta. Deberá también informar a las autoridadescompetentes cualquier persona física o jurídica que tuviere intenciónde disminuir su participación cualificada de tal manera que la propor-
ción de derechos de voto o de participaciones de capital poseídas por la
misma descienda por debajo de los niveles del 20 %, 33 % o 50 %, oque la entidad deje de ser su filial.
4. Las entidades de crédito comunicarán a las autoridades compe-
tentes, en cuanto tengan conocimiento de ello, las adquisiciones ocesiones de participación en su capital que traspasen hacia arriba ohacia abajo alguno de los niveles contemplados en los apartados 1 y 3.
Asimismo, comunicarán, al menos una vez al año, la identidad de los
accionistas o socios que posean participaciones cualificadas, así como
la cuantía de dichas participaciones según resulten, en particular, delregistro de asistencias a la junta general anual de accionistas o socios,o de las informaciones recibidas en virtud de las obligaciones a queestán sujetas las sociedades admitidas a negociación en una bolsa de
valores.
5. Los Estados miembros preverán que, en caso de que la influencia
ejercida por las personas contempladas en el apartado 1 pueda ir endetrimento de una gestión prudente y saneada de la entidad, las auto-ridades competentes tomen las medidas apropiadas para poner fin adicha situación. Dichas medidas podrán comprender, en particular,requerimientos, sanciones a sus dirigentes o la suspensión del ejercicio2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 25
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del derecho de voto vinculado a las acciones o participaciones poseídas
por los accionistas o socios correspondientes.
Se aplicarán medidas similares a las personas físicas o jurídicas que
incumplan la obligación de información previa contemplada en el apar-tado 1. En el caso de que se adquiera una participación con la
oposición de las autoridades competentes, los Estados miembros, inde-
pendientemente de las demás sanciones que hayan de adoptarse,establecerán bien la suspensión del ejercicio del derecho de votocorrespondiente, bien la nulidad de los votos emitidos, bien la posibi-lidad de anularlos.
6. A efectos de la aplicación de la noción de «participación cualifi-
cada» y de los otros niveles de participación contemplados en elpresente artículo, serán tomados en consideración los derechos de votomencionados en el artículo 7 de la Directiva 88/627/CEE.
Artículo 17
Organización yprocedimientosdecontrolinternos
Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán
que cada entidad de crédito cuente con una buena organización admi-
nistrativa y contable y con procedimientos de control interno
adecuados.
TÍTULO III
DISPOSICIONESRELATIVASALALIBERTADDEESTABLE-
CIMIENTOYALALIBREPRESTACIÓNDESERVICIOS
Artículo 18
Entidadesdecrédito
Los Estados miembros preverán que las actividades enumeradas en el
anexo I puedan ser ejercidas en su territorio, según las disposicionesde los apartados 1 a 6 del artículo 20, de los apartados 1 y 2 del
artículo 21 y del artículo 22, tanto mediante el establecimiento de una
sucursal como mediante prestación de servicios por cualquier entidadde crédito autorizada y supervisada por las autoridades competentesde otro Estado miembro, siempre que la autorización ampare dichasactividades.
Artículo 19
Entidadesfinancieras
Los Estados miembros establecerán igualmente que las actividades
enumeradas en el anexo I puedan ser ejercidas en su territorio de
acuerdo con las disposiciones de los apartados 1 a 6 del artículo 20,
de los apartados 1 y 2 del artículo 21 y del artículo 22, tanto medianteel establecimiento de una sucursal como mediante prestación de servi-cios por cualquier entidad financiera de otro Estado miembro, filial deuna entidad de crédito o filial común de varias entidades de crédito,cuyo estatuto legal permita el ejercicio de tales actividades, que cumpla
todas las condiciones siguientes:
— que la o las empresas matrices estén autorizadas como entidades de
crédito en el Estado miembro a cuyo Derecho esté sujeta la filial,
— que las actividades de que se trata se ejerzan efectivamente en el
territorio del mismo Estado miembro,
— que la o las empresas matrices posean el 90 % o más de los dere-
chos de voto vinculados a la posesión de participaciones o accionesde la filial,
— que la o las empresas matrices hayan demostrado, a satisfacción de
las autoridades competentes, que efectúan una gestión prudente dela filial y se hayan declarado, con el consentimiento de las autori-dades competentes del Estado miembro de origen, solidariamentegarantes de los compromisos asumidos por la filial,2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 26
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— que la filial esté incluida de forma efectiva, en especial para las
actividades referidas, en la supervisión sobre base consolidada a laque está sometida su empresa matriz o cada una de sus empresas
matrices, de acuerdo con los artículos 52 a 56, en particular para
el cálculo del coeficiente de solvencia, para el control de grandesriesgos y para la limitación de las participaciones prevista en elartículo 51.
Estos requisitos deberán ser verificados por las autoridades compe-
tentes del Estado miembro de origen, quienes facilitarán después una
certificación a la filial, que deberá adjuntarse a las notificaciones seña-
ladas en los apartados 1 a 6 del artículo 20 y en los apartados 1y2d e l
artículo 21.
Las autoridades competentes del Estado miembro de origen garanti-
zarán la supervisión de la filial de acuerdo con las disposiciones delapartado 3 del artículo 5 y de los artículos 16, 17, 26, 28, 29, 30 y 32de la presente Directiva.
Las disposiciones del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis a
las filiales. En particular, la expresión «entidad de crédito» se leerá
«entidad financiera que responda a las condiciones señaladas en elartículo 19» y el término «autorización» se leerá «estatuto legal».
El párrafo segundo del apartado 3 del artículo 20 se leerá del modo
siguente:
«La autoridad competente del Estado miembro de origen comu-
nicará asimismo el importe de los fondos propios de la entidad
financiera filial y del coeficiente de solvencia consolidado de la
entidad de crédito que sea su empresa matriz».
Si la entidad financiera que se beneficie de las disposiciones del
presente artículo dejare de cumplir alguno de los requisitos fijados, elEstado miembro de origen informará de ello a la autoridad competentedel Estado miembro de acogida, y la actividad llevada a cabo por dichaentidad en el Estado miembro de acogida quedarán sometidas a su
legislación.
Artículo 20
Ejercicio delderechodeestablecimiento
1. Cualquier entidad de crédito que se proponga establecer una
sucursal en el territorio de otro Estado miembro lo notificará a la auto-
ridad competente del Estado miembro de origen.
2. Los Estados miembros exigirán que la entidad de crédito que se
proponga establecer una sucursal en otro Estado miembro presente,junto con la notificación mencionada en el apartado 1, las informa-ciones siguientes:
a) el Estado miembro en cuyo territorio se propone establecer una
sucursal;
b) un programa de actividades en el que se indique, en particular, el
género de las operaciones previstas y la estructura de la organiza-ción de la sucursal;
c) la dirección en el Estado miembro de acogida en la que puedan
serle requeridos los documentos;
d) el nombre de los directivos responsables de la sucursal.
3. Salvo que la autoridad competente del Estado miembro de origen
tenga razones para dudar, visto el proyecto en cuestión, de la idoneidad
de las estructuras administrativas o de la situación financiera de la
entidad de crédito, dicha autoridad comunicará las informacionescontempladas en el apartado 2, en un plazo de tres meses a partir dela recepción de todas las informaciones, a la autoridad competente delEstado miembro de acogida, e informará de ello a la entidad de que setrate.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 27
▼B
Asimismo, la autoridad competente del Estado miembro de origen
comunicará el importe de los fondos propios y del coeficiente desolvencia de la entidad de crédito.
Cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen se
niegue a transmitir las informaciones contempladas en el apartado 2 ala autoridad competente del Estado miembro de acogida, comunicarálas razones de la denegación a la entidad correspondiente en los tres
meses siguientes a la recepción de todas las informaciones. Esta dene-
gación o la ausencia de resolución podrán ser objeto de un recursojurisdiccional en el Estado miembro de origen.
4. Antes de que la sucursal de la entidad de crédito comience a
ejercer sus actividades, la autoridad competente del Estado miembro
de acogida dispondrá de dos meses a partir de la recepción de la comu-
nicación contemplada en el apartado 3 para organizar la supervisión dela entidad de crédito de conformidad con el artículo 22 y para indicar,en su caso, en qué condiciones, por razones de interés general, debenejercerce dichas actividades en el Estado miembro de acogida.
5. Desde la recepción de una comunicación de la autoridad compe-
tente del Estado miembro de acogida o, en caso de silencio por partede ésta, a partir del vencimiento del plazo previsto en el apartado 4,la sucursal podrá establecerse y comenzar sus actividades.
6. En caso de modificación del contenido de alguna de las informa-
ciones notificadas de conformidad con las letras b), c) y d) del apartado2, la entidad de crédito notificará por escrito dicha modificación a lasautoridades competentes del Estado miembro de origen y del Estadomiembro de acogida, al menos un mes antes de efectuar el cambio, afin de que la autoridad competente del Estado miembro de origen
pueda pronunciarse con arreglo al apartado 3 y la autoridad competente
del Estado miembro de acogida pueda pronunciarse sobre dicha modi-ficación con arreglo al apartado 4.
7. Se considerará que las sucursales que hayan comenzado su acti-
vidad, con arreglo a las disposiciones del Estado miembro de acogida,
antes del 1 de enero de 1993, han cumplido el procedimiento previsto
en los apartados 1 a 5. A partir de esta fecha, se regirán por las dispo-siciones del apartado 6 y por las de los artículos 18, 19, 22 y 29.
Artículo 21
Ejercicio delalibertaddeprestacióndeservicios
1. Cualquier entidad de crédito que desee ejercer, por primera vez,
sus actividades en el territorio de otro Estado miembro en el marco dela libre prestación de servicios, notificará a la autoridad competente delEstado miembro de origen qué actividades, de las comprendidas en la
lista del anexo I, se propone llevar a cabo.
2. La autoridad competente del Estado miembro de origen comu-
nicará a la autoridad competente del Estado miembro de acogida lanotificación mencionada en el apartado 1, en el plazo de un mes apartir de la recepción de la misma.
3. El presente artículo no afectará a los derechos adquiridos por las
entidades de crédito que operasen por la vía de la prestación de servi-cios antes del 1 de enero de 1993.
Artículo 22
Poderes de las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida
1. El Estado miembro de acogida puede exigir, con fines estadís-
ticos, que toda entidad de crédito que tenga una sucursal en su
territorio dirija a las autoridades competentes de ese Estado un informe
periódico sobre las operaciones efectuadas en su territorio.
Para el ejercicio de las responsabilidades que le incumban en virtud del
artículo 27, el Estado miembro de acogida podrá exigir a las sucursalesde entidades de crédito originarias de otros Estados miembros las2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 28
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mismas informaciones que exija a tal fin a las entidades de crédito
nacionales.
2. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida comprueben que una entidad que tenga una sucursal u opereen prestación de servicios en su territorio no respeta las disposiciones
legales dictadas por dicho Estado miembro en aplicación de las dispo-
siciones de la presente Directiva que impliquen una competencia de lasautoridades de acogida, exigirán a dicha entidad que ponga fin a talsituación irregular.
3. Si la entidad en cuestión no realizare lo necesario a tal fin, las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida informaránde ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen.Éstas tomarán, en el más breve plazo, todas las medidas apropiadas
para que la entidad de que se trate ponga fin a tal situación irregular.
La naturaleza de estas medidas será comunicada a las autoridadescompetentes del Estado miembro de acogida.
4. Si, a pesar de las medidas tomadas por el Estado miembro de
origen o debido a que estas medidas resulten inadecuadas o no esténprevistas en dicho Estado, la entidad siguiera infringiendo las disposi-ciones legales contempladas en el apartado 2 vigentes en el Estadomiembro de acogida, este último podrá, tras informar de ello a las auto-ridades competentes del Estado miembro de origen, tomar las medidas
apropiadas para evitar y reprimir nuevas irregularidades y, en la
medida en que sea necesario, impedir que la entidad inicie nuevasoperaciones en su territorio. Los Estados miembros velarán por quelos documentos necesarios para la adopción de tales medidas puedanser notificados en su territorio a las entidades de crédito.
5. Lo dispuesto en los apartados 1 a 4 no afectará a la facultad del
Estado miembro de acogida de adoptar medidas adecuadas paraprevenir o reprimir las irregularidades cometidas en su territorio que
sean contrarias a las disposiciones legales que haya dictado por razones
de interés general. Ello implicará la posibilidad de impedir que dichaentidad inicie nuevas operaciones en su territorio.
6. Cualquier medida adoptada en aplicación de las disposiciones de
los apartados 3, 4 y 5 que implique sanciones y restricciones al ejer-cicio de la prestación de servicios deberá ser debidamente motivada ycomunicada a la entidad afectada. Cada una de dichas medidas podráser objeto de recurso jurisdiccional en el Estado miembro que la haya
adoptado.
7. Antes de seguir el procedimiento previsto en los apartados 2, 3 y
4, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán,
en caso de urgencia, tomar las medidas cautelares apropiadas para
proteger los intereses de los depositantes, inversores u otros destinata-rios de los servicios. La Comisión y las autoridades competentes de losdemás Estados miembros afectados deberán ser informadas de talesmedidas en el más breve plazo posible.
La Comisión podrá decidir, una vez consultadas las autoridades compe-
tentes de los Estados miembros afectados, que el Estado miembro encuestión modifique o anule tales medidas.
8. El Estado miembro de acogida podrá adoptar las medidas
adecuadas para prevenir o reprimir las irregularidades que se produzcanen su territorio, ejerciendo las competencias que se le atribuyen en
virtud de la presente Directiva. Ello implicará la posibilidad de impedir
que una entidad inicie nuevas operaciones en su territorio.
9. En caso de retirada de la autorización, se informará de ello a las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida, que tomarán
las medidas adecuadas para impedir que la entidad afectada inicienuevas operaciones en su territorio y para salvaguardar los interesesde los depositantes. Cada dos años, la Comisión presentará un informesobre estos casos al Comité consultivo bancario.
10. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el número y
la naturaleza de los casos en los que haya habido denegaciones alamparo de los apartados 1 a 6 del artículo 20 o en los que se hayan2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 29
▼B
adoptado medidas de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del
presente artículo. Cada dos años, la Comisión dirigirá un informe sobreestos casos al Comité consultivo bancario.
11. El presente artículo no impedirá que las entidades de crédito
cuya sede se sitúe en otro Estado miembro hagan publicidad de susservicios por todos los medios de comunicación disponibles en elEstado miembro de acogida, siempre que se ajusten a las normas even-tualmente aplicables a la forma y al contenido de dicha publicidadadoptadas por motivos de interés general.
TÍTULO IV
RELACIONESCONTERCEROSPAÍSES
Artículo 23
Notificación de las filiales de empresas de terceros países y de las
condicionesdeaccesodelosmercadosdeestospaíses
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán
a la Comisión:
a) de cualquier autorización de una filial, directa o indirecta, una o
varias de cuyas empresas matrices se rijan por el Derecho de untercer país. La Comisión informará de ello al Comité consultivobancario;
b) de cualquier adquisición, por parte de dichas empresas, de participa-
ciones en una entidad de crédito comunitaria que hiciera de estaúltima su filial. La Comisión informará de ello al Comité consultivobancario.
Cuando se conceda la autorización a una filial directa o indirecta de
una o varias empresas matrices sujetas al Derecho de un tercer país,deberá especificarse la estructura del grupo en la notificación que las
autoridades competentes dirijan a la Comisión, de conformidad con el
artículo 11.
2. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las dificul-
tades de carácter general que encuentren sus entidades de crédito paraestablecerse o desarrollar actividades bancarias en un tercer país.
3. La Comisión elaborará de forma periódica un informe en el que
se examine el trato, a efectos de los apartados 4 y 5, concedido en los
terceros países a las entidades de crédito de la Comunidad, por lo que
se refiere al establecimiento y ejercicio de sus actividades, así como ala adquisición de participaciones en entidades de crédito de tercerospaíses. La Comisión presentará dichos informes al Consejo, acompa-ñados, en su caso, de propuestas adecuadas.
4. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que un tercer país no
concede a las entidades de crédito comunitarias un acceso efectivo almercado comparable al que la Comunidad concede a las entidades decrédito de dicho tercer país, podrá presentar al Consejo propuestaspara que se le otorgue un mandato de negociación adecuado paraobtener condiciones de competencia comparables para las entidades de
crédito comunitarias. El Consejo decidirá por mayoría cualificada.
5. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que las entidades decrédito de la Comunidad no se benefician en un tercer país del tratonacional que ofrezca las mismas posibilidades de competencia que alas entidades de crédito nacionales y que no se cumplen las condi-
ciones de acceso efectivo al mercado podrá iniciar negociaciones con
vistas a solucionar dicha situación.
En los supuestos del párrafo primero, como complemento al inicio de
negociaciones, también podrá, en cualquier momento, decidirse, deconformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 delartículo 60, que las autoridades competentes de los Estados miembrosdeban limitar o suspender sus decisiones en relación con las solicitudes2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 30
▼B
de autorización presentadas a partir del momento en que se tome la
decisión, y de adquisición de participaciones por parte de empresasmatrices, directas o indirectas, que se rijan por el Derecho del tercer
país en cuestión. La vigencia de las medidas citadas no podrá ser supe-
rior a tres meses.
Antes de que venza dicho plazo de tres meses y a la vista de los resul-
tados de la negociación, el Consejo podrá decidir, por mayoríacualificada y a propuesta de la Comisión, que continúen aplicándose
las citadas medidas.
Dicha limitación o suspensión no podrá aplicarse a la creación de
filiales por entidades de crédito o sus filiales debidamente autorizadasen la Comunidad, ni a la adquisición de participaciones por tales esta-blecimientos o filiales en una entidad de crédito de la Comunidad.
6. Cuando la Comisión realice una de las comprobaciones a que se
refieren los apartados 4 y 5 los Estados miembros le informarán, a peti-ción suya:
a) de cualquier solicitud de autorización de una filial, directa o indi-
recta, una o varias de cuyas empresas matrices se rijan por el
Derecho del tercer país de que se trate;
b) de cualquier proyecto que les presente una de tales empresas, en
virtud del artículo 16, para adquirir participaciones en una entidad
de crédito comunitaria que pudiera convertir a ésta en su filial.
Dejará de ser obligatoria dicha información tan pronto como se celebre
un acuerdo con el tercer país contemplado en el apartado 4 o en elapartado 5 y dejen de ser aplicables las medidas contempladas en los
párrafos segundo y tercero del apartado 5.
7. Las medidas que se adopten en virtud del presente artículo
deberán ajustarse a las obligaciones contraídas por la Comunidad conarreglo a cualquier convenio internacional, tanto bilateral como multi-lateral, que regule el acceso a la actividad de las entidades de crédito y
su ejercicio.
Artículo 24
Sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social
fueradelaComunidad
1. Para el acceso a su actividad y para su ejercicio, los Estados
miembros no aplicarán a las sucursales de las entidades de crédito que
tengan su domicilio social fuera de la Comunidad disposiciones queconduzcan a un trato más favorable que aquel al que estén sometidaslas sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio socialen la Comunidad.
2. Las autoridades competentes notificarán a la Comisión y al
Comité consultivo bancario las autorizaciones de sucursales concedidasa las entidades de crédito que tengan su domicilio social fuera de laComunidad.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Comunidad
podrá, mediante acuerdos con uno o más terceros países celebrados
conforme al Tratado, acordar la aplicación de disposiciones que, conbase en el principio de reciprocidad, concedan a las sucursales de unaentidad con domicilio social fuera de la Comunidad el mismo trato enel conjunto del territorio de la Comunidad.
Artículo 25
Cooperaciónenmateriadesupervisiónsobreunabaseconsolidada
conlasautoridadescompetentesdeterceros países
1. La Comisión podrá presentar propuestas al Consejo, bien a peti-
ción de un Estado miembro o por propia iniciativa, con vistas a2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 31
▼B
negociar acuerdos con uno o varios terceros países con la finalidad de
convenir las normas de desarrollo de la supervisión consolidada:
— a las entidades de crédito cuya empresa matriz tenga su sede en un
tercer país
y
— a las entidades de crédito situadas en un tercer país cuya empresa
matriz sea una entidad de crédito o una sociedad financiera decartera con sede en la Comunidad.
2. Los acuerdos previstos en el apartado 1 tendrán por objeto, en
particular, garantizar:
— por una parte, que las autoridades competentes de los Estados
miembros puedan obtener la información necesaria para la supervi-sión basada en la situación financiera consolidada de una entidad decrédito o de una sociedad financiera de cartera situada en la Comu-nidad que tenga como filial una entidad de crédito o una entidad
financiera situada fuera de la Comunidad o que tenga participación
en tales entidades,
— por otra parte, que las autoridades competentes de terceros países
puedan obtener la información necesaria para la supervisión de las
empresas matrices cuya sede social esté situada en su territorio yque tengan como filial una entidad de crédito o una entidad finan-ciera situada en uno o varios Estados miembros o que tenganparticipaciones en tales entidades.
3. La Comisión examinará con el Comité consultivo bancario el
resultado de las negociaciones contempladas en el apartado 1 y lasituación que se derive de las mismas.
TÍTULO V
PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE SUPER-
VISIÓNPRUDENCIAL
CAPÍTULO 1
PRINCIPIOSDESUPERVISIÓNPRUDENCIAL
Artículo 26
CompetenciadecontroldelEstadomiembrodeorigen
1. La supervisión prudencial de una entidad de crédito, incluida la
de las actividades que ejerza con arreglo a las disposiciones de losartículos 18 y 19, corresponderá a las autoridades competentes delEstado miembro de origen, sin perjuicio de las disposiciones de lapresente Directiva que establezcan la competencia de las autoridades
del Estado miembro de acogida.
2. El apartado 1 no constituirá un obstáculo a la supervisión sobre
una base consolidada en virtud de la presente Directiva.
Artículo 27
CompetenciasdelEstadomiembrodeacogida
Hasta una coordinación posterior, el Estado miembro de acogida
seguirá encargándose, en colaboración con la autoridad competentedel Estado miembro de origen, de la supervisión de la liquidez de la
sucursal de la entidad de crédito. Sin perjuicio de las medidas necesa-
rias para el fortalecimiento del sistema monetario europeo, dichoEstado conservará la total responsabilidad de las medidas resultantesde la aplicación de su política monetaria. Estas medidas no podránestablecer un trato discriminatorio o restrictivo por el hecho de que laentidad de crédito haya sido autorizada en otro Estado miembro.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 32
▼B
Artículo 28
Cooperaciónenmateria desupervisión
Con objeto de supervisar la actividad de las entidades de crédito que
operen, principalmente por haber creado sucursales, en uno o másEstados miembros distintos al de su domicilio social, las autoridades
competentes de los Estados miembros implicados colaborarán estrecha-
mente. Se comunicarán toda la información relativa a la dirección,gestión y propiedad de estas entidades de crédito que pueda facilitarsu supervisión y el examen de las condiciones de su autorización, asícomo cualquier otra información susceptible de facilitar el control de
dichas entidades, en particular en materia de liquidez, de solvencia, de
garantía de depósitos, de limitación de grandes riesgos, de organizaciónadministrativa y contable y de control interno.
Artículo 29
Verificación sobre el terreno de las sucursales establecidas en otro
Estadomiembro
1. Los Estados miembros de acogida preverán que, cuando una
entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro ejerza su acti-
vidad a través de una sucursal, las autoridades competentes del Estadomiembro de origen, tras haber informado previamente a las autoridadescompetentes del Estado miembro de acogida, puedan proceder, por símismas o por mediación de personas a quienes hayan otorgado unmandato para ello, a la verificación in situ de las informaciones
contempladas en el artículo 28.
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
podrán igualmente recurrir, para la verificación de las sucursales, a
uno de los otros procedimientos previstos en el apartado 7 del artículo
56.
3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida de proceder a
la verificación in situ de las sucursales establecidas en su territorio para
el ejercicio de las responsibilidades que les incumben en virtud de lapresente Directiva.
Artículo 30
Intercambiosdeinformaciónysecreto profesional
1. Los Estados miembros preverán que todas las personas que
ejerzan o hayan ejercido una actividad para las autoridades compe-
tentes, así como los auditores o expertos encargados por las
autoridades competentes, tengan que guardar el secreto profesional.Este secreto implicará que las informaciones confidenciales que recibana título profesional no podrán ser divulgadas a ninguna persona o auto-ridad, salvo en forma sumaria o agregada, de manera que las entidadesindividuales no puedan ser identificadas, sin perjuicio de los supuestos
regulados por el Derecho penal.
No obstante, cuando se trate de entidades de crédito que se hayan
declarado en quiebra o cuya liquidación forzosa haya sido ordenadapor un tribunal, las informaciones confidenciales que no se refieran a
terceras partes implicadas en intentos de salvamento de la empresa
podrán ser divulgadas en el marco de procedimientos civiles o mercan-tiles.
2. El apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades compe-
tentes de los diferentes Estados miembros procedan a los intercambiosde información previstos en la presente y en otras Directivas aplicablesa las entidades de crédito. Dichas informaciones estarán sujetas alsecreto profesional contemplado en el apartado 1.
3. Los Estados miembros sólo podrán concertar acuerdos de coope-
ración, que prevean intercambios de información, con las autoridadescompetentes de terceros países o con las autoridades u órganos de estospaíses, tal como se definen en el apartado 5 y en el apartado 6, si lainformación comunicada goza de garantías de secreto profesional al2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 33
▼B
menos equivalentes a las establecidas en el presente artículo. Estos
intercambios de información deberán tener por objetivo el cumpli-miento de las tareas de supervisión de las autoridades y órganos
mencionados.
Cuando la información se origine en otro Estado miembro, no podrá
ser revelada sin la conformidad expresa de las autoridades competentesque la hubieren revelado y, cuando proceda, podrá ser revelada única-mente a los efectos para los que dichas autoridades dieron su acuerdo.
4. La autoridad competente que, en virtud de los apartados 1 o 2,
reciba información confidencial podrá solamente utilizarla en el ejer-cicio de sus funciones:
— para el examen de las condiciones de acceso a la actividad de las
entidades de crédito y para facilitar el control, sobre base individualy sobre base consolidada, de las condiciones del ejercicio de la acti-vidad, en particular en materia de supervisión de la liquidez, de lasolvencia, de los grandes riesgos, de la organización administrativa
y contable y del control interno, o
— para la imposición de sanciones, o— en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la
autoridad competente, o
— en el marco de procedimientos jurisdiccionales entablados en virtud
del artículo 33 o de disposiciones especiales previstas en la presenteDirectiva así como en otras Directivas adoptadas en el ámbito de
las entidades de crédito.
5. Los apartados 1 y 4 no serán obstáculo para el intercambio de
información, dentro de un mismo Estado miembro, cuando existanvarias autoridades competentes, o entre Estados miembros, entre auto-ridades competentes y:
— las autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión
de las otras instituciones financieras y de las compañías de seguros,así como las autoridades encargadas de la supervisión de los
mercados financieros,
— los órganos implicados en la liquidación y la quiebra de las enti-
dades de crédito y otros procedimientos similares,
— las personas encargadas del control legal de las cuentas de la
entidad de crédito y de las demás entidades financieras.
Dichos intercambios se limitarán a lo necesario para el cumplimiento
de su función de supervisión, así como para la transmisión, a los orga-
nismos encargados de la gestión de los sistemas de garantías de
depósitos, de la información necesaria para el cumplimiento de sufunción. La información recibida por dichas autoridades, organismos ypersonas quedará sujeta al secreto profesional contemplado en el apar-tado 1.
6. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros podrán autorizar intercambios de información entre las auto-ridades competentes y:
— las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que
participen en la liquidación y quiebra de las entidades de crédito yotros procedimientos similares, o
— las autoridades encargadas de la supervisión de las personas encar-
gadas del control legal de las cuentas de las empresas de seguros,las entidades de crédito, las empresas de inversión y otras entidades
financieras.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las condi-ciones siguientes:
— la información se destinará a la realización de la misión de supervi-
sión establecida en el párrafo primero,
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1,
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta no
podrá divulgarse sin el acuerdo expreso de las autoridades compe-2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 34
▼B
tentes que hayan comunicado dicha información y, en ese caso,
exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan autori-zado.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás
Estados miembros la identidad de las autoridades que podrán recibirinformación con arreglo al presente apartado.
7. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros, con el fin de reforzar la estabilidad del sistema financiero,incluida su integridad, podrán autorizar el intercambio de información
entre las autoridades competentes y las autoridades y los órganos
encargados en virtud de la legislación nacional de detectar las infrac-ciones al Derecho de sociedades y de investigar dichas infracciones.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las condi-
ciones siguientes:
— la información se destinará a la realización de la misión de supervi-
sión establecida en el párrafo primero,
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1,
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo
podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridadescompetentes que hayan comunicado dicha información y, en esecaso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan
autorizado.
Cuando, en un Estado miembro, las autoridades y los órganos a que se
refiere el párrafo primero realicen su misión de detección o investiga-
ción recurriendo, dada su competencia específica, a personas con un
mandato a tal fin que no pertenezcan a la función pública, la posibi-lidad de intercambiar información prevista en el párrafo primero podráampliarse a estas personas en las condiciones previstas en el párrafosegundo.
Para la aplicación del tercer guión del párrafo segundo, las autoridades
o los órganos a que se refiere el párrafo primero comunicarán a lasautoridades competentes que hayan facilitado la información la iden-tidad y el mandato preciso de las personas a las que se transmitirá
dicha información.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás
Estados miembros la identidad de las autoridades que podrán recibir
información con arreglo al presente apartado.
La Comisión elaborará, antes del 31 de diciembre de 2000, un informe
sobre la aplicación de las disposiciones del presente apartado.
8. Las disposiciones del presente artículo no obstarán para que una
autoridad competente transmita:
— a los bancos centrales y organismos de función similar en tanto que
autoridades monetarias y,
— en su caso, a otras autoridades públicas encargadas de la supervi-
sión de los sistemas de pago,
la información destinada al cumplimiento de su misión ni para que
estas autoridades u organismos comuniquen a las autoridades compe-
tentes la información que precisen a los efectos del apartado 4. La
información recibida en este contexto estará sujeta al secreto profe-sional contemplado en el presente artículo.
9. Además, no obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 4, los
Estados miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales,la comunicación de ciertas informaciones a otros departamentos de susadministraciones centrales responsables de la aplicación de la legisla-ción de supervisión de las entidades de crédito, las entidades
financieras, los servicios de inversión y las compañias de seguros, así
como a los inspectores comisionados por dichos departamentos.
No obstante, dichas comunicaciones sólo podrán facilitarse cuando ello
sea necesario por razones de supervisión prudencial.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 35
▼B
Sin embargo, los Estados miembros preverán que las informaciones
recibidas con arreglo a los apartados 2 y 5 y las obtenidas por mediode las verificaciones in situ contempladas en los apartados 1y2d e l
artículo 29 no puedan en ningún caso ser objeto de las comunicaciones
contempladas en el presente apartado, salvo acuerdo expreso de laautoridad competente que haya comunicado las informaciones o de laautoridad competente del Estado miembro en el que se haya efectuadola verificación in situ .
10. Lo dispuesto en el presente artículo no obstará para que las auto-
ridades competentes comuniquen la información a que se refieren losapartados 1 a 4 a una cámara de compensación u otro organismo seme-
jante autorizado, en virtud de la legislación nacional, a prestar servicios
de compensación o liquidación de contratos en uno de los mercados desu Estado miembro, cuando aquellas consideren que la comunicaciónde tal información es necesaria para garantizar el correcto funciona-miento de dichos organismos ante cualquier incumplimiento, o posibleincumplimiento, que se produzca en el mercado. La información reci-
bida en este contexto quedará sujeta al secreto profesional mencionado
en al apartado 1. No obstante, los Estados miembros velarán por que lainformación recibida con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 nopueda ser revelada, en las circunstancias descritas en el presente apar-tado, sin el consentimiento expreso de las autoridades que la hayan
facilitado.
Artículo 31
Obligacionesdelaspersonasencargadasdelaauditoríalegaldelas
cuentasanualesyconsolidadas
1. Los Estados miembros, preverán, como mínimo, que:
a) toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 84/253/CEE del
Consejo (
1) que ejerza en una entidad de crédito la función descrita
en el artículo 51 de la Directiva 78/660/CEE del Consejo (2), en el
artículo 37 de la Directiva 83/349/CEE, en el artículo 31 de laDirectiva 85/611/CEE del Consejo (
3) o cualquier otra función legal,
tendrá la obligación de señalar rápidamente a las autoridadescompetentes cualquier hecho o decisión sobre esta entidad del quehaya tenido conocimiento en el ejercicio de dicha función y que
pueda:
— constituir una violación del contenido de las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas que establecen lascondiciones de autorización o que regulan de manera específicael ejercicio de la actividad de las entidades de crédito, o
— perjudicar la continuidad de la explotación de la entidad de
crédito, o
— implicar la denegación de la certificación de cuentas o la
emisión de reservas;
b) se impondrá la misma obligación a esa misma persona por lo que
respecta a los hechos y decisiones que llegara a conocer en el
contexto de una función como la descrita en la letra a) ejercida enuna empresa que tenga un vínculo estrecho resultante de un vínculo2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 36
(1) Octava Directiva 84/253/CEE del Consejo, de 10 de abril de 1984, basada
en la letra g) del apartado 2 del artículo 44 del Tratado CEE, relativa a la
autorización de las personas encargadas del control legal de documentos
contables (DO L 126 de 12.5.1984, p. 20).
(2) Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en
la letra g) del apartado 2 del artículo 44 del Tratado y relativa a las cuentas
anuales de determinadas formas de sociedad (DO L 222 de 14.8.1978, p.
11); Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/60/
CE (DO L 62 de 26.6.1999, p. 65).
(3) Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que
se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios
(OICVM) (DO L 375 de 31.12.1985, p. 3); Directiva cuya última modifica-
ción la constituye la Directiva 95/26/CE.
▼B
de control con la entidad de crédito en la que esta persona lleve a
cabo la mencionada función.
2. La divulgación de buena fe de hechos o decisiones mencionados
en el apartado 1 a las autoridades competentes, por parte de laspersonas autorizadas con arreglo a la Directiva 84/253/CEE, no consti-
tuirá violación de las restricciones sobre la divulgación de información
impuesta por vía contractual o por cualquier disposición legal, regla-mentaria o administrativa ni implicará para dichas personas ningúntipo de responsabilidad.
Artículo 32
Facultadsancionadoradelasautoridadescompetentes
Sin perjuicio de los procedimientos de revocación de la autorización y
de la responsabilidad penal, los Estados miembros establecerán que sus
respectivas autoridades competentes podrán adoptar sanciones contralas entidades de credito o sus directivos responsables, por infracciónde disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materiade supervisión o de ejercicio de la actividad, o adoptar a su respectosanciones o medidas cuya aplicación tenga por objeto poner fin a las
infracciones comprobadas o a sus causas.
Artículo 33
Recursojurisdiccional
Los Estados miembros preverán que las decisiones tomadas con
respecto a una entidad de crédito en aplicación de las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas adoptadas conforme a lapresente Directiva puedan ser objeto de un recurso jurisdiccional; adop-
tarán esta misma disposición para los casos en que no haya recaído
resolución dentro del plazo de los seis meses siguientes a la solicitud,sobre toda petición de autorización que comporte todos los elementosrequeridos por las disposiciones en vigor.
Artículo 33 bis
El artículo 3 de la Directiva 2000/46/CE se aplicará a las entidades de
crédito.
CAPÍTULO 2
INSTRUMENTOSTÉCNICOSDELASUPERVISIÓNPRUDENCIAL
Sección 1
Fondos propios
Artículo 34
Principiosgenerales
1. Cada vez que un Estado miembro en aplicación de la legislación
cumunitaria relativa a la vigilancia prudencial que deba ejercerse sobrelas actividades de crédito en actividad adopte una disposición legal,reglamentaria o administrativa que utilice el término o se refiera al
concepto de «fondos propios», lo hará de forma que dicho término o
dicho concepto concuerde con la definición enunciada en los apartados2 ,3y4ye nl o s artículos 35 a 38.
2. Sin perjuicio de las limitaciones contempladas en el artículo 38,
los fondos propios no consolidados de las entidades de crédito estaránconstituidos por los elementos siguientes:
1) el capital a efectos del artículo 22 de la Directiva 86/635/CEE, en la
medida en que se haya desembolsado, más la cuenta de las primasde emisión, pero excluyendo las acciones preferenciales cumula-tivas;2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 37
▼M1
▼B
▼B
2) las reservas, a efectos del artículo 23 de la Directiva 86/635/CEE, y
los resultados transferidos mediante asignación del resultado final.Los Estados miembros no podrán autorizar que se tomen en cuenta
los beneficios intermediarios antes de que se haya tomado una deci-
sión formal, salvo si dichos beneficios han sido verificados porresponsables del control de las cuentas y se pruebe, a satisfacciónde las autoridades competentes, que su importe se ha evaluado deacuerdo con los principios enunciados en la Directiva 86/635/CEE
y está libre de toda carga previsible y de previsión de dividendos;
3) los fondos para riesgos bancarios generales, definidos en el artículo
38 de la Directiva 86/635/CEE;
4) las reservas de reevaluación, a efectos del artículo 33 de la Directiva
78/660/CEE;
5) los ajustes de valoración, a efectos del apartado 2 del artículo 37 de
la Directiva 86/635/CEE;
6) los demás elementos, a efectos del artículo 35;7) los compromisos de los miembros de entidades de crédito consti-
tuidas en forma de sociedades cooperativas, y los compromisossolidarios de los prestatarios de determinadas entidades organizadasen forma de fondos mencionados en el apartado 1 del artículo 36;
8) las acciones preferenciales cumulativas a plazo fijo y los préstamos
subordinados mencionados en el apartado 3 del artículo 36.
Se deducirán los elementos siguientes, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 38:
9) las acciones propias en poder de la entidad de crédito, a su valor
contable;
10) los activos inmateriales, a efectos de punto 9 del artículo 4
«Activo» de la Directiva 86/635/CEE;
11) los resultados negativos de cierta importancia del ejercicio en
curso;
12) las participaciones en otras entidades de crédito y entidades finan-
cieras superiores al 10 % del capital de las mismas;
13) los créditos subordinados e instrumentos contemplados en el
artículo 35 y en el apartado 3 del artículo 36 que la entidad decrédito posea en otras entidades de crédito y entidades financierasen las que tenga participaciones por un importe superior al 10 %del capital;
14) las participaciones en otras entidades de crédito y entidades finan-
cieras inferiores o iguales al 10 % de su capital, así como los
créditos subordinados e instrumentos contemplados en el artículo
35 y en el apartado 3 del artículo 36 que la entidad de créditoposea en entidades de crédito o entidades financieras distintos delos contemplados en los puntos 12 y 13 del presente apartado,con respecto al importe del total de dichas participaciones, créditos
subordinados e instrumentos que superen el 10 % de los fondos
propios de dicha entidad de crédito, calculados antes de deducirlos elementos de los puntos 12 a 16;
15) las participaciones a efectos del punto 9 del artículo 1 que una
entidad de crédito posea en
— empresas de seguros a efectos del artículo 6 de la Directiva 73/
239/CEE, del artículo 6 de la Directiva 79/267/CEE o de laletra b) del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE del ParlamentoEuropeo y del Consejo (
1),
— empresas de reaseguros a efectos de la letra c) del artículo 1 de
la Directiva 98/78/CE,
— sociedades holding de seguros a efectos de la letra i) del
artículo 1 de la Directiva 98/78/CE;2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 38
(1) DO L 330 de 5.12.1998, p. 1.▼M2
▼M2
16) cada uno de los siguientes elementos que la entidad de crédito
posea en las entidades definidas en el punto 15 en las que tengaparticipaciones:
— los instrumentos contemplados en el apartado 3 del artículo 16
de la Directiva 73/239/CEE,
— los instrumentos contemplados en el apartado 3 del artículo 18
de la Directiva 79/267/CEE.
Cuando se tengan temporalmente acciones en otra entidad de crédito,
entidad financiera, empresa de seguros o de reaseguros o sociedadholding de seguros, en el marco de una operación de asistencia finan-
ciera destinada al saneamiento y salvamento de dicha entidad, laautoridad competente podrá permitir excepciones a las disposiciones
en materia de deducción contempladas en los puntos 12 a 16.
Como alternativa a la deducción de los elementos contemplados en los
puntos 15 y 16, los Estados miembros podrán autorizar a sus entidadesde crédito a aplicar, mutatis mutandis , los métodos 1, 2 o 3 del anexo I
de la Directiva 2002/87/CE. El método 1 («Consolidación contable»)sólo se aplicará si la autoridad competente confía en el nivel de gestión
integrada y de control interno de las entidades incluidas en el ámbito
de aplicación de la consolidación. El método que se elija deberá apli-carse posteriormente de forma coherente.
Los Estados miembros podrán prever que, para el cálculo de los fondos
propios individuales, las entidades de crédito sujetas a una supervisión
sobre base consolidada de conformidad con el capítulo 3 o una super-
visión adicional con arreglo a la Directiva 2002/87/CE, puedan nodeducir los elementos contemplados en los puntos 12 a 16 que poseanen entidades de crédito, entidades financieras, empresas de seguros, dereaseguros o sociedades de cartera de seguros incluidas en el ámbito dela supervisión consolidada o adicional.
Esta disposición se aplicará a todas las normas de prudencia armoni-
zadas por actos comunitarios.
3. El concepto de fondos propios definido en los puntos 1 a 8 del
apartado 2 incluirá un máximo de elementos y de cantidades. La utili-
zación de dichos elementos o el establecimiento de límites inferiores,así como la deducción de otros elementos distintos de los enumeradosen los puntos 9 a 13 del apartado 2, se dejarán a la discreción de losEstados miembros. No obstante, éstos deberán contemplar el logro de
una mayor convergencia con vistas a una definición común de los
fondos propios.
A tal efecto, a más tardar el 1 de enero de 1996, la Comisión
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre laaplicación del presente artículo y de los artículos 35 a 39, acompañado,en su caso, de las propuestas de modificación que estime necesarias. A
más tardar el 1 de enero de 1998, el Parlamento Europeo y el Consejo,
previa consulta al Comité Económico y Social, examinarán y revisarán,de acuerdo con el procedimiento del artículo 251 del Tratado, la defi-nición de los fondos propios con vistas a una aplicación uniforme de ladefinición común.
4. Los elementos enumerados en los puntos 1 a 5 del apartado 2
deberán poder ser utilizados inmediatamente y sin restricción por lasentidades de crédito para la cobertura de riesgos o de pérdidas encuanto se produzcan éstos. Su cuantía deberá estar libre de todoimpuesto previsible en el momento en que se calcule, o conveniente-mente ajustada en la medida en que tales impuestos reduzcan la
cuantía hasta la cual dichos elementos puedan ser aplicados a la cobe-
rura de riesgos o pérdidas.
Artículo 35
Otroselementos
1. El concepto de fondos propios utilizado por un Estado miembro
podrá incluir otros elementos siempre y cuando se trate de elementos2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 39
▼B
▼B
que, independientemente de su denominación jurídica o contable,
presenten las características siguientes:
a) que puedan ser libremente utilizados por la entidad de crédito para
cubrir los riesgos inherentes al ejercicio de la actividad bancaria,cuando aún no se hayan determinado las pérdidas o minusvalías;
b) que su existencia esté reflejada en la contabilidad interna;
c) que su cuantía esté fijada por la dirección de la entidad de crédito,
verificada por revisores independientes, comunicada a las autori-
dades competentes y sometida al control de las mismas.
2. También podrán ser aceptados como otros elementos los títulos
de duración indeterminada y los demás instrumentos similares quecumplan los requisitos siguientes:
a) que no puedan ser rembolsados a petición del portador o sin el
acuerdo previo de la autoridad competente;
b) que el contrato de emisión deba conceder a la entidad de crédito la
posibilidad de diferir el pago de los intereses de la deuda;
c) que los créditos del acreedor contra la entidad de crédito deban estar
subordinados en su totalidad a los de todos los acredores no subor-dinados;
d) que los documentos que regulen la emisión de los títulos deban esta-
blecer que la deuda y los intereses no pagados puedan absorberpérdidas, dejando a la entidad de crédito la posibilidad de seguiroperando;
e) que únicamente se tengan en cuenta los importes efectivamente
pagados.
Podrán ser aceptadas, a modo de complemento, las acciones preferen-
ciales cumulativas que no sean las definidas en el punto 8 del apartado
2 del artículo 34.
Artículo 36
Otrasdisposicionesrelativas alosfondospropios
1. Los compromisos de los miembros de entidades de crédito consti-
tuidas en forma de sociedades cooperativas a los que se refiere el punto7 del apartado 2 del artículo 34 comprenderán el capital no reclamadode dichas sociedades, así como los compromisos legales de los miem-bros de tales sociedades cooperativas a efectuar pagos suplementariosno reembolsables en caso de que la entidad de crédito sufra pérdidas;
en cuyo caso, los pagos deberán poder ser exigibles inmediatamente.
En el caso de entidades de crédito organizadas en forma de fondos, se
asimilarán a los elementos precedentes los compromisos solidarios delos prestatarios.
El conjunto de estos elementos podrá incluirse en los fondos propios,
siempre que se computen, de conformidad con la legislación nacional,entre los fondos propios de las entidades de dicha categoría.
2. Los Estados miembros no incluirán entre los fondos propios de
las entidades públicas de crédito las garantías que ellos mismos o sus
autoridades concedan a tales entidades.
3. Los Estados miembros o las autoridades competentes podrán
incluir en los fondos propios las acciones preferenciales cumulativas aplazo fijo contempladas en el punto 8 del apartado 2 del artículo 34, así
como los préstamos subordinados contemplados en la misma disposi-
ción, cuando existan acuerdos vinculantes con arreglo a los cuales, encaso de quiebra o de liquidación de la entidad de crédito, tales prés-tamos ocupen un rango inferior a los créditos de todos los demásacreedores y no se reembolsen hasta que se hayan pagado todas lasdemás deudas vigentes en ese momento.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 40
▼B
Los créditos subordinados también deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) que únicamente se tengan en cuenta los fondos efectivamente
desembolsados;
b) que tengan un vencimiento inicial de al menos 5 años; tras dicho
período podrán ser objeto de reembolso; si no hubiere sido fijada
la fecha de vencimiento de la deuda, sólo serán reembolsables conun preaviso de cinco años, salvo en el caso de que hayan dejado deconsiderarse fondos propios o si se exigiere formalmente la autori-zación previa de las autoridades competentes para su reembolso
anticipado. Las autoridades competentes podrán autorizar el reem-
bolso anticipado de tales fondos siempre que tal solicitud procedadel emisor y la solvencia de la entidad de crédito no se vea afectadapor ello;
c) la cuantía hasta la cual puedan considerarse fondos propios sea
objeto de una reducción gradual durante al menos los cinco añosanteriores a la fecha de vencimiento;
d) que el contrato de préstamo no incluya cláusulas que estipulen que,
en determinadas circunstancias distintas de la liquidación de laentidad de crédito, la deuda deba reembolsarse antes de la fecha devencimiento acordada.
Artículo 37
Cálculodelosfondospropiossobreunabaseconsolidada
1. Cuando haya de efectuarse el cálculo sobre una base consolidada,
se tendrán en cuenta los importes consolidados de los elementos enun-ciados en el apartado 2 del artículo 34, de acuerdo con las normas
establecidas en los artículos 52 a 56. Además, podrán asimilarse a las
reservas consolidadas, para el cálculo de los fondos propios, loselementos siguientes, siempre y cuando sean acreedores («negativos»):
— los intereses minoritarios, a efectos del artículo 21 de la Directiva
83/349/CEE, en caso de que se utilice el método de integraciónglobal,
— la diferencia de primera consolidación, a efectos de los artículos 19,
30 y 31 de la Directiva 83/349/CEE,
— las diferencias de conversión incluidas en las reservas consolidadas,
de acuerdo con el apartado 6 del artículo 39 de la Directiva 86/635/
CEE,
— la diferencia resultante de la inscripción de determinadas participa-
ciones según el método que se describe en el artículo 33 de laDirectiva 83/349/CEE.
2. Cuando los elementos que anteceden sean deudores («positivos»),
habrán de deducirse en el cálculo de los fondos propios consolidados.
Artículo 38
Deduccionesylímites
1. Los elementos contemplados en los puntos 4 a 8 del apartado 2
del artículo 34 estarán sujetos a las limitaciones siguientes:
a) el total de los elementos de los puntos 4 a 8 se limitará a un
máximo equivalente al 100 % de los elementos de los puntos 1m á s2y3m enos los elementos de los puntos 9, 10 y 11;
b) el total de los elementos de los puntos 7y8s el i m itará a un
máximo equivalente al 50 % de los elementos de los puntos 1 más2y3m enos los elementos de los puntos 9, 10 y 11;
c) el total de los elementos de los puntos 12 y 13 se deducirá del total
de los elementos.
2. Las autoridades competentes podrán autorizar provisionalmente y
en circunstancias excepcionales a las entidades de crédito a rebasar elumbral previsto en el apartado 1.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 41
▼B
Artículo 39
Pruebaalasautoridadescompetentes
Deberá demostrarse a satisfacción de las autoridades competentes el
cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 34
y en los artículos de 35 a 38.
Sección 2
Coeficiente de solvencia
Artículo 40
Principiosgenerales
1. El coeficiente de solvencia expresa la proporción existente entre
los fondos propios definidos en el artículo 41 y los activos y cuentasde orden con riesgo ponderado con arreglo al artículo 42.
2. El coeficiente de solvencia de entidades de crédito que no sean ni
empresas matrices a efectos del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE,
ni filiales de dichas empresas, se calculará de forma individual.
3. El coeficiente de solvencia de entidades de crédito que sean
empresas matrices se calculará sobre una base consolidada, con arreglo
a los métodos definidos en la presente Directiva y en la Directiva 86/
635/CEE.
4. Las autoridades competentes responsables de la autorización y de
la supervisión de la empresa matriz que sea una entidad de crédito
podrán exigir también el cálculo de un coeficiente subconsolidado o
no consolidado de aquélla, así como de cualquier filial suya quedependa de la autorización y de la supervisión de esas autoridades. Sino se efectúa dicho control de la estructura adecuada del capital dentrodel grupo bancario, deberán adoptarse otras medidas para garantizardicho objetivo.
5. Sin perjuicio del cumplimiento por parte de las entidades de
crédito de las disposiciones de los apartados 2, 3y4yd el o s apartados
8 y 9 del artículo 52, las autoridades competentes velarán por que loscoeficientes sean calculados como mínimo dos veces al año, bien por la
propia entidad de crédito, que comunicará a las autoridades compe-
tentes los resultados obtenidos así como todos los elementos decálculo necesarios o bien por las autoridades competentes a partir delos datos suminstrados por las entidades de crédito.
6. La valoración de los activos y de las cuentas de orden se efec-
tuará de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 86/635/CEE.
Artículo 41
Numerador:fondospropios
Los fondos propios, definidos en la presente Directiva, constituirán el
numerador del coeficiente de solvencia.
Artículo 42
Denominador:activosycuentasdeordenponderadasporsuriesgo
1. Se asignarán grados de riesgo de crédito, expresados en pondera-
ciones procentuales, a los diferentes activos con arreglo a lo dispuestoen los artículos 43 y 44 y de forma excepcional en los artículos 45, 62
y 63. El valor en balance de cada activo se multiplicará a continuación
por la ponderación correspondiente para llegar a un valor ponderado.
2. En el caso de cuentas de orden enumeradas en el anexo II, se
efectuará un cálculo en dos fases, de acuerdo con el apartado 2 delartículo 43.
3. En el caso de las cuentas de orden a las que se refiere el apartado
3 del artículo 43, el coste potencial de la sustitución de contratos en elsupuesto de incumplimiento de la contraparte se calculará mediante laaplicación de cualquiera de los dos métodos descritos en el anexo III.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 42
▼B
Dicho coste se multiplicará por la ponderación atribuible a las contra-
partes que figura en el apartado 1 del artículo 43, salvo lasponderaciones del 100 % previstas en el mismo, que se reducirán al
50 %, para dar valores ajustados al riesgo.
4. La suma de los valores ponderados de los activos y de las cuentas
de orden, tal como han sido descritas en los apartados 2 y 3, constituirá
el denominador para calcular el coeficiente de solvencia.
Artículo 43
Ponderaciónderiesgos
1. Se aplicarán las ponderaciones siguientes a las diferentes cate-
gorías de activos, aunque las autoridades competentes podrán fijarponderaciones más elevadas si lo consideran conveniente.
a) Ponderación nula
1) efectivo en caja y elementos equivalentes;
2) activos que constituyan créditos sobre las administraciones
centrales y los bancos centrales de la zona A;
3) activos que representen créditos sobre las Comunidades Euro-
peas;
4) activos que constituyan créditos con garantía explícita de las
administraciones centrales y los bancos centrales de la zona A ode las Comunidades Europeas;
5) activos que representen créditos sobre las administraciones
centrales y bancos centrales de la zona B nominados y finan-
ciados en la moneda nacional del prestatario;
6) activos que representen créditos que lleven la garantía explícita
de las administraciones centrales y bancos centrales de zona Bnominados y financiados en la moneda nacional común delfiador y del prestatario;
7) activos garantizados, a satisfacción de las autoridades compe-
tentes correspondientes, mediante garantía pignoraticia de títulosemitidos por las administraciones centrales o por los bancoscentrales de la zona A, o por las Comunidades Europeas o pordepósitos en efectivo en la entidad prestamista o mediante certi-
ficados de depósito o instrumentos similares emitidos por y
colocados en dicha entidad.
b) Ponderación del 20 %
1) activos que representen créditos sobre el Banco Europeo de
Inversiones;
2) activos que representen créditos sobre bancos multilaterales de
desarrollo;
3) activos que representen créditos expresamente garantizados por
el Banco Europeo de Inversiones;
4) activos que representen créditos expresamente garantizados por
bancos multilaterales de desarrollo;
5) activos que representen créditos sobre administraciones regio-
nales o locales de la zona A, salvo lo dispuesto en el artículo44;
6) activos que representen créditos expresamente garantizados por
administraciones regionales o locales de la zona A, salvo lodispuesto en el artículo 44;
7) activos que representen créditos sobre entidades de crédito de la
zona A que no constituyan fondos propios de dichas entidades;
8) activos que representen créditos cuya duración sea menor o
igual a un año sobre entidades de crédito de la zona B, con
excepción de los títulos emitidos por dichas entidades que seconsideren parte de sus fondos propios;
9) activos expresamente garantizados por entidades de crédito de
la zona A;2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 43
▼B
10) activos que representen créditos cuya duración sea menor o
igual a un año y que estén expresamente garantizados por enti-dades de crédito de la zona B;
11) activos garantizados, a satifacción de las autoridades compe-
tentes, mediante garantía pignoraticia sobre títulos emitidos porel Banco Europeo de Inversiones o por bancos multilaterales dedesarrollo;
12) cheques y valores pendientes de cobro.
c) Ponderación del 50 %
1) préstamos íntegramente garantizados, a satisfacción de las auto-
ridades competentes, por hipotecas sobre viviendas que ocupe o
vaya a ocupar el prestatario o que éste vaya a ceder en régimende arrendamiento, y préstamos íntegramente garantizados, asatisfacción de las autoridades competentes, mediante accionesen sociedades finlandesas constructoras de viviendas que actúencon arreglo a la Ley finlandesa de 1991 sobre las sociedades
constructoras de viviendas o la legislación posterior equivalente,
respecto de las viviendas que el prestatario ocupe, vaya a ocuparo vaya a ceder en régimen de arrendamiento;
«valores garantizados por hipotecas» que puedan asimilarse a los
préstamos contemplados en el párrafo primero o en el apartado 1
del artículo 62, cuando las autoridades competentes consideren
que, habida cuenta del marco jurídico vigente en los distintosEstados miembros, son equivalentes en cuanto al riesgo decrédito. Sin perjuicio de los tipos de valores que puedan incluirseen este punto 1 y cumplir las condiciones correspondientes, los«valores garantizados por hipotecas» podrán incluir los instru-
mentos contemplados en las letras a) y b) del punto 1 de la
sección B del anexo de la Directiva 93/22/CEE del Consejo (
1).
En particular, las autoridades competentes deberán cerciorarsede que:
i) dichos valores estén total y directamente garantizados por un
conjunto de créditos hipotecarios de la categoría especificada
en el párrafo primero o en el apartado 1 del artículo 62, que
sean perfectamente válidos en el momento de la creación delos valores garantizados por hipotecas,
ii) un derecho aceptable de máxima prioridad sobre las partidas
de activos hipotecados subyacentes esté en posesión, biendirectamente de inversores en valores garantizados por hipo-tecas, bien, por cuenta de éstos, de un administradorfiduciario o un representante delegado, a prorrata de losvalores que posean;
2) cuentas de periodificación: estos activos se someterán a la
ponderación correspondiente a la contraparte en los casos enque la entidad de crédito esté en condiciones de determinarla deconformidad con lo dispuesto en la Directiva 86/635/CEE;cuando no pueda determinar la contraparte, se aplicará una
ponderación a tanto alzado del 50 %.
d) Ponderación del 100 %
1) activos que representen créditos sobre administraciones centrales
y los bancos centrales de la zona B, salvo cuando estén nomi-nados y financiados en la divisa del prestatario;
2) activos que representen créditos sobre administraciones regio-
nales o locales de la zona B;
3) activos que representen créditos cuya duración sea mayor a un
año sobre entidades de crédito de la zona B;
4) activos que representen créditos sobre el sector no bancario de la
zona A y de la zona B;2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 44
(1) Directiva 93/22/CEE del Consejo de 10 de mayo de 1993, relativa a los
servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (DO L 141
de 11.6.1993, p. 27); Directiva cuya última modificación la constituye 97/
9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).
▼B
5) activos materiales, a efectos del punto 10 del artículo 4,
«Activo», de la Directiva 86/635/CEE;
6) carteras de acciones, participaciones y otros elementos que
formen parte de los fondos propios de otras entidades de crédito,
cuando no hayan sido deducidas de los fondos propios de la
entidad prestamista;
7) todos los demás activos, excepto los deducidos de los fondos
propios.
2. A las cuentas de orden distintas de las indicadas en el apartado 3
se les aplicará el tratamiento siguiente. En primer lugar, serán agru-
padas en función del grado de riesgo, según la clasificación recogida
en el anexo II. Se computarán por su valor total las partidas con riesgoalto; por el 50 % de su valor las partidas de riesgo medio y por el 20 %de su valor las partidas de riesgo medio/bajo; el valor de las partidas deriesgo bajo se fijará en 0. La segunda etapa consistirá en multiplicar las
cuentas de orden, ajustadas tal como ha sido descrito más arriba, por
las ponderaciones atribuidas a las contrapartes correspondientes, deacuerdo con el tratamiento contemplado en el apartado 1 y en elartículo 44. En lo que se refiere a los acuerdos de venta con compro-miso de recompra, así como a los compromisos de compra a plazo, lasponderaciones serán las correspondientes a los activos mismos y no a
las contrapartes de las transacciones. Se podrá aplicar una ponderación
del 20 % a la fracción no desembolsada de capital suscrito en el FondoEuropeo de Inversiones.
3. Los métodos expuestos en el anexo III se aplicarán a las cuentas
de orden enumeradas en el anexo IV, excepto a:
— los contratos negociados en mercados organizados,
— los contratos negociados en mercados de divisas (distintos de los
contratos sobre oro) con un vencimiento inicial igual o inferior acatorce días naturales.
Hasta el 31 de diciembre de 2006 las autoridades competentes de los
Estados miembros podrán eximir de aplicar los métodos descritos enel anexo III a los contratos de instrumentos derivados negociados enmercados no organizados sujetos a compensación por parte de unacámara de compensación cuando esta última actúe como contraparte
legal y todos los participantes cubran íntegramente a diario el riesgo
que representen para la cámara de compensación mediante una cober-tura que la proteja tanto del riesgo presente como del posible riesgofuturo. Las autoridades competentes deberán comprobar que la garantíapignoraticia prestada proporciona el mismo grado de protección que las
garantías pignoraticias a que se refiere el punto 7 de la letra a) del
apartado 1 y de que no existe el peligro de que el riesgo a que seexpone la cámara de compensación se acumule hasta superar el valorde mercado de las garantías recibidas. Los Estados miembros infor-marán a la Comisión del uso que hagan de esta opción.
4. Cuando las cuentas de orden lleven una garantía explícita, serán
ponderadas como si la operación correspondiente se hubiera realizadocon el garante en lugar de con la contraparte real. Cuando el riesgoderivado de operaciones incluidas en las cuentas de orden esté plena-mente garantizado, a satisfacción de las autoridades competentes,
mediante cualquiera de los activos reconocidos como garantía pignora-
ticia en el punto 7 de la letra a) y en el punto 11 de la letra b) delapartado 1, se aplicarán ponderaciones del 0 % o del 20 % de acuerdocon la garantía de que se trate.
Los Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 50 % a las
cuentas de orden que sean garantías o garantías de crédito sustitutivasde crédito y que estén cubiertas íntegramente, a satisfacción de lasautoridades competentes, por hipotecas que cumplan las condicionesdel punto 1 de la letra c) del apartado 1, a condición de que el garante
disfrute de un derecho directo sobre esta garantía.
5. Cuando se atribuya una ponderación inferior a los activos y a las
cuentas de orden debido a la existencia de una garantía explícita o deuna garantía pignoraticia aceptable para las autoridades competentes, la2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 45
▼B
ponderación inferior se aplicará únicamente a la parte que esté garanti-
zada o plenamente asegurada.
Artículo 44
Ponderación de créditos sobre las administraciones regionales o
locales delosEstadosmiembros
1. No obstante los requisitos establecidos en la letra b) del apartado
1 del artículo 43, los Estados miembros podrán fijar una ponderacióndel 0 % para sus propias administraciones regionales o autoridadeslocales si no existe una diferencia apreciable en el riesgo entre loscréditos a estas últimas y los créditos a sus administraciones centrales,
atendiendo a la capacidad de las administraciones regionales y de las
autoridades locales de obtener ingresos y la existencia de disposicionesinstitucionales específicas que reduzcan el riesgo de impago. Deacuerdo con estos criterios se aplicará una ponderación nula a loscréditos contraídos por las administraciones regionales o autoridades
locales en cuestión y a las partidas que figuren en las cuentas de orden
contraídas frente a dichas administraciones, así como a los créditossobre terceros y cuentas de orden contraídas frente a terceros garanti-zadas por dichas administraciones regionales o autoridades locales oasegurados, a satisfacción de las autoridades competentes correspon-dientes, por una garantía pignoraticia consistente en títulos emitidos
por dichas administraciones regionales o autoridades locales.
2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión si consideran
justificada una ponderación nula según los criterios expuestos en elapartado 1. La Comisión difundirá dicha información. Otros Estadosmiembros podrán ofrecer a las entidades de crédito, bajo la supervisiónde sus autoridades competentes, la posibilidad de aplicar una pondera-
ción nula cuando proporcionen ayuda financiera a las administraciones
regionales o autoridades locales correspondientes o cuando cuenten concréditos garantizados por éstas últimas, incluidas las garantías pignora-ticias consistentes en títulos.
Artículo 45
Otrasponderaciones
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 44, los
Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 20 % a los
activos asegurados, a satisfacción de las autoridades competentescorrespondientes, mediante una garantía pignoraticia consistente entítulos emitidos por las administraciones regionales o las autoridadeslocales de países de la zona A, mediante depósitos domiciliados enentidades de crédito de la zona A distintas de la entidad prestamista o
mediante certificados de depósito o instrumentos similares emitidos por
dichas entidades de crédito.
2. Los Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 10 % a
los créditos sobre las entidades especializadas en los mercados inter-bancarios y de la deuda pública en el Estado miembro de origen,
sujetos a una estrecha vigilancia por parte de las autoridades compe-
tentes, cuando dichos activos estén plenamente garantizados, asatisfacción de las autoridades competentes del Estado miembro deorigen, por una combinación de partidas de activo contempladas enlas letras a) y b) del apartado 1 del artículo 43 reconocida por dichasautoridades como constitutiva de una garantía pignoraticia adecuada.
3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones
que adopten en aplicación de los apartados 1 y 2 y los motivos que lasjustifiquen. La Comisión remitirá dicha información a los Estadosmiembros. La Comisión procederá de forma periódica al estudio delas implicaciones de dichas disposiciones con el fin de garantizar queno den lugar a distorsiones de la competencia.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 46
▼B
Artículo 46
Organismosadministrativosyempresassinfinesdelucro
A efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 43 las autoridades
competentes podrán incluir en el concepto de «administraciónregional» y de «autoridad local» a los organismos administrativos sinfines lucrativos responsables ante las administraciones regionales o
autoridades locales, y a las empresas sin fines lucrativos que perte-
nezcan a administraciones centrales, autoridades regionales o locales uautoridades que, en opinión de las autoridades competentes, garanticenlas mismas responsabilidades que las administraciones regionales y lasautoridades locales.
Las autoridades competentes podrán incluir también, en el concepto de
«administración regional» y de «autoridad local», a las iglesias y las
comunidades religiosas que revistan la forma de personas jurídicas de
Derecho público, en la medida en que recauden impuestos de confor-midad con la legislación que les confiera tal Derecho. No obstante, eneste caso, no será de aplicación la opción contemplada en el artículo44.
Artículo 47
Niveldelcoeficiente desolvencia
1. Las entidades de crédito deberán mantener de modo permanente
el coeficiente definido en el artículo 40 a un nivel al menos igual al8% .
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades compe-
tentes podrán establecer coeficientes mínimos superiores, si loconsideran oportuno.
3. En el caso de que el coeficiente llegare a ser inferior al 8 %, las
autoridades competentes velarán por que la entidad de crédito de que
se trate adopte las medidas adecuadas para que el coeficiente alcanceel mínimo establecido lo antes posible.
Sección 3
Grandes riesgos
Artículo 48
Notificación degrandesriesgos
1. Los riesgos contraídos por una entidad de crédito respecto de un
cliente o de un grupo de clientes relacionados entre sí serán conside-rados como «grandes riesgos» cuando su valor sea igual o superior al10 % de sus fondos propios.
2. Las entidades de crédito notificarán a las autoridades competentes
las operaciones de gran riesgo definidas en el apartado 1. Los Estadosmiembros preverán, a su elección, que esta notificación se haga con
arreglo a una de las dos fórmulas siguientes:
— notificación de todas las operaciones de gran riesgo al menos una
vez al año, junto con una comunicación continuada a lo largo delaño de cualquier nueva operación de gran riesgo y de cualquieraumento de los grandes riesgos ya existentes en al menos un 20 %
con respecto a la última comunicación realizada,
— notificación de todas las operaciones de gran riesgo al menos cuatro
veces al año.
3. No obstante, podrán eximirse de la notificación mencionada en el
apartado 2 los riesgos exluidos en virtud de las letras a), b), c), d), f),
g) y h) del apartado 7 del artículo 49. La frecuencia de la notificaciónprevista en el segundo guión del apartado 2 podrá reducirse a dos vecespor año para los demás riesgos contemplados en las letras e) e i) a s)del apartado 7 del artículo 49, así como en los apartados 8, 9 y 10 delcitado artículo.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 47
▼B
4. Las autoridades competentes exigirán que las entidades de crédito
dispongan de procedimientos administrativos y contables seguros y demecanismos internos de control adecuados que permitan identificar y
registrar todas las operaciones de gran riesgo y las modificaciones de
las mismas, conforme a las definiciones y exigencias de la presenteDirectiva, así como supervisar dichos riesgos, habida cuenta de lapolítica de la entidad de crédito en materia de riesgos.
Cuando una entidad de crédito se acoja a lo dispuesto en el apartado 3,
conservará las pruebas de los motivos invocados durante un año a
partir del hecho causante de la exención, a fin de permitir que las auto-ridades competentes puedan verificar el fundamento de la misma.
Artículo 49
Límitesaplicablesalosgrandesriesgos
1. Una entidad de crédito no podrá contraer riesgos cuyo valor total
supere el 25 % de sus fondos propios, respecto de un mismo cliente ode un grupo de clientes relacionados entre sí.
2. Cuando el cliente o el grupo de clientes relacionados entre sí sea
la empresa matriz o la empresa filial de la entidad de crédito o una o
más filiales de dicha empresa matriz, el porcentaje establecido en el
apartado 1 deberá reducirse al 20 %. No obstante, los Estados miem-bros podrán no aplicar este límite del 20 % a las operaciones deriesgo adquiridas frente a dichos clientes si establecen un controlespecífico de tales riesgos por otros medios o procedimientos. Infor-
marán a la Comisión y al Comité consultivo bancario del contenido
de dichas medidas o procedimientos.
3. Las entidades de crédito no podrán contraer grandes riesgos cuyo
valor acumulado supere el 800 % de los fondos propios.
4. Los Estados miembros podrán fijar límites más estrictos que los
valores límite mencionados en los apartados 1, 2 y 3.
5. Las entidades de crédito deberán respetar los límites fijados en
los apartados 1, 2 y 3 en todo momento respecto a los riesgos quecontraigan. No obstante, si en algún caso excepcional los riesgoscontraídos superasen dichos límites, la entidad de crédito deberá
informar de ello inmediatamente a las autoridades competentes, que
podrán concederle, si así lo justifican las circunstancias, un período detiempo limitado para ajustar los riesgos a los límites establecidos.
6. Los Estados miembros podrán exluir total o parcialmente de la
aplicación de los apartados 1, 2 y 3 los riesgos contraídos por una
entidad de crédito respecto de su empresa matriz, respecto de las
demás filiales de la empresa matriz y respecto de sus propias filiales,siempre y cuando dichas empresas estén incluidas en la supervisión enbase consolidada a que estuviera sometida la propia entidad de crédito,de conformidad con la presente Directiva o con normas equivalentesvigentes en un tercer país.
7. Los Estados miembros podrán exluir total o parcialmente de la
aplicación de los apartados 1, 2 y 3 los riesgos siguientes:
a) los activos que constituyan créditos sobre las administraciones
centrales o los bancos centrales de la zona A;
b) los activos que constituyan créditos sobre las Comunidades Euro-
peas;
c) los activos que constituyan créditos expresamente garantizados por
administraciones centrales o los bancos centrales de la zona A, asícomo por las Comunidades Europeas;
d) otros riesgos contraídos sobre, o garantizados por, las administra-
ciones centrales o los bancos centrales de la zona A, o lasComunidades Europeas;
e) los activos que constituyan créditos y otros riesgos sobre las admi-
nistraciones centrales o los bancos centrales de la zona B,nominados y, en su caso, financiados en la moneda nacional delprestatario;2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 48
▼B
f) los activos y otros riesgos garantizados, a satisfacción de las auto-
ridades competentes, mediante una garantía pignoraticia consistenteen valores emitidos por las administraciones centrales o los bancos
centrales de la zona A, por las Comunidades Europeas o por las
administraciones regionales o locales de los Estados miembrospara las cuales el artículo 44 dispone, en materia de solvencia,una ponderación del 0 %;
g) los activos y otros riesgos garantizados, a satisfacción de las auto-
ridades competentes, mediante una garantía pignoraticia consistenteen un depósito en efectivo constituido en la entidad acreedora o enuna entidad de crédito que sea la empresa matriz o una filial de laentidad acreedora;
h) los activos y otros riesgos garantizados, a satisfacción de las auto-
ridades competentes, mediante una garantía pignoraticia consistenteen valores representativos de depósitos emitidos por la entidadacreedora o por una entidad de crédito que sea empresa matriz o
filial de la entidad acreedora y depositada en cualquiera de ellas;
i) los activos que constituyan créditos y otros riesgos sobre entidades
de crédito, con vencimiento igual o inferior a un año, y que noconstituyan fondos propios de dichas entidades;
j) los activos que constituyan créditos y otros riesgos, con venci-
miento igual o inferior a un año, sobre entidades que no sean decrédito pero que se ajusten a lo establecido en el apartado 2 delartículo 45 y garantizados de conformidad con lo dispuesto en
dicho apartado;
k) los efectos de comercio y otros efectos análogos, con vencimiento
igual o inferior a un año, que lleven la firma de otra entidad decrédito;
l) las obligaciones definidas en el apartado 4 del artículo 22 de la
Directiva 85/611/CEE;
m) hasta posterior coordinación, las participaciones en las compañías
de seguros mencionadas en el apartado 3 del artículo 51 hasta un
máximo del 40 % de los fondos popios de la entidad de créditotomadora de la participación;
n) los activos que constituyan créditos sobre entidades de crédito
regionales o centrales a las que, en virtud de disposiciones legales
o estatutarias, la entidad de crédito acreedora esté asociada dentrode una red, y a las que, en aplicación de dichas disposiciones,corresponda efectuar la compensación de los activos líquidos dentrode dicha red;
o) los riesgos garantizados, a satisfacción de las autoridades compe-
tentes, mediante una garantía pignoraticia consistente en valoresdistintos de los contemplados en la letra f), siempre que no hayansido emitidos por la propia entidad de crédito, por su empresa
matriz o por una de sus filiales, ni por el cliente o el grupo de
clientes relacionados entre sí en cuestión. Los valores entregadoscomo garantía pignoraticia deberán ser evaluados al precio delmercado, tener un valor superior al de los riesgos garantizados yestar cotizados en una bolsa de valores, o bien ser efectivamentenegociables y cotizarse de forma regular en un mercado que
funcione por mediación de operadores profesionales reconocidos y
que garantice, a satisfacción de las autoridades competentes delEstado miembro de origen de la entidad de crédito, la posibilidadde determinar un precio objetivo que permita verificar en todomomento el exceso de valor de los mismos. El exceso de valor
exigido será del 100 %; sin embargo, deberá ser del 150 % en el
caso de las acciones y del 50 % en el caso de obligaciones emitidaspor entidades de crédito, o por administraciones regionales olocales de los Estados miembros que no sean las contempladas enel artículo 44, por el Banco Europeo de Inversiones y por losbancos multilaterales de desarrollo. Los valores aportados como
garantía pignoraticia no podrán constituir fondos propios de enti-
dades de crédito;
p) préstamos garantizados, a satisfacción de las autoridades compe-
tentes, por hipotecas sobre viviendas o por acciones en sociedades2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 49
▼B
finlandesas constructoras de viviendas que actúen con arreglo a la
Ley finlandesa de 1991 sobre las sociedades constructoras deviviendas o a la legislación posterior equivalente y operaciones de
arrendamiento financiero en virtud de las cuales el arrendador
mantenga la plena propiedad de la vivienda alquilada mientras elarrendatario no haya ejercido su opción de compra, en ambos casoshasta el 50 % del valor de la correspondiente vivienda. El valor dedicho bien se calculará, a satisfacción de las autoridades compe-
tentes, sobre la base de rigurosas normas de tasación establecidas
por ley o mediante disposiciones reglamentarias o administrativas.La tasación se realizará como mínimo una vez por año. A efectosde la presente letra, se entenderá por «bien inmobiliario» cualquiervivienda que el prestatario ocupe o que vaya a ceder en régimen dearrendamiento;
q) el 50 % de las cuentas de orden de riesgo medio/bajo mencionadas
en el anexo II;
r) con el acuerdo de las autoridades competentes, las garantías
distintas de las establecidas sobre créditos distribuidos, que tengan
fundamento legal o reglamentario y que las sociedades de garantíarecíproca con estatuto de entidad de crédito ofrezcan a sus clientesafiliados, sin perjuicio de que se establezca una ponderación de suimporte del 20 %.
Los Estados miembros informarán a la Comisión del uso que hagan
de esta facultad, a fin de que no se creen distorsiones de la compe-tencia;
s) las cuentas de orden con riesgo bajo mencionadas en el anexo II,
siempre que se haya suscrito con el cliente o grupo de clientes rela-
cionados entre sí un acuerdo en virtud del cual sólo se puedacontraer el riesgo una vez que se haya comprobado que ello noconducirá a que se superen los límites aplicables con arreglo a losapartados 1, 2 y 3.
8. A efectos de aplicación de los apartados 1, 2 y 3, los Estados
miembros podrán aplicar una ponderación del 20 % a los activos que
constituyan créditos sobre las administraciones regionales y locales de
los Estados miembros, así como a cualesquiera otros riesgos asumidossobre dichas administraciones, o garantizados por ellas; los Estadosmiembros podrán, no obstante, reducir la ponderación al 0 % en lascondiciones previstas en el artículo 44.
9. A efectos de los apartados 1, 2 y 3, los Estados miembros podrán
aplicar una ponderación del 20 % a las partidas del activo que consti-
tuyan créditos y a otros riesgos sobre entidades de crédito que tenganun plazo de vencimiento superior a un año pero inferior o igual a tres yuna ponderación del 50 % a las partidas del activo que constituyancréditos sobre entidades de crédito con un vencimiento superior a tresaños, siempre que estos últimos estén representados por instrumentos
de deuda emitidos por una entidad de crédito y siempre que dichos
instrumentos de deuda sean, a juicio de las autoridades competentes,efectivamente negociables en un mercado constituido por operadoresprofesionales y se coticen en él diariamente, o cuya emisión haya sidoautorizada por las autoridades competentes del Estado miembro deorigen de la entidad de crédito emisora. En ninguno de estos casos
dichos elementos podrán constituir fondos propios.
10. No obstante lo dispuesto en la letra i) del apartado 7 y en el
apartado 9, los Estados miembros podrán asignar una ponderación del20 % a los elementos de activo que constituyan créditos y otros riesgossobre entidades de crédito, con independencia de su vencimiento.
11. Cuando un tercero garantice un riesgo respecto de un cliente, o
dicho riesgo esté garantizado por una garantía pignoraticia en valores
emitidos por un tercero en las condiciones definidas en la letra o) del
apartado 7, los Estados miembros podrán:
— considerar que dicho riesgo se asume sobre el tercero y no sobre el
cliente, si dicho tercero garantiza el riesgo, a satisfacción de lasautoridades competentes, directa e incondicionalmente,2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 50
▼B
— considerar que dicho riesgo se asume sobre el tercero y no sobre el
cliente, si el riesgo definido en la letra o) del apartado 7 está garan-tizado por una garantía pignoraticia en las condiciones allí
mencionadas.
12. A más tardar el 1 de enero de 1999, el Consejo examinará,
basándose en un informe de la Comisión, el tratamiento de los riesgosinterbancarios previsto en la letra i) del apartado 7 y en los apartados 9
y 10. El Consejo decidirá, en su caso, basándose en una propuesta de la
Comisión, las modificaciones que deban efectuarse.
Artículo 50
Supervisión de grandes riesgos sobre una base consolidada y no
consolidada
1. Cuando la entidad de crédito no sea ni empresa matriz ni filial, la
observancia de las obligaciones establecidas en los artículos 48 y 49 o
en cualquier otra disposición comunitaria aplicable en este ámbito se
supervisará sobre una base no consolidada.
2. En los demás casos, la observancia del cumplimiento de las obli-
gaciones que figuran en los artículos 48 y 49 o en cualquier otradisposición comunitaria aplicable en este ámbito se supervisará sobre
una base consolidada de conformidad con los artículos 52 a 56.
3. Los Estados miembros podrán no someter a supervisión sobre
base individual o subconsolidada el cumplimiento de las obligacionesestablecidas en los artículos 48 y 49 o en cualquier otra disposición
comunitaria aplicable en este ámbito, por parte de una entidad de
crédito que, como empresa matriz, esté sujeta a supervisión sobre unabase consolidada y de toda empresa filial de tal entidad de crédito queesté sujeta a la autorización y supervisión de los Estados miembros yesté incluida en la supervisión consolidada.
Podrán igualmente no ejercer aquella supervisión cuando la empresa
matriz sea una sociedad financiera de cartera establecida en el mismoEstado miembro que la entidad de crédito, siempre que dicha sociedadesté sujeta a la misma supervisión que la que se ejerce con respecto a
entidades de crédito.
En los supuestos contemplados en los párrafo primero y segundo,
deberán tomarse medidas que garanticen una distribución de riesgosapropiada dentro del grupo.
Sección 4
Participaciones cualificadas fuera del dominio financiero
Artículo 51
Límitesalasparticipacionescualificadasnofinancieras
1. Una entidad de crédito no podrá poseer una participación cualifi-
cada cuyo importe sobrepase el 15 % de sus fondos propios en unaempresa que no sea una entidad de crédito, una entidad financiera ouna empresa cuya actividad esté contemplada en la letra f) del apartado
2 del artículo 43 de la Directiva 86/635/CEE.
2. El importe total de las participaciones cualificadas en empresas
que no sean entidades de crédito, entidades financieras o empresascuya actividad esté contemplada en la letra f) del apartado 2 delartículo 43 de la Directiva 86/635/CEE, no podrá superar el 60 % de
los fondos propios de la entidad de crédito.
3. Los Estados miembros podrán no aplicar los límites fijados en los
apartados 1y2al a s participaciones en las compañías de seguros, tal
como se definen en la Directiva 73/239/CEE y en la Directiva 79/267/CEE, o en las compañías de reaseguros, tal como se definen en laDirectiva 98/78/CE.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 51
▼M2
▼B
4. Las acciones o participaciones poseídas temporalmente a causa de
una operación de asistencia financiera con vistas al saneamiento osalvamento de una empresa o a causa de la suscripción de una emisión
de títulos, durante el período normal de dicha suscripción, o en nombre
propio pero por cuenta de terceros, no se incluirán entre las participa-ciones cualificadas sujetas al cálculo de los límites fijados en losapartados 1 y 2. Las acciones o participaciones que no tengan elcarácter de inmovilizaciones financieras de acuerdo con el apartado 2
del artículo 35 de la Directiva 86/635/CEE no se incluirán.
5. Los límites fijados en los apartados 1 y 2 sólo podrán sobrepa-
sarse en circunstancias excepcionales. En tales casos, las autoridadescompetentes exigirán, no obstante, que la entidad de crédito aumenteel volumen de sus fondos propios o tome otras medidas de efecto equi-valente.
6. Los Estados miembros podrán prever que las autoridades compe-
tentes no apliquen los límites fijados en los apartados 1 y 2 si
establecieren que el exceso de las participaciones cualificadas respectoa dichos límites debe cubrirse en un 100 % mediante fondos propios, yque éstos no entren en el cálculo del coeficiente de solvencia. Si exis-tieren excedentes con respecto a los límites fijados en los apartados 1 y
2, el importe que deba cubrirse mediante fondos será el más elevado de
los excedentes.
CAPÍTULO 3
SUPERVISIÓNSOBREUNABASECONSOLIDADA
Artículo 52
Supervisióndeentidadesdecrédito sobreunabaseconsolidada
1. Toda entidad de crédito que tenga como filial una entidad de
crédito o una entidad financiera o que tenga una participación en enti-dades de esta índole estará sometida a una supervisión basada en susituación financiera consolidada, en la medida y en las condicionesestablecidas en el artículo 54. Dicha supervisión se aplicará comomínimo a los ámbitos contemplados en los apartados 5 y 6.
2. Toda entidad de crédito cuya empresa matriz sea una sociedad
financiera de cartera estará sometida a una supervisión basada en lasituación financiera consolidada de la sociedad financiera de cartera,en la medida y en las condiciones establecidas en el artículo 54. Dichasupervisión se aplicará como mínimo a los ámbitos contemplados enlos apartados 5 y 6. ►
M2Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
54bis, la consolidación de la situación financiera de la sociedad finan-
ciera de cartera no implicará en modo alguno que las autoridadescompetentes estén obligadas a ejercer una función de supervisión sobrela sociedad financiera de cartera considerada de forma individual. ◄
3. Los Estados miembros o las autoridades competentes responsa-
bles de la supervisión consolidada en aplicación del artículo 53
podrán renunciar en casos individuales a incluir en la consolidación a
una entidad de crédito, a una entidad financiera o a una empresa deservicios bancarios auxiliares, filiales o participadas:
— cuando la empresa que haya de incluirse esté situada en un tercer
país en el que existan obstáculos jurídicos para la transmisión de
la información necesaria,
— cuando la empresa de que se trate no presente un interés significa-
tivo, a juicio de las autoridades competentes, con respecto a losobjetivos de la supervisión de las entidades de crédito y, en cual-quier caso, cuando el total del balance de la empresa que haya deincluirse sea inferior al más bajo de los dos importes siguientes: 10
millones de euros o el 1 % del total del balance de la empresa
matriz o de la empresa que posea la participación. En el supuestode que varias empresas respondan a los criterios antes mencionados,deberán, no obstante, incluirse en la consolidación siempre que elconjunto formado por tales empresas presente un interés significa-tivo con respecto al objetivo señalado anteriormente, o2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 52
▼B
— cuando, a juicio de las autoridades competentes encargadas de la
supervisión de forma consolidada, la consolidación de la situaciónfinanciera de la empresa que haya de incluirse resulte inadecuada
o pueda inducir a error desde el punto de vista de los objetivos de
la supervisión de las entidades de crédito.
4. Cuando las autoridades competentes de un Estado miembro no
incluyan una entidad de crédito filial en la supervisión consolidada envirtud de uno de los supuestos previstos en los guiones segundo ytercero del apartado 3, las autoridades competentes del Estado miembroen que esté situada dicha entidad podrán pedir a la empresa matriz la
información que pueda facilitar el ejercicio de la supervisión de dicha
entidad de crédito.
5. La supervisión de la solvencia y de la adecuación de los fondos
propios a los riesgos de mercado y el control de grandes riesgos se
realizarán de forma consolidada de conformidad con lo dispuesto enel presente artículo y en los artículos 53 a 56. Los Estados miembrosadoptarán las medidas necesarias, en su caso, para la inclusión de lassociedades financieras de cartera en la supervisión de forma consoli-
dada, de acuerdo con el apartado 2.
La observancia de los límites fijados en los apartados 1 y 2 del artículo
51 será objeto de supervisión y control sobre la base de la situación
financiera consolidada o subconsolidada de la entidad de crédito.
6. Las autoridades competentes prescribirán, para la totalidad de las
empresas incluidas en el ámbito de la supervisión consolidada a que
estarán sujetas las entidades de crédito en aplicación de los apartados1 y 2, la existencia de los oportunos procedimientos de control internopara la presentación de información y de datos útiles para el ejerciciode la supervisión de forma consolidada.
7. Sin perjuicio de las disposiciones específicas establecidas en otras
Directivas, los Estados miembros podrán no aplicar de forma subconso-
lidada o individual las reglas enunciadas en el apartado 5 a las
entidades de crédito que, como empresas matrices, estén sujetas asupervisión consolidada, o a cualquier filial de la entidad de créditode que se trate que dependa de su autorización y de su supervisión, yesté incluida en la supervisión sobre una base consolidada de la entidadde crédito que sea la empresa matriz. Se admitirá la misma facultad
eximente cuando la empresa matriz sea una sociedad financiera de
cartera con domicilio social en el mismo Estado miembro que laentidad de crédito, siempre que esté sometida a la misma supervisiónque la ejercida sobre las entidades de crédito, y en particular a las re-glas enunciadas en el apartado 5.
En los dos supuestos contemplados en el párrafo primero, se deberán
tomar medidas para garantizar un reparto adecuado del capital dentrodel grupo bancario.
Si las autoridades competentes aplican estas normas de forma indivi-
dual, podrán hacer uso, para el cálculo de los fondos propios, de la
disposición prevista en el último párrafo del apartado 2 del artículo 34.
8. Cuando una entidad de crédito, filial de una empresa matriz que
sea una entidad de crédito, haya sido autorizada y esté situada en otro
Estado miembro, las autoridades competentes que hayan concedidodicha autorización aplicarán a dicha entidad las reglas enunciadas enel apartado 5 de forma individual o, en su caso, subconsolidada.
9. No obstante lo dispuesto en el apartado 8, las autoridades compe-
tentes responsables de la autorización de la filial de una empresa matrizque sea una entidad de crédito podrán delegar su responsabilidad desupervisión, mediante acuerdo bilateral, en las autoridades competentes
que hayan autorizado y supervisen a la empresa matriz, con el fin de
que éstas se ocupen de la vigilancia de la filial con arreglo a las dispo-siciones de la presente Directiva. Se deberá mantener informada a laComisión de la existencia y del contenido de tales acuerdos. Ésta trans-mitirá dicha información a las autoridades competentes de los demásEstados miembros y al Comité consultivo bancario.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 53
▼B
10. Los Estados miembros preverán que sus autoridades compe-
tentes encargadas de ejercer la supervisión de forma consolidadapuedan pedir a las filiales de una entidad de crédito o de una sociedad
financiera de cartera que no estén incluidas en el ámbito de la supervi-
sión consolidada la información mencionada en el artículo 55. En estecaso, se aplicarán los procedimientos de transmisión y verificaciónprevistos por el citado artículo.
Artículo 53
Autoridades competentes responsables de la supervisión sobre una
baseconsolidada
1. Cuando la empresa matriz sea una entidad de crédito, la supervi-
sión de forma consolidada será ejercida por las autoridadescompetentes que hayan concedido a dicha entidad de crédito la autori-zación contemplada en el artículo 4.
2. Cuando una entidad de crédito tenga por empresa matriz a una
sociedad financiera de cartera, la supervisión de forma consolidadaserá ejercida por las autoridades competentes que hayan concedido adicha entidad de crédito la autorización contemplada en el artículo 4.
No obstante, cuando entidades de crédito autorizadas en más de un
Estado miembro tengan por empresa matriz a la misma sociedad finan-ciera de cartera, la supervisión de forma consolidada será ejercida porlas autoridades competentes de la entidad de crédito autorizada en elEstado miembro en el que se haya constituido la sociedad financiera
de cartera.
Si no hubiese entidad de crédito filial autorizada en el Estado miembro
en el que se haya constituido la sociedad financiera de cartera, las auto-
ridades competentes de los Estados miembros afectados (incluidas las
del Estado miembro en el que se haya constituido la sociedad finan-ciera de cartera) se concertarán para designar, de común acuerdo, alas que, de entre ellas, ejercerán la supervisión sobre una base consoli-dada. De no haber tal acuerdo, la supervisión consolidada será ejercidapor las autoridades competentes que hayan autorizado a la entidad de
crédito con el total de balance más elevado; si los totales de balance
fuesen iguales, la supervisión consolidada será ejercida por las autori-dades competentes que hayan concedido en primer lugar laautorización contemplada en el artículo 4.
3. Las autoridades competentes afectadas podrán, de común acuerdo,
establecer excepciones a las normas enunciadas en los párrafos primeroy segundo del apartado 2.
4. Los acuerdos a que se refieren el párrafo tercero del apartado 2 y
el apartado 3 preverán las medidas concretas de colaboración y de
transmisión de la información que permitan alcanzar los objetivos dela supervisión sobre una base consolidada.
5. Cuando en los Estados miembros exista más de una autoridad
competente para llevar a cabo la supervisión cautelar de las entidadesde crédito y de las entidades financieras, los Estados miembrostomarán las medidas necesarias a fin de organizar la coordinación entredichas autoridades.
Artículo 54
Forma yalcance delaconsolidación
1. Las autoridades competentes responsables de la supervisión
consolidada deberán exigir, a los efectos de la supervisión, la consoli-dación íntegra de las entidades de crédito y de las entidades financierasque sean filiales de la empresa matriz.
No obstante, podrá prescribirse la consolidación proporcional cuando, a
juicio de las autoridades competentes, la responsabilidad de la empresamatriz que tenga una parte del capital esté limitada a dicha parte decapital, debido a la responsabilidad de los demás accionistas oasociados y a la satisfactoria solvencia de estos últimos. La responsabi-lidad de los demás accionistas y asociados deberá establecerse2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 54
▼B
claramente, si fuera preciso mediante compromisos expresamente
suscritos.
En el caso de que las empresas estén vinculadas por una relación en el
sentido del apartado 1 del artículo 12 de la Directiva 83/349/CEE, lasautoridades competentes determinarán las modalidades de la consolida-
ción.
2. Las autoridades competentes responsables de la supervisión
consolidada deberán exigir, a los efectos de la supervisión, la consoli-
dación proporcional de las participaciones en entidades de crédito o enentidades financieras dirigidas por una empresa incluida en la consoli-dación conjuntamente con una o varias empresas no incluidas en laconsolidación, cuando de ello se derive una limitación de la responsa-bilidad de dichas empresas en función de la parte de capital que
posean.
3. En casos de participación u otros vínculos de capital distintos de
los contemplados en los apartados 1 y 2, las autoridades competentesdeterminarán si debe llevarse a cabo la consolidación y de qué forma.En particular, podrán permitir o prescribir la utilización del método de
equivalencia. No obstante, este método no determinará una inclusión de
las empresas de las que se trate en la supervisión consolidada.
4. Sin perjuicio de los apartados 1, 2 y 3, las autoridades compe-
tentes decidirán si, en los casos siguientes, debe efectuarse laconsolidación, y de qué forma:
— cuando una entidad de crédito ejerza, en opiníon de las autoridades
competentes, una influencia importante en una o varias entidades decrédito o entidades financieras, sin poseer sin embargo una partici-
pación u otros vínculos de capital en estas entidades,
— cuando dos o más entidades de crédito o entidades financieras se
encuentren bajo dirección única, sin que ésta deba haber sido esta-blecida por contrato o por medio de cláusulas estatutarias.
En particular, las autoridades competentes podrán permitir o prescribir
la utilización del método previsto en el artículo 12 de la Directiva 83/
349/CEE, si bien este método no determinará que las empresas de quese trate queden incluidas en la supervisión consolidada.
5. Cuando la supervisión consolidada se prescriba en aplicación de
los apartados 1 y 2 del artículo 52, las empresas de servicios bancarios
auxiliares se incluirán en la consolidación en los mismos casos y según
los mismos métodos que los señalados en los apartados 1 a 4 delpresente artículo.
Artículo 54 bis
Órganosdedirección delassociedadesfinancierasdecartera
Los Estados miembros exigirán que las personas encargadas de la
dirección efectiva de una sociedad financiera de cartera tengan la hono-rabilidad y experiencia suficientes para ejercer sus funciones.
Artículo 55
Información quedeberán facilitar las sociedades mixtas de cartera
ysusfiliales
1. Hasta una posterior coordinación de los métodos de consolida-
ción, los Estados miembros preverán que, cuando la empresa matrizde una o de varias entidades de crédito sea una sociedad mixta decartera, las autoridades competentes responsables de la autorización y2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 55
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de la supervisión de dichas entidades de crédito exijan a la sociedad
mixta de cartera y a sus filiales, dirigiéndose directamente a aquéllaso por mediación de las entidades de crédito filiales, la comunicación
de toda información pertinente para ejercer la supervisión sobre las
entidades de crédito filiales.
2. Los Estados miembros preverán que sus autoridades competentes
puedan realizar, o encomendar a auditores externos, la comprobación in
situde la información facilitada por las sociedades mixtas de cartera y
sus filiales. Cuando la sociedad mixta de cartera o una de sus filialessea una empresa de seguros, se podrá recurrir igualmente al procedi-
miento previsto en el apartado 4 del artículo 56. Cuando la sociedad
mixta de cartera o una de sus filiales esté situada en un Estadomiembro distinto de aquél en el que esté situada la entidad de créditofilial, la comprobación in situ de la información se hará según el proce-
dimiento previsto en el apartado 7 del artículo 56.
Artículo 55 bis
Operaciones intragrupoconsociedadesmixtasdecartera
Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 3 del capítulo 2 del título V
de la presente Directiva, los Estados miembros dispondrán que, cuandola empresa matriz de una o más entidades de crédito sea una sociedadmixta de cartera, las autoridades competentes responsables de la super-visión de estas entidades de crédito efectuarán la supervisión general de
las operaciones entre la entidad de crédito y la sociedad mixta de
cartera y sus filiales.
Las autoridades competentes exigirán que las entidades de crédito
cuenten con sistemas de gestión de riesgos y mecanismos de controlinterno adecuados, incluidos unos procedimientos de información y decontabilidad sólidos con el fin de identificar, medir, seguir y controlardebidamente las operaciones con su sociedad mixta matriz de cartera y
sus filiales. Las autoridades competentes exigirán que la entidad de
crédito informe de cualquier otra operación significativa con estas enti-dades distinta de la mencionada en el artículo 48. Estos procedimientosy operaciones significativas estarán sujetos a la revisión de las autori-dades competentes.
En los casos en que dichas operaciones intragrupo supongan una
amenaza para la situación financiera de una entidad de crédito, la auto-ridad competente responsable de la supervisión de la entidad adoptará
las medidas oportunas.
Artículo 56
Medidasdestinadasafacilitar laaplicacióndelasupervisiónsobre
unabaseconsolidada
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que
ningún obstáculo de naturaleza jurídica impida a las empresas incluidas
en el ámbito de la supervisión consolidada, ni a las sociedades mixtas
de cartera ni a sus filiales ni a las filiales previstas en el apartado 10del artículo 52, intercambiar entre sí la información pertinente para elejercicio de la supervisión con arreglo a lo dispuesto en los artículos 52a 55 y en el presente artículo.
2. Cuando la empresa matriz y la o las entidades de crédito que sean
filiales suyas estén situadas en Estados miembros diferentes, las auto-
ridades competentes de cada Estado miembro se comunicarán toda la
información pertinente con miras a hacer posible o facilitar el ejerciciode la supervisión sobre base consolidada.
Cuando las autoridades competentes del Estado miembro en el que esté
situada la empresa matriz no ejerzan por sí mismas la supervisión sobrebase consolidada en virtud de lo dispuesto en el artículo 53, las auto-ridades competentes encargadas de ejercer dicha supervisión podráninstarlas a que pidan a dicha empresa matriz la información pertinente2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 56
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para el ejercicio de la supervisión sobre base consolidada y a que la
transmitan a dichas autoridades.
3. Los Estados miembros autorizarán el intercambio entre sus auto-
ridades competentes de la información a que se refiere el apartado 2,entendiéndose que, en el caso de las sociedades financieras de cartera,
de las entidades financieras o de las empresas de servicios bancarios
auxiliares, la recogida o la tenencia de información no implicará enmodo alguno que las autoridades competentes estén obligadas a ejerceruna función de supervisión sobre dichas entidades o empresas conside-radas individualmente.
Asimismo, los Estados miembros autorizarán el intercambio entre sus
autoridades competentes de la información contemplada en el artículo55, entendiéndose que la recogida o la tenencia de información no
implicará, en modo agluno, que las autoridades competentes ejerzan
una función de supervisión sobre la sociedad mixta de cartera y aque-llas de sus filiales que no sean entidades de crédito, ni sobre las filialesmencionadas en el apartado 10 del artículo 52.
4. Cuando una entidad de crédito, una sociedad financiera de cartera
o una sociedad mixta de cartera controlen una o varias filiales que seanempresas de seguros u otras empresas de servicios de inversión sujetasa un régimen de autorización, las autoridades competentes y las auto-
ridades facultadas para proceder a la supervisión de las empresas de
seguros o de las citadas empresas de servicio de inversión colaboraránestrechamente. Sin perjuicio de sus respectivas competencias, dichasautoridades se comunicarán toda información que pueda facilitar sulabor y permitir un control de la actividad y de la situación financiera
global de las empresas sujetas a su supervisión.
5. Toda información recibida en el marco de la supervisión sobre
una base consolidada, y en particular los intercambios de información
entre autoridades competentes previstos por la presente Directiva,
quedarán sujetos al secreto profesional definido en el artículo 30.
6. Las autoridades competentes encargadas de ejercer la supervisión
consolidada establecerán una lista de las sociedades financieras decartera contempladas en el apartado 2 del artículo 52. Dicha lista seráenviada a las autoridades competentes de los demás Estados miembrosy a la Comisión.
7. Cuando, en el marco de la aplicación de la presente Directiva, las
autoridades competentes de un Estado miembro deseen verificar, encasos determinados, cierta información sobre una entidad de crédito,
una sociedad financiera de cartera, una entidad financiera, una empresa
de servicios bancarios auxiliares, una sociedad mixta de cartera o unafilial de las contempladas en el artículo 55, o una filial de las mencio-nadas en el apartado 10 del artículo 52, situada en otro Estadomiembro, deberán solicitar a las autoridades competentes de dichoEstado miembro que se proceda a tal verificación. Las autoridades
competentes que reciban la solicitud deberán darle curso, en el marco
de su competencia, bien procediendo por sí mismas a dicha verifica-ción, bien permitiendo que procedan a ella las autoridadescompetentes que hayan presentado la solicitud, bien permitiendo queproceda a ella un auditor o un perito. ►
M2La autoridad competente
solicitante podrá participar en la verificación, si así lo desea, cuando no
proceda por sí misma a la verificación. ◄
8. Los Estados miembros preverán que, sin perjuicio de las disposi-
ciones de Derecho penal aplicables, puedan dictarse respecto de las
sociedades financieras de cartera y las sociedades mixtas de cartera, ode sus directivos responsables, que infrinjan las disposiciones legales,reglamentarias o administrativas adoptadas en aplicación de losartículos 52 a 55 y del presente artículo, sanciones o medidas desti-
nadas a poner fin a las infracciones comprobadas o a sus causas. En
determinados casos, estas medidas podrán requerir la intervención delas autoridades judiciales. Las autoridades competentes colaboraránestrechamente entre sí a fin de que las sanciones o medidas antesmencionadas obtengan el efecto esperado, en particular, cuando lasede social de una sociedad financiera de cartera o de una sociedad2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 57
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mixta de cartera y su administración central o su establecimiento prin-
cipal no se encuentren en el mismo lugar.
Artículo 56 bis
Empresasmatrices situadasenterceros países
Cuando una entidad de crédito, cuya empresa matriz sea una entidad de
crédito o una sociedad financiera de cartera con domicilio social fuerade la Comunidad, no esté sujeta a una supervisión consolidada conarreglo a lo dispuesto en el artículo 52, las autoridades competentes
verificarán si está sujeta por la autoridad competente de un tercer país
a una supervisión consolidada regulada por principios equivalentes alos establecidos en el artículo 52. La verificación corresponderá a laautoridad competente que hubiera sido responsable de la supervisiónconsolidada en caso de haberse aplicado el párrafo cuarto, a petición
de la empresa matriz o de cualquiera de las entidades reguladas auto-
rizadas en la Comunidad o por propia iniciativa. Dicha autoridadcompetente consultará a las demás autoridades competentes intere-sadas.
El Comité consultivo bancario podrá dictar orientaciones generales
sobre las probabilidades de que las disposiciones de supervisión conso-lidada de autoridades competentes de terceros países alcancen losobjetivos de la supervisión consolidada definidos en el presentecapítulo en relación con las entidades de crédito cuya empresa matriz
tenga su domicilio social fuera de la Comunidad. El Comité revisará
estas orientaciones y tendrá en cuenta cualquier cambio que puedansufrir las disposiciones de supervisión consolidada que aplican dichasautoridades competentes.
La autoridad competente que lleve a cabo la verificación a la que se
refiere el párrafo segundo tendrá en cuenta dichas orientaciones. Adicho efecto la autoridad competente consultará al Comité antes detomar una decisión.
A falta de esa supervisión equivalente, los Estados miembros aplicarán,
por analogía, lo dispuesto en el artículo 52 a la entidad de crédito.
De manera alternativa, los Estados miembros autorizarán a sus autori-
dades competentes a aplicar otras técnicas de supervisión apropiadasque logren los objetivos de la supervisión consolidada de las entidadesde crédito. Dichos métodos deberán ser concertados por las autoridades
responsables de la supervisión consolidada tras consultar a las demás
autoridades competentes interesadas. Las autoridades competentespodrán exigir, en especial, la creación de una sociedad financiera decartera cuyo domicilio social esté situado en la Comunidad y aplicarlas disposiciones en materia de supervisión consolidada sobre la basede la situación consolidada de dicha sociedad financiera de cartera.
Los métodos deberán cumplir los objetivos de la supervisión consoli-
dada definidos en el presente capítulo y ser comunicados a las demásautoridades competentes implicadas y a la Comisión.
TÍTULO VI
COMITÉCONSULTIVOBANCARIO
Artículo 57
ComposiciónyfuncionesdelComitéconsultivobancario
1. Se crea ante la Comisión un Comité consultivo bancario
compuesto de autoridades competentes de los Estados miembros.
2. El Comité consultivo bancario tiene por misión asistir a la Comi-
sión en su tarea de asegurar la correcta aplicación de la presenteDirectiva. Además, llevará a cabo las restantes tareas previstas en lapresente Directiva y ayudará a la Comisión en la elaboración de nuevaspropuestas que deban presentarse al Consejo en lo relativo a la coordi-nación en el ámbito de las entidades de crédito.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 58
▼M2
▼B
▼B
3. El Comité consultivo bancario no se ocupará del estudio de los
problemas concretos que tengan relación con las diferentes entidadesde crédito.
4. El Comité consultivo bancario estará compuesto por tres repre-
sentantes como máximo de cada Estado miembro y de la Comisión.
Estos representantes podrán estar ocasionalmente acompañados por
asesores, a reserva de acuerdo previo del Comité. El Comité podrá,asimismo, invitar a personas cualificadas y a expertos para tomar parteen sus reuniones. Las tareas de secretariado estarán a cargo de la Comi-sión.
5. El Comité consultivo bancario adoptará su reglamento interno y
elegirá un presidente entre los representantes de los Estados miembros.Se reunirá a intervalos regulares y cada vez que la situación lo
requiera. La Comisión podrá solicitar que el Comité se reúna con
urgencia si estima que la situación lo requiere.
6. Las deliberaciones del Comité consultivo bancario y sus resul-
tados serán confidenciales a menos que el Comité decida lo contrario.
Artículo 58
Examendelascondicionesdelaautorización
El Comité consultivo bancario estará encargado de examinar el conte-
nido dado por los Estados miembros a las condiciones contempladas enel apartado 1 del artículo 5 y en el apartado 1 del artículo 6, lasrestantes condiciones que aquellos apliquen eventualmente, así comolas indicaciones que deberán figurar en el programa de actividades, y
elevará, en su caso, sugerencias a la Comisión orientadas a una coordi-
nación más detallada.
Artículo 59
Relacionesdeobservación
1. A la espera de una coordinación posterior, las autoridades compe-
tentes establecerán a título de observación, en su casocomplementariamente a los eventuales coeficientes que apliquen, rela-ciones entre diferentes partidas del activo o del pasivo de las entidadesde crédito con objeto de vigilar la solvencia y la liquidez de las enti-
dades de crédito y el resto de las condiciones útiles para la protección
del ahorro.
Con esta finalidad, el Comité consultivo bancario determinará el conte-
nido de los diferentes elementos de las relaciones de observacióncontempladas en el párrafo primero y fijará el método que deberá apli-carse para su cálculo.
En su caso, el Comié consultivo bancario tendrá en cuenta las consultas
técnicas que tengan lugar entre las autoridades de control de las cate-gorías de entidades implicadas.
2. Las relaciones establecidas a título de observación en virtud del
apartado 1 se calcularán al menos cada seis meses.
3. El Comité consultivo bancario examinará los resultados de los
análisis efectuados por las autoridades de control a que se refiere elpárrafo tercero del apartado 1, sobre la base de los cálculos contem-plados en el apartado 2.
4. El Comité consultivo bancario podrá hacer a la Comisión cual-
quier sugerencia encaminada a la coordinación de los coeficientesaplicables en los Estados miembros.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 59
▼B
TÍTULO VII
PODERESDEEJECUCIÓN
Artículo 60
Adaptacionestécnicas
1. Sin perjuicio, en lo realtivo a los fondos propios, del informe
mencionado en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 34, las
adaptaciones de carácter técnico relativas a los guiones siguientes se
aprobarán con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2:
— la clarificación de las definiciones a fin de tener en cuenta en la
aplicación de la presente Directiva la evolución de los mercadosfinancieros,
— la clarificación de las definiciones a fin de asegurar la aplicación
uniforme de la presente Directiva en la Comunidad,
— la adecuación de la terminología y de la formulación de las defini-
ciones con la de los actos ulteriores relativos a las entidades de
crédito y materias conexas,
— la definición de la zona A del punto 14 del artículo 1,— la definición de los bancos multilaterales de desarrollo del punto 19
del artículo 1,
— la modificaión de la cuantía de capital inicial previsto en el artículo
5 a fin de tener en cuenta los desarrollos económicos y monetarios,
— la ampliación del contenido de la lista mencionada en los artículos
18 y 19, que figura en el anexo I, o la adaptación de la terminología
de la lista a fin de tener en cuenta el desarrollo de los mercadosfinancieros,
— los ámbitos en los que las autoridades competentes deben intercam-
biar informaciones, enumerados en el artículo 28,
— la modificación de la definición de activos del artículo 43 aten-
diendo a los desarrollos de los mercados financieros,
— la lista y la clasificación de las cuentas de orden que figuran en los
anexos II y IV y su tratamiento en el cálculo del coeficientedescrito en los artículos 42, 43 y 44 y en el anexo III,
— una reducción transitoria del coeficiente mínimo previsto en el
artículo 47 o de las ponderaciones previstas en el artículo 43 a finde tener en cuenta circunstancias específicas,
— la aclaración de las excepciones previstas en los apartados 5 a 10
del artículo 49.
2. La Comisión estará asistida por un Comité.En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de
aplicación los artículos 5y7d el aD ecisión 1999/468/CE, observando
lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses. El Comité aprobarásu reglamento interno.
TÍTULO VIII
DISPOSICIONESTRANSITORIASYFINALES
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONESTRANSITORIAS
Artículo 61
Disposicionestransitoriasrelativas alartículo36
Dinamarca podrá autorizar a las entidades de crédito hipotecario de su
país organizadas en forma de sociedades cooperativas o de fondos,antes del 1 de enero de 1990, y transformadas en sociedades anónimas,a seguir incluyendo en sus fondos propios los compromisos solidariosde sus miembros, respectivamente de los prestatarios contemplados en2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 60
▼B
el apartado 1 del artículo 36, cuyos crédito estén asimilados a dichos
compromisos solidarios, dentro de los límites siguientes:
a) la base de cálculo de la parte de los compromisos solidarios de los
prestatarios será equivalente al total de los elementos contempladosen los puntos 1 más 2 del apartado 2 del artículo 34 menos loselementos contemplados en los puntos 9, 10 y 11 del apartado 2
del artículo 34;
b) la base de cálculo el 1 de enero de 1991 o, si la transformación se
efectuara posteriormente, en la fecha en que ésta tenga lugar, será la
base máxima de cálculo. La base de cálculo no podrá, en ningúncaso, ser superior a la base máxima de cálculo;
c) la base máxima de cálculo se reducirá a partir del 1 de enero de
1997, en la mitad del producto de toda la ampliación del capital—a efectos del punto 1 del apartado 2 del artículo 34— que serealice con posterioridad a esa fecha; y
d) el importe máximo de los compromisos solidarios de los prestatarios
incluidos en los fondos propios no podrá exceder del:
50 % en 1991 y 1992,
45 % en 1993 y 1994,40 % en 1995 y 1996,35 % en 1997,30 % en 1998,20 % en 1999,10 % en 2000, y
0 % a partir del 1 de enero de 2001, de la base de cálculo.
Artículo 62
Disposicionestransitoriasrelativas alartículo43
1. Hasta el 31 de diciembre de 2006, las autoridades competentes de
los Estados miembros podrán autorizar a sus entidades de crédito aaplicar una ponderación de riesgo del 50 % a los préstamos que esténplena e íntegramente garantizados, a satisfacción suya, por hipotecas
sobre oficinas y locales comerciales polivalentes situados en el terri-
torio de aquellos Estados miembros que permitan una ponderación deriesgo del 50 %, con sujeción a las condiciones siguientes:
i) el 50 % de la ponderación de riesgo se aplicará a la parte del prés-
tamo que no exceda un límite calculado conforme a lo dispuesto enlas letras a) o b) siguientes:
a) el 50 % del valor venal del inmueble de que se trate.
El valor venal del inmueble será calculado por dos tasadores
independientes, que harán sendas tasaciones, independientesentre sí, en el momento en que se haga el préstamo. Éste deberábasarse en la más baja de las dos tasaciones.
El inmueble volverá a ser tasado al menos una vez al año por un
único tasador. Para los préstamos que no superen 1 millón deeuros y el 5 % de los fondos propios de la entidad de crédito,
el inmueble volverá a ser tasado al menos una vez cada tres
años por un único tasador;
b) el más bajo de los valores siguientes: el 50 % del valor venal
del inmueble o el 60 % del valor del crédito hipotecario, enaquellos Estados miembros que hayan fijado, en sus leyes oreglamentos, unos criterios rigurosos para la tasación del valorde los créditos hipotecarios.
Se entenderá por «valor del crédito hipotecario» el valor del
inmueble determinado por un tasador que realice una tasación
prudente de la posibilidad futura de comerciar con el inmueble,teniendo en cuenta los aspectos duraderos a largo plazo delmismo, las condiciones del mercado normales y locales, su usoen el momento de la tasación y sus usos alternativos correspon-dientes. Los elementos especulativos no se podrán tener en2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 61
▼B
cuenta en la tasación del valor del crédito hipotecario. El valor
del crédito hipotecario se documentará de manera clara y trans-parente.
Al menos cada tres años, o si el mercado acusa una baja de más
del 10 %, se volverá a evaluar el valor del crédito hipotecario y,en particular, las hipótesis subyacentes relativas al desarrollo delmercado de que se trate.
Tanto en el caso a) como en el caso b), se entenderá por «valor
venal» el precio al que podría venderse el inmueble, mediantecontrato privado entre un vendedor voluntario y un compradorindependiente en la fecha de la tasación, en el supuesto de que el
bien su hubiere ofrecido públicamente en el mercado, que las
condiciones del mercado permitieren disponer del mismo demanera ordenada y que se dispusiere de un plazo normal, habidacuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta;
ii) la ponderación del riesgo del 100 % se aplicará a la parte del prés-
tamo que supere los límites fijados en el inciso i);
iii) el inmueble deberá ser ocupado o cedido en régimen de arrenda-
miento por su propietario.
Lo dispuesto en el párrafo primero no impedirá que las autoridades
competentes de un Estado miembro que apliquen una ponderaciónmás elevada en su territorio puedan permitir, en las condiciones defi-nidas más arriba, la aplicación de una ponderación del 50 % a estetipo de préstamos en los territorios de aquellos Estados miembros quepermitan una ponderación de los riesgos del 50 %.
Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar
a sus entidades de crédito a aplicar una ponderación de riesgo del 50 %
a los préstamos pendientes el 21 de julio de 2000, siempre que secumplan las condiciones enumeradas en el presente apartado. En estecaso, el inmueble será tasado conforme a los criterios de tasaciónfijados más arriba, a más tardar el 21 de julio de 2003.
Para los préstamos concedidos antes del 31 de diciembre de 2006, la
ponderación de riesgo del 50 % seguirá aplicándose hasta su venci-miento, cuando la entidad de crédito esté obligada a cumplir las
condiciones del contrato.
Hasta el 31 de diciembre de 2006, las autoridades competentes de los
Estados miembros podrán autorizar asimismo a sus entidades de crédito
a aplicar una ponderación de riesgo del 50 % a la parte de los prés-tamos garantizada plenamente, a su satisfacción, mediante acciones desociedades inmobiliarias finlandesas que operen de conformidad con laLey finlandesa de sociedades inmobiliarias de 1991 o la legislación
posterior equivalente, siempre que se cumplan las condiciones del
presente apartado.
Los Estados miembros informarán a la Comisión de la forma en que
apliquen el presente apartado.
2. Los Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 50 %
para las operaciones de arrendamiento inmobiliario con opción decompra realizadas antes del 31 de diciembre de 2006, referidas a bienesde utilización profesional situados en el país de la sede social y regu-ladas por las disposiciones legales que establezcan que el arrendador
conserve la propiedad íntegra del objeto arrendado hasta que el arren-
datario ejerza su opción de compra. Los Estados miembros informarána la Comisión de la forma en que apliquen el presente apartado.
3. El apartado 3 del artículo 43 se entenderá sin perjuicio del reco-
nocimiento por las autoridades competentes de los contratos bilateralesde novación que hayan sido celebrados en el caso de:
— Bélgica, antes de 23 de abril de 1996,
— Dinamarca, antes del 1 de junio de 1996,— Alemania, antes del 30 de octubre de 1996,
— Grecia, antes del 27 de marzo de 1997,
— España, antes del 7 de enero de 1997,
— Francia, antes del 30 de mayo de 1996,2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 62
▼B
— Irlanda, antes del 27 de junio de 1996,
— Italia, antes del 30 de julio de 1996,
— Luxemburgo, antes del 29 de mayo de 1996,
— los Países Bajos, antes del 1 de julio de 1996,— Austria, antes del 30 de diciembre de 1996,— Portugal, antes del 15 de enero de 1997,
— Finlandia, antes del 21 de agosto de 1996,
— Suecia, antes del 1 de junio de 1996,— el Reino Unido, antes del 30 de abril de 1996.
Artículo 63
Disposicionestransitoriasrelativas alartículo47
1. Las entidades de crédito cuyo coeficiente mínimo no alcanzara el
1 de enero de 1991 el 8 % previsto en el apartado 1 del artículo 47
deberán aproximarse progresivamente, en fases sucesivas, a dichonivel. Mientras no hayan alcanzado dicho objetivo, no podrán permitirque el nivel del coeficiente descienda por debajo del nivel alcanzado.Si, no obstante, se produjese tal fluctuación, la misma deberá ser
temporal y el motivo deberá comunicarse a las autoridades compe-
tentes.
2. Durante un período que no exceda de cinco años a contar desde el
1 de enero de 1993, los Estados miembros podrán aplicar la pondera-
ción del 10 % a las obligaciones que se definen en el apartado 4 del
artículo 22 de la Directiva 85/611/CEE, y mantenerla, si lo considerannecesario, para las entidades de crédito, a fin de evitar graves perturba-ciones en sus mercados. Tales excepciones serán comunicadas a laComisión.
3. Durante un período que no exceda de siete años a partir del 1 de
enero de 1993, el apartado 1 del artículo 47 no se aplicará al BancoAgrícola de Grecia. No obstante, dicho banco deberá aproximarse enfases sucesivas al nivel prescrito en el apartado 1 del artículo 47, segúnel método que se describe en el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 64
Disposicionestransitoriasrelativas alartículo49
1. Si, el 5 de febrero de 1993, una entidad de crédito hubiera acep-
tado ya un riesgo, o riesgos, que superen los límites aplicables a losgrandes riesgos o el límite aplicable a la acumulación de grandesriesgos, previstos en el artículo 49, las autoridades competentesexigirán a dicha entidad de crédito que adopte las medidas necesarias
para reducir el riesgo o riesgos considerados al nivel previsto por las
disposiciones del artículo 49.
2. El procedimiento destinado a reducir el riesgo o riesgos al nivel
autorizado se definirá, se adoptará, se aplicará y se concluirá en el
plazo que las autoridades competentes consideren conforme al principio
de gestión saneada y de competencia leal. Las autoridades competentesinformarán a la Comisión y al Comité consultivo bancario sobre elcalendario del procedimiento general adoptado.
3. La entidad de crédito no podrá adoptar medida alguna que tenga
por efecto aumentar los riesgos a que se hace referencia en el apartado1 con respecto al nivel que representaban dichos riesgos el 5 de febrerode 1993.
4. El plazo que deberá aplicarse en virtud del apartado 2 expirará, a
más tardar, el 31 de diciembre de 2001. Los riesgos de vencimientomás largo cuyos términos contractuales esté obligada a cumplir laentidad prestamista podrán mantenerse hasta dicho vencimiento.
5. Hasta el 31 de diciembre de 1998, los Estados miembros podrán
aumentar el límite establecido en el apartado 1 del artículo 49 hasta el40 % y el límite establecido en el apartado 2 del artículo 49 hasta el30 %. En tal caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a4, el plazo para reducir los riesgos existentes al finalizar el citado2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 63
▼B
período hasta los niveles previstos en el artículo 49 finalizará el 31 de
diciembre de 2001.
6. Únicamente para las entidades de crédito cuyos fondos propios no
rebasen los 7 millones de euros, los Estados miembros podránprorrogar por cinco años los plazos previstos en el apartado 5. LosEstados miembros que se acojan a la facultad prevista en el presenteapartado velarán por evitar distorsiones de la competencia e informarán
sobre las medidas adoptadas al respecto a la Comisión y al Comité
consultivo bancario.
7. En los casos contemplados en los apartados 5 y 6, un riesgo podrá
considerarse gran riesgo si su importe es igual o superior al 15 % de
los fondos propios.
8. Hasta el 31 de diciembre de 2001 los Estados miembros podrán
sustituir la frecuencia de notificación de grandes riesgos a que se hacemención en el segundo guión del apartado 2 del artículo 48 por una
frecuencia de dos veces al año como mínimo.
9. Los Estados miembros podrán eximir total o parcialmente de la
aplicación de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 49 los riesgos
contraídos por una entidad de crédito consistentes en préstamos hipote-
carios, a efectos del apartado 1 del artículo 62, concluidos antes del 1
de enero de 2002, así como las operaciones de arrendamiento finan-ciero inmobiliario, a efectos del apartado 2 del artículo 62, concluidosantes del 1 de enero de 2002, en ambos casos hasta un límite máximodel 50 % del valor de los bienes inmobiliarios de que se trate.
Se tratarán de la misma forma los préstamos garantizados, a satisfac-
ción de las autoridades competentes, por acciones en sociedadesfinlandesas constructoras de viviendas que actúen con arreglo a la Leyfinlandesa de 1991 sobre las sociedades constructoras de viviendas o lalegislación posterior equivalente que sean similares a los préstamos
hipotecarios a que se refiere el párrafo primero.
Artículo 65
Disposicionestransitoriasrelativas alartículo51
Las entidades de crédito que el 1 de enero de 1993 superasen los
límites fijados en los apartados 1 y 2 del artículo 51 dispondrán de un
plazo hasta el 1 de enero de 2003 para ajustarse a dichos límites.
CAPÍTULO 2
DISPOSICIONESFINALES
Artículo 66
InformacióndelaComisión
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las prin-
cipales disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 67
Directivas derogadas
1. Quedan derogadas las Directivas 73/183/CEE, 77/780/CEE, 89/
299/CEE, 89/646/CEE, 89/647/CEE, 92/30/CEE y 92/121/CEE, modifi-cadas por las Directivas que figuran en la parte A del anexo V, sinperjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en cuanto a los
plazos de transposición que figuran en la parte B del anexo V.
2. Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a
la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias quefigura en el anexo VI.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 64
▼B
Artículo 68
Entradaenvigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
Artículo 69
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 20 de marzo de 2000.
Por el Parlamento Europeo
La Presidenta
N. FONTAINEPor el Consejo
El Presidente
J. GAMA2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 65
▼B
ANEXO I
LISTA DE ACTIVIDADES QUE SE BENEFICIAN DEL RECONOCI-
MIENTOMUTUO
1. Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables
2. Préstamos (1)
3. Arrendamiento financiero ( leasing )
4. Operaciones de pago
5. Emisión y gestión de medios de pago (tarjetas de crédito, cheques de viaje,
cartas de crédito)
6. Concesión de garantías y suscripción de compromisos7. Transacciones por cuenta propia de la entidad o por cuenta de su clientela
que tengan por objeto:
a) instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, certificados de
depósito, etc.)
b) mercados de cambios
c) instrumentos financieros a plazo y opciones
d) instrumentos sobre divisas o sobre tipos de interés
e) valores negociables
8. Participaciones en las emisiones de títulos y prestaciones de los servicios
correspondientes
9. Asesoramiento a empresas en materia de estructura del capital, de estrategia
industrial y de cuestiones afines, así como asesoramiento y servicios en el
ámbito de la fusión y de la compra de empresas
10. Intermediación en los mercados interbancarios11. Gestión o asesoramiento en la gestión de patrimonios
12. Custodia de valores negociables
13. Informes comerciales14. Alquiler de cajas fuertes.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 66
(1) Comprenden, en especial:
— crédito al consumo,— crédito hipotecario,—factoring con o sin recurso,
— financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting ).
▼B
ANEXO II
CLASIFICACIÓNDELASCUENTASDEORDEN
Riesgoalto
— Garantías que sean sustitutivas de créditos
— Aceptaciones— Efectos endosados que no incorporen la firma de otra entidad de crédito— Cesiones con derecho de recurso a favor del comprador— Cartas de crédito standby irrevocables que sean sustitutivas de crédito
— Compromisos de compra a plazo— Depósitos a futuro ( forward forward deposits )
— Parte pendiente de desembolso de acciones y títulos parcialmente desembol-
sados
— Otras partidas de riesgo alto
Riesgomedio— Créditos documentarios, emitidos y confirmados (véase también riesgo
medio/bajo)
— Fianzas y cauciones (incluidas las garantías de licitación y buen fin de
contratos públicos, las aduaneras y las fiscales) y las garantías que no sean
sustitutivas de crédito
— Acuerdos de venta con compromiso de recompra tal como se definen en los
apartados 3 y 5 del artículo 12 de la Directiva 86/635/CEE
— Cartas de crédito standby irrevocables que no sean sustitutivas de crédito
— Facilidades de descubierto no utilizadas (compromisos de concesión de prés-
tamo, de compra de títulos, de prestación de garantías o de créditos mediante
aceptaciones) de duración inicial superior a un año
— Líneas de apoyo a la emisión de valores [ note issuance facilities (NIF) y
revolving underwriting facilities (RUF)]
— Otras partidas que tengan riesgo medio
Riesgomedio/bajo
— Créditos documentarios en los que el embarque de mercancía actúe como
garantía y otras transacciones autoliquidables
— Otras partidas que comporten también riesgo medio/bajo
Riesgobajo
— Facilidades de descubierto no utilizadas (compromisos de concesión de prés-
tamos, de compra de títulos, de prestación de garantías o de créditos
mediante aceptaciones) de duración inicial de hasta un año inclusive, o que
puedan ser anuladas sin condiciones en cualquier momento ni previo aviso
— Otras partidas que comporten también riesgo bajo
Los Estados miembros se comprometen a informar a la Comisión tan pronto
como hayan aceptado introducir un nuevo elemento no registrado en balance
en cualquiera de los últimos guiones que figuran en cada clase de riesgo. Dicho
elemento será clasificado definitivamente a nivel comunitario una vez que se
haya cumplido el procedimiento del artículo 60.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 67
▼B
ANEXO III
TRATAMIENTODELASCUENTASDEORDEN
1. ELECCIÓN DEL MÉTODO
Siempre y cuando lo consientan las autoridades competentes, las entidades de
crédito podrán elegir uno de los métodos que a continuación se indican para
evaluar los riesgos de crédito derivados de los contratos que se enumeran en
los puntos 1 y 2 del anexo IV. Las entidades de crédito que tengan que cumplir
con el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 93/6/CEE (1) deberán utilizar el
método 1 expuesto más abajo. Para evaluar los riesgos de crédito derivados de
los contratos que se enumeran en el punto 3 del anexo IV, todas las entidades de
crédito deberán utilizar el método 1 expuesto más abajo.
2. MÉTODOS
Método1: Sistema de valoración a precios de mercado
Fase a): Atribuyendo a los contratos un precio de mercado (valoración a
precios de mercado) se obtendrá el coste de reposición de todos
los contratos con un valor positivo.
Fase b): A fin de obtener el importe del riesgo de crédito potencial
futuro (2) se multiplicará el importe teórico del principal o los
valores subyacentes por los porcentajes siguientes:
CUADRO 1 (a)(b)
Vencimiento residual (c)Contratos
sobre tipos
de interésContratos
sobre tipos
de cambio y
oroContratos
sobre
accionesContratos
sobre metalespreciosos,excepto eloroContratos
sobre
productos
básicos, salvolos metalespreciosos
Un año o menos 0 % 1 % 6 % 7 % 10 %
De uno a cinco años 0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 %
Más de cinco años 1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 %
(a) Los contratos no comprendidos en ninguna de las cinco categorías indicadas en este cuadro deberán tratarse
como contratos sobre productos básicos, salvo los metales preciosos.
(b) En el caso de los contratos con múltiples intercambios del principal, los porcentajes habrán de multiplicarse por
el número de pagos que aún deban realizarse conforme a lo estipulado en el contrato.
(c) En el caso de los contratos estructurados para cubrir riesgos pendientes conforme a unas fechas de pago especi-
ficadas, y cuyas condiciones se vuelvan a fijar de forma que el valor de mercado del contrato sea nulo en esasfechas especificadas, el vencimiento residual sería igual al período restante hasta la próxima fecha nuevamente
fijada. En cuanto a los contratos sobre tipos de interés que satisfagan estos criterios y tengan un vencimiento
residual superior a un año, el porcentaje no será inferior al 0,5 %.
A efectos del cálculo del posible riesgo futuro con arreglo a la fase b), las auto-
ridades competentes podrán permitir que las entidades de crédito apliquen hasta
el 31 de diciembre de 2006 los porcentajes siguientes en lugar de los que
figuran en el cuadro 1, siempre que la entidad haga uso de la opción mencio-
nada en el artículo 11 bisde la Directiva 93/6/CEE para los contratos a los
que se refieren las letras b) y c) del punto 3) del anexo IV:2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 68
(1) Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del
capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (DO L 141 de11.6.1993, p. 1); Directiva modificada por la Directiva 98/33/CE (DO L 204 de21.7.1998, p. 29).
(
2) Excepto en el caso de swaps de tipos de interés variable/variable en una misma divisa,
en el que sólo se calculará el coste de reposición.
▼B
CUADRO 1 bis
Vencimiento residualMetales
preciosos
(excepto el oro)Metales
corrientesProductos
agrícolas (pere-
cederos)Otros, con
inclusión de los
productos ener-
géticos
Un año o menos 2 % 2,5 % 3 % 4 %
De uno a cinco años 5 % 4 % 5 % 6 %
Más de cinco años 7,5 % 8 % 9 % 10 %
Fase c): La suma del coste de reposición y del importe del riesgo de
crédito potencial futuro se multiplicará por las ponderaciones
del riesgo atribuido a las correspondientes contrapartes según lo
previsto en el artículo 43.
Método2: Sistema de riesgo original
Fase a): Los importes teóricos del principal de cada instrumento se
multiplicarán por los porcentajes que se expresan a continua-
ción:
CUADRO 2
Vencimiento original (1)Contratos sobre tipos de
interésContratos sobre tipos de
cambio y oro
Un año o menos 0,5 % 2 %
Más de un año pero no más de dos 1 % 5 %
Por cada año subsiguiente 1 % 3 %
(1) En el caso de los contratos sobre tipos de interés, las entidades de crédito podrán elegir entre el vencimiento
original y el vencimiento residual, previo consentimiento de sus autoridades competentes.
Fase b): Los riesgos iniciales así obtenidos se multiplicarán por las
ponderaciones del riesgo atribuido a la contraparte según lo
previsto en el artículo 43.
Para los métodos 1 y 2, las autoridades competentes deberán garantizar que el
importe teórico que deba tomarse en cuenta constituya una medida adecuada del
riesgo inherente al contrato. Cuando, por ejemplo, el contrato prevea una multi-
plicación de los flujos de tesorería, el importe teórico habrá de ajustarse a fin detener en cuenta los efectos de la multiplicación sobre la estructura de riesgos del
contrato.
3. COMPENSACION CONTRACTUAL (CONTRATOS DE NOVACIÓN Y
OTROS ACUERDOS DE COMPENSACIÓN)
a)Tipos de compensación que pueden reconocer las autoridades compe-
tentes
A efectos de lo dispuesto en el presente punto 3, se entenderá por «contra-
parte» cualquier entidad (incluidas las personas físicas) facultada para
celebrar un acuerdo de compensación contractual.
Las autoridades competentes podrán reconocer como factores de reducción
del riesgo los siguientes tipos de compensación contractual:
i) los contratos bilaterales de novación entre una entidad de crédito y su
contraparte, en virtud de los cuales los derechos y obligaciones recíprocas
queden automáticamente amalgamados, de tal forma que la novación
determine un importe único neto cada vez que se aplique la novación y
se cree así un nuevo y único contrato jurídicamente vinculante que
extinga los contratos anteriores;
ii) acuerdos bilaterales de compensación entre la entidad de crédito y su
contraparte.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 69
▼B
b)Condicionesdelreconocimiento
Las autoridades competentes podrán reconocer que la compensación contra-
ctual constituye un factor de reducción del riesgo únicamente cuando
concurran las condiciones siguientes:
i) que la entidad de crédito haya celebrado con su contraparte un acuerdo
de compensación contractual por el cual se cree una única obligación
jurídica, que abarque todas las transacciones incluidas, en virtud de la
cual, en el caso de que una de las contrapartes incurra en una situación
de impago a causa de incumplimiento, quiebra o liquidación u otra
circunstancia similar, la entidad de crédito tenga el derecho de recibir o
la obligación de pagar únicamente la suma neta de los valores positivos
y negativos valorados a precios de mercado de las distintas transacciones
incluidas;
ii) que la entidad de crédito haya puesto a disposición de las autoridades
competentes dictámenes jurídicos fundamentados y por escrito que
permitan concluir, en caso de procedimiento, que los tribunales y auto-
ridades administrativas competentes considerán, en los supuestos
descritos en el inciso i), que los derechos y obligaciones de la entidad
de crédito se limitan a la suma neta, de conformidad con lo expuesto en
el inciso i), en virtud de:
— la legislación del territorio en que está constituida la contraparte y, si
interviene una sucursal extranjera de una empresa, también en virtud
de la legislación del territorio en que está situada dicha sucursal,
— la legislación aplicable a las distintas transacciones incluidas, y
— la legislación aplicable a cualquier contrato o acuerdo, necesario para
que surta efecto la compensación contractual;
iii) que la entidad de crédito disponga de procedimientos encaminados a
garantizar que la validez jurídica de su compensación contractual será
revisada a la luz de cualquier posible modificación de las normativas
pertinentes.
Las autoridades competentes, tras consultar, si procede, a otras autoridades
competentes pertinentes, deberán quedar satisfechas de que la compensación
contractual es jurídicamente válida en cada uno de los territorios implicados.
Si una de dichas autoridades competentes no quedara satisfecha a este
respecto, el acuerdo de compensación contractual no podrá ser reconocido
como un factor de reducción del riesgo por ninguna de las contrapartes.
Las autoridades competentes podrán aceptar dictámenes jurídicos motivados
redactados por tipos de compensación contractual.
Los contratos que contengan una disposición que permita a una contraparte
no morosa realizar sólo pagos limitados, o incluso ningún pago, al patri-
monio de la parte morosa, aun siendo el moroso acreedor neto (cláusula de
walkaway ) no podrán ser reconocidos como factores de reducción del riesgo.
Las autoridades competentes podrán considerar que tienen efectos de reduc-
ción del riesgo los acuerdos de compensación contractual relativos a
contratos de tipo de cambio con un vencimiento inicial igual o inferior a
catorce días naturales, a opciones emitidas o a cuentas de orden similares, a
los que no es aplicable el presente anexo debido a que implican un riesgo de
crédito despreciable o nulo. Si, en función del valor de mercado positivo o
negativo de estos contratos, su inclusión en otro acuerdo de compensación
puede dar lugar a un aumento o disminución de los requisitos de capital, las
autoridades competentes deberán obligar a las entidades de crédito a aplicar
un tratamiento coherente.
c)Efectosdelreconocimiento
i)Contratos de novación
Se podrán ponderar los importes netos únicos fijados por los contratos de
novación, en lugar de los importes brutos. Así, al aplicar el método 1 en:
— la fase a): los costes de reposición y
— la fase b): los importes teóricos del principal o los valores subya-
centes
se podrán obtener teniendo en cuenta el contrato de novación. Al aplicar
el método 2 en la fase a), el importe teórico del principal podrá calcularse
teniendo en cuenta el contrato de novación; se aplicarán los porcentajes
del cuadro 2.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 70
▼B
ii)Otros acuerdos de compensación
Al aplicar el método 1:
En la fase a), el coste actual de sustitución de los contratos incluidos
en un acuerdo de compensación podrá obtenerse teniendo en cuenta
el hipotético coste neto de sustitución que resulte del acuerdo; en
caso de que la compensación lleve a una obligación neta para la
entidad de crédito que calcula el coste neto de sustitución, al coste
actual de sustitución se le atribuirá un valor cero.
En la fase b), para todos los demás contratos incluidos en un acuerdo
de compensación bilateral, el riesgo potencial de crédito futuro podrá
reducirse mediante la ecuación siguiente:
PCEred= 0,4 * PCEbruto+ 0,6 * NGR * PCEbruto
siendo:— PCE
red= riesgo potencial reducido de crédito futuro corres-
pondiente a todos los contratos con una contraparte
determinada incluidos en un acuerdo de compensa-
ción bilateral válido jurídicamente,
— PCEbruto= suma de los riesgos potenciales de crédito futuro
correspondientes a todos los contratos con unacontraparte determinada incluidos en un acuerdo de
compensación bilateral válido jurídicamente, que se
calculan multiplicando los importes teóricos del
principal por los porcentajes que figuran en el
cuadro 1,
— NGR = «coeficiente neto/bruto», esto es, a discreción de las
autoridades de supervisión:
i) cálculo separado: cociente entre el coste neto de
sustitución de todos los contratos incluidos en
un acuerdo de compensación bilateral válido
jurídicamente con una contraparte determinada
(numerador) y el coste bruto de sustitución de
los contratos incluidos en un acuerdo de
compensación bilateral válido jurídicamente con
dicha contraparte (denominador), o
ii) cálculo agregado: cociente entre la suma de los
costes netos de sustitución calculados bilateral-
mente para todas las contrapartes teniendo en
cuenta los contratos incluidos en acuerdos de
compensación válidos jurídicamente (nume-
rador) y los costes brutos de sustitución de
todos los contratos incluidos en acuerdos de
compensación válidos jurídicamente (denomi-
nador).
Si los Estados miembros permiten a las entidades
de crédito la elección del método, el método
elegido deberá emplearse de forma coherente.
Para el cálculo del riesgo potencial de crédito futuro mediante la fórmula
anterior, los contratos perfectamente congruentes incluidos en el acuerdo
de compensación pueden considerarse un único contrato con un principal
nocional equivalente a los ingresos netos. Los contratos perfectamente
congruentes son contratos sobre tipos de cambio a plazo o contratos simi-
lares en los que el principal nocional es equivalente a los flujos de
tesorería, siempre que éstos sean exigibles en la misma fecha de valor y
total o parcialmente en la misma moneda.
Para aplicar el método 2 en la fase a):
— los contratos perfectamente congruentes incluidos en el acuerdo de
compensación pueden considerarse un único contrato con un principal
nocional equivalente a los ingresos netos; los importes del principal
nocional se multiplican por los porcentajes que figuran en el cuadro 2,
— por lo que respecta a los demás contratos incluidos en un acuerdo de
compensación, los porcentajes aplicables podrán reducirse como se
indica en el cuadro 3:2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 71
▼B
CUADRO 3
Vencimiento original (1)Contratos sobre tipos de
interésContratos sobre tipos de
cambio
Un año o menos 0,35 % 1,50 %
Más de un año pero no más de dos 0,75 % 3,75 %
Incremento por cada año subsiguiente 0,75 % 2,25 %
(1) En el caso de contratos sobre tipos de interés, las entidades de crédito podrán elegir entre el vencimiento
original y el vencimiento residual, previo consentimiento de sus autoridades competentes.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 72
▼B
ANEXO IV
TIPOSDECUENTASDEORDEN
1.Contratossobretiposdeinterés:
a)swaps sobre tipos de interés en una sola divisa
b)swaps sobre tipos de interés variable
c) acuerdos sobre tipos de interés futuros
d) futuros sobre tipos de interése) opciones adquiridas sobre tipos de interés
f) otros contratos de naturaleza análoga.
2.Contratossobretiposdecambioycontratossobreoro:
a)swaps sobre tipos de interés en diversas divisas
b) operaciones a plazo sobre divisasc) futuros sobre divisas
d) opciones adquiridas sobre divisas
e) otros contratos de naturaleza análogaf) contratos sobre oro de naturaleza análoga a los enumerados en las letras
a) a e).
3.Contratos de naturaleza análoga a los mencionados en las letras a) a e)
del punto1 yen las letras a)a d)del punto2 relativos a otrosíndices o
instrumentosdereferencia sobre:
a) acciones
b) metales preciosos, excepto el oro
c) productos básicos, salvo los metales preciosos
d) otros contratos de naturaleza análoga.2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 73
▼B
ANEXO V
PARTE A
DIRECTIVAS DEROGADAS, CON SUS MODIFICACIONES SUCE-
SIVAS
(contempladasenelartículo 67)
Directiva 73/183/CEE del Consejo
Directiva 77/780/CEE del Consejo
Directiva 85/345/CEE del ConsejoDirectiva 86/137/CEE del ConsejoDirectiva 86/524/CEE del Consejo
Directiva 89/646/CEE del Consejo
Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
únicamente el primer guión del artículo 1; el primer guión del apar-
tado 1 y el primer guión del apartado 2 del artículo 2; el apartado 2
del artículo 3; los apartados 2, 3 y 4 del artículo 4, en lo relativo a
las referencias hechas a la Directiva 77/780/CEE, y el apartado 6; y
el primer guión del artículo 5
Directiva 96/13/CE del Consejo
Directiva 98/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (artículo 1)
Directiva 89/299/CEE del Consejo
Directiva 91/633/CEE del Consejo
Directiva 92/16/CEE del Consejo
Directiva 92/30/CEE del Consejo
Directiva 89/646/CEE del Consejo
Directiva 92/30/CEE del Consejo
Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
únicamente el primer guión del artículo 1
Directiva 89/647/CEE del Consejo
Directiva 91/31/CEE de la Comisión
Directiva 92/30/CEE del ConsejoDirectiva 94/7/CE de la Comisión
Directiva 95/15/CE de la Comisión
Directiva 95/67/CE de la ComisiónDirectiva 96/10/CE del Parlamento Europeo y del ConsejoDirectiva 98/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
Directiva 98/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (artículo 2)
Directiva 92/30/CEE del ConsejoDirectiva 92/121/CEE del Consejo2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 74
▼B
PARTE B
PLAZOSDETRANSPOSICIÓN
(contempladosenelartículo 67)
DirectivaFechalímite
detransposi-
ción
73/183/CEE (DO L 194 de 16.7.1973, p. 1) 2.1.1975 (1)
77/780/CEE (DO L 322 de 17.12.1977, p. 30) 15.12.1979
85/345/CEE (DO L 183 de 16.7.1985, p. 19) 15.7.198586/137/CEE (DO L 106 de 23.4.1986, p. 35) —
86/524/CEE (DO L 309 de 4.11.1986, p. 15) 31.12.1986
89/299/CEE (DO L 124 de 5.5.1989, p. 16) 1.1.199389/646/CEE (DO L 386 de 30.12.1989, p. 1) apartado 2 del artículo 6 1.1.1990
otras disposiciones 1.1.1993
89/647/CEE (DO L 386 de 30.12.1989, p. 14) 1.1.199191/31/CEE (DO L 17 de 23.1.1991, p. 20) 31.3.1991
91/633/CEE (DO L 339 de 11.12.1991, p. 16) 31.12.1992
92/16/CEE (DO L 75 de 31.3.1992, p. 48) 31.12.199292/30/CEE (DO L 110 de 28.4.1992, p. 52) 31.12.1992
92/121/CEE (DO L 29 de 5.2.1993, p. 1) 31.12.1993
94/7/CE (DO L 89 de 6.4.1994, p. 17) 25.11.199495/15/CE (DO L 125 de 8.6.1995, p. 23) 30.9.1995
95/26/CE (DO L 168 de 18.7.1995, p. 7) 18.7.1996
95/67/CE (DO L 314 de 28.12.1995, p. 72) 1.7.199696/10/CE (DO L 85 de 3.4.1996, p. 17) 30.6.1996
96/13/CE (DO L 66 de 16.3.1996, p. 15) 15.4.1996
98/32/CE (DO L 204 de 21.7.1998, p. 26) 21.7.200098/33/CE (DO L 204 de 21.7.1998, p. 29) 21.7.2000
(1) En qualquier caso, en lo relativo a la supresión de la restricción contemplada en la letra g) del apartado 2 del
artículo 3, este plazo fue para los Países Bajos el 2 de julio de 1977 (véase el segundo párrafo del artículo 8 de
la Directiva 73/183/CEE).2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 75
ANEXO VI
TABLADECORRESPONDENCIAS
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Artículo 1, punto 1 Artículo 1, primer
guiónArtículo 1, primer
guiónArtículo 1, letra a)
Artículo 1, punto 2 Artículo 1, segundo
guión
Artículo 1, punto 3 Artículo 1, punto 3
Artículo 1, puntos 4 a
8Artículo 1, puntos 5
a9
Artículo 1, punto 9 Artículo 1, sexto
guión
Artículo 1, puntos 10 y
11Artículo 1, puntos 10
a1 1
Artículo 1, punto 12 Artículo 1, punto 12 Artículo 1, septimo
guiónArtículo 1, letra c)
Artículo 1, punto 13 Artículo 1, punto 13 Artículo 1, octavo
guiónArtículo 1, letra d)
Artículo 1, puntos 14 a
17Artículo 2, apartado
1, segundo a quinto
guiones
Artículo 1, puntos 18 a
20Artículo 2, apartado
1, sexto a octavo
guiones
Artículo 1, puntos 21 a
23Artículo 1, tercier a
quinto guiones
Artículo 1, punto 24 Artículo 1, letra h)
Artículo 1, punto 25 Artículo 1, letra m)
Artículo 1, punto 26 Artículo 1, quinto
guión
Artículo 1, punto 27 Artículo 2, apartado
1, noveno guión▼B2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 76
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Artículo 2, apartado 1 Artículo 2, apartado
1Artículo 2, apartado
1Artículo 1, apartado
1
Artículo 2, apartado 2 Artículo 2
Artículo 2, apartado 3 Artículo 2, apartado
2
Artículo 2, apartado 4 Artículo 2, apartado
3
Artículo 2, apartado 5,
párrafo primeroArtículo 2, apartado
4, letra a)
Artículo 2, apartado 5,
párrafo segundoArtículo 2, apartado
4, letra b)
Artículo 2, apartado 5,
párrafo terceroArtículo 2, apartado
4, letra c)
Artículo 2, apartado 6 Artículo 2, apartado
3Artículo 1, apartado
3Artículo 2, párrafo
segundo, letra b)
Artículo 3 Artículo 3Artículo 4 Artículo 3, apartado
1
Artículo 5, apartado 1,
párrafo primeroArtículo 3, apartado
2, párrafo primeroArtículo 4, apartado
1
Artículo 5, apartado 1,
párrafo segundoArtículo 10, apartado
1, párrafo tercero
Artículo 5, apartado 2 Artículo 4, apartado
2, frase introductiva
y letras a), b) y c)
Artículo 5, apartados 3
a7Artículo 10, apar-
tados 1 a 5
Artículo 6, apartado 1 Artículo 3, apartado
2, párrafo segundo
Artículo 6, apartado 2 Artículo 3, apartado
2bis
Artículo 7, apartados 1
y2Artículo 5, párrafo
primero, Artículo 1,
punto 10, párrafo
segundo y Artículo 5,
párrafo segundo▼B2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 77
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Artículo 7, apartado 3 Artículo 3, apartado
2, párrafos tercero,
cuarto y quinto
Artículo 8 Artículo 3, apartado
4
Artículo 9 Artículo 3, apartado
3, letra a)
Artículo 10 Artículo 3, apartado
6
Artículo 11 Artículo 3, apartado
7
Artículo 12 Artículo 7Artículo 13 Artículo 6, apartado
1
Artículo 14, apartado 1 Artículo 8, apartado
1
Artículo 14, apartado 2 Artículo 8, apartado
5
Artículo 15 Artículo 5Artículo 16, apartados
1a5Artículo 11, apar-
tados 1 a 5
Artículo 16, apartado 6 Artículo 1, punto 10,
párrafo segundo
Artículo 17 Artículo 13, apartado
2
Artículo 18 Artículo 18. apartado
1
Artículo 19 Artículo 18, apartado
2
Artículo 20, apartados
1a6Artículo 19
Artículo 20, apartado 7 Artículo 23, apartado
1
Artículo 21, apartados
1y2Artículo 20▼B2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 78
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Artículo 21, apartado 3 Artículo 23, apartado
2
Artículo 22 Artículo 21
Artículo 23, apartado 1 Artículo 8Artículo 23, apartados
2a7Artículo 9
Artículo 24 Artículo 9
Artículo 25 Artículo 8
Artículo 26 Artículo 13, apar-
tados 1 y 3
Artículo 27 Artículo 14, apartado
2
Artículo 28 Artículo 7 apartado 1Artículo 29 Artículo 15
Artículo 30, apartados
1a5Artículo 12, apar-
tados 1 a 5
Artículo 30, apartado 6 Artículo 12, apartado
5bis
Artículo 30, apartado 7 Artículo 12, apartado
5ter
Artículo 30, apartado 8 Artículo 12, apartado
6
Artículo 30, apartado 9 Artículo 12, apartado
7
Artículo 30, apartado
10Artículo 12, apartado
8
Artículo 31 Artículo 12 bis
Artículo 32 Artículo 17Artículo 33 Artículo 13
Artículo 34, apartado 1 Artículo 1, apartado
1
Artículo 34, apartados
2a4Artículo 2, apartados
1a3▼B2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 79
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Artículo 35 Artículo 3
Artículo 36 Artículo 4Artículo 37 Artículo 5
Artículo 38 Artículo 6, apartados
1y4
Artículo 39 Artículo 7
Artículo 40 Artículo 3, apartados
1 a 4, 7 y 8
Artículo 41 Artículo 4
Artículo 42 Artículo 5
Artículo 43 Artículo 6
Artículo 44 Artículo 7
Artículo 45 Artículo 8
Artículo 46 Artículo 2, apartado
2
Artículo 47 Artículo 10
Artículo 48 Artículo 3
Artículo 49 Artículo 4, apartados
1 a 7, letra r), párrafo
segundo, primera
frase, y apartado 7,
letra s), a apartado
12
Artículo 50 Artículo 5, apartados
1a3
Artículo 51, apartados
1a5Artículo 12, apar-
tados 1 a 5
Artículo 51, apartado 6 Artículo 12, apartado
8
Artículo 52, apartados
1a7Artículo 3, apartados
1a7
Artículo 52, apartados
8y9Artículo 3, apartados
5y6Artículo 3, apartados
8y9Artículo 5, apartados
4y5▼B2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 80
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Artículo 52, apartado
10Artículo 3, apartado
10
Artículo 53 Artículo 4
Artículo 54 Artículo 5
Artículo 55 Artículo 6
Artículo 56 Artículo 7
Artículo 57 Artículo 11Artículo 58 Artículo 3, apartado
5
Artículo 59 Artículo 6Artículo 60 Artículo 8 Artículo 22 Artículo 9 Artículo 7Artículo 61 Artículo 4 bis
Artículo 62, apartados
1y2Artículo 11, apar-
tados 4 y 5
Artículo 62, apartado 3 Artículo 2
Artículo 63 Artículo 11, apar-
tados 1 a 3
Artículo 64 Artículo 6, apartados
1a9
Artículo 65 Artículo 12, apartado
7
Artículo 66 Artículo 14, apartado
2Artículo 9, apartado
2Artículo 24, apartado
3Artículo 12, apartado
2
Artículo 67 — — — — — — —Artículo 68 — — — — — — —Artículo 69 — — — — — — —Anexo I AnexoAnexo II Anexo I
Anexo III Anexo II
Anexo IV Anexo III
Anexo V — — — — — — —▼B2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 81
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Anexo VI — — — — — — —▼B2000L0012 — ES — 11.02.2003 — 002.001 — 82