1998L0005 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 1
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►B DIRECTIVA 98/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 16 de febrero de 1998
destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro
distinto de aquel en el que se haya obtenido el título
(DO L 77 de 14.3.1998, p. 36)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►A1 Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la
República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia,
la República de Lituania, la República de Hungría, la República deMalta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la RepúblicaEslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamentala UniónL 236 33 23.9.2003
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DIRECTIVA 98/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO
de 16 de febrero de 1998
destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de
abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se
haya obtenido el título
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular,
su artículo 49 y el apartado 1 y la primera y tercera frases del apartado
2 de su artículo 57,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B
del Tratado (3),
(1) Considerando que, con arreglo al artículo 7 A del Tratado, el
mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, y
que, con arreglo a la letra c) del artículo 3 del Tratado, la supre-sión de los obstáculos a la libre circulación de personas yservicios entre los Estados miembros constituye uno de los obje-tivos de la Comunidad; que dicha libertad implica en particular,
para los nacionales de los Estados miembros, la facultad de
ejercer una profesión, por cuenta propia o ajena, en un Estadomiembro distinto de aquel en que hayan adquirido su títuloprofesional;
(2) Considerando que un abogado plenamente cualificado en unEstado miembro puede ya solicitar el reconocimiento de su títulopara establecerse en otro Estado miembro a fin de ejercer en elmismo la abogacía con el título profesional de dicho Estadomiembro, con arreglo a la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reco-
nocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionen
formaciones profesionales de una duración mínima de tresaños (
4); que dicha Directiva tiene por objeto la plena integración
del abogado en la profesión del Estado miembro de acogida y nose propone modificar las reglas profesionales aplicables en este
Estado ni sustraer a dicho abogado a la aplicación de tales re-
glas;
(3) Considerando que si bien algunos abogados pueden integrarserápidamente en la profesión del Estado miembro de acogida, en
particular tras superar una prueba de aptitud prevista en la Direc-
tiva 89/48/CEE, otros abogados plenamente cualificadosdeberían poder obtener dicha integración tras un cierto períodode ejercicio profesional en el Estado miembro de acogida consu título profesional de origen, o bien continuar su actividadcon su título profesional de origen;
(4) Considerando que dicho período ha de permitir al abogado inte-grarse en la profesión en el Estado miembro de acogida, una vezcomprobado que posee una experiencia profesional en dichoEstado miembro;
(5) Considerando que una acción en la materia a escala comunitariase justifica no sólo porque, en relación con el sistema general dereconocimiento, ofrece a los abogados una vía más fácil que lespermitirá integrarse en la profesión en el Estado miembro de1998L0005 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 2
(1) DO C 128 de 24. 5. 1995, p. 6, y DO C 355 de 25. 11. 1996, p. 19.
(2) DO C 256 de 2. 10. 1995, p. 14.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 19 de junio de 1996 (DO C 198 de 8.
7. 1996, p. 85), Posición común del Consejo de 24 de julio de 1997 (DO C
297 de 29. 9. 1997, p. 6), Decisión del Parlamento Europeo de 19 de
noviembre de 1997. Decisión del Consejo de 15 de diciembre de 1997.
(4) DO L 19 de 24. 1. 1989, p. 16.
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acogida, sino también porque, al brindar a los abogados la posi-
bilidad de ejercer permanentemente en el Estado miembro deacogida con su título de origen, se atiende a las necesidades de
los usuarios del Derecho que, debido al creciente número de
operaciones comerciales que resulta del mercado interior, soli-citan asesoramiento para sus operaciones transfronterizas, en lasque a menudo se hallan superpuestos el Derecho internacional, elDerecho comunitario y los Derechos nacionales;
(6) Considerando que una acción a escala comunitaria se justificatambién por el hecho de que actualmente sólo algunos Estadosmiembros autorizan en su territorio el ejercicio de actividadesde abogado, en forma distinta a la prestación de servicios, por
abogados procedentes de otros Estados miembros que ejercen
con su título profesional de origen; que, no obstante, en losEstados miembros en que existe esta posibilidad, ésta revistemodalidades muy distintas en lo que se refiere, por ejemplo, alcampo de actividad y a la obligación de inscripción ante las
autoridades competentes; que dicha diversidad de situaciones se
traduce en desigualdades y distorsiones de la competencia entrelos abogados de los Estados miembros y constituye un obstáculoa la libre circulación; que únicamente una directiva que fije lascondiciones para el ejercicio de la profesión, de forma distintade la prestación de servicios, por los abogados que ejerzan con
su título profesional de origen podrá resolver estos problemas y
ofrecer en todos los Estados miembros las mismas posibilidadesa los abogados y a los usuarios del Derecho;
(7) Considerando que la presente Directiva, en consonancia con sufinalidad, se abstiene de regular situaciones puramente internasy únicamente afecta a la normativa nacional sobre la profesiónen la medida necesaria para permitir la consecución efectiva desu objetivo; que no supone ningún menoscabo para las normasnacionales que regulan el acceso a la profesión de abogado y su
ejercicio con el título profesional del Estado miembro de
acogida;
(8) Considerando que conviene que los abogados a que se refiere la
presente Directiva tengan la obligación de inscribirse ante la
autoridad competente del Estado miembro de acogida a fin deque dicha autoridad pueda garantizar el respeto de la normativasobre la profesión y las normas de deontología del Estadomiembro de acogida; que el efecto de la inscripción en lo quese refiere a circunscripciones judiciales, instancias y tipo de
órganos jurisdiccionales ante los que podrán actuar los abogados,
está determinado por la legislación aplicable a los abogados delEstado miembro de acogida;
(9) Considerando que los abogados que no están integrados en laprofesión del Estado miembro de acogida deben ejercer en dichoEstado con el título profesional de origen, a fin de garantizar lacorrecta información a los consumidores y permitir la diferencia-ción entre estos abogados y los abogados del Estado miembro deacogida que ejercen con el título profesional del mismo;
(10) Considerando que conviene que los abogados que son objeto dela presente Directiva puedan prestar asesoramiento en materia deDerecho del Estado miembro de origen, de Derecho comunitario,
de Derecho internacional y de Derecho del Estado miembro de
acogida; que la prestación de servicios ha sido permitida por laDirectiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977,dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación deservicios por los abogados (
1), en lo que se refiere a la prestación
de servicios; que, no obstante, es preciso prever, al igual que en
la Directiva 77/249/CEE, la posibilidad de excluir de las activi-
dades de los abogados que ejerzan con su título profesional deorigen en el Reino Unido y en Irlanda determinadas actuaciones1998L0005 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 3
(1) DO L 78 de 26. 3. 1997, p. 17; Directiva cuya última modificación la cons-
tituye el Acta de adhesión de 1994.
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en materia inmobiliaria y sucesoria; que la presente Directiva no
afecta en absoluto a las disposiciones de los Estados miembrosque reservan determinadas actividades a profesiones distintas de
la de abogado; que, al igual que en la Directiva 77/249/CEE, es
preciso, en la presente Directiva, reservar al Estado miembro deacogida la facultad de exigir que el abogado que ejerza con sutítulo profesional de origen actúe concertadamente con unabogado local para la representación y defensa de un cliente
ante los órganos jurisdiccionales; que la obligación de actuar
concertadamente debe entenderse a la luz de la interpretaciónque de la misma ha hecho el Tribunal de Justicia de las Comu-nidades Europeas, en especial en su sentencia de 25 de febrerode 1988 en el asunto 427/85 (Comisión contra Alemania) (
1);
(11) Considerando que para garantizar el funcionamiento correcto dela administración de justicia debe dejarse a los Estados miem-bros la facultad de reservar, mediante normas específicas, elacceso a sus más altos órganos jurisdiccionales a abogados espe-cializados, sin impedir la integración de los abogados de los
Estados miembros que cumplan los requisitos exigidos;
(12) Considerando que el abogado inscrito con su título profesional
de origen en el Estado miembro de acogida debe seguir inscritoante la autoridad competente del Estado miembro de origen para
conservar su calidad de abogado y acogerse a la presente Direc-
tiva; que, por esta razón, es indispensable que exista unaestrecha colaboración entre las autoridades competentes, en espe-cial en relación con posibles procedimientos disciplinarios;
(13) Considerando que los abogados a los que se refiere la presenteDirectiva, con independencia de que ejerzan su profesión porcuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro deorigen, podrán ejercerla por cuenta ajena en el Estado miembrode acogida en la medida en que este último ofrezca esta posibi-lidad a sus propios abogados;
(14) Considerando que el hecho de que la presente Directiva permitaa los abogados ejercer en otro Estado miembro con su títuloprofesional de origen responde también a la finalidad de facili-tarles la obtención del título profesional del Estado miembro de
acogida; que, con arreglo a los artículos 48 y 52 del Tratado, tal
como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia, elEstado miembro de acogida está obligado a tomar en considera-ción la experiencia profesional adquirida en su territorio; que,tras tres años de ejercicio efectivo regular en el Estado miembrode acogida y en el ámbito del Derecho de dicho Estado
miembro, incluido el Derecho comunitario, cabe razonablemente
presumir que dichos abogados han adquirido la aptitud necesariapara integrarse completamente en la profesión de abogado delEstado de acogida; que, al final de dicho período, deben poderobtener el título profesional en el Estado miembro de acogida
los abogados que, tras las oportunas verificaciones, puedan acre-
ditar su competencia profesional en dicho Estado miembro; que,si la actividad efectiva y regular de al menos tres años es demenor duración en el ámbito del Derecho del Estado miembrode acogida, la autoridad tomará también en consideración cual-quier otro conocimiento de dicho Derecho, que podrá
comprobar en una entrevista; que en caso de no aportarse la
prueba del cumplimiento de tales requisitos, la decisión de laautoridad competente de dicho Estado de no otorgar el títuloprofesional de dicho Estado según los procedimientos de conce-sión derivados de dichos requisitos deberá estar motivada ypodrá ser recurrida ante los órganos jurisdiccionales con arreglo
al Derecho interno;
(15) Considerando que la evolución económica y profesional en la
Comunidad indica que la facultad de ejercer en grupo, inclusoen forma de asociación, la profesión de abogado se ha conver-1998L0005 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 4
(1) Rec. 1988, p. 1123.
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tido en una realidad; que es preciso evitar que el hecho de
ejercer en grupo en el Estado miembro de origen constituya unpretexto para obstaculizar o dificultar el establecimiento de los
abogados miembros de dicho grupo en el Estado miembro de
acogida; que, no obstante, debe permitirse que los Estadosmiembros puedan adoptar medidas en relación con el legítimoobjetivo de garantizar la independencia de la profesión; quedeben preverse determinadas garantías en todos los Estados
miembros que permitan el ejercicio en grupo,
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
1. El objeto de la presente Directiva es facilitar el ejercicio perma-
nente de la abogacía, por cuenta propia o ajena, en un Estado miembrodistinto de aquel en el que se obtuvo el título profesional.
2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «abogado»: toda persona, nacional de un Estado miembro, habili-
tada para el ejercicio de su actividad profesional con uno de lostítulos siguientes:
Bélgica: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt,
República Checa: Advokát,Dinamarca: Advokat,
Alemania: Rechtsanwalt,
Estonia: Vandeadvokaat,
Grecia: ∆ικηγόρος,
España: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu,Francia: Avocat,Irlanda: Barrister/Solicitor,Italia: Avvocato,
Chipre: ∆ικηγόρος,
Letonia: Zv ērināts advok āts,
Lituania: Advokatas,
Luxemburgo: Avocat,Hungría: Ügyvéd,
Malta: Avukat/Prokuratur Legali,
Países Bajos: Advocaat,
Austria: Rechtsanwalt,
Polonia: Adwokat/Radca prawny,Portugal: Advogado,1998L0005 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 5
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Eslovenia: Odvetnik/Odvetnica,
Eslovaquia: Advokát/Komer čný právnik,
Finlandia: Asianajaja/Advokat,
Suecia: Advokat,Reino Unido: Advocatee/Barrister/Solicitor;
b) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el que el
abogado haya adquirido el derecho de utilizar uno de los títulosprofesionales a que se refiere la letra a) antes de ejercer la abogacíaen otro Estado miembro;
c) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en el que el
abogado ejerza de conformidad con las disposiciones de la presente
Directiva;
d) «título profesional de origen»: el título profesional del Estado
miembro en el que el abogado haya adquirido el derecho de utilizar
dicho título antes de ejercer la abogacía en el Estado miembro deacogida;
e) «grupo»: cualquier entidad, con o sin personalidad jurídica, consti-
tuida de conformidad con la legislación de un Estado miembro, enla que varios abogados ejercen conjuntamente su actividad profe-sional, bajo una denominación común;
f) «título profesional pertinente» o «profesión pertinente»: el título
profesional o profesión dependiente de la autoridad competente
ante la cual se haya inscrito el abogado de conformidad con el
artículo 3, y «autoridad competente»: dicha autoridad.
3. La presente Directiva se aplicará a los abogados que ejerzan,
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en el Estado miembro
de origen y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8, en el
Estado miembro de acogida.
4. A los efectos de la presente Directiva, el ejercicio de la abogacía
no contempla las prestaciones de servicios reguladas en la Directiva 77/
249/CEE.
Artículo 2
Derecho a ejercer con el título profesional de origen
Los abogados tendrán derecho a ejercer con carácter permanente, en
cualquier otro Estado miembro y con su título profesional de origenlas actividades relacionadas con la abogacía a que se refiere el artículo5.
La integración en la profesión de abogado en el Estado miembro de
acogida se regirá por las disposiciones del artículo 10.
Artículo 3
Inscripción ante la autoridad competente
1. Los abogados que deseen ejercer en un Estado miembro distinto
de aquel en el que hayan obtenido su título profesional deberán inscri-
birse ante la autoridad competente de dicho Estado miembro.
2. La autoridad competente del Estado miembro de acogida efec-
tuará la inscripción del abogado previa presentación de una
certificación de inscripción ante la autoridad competente del Estado
miembro de origen. Podrá exigir que la citada certificación haya sidoexpedida por la autoridad competente del Estado miembro de origendentro de los tres meses anteriores a la fecha de su presentación.Informará a la autoridad competente del Estado miembro de origenacerca de dicha inscripción.1998L0005 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 6
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3. A efectos de la aplicación del apartado 1:
— en el Reino Unido y en Irlanda, los abogados que ejerzan con un
título profesional distinto al del Reino Unido o de Irlanda se inscri-
birán, bien ante la autoridad competente para la profesión de
barrister od e advocate , o bien ante la autoridad competente para
la profesión de solicitor ;
— en el Reino Unido, la autoridad competente para un barrister de
Irlanda será la correspondiente a la profesión de barrister od e
advocate; para un solicitor de Irlanda, la correspondiente a la profe-
sión de solicitor ;
— en Irlanda, la autoridad competente para un barrister ou n advocate
del Reino Unido será la correspondiente a la profesión de barrister;
para un solicitor del Reino Unido, la correspondiente a la profesión
de solicitor .
4. Cuando la autoridad competente del Estado miembro de acogida
publique los nombres de los abogados inscritos ante la misma,
publicará también los nombres de los abogados inscritos en virtud dela presente Directiva.
Artículo 4
Ejercicio con el título profesional de origen
1. Los abogados que ejerzan en el Estado miembro de acogida con
su título profesional de origen estarán obligados a hacerlo con dichotítulo, que deberá estar expresado en la lengua o en una de las lenguasoficiales del Estado miembro de origen, pero de forma inteligible y queevite cualquer confusión con el título profesional del Estado miembro
de acogida.
2. A efectos de la aplicación del apartado 1 el Estado miembro de
acogida podrá exigir que el abogado que ejerza con su título profe-
sional de origen añada la mención de la organización profesional de
la que dependa en el Estado miembro de origen o del órgano jurisdic-cional ante el que pueda ejercer en aplicación de la legislación delEstado miembro de origen. El Estado miembro de acogida tambiénpodrá exigir que el abogado que ejerza con el título profesional deorigen haga mención de su inscripción ante la autoridad competente
de dicho Estado miembro.
Artículo 5
Ámbito de actividad
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, los abogados
que ejerzan con su título profesional de origen desempeñarán las
mismas actividades profesionales que los abogados que ejerzan con eltítulo pertinente del Estado miembro de acogida y, en particular,podrán prestar asesoramiento jurídico en materia de Derecho de suEstado miembro de origen, de Derecho comunitario, de Derecho inter-nacional y de Derecho del Estado miembro de acogida. En cualquier
caso respetarán las normas de procedimiento aplicables ante los
órganos jurisdiccionales nacionales.
2. Los Estados miembros que en su territorio autoricen a una deter-
minada categoría de abogados a extender instrumentos que habiliten
para la administración de bienes de personas fallecidas o relativos a lacreación o cesión de derechos reales sobre inmuebles, que en otrosEstados miembros se reservan a profesiones distintas de la de abogado,podrán excluir de dichas actividades a los abogados que ejerzan con su
título profesional de origen expedido en uno de estos últimos Estados
miembros.
3. Para el ejercicio de las actividades relativas a la representación y
la defensa de un cliente ante un órgano jurisdiccional y en la medida
en que la legislación del Estado miembro de acogida reserve estas acti-vidades a los abogados que ejerzan con el título profesional de esteEstado, dicho Estado miembro podrá exigir que los abogados queejerzan con su título profesional de origen actúen concertadamente,bien con un abogado que ejerza ante el órgano jurisidiccional de que1998L0005 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 7
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se trate, que, en su caso, sería responsable ante el mismo, o bien con un
avoue que ejerza ante dicho órgano.
No obstante, con vistas a garantizar el funcionamiento correcto de la
administración de justicia, los Estados miembros podrán establecernormas específicas para actuar ante los Tribunales Supremos, talescomo el recurso a abogados especializados.
Artículo 6
Normas profesionales y deontológicas aplicables
1. Independientemente de la normativa sobre la profesión y las
normas deontológicas a las que estén sujetos en su Estado miembrode origen, los abogados que ejerzan con su título profesional de origenquedarán sujetos a las mismas reglas profesionales y deontológicas querijan para los abogados que ejerzan con el título profesional pertinente
del Estado miembro de acogida, con respecto a todas las actividades
que ejerzan en el territorio de dicho Estado.
2. Se garantizará a los abogados que ejerzan con su título profe-
sional de origen una representación adecuada en las organizaciones
profesionales del Estado miembro de acogida. Esta representación
incluirá, como mínimo, el derecho de voto en las elecciones de losórganos rectores de dichas organizaciones.
3. El Estado miembro de acogida podrá imponer a los abogados que
ejerzan con su título profesional de origen, bien la suscripción de un
seguro de responsabilidad profesional, o bien la afiliación a un fondode garantía profesional, con arreglo a las normas que establezca dichoEstado para las actividades profesionales ejercidas en su territorio. Noobstante, quedarán dispensados de dicha obligación los abogados que
ejerzan con su título profesional de origen que justifiquen estar
cubiertos por un seguro o una garantía suscrita con arreglo a lasnormas del Estado miembro de origen, en la medida en que éstos seanequivalentes en lo que respecta a las modalidades y a la cobertura. Si laequivalencia fuera únicamente parcial, la autoridad competente delEstado miembro de acogida podrá exigir la suscripción de un seguro o
una garantía complementaria que cubra los aspectos que no queden
cubiertos por el seguro o la garantía suscritos con arreglo a las normasdel Estado miembro de origen.
Artículo 7
Procedimiento disciplinario
1. En caso de que un abogado que ejerza con su título profesional de
origen incumpla las obligaciones en vigor en el Estado miembro de
acogida, serán de aplicación las normas de procedimiento, las
sanciones y los recursos previstos en el Estado miembro de acogida.
2. Antes de incoar un procedimiento disciplinario a un abogado que
ejerza con su título profesional de origen la autoridad competente del
Estado miembro de acogida informará lo más rápidamente posible a la
autoridad competente del Estado miembro de origen y le proporcionarátoda la información pertinente.
Las disposiciones del párrafo primero serán de aplicación, mutatis
mutandis , cuando el procedimiento disciplinario sea incoado por la
autoridad competente del Estado miembro de origen, que informará ala autoridad competente del o de los Estados miembros de acogida.
3. Sin perjuicio del poder de decisión de la autoridad competente del
Estado miembro de acogida, ésta cooperará a lo largo del procedi-miento disciplinario con la autoridad competente del Estado miembrode origen. En particular, el Estado miembro de acogida adoptará lasmedidas necesarias para que la autoridad competente del Estadomiembro de origen pueda formular alegaciones ante las instancias a
las que se recurra.
4. La autoridad competente del Estado miembro de origen decidirá,
de conformidad con sus propias normas sustantivas y procesales, acercadel curso que deba darse a la decisión que la autoridad competente del1998L0005 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 8
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Estado miembro de acogida haya adoptado con respecto a un abogado
que ejerza con su título profesional de origen.
5. Aunque no se trata de un requisito previo a la decisión de la auto-
ridad competente del Estado miembro de acogida, la retirada temporalo definitiva de la autorización para ejercer la profesión por parte de laautoridad competente del Estado miembro de origen implicará auto-
máticamente para el abogado la prohibición temporal o definitiva de
ejercer con el título profesional de origen en el Estado miembro deacogida.
Artículo 8
Ejercicio por cuenta ajena
El abogado inscrito en el Estado miembro de acogida con su título
profesional de origen podrá ejercer en calidad de abogado por cuenta
de otro abogado, de una asociación o sociedad de abogados, o de una
empresa pública o privada, en la medida en que así lo permita elEstado miembro de acogida a los abogados inscritos con el título profe-sional de dicho Estado miembro.
Artículo 9
Motivación y recurso judicial
Las decisiones de denegación de inscripciones a que se refiere el
artículo 3 o de cancelación de dicha inscripción, así como las deci-siones que impongan sanciones disciplinarias, deberán ser motivadas.
Dichas decisiones serán susceptibles de recurso jurisdiccional de
Derecho interno.
Artículo 10
Equiparación al abogado del Estado miembro de acogida
1. Los abogados que ejerzan con su título profesional de origen, que
justifiquen una actividad efectiva y regular de una duración mínima detres años en el Estado miembro de acogida en el ámbito del Derecho en
el Estado miembro de acogida, incluido el Derecho comunitario,
estarán dispensados del cumplimiento de las condiciones establecidasen la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/48/CEEpara acceder a la profesión de abogado en el Estado miembro deacogida. Por «actividad efectiva y regular» se entenderá el ejercicioefectivo de la actividad sin otra interrupción que la que resulte de acon-
tecimientos de la vida corriente.
Corresponderá al abogado interesado demostrar ante la autoridad
competente del Estado miembro de acogida esta actividad efectiva y
regular, de una duración mínima de tres años, en materias relativas al
Derecho de dicho Estado miembro de acogida. A tal fin:
a) el abogado presentará a la autoridad competente del Estado
miembro de acogida la información y los documentos pertinentes,
relativos en particular al número y naturaleza de los asuntos que
haya tratado;
b) la autoridad competente del Estado miembro de acogida podrá
comprobar el carácter efectivo y regular de la actividad ejercida y,si fuere necesario, podrá instar al abogado a que aporte, oralmente opor escrito, aclaraciones o precisiones adicionales relativas a lasinformaciones y documentos mencionados en la letra a).
La decisión de la autoridad competente del Estado miembro de acogida
de no conceder la dispensa si no se aporta la prueba del cumplimientode los requisitos establecidos en el párrafo primero deberá estar moti-vada y será susceptible de recurso jurisdiccional de Derecho interno.
2. Los abogados que ejerzan con su título profesional de origen en
un Estado miembro de acogida podrán, en cualquier momento, solicitarel reconocimiento de su título en virtud de la Directiva 89/48/CEE, conobjeto de acceder a la profesión de abogado del Estado miembro de1998L0005 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 9
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acogida y de ejercerla con el título profesional correspondiente a esta
profesión en dicho Estado miembro.
3. Los abogados que ejerzan con su título profesional de origen, que
justifiquen una actividad efectiva y regular de una duración mínima de
tres años en el Estado miembro de acogida, pero de menor duración en
materias relativas al Derecho de dicho Estado miembro, podrán obtenerde la autoridad competente de dicho Estado miembro su acceso a laprofesión de abogado del Estado miembro de acogida y el derecho aejercerla con el título profesional apropiado correspondiente a estaprofesión en dicho Estado miembro de acogida, sin estar obligado a
cumplir los requisitos mencionados en la letra b) del apartado 1 del
artículo 4 de la Directiva 89/48/CEE, con arreglo a las condiciones ymodalidades que se describen a continuación:
a) la autoridad competente del Estado miembro de acogida tomará en
consideración la actividad efectiva y regular durante el períodomencionado anteriormente, así como cualquier conocimiento yexperiencia profesional en el Derecho del Estado miembro deacogida y cualquier participación en cursos o seminarios relativos
al Derecho del Estado miembro de acogida, incluidas las normas
reguladoras de la profesión y las normas deontológicas;
b) el abogado facilitará a la autoridad competente del Estado miembro
de acogida toda la información y los documentos pertinentes, espe-cialmente sobre los asuntos que haya tratado. La apreciación de la
actividad efectiva y regular ejercida por el abogado en el Estado
miembro de acogida, así como la apreciación de su capacidad paraproseguir la actividad que ya ha ejercido en él, se llevará a cabo através de una entrevista con la autoridad competente del Estadomiembro de acogida, cuya finalidad será la verificación del carácter
efectivo y regular de la actividad ejercida.
La decisión de la autoridad competente del Estado miembro de acogida
de no conceder la autorización si no se aporta la prueba del cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el párrafo primero deberáestar motivada y ser susceptible de recurso jurisdiccional del Derechointerno.
4. La autoridad competente del Estado miembro de acogida podrá,
mediante decisión motivada susceptible de recurso jurisdiccional deDerecho interno, denegar la admisión del abogado al beneficio de lasdisposiciones del presente artículo si, en su opinión, corriere peligro el
orden público en razón, más concretamente, de procedimientos discipli-
narios, quejas o incidentes de cualquier tipo.
5. Los representantes de la autoridad competente encargados de
examinar la solicitud garantizarán el secreto de la información obte-nida.
6. El abogado que acceda a la profesión de abogado del Estado
miembro de acogida con arreglo a las modalidades previstas en losapartados 1 a 3 tendrá derecho a utilizar, junto con el título profesionalcorrespondiente a la profesión de abogado en el Estado miembro de
acogida, el título profesional de origen expresado en una de las lenguas
oficiales del Estado miembro de origen.
Artículo 11
Ejercicio en grupo
Cuando en el Estado miembro de acogida se permita el ejercicio en
grupo a los abogados que desarrollan su actividad profesional con eltítulo profesional pertinente, a los abogados que deseen desarrollar su
actividad profesional con ese título o que se inscriban ante la autoridad
competente se aplicarán las normas siguientes:
1) Uno o más abogados que ejerzan con su título profesional de origen
en un Estado miembro de acogida, que sean miembros de un mismogrupo en el Estado miembro de origen, podrán desempeñar sus acti-vidades profesionales en una sucursal o agencia de su grupo en elEstado miembro de acogida. No obstante, cuando las normas funda-mentales por las que se rija dicho grupo en el Estado miembro de1998L0005 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 10
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origen sean incompatibles con las disposiciones legales, reglamenta-
rias o administrativas del Estado miembro de acogida, se aplicaránestas últimas en la medida en que su observancia esté justificada por
el interés general de la protección de clientes y de terceros.
2) Los Estados miembros ofrecerán la posibilidad de ejercicio en grupo
a dos o más abogados que procedan de un mismo grupo o de un
mismo Estado miembro de origen y que ejerzan en su territorio
con su título profesional de origen. Si el Estado miembro de acogidapermite distintas formas de asociación para sus abogados, loscitados abogados tendrán acceso a estas mismas formas de ejercicioen grupo. Las modalidades de ejercicio en grupo de la profesión por
parte de dichos abogados en el Estado miembro de acogida se regirá
por las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas dedicho Estado miembro.
3) El Estado miembro de acogida adoptará las medidas necesarias para
permitir el ejercicio en grupo:
a) de varios abogados, procedentes de Estados miembros distintos,
que ejerzan con su título profesional de origen,
b) de uno o más de los abogados mencionados en la letra a) y uno o
más abogados del Estado miembro de acogida.
Las modalidades de ejercicio en grupo de la profesión por parte de
dichos abogados en el Estado miembro de acogida se regirán por las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas del mismo.
4) Los abogados que deseen ejercer con su título profesional de origen
informarán a la autoridad competente del Estado miembro de
acogida de su pertenencia a un grupo en su Estado miembro de
origen y facilitarán la información pertinente sobre dicho grupo.
5) No obstante lo dispuesto en los puntos 1 a 4, el Estado miembro de
acogida, en la medida en que prohíba a los abogados que ejerzan
con su propio título profesional pertinente el ejercicio de la profe-sión de abogado en un grupo que incluya personas ajenas a laprofesión, podrá prohibir a los abogados inscritos con su títuloprofesional de origen que ejerzan en su territorio en calidad demiembros de su grupo. Se considerará que el grupo incluye personas
ajenas a la profesión si se da cualquiera de las circunstancias
siguientes:
— el capital del mismo está, total o parcialmente, en posesión de, o
— la denominación con la que ejerce es utilizada por, o— el poder de decisión en el mismo, de hecho o de derecho, es
ejercido por
personas que no tengan la condición de abogado, en el sentido del
apartado 2 del artículo 1.
Cuando las normas fundamentales que rijan para este grupo de
abogados en el Estado miembro de origen sean incompatibles, biencon las normas vigentes en el Estado miembro de acogida, bien conlas disposiciones del párrafo primero, el Estado miembro de acogida
podrá oponerse a la apertura de una sucursal o agencia en su terri-
torio sin las restricciones establecidas en el punto 1.
Artículo 12
Denominación del grupo
Independientemente de la forma con arreglo a la cual los abogados
ejerzan su profesión con su título profesional de origen en el Estado
miembro de acogida, éstos podrán mencionar la denominación del
grupo del que forman parte en el Estado miembro de origen.
El Estado miembro de acogida podrá exigir que se indique, además de
la denominación contemplada en el párrafo primero, la forma jurídicadel grupo en el Estado miembro de origen y/o los nombres de losmiembros del grupo que ejerzan en el Estado miembro de acogida.1998L0005 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 11
▼B
Artículo 13
Cooperación entre las autoridades competentes del Estado
miembro de acogida y del Estado miembro de origen y confidencia-
lidad
Con el fin de facilitar la aplicación de la presente Directiva y evitar
que se eludan, en su caso, sus disposiciones con el único fin desustraerse a las normas aplicables en el Estado miembro de acogida,las autoridades competentes del Estado miembro de acogida y delEstado miembro de origen colaborarán estrechamente y se prestaránasistencia mutua.
Dichas autoridades garantizarán la confidencialidad de la información
que intercambien.
Artículo 14
Designación de la autoridad competente
Los Estados miembros designarán, no más tarde del 14 de marzo de
2000, las autoridades competentes habilitadas para recibir las solici-tudes y adoptar las decisiones a que se refiere la presente Directiva.Informarán de ello a los demás Estados miembros y a la Comisión.
Artículo 15
Informe de la Comisión
Una vez transcurridos, como máximo, diez años tras la fecha de
entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión elaborará uninforme destinado al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estadode aplicación de la presente Directiva.
Al mismo tiempo, y tras haber realizado todas las consultas necesarias,
la Comisión presentará sus conclusiones y, en su caso, aquellas modifi-
caciones que podrían introducirse en el sistema vigente.
Artículo 16
Incorporación
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a loestablecido en la presente Directiva a más tardar el 14 de marzo de2000. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas
harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha
referencia en su publicación oficial. La forma que deberá adoptar dicha
referencia será decidida por los Estados miembros.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbitoregulado por la presente Directiva.
Artículo 17
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidadesd Europeas .
Artículo 18
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.1998L0005 — ES — 01.05.2004 — 001.001 — 12