2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B REGLAMENTO(CE)No44/2001DELCONSEJO
de22dediciembrede2000
relativoalacompetenciajudicial,elreconocimientoylaejecuciónderesolucionesjudicialesen
materiacivilymercantil
(DO L 12 de 16.1.2001, p. 1)
Rectificado por:
►C1Rectificación, DO L 307 de 24.11.2001, p. 28 (44/2001)
►C2Rectificación, DO L 176 de 5.7.2002, p. 47 (44/2001)
▼B
REGLAMENTO(CE)No44/2001DELCONSEJO
de22dediciembrede2000
relativoalacompetenciajudicial,elreconocimientoylaejecución
deresolucionesjudicialesenmateriacivilymercantil
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular,la letra c) de su artículo 61 y el apartado 1 de su artículo 67,
Vista la propuesta de la Comisión(
1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3),
Considerando lo siguiente:
(1)La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar
un espacio de libertad, de seguridad y de justicia en el que esté
garantizada la libre circulación de personas. A fin de establecerprogresivamente tal espacio, la Comunidad adopta, entre otrascosas, las medidas en el ámbito de la cooperación judicial enmateria civil que son necesarias para el buen funcionamientodel mercado interior.
(2)Ciertas diferencias en las normas nacionales sobre competenciajudicial y reconocimiento de las resoluciones judiciales hacenmás difícil el buen funcionamiento del mercado interior. Sonindispensables, por consiguiente, disposiciones mediante las que
se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en
materia civil y mercantil, simplificándose los trámites para unreconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resolu-ciones judiciales de los Estados miembros obligados por elpresente Reglamento.
(3)Esta materia se encuentra dentro del ámbito de la cooperaciónjudicial en materia civil a efectos del artículo 65 del Tratado.
(4)De conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio
de proporcionalidad, tal como se enuncian en el artículo 5 del
Tratado, los objetivos del presente Reglamento no pueden seralcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y,por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario. Elpresente Reglamento se limita al mínimo requerido para alcanzardichos objetivos y no excede de lo necesario a tal efecto.
(5)Los Estados miembros celebraron el 27 de septiembre de 1968,en el marco del cuarto guión del artículo 293 del Tratado, elConvenio de Bruselas relativo a la competencia judicial, el reco-nocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil, en la versión modificada por los Convenios
de adhesión de los nuevos Estados miembros a dichoConvenio(
4) (denominado en lo sucesivo «el Convenio de
Bruselas»). El 16 de septiembre de 1988, los Estados miembrosy los Estados de la AELC celebraron el Convenio de Lugano,relativo a la competencia judicial y al reconocimiento de resolu-
ciones judiciales en materia civil y mercantil, paralelo al
Convenio de Bruselas de 1968. Estos Convenios han sido objetode revisión y el Consejo ha manifestado su acuerdo sobre el2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 2
(1) DO C 376 de 28.12.1999, p. 1.
(2) Dictamen emitido el 21 de septiembre de 2000 (aún no publicado en el
Diario Oficial).
(3) DO C 117 de 26.4.2000, p. 6.
(4) DO L 299 de 31.12.1972, p. 32.
DO L 304 de 30.10.1978, p. 1.
DO L 388 de 31.12.1982, p. 1.
DO L 285 de 3.10.1989, p. 1.
DO C 15 de 15.1.1997, p. 1.
Para la versión consolidada, véase el DO C 27 de 26.1.1998, p. 1.
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contenido del texto revisado. Procede garantizar la continuidad
de los resultados obtenidos en el marco de esta revisión.
(6)Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resolu-ciones judiciales en materia civil y mercantil, es necesario yoportuno que las reglas relativas a la competencia judicial, al
reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones se deter-
minen por un instrumento jurídico comunitario vinculante ydirectamente aplicable.
(7)El ámbito de aplicación material del presente Reglamento debeabarcar lo esencial de las materias civil y mercantil, salvo deter-minadas materias claramente determinadas.
(8)Los litigios a los que se aplica el presente Reglamento debenpresentar un nexo con el territorio de los Estados miembrossujetos a dicho Reglamento. Por consiguiente, las reglascomunes sobre competencia judicial se aplicarán, en principio,
cuando el demandado esté domiciliado en uno de dichos Estados
miembros.
(9)Los demandados no domiciliados en un Estado miembro estarán
generalmente sujetos a las reglas nacionales de competencia
aplicables en el territorio del Estado miembro del tribunal anteel que se presente la demanda y los demandados domiciliadosen un Estado miembro no sujeto al presente Reglamento deberánseguir estando sujetos al Convenio de Bruselas.
(10)A los efectos de la libre circulación de las resoluciones judi-ciales, las dictadas en un Estado miembro obligado por elpresente Reglamento deberán reconocerse y ejecutarse en otro
Estado miembro obligado por el presente Reglamento, aun
cuando el deudor condenado esté domiciliado en un tercerEstado.
(11)Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto gradode previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de quela competencia judicial se basa generalmente en el domiciliodel demandado y esta competencia debe regir siempre, exceptoen algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio
o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vincula-
ción. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse eldomicilio de manera autónoma para incrementar la transparenciade las reglas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.
(12)El foro del domicilio del demandado debe completarse con otrosforos alternativos a causa del estrecho nexo existente entre elórgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena admi-nistración de justicia.
(13)En cuanto a los contratos de seguros, de los celebrados por losconsumidores o de trabajo, es oportuno proteger a la parte más
débil mediante reglas de competencia más favorables a sus inte-
reses de lo que disponen las reglas generales.
(14)Debe respetarse la autonomía de las partes de un contrato, que
no sea de seguros, de los celebrados por los consumidores o de
trabajo, en los que sólo se prevé una autonomía limitada encuanto a la elección del órgano jurisdiccional competente, sinperjuicio de los criterios de competencia exclusiva establecidosen el presente Reglamento.
(15)El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir almáximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar quese dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables.
Es conveniente prever un mecanismo claro y eficaz con objeto
de resolver los casos de litispendencia y conexidad y de obviarlos problemas derivados de las divergencias nacionales sobre lafecha en la que un asunto se considera pendiente. A efectos delpresente Reglamento, es oportuno definir esta fecha de manera
autónoma.
(16)La confianza recíproca en la justicia dentro de la Comunidad
legitima que las resoluciones dictadas en un Estado miembro2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 3
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sean reconocidas de pleno Derecho, sin que sea necesario,
excepto en caso de oposición, recurrir a ningún otro procedi-miento.
(17)Esta misma confianza recíproca justifica que sea eficaz y rápido
el procedimiento para hacer ejecutoria, en un Estado miembro,
una resolución dictada en otro Estado miembro. A tal efecto, elotorgamiento de la ejecución de una resolución debería produ-cirse de manera casi automática, previo mero control formal delos documentos aportados, sin que el tribunal pueda invocar deoficio ninguno de los motivos de denegación de la ejecución
previstos en el presente Reglamento.
(18)El respeto del derecho de defensa impone, no obstante, que eldemandado pueda, llegado el caso, interponer un recurso que se
examine con arreglo al principio de contradicción contra el otor-gamiento de ejecución, si considera que se da alguno de losmotivos para su denegación. Asimismo, debe reconocerse aldemandante el derecho a recurrir si se deniega el otorgamiento
de la ejecución.
(19)Procede garantizar la continuidad entre el Convenio de Bruselasy el presente Reglamento y, a tal efecto, es oportuno establecer
disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarsepor lo que respecta a la interpretación de las disposiciones delConvenio de Bruselas por el Tribunal de Justicia de las Comuni-dades Europeas, por lo que el Protocolo de 1971(
1) deberá seguir
aplicándose también a los procedimientos que ya estuvieran
pendientes en la fecha de entrada en vigor del Reglamento.
(20)De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posicióndel Reino Unido e Irlanda que figura en anexo al Tratado de laUnión Europea y al Tratado constitutivo de la ComunidadEuropea, estos Estados han comunicado su deseo de participaren la adopción y en la aplicación del presente Reglamento.
(21)De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre laposición de Dinamarca que figura en anexo al Tratado de la
Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Unión Europea,
Dinamarca no participa en la aprobación del presente Regla-mento, por lo que ni está sujeta al presente Reglamento ni le esaplicable.
(22)Habida cuenta de que está en vigor el Convenio de Bruselas enlas relaciones entre Dinamarca y los Estados miembros sujetos alpresente Reglamento, tanto el Convenio de Bruselas como elProtocolo de 1971 siguen aplicándose entre Dinamarca y los
Estados miembros sujetos al presente Reglamento.
(23)El Convenio de Bruselas sigue también aplicándose en lo que
respecta a los territorios de los Estados miembros que entran ensu ámbito de aplicación territorial y que están excluidos delpresente Reglamento en virtud del artículo 229 del Tratado.
(24)Un mismo afán de coherencia explica que el presente Regla-mento no afecte a las reglas sobre la competencia judicial y elreconocimiento de las resoluciones judiciales contenidas eninstrumentos comunitarios específicos.
(25)El respeto de los compromisos internacionales contraídos por los
Estados miembros justifican que el presente Reglamento no
afecte a los convenios en los que son parte los Estados miembrosy se refieren a materias especiales.
(26)Debe introducirse en las reglas de principio previstas por elpresente Reglamento la flexibilidad necesaria para tener en2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 4
(1) DO L 204 de 2.8.1975, p. 28.
DO L 304 de 30.10.1978, p. 1.
DO L 388 de 31.12.1982, p. 1.
DO L 285 de 3.10.1989, p. 1.
DO C 15 de 15.1.1997, p. 1.
Para la versión consolidada, véase el DO C 27 de 26.1.1998, p. 28.
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cuenta las particularidades procesales de determinados Estados
miembros. A tal efecto conviene incluir en el presente Regla-mento algunas disposiciones previstas en el Protocolo anexo al
Convenio de Bruselas.
(27)Para permitir una transición armoniosa en determinados ámbitos
sobre los que existían disposiciones particulares en el Protocoloanexo al Convenio de Bruselas, el presente Reglamento esta-blece, durante un período transitorio, disposiciones que tienenen cuenta la situación específica en determinados Estados miem-bros.
(28)A más tardar cinco años después de la entrada en vigor delpresente Reglamento, la Comisión presentará un informe sobre
su aplicación y, en su caso, propondrá las modificaciones nece-
sarias.
(29)La Comisión deberá modificar los anexos I a IV relativos a lasreglas de competencia nacionales, a los tribunales y autoridadescompetentes y a los recursos basándose en las modificacionestransmitidas por el Estado miembro de que se trate. Las modifi-caciones de los anexos V y VI deberán adoptarse de acuerdo con
la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999,
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio delas competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(
1).
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
ÁMBITODEAPLICACIÓN
Artículo 1
1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil
con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. Noincluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.
2. Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:
a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matri-
moniales, los testamentos y las sucesiones;
b) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás
procedimientos análogos;
c) la seguridad social;
d) el arbitraje.
3. En el presente Reglamento por la expresión «Estado miembro» se
entenderá cualquier Estado miembro excepto Dinamarca.
CAPÍTULO II
COMPETENCIA
Sección 1
Disposicionesgenerales
Artículo 2
1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domi-
ciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su
nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.
2. A las personas que no tuvieren la nacionalidad del Estado
miembro en que estén domiciliadas les serán de aplicación las reglasde competencia judicial que se aplicaren a los nacionales.2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 5
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Artículo 3
1. Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser
demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud delas reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.
2. No podrán invocarse frente a ellas, en particular, las reglas de
competencia nacionales que figuran en el anexo I.
Artículo 4
1. Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado miembro,
la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley
de este Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto
en los artículos 22 y 23.
2. Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, domiciliada en el
territorio de un Estado miembro, podrá invocar contra dicho deman-
dado, del mismo modo que los nacionales de este Estado, las reglasde competencia judicial vigentes en el mismo y, en particular, lasprevistas en el anexo I.
Sección 2
Competenciasespeciales
Artículo 5
Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser deman-
dadas en otro Estado miembro:
1) a) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que
hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere
de base a la demanda;
b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario,
dicho lugar será:
— cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el
lugar del Estado miembro en el que, según el contrato,hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías;
— cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del
Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido odebieren ser prestados los servicios;
c) cuando la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a).
2) En materia de alimentos, ante el tribunal del lugar del domicilio o
de la residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratare
de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las
personas, ante el tribunal competente según la ley del foro paraconocer de ésta, salvo que tal competencia se fundamentare exclusi-vamente en la nacionalidad de una de las partes.
3) En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar
donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso.
4) Si se tratare de acciones por daños y perjuicios o de acciones de
restitución fundamentadas en un acto que diere lugar a un procedi-
miento penal, ante el tribunal que conociere de dicho proceso, en lamedida en que, de conformidad con su ley, dicho tribunal pudiereconocer de la acción civil.
5) Si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales,
agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal del lugar
en que se hallaren sitos.
6) En su condición de fundador, trusteeo beneficiario de un trustcons-
tituido ya en aplicación de la ley, ya por escrito o por un acuerdoverbal confirmado por escrito, ante los tribunales del Estadomiembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el trust.
7) Si se tratare de un litigio relativo al pago de la remuneración recla-
mada en razón del auxilio o el salvamento de los que se hubiere2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 6
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beneficiado un cargamento o un flete, ante el tribunal en cuya juris-
dicción dicho cargamento o flete:
a) hubiere sido embargado para garantizar dicho pago; o
b) hubiere podido ser embargado a tal fin, pero se haya prestado
una caución o cualquier otra garantía.
Esta disposición sólo se aplicará cuando se pretendiere que el
demandado tiene un derecho sobre el cargamento o el flete o que
tenía tal derecho en el momento de dicho auxilio o salvamento.
Artículo 6
Las personas a las que se refiere el artículo anterior también podrán ser
demandadas:
1) si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cual-
quiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadasentre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlasy juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían
ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente,
2) si se tratare de una demanda sobre obligaciones de garantía o para
la intervención de terceros en el proceso, ante el tribunal que estu-viere conociendo de la demanda principal, salvo que ésta se hubiere
formulado con el único objeto de provocar la intervención de un
tribunal distinto del correspondiente al demandado,
3) si se tratare de una reconvención derivada del contrato o hecho en
que se fundamentare la demanda inicial, ante el tribunal que estu-viere conociendo de esta última,
4) en materia contractual, si la acción pudiere acumularse con otra en
materia de derechos reales inmobiliarios dirigida contra el mismodemandado, ante el tribunal del Estado miembro en el que estuvieresito el inmueble.
Artículo 7
Cuando, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de un Estado
miembro fuere competente para conocer de acciones de responsabilidad
derivadas de la utilización o la explotación de un buque, dicho tribunalo cualquier otro que le sustituyere en virtud de la ley interna de dichoEstado miembro conocerá también de la demanda relativa a la limita-ción de esta responsabilidad.
Sección 3
Competenciaenmateriadeseguros
Artículo 8
En materia de seguros, se determinará la competencia con arreglo a las
disposiciones de la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en elartículo 4 y en el punto 5 del artículo 5.
Artículo 9
1. El asegurador domiciliado en un Estado miembro podrá ser
demandado:
a) ante los tribunales del Estado miembro donde tuviere su domicilio;
o
b) en otro Estado miembro, cuando se trate de acciones entabladas por
el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario, ante eltribunal del lugar donde tuviere su domicilio el demandante; o
c) si se tratare de un coasegurador, ante los tribunales del Estado
miembro que entendiere de la acción entablada contra el primerfirmante del coaseguro.
2. Cuando el asegurador no estuviere domiciliado en un Estado
miembro pero tuviere sucursales, agencias o cualquier otro estableci-2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 7
▼B
miento en un Estado miembro se le considerará, para los litigios rela-
tivos a su explotación, domiciliado en dicho Estado miembro.
Artículo 10
El asegurador podrá, además, ser demandado ante el tribunal del lugar
en que se hubiere producido el hecho dañoso cuando se tratare deseguros de responsabilidad o de seguros relativos a inmuebles. Lamisma regla será de aplicación cuando se tratare de seguros que se
refieren a inmuebles y a bienes muebles cubiertos por una misma
póliza y afectados por el mismo siniestro.
Artículo 11
1. En materia de seguros de responsabilidad civil, el asegurador
podrá ser demandado ante el tribunal que conociere de la acción de la
persona perjudicada contra el asegurado, cuando la ley de este tribunal
lo permitiere.
2. Las disposiciones de los artículos 8, 9 y 10 serán aplicables en los
casos de acción directa entablada por la persona perjudicada contra elasegurador cuando la acción directa fuere posible.
3. El mismo tribunal será competente cuando la ley reguladora de
esta acción directa previere la posibilidad de demandar al tomador delseguro o al asegurado.
Artículo 12
1. Salvo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11, la acción del
asegurador sólo podrá ser ejercitada ante los tribunales del Estadomiembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el demandado, yasea tomador del seguro, asegurado o beneficiario.
2. Las disposiciones de la presente sección no afectarán al derecho
de interponer una reconvención ante el tribunal que estuviere cono-ciendo de una demanda inicial de conformidad con la presente sección.
Artículo 13
Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección
los acuerdos atributivos de competencia:
1) posteriores al nacimiento del litigio, o
2) que permitieren al tomador del seguro, al asegurado o al benefi-
ciario formular demandas ante tribunales distintos de los indicados
en la presente sección, o
3) que, habiéndose celebrado entre un tomador de seguro y un asegu-
rador, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estadomiembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren,aunque el hecho dañoso se hubiere producido en el extranjero,
competencia a los tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley
de éste prohibiere tales acuerdos, o
4) celebrados con un tomador de seguro que no estuviere domiciliado
en un Estado miembro, a no ser que se tratare de un seguro obliga-torio o se refiriere a un inmueble sito en un Estado miembro, o
5) que se refirieren a un contrato de seguro que cubriere uno o varios
de los riesgos enumerados en el artículo 14.
Artículo 14
Los riesgos contemplados en el punto 5 del artículo 13 son los
siguientes:
1) todo daño a:
a) buques de navegación marítima, instalaciones costeras y en alta
mar o aeronaves, causado por hechos sobrevenidos en relacióncon su utilización para fines comerciales;2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 8
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b) mercancías distintas de los equipajes de los pasajeros, durante un
transporte realizado por dichos buques o aeronaves, bien en sutotalidad o bien en combinación con otros modos de transporte,
2) toda responsabilidad, con excepción de la derivada de los daños
corporales a los pasajeros o de los daños a sus equipajes
a) resultante de la utilización o la explotación de los buques, insta-
laciones o aeronaves, de conformidad con la letra a) del punto 1del presente artículo, cuando la ley del Estado miembro en el queestuviere matriculada la aeronave no prohibiere los acuerdos atri-butivos de competencia en el aseguramiento de tales riesgos;
b) por las mercancías durante uno de los transportes contemplados
en la letra b) del punto 1,
3) toda pérdida pecuniaria ligada a la utilización o a la explotación de
buques, instalaciones o aeronaves de conformidad con la letra a) delpunto 1, en particular la del flete o el beneficio del fletamento,
4) todo riesgo accesorio a cualquiera de los contemplados en los
puntos 1 a 3,
5) no obstante lo dispuesto en los anteriores puntos 1 a 4, todos los
«grandes riesgos» industriales y comerciales, tal como se enumeranen la Directiva 73/239/CEE del Consejo(
1), modificada por las
Directivas 88/357/CEE(2) y 90/618/CEE(3), en su última versión
en vigor.
Sección 4
Competenciaenmateriadecontratoscelebradosporlosconsumi-
dores
Artículo 15
1. En materia de contratos celebrados por una persona, el consu-
midor, para un uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad
profesional, la competencia quedará determinada por la presentesección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el punto 5del artículo 5:
a) cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías;
b) cuando se tratare de un préstamo a plazos o de otra operación de
crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes;
c) en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerciere
actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro deldomicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirigiere talesactividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros,
incluido este último, y el contrato estuviere comprendido en el
marco de dichas actividades.
2. Cuando el cocontratante del consumidor no estuviere domiciliado
en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquierotro establecimiento en un Estado miembro, se considerará para todos
los litigios relativos a su explotación que está domiciliado en dicho
Estado.
3. La presente sección no se aplicará al contrato de transporte, salvo
el caso de los que, por un precio global, ofrecen una combinación deviaje y alojamiento.
Artículo 16
1. La acción entablada por un consumidor contra la otra parte
contratante podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 9
(1) DO L 228 de 16.8.1973, p. 3, Directiva cuya última modificación la consti-
tuye la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L
181 de 20.7.2000, p. 65).
(2) DO L 172 de 4.7.1988, p. 1, Directiva cuya última modificación la consti-
tuye la Directiva 2000/26/CE.
(3) DO L 330 de 29.11.1990, p. 44.
▼B
en que estuviere domiciliada dicha parte o ante el tribunal del lugar en
que estuviere domiciliado el consumidor.
2. La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contra-
tante sólo podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en
que estuviere domiciliado el consumidor.
3. El presente artículo no afectará al derecho de presentar una recon-
vención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal deconformidad con la presente sección.
Artículo 17
Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección
los acuerdos atributivos de competencia:
1. posteriores al nacimiento del litigio; o
2. que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales
distintos de los indicados en la presente sección; o
3. que habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante,
domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembroen el momento de la celebración del contrato, atribuyeren compe-tencia a los tribunales de dicho Estado miembro, a no ser que la
ley de éste prohibiere tales acuerdos.
Sección 5
Competenciaenmateriadecontratosindividualesdetrabajo
Artículo 18
1. En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia
quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio del artículo4 y del punto 5 del artículo 5.
2. Cuando un trabajador celebrare un contrato individual de trabajo
con un empresario que no tuviere su domicilio en un Estado miembro,
pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en
un Estado miembro, se considerará, para todos los litigios derivados dela explotación de la sucursal, agencia o establecimiento, que tiene sudomicilio en dicho Estado miembro.
Artículo 19
Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser
demandados
1) ante los tribunales del Estado en que estuvieren domiciliados, o
2) en otro Estado miembro:
a) ante el tribunal del lugar en el que el trabajador desempeñare
habitualmente su trabajo o ante el tribunal del último lugar enque lo hubiere desempeñado; o
b) si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habi-
tualmente su trabajo en un único Estado, ante el tribunal dellugar en que estuviere o hubiere estado situado el estableci-
miento que hubiere empleado al trabajador.
Artículo 20
1. Los empresarios sólo podrán demandar a los trabajadores ante el
tribunal del Estado miembro en el que estos últimos tuvieren su domi-cilio.
2. Lo dispuesto en la presente sección no afectará al derecho de
presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de unademanda principal de conformidad con la presente sección.2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 10
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Artículo 21
Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección
los acuerdos atributivos de competencia:
1) posteriores al nacimiento del litigio, o
2) que permitieran al trabajador formular demandas ante tribunales
distintos de los indicados en la presente sección.
Sección 6
Competenciasexclusivas
Artículo 22
Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:1) en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arren-
damiento de bienes inmuebles, los tribunales del Estado miembro
donde el inmueble se hallare sito.
No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazomáximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes
los tribunales del Estado miembro donde estuviere domiciliado el
demandado, siempre que el arrendatario fuere una persona física yque propietario y arrendatario estuvieren domiciliados en el mismoEstado miembro,
2) en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas
jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de susórganos, los tribunales del Estado miembro en que la sociedad opersona jurídica estuviere domiciliada; para determinar dicho domi-cilio, el tribunal aplicará sus reglas de Derecho internacionalprivado,
3) en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos,
los tribunales del Estado miembro en que se encontrare el registro,
4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o
dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósitoo registro, los tribunales del Estado miembro en que se hubiere soli-citado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro envirtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algúnconvenio internacional.
Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes
según el Convenio sobre la patente europea, firmado en Múnich el5 de octubre de 1973, los tribunales de cada Estado miembro seránlos únicos competentes, sin consideración del domicilio, en materia
de registro o validez de una patente europea expedida para dicho
Estado,
5) en materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los tribunales
del Estado miembro del lugar de ejecución.
Sección 7
Prórrogadelacompetencia
Artículo 23
1. Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio
en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribu-
nales de un Estado miembro fueren competentes para conocer decualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasiónde una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunalesserán competentes. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto encontrario entre las partes. Tal acuerdo atributivo de competencia deberá
celebrarse:
a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita; o
b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren
establecido entre ellas; o2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 11
▼B
c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que
las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio,fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las
partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial consi-
derado.
2. Se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por
medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo.
3. Cuando ninguna de las partes que hubieren celebrado un acuerdo
de este tipo estuviere domiciliada en un Estado miembro, los tribunalesde los demás Estados miembros sólo podrán conocer del litigio cuandoel tribunal o los tribunales designados hubieren declinado su compe-tencia.
4. El tribunal o los tribunales de un Estado miembro a los que el
documento constitutivo de un trusthubiere atribuido competencia
serán exclusivamente competentes para conocer de una acción contra
el fundador, el trusteeo el beneficiario de un trustsi se tratare de rela-
ciones entre estas personas o de sus derechos u obligaciones en elmarco del trust.
5. No surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las
estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trustsi
fueren contrarios a las disposiciones de los artículos 13, 17 y 21 o si
excluyeren la competencia de tribunales exclusivamente competentes
en virtud del artículo 22.
Artículo 24
Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de
otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el
tribunal de un Estado miembro ante el que compareciere el demandado.
Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objetoimpugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamentecompetente en virtud del artículo 22.
Sección 8
Comprobacióndelacompetenciajudicialydelaadmisibilidad
Artículo 25
El tribunal de un Estado miembro, que conociere a título principal de
un litigio para el que los tribunales de otro Estado miembro fueren
exclusivamente competentes en virtud del artículo 22, se declarará de
oficio incompetente.
Artículo 26
1. Cuando una persona domiciliada en un Estado miembro fuere
demandada ante un tribunal de otro Estado miembro y no compare-
ciere, dicho tribunal se declarará de oficio incompetente si sucompetencia no estuviere fundamentada en las disposiciones delpresente Reglamento.
2. Este tribunal estará obligado a suspender el procedimiento en
tanto no se acreditare que el demandado ha podido recibir el escritode demanda o documento equivalente con tiempo suficiente para defen-derse o que se ha tomado toda diligencia a tal fin.
3. El artículo 19 del Reglamento (CE) n
o1348/2000 del Consejo, de
29 de marzo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los
Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en
materia civil o mercantil(1) será de aplicación en lugar de lo dispuesto
en el apartado 2 si el escrito de demanda o documento equivalentehubiere de ser remitido de un Estado miembro a otro en virtud de dichoReglamento.2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 12
(1) DO L 160 de 30.6.2000, p. 37.
▼B
4. Cuando no sea de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (CE)
no1348/2000 será aplicable el artículo 15 del Convenio de la Haya, de
15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado en el
extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil
o comercial si el escrito de demanda o documento equivalente hubierede ser remitido en virtud de dicho Convenio.
Sección 9
Litispendenciayconexidad
Artículo 27
1. Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma
causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembrosdistintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demandasuspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declarare compe-
tente el tribunal ante el que se interpuso la primera.
2. Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se
declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se
inhibirá en favor de aquél.
Artículo 28
1. Cuando demandas conexas estuvieren pendientes ante tribunales
de Estados miembros diferentes, el tribunal ante el que se hubierepresentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento.
2. Cuando tales demandas conexas estuvieren pendientes en primera
instancia, cualquier tribunal ante el que se hubiere presentado la
demanda posterior podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una
de las partes, a condición de que el tribunal ante el que se hubierepresentado la primera demanda fuere competente para conocer de lasdemandas de que se trate y de que su ley permita su acumulación.
3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las
demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que seríaoportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar reso-luciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados
separadamente.
Artículo 29
Cuando en demandas sobre un mismo asunto los tribunales de varios
Estados miembros se declararen exclusivamente competentes, el desis-timiento se llevará a cabo en favor del tribunal ante el que se hubiere
presentado la primera demanda.
Artículo 30
A efectos de la presente Sección, se considerará que un tribunal conoce
de un litigio:
1) desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de
demanda o documento equivalente, a condición de que posterior-mente el demandante no hubiere dejado de tomar todas lasmedidas que se le exigieren para que se entregare al demandado la
cédula de emplazamiento, o
2) si dicho documento hubiere de notificarse al demandado antes de su
presentación al tribunal, en el momento en que lo recibiere la auto-ridad encargada de la notificación, a condición de queposteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas lasmedidas que se le exigieren para presentar el documento al tribunal.2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 13
▼B
Sección 10
Medidasprovisionalesycautelares
Artículo 31
Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la
ley de un Estado miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado,
incluso si, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de otroEstado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo.
CAPÍTULO III
RECONOCIMIENTOYEJECUCIÓN
Artículo 32
Se entenderá por «resolución», a los efectos del presente Reglamento,
cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro conindependencia de la denominación que recibiere, tal como auto,sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto
por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso.
Sección 1
Reconocimiento
Artículo 33
1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán recono-
cidas en los demás Estados miembros, sin que fuere necesario recurrira procedimiento alguno.
2. En caso de oposición, cualquier parte interesada que invocare el
reconocimiento a título principal podrá solicitar, por el procedimiento
previsto en las secciones 2 y 3 del presente capítulo, que se reconozca
la resolución.
3. Si el reconocimiento se invocare como cuestión incidental ante un
tribunal de un Estado miembro, dicho tribunal será competente paraentender del mismo.
Artículo 34
Las decisiones no se reconocerán:
1) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden
público del Estado miembro requerido,
2) cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere
entregado al mismo la cédula de emplazamiento ►
C2o documento
equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudieradefenderse ◄, a menos que no hubiere recurrido contra dicha reso-
lución cuando hubiera podido hacerlo,
3) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada entre
las mismas partes en el Estado miembro requerido,
4) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con
anterioridad en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las
mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la mismacausa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones nece-sarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.
Artículo 35
1. Asimismo, no se reconocerán las resoluciones si se hubieren
desconocido las disposiciones de las secciones 3, 4 y 6 del capítulo II,
o en el caso previsto en el artículo 72.
2. En la apreciación de las competencias mencionadas en el párrafo
anterior, el tribunal requerido quedará vinculado por las apreciacionesde hecho sobre las cuales el tribunal del Estado miembro de origenhubiere fundamentado su competencia.2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 14
▼B
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, no podrá proce-
derse a la fiscalización de la competencia del tribunal del Estadomiembro de origen. El orden público contemplado en el punto 1 del
artículo 34 no afectará a las reglas relativas a la competencia judicial.
Artículo 36
La resolución extranjera en ningún caso podrá ser objeto de una revi-
sión en cuanto al fondo.
Artículo 37
1. El tribunal de un Estado miembro ante el que se hubiere solici-
tado el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estadomiembro podrá suspender el procedimiento si dicha resolución fuereobjeto de un recurso ordinario.
2. El tribunal de un Estado miembro ante el que se hubiere invocado
el reconocimiento de una resolución dictada en Irlanda o en el Reino
Unido y cuya ejecución hubiere quedado en suspenso en el Estado
miembro de origen por haberse interpuesto un recurso podrá suspenderel procedimiento.
Sección 2
Ejecución
Artículo 38
1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que allí fueren
ejecutorias se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instanciade cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en ésteúltimo.
2. No obstante, en el Reino Unido, esas resoluciones se ejecutarán
en Inglaterra y el País de Gales, en Escocia o en Irlanda del Norte,
previo registro con fines de ejecución, a instancia de la parte intere-
sada, en una u otra de esas partes del Reino Unido, según el caso.
Artículo 39
1. La solicitud se presentará ante los tribunales o las autoridades
competentes indicados en la lista que figura en el anexo II del presente
Reglamento.
2. La competencia territorial se determinará por el domicilio de la
parte contra la que se solicitare la ejecución o por el lugar de ejecu-
ción.
Artículo 40
1. Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán
con arreglo a la ley del Estado miembro en el que se solicitare la ejecu-
ción.
2. El solicitante deberá elegir domicilio para notificaciones en un
lugar que correspondiere a la competencia del tribunal o de la auto-
ridad que conociere de la solicitud. No obstante, si la ley del Estadomiembro en el que se solicitare la ejecución no conociere la elecciónde domicilio, el solicitante designará un mandatario ad litem.
3. Se adjuntarán a la solicitud los documentos mencionados en el
artículo 53.
Artículo 41
Se otorgará inmediatamente la ejecución de la resolución una vez
cumplidas las formalidades previstas en el artículo 53, sin proceder aningún examen de acuerdo con los artículos 34 y 35. La parte contrala cual se solicitare la ejecución no podrá, en esta fase del procedi-miento, formular observaciones.2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 15
▼B
Artículo 42
1. La resolución dictada sobre la solicitud de otorgamiento de la
ejecución se pondrá de inmediato en conocimiento del solicitante de
conformidad con las modalidades determinadas por la ley del Estado
miembro requerido.
2. El otorgamiento de la ejecución se notificará a la parte contra la
que solicitare la ejecución, adjuntándose la resolución, si ésta nohubiere sido ya notificada a dicha parte.
Artículo 43
1. La resolución sobre la solicitud de ejecución podrá ser recurrida
por cualquiera de las partes.
2. El recurso se interpondrá ante los tribunales indicados en la lista
que figura en el anexo III del presente Reglamento.
3. El recurso se sustanciará según las normas que rigen el procedi-
miento contradictorio.
4. El caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicitare
la ejecución ante el tribunal que conociere de un recurso, se aplicarán
las disposiciones establecidas en los apartados 2 a 4 del artículo 26
aunque dicha parte no estuviere domiciliada en uno de los Estadosmiembros.
5. El recurso contra el otorgamiento de la ejecución se interpondrá
dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de notificación. Si laparte contra la que se solicitare la ejecución estuviere domiciliada en
un Estado miembro distinto de aquel en el que se hubiere otorgado la
ejecución, el plazo será de dos meses y correrá a partir de la fecha denotificación, tanto si ésta se hizo en persona como en su domicilio.Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.
Artículo 44
La resolución que decidiere sobre el recurso sólo podrá ser objeto de
los recursos previstos en el anexo IV.
Artículo 45
1. El tribunal que conociere del recurso previsto en los artículos 43
o 44 sólo podrá desestimar o revocar el otorgamiento de la ejecución
por uno de los motivos previstos en los artículos 34 y 35. Se pronun-ciará en breve plazo.
2. La resolución del Estado miembro de origen en ningún caso
podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.
Artículo 46
1. El tribunal que conociere del recurso previsto en los artículos 43
o 44 podrá, a instancia de la parte contra la que se solicitare la ejecu-
ción, suspender el procedimiento si la resolución extranjera hubiese
sido objeto de recurso ordinario en el Estado miembro de origen o siel plazo para interponerlo no hubiese expirado; en este último caso, eltribunal podrá especificar el plazo en el que deba interponerse dichorecurso.
2. Cuando la resolución se hubiere dictado en Irlanda o en el Reino
Unido, cualquier recurso previsto en el Estado miembro en el que se
dictó será considerado recurso ordinario a los efectos de la aplicacióndel apartado 1.
3. Dicho tribunal podrá igualmente subordinar la ejecución a la
constitución de una garantía que él mismo determinará.
Artículo 47
1. Cuando debiere reconocerse una resolución con arreglo al
presente Reglamento, nada impedirá al solicitante instar la adopción2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 16
▼B
de medidas provisionales, incluidas las medidas cautelares, de confor-
midad con la legislación del Estado miembro requerido, sin que resultenecesario el otorgamiento de la ejecución conforme al artículo 41.
2. El otorgamiento de la ejecución incluirá la autorización para
adoptar cualesquiera medidas cautelares.
3. Durante el plazo del recurso previsto en el apartado 5 del artículo
43 contra el otorgamiento de la ejecución y hasta que se hubiereresuelto sobre el mismo, solamente se podrán adoptar medidas caute-lares sobre los bienes de la parte contra la que se hubiere solicitado laejecución.
Artículo 48
1. Cuando la resolución del Estado miembro de origen se hubiere
pronunciado sobre varias pretensiones de la demanda y el otorgamiento
de la ejecución no pudiere concederse para la totalidad de ellas, el
tribunal o la autoridad competente concederá la ejecución para una ovarias de ellas.
2. El solicitante podrá instar una ejecución parcial.
Artículo 49
Las resoluciones extranjeras que condenaren al pago de multas coerci-
tivas solamente podrán ejecutarse en el Estado miembro requeridocuando la cuantía hubiere sido fijada definitivamente por el tribunaldel Estado miembro de origen.
Artículo 50
El solicitante que en el Estado miembro de origen hubiere obtenido
total o parcialmente el beneficio de justicia gratuita o una exención de
costas y gastos gozará, en el procedimiento previsto en la presente
sección, del beneficio de justicia gratuita más favorable o de la exen-ción más amplia prevista por el Derecho del Estado miembrorequerido.
Artículo 51
A la parte que instare en un Estado miembro la ejecución de una reso-
lución dictada en otro Estado miembro no podrá exigírsele caución odepósito alguno, sea cual fuere su denominación, por su condición de
extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado
miembro requerido.
Artículo 52
El Estado miembro requerido no percibirá impuesto, derecho ni tasa
alguna, proporcional al valor del litigio, en los procedimientos relativosal otorgamiento de la ejecución.
Sección 3
Disposicionescomunes
Artículo 53
1. La parte que invocare el reconocimiento o solicitare el otorga-
miento de la ejecución de una resolución deberá presentar una copiaauténtica de dicha resolución.
2. La parte que solicitare el otorgamiento de la ejecución deberá
presentar asimismo la certificación a la que se refiere el artículo 54,sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55.
Artículo 54
El tribunal o la autoridad competente del Estado miembro en el que se
hubiere dictado una resolución expedirá, a instancia de cualquier parte2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 17
▼B
interesada, una certificación conforme al formulario normalizado que
figura en el anexo V del presente Reglamento.
Artículo 55
1. De no presentarse la certificación a la que se refiere el artículo
54, el tribunal o la autoridad competente podrán fijar un plazo para supresentación, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si
considerase que dispone de suficiente información.
2. Si el tribunal o la autoridad competente lo exigiere, se presentará
una traducción de los documentos. La traducción estará certificada poruna persona autorizada a tal fin en uno de los Estados miembros.
Artículo 56
No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se
refiriere a los documentos mencionados en el artículo 53, o en el apar-tado 2 del artículo 55, ni, en su caso, al poder para pleitos.
CAPÍTULO IV
DOCUMENTOSPÚBLICOSCONFUERZAEJECUTIVAYTRANSAC-
CIONESJUDICIALES
Artículo 57
1. Los documentos públicos con fuerza ejecutiva, formalizados en
un Estado miembro, serán declarados ejecutorios, a instancia de parte,en otro Estado miembro, con arreglo al procedimiento previsto en losartículos 38 y siguientes. El tribunal ante el que se presentare un
recurso con arreglo a los artículos 43 o 44 sólo desestimará o revocará
el otorgamiento de la ejecución cuando la ejecución del documentofuere manifiestamente contraria al orden público del Estado miembrorequerido.
2. También se considerarán documentos públicos con fuerza ejecu-
tiva, en el sentido del apartado 1, los acuerdos en materia deobligaciones alimentarias celebrados ante las autoridades administra-tivas o formalizados por las mismas.
3. El documento presentado deberá reunir las condiciones necesarias
de autenticidad en el Estado miembro de origen.
4. Serán aplicables, en la medida en que fuere necesario, las dispo-
siciones de la sección 3 del capítulo III. La autoridad competente del
Estado miembro en el que se hubiere formalizado el documento
público con fuerza ejecutiva expedirá, a instancia de cualquier parteinteresada, una certificación conforme al formulario normalizado quefigura en el anexo VI del presente Reglamento.
Artículo 58
Las transacciones celebradas ante el tribunal durante un proceso y
ejecutorias en el Estado miembro de origen serán ejecutorias en elEstado miembro requerido, en las mismas condiciones que los docu-mentos públicos con fuerza ejecutiva. El tribunal o la autoridadcompetente del Estado miembro en el que se haya celebrado la transac-
ción expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, una
certificación conforme al formulario normalizado que figura en elanexo V del presente Reglamento.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONESGENERALES
Artículo 59
1. Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado
miembro cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal aplicarásu ley interna.2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 18
▼B
2. Cuando una parte no estuviere domiciliada en el Estado miembro
cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal, para determinar sidicha parte lo está en otro Estado miembro, aplicará la ley de dicho
Estado miembro.
Artículo 60
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una
sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se
encuentre:
a) su sede estatutaria;
b) su administración central;
c) su centro de actividad principal.
2. Para el Reino Unido y para Irlanda, la expresión «sede estatu-
taria» se equiparará al registered office y, en caso de que en ningún
lugar exista una registered office alplace ofincorporation , (lugar de
constitución) o, a falta de tal lugar, el lugar conforme a cuya legisla-
ción se hubiere efectuado la formation (creación) de la sociedad o
persona jurídica.
3. Para determinar si un trustestá domiciliado en el Estado contra-
tante cuyos tribunales conocen del asunto, el tribunal aplicará las reglasde su Derecho internacional privado.
Artículo 61
Sin perjuicio de las disposiciones nacionales más favorables, las
personas domiciliadas en un Estado miembro y perseguidas por infrac-ciones involuntarias ante los órganos jurisdiccionales sancionadores deotro Estado miembro del que no fueren nacionales podrán, aunque no
comparecieren personalmente, defenderse por medio de las personas
autorizadas a tal fin. No obstante, el tribunal que conociere del asuntopodrá ordenar la comparecencia personal; si ésta no tuviere lugar, laresolución dictada sobre la acción civil sin que la persona encausadahubiere tenido la posibilidad de defenderse podrá no ser reconocida ni
ejecutada en los demás Estados miembros.
Artículo 62
En Suecia, en los procedimientos sumarios de requerimiento de pago
(betalningsföreläggande ) y de solicitud de ayuda ( handräckning ), los
términos «juez», «tribunal» y «jurisdicción» comprenderán el Servicio
público sueco de cobro forzoso ( kronofogdemyndighet ).
Artículo 63
1. Una persona domiciliada en el territorio de Luxemburgo y
demandada ante el tribunal de otro Estado miembro en aplicación del
apartado 1 del artículo 5, con arreglo a compromisos internacionales
que vinculen a Luxemburgo con dicho Estado miembro, podrá rechazarla competencia de este tribunal cuando el lugar final de entrega de lamercancía o del servicio estuviere situado en Luxemburgo.
2. Cuando en aplicación del apartado 1, el lugar final de entrega de
la mercancía o del servicio estuviere situado en Luxemburgo, cualquier
acuerdo atributivo de competencia deberá, para ser válido, celebrarsepor escrito o verbalmente con confirmación escrita, según el sentidode la letra a) del apartado 1 del artículo 23.
3. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los
contratos relativos a servicios financieros.
4. Las disposiciones del presente artículo serán aplicables durante un
período de seis años a partir de la entrada en vigor del presente Regla-mento.2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 19
▼B
Artículo 64
1. En los litigios entre el capitán y un miembro de la tripulación de
un buque matriculado en Grecia o Portugal, relativos a las remunera-ciones o a las demás condiciones del servicio, los tribunales de un
Estado contratante deberán comprobar si el agente diplomático o
funcionario consular competente respecto al buque ha sido informadodel litigio. Podrán pronunciarse desde el momento en que se hayainformado a dicho agente.
2. Las disposiciones del presente artículo serán aplicables durante un
período de seis años a partir de la entrada en vigor del presente Regla-
mento.
Artículo 65
1. La competencia judicial prevista en el punto 2 del artículo 6 y en
el artículo 11 para la demanda sobre obligaciones de garantía o para la
intervención de terceros en el proceso no podrá ser invocada ni en
Alemania ni en Austria. Toda persona domiciliada en otro Estadomiembro podrá ser demandada ante los tribunales de:
a) Alemania, en aplicación de los artículos 68, 72, 73 y 74 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil ( Zivilprozessordnung ) sobre la litis denun-
tiatio;
b) Austria, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil ( Zivilprozessordnung ) sobre la litis denuntiatio .
2. Las resoluciones dictadas en los demás Estados miembros en
virtud del punto 2 del artículo 6 y el artículo 11 se reconocerán enAlemania y en Austria con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III.Los efectos producidos frente a terceros, conforme al apartado 1, por
resoluciones dictadas en estos Estados también se reconocerán en los
demás Estados miembros.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONESTRANSITORIAS
Artículo 66
1. Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán apli-
cables a las acciones judiciales ejercitadas y a los documentos públicoscon fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad a la entrada envigor del presente Reglamento.
2. No obstante, las resoluciones dictadas después de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento como consecuencia de
acciones ejercitadas en el Estado miembro de origen con anterioridada esta fecha serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposi-ciones del capítulo III,
a) si la acción se hubiere ejercitado en el Estado miembro de origen
tras la entrada en vigor del Convenio de Bruselas o del Conveniode Lugano en el Estado miembro de origen y en el Estado miembro
requerido;
b) en todos los demás casos, si las reglas de competencia aplicadas se
ajustaren a las previstas en el capítulo II o en un convenio en vigorentre el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido
al ejercitarse la acción.
CAPÍTULO VII
RELACIONESCONOTROSINSTRUMENTOS
Artículo 67
El presente Reglamento no prejuzgará la aplicación de las disposi-
ciones que, en materias particulares, regularen la competencia judicial,el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones contenidas en losactos comunitarios o en las legislaciones nacionales armonizadas enejecución de dichos actos.2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 20
▼B
Artículo 68
1. El presente Reglamento sustituirá, entre los Estados miembros, a
las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968, salvo en lo querespecta a los territorios de los Estados miembros comprendidos en elámbito de aplicación territorial de dicho Convenio y que están
excluidos del presente Reglamento en virtud del artículo 299 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
2. En la medida en que el presente Reglamento sustituye entre los
Estados miembros a las disposiciones del Convenio de Bruselas de1968, se entenderá que toda remisión a dicho Convenio se refiere alpresente Reglamento.
Artículo 69
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 66, y en el
artículo 70, el presente Reglamento sustituirá, entre los Estados miem-
bros, a los Convenios y al Tratado siguientes:
— el Convenio entre Bélgica y Francia sobre competencia judicial y
sobre valor y ejecución de las resoluciones judiciales, laudos arbi-trales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado enParís el 8 de julio de 1899,
— el Convenio entre Bélgica y los Países Bajos sobre competencia
judicial territorial, quiebra, y sobre valor y ejecución de resolu-ciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos confuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 28 de marzo de 1925,
— el Convenio entre Francia e Italia sobre ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 3 dejunio de 1930,
— el Convenio entre el Reino Unido y Francia sobre la ejecución
recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, acompañadode un Protocolo, firmado en París el 18 de enero de 1934,
— el Convenio entre el Reino Unido y Bélgica sobre la ejecución
recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, acompañadode un Protocolo, firmado en Bruselas el 2 de mayo de 1934,
— el Convenio entre Alemania e Italia sobre reconocimiento y ejecu-
ción de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado
en Roma el 9 de marzo de 1936,
— el Convenio entre Bélgica y Austria sobre reconocimiento y ejecu-
ción recíprocos de resoluciones judiciales y documentos públicos
con fuerza ejecutiva en materia de obligaciones alimentarias,
firmado en Viena el 25 de octubre de 1957,
— el Convenio entre Alemania y Bélgica relativo al conocimiento y la
ejecución recíprocos en materia civil y mercantil de las resoluciones
judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza
ejecutiva, firmado en Bonn el 30 de junio de 1958,
— el Convenio entre los Países Bajos e Italia sobre reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
firmado en Roma el 17 de abril de 1959,
— el Convenio entre Alemania y Austria sobre reconocimiento y
ejecución recíprocos de las resoluciones y las transacciones judi-
ciales, y de los documentos públicos con fuerza ejecutiva en
materia civil y mercantil, firmado en Viena el 6 de junio de 1959,
— el Convenio entre Bélgica y Austria sobre reconocimiento y ejecu-
ción recíprocos de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y
documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y
mercantil, firmado en Viena el 16 de junio de 1959,
— el Convenio entre el Reino Unido y la República Federal de
Alemania sobre el reconocimiento y la ejecución recíproca de
sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Bonn el 14 de
julio de 1960,
— el Convenio entre el Reino Unido y Austria sobre reconocimiento y
ejecución recíprocos de resoluciones judiciales en materia civil y2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 21
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▼B
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▼C1
mercantil, firmado en Viena el 14 de julio de 1961, acompañado de
un Protocolo firmado en Londres el 6 de marzo de 1970,
— el Convenio entre Grecia y Alemania relativo al reconocimiento y
la ejecución recíprocos de resoluciones judiciales, transaccionesjudiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materiacivil y mercantil, firmado en Atenas el 4 de noviembre de 1961,
— el Convenio entre Bélgica e Italia relativo al reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos enmateria civil y mercantil, firmado en Roma el 6 de abril de 1962,
— el Convenio entre los Países Bajos y Alemania sobre reconoci-
miento y ejecución mutuos de resoluciones judiciales y otrostítulos ejecutivos civil y mercantil, firmado en La Haya el 30 de
agosto de 1962,
— el Convenio entre los Países Bajos y Austria sobre reconocimiento
y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales y documentospúblicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmadoen La Haya el 6 de febrero de 1963,
— el Convenio entre el Reino Unido y la República Italiana sobre el
reconocimiento y la ejecución recíprocos de sentencias en materiacivil y mercantil, firmado en Roma el 14 de julio de 1970,
— el Convenio entre Francia y Austria sobre reconocimiento y ejecu-
ción de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerzaejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 15 dejulio de 1966,
— el Convenio entre el Reino Unido y el Reino de los Países Bajos
sobre el reconocimiento y la ejecución recíproca de sentencias enmateria civil, firmado en La Haya el 17 de noviembre de 1967,
— el Convenio entre España y Francia sobre reconocimiento de deci-
siones judiciales y arbitrales y actas auténticas en materia civil ymercantil, firmado en París el 28 de mayo de 1969,
— el Convenio entre Luxemburgo y Austria sobre reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos confuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Luxem-burgo el 29 de julio de 1971,
— el Convenio entre Italia y Austria sobre reconocimiento y ejecución
recíprocos de resoluciones y transacciones judiciales y de docu-
mentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil,
firmado en Roma el 16 de noviembre de 1971,
— el Convenio entre España e Italia sobre asistencia judicial y recono-
cimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil ymercantil, firmado en Madrid el 22 de mayo de 1973,
— el Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia
sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil, firmado en Copenhague el 11 de octubre de 1977,
— el Convenio entre Suecia y Austria sobre reconocimiento y ejecu-
ción de resoluciones judiciales en materia civil, firmado enEstocolmo el 16 de septiembre de 1982,
— el Convenio entre España y Alemania sobre reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales, transacciones judiciales y
documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y
mercantil, firmado en Bonn el 14 de noviembre de 1983,
— el Convenio entre España y Austria sobre reconocimiento y ejecu-
ción recíprocos de resoluciones y transacciones judiciales ydocumentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y
mercantil firmado en Viena el 17 de febrero de 1984,
— el Convenio entre Finlandia y Austria sobre reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, firmado enViena el 17 de noviembre de 1986, y
— el Tratado entre Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo sobre
competencia judicial, quiebra y valor y ejecución de resolucionesjudiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 22
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▼C1
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▼C1
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ejecutiva, firmado en Bruselas el 24 de noviembre de 1961, en tanto
esté en vigor.
Artículo 70
1. Los Convenios y el Tratado mencionados en el artículo 69 conti-
nuarán surtiendo sus efectos en las materias a las que no se aplicare elpresente Reglamento.
2. Dichos Convenios y dicho Tratado continuarán surtiendo sus
efectos en lo relativo a las resoluciones dictadas y los documentospúblicos con fuerza ejecutiva formalizados antes de la entrada en vigordel presente Reglamento.
Artículo 71
1. El presente Reglamento no afectará a los convenios en que los
Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares, regu-
laren la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de lasresoluciones.
2. Con el fin de asegurar su interpretación uniforme, el apartado 1 se
aplicará como sigue:
a) el presente Reglamento no impedirá que un tribunal de un Estado
miembro que fuere parte en un convenio relativo a una materiaparticular, pudiera fundamentar su competencia en dicho convenio,aunque el demandado estuviere domiciliado en un Estado miembrono parte en tal convenio. El tribunal que conociere del asunto
aplicará, en todo caso, el artículo 26 del presente Reglamento;
b) las resoluciones dictadas en un Estado miembro por un tribunal que
hubiere fundado su competencia en un convenio relativo a unamateria particular serán reconocidas y ejecutadas en los demásEstados miembros con arreglo al presente Reglamento.
Cuando un convenio relativo a una materia particular en el que
fueren parte el Estado miembro de origen y el Estado miembro
requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas condiciones. En todocaso, podrán aplicarse las disposiciones del presente Reglamentorelativas al procedimiento de reconocimiento y ejecución de resolu-ciones.
Artículo 72
El presente Reglamento no afectará a los acuerdos por los que los
Estados miembros se hubieren comprometido antes de su entrada envigor, en virtud del artículo 59 del Convenio de Bruselas, a no reco-nocer una resolución dictada en otro Estado contratante del citadoConvenio contra un demandado que tuviere su domicilio o su resi-
dencia habitual en un tercer Estado cuando, en el caso previsto en el
artículo 4 del citado Convenio, la resolución sólo hubiere podidofundamentarse en un criterio de competencia contemplado en el apar-tado 2 del artículo 3 de dicho Convenio.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONESFINALES
Artículo 73
A más tardar, cinco años después de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al
Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre la aplica-
ción del presente Reglamento. Este informe se acompañará, siprocede, de propuestas destinadas a adaptar el Reglamento.
Artículo 74
1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los textos que
modifican las listas que figuran en los anexos I a IV y de los procedi-2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 23
▼B
mientos que figuran en el anexo IV. La Comisión adaptará dichos
anexos en consecuencia.
2. La actualización o adaptación técnica de los formularios, cuyos
modelos figuran en los anexos V y VI, se llevarán a cabo de acuerdo
con el procedimiento consultivo al que se refiere el apartado 2 delartículo 75.
Artículo 75
1. La Comisión estará asistida por un Comité.2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán
de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
3. El Comité aprobará su reglamento interno.
Artículo 76
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de 2002.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en todos los Estados miembros con arreglo alTratado constitutivo de la Comunidad Europea.2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 24
▼B
ANEXO I
Reglasdecompetencianacionalesmencionadasenelapartado2delartículo
3yenelapartado2delartículo4
Las reglas de competencia nacionales previstas en el apartado 2 del artículo 3 y
en el apartado 2 del artículo 4 son las siguientes:
— en Bélgica: el artículo 15 del Código Civil ( Code civil -Burgerlijk Wetboek )
y el artículo 638 de la Ley de enjuiciamiento ( Code Judiciaire -Gerechtelijk
Wetboek),
— en Alemania: el artículo 23 de la Ley de enjuiciamiento civil ( Zivilprozes-
sordnung ),
— en Grecia: el artículo 40 de la Ley de enjuiciamiento civil ( Κώδικας
πολιτικής δικονοµίας ),
— en Francia: los artículos 14 y 15 del Código Civil ( Code civil ),
— en Irlanda, las disposiciones relativas a la competencia basada en una cédula
de emplazamiento notificada al demandado que se encuentre temporalmente
en Irlanda,
— en Italia: los artículos 3y4d el aL e yno218, de 31 de mayo de 1995,
— en Luxemburgo: los artículos 14 y 15 del Código Civil ( Code civil ),
— en los Países Bajos: el apartado 3 del artículo 126, y el artículo 127 de la
Ley de enjuiciamiento civil ( Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ),
— en Austria: el artículo 99 de la Ley de Jurisdicción ( Jurisdiktionsnorm ),
— en Portugal: los artículos 65 y 65 A de la Ley de enjuiciamiento civil
(Código de Processo Civil ) y el artículo 11 de la Ley de procedimiento
laboral ( Código de Processo de Trabalho ),
— en Finlandia: los incisos segundo, tercero y cuarto del apartado 1 del artículo
1 del capítulo 10 del Código de procedimiento judicial ( oikeudenkäymis-
kaari/rättegångsbalken ),
— en Suecia: la primera frase del párrafo primero del artículo 3 del capítulo 10
del Código de procedimiento judicial ( rättegångsbalken ),
— en el Reino Unido, las disposiciones relativas a la competencia basadas en:
a) una cédula de emplazamiento notificada al demandado que se encuentre
temporalmente en el Reino Unido;
b) la existencia en el Reino Unido de bienes de propiedad del demandado;
c) el embargo por el demandante de bienes situados en el Reino Unido.2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 25
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ANEXO II
Los tribunales o autoridades competentes ante los que se presentarán las solici-
tudes a las que se refiere en el artículo 39 del Reglamento son los siguientes:
— en Bélgica, el tribunal de première instance orechtbank van eerste aanleg
erstinstanzliches Gericht ,
— en Alemania, el Presidente de una sala del Landgericht ,
— en Grecia, el Μονοµελές Πρωτοδικείο ,
— en España, el Juzgado de Primera Instancia,
— en Francia, el Presidente del Tribunal de grande instance ,
— en Irlanda, la High Court ,
— en Italia, la Corte d'appello ,
— en Luxemburgo, el Presidente del tribunal d'arrondissement ,
— en los Países Bajos, el Presidente del arrondissementsrechtbank ,
— en Austria, el Bezirksgericht ,
— en Portugal, el Tribunal de Comarca ,
— en Finlandia, el käräjäoikeus /tingsrätt,
— en Suecia, el Svea hovrätt ,
— en el Reino Unido:
a) en Inglaterra y Gales, la High Court ofJustice , o si se tratare de una
resolución en materia de alimentos, la Magistrates' Court , por mediación
delSecretary ofState ;
b) en Escocia, la Court ofSession , o si se tratare de una resolución en
materia de alimentos, la Sheriff Court , por mediación del Secretary of
State;
c) en Irlanda del Norte, la High Court ofJustice , o si se tratare de una reso-
lución en materia de alimentos, la Magistrates' Court por mediación del
Secretary ofState ;
d) en Gibraltar, la Supreme Court ofGibraltar , o si se tratare de una resolu-
ción en materia de alimentos, la Magistrates' Court por mediación del
Attorney General ofGibraltar .2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 26
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ANEXO III
Los tribunales de los Estados miembros ante los que se interpondrán los
recursos a los que se refiere en el apartado 2 del artículo 43 del Reglamento
son los siguientes:
— en Bélgica:
a) cuando se trate de un recurso interpuesto por la parte contra la que se
solicitare la ejecución, el tribunal de première instance orechtbank van
eerste aanleg ,oerstinstanzliches Gericht ,y ,
b) cuando se trate de un recurso interpuesto por la parte que solicitare la
ejecución, la cour d'appel ohofvan beroep ,
— en Alemania, el Oberlandesgericht ,
— en Grecia, el Εφετείο,
— en España, la Audiencia Provincial,— en Francia, la cour d'appel ,
— en Irlanda, la High Court ,
— en Italia, la corte d'appello ,
— en Luxemburgo, la Cour supérieure de Justice reunida para entender en
materia de apelación civil,
— en los Países Bajos:
a) cuando se trate de la parte contra la que se solicitare la ejecución, el
arrondissementsrechtbank ;
b) cuando se trate de la parte que solicitare la ejecución, el gerechtshof ,
— en Austria el Bezirksgericht ,
— en Portugal, el Tribunal de Relação ,
— en Finlandia, el hovioikeus /hovrätt,
— en Suecia, la Svea hovrätt ,
— en el Reino Unido:
a) en Inglaterra y Gales, la High Court ofJustice , o si se tratare de una
resolución en materia de alimentos, la Magistrates' Court ;
b) en Escocia, la Court ofSession , o si se tratare de una resolución en
materia de alimentos, la Sheriff Court ;
c) en Irlanda del Norte, el High Court ofJustice , o si se tratare de una reso-
lución en materia de alimentos, la Magistrates' Court ;
d) en Gibraltar, la Supreme Court ofGibraltar , o si se tratare de una resolu-
ción en materia de alimentos, la Magistrates' Court .2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 27
▼B
ANEXO IV
Los recursos que podrán interponerse en virtud del artículo 44 son los
siguientes:
— en Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos,
un recurso de casación,
— en Alemania, una Rechtsbeschwerde ,
— en Irlanda, un recurso sobre una cuestión de derecho ante la Supreme Court ,
— en Austria, un Revisionsrekurs ,
— en Portugal, un recurso sobre una cuestión de Derecho,— en Finlandia, un recurso ante el korkein oikeus /högsta domstolen ,
— en Suecia, un recurso ante el Högsta domstolen ,
— en el Reino Unido, un recurso único sobre una cuestión de Derecho.2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 28
▼B
ANEXO V
2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 29
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ANEXO VI
2001R0044 — ES — 01.03.2002 — 000.002 — 30