2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 1
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►B DIRECTIVA 2000/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 20 de marzo de 2000
relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio
(DO L 126 de 26.5.2000, p. 1)
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Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 2000/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
septiembre de 2000 L 275 37 27.10.2000
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DIRECTIVA2000/12/CEDELPARLAMENTOEUROPEOYDEL
CONSEJO
de 20 de marzo de 2000
relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su
ejercicio
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular,la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 47,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(
1),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del
Tratado(2),
Considerando lo siguiente:
(1) La Directiva 73/183/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1973,
sobre supresión de las restricciones a la libertad de estableci-miento y a la libre prestación de servicios en materia deactividades por cuenta propia de los bancos y otras entidadesfinancieras(
3), la Primera Directiva 77/780/CEE del Consejo, de
12 de diciembre de 1977, sobre la coordinación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentesal acceso a la actividad de las entidades de crédito y a suejercicio(
4), la Directiva 89/299/CEE del Consejo, de 17 de abril
de 1989, relativa a los fondos propios de las entidades de
crédito(5), la Segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15
de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a laactividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la quese modifica la Directiva 77/780/CEE(
6), la Directiva 89/647/CEE
del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre el coeficiente de
solvencia de las entidades de crédito(7), la Directiva 92/30/CEE
del Consejo, de 6 de abril de 1992, relativa a la supervisión de lasentidades de crédito de forma consolidada(
8) y la Directiva 92/
121/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1992, sobresupervisión y control de las operaciones de gran riesgo de las
entidades de crédito(
9) han sido modificadas en diversas
ocasiones y de forma substancial. Conviene, en aras de unamayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación dedichas Directivas reagrupándolas en un texto único.
(2) En aplicación del Tratado, se prohíbe todo trato discriminatorio
en materia de establecimiento y prestación de servicios, basadorespectivamente en la nacionalidad o en el hecho de que laempresa no esté establecida en el Estado miembro donde serealice la prestación.
(3) A efectos de facilitar el acceso a la actividad de las entidades de
crédito y su ejercicio, es necesario eliminar las diferencias más2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 2
(1) DO C 157 de 25.5.1998, p. 13.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 18 de enero de 2000 (no publicado aún
en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 13 de marzo de 2000 (no
publicada aún en el Diario Oficial).
(3) DO L 194 de 16.7.1973, p. 1.
(4) DO L 322 de 17.12.1977, p. 30; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 98/33/CE (DO L 204 de 21.7.1998, p. 29).
(5) DO L 124 de 5.5.1989, p. 16; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 92/30/CEE (DO L 110 de 28.4.1992, p. 52).
(6) DO L 386 de 30.12.1989, p. 1; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 95/26/CEE (DO L 168 de 18.7.1995, p. 7).
(7) DO L 386 de 30.12.1989, p. 14; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 98/33/CE.
(8) DO L 110 de 28.4.1992, p. 52.
(9) DO L 29 de 5.2.1993, p. 1; Directiva modificada por el Acta de adhesión de
1994.
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perturbadoras entre las legislaciones de los Estados miembros en
lo referente al que estas entidades están sometidas.
(4) La presente Directiva constituye el instrumento esencial para la
consecución del mercado interior decidida por el Acta Única
Europea y programada en el Libro Blanco de la Comisión, bajo el
doble aspecto de la libertad de establecimiento y de la libertad deprestación de servicios, en el sector de las entidades de crédito.
(5) Los trabajos de coordinación en materia de entidades de crédito
deben aplicarse al conjunto de éstas, tanto para la protección delahorro como para crear condiciones de igualdad en la compe-tencia entre tales entidades. Es necesario, sin embargo, tener en
cuenta cuando sea oportuno las diferencias objetivas existentes
entre sus estatutos y sus propias misiones previstas por laslegislaciones nacionales.
(6) Por tanto, es necesario que el ámbito de aplicación de los trabajos
de coordinación sea lo más amplio posible y contemple todas lasentidades cuya actividad consista en captar del público fondosreembolsables, tanto en forma de depósito como bajo otras formas
tales como la emisión continua de obligaciones y otros títulos
comparables, y en conceder créditos por cuenta propia; debenpreverse excepciones relativas a ciertas entidades de crédito a lasque la presente Directiva no puede aplicarse; la presente Directivano afecta a la aplicación de las legislaciones nacionales cuandoéstas prevean autorizaciones especiales complementarias que
permitan a las entidades de crédito ejercer actividades específicas
o efectuar tipos específicos de operaciones.
(7) El programa elegido consiste en la realización de la armonización
esencial, necesaria y suficiente para llegar a un reconocimientomutuo de las autorizaciones y de los sistemas de supervisiónprudencial, que permita la concesión de una autorización única,válida en toda la Comunidad, y la aplicación del principio de
supervisión por el Estado miembro de origen; en consecuencia, la
exigencia de un programa de actividades no puede, desde estaperspectiva, sino ser considerada como un elemento que permita alas autoridades competentes resolver sobre la base de unainformación más precisa, en el marco de criterios objetivos.
Unacierta flexibilidad siempre esposible en lo que se refiere a las
exigencias relativas a las formas jurídicas de las entidades decrédito y a la protección de las denominaciones.
(8) Es necesario requerir de las entidades de crédito exigencias
financieras equivalentes para asegurar garantías similares a losahorradores así como condiciones de competencia justas entreentidades de una misma categoría. A la espera de una mejor
coordinación, conviene poner a punto relaciones de estructura
apropiadas que permitan, en el marco de la cooperación entreautoridades nacionales, observar, según métodos unificados, lasituación de categorías de entidades de crédito comparables. Estamanera de proceder pretende facilitar la aproximación progresivade los sistemas de coeficientes definidos y aplicados por los
Estados miembros. Es necesario, sin embargo, distinguir los
coeficientes encaminados a asegurar la solidez de la gestión de lasentidades de crédito, de los que tengan fines de políticaeconómica y monetaria.
(9) Los principios de reconocimiento mutuo y de supervisión ejercida
por el Estado miembro de origen exigen que las autoridadescompetentes de cada uno de los Estados miembros no concedan
autorización o la retiren cuando factores tales como el programa
de actividades, la distribución geográfica o las actividadesrealmente realizadas demuestren de forma inequívoca que laentidad de crédito ha optado por el sistema jurídico de un Estadomiembro con el propósito de eludir las normas más estrictivas
vigentes en el Estado miembro en el que proyecta realizar o
realiza la mayor parte de sus actividades. Toda entidad de créditoque sea persona jurídica debe estar autorizada en el Estadomiembro en que se encuentre su domicilio social. Toda entidad decrédito que no sea persona jurídica debe tener su administracióncentral en el Estado miembro en el que haya sido autorizada. Por2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 3
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otra parte, los Estados miembros deben exigir que la adminis-
tración central de una entidad de crédito siempre esté situada ensu Estado miembro de origen y que ejerza realmente sus
actividades en el mismo.
(10) Las autoridades competentes no deben conceder o mantener la
autorización a entidades de crédito cuyos vínculos estrechos conotras personas físicas o jurídicas sean de índole tal queobstaculicen el buen ejercicio de su misión de supervisión; lasentidades de crédito ya autorizadas deben igualmente ajustarse a
lo establecido por las autoridades competentes al respecto. La
definición establecida en la presente Directiva de tales «vínculosestrechos» está constituida por criterios mínimos y ello no obstapara que los Estados miembros contemplen también situacionesdiferentes de las previstas en dicha definición. El mero hecho deadquirir un porcentaje significativo del capital de una sociedad no
constituirá un vínculo de participación digno de consideración a
efectos de la noción de «vínculos estrechos», siempre que dichaadquisición se realice únicamente a título de inversión financieratemporal y no permita influir en la estructura y la políticafinanciera de la empresa.
(11) La referencia al buen ejercicio por parte de las autoridades de
control de su misión de supervisión abarca la supervisión sobre
base consolidada que conviene ejercer sobre una entidad decrédito cuando el Derecho comunitario así lo dispone. En tal caso,las autoridades a las que se haya solicitado la autorización debenpoder determinar las autoridades competentes para la supervisiónsobre base consolidada de dicha entidad de crédito.
(12) El Estado miembro de origen puede dictar, además, normas más
rigurosas que las señaladas en el párrafo primero del apartado 1 y
en el apartado 2 del artículo 5 y en los artículos 7, 16, 30, 51 y 65en lo que concierne a las entidades autorizadas por sus propiasautoridades competentes.
(13) La supresión de la autorización exigida para las sucursales de
entidades de crédito comunitarias implica necesariamente la
supresión del fondo de dotación.
(14) El método adoptado consiste, gracias al reconocimiento mutuo, en
permitir a las entidades de crédito autorizadas en un Estadomiembro de origen el ejercicio en toda la Comunidad de todas oparte de las actividades señaladas en la lista del anexo I, medianteel establecimiento de una sucursal, o por vía de prestación deservicios. El ejercicio de las actividades que no figuran en dicha
lista goza de las libertades de establecimiento y de prestación de
servicios de acuerdo con las disposiciones generales del Tratado.
(15) Conviene, sin embargo, extender el beneficio del reconocimiento
mutuo a las actividades que figuran en dicha lista, cuando seanejercidas por una entidad financiera filial de una entidad decrédito, con la condición de que esta filial sea incluida en la
vigilancia sobre base consolidada a la que está sujeta su empresa
matriz y responda a condiciones estrictas.
(16) El Estado miembro de acogida puede, para el ejercicio del
derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios,imponer el cumplimiento de las disposiciones específicas de sulegislación y regulaciones nacionales a las entidades que no esténautorizadas como entidades de crédito en el Estado miembro de
origen o a las actividades que no figuren en dicha lista, siempre
que, por una parte, estas disposiciones sean compatibles con elDerecho comunitario y estén motivadas por el interés general yque, por otra parte, dichas entidades o actividades no esténsometidas a normas equivalentes en función de la legislación o
regulación del Estado miembro de origen.
(17) Los Estados miembros deben velar por que no exista ningún
obstáculo para que las actividades que se beneficien delreconocimiento mutuo puedan ser ejercidas del mismo modoque en el Estado miembro de origen, siempre que no se opongan alas disposiciones legales de interés general vigentes en el Estadomiembro de acogida.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 4
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(18) Existe una vinculación necesaria entre el objetivo perseguido por
la presente Directiva y la liberalización de los movimientos decapitales que se lleva a cabo mediante otros actos legislativos
comunitarios. De cualquier modo, las medidas de liberalización
de los servicios bancarios deben estar en armonía con las medidasde liberalización de los movimientos de capitales.
(19) El régimen aplicado a las sucursales de entidades de crédito que
tengan su domicilio social fuera de la Comunidad debe seranálogo en todos los Estados miembros. Interesa prever que esterégimen no podrá ser más favorable que el de las sucursales de las
entidades procedentes de un Estado miembro. Conviene precisar
que la Comunidad podrá celebrar acuerdos con terceros paísespreviendo la aplicación de disposiciones que concedan a estassucursales un trato idéntico en todo su territorio teniendo encuenta el principio de reciprocidad. Las sucursales de entidades
de crédito que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad
no se benefician de la libre prestación de servicios en virtud delpárrafo segundo del artículo 49 del Tratado, ni de la libertad deestablecimiento en Estados miembros distintos de aquél en que sehallen establecidas. Noobstante, las solicitudes de autorización deuna filial o de adquisición de una participación por parte de una
empresa regida por la ley de un tercer país están sujetas a un
procedimiento que tiene como objetivo garantizar que una entidadde crédito de la Comunidad se beneficie de un régimen dereciprocidad en los referidos terceros países.
(20) Las autorizaciones de entidades de crédito que las autoridades
nacionales competentes concedan de conformidad con lasdisposiciones de la presente Directiva no tienen sólo alcance
nacional sino comunitario y las cláusulas de reciprocidad
existentes quedan sin efecto. En consecuencia, es necesario unprocedimiento flexible que permita evaluar la reciprocidad sobreuna base comunitaria. El objetivo de dicho procedimiento no escerrar los mercados financieros de la Comunidad sino por el
contrario, dado que el propósito de la Comunidad es mantener sus
mercados financieros abiertos al resto del mundo, mejorar laliberalización de los mercados financieros globales en otrosterceros países. Para ello, la presente Directiva prevé procedi-mientos de negociación con terceros países o prevé, en últimainstancia, la posibilidad de adoptar medidas consistentes en la
suspensión de nuevas solicitudes de autorización o en la
limitación de las nuevas autorizaciones.
(21) Conviene que se celebren acuerdos, basados en la reciprocidad,
entre la Comunidad y terceros países, a fin de permitir el ejercicioconcreto de la supervisión consolidada en el ámbito geográficomás extenso posible.
(22) La responsabilidad en materia de supervisión de la solidez
financiera de una entidad de crédito y, en particular, de su
solvencia, corresponde a la autoridad del Estado miembro de
origen de la misma. La autoridad competente del Estado miembrode acogida mantiene sus responsabilidades en materia desupervisión de la liquidez y de política monetaria. La supervisióndel riesgo de mercado debe ser objeto de una estrechacolaboración entre las autoridades competentes de los Estados
miembros de origen y de acogida.
(23) El funcionamiento armonioso del mercado interior bancario
requiere, más allá de las normas jurídicas, una cooperaciónestrecha y regular de las autoridades competentes de los Estadosmiembros. En lo que concierne al examen individual de losproblemas relativos a una entidad de crédito individual, el marcodel grupo de contacto (groupe de contact) creado entre las
autoridades de control de los bancos continúa siendo el más
apropiado. Este grupo constituye un foro adecuado para lainformación recíproca prevista en el artículo 28.
(24) En cualquier caso, este procedimiento de información recíproca
no sustituye a la colaboración bilateral regulada en el artículo 28.La autoridad competente del Estado miembro de acogida puede,sin perjuicio de sus propias competencias de control, seguir2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 5
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verificando, por iniciativa propia en caso de urgencia o por
iniciativa de la autoridad competente del Estado miembro deorigen, que la actividad de una entidad en su territorio es
conforme a las leyes, así como a los principios de una buena
organización administrativa y contable y de un control internoadecuado.
(25) Procede prever la posibilidad de intercambios de información
entre las autoridades competentes y determinadas autoridades u
organismos que contribuyen, por su función, a reforzar laestabilidad del sistema financiero. Para garantizar el carácterconfidencial de la información transmitida, la lista de susdestinatarios debe ser estrictamente limitada.
(26) Determinadas actuaciones, como los fraudes y los delitos de
iniciados, aun cuando afecten a empresas distintas de lasentidades de crédito, pueden repercutir en la estabilidad delsistema financiero, incluida su integridad.
(27) Es preciso establecer las condiciones en las que se autoricen
dichos intercambios de información.
(28) Cuando se prevé que la información sólo podrá divulgarse si
cuenta con el acuerdo expreso de las autoridades competentes,
éstas podrán, si procede, subordinar su consentimiento alcumplimiento de condiciones estrictas.
(29) Procede autorizar, asimismo, los intercambios de información
entre las autoridades competentes, por una parte, y por otra parte,
los bancos centrales y otros organismos de función similar, entanto que autoridades monetarias, así como, en su caso, otrasautoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemasde pago.
(30) Con el fin de reforzar la supervisión prudencial de las entidades
de crédito y la protección de los clientes de dichas entidades, esconveniente prever que todo auditor deba informar rápidamente alas autoridades competentes cuando, en los casos previstos en la
presente Directiva y en el ejercicio de su función, tenga
conocimiento de determinados hechos que puedan afectargravemente a la situación financiera o a la organizaciónadministrativa y contable de una entidad de crédito. Dado elobjetivo que se persigue, es deseable que los Estados miembrosdispongan la aplicación de esta obligación siempre que un auditor
observe tales hechos en el ejercicio de su función en una empresa
que tenga vínculos estrechos con una entidad de crédito. Laobligación impuesta a los auditores de comunicar, en su caso, alas autoridades competentes, determinados hechos y decisionesrelativos a una entidad de crédito, comprobados en el ejercicio de
su función en una empresa no financiera no modifica en sí mismo
el carácter de su función en dicha empresa ni la forma de llevar acabo su función en ella.
(31) Unas normas de base comunes sobre los fondos propios de las
entidades de crédito resultan un instrumento esencial para
constituir un mercado interior en el sector bancario, dado quelos fondos propios sirven para asegurar la continuidad de laactividad de las entidades de crédito y para proteger el ahorro.Dicha armonización fortalece la vigilancia a que se somete a lasentidades de crédito y favorece las demás coordinaciones en el
sector bancario.
(32) Dichas normas deben aplicarse a todas las entidades de crédito
autorizadas en la Comunidad.
(33) Los fondos propios de las entidades de crédito pueden servir para
absorber las pérdidas no cubiertas por un volumen suficiente debeneficios. Además, los fondos propios constituyen, para lasautoridades competentes, un criterio importante para evaluar, enparticular, la solvencia de las entidades de crédito y para otros
fines de vigilancia.
(34) En un mercado interior en el sector bancario las entidades de
crédito se encuentran en una situación de competencia directaentre sí y, por consiguiente, las definiciones y las normas2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 6
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aplicables a los fondos propios deben ser equivalentes. Para ello,
los criterios empleados para determinar la composición de losfondos propios no deben quedar únicamente en la apreciación de
los Estados miembros. La adopción de normas de base comunes
será altamente beneficiosa para la Comunidad, al evitardistorsiones de la competencia y al fortalecer simultáneamenteel sistema bancario de la Comunidad.
(35) La definición de «fondos propios» enunciada en la presente
Directiva contiene un máximo de elementos y de cantidades
limitativas, dejándose al poder discrecional de los Estados
miembros la utilización de la totalidad o de una parte de dichoselementos y la fijación de límites inferiores a dichas cantidadeslimitativas.
(36) La presente Directiva precisa los criterios a que deben ajustarse
ciertos elementos de los fondos propios, dejando a los Estados
miembros la libertad de aplicar disposiciones más estrictas.
(37) En una primera etapa, las normas de base comunes se definen de
un modo muy general a fin de cubrir la totalidad de los elementosconstitutivos de los fondos propios en los diferentes Estadosmiembros.
(38) La presente Directiva, en función de la calidad de los elementos
que componen los fondos propios, establece una distinción entre,
por un lado, los elementos que constituyen los fondos propios de
base y, por otro, los elementos que constituyen los fondos propioscomplementarios.
(39) Con el fin de tener en cuenta el hecho de que los elementos que
constituyen los fondos propios complementarios no tienen lamisma calidad que los que constituyen los fondospropios de base,
aquéllos no deben representar más del 100 % de los fondos
propios de base. Además, la inclusión de determinados elementosde los fondos complementarios debe limitarse al 50 % de losfondos propios de base.
(40) Para evitar distorsiones de competencia, las entidades públicas de
crédito no deben incluir en el cálculo de sus fondos propios lasgarantías que les concedan los Estados miembros o las auto-
ridades locales.
(41) Cuando, por razones de vigilancia, sea necesario determinar la
importancia de los fondos propios consolidados de un grupo deentidades de crédito, el cálculo se efectuará de conformidad conlo dispuesto en la presente Directiva.
(42) La técnica contable precisa que deba utilizarse para el cálculo de
los fondos propios y del coeficiente de solvencia y para la
evaluación de los riesgos debe tener en cuenta lo dispuesto en la
Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986,relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de losbancos y otras entidades financieras(
1), que incluye determinadas
adaptaciones de las disposiciones de la Directiva 83/349/CEE del
Consejo, de 13de junio de 1983,basada en la letra g)del apartado
2 del artículo 44 del Tratado, relativa a las cuentas consoli-dadas(
2).
(43) Las disposiciones relativas a los fondos propios se enmarcan en el
esfuerzo internacional iniciado, a mayor escala, para conseguiruna aproximación de las normativas en vigor en los principales
países en materia de adecuación de los fondos propios.
(44) La Comisión redactará un informe y examinará periódicamente
las disposiciones relativas a los fondos propios con objeto dereforzar estas disposiciones, de modo que se logre una mayorconvergencia en la definición común de los fondos propios. Talconvergencia permitirá mejorar la adecuación de los fondospropios de las entidades de crédito de la Comunidad.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 7
(1) DO L 372 de 31.12.1986, p. 1.
(2) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 90/605/CEE (DO L 317 de 16.11.1990, p. 60).
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(45) Las disposiciones relativas al coeficiente de solvencia son el
resultado de los trabajos realizados por el Comité consultivobancario que tiene competencia para hacer a la Comisión
cualquier sugerencia encaminada a la coordinación de los
coeficientes aplicables en los Estados miembros.
(46) El establecimiento de un coeficiente de solvencia adecuado
desempeña un papel fundamental en la supervisión de las
entidades de crédito.
(47) Un coeficiente en el cual se ponderen los activos y las cuentas de
orden en función de su grado de riesgo de crédito es una medida
de solvencia particularmente útil.
(48) El establecimiento de normas comunes de fondos propios con
respecto a los activos y a las cuentas de orden sujetos a riesgo es,
por lo tanto, uno de los aspectos esenciales de la armonización
necesaria para alcanzar el reconocimiento mutuo de las técnicasde control y, por ello, de la plena realización del mercado interioren el sector bancario.
(49) En ese sentido, las disposiciones relativas al coeficiente de
solvencia deben contemplarse en relación con otros instrumentosespecíficos que también armonizan las técnicas fundamentales delcontrol de las entidades de crédito.
(50) En un mercado interior en el sector bancario, las entidades están
destinadas a entrar en competencia directa y las normas comunesen forma de un coeficiente mínimo de solvencia tienen porconsecuencia la prevención de las distorsiones de competencia y
el fortalecimiento del sistema bancario de la Comunidad.
(51) La presente Directiva establece las distintas ponderaciones que se
debe aplicar a las garantías prestadas por las distintas entidadesfinancieras. La Comisión, en consecuencia, se compromete a
estudiar si la presente Directiva introduce distorsiones significa-
tivas en la competencia entre entidades de crédito y empresas deseguros y, a la vista de dicho estudio, considerará si procede laadopción de medidas para evitarlo.
(52) El anexo III establece el tratamiento de las cuentas de orden para
el cálculo de los requerimientos de fondos propios de lasentidades de crédito. Para garantizar un funcionamiento adecuadodel mercado interior, y especialmente en condiciones iguales decompetencia, los Estados miembros tienen la obligación de
intentar una evaluación uniforme de los acuerdos de compensa-
ción contractual por parte de sus autoridades competentes. Elanexo III tiene en cuenta los trabajos que un foro internacional,dentro del cual se reúnen las autoridades de supervisión del sectorbancario, ha efectuado sobre el reconocimiento por dichas
autoridades de los acuerdos de compensación bilateral y, en
particular, la posibilidad de calcular los requisitos de fondospropios para determinadas operaciones sobre la base de importesnetos y no brutos, siempre que existan acuerdos jurídicamentevinculantes que garanticen que el riesgo de crédito se limita alimporte neto. Para las entidades de crédito con actividad
internacional y los grupos de entidades de crédito internacionales
que compiten con las entidades de crédito de la Comunidad, lasnormas adoptadas a escala internacional se traducirán en unamejora del tratamiento a efectos de supervisión de losinstrumentos derivados negociados en mercados no organizados.Esta mejora dará lugar a una cobertura obligatoria de capital más
apropiada teniendo en cuenta los efectos de reducción del riesgo
potencial de crédito futuro de los acuerdos de compensacióncontractual reconocidos a efectos de supervisión. La liquidaciónde instrumentos derivados negociados en mercados no organi-zados que realizan las cámaras de compensación en cuanto
contrapartes centrales desempeña una importante función en
determinados Estados miembros. Es conveniente reconocer losbeneficios derivados de tal liquidación desde el punto de vista dela reducción del riesgo de crédito y del correspondiente riesgosistémico en el tratamiento prudencial del riesgo de crédito. Esnecesario garantizar plenamente tanto los riesgos presentes como2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 8
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los posibles riesgos futuros resultantes de contratos derivados
compensados negociados en mercados no organizados y que noexista peligro de que el riesgo a que se expone la cámara de
compensación seacumule hasta superar el valor del mercado de la
garantía pignoraticia, con el fin de conceder, con caráctertransitorio, a los instrumentos derivados negociados en mercadosno organizados el mismo tratamiento prudencial que el que seconcede a los instrumentos derivados negociables en mercados
organizados. Las autoridades competentes deberán considerarse
satisfechas con el nivel de los márgenes iniciales y de variaciónexigidos y con la calidad y el nivel de protección proporcionadospor la garantía pignoraticia. Para las entidades de créditoconstituidas en los Estados miembros, el anexo III permiteconseguir la misma posibilidad de reconocimiento, por las
autoridades competentes, de la compensación bilateral y garan-
tizar a dichas entidades condiciones de competencia equivalentes.Estas normas son equilibradas y adecuadas para reforzar laaplicación de medidas de supervisión cautelar al sector de lasentidades de crédito. Las autoridades competentes de los Estados
miembros que reconozcan un contrato de novación deberán
garantizar que el cálculo de los requerimientos (add-ons) se basa
en los importes reales en vez de en los importes teóricos.
(53) El coeficiente mínimo previsto en la presente Directiva refuerza
el nivel de fondos propios de las entidades de crédito en la
Comunidad. Se adopta el porcentaje del 8 % tras una encuestaestadística referida a las exigencias de capital en vigor acomienzos de 1988.
(54) Conviene armonizar las normas esenciales de supervisión de los
grandes riesgos de las entidades de crédito. Es importante que losEstados miembros tengan la facultad de adoptar disposicionesmás estrictas que las previstas en la presente Directiva.
(55) La supervisión y el control de los riesgos de las entidades de
crédito son parte integrante de la supervisión de éstas. Unaconcentración excesiva de riesgos en un único cliente o grupo declientes relacionados entre sí puede suponer una posibilidadinaceptable de pérdidas. Puede estimarse que tal situación
perjudica a la solvencia de la entidad de crédito.
(56) En un mercado interior en el sector bancario, al competir
directamente entre sí las entidades de crédito, las obligacionesaplicables en toda la Comunidad en materia de supervisión deben
ser equivalentes. A tal fin, los criterios aplicados para determinar
la concentración de riesgos deben ser objeto de normasjurídicamente vinculantes en el plano comunitario y no puedendejarse totalmente a la apreciación de los Estados miembros. Laadopción de normas comunes constituirá, por tanto, el mejor
modo de favorecer los intereses de la Comunidad, al evitar
diferencias en las condiciones de competencia y reforzar, almismo tiempo, el sistema bancario de la Comunidad.
(57) Las disposiciones relativas al coeficiente de solvencia de las
entidades de crédito contienen una nomenclatura de los riesgos de
crédito a que están sujetas las entidades de crédito. Resulta, portanto, oportuno referirse a dicha nomenclatura también para ladefinición de los riesgos a efectos de la limitación de grandesriesgos. Sin embargo, no resulta oportuno referirse por principioni a las ponderaciones ni a las ponderaciones ni a los grados de
riesgo establecidos por dichas disposiciones. Tales ponderaciones
y grados de riesgo han sido concebidos para establecer unrequisito de solvencia general al objeto de cubrir el riesgo decrédito de las entidades de crédito. En el marco de un Reglamentorelativo a las operaciones de gran riesgo, el objetivo perseguido
consiste en limitar el riesgo máximo de pérdidas en que puede
incurrir una entidad de crédito frente a un cliente o grupo declientes relacionados entre sí. Por consiguiente, procede adoptarun enfoque prudente que permita tomar los riesgos, en general,por su valor nominal, sin aplicar ponderaciones ni grados deriesgo.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 9
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(58) Cuando una entidad de crédito contrae riesgos frente a su propia
empresa matriz, o frente a las demás filiales de dicha empresamatriz, se impone una especial prudencia. La gestión de los
riesgos contraídos por las entidades de crédito debe realizarse con
absoluta autonomía, dentro del respeto de los principios de unasana gestión bancaria, fuera de toda consideración ajena a dichosprincipios. Las disposiciones de la presente Directiva disponenque cuando la influencia ejercida por las personas que posean,
directa o indirectamente, una participación cualificada en una
entidad de crédito pueda ir en detrimento de una gestión sana yprudente de la entidad, las autoridades competentes adoptarán lasmedidas oportunas para poner fin a dicha situación. En lo que serefiere a las operaciones de gran riesgo, procede, asimismo,establecer normas específicas para los riesgos contraídos por una
entidad de crédito frente a las empresas de su propio grupo, y, en
este caso, límites más severos para estos riesgos que para losdemás tipos de riesgo. Estos límites más severos no deberanaplicarse, no obstante, cuando la empresa matriz sea una sociedadfinanciera de cartera o una entidad de crédito y las demás filiales
sean entidades de crédito, entidades financieras o empresas de
servicios bancarios auxiliares, siempre que todas estas empresasestén comprendidas en la supervisión consolidada de la entidad decrédito. En este caso, la supervisión consolidada del conjunto asíformado hace posible una supervisión suficientemente eficaz, porlo que no resulta indispensable establecer normas más severas
para la limitación de los riesgos. De este modo, se alentará a los
grupos bancarios a organizar sus estructuras de manera quepermitan una supervisión consolidada, lo que resulta conveniente,puesto que ello posibilita una supervisión más completa.
(59) Para ser efectiva, la supervisión de forma consolidada debe poder
aplicarse a todos los grupos bancarios, incluidos aquellos cuyaempresa matriz no sea una entidad de crédito. Las autoridadescompetentes deben contar con los instrumentos jurídicosnecesarios para el ejercicio de dicha supervisión.
(60) En lo que se refiere a los grupos con actividades diversificadas en
los que al menos una de las filiales de la empresa matriz es unaentidad de crédito, las autoridades competentes deben poderjuzgar la situación financiera de la entidad de crédito en el
contexto de tales grupos. Hasta una posterior coordinación, los
Estados miembros pueden prescribir técnicas de consolidaciónadecuadas con vistas a la realización del objetivo que persigue lapresente Directiva. Las autoridades competentes deben disponeral menos de los medios para obtener de todas las empresas del
grupo las informaciones que requiera el ejercicio de su misión. En
el caso de los grupos de empresas que ejerzan actividadesfinancieras diversas, debe establecerse una colaboración entre lasautoridades responsables de la supervisión de los diferentessectores financieros.
(61) Los Estados miembros pueden, además, denegar o retirar la
autorización bancaria cuando consideren que la estructura delgrupo es inadecuada para el ejercicio de las actividades bancarias,en particular, porque éstas no podrían supervisarse de formasatisfactoria. Las autoridades competentes disponen, a este efecto,
de los poderes señalados en el párrafo primero del apartado 1 y en
el apartado 2 del artículo 7, en la letra c) del apartado 1 delartículo 14, y en el artículo 16, con vistas a garantizar una gestiónsaneada y prudente de las entidades de crédito.
(62) Los Estados miembros pueden también establecer la supervisión,
mediante técnicas apropiadas, de grupos cuyas estructuras noqueden reguladas por la presente Directiva. Será convenientetratar de completar las disposiciones de la presente Directiva conobjeto de regular tales estructuras en la medida en que éstas se
generalicen.
(63) La supervisión sobre base consolidada debe abarcar todas las
actividades definidas en el anexo I. Por lo tanto, todas lasempresas que ejercen dichas actividades deben quedar incluidas2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 10
▼B
en la supervisión sobre base consolidada. Por consiguiente, la
definición de «entidad financiera» debe incluir dichas actividades.
(64) La Directiva 86/635/CEE, junto con la Directiva 83/349/CEE, fija
las normas de consolidación en materia de cuentas consolidadaspublicadas por las entidades de crédito. Es posible, en
consecuencia, precisar con más detalle los métodos que han de
utilizarse en el marco de la supervisión prudencial sobre baseconsolidada.
(65) La supervisión de las entidades de crédito sobre base consolidada
debe tener especialmente como objetivo proteger los intereses delos depositantes de dichas entidades y garantizar la estabilidad delsistema financiero.
(66) El examen de los problemas que se plantean en los ámbitos
regulados en la presente Directiva así como en otras Directivas enrelación igualmente con la actividad de las entidades de crédito, yespecialmente con la perspectiva de una mejor coordinación,
exige la cooperación de las autoridades competentes y de la
Comisión en el seno de un Comité consultivo bancario. DichoComité consultivo de autoridades competentes de los Estadosmiembros no prejuzga otras formas de cooperación entre auto-ridades de control en el ámbito del acceso y de la supervisión deentidades de crédito, y especialmente la cooperación establecida
en el seno del grupo de contacto (groupe de contact) creado entre
las autoridades de control de los bancos.
(67) A determinados intervalos puede ser necesaria la modificación
técnica de las normas contenidas en la presente Directiva pararesponder a la evolución del sector bancario. La Comisión debeefectuar las modificaciones que sean necesarias después deconsultar al Comité consultivo bancario, dentro de los límites delas facultades de ejecución delegadas a la Comisión por las
disposiciones del Tratado. Procede adoptar las medidas necesarias
para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a lodispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de juniode 1999, por la que se establecen los procedimientos para elejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión(
1).
(68) El apartado 1 del artículo 36 de la presente Directiva permite, en
el caso de las entidades de crédito organizadas en forma de
sociedades cooperativas o fondos, la asimilación de los compro-
misos solidarios de los prestatarios a los elementos constitutivosde fondos propios mencionados en el punto 7 del apartado 2 delartículo 34. El Gobierno danés ha manifestado un gran interésporque las escasas entidades de crédito hipotecario de su país
organizadas en forma de cooperativas o fondos se transformen en
sociedades anónimas. A fin de facilitar o hacer posible taltransformación es necesario establecer una excepción temporalque permita a esas entidades considerar fondos propios parte desus compromisos solidarios. Esta excepción no debe falsear lacompetencia entre las entidades de crédito.
(69) La aplicación de una ponderación del 20 % a la tenencia de
obligaciones hipotecarias por una entidad de crédito puedeprovocar perturbaciones en un mercado financiero nacional en
el que dichos instrumentos desempeñan un papel principal. En ese
caso, se adoptan medidas transitorias para aplicar una pondera-ción de los riesgos del 10 %. El mercado de la titulización estádesarrollándose rápidamente. Por lo tanto, es deseable que laComisión examine el trato prudencial de los títulos respaldados
por activos patrimoniales y presente, antes del 22 de junio de
1999, unas propuestas de adaptación de la legislación actual conel fin de definir un adecuado trato prudencial de dichos títulos.Las autoridades competentes pueden autorizar una ponderacióndel 50 % a los activos garantizados por hipotecas sobre oficinas ylocales comerciales polivalentes hasta el 31de diciembre de 2006.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 11
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Los bienes inmuebles hipotecados deben someterse a unos
criterios de valoración rigurosos y que deben volver a tasarseperiódicamente para adaptarlos a los cambios del mercado de la
propiedad inmobiliaria de carácter comercial. Dichos inmuebles
deben ser ocupados por su propietario o cedidos en régimen dearrendamiento por éste; se excluyen de la mencionada pondera-ción del 50 % los préstamos para promoción inmobiliaria.
(70) Con miras a garantizar una aplicación armoniosa de las
disposiciones relativas a los grandes riesgos, es convenientepermitir que los Estados miembros establezcan la aplicación delos nuevos límites en dos etapas. Puede estar justificado unperíodo transitorio más largo para las entidades de crédito más
pequeñas, en la medida en que una aplicación más rápida de la
norma del 25 % podría reducir de modo demasiado brusco laactividad crediticia de las mismas.
(71) Además, se pretende actualmente conseguir la armonización de
las condiciones de saneamiento y de liquidación de las entidades
de crédito.
(72) Deberá emprenderse asimismo la armonización de los instru-
mentos necesarios para el control de los riesgos de liquidez.
(73) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los
Estados miembros relativas a los plazos de transposición de lasDirectivas indicados en la parte B del anexo V.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 12
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ÍNDICE
Página
TÍTULO I DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ......... 12
Artículo 1 Definiciones . ........................................ 12
Artículo 2 Ámbito de aplicación .................................. 14
Artículo 3 Prohibición de la actividad de recepción de depósitos u otros
fondos reembolsables del público por empresas que no sean
entidades de crédito . .................................. 15
TÍTULO II CONDICIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DE LAS
ENTIDADES DE CRÉDITO Y DE SU EJERCICIO ...... 16
Artículo 4 Autorización . ........................................ 16
Artículo 5 Capital inicial ........................................ 16
Artículo 6 Responsables de la dirección y localización de la administración
central de las entidades de crédito ....................... 16
Artículo 7 Accionistas y socios . .................................. 17
Artículo 8 Programa de actividades y estructura de la organización ..... 17
Artículo 9 Necesidad económica .................................. 17
Artículo 10 Denegación de la autorización ........................... 17
Artículo 11 Notificación de la autorización a la Comisión .. ............ 17
Artículo 12 Consulta previa a las autoridades competentes de otros Estados
miembros ... ........................................ 17
Artículo 13 Sucursales y entidades de crédito autorizadas en otro Estado
miembro ............................................ 18
Artículo 14 Retirada de la autorización ............................. 18
Artículo 15 Denominación ........................................ 18
Artículo 16 Participación cualificada en una entidad de crédito .......... 18
Artículo 17 Organización y procedimientos de control interno ........... 19
TÍTULO III DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LIBERTAD DE
ESTABLECIMIENTO Y A LA LIBRE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ......................................... 19
Artículo 18 Entidades de crédito . .................................. 19
Artículo 19 Entidades financieras .................................. 19
Artículo 20 Ejercicio del derecho de establecimiento . ................. 20
Artículo 21 Ejercicio de la libertad de prestación de servicios ........... 21
Artículo 22 Poderes de las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida............................................. 21
TÍTULO IV RELACIONES CON TERCEROS PAÍSES .............. 22
Artículo 23 Notificación de las filiales de empresas de terceros paísesy de las
condiciones de acceso a los mercados de estos países . ...... 22
Artículo 24 Sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social
fuera de la Comunidad ................................. 23
Artículo 25 Cooperación en materia de supervisión sobre una base consoli-
dada con las autoridades competentes de terceros países ..... 23
TÍTULO V PRINCIPIOSE INSTRUMENTOSTÉCNICOSDE SUPER-
VISIÓN PRUDENCIAL .............................. 24
Capítulo 1 Principios de supervisión prudencial .................... 24
Artículo 26 Competencia de control del Estado miembro de origen ...... 242000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 13
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Página
Artículo 27 Competencias del Estado miembro de acogida . ............ 24
Artículo 28 Cooperación en materia de supervisión .. ................. 24
Artículo 29 Verificación sobre el terreno de las sucursales establecidas en
otro Estado miembro .................................. 24
Artículo 30 Intercambios de información y secreto profesional .......... 24
Artículo 31 Obligación de las personas encargadas de la auditoría legal de las
cuentas anuales y consolidadas ... ....................... 26
Artículo 32 Facultad sancionadora de las autoridades competentes . ...... 27
Artículo 33 Recurso jurisdiccional ................................. 27
Capítulo 2 Instrumentos técnicos de la supervisión prudencial ....... 27
Sección 1 Fondos propios ....................................... 27
Artículo 34 Principios generales . .................................. 27
Artículo 35 Otros elementos ...................................... 28
Artículo 36 Otras disposiciones relativas a los fondos propios ........... 29
Artículo 37 Cálculo de los fondos propios sobre una base consolidada ... . 29
Artículo 38 Deducciones y límites ................................. 30
Artículo 39 Prueba a las autoridades competentes ..................... 30
Sección 2 Coeficiente de solvencia ............................... 30
Artículo 40 Principios generales . .................................. 30
Artículo 41 Numerador: fondos propios ............................. 30
Artículo 42 Denominador: activos y cuentas de orden ponderadas por su
riesgo ............................................... 30
Artículo 43 Ponderación de riesgos ................................. 31
Artículo 44 Ponderación de créditos sobre las administraciones regionales o
locales de los Estados miembros .. ....................... 33
Artículo 45 Otras ponderaciones . .................................. 33
Artículo 46 Organismos administrativos y empresas sin fines de lucro ... . 33Artículo 47 Nivel del coeficiente de solvencia ....................... 33
Sección 3 Grandes riesgos ...................................... 34
Artículo 48 Notificación de grandes riesgos ... ....................... 34
Artículo 49 Límites aplicables a los grandes riesgos .. ................. 34
Artículo 50 Supervisión de grandes riesgos sobre una base consolidada y no
consolidada .. ........................................ 36
Sección 4 Participaciones cualificadas fuera del dominio financiero .... 36
Artículo 51 Límites a las participaciones cualificadas no financieras ..... 36
Capítulo 3 Supervisión sobre una base consolidada ................. 37
Artículo 52 Supervisión de entidades de crédito sobre una base consolidada 37Artículo 53 Autoridades competentes responsables de la supervisión sobre
una base consolidada .................................. 38
Artículo 54 Forma y alcance de la consolidación ..................... 39
Artículo 55 Información que deberán facilitar las sociedades mixtas de
cartera y sus filiales . .................................. 39
Artículo 56 Medidas destinadas a facilitar la aplicación de la supervisión
sobre una base consolidada ............................. 402000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 14
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Página
TÍTULO VI COMITÉ CONSULTIVO BANCARIO ................. 41
Artículo 57 Composición y funciones del Comité consultivo bancario ... . 41
Artículo 58 Examen de las condiciones de la autorización .. ............ 41
Artículo 59 Relaciones de observación . ............................. 41
TÍTULO VII PODERES DE EJECUCIÓN .......................... 42
Artículo 60 Adaptaciones técnicas ................................. 42
TÍTULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES ......... 42
Capítulo 1 Disposiciones transitorias ............................. 42
Artículo 61 Disposiciones transitorias relativas al artículo 36 ........... 42
Artículo 62 Disposiciones transitorias relativas al artículo 43 ........... 43
Artículo 63 Disposiciones transitorias relativas al artículo 47 ........... 44
Artículo 64 Disposiciones transitorias relativas al artículo 49 ........... 44
Artículo 65 Disposiciones transitorias relativas al artículo 51 ........... 45
Capítulo 2 Disposiciones finales .................................. 45
Artículo 66 Información de la Comisión ............................ 45
Artículo 67 Directivas derogadas .................................. 45
Artículo 68 Entrada en vigor ...................................... 45
Artículo 69 Destinatarios . ........................................ 45
ANEXO I Lista de actividades que se benefician del reconocimiento mutuo 46ANEXO II Clasificación de las cuentas de orden ..................... 47
ANEXO III Tratamiento de las cuentas de orden ...................... 48
ANEXO IV Tipos de cuentas de orden . ............................. 52
ANEXO V Parte A Directivas derogadas, con sus modificaciones sucesivas (contem-
pladas en el artículo 67) .. ............................. 53
Parte B Plazos de transposición (contemplados en el artículo 67) ..... 54
ANEXO VI Tabla de correspondencias . ............................. 552000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 15
▼B
TÍTULO I
DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1) «entidad de crédito»:
a) una empresa cuya actividad consiste en recibir del público
depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditospor cuenta propia, o
b) una entidad de dinero electrónico con arreglo a la Directiva
2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las
entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como lasupervisión cautelar de dichas entidades(
1).
Se considerará entidad de crédito, a los efectos de la supervisión
sobre una base consolidada, cualquier entidad de crédito que se
corresponda con la definición del párrafo primero y cualquierempresa que responda a la definición del párrafo primero y hayasido autorizada en un tercer país.
Se considerarán entidades de crédito, a los efectos de la supervisión
y del control de grandes riesgos, las entidades de crédito
mencionadas en el párrafo primero, incluidas las sucursales de
dichas entidades en países terceros, y toda empresa pública oprivada, incluidas sus sucursales, que respondan a la definición delpárrafo primero y hayan sido autorizadas en un tercer país;
2) «autorización»: acto de las autoridades, cualquiera que sea su
forma, del que deriva la facultad de ejercer la actividad de entidad
de crédito;
3) «sucursal»: una sede de explotación que constituya una parte,
desprovista de personalidad jurídica, de una entidad de crédito, queefectúe directamente, de modo total o parcial, las operacionesinherentes a la actividad de una entidad de crédito; se considerarán
como una sola sucursal varias sedes de explotación creadas en el
mismo Estado miembro por una entidad de crédito que tenga susede social en otro Estado miembro;
4) «autoridades competentes»: las autoridades nacionales facultadas,
en virtud de una ley o reglamento, para controlar las entidades de
crédito;
5) «entidad financiera»: una empresa, distinta de una entidad de
crédito, cuya actividad principal consiste en adquirir y tenerparticipaciones o en ejercer una o varias actividades de las que seenumeran en los puntos 2 a 12 del anexo I;
6) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el cual una
entidad de crédito ha sido autorizada con arreglo a los artículos 4 a
11;
7) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en el cual una
entidad de crédito tiene una sucursal o presta servicios;
8) «control»: la relación existente entre una empresa matriz y una
filial, prevista en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, o una
relación de la misma naturaleza entre cualquier persona física ojurídica y una empresa;
9) «participación a los efectos de la supervisión sobre una base
consolidada»: la tenencia, directa o indirecta, del 20 % o más de losderechos de voto o del capital de una empresa;2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 16
(1) DO L 275 de 27.10.2000, p. 39.▼M1
▼B
▼B
10) «participación cualificada»: el hecho de poseer en una empresa,
directa o indirectamente, al menos un 10 % del capital o de losderechos de voto o la posibilidad de ejercer una influencia notable
en la gestión de la empresa en la cual se posea una participación;
11) «capital inicial»: el capital a efectos de los puntos 1y2d e l
apartado 2 del artículo 34;
12) «empresa matriz»: una empresa matriz a efectos de los artículos 1 y
2 de la Directiva 83/349/CEE.
Se considerará empresa matriz, a los efectos de la supervisión sobre
una base consolidada y del control de los grandes riesgos, unaempresa matriz a efectos del apartado 1 del artículo 1 de laDirectiva 83/349/CEE, así como cualquier empresa que ejerza demanera efectiva, en opinión de las autoridades competentes, una
influencia dominante en otra empresa;
13) «filial»: una empresa filial a efectos de los artículos 1 y 2 de la
Directiva 83/349/CEE.
Se considerará filial, a los efectos de la supervisión sobre una base
consolidada y del control de grandes riesgos, una empresa filial aefectos del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, asícomo cualquier empresa sobre la que una empresa matriz ejerza
efectivamente, en opinión de las autoridades competentes, una
influencia dominante.
Cualquier empresa filial de una empresa filial se considerará
también como filial de la empresa matriz que dirija dichas
empresas;
14) «zona A»: todos los Estados miembros y todos los países miembros
de pleno derecho de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), y los países que hayan celebrado
acuerdos especiales de préstamo con el Fondo Monetario Interna-cional (FMI) en el marco de los Acuerdos generales de empréstito(AGE). Todo país que reescalone su deuda pública exteriorsoberana quedará, sin embargo, excluido de la zona A durante un
período de cinco años;
15) «zona B»: todos los países que no sean los de la zona A;
16) «entidades de crédito de la zona A»: toda entidad de crédito
autorizada en los Estados miembros de acuerdo con el artículo 4,incluidas sus sucursales en los terceros países, y todas las empresaspúblicas o privadas que estén comprendidas en la definicióncontenida en el párrafo primero del punto 1, y autorizadas en otros
países de la zona A, incluidas sus sucursales;
17) «entidades de crédito de la zona B»: todas las empresas, públicas o
privadas, autorizadas fuera de la zona A, que estén comprendidas enla definición del párrafo primero del punto 1, incluidas sus
sucursales en la Comunidad;
18) «sector no bancario»: todos los prestatarios distintos de las
entidades de crédito, definidos en los puntos 16 y 17, de los bancos
centrales, de las administraciones centrales, regionales y locales, de
las Comunidades Europeas, del Banco Europeo de Inversiones y delos bancos multilaterales de desarrollo definidos en el punto 19;
19) «bancos multilaterales de desarrollo»: el Banco Internacional para
la Reconstrucción y Fomento y la Corporación FinancieraInternacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BancoAsiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Fondode Reinstalación del Consejo de Europa, el Nordic InvestmentBank, el Banco de Desarrollo de Caribe, el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo, el Fondo Europeo de Inversiones y la
Corporación Interamericana de Inversiones;
20) «cuentas de orden que presenten un “riesgo alto”, un “riesgo
medio”, un “riesgo medio/bajo” y un “riesgo bajo”»: las descritas
en el apartado 2 del artículo 43 y enumeradas en el anexo II;
21) «sociedad financiera de cartera»: una entidad financiera cuyas
empresas filiales sean exclusiva o principalmente una o varias2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 17
▼B
entidades de crédito o entidades financieras, siendo al menos una de
estas filiales una entidad de crédito;
22) «sociedad mixta de cartera»: una empresa matriz, distinta de una
sociedad financiera de cartera o de una entidad de crédito, quecuente al menos una entidad de crédito entre sus filiales;
23) «empresa de servicios bancarios auxiliares»: una empresa cuya
actividad principal sea la tenencia o gestión de inmuebles, la gestiónde servicios informáticos o cualquier otra actividad similar quetenga carácter auxiliar con respecto a la actividad principal de una ovarias entidades de crédito;
24) «riesgos a los efectos de la aplicación de los artículos 48, 49 y
50»: los activos y partidas de las cuentas de orden enumerados en elartículo 43 y en los anexos II y IV sin aplicación de las
ponderaciones ni grados de riesgo previstos en dichas disposiciones;
los riesgos mencionados en el anexo IV se calcularán con arreglo auno de los métodos establecidos en el anexo III, sin aplicación delas ponderaciones previstas en función de la contraparte; podránexcluirse de esta definición, con el acuerdo de las autoridadescompetentes, todos los elementos cubiertos en un 100 % por fondos
propios con tal de que estos últimos no entren en el cálculo del
coeficiente de solvencia y de los demás ratios de vigilanciaprevistos en la presente Directiva así como en otros actoscomunitarios; los riesgos no incluirán:
— en el caso de las operaciones de cambio de divisas, los riesgos
contraídos en el curso normal de la liquidación durante las 48horas siguientes a la realización del pago, o
— en el caso de las operaciones de compra o de venta de valores,
los riesgos contraídos en el curso normal de la liquidacióndurante los cinco días laborables posteriores a la fecha del pago,
o a la entrega de los valores, si ésta fuera anterior;
25) «grupo de clientes relacionados entre sí»:
— bien dos o más personas, físicas o jurídicas, que, salvo prueba en
contrario, constituyan un conjunto en lo que respecta al riesgo
por el hecho de que una de ellas posea directa o indirectamente
sobre la otra o las otras un poder de control,
— bien dos o más personas, físicas o jurídicas, entre las cuales no
exista ninguna relación de control como la que se describe en elprimer guión, pero a las que se deba considerar como unconjunto en lo que respecta al riesgo por el hecho de que, debidoa los vínculos existentes entre ellas, si una de ellas tuviera
problemas financieros, la otra o las otras tendrían probablemente
dificultades de reembolso;
26) «vínculos estrechos»: todo conjunto de dos o más personas físicas o
jurídicas unidas mediante:
a) una participación, es decir, el hecho de poseer, de manera directa
o mediante vínculo de control, el 20 % o más de los derechos devoto o del capital de una empresa, o bien
b) un vínculo de control, es decir, el vínculo existente entre una
empresa matriz y una filial, en todos los casos contemplados enlos apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, otoda relación análoga entre cualquier persona física o jurídica y
una empresa; toda empresa filial de una empresa filial se
considerará también filial de la empresa matriz a la cabeza dedichas empresas.
Se considerará también constitutiva de un vínculo estrecho entre
dos o varias personas físicas o jurídicas una situación en la queestén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona por unvínculo de control;
27) «mercados organizados»: los mercados regulados por las auto-
ridades competentes que:
i) operen de forma regular,
ii) se rijan por unas normas, establecidas o aprobadas por las
autoridades pertinentes del país de origen del mercado, que2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 18
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determinen las condiciones de funcionamiento y de acceso al
mercado y las condiciones que debe cumplir un contrato antesde que pueda negociarse efectivamente en el mercado,
iii) cuenten con un mecanismo de compensación que exija que los
contratos enumerados en el anexo IV estén sujetos a límites
legales diarios de cobertura que, en opinión de las autoridades
competentes, supongan una garantía adecuada.
Artículo 2
Ámbito de aplicación
1. La presente Directiva se refiere al acceso a la actividad de las
entidades de crédito y su ejercicio. Será aplicable a todas las entidades
de crédito.
2. Los artículos 25 y 52 a 56 serán también aplicables a las
sociedades financieras de cartera y a las sociedades mixtas de carteraque tengan su sede en la Comunidad.
Las entidades excluidas con carácter permanente en el apartado 3, a
excepción, no obstante, de los bancos centrales de los Estadosmiembros, se considerarán entidades financieras a efectos de laaplicación de los artículos 25 y 52 a 56.
3. La presente Directiva no se refiere a la actividad:
— de los bancos centrales de los Estados miembros,
— de las oficinas de cheques postales,
— en Bélgica, del Institut de réescompte et de garantie/Heridscontering-
en Waarborginstituut,
— en Dinamarca, del Dansk Eksportfinansieringsfond, del Danmarks
Skibskreditfond y del Dansk Landbrugs Realkreditfond,
— en Alemania, de la Kreditanstalt für Wiederaufbau, de los
organismos que en virtud de la Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz
(Ley sobre la utilidad pública en materia de vivienda) sonreconocidos como órganos de la política nacional en materia de
vivienda y cuyas operaciones bancarias no constituyen la actividad
preponderante, así como de los organismos que, en virtud de dichaLey, se reconocen como organismos de vivienda de interés público,
— en Grecia, de la Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως
(Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos), de la Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ( Tamio Parakatathikon kai Danion)
yd el aΤαχυδροµικό Ταµιευτήριο ( Tachidromiko Tamieftirio),
— es España, del Instituto de Crédito Oficial,— en Francia, de la Caisse de dépôts et consignations,
— en Irlanda, de las credits unions y de las friendly societies,
— en Italia, de la Cassa de positi e prestiti,— en los Países Bajos, de la Nederlandse Investeringsbank voor
Ontwikkelingslanden NV, de la NV Noordelijke Ontwikkelings-maatschappij, de la NV Industriebank Limburgs Instituut voorontwikkeling en financiering y de la Overijsselse Ontwikkelings-maatschappij NV,
— en Austria, de empresas reconocidas como asociaciones de
construcción de interés público y del Österreichische KontrollbankAG,
— en Portugal, las Caixas Económicas que existieran a 1 de enero de
1986, excepto las que tengan estructura de sociedad anónima y de laCaixa Económica Montepio Geral,
— en Finlandia, de la Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för
industriellt samarbete Ab, y de la Kera Oy/Kera Ab,
— en Suecia, de la Svenska Skeppshypotekskassan,— en el Reino Unido, del National Savings Bank, de la Commonwealth
Development Finance Company Ltd, de la Agricultural MortgageCorporation Ltd, de la ScottishAgricultural Securities CorporationLtd, de los Crown Agents for overseas governments and adminis-trations, de las credit unions y de los municipal banks.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 19
▼B
4. A propuesta de la Comisión, que consultará a este objeto con el
Comité mencionado en el artículo 57, denominado en lo sucesivo «elComité consultivo bancario», el Consejo decidirá toda eventual
modificación de la lista que figura en el apartado 3.
5. Las entidades de crédito que existían el 15 de diciembre de 1977
en un mismo Estado miembro y que, en esta fecha, estaban afiliadas deforma permanente a un organismo central que las controle y estéestablecido en ese mismo Estado miembro podrán ser eximidas de las
condiciones que figuran en el apartado 1 del artículo 6 y en los artículos
8 y 59 si el 15 de diciembre de 1979, a más tardar, el Derecho nacionalha previsto que:
— las obligaciones del organismo central y de las entidades afiliadas
constituyen obligaciones solidarias o que las obligaciones de lasentidades afiliadas estén completamente garantizadas por elorganismo central,
— la solvencia y liquidez del organismo central y de todas las filiales
estén supervisadas en su conjunto sobre una base consolidada,
— la dirección del organismo central esté habilitada para dar
instrucciones a la dirección de las entidades.
Las entidades de crédito con radio de acción local afiliadas con
posterioridad al 15 de diciembre de 1977 a un organismo central aefectos del párrafo primero podrán beneficiarse de las condiciones
fijadas en el mismo si constituyen una extensión normal de la red
dependiente del organismo central.
Siempre que se trate de entidades de crédito distintas de las creadas en
regiones recientes ganadas al mar, o como resultado de la fusión odivisión de entidades existentes dependientes del organismo central, el
Consejo podrá, a propuesta de la Comisión, que consultará al Comité
consultivo bancario con este objeto, fijar reglas suplementarias para laaplicación del párrafo segundo, incluso la aprobación de las exencionesprevistas en el párrafo primero, cuando entienda que la afiliación de lasnuevas entidades que disfruten del régimen previsto en el párrafosegundo podría afectar a la competencia de manera negativa. El Consejo
decidirá por mayoría cualificada.
6. Las entidades de crédito que estén afiliadas a un organismo central
en el mismo Estado miembro, en la forma del párrafo primero delapartado 5, podrán también estar exentas de la aplicación del artículo 5 yde los artículos 40 a 51 y 65, siempre que, sin perjuicio de la aplicación
de dichas disposiciones al organismo central, el conjunto constituido por
el organismo central y las entidades afiliadas al mismo estén sometidos adichas disposiciones sobre una base consolidada.
En caso de exención, los artículos 13, 18 y 19, los apartados 1 a 6 del
artículo 20 y los artículos 21 y 22 se aplicarán al conjunto formado por
el organismo central y las entidades afiliadas al mismo.
Artículo 3
Prohibición delaactividadderecepción dedepósitosuotrosfondos
reembolsables del público por empresas que no sean entidades de
crédito
Los Estados miembros prohibirán a las personas o empresas que no sean
entidades de crédito el ejercicio, con carácter profesional, de la actividadde recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público.Dicha prohibición no se aplicará a la recepción de depósitos u otrosfondos reembolsables por parte de un Estado miembro, las autoridades
regionales o locales de un Estado miembro u organismo internacionales
públicos de los que sean miembros unoo varios Estados miembros, ni enlos casos expresamente contemplados en la legislación nacional ocomunitaria, siempre que dichas actividades se encuentren sujetas a lasregulaciones y controles aplicables a la protección de los depositantes einversores.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 20
▼B
TÍTULO II
CONDICIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DE LAS
ENTIDADES DE CRÉDITO Y DE SU EJERCICIO
Artículo 4
Autorización
Los Estados miembros dispondrán que las entidades de crédito deberán
contar con la autorización antes de comenzar sus actividades.Establecerán las condiciones para dicha autorización, sin perjuicio delo dispuesto en los artículos 5 a 9, y las notificarán a la Comisión así
como al Comité consultivo bancario.
Artículo 5
Capital inicial
1. Sin perjuicio de otras condiciones generales requeridas por los
reglamentos nacionales, las autoridades competentes no concederán laautorización cuando la entidad de crédito carezca de fondos propios
diferenciados o cuando el capital inicial sea inferior a 5 millones de
euros.
Los Estados miembros podrán prever el mantenimiento de la actividad
de las entidades de crédito que no reúnan la condición relativa a losfondos propios diferenciados, y que existieran el 15 de diciembre de1979. Podrán dispensar a estas empresas del cumplimiento de lacondición contemplada en el párrafo primero del apartado 1 del artículo
6.
2. No obstante, las autoridades competentes de los Estados miembros
tendrán la facultad de conceder la autorización a categorías particularesde entidades de crédito cuyo capital inicial sea inferior al exigido en elapartado 1. En este caso:
a) el capital inicial no será inferior a 1 millón de euros;
b) los Estados miembros interesados deberán notificar a la Comisión las
razones por las que hacen uso de la facultad establecida en el
presente apartado;
c) en el momento de su publicación en la lista contemplada en el
artículo 11, a continuación del nombre de la entidad de crédito sehará una anotación en la que se indique que ésta no alcanza el capital
mínimo exigido en el apartado 1.
3. Los fondos propios de una entidad de crédito no podrán llegar a ser
inferiores al importe del capital inicial exigido, en virtud de los
apartados 1 y 2, en el momento de su autorización.
4. Los Estados miembros podrán decidir que las entidades de crédito
existentes el 1 de enero de 1993 cuyos fondos propios no alcanzaren losniveles fijados para el capital inicial por los apartados 1 y 2 puedan
continuar sus actividades. En ese caso, los fondos propios no podrándescender de la mayor cuantía que hubiesen alcanzado a partir del 22 de
diciembre de 1989.
5. Si el control de una entidad de crédito, comprendida en la
categoría contemplada en el apartado 4, fuese adquirido por una personafísica o jurídica distinta de la que hubiese ejercido el controlprecedentemente, los fondos propios de dicha entidad deberán alcanzarcomo mínimo el nivel fijado para el capital inicial por los apartados 1 y2.
6. En determinadas circunstancias específicas y con el consenti-
miento de las autoridades competentes, cuando se produzca una fusión
entre dos o más entidades de crédito que entren en la categoríacontemplada en el apartado 4, los fondos propios de la entidad resultantede la fusión no podrán caer por debajo del total de los fondos propios delas entidades fusionadas en la fecha de la fusión mientras no se hayanalcanzado los niveles adecuados en virtud de los apartados 1 y 2.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 21
▼B
7. Si se llegara a producir una disminución de los fondos propios en
los casos contemplados en los apartados 3, 4 y 6, las autoridadescompetentes podrán, cuando las circunstancias lo justifiquen, conceder
un plazo limitado para que la entidad regularice su situación o cese sus
actividades.
Artículo 6
Responsables de la dirección y localización de la administración
central de las entidades de crédito
1. Las autoridades competentes sólo concederán la autorización
cuando las entidades de crédito cuenten con la presencia de al menos dospersonas para determinar efectivamente la orientación de la actividad dela entidad de crédito.
Asimismo, las autoridades no concederán la autorización cuando dichas
personas no posean la honorabilidad necesaria o la experiencia adecuadapara ejercer estas funciones.
2. Los Estados miembros exigirán:
— a las entidades de crédito que sean personas jurídicas y que tengan
un domicilio social de conformidad con su Derecho nacional, que suadministración central esté situada en el mismo Estado miembro quesu domicilio social,
— a las demás entidades de crédito, que su administración central esté
situada en el Estado miembro que haya expedido la autorización y enel que ejerzan relamente sus actividades.
Artículo 7
Accionistas y socios
1. Las autoridades no concederán la autorización que permita el
acceso a la actividad de una entidad de crédito antes de que les haya sidocomunicada la identidad de los accionistas o socios, directos oindirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participacióncualificada, y el importe de dicha participación.
A efectos de la aplicación de la noción de participación cualificada en el
presente artículo, serán tomados en consideración los derechos de voto
mencionados en el artículo 7 de la Directiva 88/627/CEE del Consejo(
1).
2. Las autoridades competentes denegarán la autorización si,
atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión saneada y prudentede la entidad de crédito, no estuvieren persuadidas de la idoneidad dedichos accionistas o socios.
3. Cuando existan vínculos estrechos entre la entidad de crédito y
otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes conce-derán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstaculizan el
buen ejercicio de su misión de supervisión.
Las autoridades competentes también denegarán la autorización cuando
el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado porlas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del Derechode un tercer país, aplicables a una o varias de las personas físicas ojurídicas con las que la entidad de crédito mantenga vínculos estrechos,o por problemas relacionados con su aplicación.
Las autoridades competentes exigirán a las entidades de crédito el
suministro de la información que requieran para garantizar el
cumplimiento permanente de las condiciones previstas en el presenteapartado.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 22
(1) Directiva 88/627/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1988, sobre las
informaciones que han de publicarse en el momento de la adquisición y de la
cesión de una participación importante en una sociedad cotizada en bolsa
(DO L 348 de 17.12.1988, p. 62).
▼B
Artículo 8
Programa de actividades y estructura de la organización
Los Estados miembros preverán que la petición de autorización deba
acompañarse de un programa de actividades en las que se indicará
especialmente el tipo de operaciones previstas y la estructura de laorganización de la entidad.
Artículo 9
Necesidad económica
Los Estados miembros no podrán prever que la solicitud de autorización
sea examinada en función de las necesidades económicas del mercado.
Artículo 10
Denegación de la autorización
Toda denegación de la autorización será motivada y notificada al
solicitante en un plazo de seis meses a partir de la recepción de la
solicitud o, si ésta estuviera incompleta, a los seis meses a partir de latransmisión por el solicitante de los datos necesarios para la decisión. Entodo caso habrá de resolverse en doce meses a partir de la recepción dela solicitud.
Artículo 11
Notificación de la autorización a la Comisión
Toda autorización será notificada a la Comisión. Todas las entidades de
crédito serán inscritas en una lista que se publicará en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas , cuya actualización será efectuada por la
Comisión.
Artículo 12
Consulta previa a las autoridades competentes de otros Estados
miembros
Deberá ser objeto de consulta previa con las autoridades competentes del
otro Estado miembro la autorización de cualquier entidad de crédito que
sea:
— bien filial de una entidad de crédito autorizada en otro Estado
miembro, o
— bien filial de la empresa matriz de una entidad de crédito autorizada
en otro Estado miembro, o
— bien controlada por las mismas personas físicas o jurídicas que
controlen a una entidad de crédito autorizada en otro Estado
miembro.
Artículo 13
Sucursales y entidades de crédito autorizadas en otro Estado
miembro
La autorización y el capital de dotación no podrán ser exigidos por los
Estados miembros de acogida respecto a sucursales de entidades decrédito autorizadas en otros Estados miembros. El establecimiento y la
supervisión de dichas sucursales se regirán por lo dispuesto en el artículo
17, en los apartados 1 a 6 del artículo 20 y en los artículos 22 y 26.
Artículo 14
Retirada de la autorización
1. Las autoridades competentes podrán cancelar la autorización a una
entidad de crédito únicamente cuando la entidad:
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie a
ésta expresamente o haya cesado de ejercer su actividad durante un2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 23
▼B
período superior a seis meses, a menos que el Estado miembro
afectado no haya previsto, en este caso, que la autorización caduque;
b) haya obtenido la autorización por medio de falsas declaraciones o por
cualquier otro medio irregular;
c) no reúna las condiciones a las que la autorización esté vinculada;
d) haya dejado de poseer fondos propios suficientes o de ofrecer
garantía de poder cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores y,en especial, de garantizar la seguridad de los fondos que le han sido
confiados;
e) se encuentre en el resto de los casos de cancelación previstos por la
reglamentación nacional.
2. Toda cancelación de la autorización deberá ser justificada y
comunicada a los interesados; la cancelación será notificada a laComisión.
Artículo 15
Denominación
Las entidades de crédito podrán, para ejecer sus actividades, utilizar, en
el territorio de la Comunidad, la misma denominación que la que
utilizan en el Estado miembro de su domicilio social, no obstante las
disposiciones relativas al uso de las palabras «banco», «caja de ahorros»u otras denominaciones similares que existan en el Estado miembro deacogida. En caso de que hubiese riesgo de confusión, los Estadosmiembros de acogida podrán exigir, a efectos de mayor claridad, la
añadidura de una mención aclaratoria a la denominación.
Artículo 16
Participación cualificada en una entidad de crédito
1. Los Estados miembros preverán que toda persona física o jurídica
que pretenda tener, directa o indirectamente, en una entidad de crédito,una participación cualificada deba informar de ello previamente a lasautoridades competentes y comunicar la cuantía de dicha participación.También deberá informar a las autoridades competentes cualquier
persona física o jurídica que pretenda incrementar su participación
cualificada de tal manera que la proporción de derechos de voto o departicipaciones de capital poseídas por la misma alcance o sobrepase losniveles del 20 %, 33 % o 50 %, o que la entidad de crédito se conviertaen su filial.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, las autoridades
competentes dispondrán de un plazo máximo de tres meses, a partir de lafecha de información prevista en el párrafo primero, para oponerse a
dicha pretensión si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión
sana y prudente de la entidad de crédito, no se hallan satisfechas de laidoneidad de la persona contemplada en el párrafo primero. Cuando noexista oposición, las autoridades podrán fijar un plazo máximo para larealización de la pretensión contemplada en el párrafo primero.
2. Si las participaciones contempladas en el apartado 1 fueren
adquiridas por una entidad de crédito autorizada en otro Estado
miembro, o una empresa matriz de una entidad de crédito autorizada
en otro Estado miembro, o una persona física o jurídica que controla unaentidad de crédito autorizada en otro Estado miembro, y, si, en virtud dela adquisición, la entidad en la que el adquirente pretenda poseer unaparticipación se convirtiere en una filial o quedare bajo su control, laapreciación de la adquisición deberá ser objeto de la consulta previa
contemplada en el artículo 12.
3. Los Estados miembros establecerán que toda persona física o
jurídica que pretenda dejar de tener, directa o indirectamente, una
participación cualificada en una entidad de crédito, deba informar deello previamente a las autoridades competentes y comunicar la cuantíade la participación propuesta. Deberá también informar a las autoridadescompetentes cualquier persona física o jurídica que tuviere intención dedisminuir su participación cualificada de tal manera que la proporción2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 24
▼B
de derechos de voto o de participaciones de capital poseídas por la
misma descienda por debajo de los niveles del 20 %, 33 % o 50 %, o quela entidad deje de ser su filial.
4. Las entidades de crédito comunicarán a las autoridades compe-
tentes, en cuanto tengan conocimiento de ello, las adquisiciones ocesiones de participación en su capital que traspasen hacia arriba o haciaabajo alguno de los niveles contemplados en los apartados 1 y 3.
Asimismo, comunicarán, al menos una vez al año, la identidad de los
accionistas o socios que posean participaciones cualificadas, así como la
cuantía de dichas participaciones según resulten, en particular, del
registro de asistencias a la junta general anual de accionistas o socios, ode las informaciones recibidas en virtud de las obligaciones a que estánsujetas las sociedades admitidas a negociación en una bolsa de valores.
5. Los Estados miembros preverán que, en caso de que la influencia
ejercida por las personas contempladas en el apartado 1 pueda ir en
detrimento de una gestión prudente y saneada de la entidad, las
autoridades competentes tomen las medidas apropiadas para poner fin adicha situación. Dichas medidas podrán comprender, en particular,requerimientos, sanciones a sus dirigentes o la suspensión del ejerciciodel derecho de voto vinculado a las acciones o participaciones poseídas
por los accionistas o socios correspondientes.
Se aplicarán medidas similares a las personas físicas o jurídicas que
incumplan la obligación de información previa contemplada en elapartado 1. En el caso de que se adquiera una participación con laoposición de las autoridades competentes, los Estados miembros,independientemente de las demás sanciones que hayan de adoptarse,
establecerán bien la suspensión del ejercicio del derecho de voto
correspondiente, bien la nulidad de los votos emitidos, bien laposibilidad de anularlos.
6. A efectos de la aplicación de la noción de «participación
cualificada» y de los otros niveles de participación contemplados en elpresente artículo, serán tomados en consideración los derechos de voto
mencionados en el artículo 7 de la Directiva 88/627/CEE.
Artículo 17
Organización y procedimientos de control internos
Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán que
cada entidad de crédito cuente con una buena organización adminis-trativa y contable y con procedimientos de control interno adecuados.
TÍTULO III
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LIBERTAD DE ESTABLE-
CIMIENTO Y A LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Artículo 18
Entidades de crédito
Los Estados miembros preverán que las actividades enumeradas en el
anexo I puedan ser ejercidas en su territorio, según las disposiciones de
los apartados 1 a 6 del artículo 20, de los apartados 1 y 2 del artículo 21
y del artículo 22, tanto mediante el establecimiento de una sucursalcomo mediante prestación de servicios por cualquier entidad de créditoautorizada y supervisada por las autoridades competentes de otro Estado
miembro, siempre que la autorización ampare dichas actividades.
Artículo 19
Entidades financieras
Los Estados miembros establecerán igualmente que las actividades
enumeradas en el anexo I puedan ser ejercidas en su territorio deacuerdo con las disposiciones de los apartados 1 a 6 del artículo 20, delos apartados 1 y 2 del artículo 21 y del artículo 22, tanto mediante elestablecimiento de una sucursal como mediante prestación de servicios2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 25
▼B
por cualquier entidad financiera de otro Estado miembro, filial de una
entidad de crédito o filial común de varias entidades de crédito, cuyoestatuto legal permita el ejercicio de tales actividades, que cumpla todas
las condiciones siguientes:
— que la o las empresas matrices estén autorizadas como entidades de
crédito en el Estado miembro a cuyo Derecho esté sujeta la filial,
— que las actividades de que se trata se ejerzan efectivamente en el
territorio del mismo Estado miembro,
— que la o las empresas matrices posean el 90 % o más de los derechos
de voto vinculados a la posesión de participaciones o acciones de lafilial,
— que la o las empresas matrices hayan demostrado, a satisfacción de
las autoridades competentes, que efectúan una gestión prudente de lafilial y se hayan declarado, con el consentimiento de las autoridades
competentes del Estado miembro de origen, solidariamente garantes
de los compromisos asumidos por la filial,
— que la filial esté incluida de forma efectiva, en especial para las
actividades referidas, en la supervisión sobre base consolidada a laque está sometida su empresa matriz o cada una de sus empresasmatrices, de acuerdo con los artículos 52 a 56, en particular para elcálculo del coeficiente de solvencia, para el control de grandes
riesgos y para la limitación de las participaciones prevista en el
artículo 51.
Estos requisitos deberán ser verificados por las autoridades competentes
del Estado miembro de origen, quienes facilitarán después unacertificación a la filial, que deberá adjuntarse a las notificaciones
señaladas en los apartados 1 a 6 del artículo 20 y en los apartados 1 y 2
del artículo 21.
Las autoridades competentes del Estado miembro de origen garantizarán
la supervisión de la filial de acuerdo con las disposiciones del apartado 3del artículo 5 y de los artículos 16, 17, 26, 28, 29, 30 y 32 de la presente
Directiva.
Las disposiciones del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis a
las filiales. En particular, la expresión «entidad de crédito» se leerá«entidad financiera que responda a las condiciones señaladas en elartículo 19» y el término «autorización» se leerá «estatuto legal».
El párrafo segundo del apartado 3 del artículo 20 se leerá del modo
siguente: «La autoridad competente del Estado miembro de origencomunicará asimismo el importe de los fondos propios de la entidadfinanciera filial y del coeficiente de solvencia consolidado de la entidadde crédito que sea su empresa matriz».
Si la entidad financiera que se beneficie de las disposiciones del presente
artículo dejare de cumplir alguno de los requisitos fijados, el Estadomiembro de origen informará de ello a la autoridad competente delEstado miembro de acogida, y la actividad llevada a cabo por dichaentidad en el Estado miembro de acogida quedarán sometidas a sulegislación.
Artículo 20
Ejercicio del derecho de establecimiento
1. Cualquier entidad de crédito que se proponga establecer una
sucursal en el territorio de otro Estado miembro lo notificará a laautoridad competente del Estado miembro de origen.
2. Los Estados miembros exigirán que la entidad de crédito que se
proponga establecer una sucursal en otro Estado miembro presente,junto con la notificación mencionada en el apartado 1, las informacionessiguientes:
a) el Estado miembro en cuyo territorio se propone establecer una
sucursal;
b) un programa de actividades en el que se indique, en particular, el
género de las operaciones previstas y la estructura de la organizaciónde la sucursal;2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 26
▼B
c) la dirección en el Estado miembro de acogida en la que puedan serle
requeridos los documentos;
d) el nombre de los directivos responsables de la sucursal.
3. Salvo que la autoridad competente del Estado miembro de origen
tenga razones para dudar, visto el proyecto en cuestión, de la idoneidad
de las estructuras administrativas o de la situación financiera de la
entidad de crédito, dicha autoridad comunicará las informacionescontempladas en el apartado 2, en un plazo de tres meses a partir dela recepción de todas las informaciones, a la autoridad competente delEstado miembro de acogida, e informará de ello a la entidad de que setrate.
Asimismo, la autoridad competente del Estado miembro de origen
comunicará el importe de los fondos propios y del coeficiente de
solvencia de la entidad de crédito.
Cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen se
niegue a transmitir las informaciones contempladas en el apartado 2 a la
autoridad competente del Estado miembro de acogida, comunicará las
razones de la denegación a la entidad correspondiente en los tres mesessiguientes a la recepción de todas las informaciones. Esta denegación ola ausencia de resolución podrán ser objeto de un recurso jurisdiccionalen el Estado miembro de origen.
4. Antes de que la sucursal de la entidad de crédito comience a
ejercer sus actividades, la autoridad competente del Estado miembro deacogida dispondrá de dos meses a partir de la recepción de la
comunicación contemplada en el apartado 3 para organizar la
supervisión de la entidad de crédito de conformidad con el artículo 22y para indicar, en su caso, en qué condiciones, por razones de interésgeneral, deben ejercerce dichas actividades en el Estado miembro deacogida.
5. Desde la recepción de una comunicación de la autoridad
competente del Estado miembro de acogida o, en caso de silencio porparte de ésta, a partir del vencimiento del plazo previsto en el apartado
4, la sucursal podrá establecerse y comenzar sus actividades.
6. En caso de modificación del contenido de alguna de las
informaciones notificadas de conformidad con las letras b), c) y d) del
apartado 2, la entidad de crédito notificará por escrito dichamodificación a las autoridades competentes del Estado miembro deorigen y del Estado miembro de acogida, al menos un mes antes deefectuar el cambio, a fin de que la autoridad competente del Estadomiembro de origen pueda pronunciarse con arreglo al apartado 3 y la
autoridad competente del Estado miembro de acogida pueda pronun-
ciarse sobre dicha modificación con arreglo al apartado 4.
7. Se considerará que las sucursales que hayan comenzado su
actividad, con arreglo a las disposiciones del Estado miembro deacogida, antes del 1 de enero de 1993, han cumplido el procedimientoprevisto en los apartados 1 a 5. A partir de esta fecha, se regirán por lasdisposiciones del apartado 6 y por las de los artículos 18, 19, 22 y 29.
Artículo 21
Ejercicio de la libertad de prestación de servicios
1. Cualquier entidad de crédito que desee ejercer, por primera vez,
sus actividades en el territorio de otro Estado miembro en el marco de la
libre prestación de servicios, notificará a la autoridad competente delEstado miembro de origen qué actividades, de las comprendidas en lalista del anexo I, se propone llevar a cabo.
2. La autoridad competente del Estado miembro de origen comu-
nicará a la autoridad competente del Estado miembro de acogida lanotificación mencionada en el apartado 1, en el plazo de un mes a partirde la recepción de la misma.
3. El presente artículo no afectará a los derechos adquiridos por las
entidades de crédito que operasen por la vía de la prestación de serviciosantes del 1 de enero de 1993.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 27
▼B
Artículo 22
Poderes de las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida
1. El Estado miembro de acogida puede exigir, con fines estadísticos,
que toda entidad de crédito que tenga una sucursal en su territorio dirijaa las autoridades competentes de ese Estado un informe periódico sobrelas operaciones efectuadas en su territorio.
Para el ejercicio de las responsabilidades que le incumban en virtud del
artículo 27, el Estado miembro de acogida podrá exigir a las sucursalesde entidades de crédito originarias de otros Estados miembros lasmismas informaciones que exija a tal fin a las entidades de crédito
nacionales.
2. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida comprueben que una entidad que tenga una sucursal u opere en
prestación de servicios en su territorio no respeta las disposiciones
legales dictadas por dicho Estado miembro en aplicación de lasdisposiciones de la presente Directiva que impliquen una competenciade las autoridades de acogida, exigirán a dicha entidad que ponga fin atal situación irregular.
3. Si la entidad en cuestión no realizare lo necesario a tal fin, las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán deello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. Éstas
tomarán, en el más breve plazo, todas las medidas apropiadas para que la
entidad de que se trate ponga fin a tal situación irregular. La naturalezade estas medidas será comunicada a las autoridades competentes delEstado miembro de acogida.
4. Si, a pesar de las medidas tomadas por el Estado miembro de
origen o debido a que estas medidas resulten inadecuadas o no esténprevistas en dicho Estado, la entidad siguiera infringiendo lasdisposiciones legales contempladas en el apartado 2 vigentes en elEstado miembro de acogida, este último podrá, tras informar de ello a
las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tomar las
medidas apropiadas para evitar y reprimir nuevas irregularidades y, en lamedida en que sea necesario, impedir que la entidad inicie nuevasoperaciones en su territorio. Los Estados miembros velarán por que losdocumentos necesarios para la adopción de tales medidas puedan ser
notificados en su territorio a las entidades de crédito.
5. Lo dispuesto en los apartados 1 a 4 no afectará a la facultad del
Estado miembro de acogida de adoptar medidas adecuadas para prevenir
o reprimir las irregularidades cometidas en su territorio que sean
contrarias a las disposiciones legales que haya dictado por razones deinterés general. Ello implicará la posibilidad de impedir que dichaentidad inicie nuevas operaciones en su territorio.
6. Cualquier medida adoptada en aplicación de las disposiciones de
los apartados 3, 4 y 5 que implique sanciones y restricciones al ejerciciode la prestación de servicios deberá ser debidamente motivada ycomunicada a la entidad afectada. Cada una de dichas medidas podrá serobjeto de recurso jurisdiccional en el Estado miembro que la haya
adoptado.
7. Antes de seguir el procedimiento previsto en los apartados 2, 3 y 4,
las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán, en
caso de urgencia, tomar las medidas cautelares apropiadas para protegerlos intereses de los depositantes, inversores u otros destinatarios de losservicios. La Comisión y las autoridades competentes de los demásEstados miembros afectados deberán ser informadas de tales medidas enel más breve plazo posible.
La Comisión podrá decidir, una vez consultadas las autoridades
competentes de los Estados miembros afectados, que el Estado miembroen cuestión modifique o anule tales medidas.
8. El Estado miembro de acogida podrá adoptar las medidas
adecuadas para prevenir o reprimir las irregularidades que se produzcanen suterritorio, ejerciendo las competencias que se le atribuyen en virtud2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 28
▼B
de la presente Directiva. Ello implicará la posibilidad de impedir que
una entidad inicie nuevas operaciones en su territorio.
9. En caso de retirada de la autorización, se informará de ello a las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida, que tomaránlas medidas adecuadas para impedir que la entidad afectada inicienuevas operaciones en su territorio y para salvaguardar los intereses delos depositantes. Cada dos años, la Comisión presentará un informe
sobre estos casos al Comité consultivo bancario.
10. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el número y la
naturaleza de los casos en los que haya habido denegaciones al amparode los apartados 1 a 6 del artículo 20 o en los que se hayan adoptadomedidas de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del presente
artículo. Cada dos años, la Comisión dirigirá un informe sobre estos
casos al Comité consultivo bancario.
11. El presente artículo no impedirá que las entidades de crédito cuya
sede se sitúe en otro Estado miembro hagan publicidad de sus serviciospor todos los medios de comunicación disponibles en el Estado miembro
de acogida, siempre que se ajusten a las normas eventualmente
aplicables a la forma y al contenido de dicha publicidad adoptadaspor motivos de interés general.
TÍTULO IV
RELACIONES CON TERCEROS PAÍSES
Artículo 23
Notificación de las filiales de empresas de terceros países y de las
condiciones de acceso de los mercados de estos países
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán
a la Comisión:
a) de cualquier autorización de una filial, directa o indirecta, una o
varias de cuyas empresas matrices se rijan por el Derecho de untercer país. La Comisión informará de ello al Comité consultivobancario;
b) de cualquier adquisición, por parte de dichas empresas, de
participaciones en una entidad de crédito comunitaria que hiciera
de esta última su filial. La Comisión informará de ello al Comité
consultivo bancario.
Cuando se conceda la autorización a una filial directa o indirecta de una
o varias empresas matrices sujetas al Derecho de un tercer país, deberáespecificarse la estructura del grupo en la notificación que las
autoridades competentes dirijan a la Comisión, de conformidad con el
artículo 11.
2. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las
dificultades de carácter general que encuentren sus entidades de créditopara establecerse o desarrollar actividades bancarias en un tercer país.
3. La Comisión elaborará de forma periódica un informe en el que se
examine el trato, a efectos de los apartados 4 y 5, concedido en losterceros países a las entidades de crédito de la Comunidad, por lo que serefiere al establecimiento y ejercicio de sus actividades, así como a laadquisición de participaciones en entidades de crédito de terceros países.
La Comisión presentará dichos informes al Consejo, acompañados, en su
caso, de propuestas adecuadas.
4. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que un tercer país no
concede a las entidades de crédito comunitarias un acceso efectivo al
mercado comparable al que la Comunidad concede a las entidades decrédito de dicho tercer país, podrá presentar al Consejo propuestas paraque se le otorgue un mandato de negociación adecuado para obtenercondiciones de competencia comparables para las entidades de créditocomunitarias. El Consejo decidirá por mayoría cualificada.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 29
▼B
5. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que las entidades decrédito de la Comunidad no se benefician en un tercer país del trato
nacional que ofrezca las mismas posibilidades de competencia que a las
entidades de crédito nacionales y que no se cumplen las condiciones deacceso efectivo al mercado podrá iniciar negociaciones con vistas asolucionar dicha situación.
En los supuestos del párrafo primero, como complemento al inicio de
negociaciones, también podrá, en cualquier momento, decidirse, deconformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 delartículo 60, que las autoridades competentes de los Estados miembros
deban limitar o suspender sus decisiones en relación con las solicitudes
de autorización presentadas a partir del momento en que se tome ladecisión, y de adquisición de participaciones por parte de empresasmatrices, directas o indirectas, que se rijan por el Derecho del tercer paísen cuestión. La vigencia de las medidas citadas no podrá ser superior a
tres meses.
Antes de que venza dicho plazo de tres meses y a la vista de los
resultados de la negociación, el Consejo podrá decidir, por mayoría
cualificada y a propuesta de la Comisión, que continúen aplicándose las
citadas medidas.
Dicha limitación o suspensión no podrá aplicarse a la creación de filiales
por entidades de crédito o sus filiales debidamente autorizadas en laComunidad, ni a la adquisición de participaciones por tales estableci-mientos o filiales en una entidad de crédito de la Comunidad.
6. Cuando la Comisión realice una de las comprobaciones a que se
refieren los apartados 4 y 5 los Estados miembros le informarán, apetición suya:
a) de cualquier solicitud de autorización de una filial, directa o
indirecta, una o varias de cuyas empresas matrices se rijan por elDerecho del tercer país de que se trate;
b) de cualquier proyecto que les presente una de tales empresas, en
virtud del artículo 16, para adquirir participaciones en una entidad de
crédito comunitaria que pudiera convertir a ésta en su filial.
Dejará de ser obligatoria dicha información tan pronto como se celebre
un acuerdo con el tercer país contemplado en el apartado 4 o en elapartado 5 y dejen de ser aplicables las medidas contempladas en lospárrafos segundo y tercero del apartado 5.
7. Las medidas que se adopten en virtud del presente artículo deberán
ajustarse a las obligaciones contraídas por la Comunidad con arreglo acualquier convenio internacional, tanto bilateral como multilateral, queregule el acceso a la actividad de las entidades de crédito y su ejercicio.
Artículo 24
Sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social
fuera de la Comunidad
1. Para el acceso a su actividad y para su ejercicio, los Estados
miembros no aplicarán a las sucursales de las entidades de crédito quetengan su domicilio social fuera de la Comunidad disposiciones queconduzcan a un trato más favorable que aquel al que estén sometidas lassucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social en la
Comunidad.
2. Las autoridades competentes notificarán a la Comisión y al Comité
consultivo bancario las autorizaciones de sucursales concedidas a las
entidades de crédito que tengan su domicilio social fuera de la
Comunidad.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Comunidad podrá,
mediante acuerdos con uno o más terceros países celebrados conforme alTratado, acordar la aplicación de disposiciones que, con base en elprincipio de reciprocidad, concedan a las sucursales de una entidad condomicilio social fuera de la Comunidad el mismo trato en el conjuntodel territorio de la Comunidad.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 30
▼B
Artículo 25
Cooperación en materia de supervisión sobre una base consolidada
con las autoridades competentes de terceros países
1. La Comisión podrá presentar propuestas al Consejo, bien a
petición de un Estado miembro o por propia iniciativa, con vistas a
negociar acuerdos con uno o varios terceros países con la finalidad de
convenir las normas de desarrollo de la supervisión consolidada:
— a las entidades de crédito cuya empresa matriz tenga su sede en un
tercer país
y
— a las entidades de crédito situadas en un tercer país cuya empresa
matriz sea una entidad de crédito o una sociedad financiera de
cartera con sede en la Comunidad.
2. Los acuerdos previstos en el apartado 1 tendrán por objeto, en
particular, garantizar:
— por una parte, que las autoridades competentes de los Estados
miembros puedan obtener la información necesaria para lasupervisión basada en la situación financiera consolidada de una
entidad de crédito o de una sociedad financiera de cartera situada en
la Comunidad que tenga como filial una entidad de crédito o unaentidad financiera situada fuera de la Comunidad o que tengaparticipación en tales entidades,
— por otra parte, que las autoridades competentes de terceros países
puedan obtener la información necesaria para la supervisión de las
empresas matrices cuya sede social esté situada en su territorio y quetengan como filial una entidad de crédito o una entidad financierasituada en uno o varios Estados miembros o que tenganparticipaciones en tales entidades.
3. La Comisión examinará con el Comité consultivo bancario el
resultado de las negociaciones contempladas en el apartado 1 y lasituación que se derive de las mismas.
TÍTULO V
PRINCIPIOSEINSTRUMENTOSTÉCNICOSDESUPERVISIÓN
PRUDENCIAL
CAPÍTULO 1
PRINCIPIOS DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL
Artículo 26
Competencia de control del Estado miembro de origen
1. La supervisión prudencial de una entidad de crédito, incluida la de
las actividades que ejerza con arreglo a las disposiciones de los artículos18 y 19, corresponderá a las autoridades competentes del Estadomiembro de origen, sin perjuicio de las disposiciones de la presenteDirectiva que establezcan la competencia de las autoridades del Estado
miembro de acogida.
2. El apartado 1 no constituirá un obstáculo a la supervisión sobre
una base consolidada en virtud de la presente Directiva.
Artículo 27
Competencias del Estado miembro de acogida
Hasta una coordinación posterior, el Estado miembro de acogida seguirá
encargándose, en colaboración con la autoridad competente del Estado
miembro de origen, de la supervisión de la liquidez de la sucursal de laentidad de crédito. Sin perjuicio de las medidas necesarias para elfortalecimiento del sistema monetario europeo, dicho Estado conservarála total responsabilidad de las medidas resultantes de la aplicación de supolítica monetaria. Estas medidas no podrán establecer un trato2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 31
▼B
discriminatorio o restrictivo por el hecho de que la entidad de crédito
haya sido autorizada en otro Estado miembro.
Artículo 28
Cooperación en materia de supervisión
Con objeto de supervisar la actividad de las entidades de crédito que
operen, principalmente por haber creado sucursales, en uno o másEstados miembros distintos al de su domicilio social, las autoridades
competentes de los Estados miembros implicados colaborarán estre-
chamente. Se comunicarán toda la información relativa a la dirección,gestión y propiedad de estas entidades de crédito que pueda facilitar susupervisión y el examen de las condiciones de su autorización, así comocualquier otra información susceptible de facilitar el control de dichasentidades, en particular en materia de liquidez, de solvencia, de garantía
de depósitos, de limitación de grandes riesgos, de organización
administrativa y contable y de control interno.
Artículo 29
Verificación sobre el terreno de las sucursales establecidas en otro
Estado miembro
1. Los Estados miembros de acogida preverán que, cuando una
entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro ejerza su actividada través de una sucursal, las autoridades competentes del Estadomiembro de origen, tras haber informado previamente a las autoridadescompetentes del Estado miembro de acogida, puedan proceder, por sí
mismas o por mediación de personas a quienes hayan otorgado un
mandato para ello, a la verificación in situde las informaciones
contempladas en el artículo 28.
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen podrán
igualmente recurrir, para la verificación de las sucursales, a uno de los
otros procedimientos previstos en el apartado 7 del artículo 56.
3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida de proceder ala verificación in situde las sucursales establecidas en su territorio para
el ejercicio de las responsibilidades que les incumben en virtud de la
presente Directiva.
Artículo 30
Intercambios de información y secreto profesional
1. Los Estados miembros preverán que todas las personas que ejerzan
o hayan ejercido una actividad para las autoridades competentes, así
como los auditores o expertos encargados por las autoridades
competentes, tengan que guardar el secreto profesional. Este secretoimplicará que las informaciones confidenciales que reciban a títuloprofesional no podrán ser divulgadas a ninguna persona o autoridad,salvo en forma sumaria o agregada, de manera que las entidadesindividuales no puedan ser identificadas, sin perjuicio de los supuestos
regulados por el Derecho penal.
No obstante, cuando se trate de entidades de crédito que se hayan
declarado en quiebra o cuya liquidación forzosa haya sido ordenada porun tribunal, las informaciones confidenciales que no se refieran aterceras partes implicadas en intentos de salvamento de la empresa
podrán ser divulgadas en el marco de procedimientos civiles o
mercantiles.
2. El apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades
competentes de los diferentes Estados miembros procedan a losintercambios de información previstos en la presente y en otras
Directivas aplicables a las entidades de crédito. Dichas informaciones
estarán sujetas al secreto profesional contemplado en el apartado 1.
3. Los Estados miembros sólo podrán concertar acuerdos de
cooperación, que prevean intercambios de información, con lasautoridades competentes de terceros países o con las autoridades u2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 32
▼B
órganos de estos países, tal como se definen en el apartado 5 y en el
apartado 6, si la información comunicada goza de garantías de secretoprofesional al menos equivalentes a las establecidas en el presente
artículo. Estosintercambios de información deberán tener por objetivo el
cumplimiento de las tareas de supervisión de las autoridades y órganosmencionados.
Cuando la información se origine en otro Estado miembro, no podrá ser
revelada sin la conformidad expresa de las autoridades competentes quela hubieren revelado y, cuando proceda, podrá ser revelada únicamente alos efectos para los que dichas autoridades dieron su acuerdo.
4. La autoridad competente que, en virtud de los apartados 1 o 2,
reciba información confidencial podrá solamente utilizarla en el
ejercicio de sus funciones:
— para el examen de las condiciones de acceso a la actividad de las
entidades de crédito y para facilitar el control, sobre base individualy sobre base consolidada, de las condiciones del ejercicio de laactividad, en particular en materia de supervisión de la liquidez, de la
solvencia, de los grandes riesgos, de la organización administrativa y
contable y del control interno, o
— para la imposición de sanciones, o
— en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la
autoridad competente, o
— en el marco de procedimientos jurisdiccionales entablados en virtud
del artículo 33 o de disposiciones especiales previstas en la presenteDirectiva así como en otras Directivas adoptadas en el ámbito de lasentidades de crédito.
5. Los apartados 1 y 4 no serán obstáculo para el intercambio de
información, dentro de un mismo Estado miembro, cuando existan
varias autoridades competentes, o entre Estados miembros, entre
autoridades competentes y:
— las autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión
de las otras instituciones financieras y de las compañías de seguros,así como las autoridades encargadas de la supervisión de los
mercados financieros,
— los órganos implicados en la liquidación y la quiebra de las entidades
de crédito y otros procedimientos similares,
— las personas encargadas del control legal de las cuentas de la entidad
de crédito y de las demás entidades financieras.
Dichos intercambios se limitarán a lo necesario para el cumplimiento de
su función de supervisión, así como para la transmisión, a losorganismos encargados de la gestión de los sistemas de garantías dedepósitos, de la información necesaria para el cumplimiento de su
función. La información recibida por dichas autoridades, organismos y
personas quedará sujeta al secreto profesional contemplado en elapartado 1.
6. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros podrán autorizar intercambios de información entre lasautoridades competentes y:
— las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que
participen en la liquidación y quiebra de las entidades de crédito y
otros procedimientos similares, o
— las autoridades encargadas de la supervisión de las personas
encargadas del control legal de las cuentas de las empresas de
seguros, las entidades de crédito, las empresas de inversión y otrasentidades financieras.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de lascondiciones siguientes:
— la información se destinará a la realización de la misión de
supervisión establecida en el párrafo primero,
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1,2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 33
▼B
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta no
podrá divulgarse sin el acuerdo expreso de las autoridadescompetentes que hayan comunicado dicha información y, en ese
caso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan
autorizado.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás
Estados miembros la identidad de las autoridades que podrán recibirinformación con arreglo al presente apartado.
7. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros, con el fin de reforzar la estabilidad del sistema financiero,incluida su integridad, podrán autorizar el intercambio de informaciónentre las autoridades competentes y las autoridades y los órganos
encargados en virtud de la legislación nacional de detectar las
infracciones al Derecho de sociedades y de investigar dichasinfracciones.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de lascondiciones siguientes:
— la información se destinará a la realización de la misión de
supervisión establecida en el párrafo primero,
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1,
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo
podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridadescompetentes que hayan comunicado dicha información y, en esecaso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan
autorizado.
Cuando, en un Estado miembro, las autoridades y los órganos a que se
refiere el párrafo primero realicen su misión de detección o
investigación recurriendo, dada su competencia específica, a personascon un mandato a tal fin que no pertenezcan a la función pública, laposibilidad de intercambiar información prevista en el párrafo primeropodrá ampliarse a estas personas en las condiciones previstas en elpárrafo segundo.
Para la aplicación del tercer guión del párrafo segundo, las autoridades o
los órganos a que se refiere el párrafo primero comunicarán a las
autoridades competentes que hayan facilitado la información la
identidad y el mandato preciso de las personas a las que se transmitirádicha información.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás
Estados miembros la identidad de las autoridades que podrán recibirinformación con arreglo al presente apartado.
La Comisión elaborará, antes del 31 de diciembre de 2000, un informe
sobre la aplicación de las disposiciones del presente apartado.
8. Las disposiciones del presente artículo no obstarán para que una
autoridad competente transmita:
— a los bancos centrales y organismos de función similar en tanto que
autoridades monetarias y,
— en su caso, a otras autoridades públicas encargadas de la supervisión
de los sistemas de pago,
la información destinada al cumplimiento de su misión ni para que estas
autoridades u organismos comuniquen a las autoridades competentes la
información que precisen a los efectos del apartado 4. La información
recibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contem-plado en el presente artículo.
9. Además, no obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 4, los
Estados miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales,la comunicación de ciertas informaciones a otros departamentos de susadministraciones centrales responsables de la aplicación de la legisla-ción de supervisión de las entidades de crédito, las entidades financieras,2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 34
▼B
los servicios de inversión y las compañias de seguros, así como a los
inspectores comisionados por dichos departamentos.
No obstante, dichas comunicaciones sólo podrán facilitarse cuando ello
sea necesario por razones de supervisión prudencial.
Sin embargo, los Estados miembros preverán que las informaciones
recibidas con arreglo a los apartados 2 y 5 y las obtenidas por medio de
las verificaciones in situcontempladas en los apartados 1 y 2 del artículo
29 no puedan en ningún caso ser objeto de las comunicacionescontempladas en el presente apartado, salvo acuerdo expreso de laautoridad competente que haya comunicado las informaciones o de laautoridad competente del Estado miembro en el que se haya efectuado la
verificación in situ.
10. Lo dispuesto en el presente artículo no obstará para que las
autoridades competentes comuniquen la información a que se refierenlos apartados 1 a 4 a una cámara de compensación u otro organismosemejante autorizado, en virtud de la legislación nacional, a prestarservicios de compensación o liquidación de contratos en uno de losmercados de su Estado miembro, cuando aquellas consideren que la
comunicación de tal información es necesaria para garantizar el correcto
funcionamiento de dichos organismos ante cualquier incumplimiento, oposible incumplimiento, que se produzca en el mercado. La informaciónrecibida en este contexto quedará sujeta al secreto profesionalmencionado en al apartado 1. No obstante, los Estados miembros
velarán por que la información recibida con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 2 no pueda ser revelada, en las circunstancias descritas en elpresente apartado, sin el consentimiento expreso de las autoridades quela hayan facilitado.
Artículo 31
Obligaciones de las personas encargadas de la auditoría legal de las
cuentas anuales y consolidadas
1. Los Estados miembros, preverán, como mínimo, que:
a) toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 84/253/CEE del
Consejo(
1) que ejerza en una entidad de crédito la función descrita en
el artículo 51 de la Directiva 78/660/CEE del Consejo(2), en el
artículo 37 de la Directiva 83/349/CEE, en el artículo 31 de la
Directiva 85/611/CEE del Consejo(3) o cualquier otra función legal,
tendrá la obligación de señalar rápidamente a las autoridadescompetentes cualquier hecho o decisión sobre esta entidad del quehaya tenido conocimiento en el ejercicio de dicha función y quepueda:
— constituir una violación del contenido de las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas que establecen lascondiciones de autorización o que regulan de manera específicael ejercicio de la actividad de las entidades de crédito, o
— perjudicar la continuidad de la explotación de la entidad de
crédito, o
— implicar la denegación de la certificación de cuentas o la emisión
de reservas;2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 35
(1) Octava Directiva 84/253/CEE del Consejo, de 10 de abril de 1984, basada en
la letra g) del apartado 2 del artículo 44 del Tratado CEE, relativa a la
autorización de las personas encargadas del control legal de documentos
contables (DO L 126 de 12.5.1984, p. 20).
(2) Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en
la letra g) del apartado 2 del artículo 44 del Tratado y relativa a las cuentas
anuales de determinadas formas de sociedad (DO L 222 de 14.8.1978, p. 11);
Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/60/CE
(DO L 62 de 26.6.1999, p. 65).
(3) Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se
coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios
(OICVM) (DO L 375 de 31.12.1985, p. 3); Directiva cuya última
modificación la constituye la Directiva 95/26/CE.
▼B
b) se impondrá la misma obligación a esa misma persona por lo que
respecta a los hechos y decisiones que llegara a conocer en elcontexto de una función como la descrita en la letra a) ejercida en
una empresa que tenga un vínculo estrecho resultante de un vínculo
de control con la entidad de crédito en la que esta persona lleve acabo la mencionada función.
2. La divulgación de buena fe de hechos o decisiones mencionados en
el apartado 1 a las autoridades competentes, por parte de las personasautorizadas con arreglo a la Directiva 84/253/CEE, no constituiráviolación de las restricciones sobre la divulgación de información
impuesta por vía contractual o por cualquier disposición legal,
reglamentaria o administrativa ni implicará para dichas personas ningúntipo de responsabilidad.
Artículo 32
Facultad sancionadora de las autoridades competentes
Sin perjuicio de los procedimientos de revocación de la autorización y
de la responsabilidad penal, los Estados miembros establecerán que susrespectivas autoridades competentes podrán adoptar sanciones contra las
entidades de credito o sus directivos responsables, por infracción de
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia desupervisión o de ejercicio de la actividad, o adoptar a su respectosanciones o medidas cuya aplicación tenga por objeto poner fin a lasinfracciones comprobadas o a sus causas.
Artículo 33
Recurso jurisdiccional
Los Estados miembros preverán que las decisiones tomadas con respecto
a una entidad de crédito en aplicación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas adoptadas conforme a la presenteDirectiva puedan ser objeto de un recurso jurisdiccional; adoptarán estamisma disposición para los casos en que no haya recaído resolucióndentro del plazo de los seis meses siguientes a la solicitud, sobre toda
petición de autorización que comporte todos los elementos requeridos
por las disposiciones en vigor.
Artículo 33 bis
El artículo 3 de la Directiva 2000/46/CE se aplicará a las entidades de
crédito.
CAPÍTULO 2
INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE LA SUPERVISIÓN PRUDENCIAL
Sección 1
Fondos propios
Artículo 34
Principios generales
1. Cada vez que un Estado miembro en aplicación de la legislación
cumunitaria relativa a la vigilancia prudencial que deba ejercerse sobre
las actividades de crédito en actividad adopte una disposición legal,reglamentaria o administrativa que utilice el término o se refiera alconcepto de «fondos propios», lo hará de forma que dicho término odicho concepto concuerde con la definición enunciada en los apartados2 ,3y4ye nl o s artículos 35 a 38.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 36
▼M1
▼B
▼B
2. Sinperjuicio de las limitacionescontempladas en el artículo 38, los
fondos propios no consolidados de las entidades de crédito estaránconstituidos por los elementos siguientes:
1) el capital a efectos del artículo 22 de la Directiva 86/635/CEE, en la
medida en que se haya desembolsado, más la cuenta de las primas de
emisión, pero excluyendo las acciones preferenciales cumulativas;
2) las reservas, a efectos del artículo 23 de la Directiva 86/635/CEE, y
los resultados transferidos mediante asignación del resultado final.
Los Estados miembros no podrán autorizar que se tomen en cuenta
los beneficios intermediarios antes de que se haya tomado unadecisión formal, salvo si dichos beneficios han sido verificados porresponsables del control de las cuentas y se pruebe, a satisfacción delas autoridades competentes, que su importe se ha evaluado deacuerdo con los principios enunciados en la Directiva 86/635/CEE y
está libre de toda carga previsible y de previsión de dividendos;
3) los fondos para riesgos bancarios generales, definidos en el artículo
38 de la Directiva 86/635/CEE;
4) las reservas de reevaluación, a efectos del artículo 33 de la Directiva
78/660/CEE;
5) los ajustes de valoración, a efectos del apartado 2 del artículo 37 de la
Directiva 86/635/CEE;
6) los demás elementos, a efectos del artículo 35;
7) los compromisos de los miembros de entidades de crédito
constituidas en forma de sociedades cooperativas, y los compromisossolidarios de los prestatarios de determinadas entidades organizadas
en forma de fondos mencionados en el apartado 1 del artículo 36;
8) las acciones preferenciales cumulativas a plazo fijo y los préstamos
subordinados mencionados en el apartado 3 del artículo 36.
Se deducirán los elementos siguientes, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 38:
9) las acciones propias en poder de la entidad de crédito, a su valor
contable;
10) los activos inmateriales, a efectos de punto 9 del artículo 4 «Activo»
de la Directiva 86/635/CEE;
11) los resultados negativos de cierta importancia del ejercicio en curso;
12) las participaciones en otras entidades de crédito o con instituciones
financieras superiores al 10 % del capital de las mismas, así comolos créditos subordinados y los instrumentos contemplados en elartículo 35 que la entidad de crédito o la institución financiera poseacontra otras entidades de crédito o instituciones financieras en las
que su participación sea superior al 10 % del capital.
Cuando una entidad de crédito tenga temporalmente acciones de
otra entidad de crédito o deuna institución financiera en el marco deuna operación de asistencia financiera destinada a sanear y a salvar
a esta última, la autoridad competente podrá permitir excepciones a
esta disposición;
13) las participaciones en otras entidades de crédito y en instituciones
financieras inferiores o iguales al 10 % del capital de estas últimas,así como los créditos subordinados y los instrumentos contemplados
en el artículo 35 que la entidad de crédito posea contra entidades de
crédito o instituciones financieras distintas de las contempladas enel punto 12 por una cantidad equivalente al total de dichasparticipaciones, créditos subordinados e instrumentos superior al10 % de los fondos propios de la entidad de crédito calculados antes
de deducir los elementos del punto 12 y del presente punto.
Los Estados miembros podrán prever que, para el cálculo de los fondos
propios no consolidados, las empresas matrices sujetas a una vigilanciasobre base consolidada puedan no deducir sus participaciones en otrasentidades de crédito o instituciones financieras incluidas en laconsolidación. Dicha disposición se aplicará al conjunto de las normasprudenciales armonizadas por los actos comunitarios.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 37
▼B
3. El concepto de fondos propios definido en los puntos 1 a 8 del
apartado 2 incluirá un máximo de elementos y de cantidades. Lautilización de dichos elementos o el establecimiento de límites
inferiores, así como la deducción de otros elementos distintos de los
enumerados en los puntos 9 a 13 del apartado 2, se dejarán a ladiscreción de los Estados miembros. No obstante, éstos deberáncontemplar el logro de una mayor convergencia con vistas a unadefinición común de los fondos propios.
A tal efecto, a más tardar el 1 de enero de 1996, la Comisión presentará
al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del
presente artículo y de los artículos 35 a 39, acompañado, en su caso, delas propuestas de modificación que estime necesarias. A más tardar el 1de enero de 1998, el Parlamento Europeo y el Consejo, previa consultaal Comité Económico y Social, examinarán y revisarán, de acuerdo conel procedimiento del artículo 251del Tratado, la definición de los fondos
propios con vistas a una aplicación uniforme de la definición común.
4. Los elementos enumerados en los puntos 1 a 5 del apartado 2
deberán poder ser utilizados inmediatamente y sin restricción por lasentidades de crédito para la cobertura de riesgos o de pérdidas en cuantose produzcan éstos. Su cuantía deberá estar libre de todo impuestoprevisible en el momento en que se calcule, o convenientementeajustada en la medida en que tales impuestos reduzcan la cuantía hasta la
cual dichos elementos puedan ser aplicados a la coberura de riesgos o
pérdidas.
Artículo 35
Otros elementos
1. El concepto de fondos propios utilizado por un Estado miembro
podrá incluir otros elementos siempre y cuando se trate de elementos
que, independientemente de su denominación jurídica o contable,presenten las características siguientes:
a) que puedan ser libremente utilizados por la entidad de crédito para
cubrir los riesgos inherentes al ejercicio de la actividad bancaria,cuando aún no se hayan determinado las pérdidas o minusvalías;
b) que su existencia esté reflejada en la contabilidad interna;
c) que su cuantía esté fijada por la dirección de la entidad de crédito,
verificada por revisores independientes, comunicada a las autoridadescompetentes y sometida al control de las mismas.
2. También podrán ser aceptados como otros elementos los títulos de
duración indeterminada y los demás instrumentos similares que cumplan
los requisitos siguientes:
a) que no puedan ser rembolsados a petición del portador o sin el
acuerdo previo de la autoridad competente;
b) que el contrato de emisión deba conceder a la entidad de crédito la
posibilidad de diferir el pago de los intereses de la deuda;
c) que los créditos del acreedor contra la entidad de crédito deban estar
subordinados en su totalidad a los de todos los acredores no
subordinados;
d) que los documentos que regulen la emisión de los títulos deban
establecer que la deuda y los intereses no pagados puedan absorberpérdidas, dejando a la entidad de crédito la posibilidad de seguir
operando;
e) que únicamente se tengan en cuenta los importes efectivamente
pagados.
Podrán ser aceptadas, a modo de complemento, las acciones preferen-
ciales cumulativas que no sean las definidas en el punto 8 del apartado 2del artículo 34.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 38
▼B
Artículo 36
Otras disposiciones relativas a los fondos propios
1. Los compromisos de los miembros de entidades de crédito
constituidas en forma de sociedades cooperativas a los que se refiere
el punto 7 del apartado 2 del artículo 34 comprenderán el capital noreclamado de dichas sociedades, así como los compromisos legales delos miembros de tales sociedades cooperativas a efectuar pagossuplementarios no reembolsables en caso de que la entidad de crédito
sufra pérdidas; en cuyo caso, los pagos deberán poder ser exigibles
inmediatamente.
En el caso de entidades de crédito organizadas en forma de fondos, se
asimilarán a los elementos precedentes los compromisos solidarios de
los prestatarios.
El conjunto de estos elementos podrá incluirse en los fondos propios,
siempre que se computen, de conformidad con la legislación nacional,
entre los fondos propios de las entidades de dicha categoría.
2. Los Estados miembros no incluirán entre los fondos propios de las
entidades públicas de crédito las garantías que ellos mismos o susautoridades concedan a tales entidades.
3. Los Estados miembros o las autoridades competentes podrán
incluir en los fondos propios las acciones preferenciales cumulativas aplazo fijo contempladas en el punto 8 del apartado 2 del artículo 34, asícomo los préstamos subordinados contemplados en la misma disposi-ción, cuando existan acuerdos vinculantes con arreglo a los cuales, encaso de quiebra o de liquidación de la entidad de crédito, tales préstamos
ocupen un rango inferior a los créditos de todos los demás acreedores y
no se reembolsen hasta que se hayan pagado todas las demás deudasvigentes en ese momento.
Los créditos subordinados también deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) que únicamente se tengan en cuenta los fondos efectivamente
desembolsados;
b) que tengan un vencimiento inicial de al menos 5 años; tras dicho
período podrán ser objeto de reembolso; si no hubiere sido fijada lafecha de vencimiento de la deuda, sólo serán reembolsables con unpreaviso de cinco años, salvo en el caso de que hayan dejado de
considerarse fondos propios o si se exigiere formalmente la
autorización previa de las autoridades competentes para su reembolsoanticipado. Las autoridades competentes podrán autorizar elreembolso anticipado de tales fondos siempre que tal solicitudproceda del emisor y la solvencia de la entidad de crédito no se veaafectada por ello;
c) la cuantía hasta la cual puedan considerarse fondospropiossea objeto
de una reducción gradual durante al menos loscinco años anteriores a
la fecha de vencimiento;
d) que el contrato de préstamo no incluya cláusulas que estipulen que,
en determinadas circunstancias distintas de la liquidación de laentidad de crédito, la deuda deba reembolsarse antes de la fecha devencimiento acordada.
Artículo 37
Cálculo de los fondos propios sobre una base consolidada
1. Cuando haya de efectuarse el cálculo sobre una base consolidada,
se tendrán en cuenta los importes consolidados de los elementos
enunciados en el apartado 2 del artículo 34, de acuerdo con las normasestablecidas en los artículos 52 a 56. Además, podrán asimilarse a lasreservas consolidadas, para el cálculo de los fondos propios, loselementos siguientes, siempre y cuando sean acreedores («negativos»):
— los intereses minoritarios, a efectos del artículo 21 de la Directiva 83/
349/CEE, en caso de que se utilice el método de integración global,2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 39
▼B
— la diferencia de primera consolidación, a efectos de los artículos 19,
30 y 31 de la Directiva 83/349/CEE,
— las diferencias de conversión incluidas en las reservas consolidadas,
de acuerdo con el apartado 6 del artículo 39 de la Directiva 86/635/
CEE,
— la diferencia resultante de la inscripción de determinadas participa-
ciones según el método que se describe en el artículo 33 de laDirectiva 83/349/CEE.
2. Cuando los elementos que anteceden sean deudores («positivos»),
habrán de deducirse en el cálculo de los fondos propios consolidados.
Artículo 38
Deducciones y límites
1. Los elementos contemplados en los puntos 4 a 8 del apartado 2 del
artículo 34 estarán sujetos a las limitaciones siguientes:
a) el total de los elementos de los puntos 4 a 8 se limitará a un máximo
equivalente al 100 % de los elementos de los puntos 1 más 2 y 3menos los elementos de los puntos 9, 10 y 11;
b) el total de los elementos de los puntos 7 y 8 se limitará a un máximo
equivalente al 50 % de los elementos de los puntos 1 más 2 y 3menos los elementos de los puntos 9, 10 y 11;
c) el total de los elementos de los puntos 12 y 13 se deducirá del total de
los elementos.
2. Las autoridades competentes podrán autorizar provisionalmente y
en circunstancias excepcionales a las entidades de crédito a rebasar el
umbral previsto en el apartado 1.
Artículo 39
Prueba a las autoridades competentes
Deberá demostrarse a satisfacción de las autoridades competentes el
cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 34 y
en los artículos de 35 a 38.
Sección 2
Coeficiente de solvencia
Artículo 40
Principios generales
1. El coeficiente de solvencia expresa la proporción existente entre
los fondos propios definidos en el artículo 41 y los activos y cuentas de
orden con riesgo ponderado con arreglo al artículo 42.
2. El coeficiente de solvencia de entidades de crédito que no sean ni
empresas matrices a efectos del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE,ni filiales de dichas empresas, se calculará de forma individual.
3. El coeficiente de solvencia de entidades de crédito que sean
empresas matrices se calculará sobre una base consolidada, con arreglo alos métodos definidos en la presente Directiva y en la Directiva 86/635/CEE.
4. Las autoridades competentes responsables de la autorización y de
la supervisión de la empresa matriz que sea una entidad de créditopodrán exigir también el cálculo de un coeficiente subconsolidado o noconsolidado de aquélla, así como de cualquier filial suya que dependa dela autorización y de la supervisión de esas autoridades. Si no se efectúadicho control de la estructura adecuada del capital dentro del grupo
bancario, deberán adoptarse otras medidas para garantizar dicho
objetivo.
5. Sin perjuicio del cumplimiento por parte de las entidades de
crédito de las disposiciones de los apartados 2, 3y4yd el o s apartados 8
y 9 del artículo 52, las autoridades competentes velarán por que los2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 40
▼B
coeficientes sean calculados como mínimo dos veces al año, bien por la
propia entidad de crédito, que comunicará a las autoridades competenteslos resultados obtenidos así como todos los elementos de cálculo
necesarios o bien por las autoridades competentes a partir de los datos
suminstrados por las entidades de crédito.
6. La valoración de los activos y de las cuentas de orden se efectuará
de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 86/635/CEE.
Artículo 41
Numerador: fondos propios
Los fondos propios, definidos en la presente Directiva, constituirán el
numerador del coeficiente de solvencia.
Artículo 42
Denominador: activos y cuentas de orden ponderadas por su riesgo
1. Se asignarán grados de riesgo de crédito, expresados en
ponderaciones procentuales, a los diferentes activos con arreglo a lodispuesto en losartículos 43 y 44 y de forma excepcional en los artículos45, 62 y 63. El valor en balance de cada activo se multiplicará acontinuación por la ponderación correspondiente para llegar a un valor
ponderado.
2. En el caso de cuentas de orden enumeradas en el anexo II, se
efectuará un cálculo en dos fases, de acuerdo con el apartado 2 delartículo 43.
3. En el caso de las cuentas de orden a las que se refiere el apartado 3
del artículo 43, el coste potencial de la sustitución de contratos en el
supuesto de incumplimiento de la contraparte se calculará mediante laaplicación de cualquiera de los dos métodos descritos en el anexo III.Dicho coste se multiplicará por la ponderación atribuible a lascontrapartes que figura en el apartado 1 del artículo 43, salvo las
ponderaciones del 100 % previstas en el mismo, que se reducirán al
50 %, para dar valores ajustados al riesgo.
4. La suma de los valores ponderados de los activos y de las cuentas
de orden, tal como han sido descritas en los apartados 2 y 3, constituiráel denominador para calcular el coeficiente de solvencia.
Artículo 43
Ponderación de riesgos
1. Se aplicarán las ponderaciones siguientes a las diferentes
categorías de activos, aunque las autoridades competentes podrán fijarponderaciones más elevadas si lo consideran conveniente.
a) Ponderación nula
1) efectivo en caja y elementos equivalentes;
2) activos que constituyan créditos sobre las administraciones
centrales y los bancos centrales de la zona A;
3) activos que representen créditos sobre las Comunidades Europeas;
4) activos que constituyan créditos con garantía explícita de las
administraciones centrales y los bancos centrales de la zona A ode las Comunidades Europeas;
5) activos que representen créditos sobre las administraciones
centrales y bancos centrales de la zona B nominados y financiadosen la moneda nacional del prestatario;
6) activos que representen créditos que lleven la garantía explícita de
las administraciones centrales y bancos centrales de zona Bnominados y financiados en la moneda nacional común del fiadory del prestatario;
7) activos garantizados, a satisfacción de las autoridades compe-
tentes correspondientes, mediante garantía pignoraticia de títulosemitidos por las administraciones centrales o por los bancos2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 41
▼B
centrales de la zona A, o por las Comunidades Europeas o por
depósitos en efectivo en la entidad prestamista o mediantecertificados de depósito o instrumentos similares emitidos por y
colocados en dicha entidad.
b) Ponderación del 20 %
1) activos que representen créditos sobre el Banco Europeo de
Inversiones;
2) activos que representen créditos sobre bancos multilaterales de
desarrollo;
3) activos que representen créditos expresamente garantizados por
el Banco Europeo de Inversiones;
4) activos que representen créditos expresamente garantizados por
bancos multilaterales de desarrollo;
5) activos que representen créditos sobre administraciones regio-
nales o locales de la zona A, salvo lo dispuesto en el artículo 44;
6) activos que representen créditos expresamente garantizados por
administraciones regionales o locales de la zona A, salvo lodispuesto en el artículo 44;
7) activos que representen créditos sobre entidades de crédito de la
zona A que no constituyan fondos propios de dichas entidades;
8) activos que representen créditos cuya duración sea menor o igual
a un año sobre entidades de crédito de la zona B, con excepciónde los títulos emitidos por dichas entidades que se consideren
parte de sus fondos propios;
9) activos expresamente garantizados por entidades de crédito de la
zona A;
10) activos que representen créditos cuya duración sea menor o igual
a un año y que estén expresamente garantizados por entidades decrédito de la zona B;
11) activos garantizados, a satifacción de las autoridades compe-
tentes, mediante garantía pignoraticia sobre títulos emitidos porel Banco Europeo de Inversiones o por bancos multilaterales dedesarrollo;
12) cheques y valores pendientes de cobro.
c) Ponderación del 50 %
1) préstamos íntegramente garantizados, a satisfacción de las auto-
ridades competentes, por hipotecas sobre viviendas que ocupe o
vaya a ocupar el prestatario o que éste vaya a ceder en régimen de
arrendamiento, y préstamos íntegramente garantizados, a satis-facción de las autoridades competentes, mediante acciones ensociedades finlandesas constructoras de viviendas que actúen conarreglo a la Ley finlandesa de 1991 sobre las sociedadesconstructoras de viviendas o la legislación posterior equivalente,
respecto de las viviendas que el prestatario ocupe, vaya a ocupar o
vaya a ceder en régimen de arrendamiento;
«valores garantizados por hipotecas» que puedan asimilarse a los
préstamos contemplados en el párrafo primero o en el apartado 1
del artículo 62, cuando las autoridades competentes considerenque, habida cuenta del marco jurídico vigente en los distintosEstados miembros, son equivalentes en cuanto al riesgo decrédito. Sin perjuicio de los tipos de valores que puedan incluirseen este punto 1 y cumplir las condiciones correspondientes, los
«valores garantizados por hipotecas» podrán incluir los instru-
mentos contemplados en las letras a) y b) del punto 1 de la secciónB del anexo de la Directiva 93/22/CEE del Consejo(
1). En2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 42
(1) Directiva 93/22/CEE del Consejo de 10 de mayo de 1993, relativa a los
servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (DO L 141 de
11.6.1993, p. 27); Directiva cuya última modificación la constituye 97/9/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).
▼B
particular, las autoridades competentes deberán cerciorarse de
que:
i) dichos valores estén total y directamente garantizados por un
conjunto de créditos hipotecarios de la categoría especificadaen el párrafo primero o en el apartado 1 del artículo 62, quesean perfectamente válidos en el momento de la creación delos valores garantizados por hipotecas,
ii) un derecho aceptable de máxima prioridad sobre las partidas
de activos hipotecados subyacentes esté en posesión, bien
directamente de inversores en valores garantizados por
hipotecas, bien, por cuenta de éstos, de un administradorfiduciario o un representante delegado, a prorrata de losvalores que posean;
2) cuentas de periodificación: estos activos se someterán a la
ponderación correspondiente a la contraparte en los casos enque la entidad de crédito esté en condiciones de determinarla deconformidad con lo dispuesto en la Directiva 86/635/CEE; cuandono pueda determinar la contraparte, se aplicará una ponderación a
tanto alzado del 50 %.
d) Ponderación del 100 %
1) activos que representen créditos sobre administraciones centrales
y los bancos centrales de la zona B, salvo cuando estén nominadosy financiados en la divisa del prestatario;
2) activos que representen créditos sobre administraciones regionales
o locales de la zona B;
3) activos que representen créditos cuya duración sea mayor a un año
sobre entidades de crédito de la zona B;
4) activos que representen créditos sobre el sector no bancario de la
zona A y de la zona B;
5) activos materiales, a efectos del punto 10 del artículo 4, «Activo»,
de la Directiva 86/635/CEE;
6) carteras de acciones, participaciones y otros elementos que
formen parte de los fondos propios de otras entidades de crédito,
cuando no hayan sido deducidas de los fondos propios de la
entidad prestamista;
7) todos los demás activos, excepto los deducidos de los fondos
propios.
2. A las cuentas de orden distintas de las indicadas en el apartado 3 se
les aplicará el tratamiento siguiente. En primer lugar, serán agrupadas en
función del grado de riesgo, según la clasificación recogida en el anexoII. Se computarán por su valor total las partidas con riesgo alto; por el50 % de su valor las partidas de riesgo medio y por el 20 % de su valorlas partidas de riesgo medio/bajo; el valor de las partidas de riesgo bajo
se fijará en 0. La segunda etapa consistirá en multiplicar las cuentas de
orden, ajustadas tal como ha sido descrito más arriba, por lasponderaciones atribuidas a las contrapartes correspondientes, de acuerdocon el tratamiento contemplado en el apartado 1 y en el artículo 44. Enlo que se refiere a los acuerdos de venta con compromiso de recompra,así como a los compromisos de compra a plazo, las ponderaciones serán
las correspondientes a los activos mismos y no a las contrapartes de las
transacciones. Se podrá aplicar una ponderación del 20 % a la fracciónno desembolsada de capital suscrito en el Fondo Europeo de Inversiones.
3. Los métodos expuestos en el anexo III se aplicarán a las cuentas de
orden enumeradas en el anexo IV, excepto a:
— los contratos negociados en mercados organizados,
— los contratos negociados en mercados de divisas (distintos de los
contratos sobre oro) con un vencimiento inicial igual o inferior a
catorce días naturales.
Hasta el 31 de diciembre de 2006 las autoridades competentes de los
Estados miembros podrán eximir de aplicar los métodos descritos en elanexo III a los contratos de instrumentos derivados negociados enmercados no organizados sujetos a compensación por parte de una2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 43
▼B
cámara de compensación cuando esta última actúe como contraparte
legal y todos los participantes cubran íntegramente a diario el riesgo querepresenten para la cámara de compensación mediante una cobertura que
la proteja tanto del riesgo presente como del posible riesgo futuro. Las
autoridades competentes deberán comprobar que la garantía pignoraticiaprestada proporciona el mismo grado de protección que las garantíaspignoraticias a que se refiere el punto 7 de la letra a) del apartado 1 y deque no existe el peligro de que el riesgo a que se expone la cámara de
compensación se acumule hasta superar el valor de mercado de las
garantías recibidas. Los Estados miembros informarán a la Comisión deluso que hagan de esta opción.
4. Cuando las cuentas de orden lleven una garantía explícita, serán
ponderadas como si la operación correspondiente se hubiera realizadocon el garante en lugar de con la contraparte real. Cuando el riesgoderivado de operaciones incluidas en las cuentas de orden esté
plenamente garantizado, a satisfacción de las autoridades competentes,
mediante cualquiera de los activos reconocidos como garantíapignoraticia en el punto 7 de la letra a) y en el punto 11 de la letra b)del apartado 1, se aplicarán ponderaciones del 0 % o del 20 % deacuerdo con la garantía de que se trate.
Los Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 50 % a las
cuentas de orden que sean garantías o garantías de crédito sustitutivas de
crédito y que estén cubiertas íntegramente, a satisfacción de lasautoridades competentes, por hipotecas que cumplan las condicionesdel punto 1 de la letra c) del apartado 1, a condición de que el garantedisfrute de un derecho directo sobre esta garantía.
5. Cuando se atribuya una ponderación inferior a los activos y a las
cuentas de orden debido a la existencia de una garantía explícita o de
una garantía pignoraticia aceptable para las autoridades competentes, laponderación inferior se aplicará únicamente a la parte que estégarantizada o plenamente asegurada.
Artículo 44
Ponderación de créditos sobre las administraciones regionales o
locales de los Estados miembros
1. No obstante los requisitos establecidos en la letra b) del apartado 1
del artículo 43, los Estados miembros podrán fijar una ponderación del0 % para suspropias administraciones regionales o autoridades locales si
no existe una diferencia apreciable en el riesgo entre los créditos a estas
últimas y los créditos a sus administraciones centrales, atendiendo a lacapacidad de las administraciones regionales y de las autoridades localesde obtener ingresos y la existencia de disposiciones institucionalesespecíficas que reduzcan el riesgo de impago. De acuerdo con estos
criterios se aplicará una ponderación nula a los créditos contraídos por
las administraciones regionales o autoridades locales en cuestión y a laspartidas que figuren en las cuentas de orden contraídas frente a dichasadministraciones, así como a los créditos sobre terceros y cuentas deorden contraídas frente a terceros garantizadas por dichas administra-ciones regionales o autoridades locales o asegurados, a satisfacción de
las autoridades competentes correspondientes, por una garantía pigno-
raticia consistente en títulos emitidos por dichas administracionesregionales o autoridades locales.
2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión si consideran
justificada una ponderación nula según los criterios expuestos en elapartado 1. La Comisión difundirá dicha información. Otros Estados
miembros podrán ofrecer a las entidades de crédito, bajo la supervisión
de sus autoridades competentes, la posibilidad de aplicar unaponderación nula cuando proporcionen ayuda financiera a las adminis-traciones regionales o autoridades locales correspondientes o cuandocuenten con créditos garantizados por éstas últimas, incluidas lasgarantías pignoraticias consistentes en títulos.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 44
▼B
Artículo 45
Otras ponderaciones
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 44, los
Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 20 % a los activos
asegurados, a satisfacción de las autoridades competentes correspon-dientes, mediante una garantía pignoraticia consistente en títulosemitidos por las administraciones regionales o las autoridades localesde países de la zona A, mediante depósitos domiciliados en entidades decrédito de la zona A distintas de la entidad prestamista o mediante
certificados de depósito o instrumentos similares emitidos por dichas
entidades de crédito.
2. Los Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 10 % a
los créditos sobre las entidades especializadas en los mercadosinterbancarios y de la deuda pública en el Estado miembro de origen,sujetos a una estrecha vigilancia por parte de las autoridades
competentes, cuando dichos activos estén plenamente garantizados, a
satisfacción de las autoridades competentes del Estado miembro deorigen, por una combinación de partidas de activo contempladas en lasletras a) y b) del apartado 1 del artículo 43 reconocida por dichasautoridades como constitutiva de una garantía pignoraticia adecuada.
3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones
que adopten en aplicación de los apartados 1 y 2 y los motivos que las
justifiquen. La Comisión remitirá dicha información a los Estadosmiembros. La Comisión procederá de forma periódica al estudio de lasimplicaciones de dichas disposiciones con el fin de garantizar que noden lugar a distorsiones de la competencia.
Artículo 46
Organismos administrativos y empresas sin fines de lucro
A efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 43 las autoridades
competentes podrán incluir en el concepto de «administración regional»
y de «autoridad local» a los organismos administrativos sin fineslucrativos responsables ante las administraciones regionales o auto-ridades locales, y a las empresas sin fines lucrativos que pertenezcan aadministraciones centrales, autoridades regionales o locales u auto-ridades que, en opinión de las autoridades competentes, garanticen las
mismas responsabilidades que las administraciones regionales y las
autoridades locales.
Las autoridades competentes podrán incluir también, en el concepto de
«administración regional» y de «autoridad local», a las iglesias y lascomunidades religiosas que revistan la forma de personas jurídicas deDerecho público, en la medida en que recauden impuestos de
conformidad con la legislación que les confiera tal Derecho. No
obstante, en este caso, no será de aplicación la opción contemplada en elartículo 44.
Artículo 47
Nivel del coeficiente de solvencia
1. Las entidades de crédito deberán mantener de modo permanente el
coeficiente definido en el artículo 40 a un nivel al menos igual al 8 %.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades
competentes podrán establecer coeficientes mínimos superiores, si lo
consideran oportuno.
3. En el caso de que el coeficiente llegare a ser inferior al 8 %, las
autoridades competentes velarán por que la entidad de crédito de que setrate adopte las medidas adecuadas para que el coeficiente alcance elmínimo establecido lo antes posible.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 45
▼B
Sección 3
Grandes riesgos
Artículo 48
Notificación de grandes riesgos
1. Los riesgos contraídos por una entidad de crédito respecto de un
cliente o de un grupo de clientes relacionados entre sí serán
considerados como «grandes riesgos» cuando su valor sea igual o
superior al 10 % de sus fondos propios.
2. Las entidades de crédito notificarán a las autoridades competentes
las operaciones de gran riesgo definidas en el apartado 1. Los Estados
miembros preverán, a su elección, que esta notificación se haga con
arreglo a una de las dos fórmulas siguientes:
— notificación de todas las operaciones de gran riesgo al menos una
vez al año, junto con una comunicación continuada a lo largo del añode cualquier nueva operación de gran riesgo y de cualquier aumentode los grandes riesgos ya existentes en al menos un 20 % conrespecto a la última comunicación realizada,
— notificación de todas las operaciones de gran riesgo al menos cuatro
veces al año.
3. No obstante, podrán eximirse de la notificación mencionada en el
apartado 2 los riesgos exluidos en virtud de las letras a), b), c), d), f), g)
y h) del apartado 7 del artículo 49. La frecuencia de la notificación
prevista en el segundo guión del apartado 2 podrá reducirse a dos vecespor año para los demás riesgos contemplados en las letras e) e i) a s) delapartado 7 del artículo 49, así como en los apartados 8, 9 y 10 del citadoartículo.
4. Las autoridades competentes exigirán que las entidades de crédito
dispongan de procedimientos administrativos y contables seguros y demecanismos internos de control adecuados que permitan identificar yregistrar todas las operaciones de gran riesgo y las modificaciones de lasmismas, conforme a las definiciones y exigencias de la presente
Directiva, así como supervisar dichos riesgos, habida cuenta de la
política de la entidad de crédito en materia de riesgos.
Cuando una entidad de crédito se acoja a lo dispuesto en el apartado 3,
conservará las pruebas de los motivos invocados durante un año a partir
del hecho causante de la exención, a fin de permitir que las autoridades
competentes puedan verificar el fundamento de la misma.
Artículo 49
Límites aplicables a los grandes riesgos
1. Una entidad de crédito no podrá contraer riesgos cuyo valor total
supere el 25 % de sus fondos propios, respecto de un mismo cliente o deun grupo de clientes relacionados entre sí.
2. Cuando el cliente o el grupo de clientes relacionados entre sí sea la
empresa matriz o la empresa filial de la entidad de crédito o una o másfiliales de dicha empresa matriz, el porcentaje establecido en el apartado1 deberá reducirse al 20 %. No obstante, los Estados miembros podrán
no aplicar este límite del 20 % a las operaciones de riesgo adquiridas
frente a dichos clientes si establecen un control específico de talesriesgos por otros medios o procedimientos. Informarán a la Comisión yal Comité consultivo bancario del contenido de dichas medidas oprocedimientos.
3. Las entidades de crédito no podrán contraer grandes riesgos cuyo
valor acumulado supere el 800 % de los fondos propios.
4. Los Estados miembros podrán fijar límites más estrictos que los
valores límite mencionados en los apartados 1, 2 y 3.
5. Las entidades de crédito deberán respetar los límites fijados en los
apartados 1, 2y3e n todo momento respecto a los riesgos que
contraigan. No obstante, si en algún caso excepcional los riesgos2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 46
▼B
contraídos superasen dichos límites, la entidad de crédito deberá
informar de ello inmediatamente a las autoridades competentes, quepodrán concederle, si así lo justifican las circunstancias, un período de
tiempo limitado para ajustar los riesgos a los límites establecidos.
6. Los Estados miembros podrán exluir total o parcialmente de la
aplicación de los apartados 1, 2 y 3 los riesgos contraídos por unaentidad de crédito respecto de su empresa matriz, respecto de las demás
filiales de la empresa matriz y respecto de sus propias filiales, siempre y
cuando dichas empresas estén incluidas en la supervisión en baseconsolidada a que estuviera sometida la propia entidad de crédito, deconformidad con la presente Directiva o con normas equivalentesvigentes en un tercer país.
7. Los Estados miembros podrán exluir total o parcialmente de la
aplicación de los apartados 1, 2 y 3 los riesgos siguientes:
a) los activos que constituyan créditos sobre las administraciones
centrales o los bancos centrales de la zona A;
b) los activos que constituyan créditos sobre las Comunidades
Europeas;
c) los activos que constituyan créditos expresamente garantizados por
administraciones centrales o los bancos centrales de la zona A, así
como por las Comunidades Europeas;
d) otros riesgos contraídos sobre, o garantizados por, las administra-
ciones centrales o los bancos centrales de la zona A, o lasComunidades Europeas;
e) los activos que constituyan créditos y otros riesgos sobre las
administraciones centrales o los bancos centrales de la zona B,nominados y, en su caso, financiados en la moneda nacional delprestatario;
f) los activos y otros riesgos garantizados, a satisfacción de las
autoridades competentes, mediante una garantía pignoraticia consis-
tente en valores emitidos por las administraciones centrales o los
bancos centrales de la zona A, por las Comunidades Europeas o porlas administraciones regionales o locales de los Estados miembrospara las cuales el artículo 44 dispone, en materia de solvencia, unaponderación del 0 %;
g) los activos y otros riesgos garantizados, a satisfacción de las
autoridades competentes, mediante una garantía pignoraticia consis-tente en un depósito en efectivo constituido en la entidad acreedora o
en una entidad de crédito que sea la empresa matriz o una filial de la
entidad acreedora;
h) los activos y otros riesgos garantizados, a satisfacción de las
autoridades competentes, mediante una garantía pignoraticia consis-tente en valores representativos de depósitos emitidos por la entidadacreedora o por una entidad de crédito que sea empresa matriz ofilial de la entidad acreedora y depositada en cualquiera de ellas;
i) los activos que constituyan créditos y otros riesgos sobre entidades
de crédito, con vencimiento igual o inferior a un año, y que no
constituyan fondos propios de dichas entidades;
j) los activos que constituyan créditos y otros riesgos, con vencimiento
igual o inferior a un año, sobre entidades que no sean de crédito pero
que se ajusten a lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 ygarantizados de conformidad con lo dispuesto en dicho apartado;
k) los efectos de comercio y otros efectos análogos, con vencimiento
igual o inferior a un año, que lleven la firma de otra entidad decrédito;
l) las obligaciones definidas en el apartado 4 del artículo 22 de la
Directiva 85/611/CEE;
m) hasta posterior coordinación, las participaciones en las compañías de
seguros mencionadas en el apartado 3 del artículo 51 hasta unmáximo del 40 % de los fondos popios de la entidad de créditotomadora de la participación;2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 47
▼B
n) los activos que constituyan créditos sobre entidades de crédito
regionales o centrales a las que, en virtud de disposiciones legales oestatutarias, la entidad de crédito acreedora esté asociada dentro de
una red, y a las que, en aplicación de dichas disposiciones,
corresponda efectuar la compensación de los activos líquidos dentrode dicha red;
o) los riesgos garantizados, a satisfacción de las autoridades compe-
tentes, mediante una garantía pignoraticia consistente en valores
distintos de los contemplados en la letra f), siempre que no hayan
sido emitidos por la propia entidad de crédito, por su empresa matrizo por una de sus filiales, ni por el cliente o el grupo de clientesrelacionados entre sí en cuestión. Los valores entregados comogarantía pignoraticia deberán ser evaluados al precio del mercado,tener un valor superior al de los riesgos garantizados y estar
cotizados en una bolsa de valores, o bien ser efectivamente
negociables y cotizarse de forma regular en un mercado quefuncione por mediación de operadores profesionales reconocidos yque garantice, a satisfacción de las autoridades competentes delEstado miembro de origen de la entidad de crédito, la posibilidad de
determinar un precio objetivo que permita verificar en todo
momento el exceso de valor de los mismos. El exceso de valorexigido será del 100%; sin embargo, deberá ser del 150% en el casode las acciones y del 50 % en el caso de obligaciones emitidas porentidades de crédito, o por administraciones regionales o locales delos Estados miembros que no sean las contempladas en el artículo
44, por el Banco Europeo de Inversiones y por los bancos
multilaterales de desarrollo. Los valores aportados como garantíapignoraticia no podrán constituir fondos propios de entidades decrédito;
p) préstamos garantizados, a satisfacción de las autoridades compe-
tentes, por hipotecas sobre viviendas o por acciones en sociedades
finlandesas constructoras de viviendas que actúen con arreglo a laLey finlandesa de 1991 sobre las sociedades constructoras deviviendas o a la legislación posterior equivalente y operaciones dearrendamiento financiero en virtud de las cuales el arrendadormantenga la plena propiedad de la vivienda alquilada mientras el
arrendatario no haya ejercido su opción de compra, en ambos casos
hasta el 50 % del valor de la correspondiente vivienda. El valor dedicho bien se calculará, a satisfacción de las autoridades compe-tentes, sobre la base de rigurosas normas de tasación establecidas porley o mediante disposiciones reglamentarias o administrativas. La
tasación se realizará como mínimo una vez por año. A efectos de la
presente letra, se entenderá por «bien inmobiliario» cualquiervivienda que el prestatario ocupe o que vaya a ceder en régimende arrendamiento;
q) el 50 % de las cuentas de orden de riesgo medio/bajo mencionadas
en el anexo II;
r) con el acuerdo de las autoridades competentes, las garantías distintas
de las establecidas sobre créditos distribuidos, que tengan funda-mento legal o reglamentario y que las sociedades de garantíarecíproca con estatuto de entidad de crédito ofrezcan a sus clientesafiliados, sin perjuicio de que se establezca una ponderación de suimporte del 20 %.
Los Estados miembros informarán a la Comisión del uso que hagan
de esta facultad, a fin de que no se creen distorsiones de lacompetencia;
s) las cuentas de orden con riesgo bajo mencionadas en el anexo II,
siempre que se haya suscrito con el cliente o grupo de clientes
relacionados entre sí un acuerdo en virtud del cual sólo se pueda
contraer el riesgo una vez que se haya comprobado que ello noconducirá a que se superen los límites aplicables con arreglo a losapartados 1, 2 y 3.
8. A efectos de aplicación de los apartados 1, 2 y 3, los Estados
miembros podrán aplicar una ponderación del 20 % a los activos queconstituyan créditos sobre las administraciones regionales y locales delos Estados miembros, así como a cualesquiera otros riesgos asumidos2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 48
▼B
sobre dichas administraciones, o garantizados por ellas; los Estados
miembros podrán, no obstante, reducir la ponderación al 0 % en lascondiciones previstas en el artículo 44.
9. A efectos de los apartados 1, 2 y 3, los Estados miembros podrán
aplicar una ponderación del 20 % a las partidas del activo queconstituyan créditos y a otros riesgos sobre entidades de crédito que
tengan un plazo de vencimiento superior a un año pero inferior o igual a
tres y una ponderación del 50 % a las partidas del activo que constituyancréditos sobre entidades de crédito con un vencimiento superior a tresaños, siempre que estos últimos estén representados por instrumentos dedeuda emitidos por una entidad de crédito y siempre que dichos
instrumentos de deuda sean, a juicio de las autoridades competentes,
efectivamente negociables en un mercado constituido por operadoresprofesionales y se coticen en él diariamente, o cuya emisión haya sidoautorizada por las autoridades competentes del Estado miembro deorigen de la entidad de crédito emisora. En ninguno de estos casosdichos elementos podrán constituir fondos propios.
10. No obstante lo dispuesto en la letra i) del apartado 7 y en el
apartado 9, los Estados miembros podrán asignar una ponderación del20 % a los elementos de activo que constituyan créditos y otros riesgos
sobre entidades de crédito, con independencia de su vencimiento.
11. Cuando un tercero garantice un riesgo respecto de un cliente, o
dicho riesgo esté garantizado por una garantía pignoraticia en valores
emitidos por un tercero en las condiciones definidas en la letra o) del
apartado 7, los Estados miembros podrán:
— considerar que dicho riesgo se asume sobre el tercero y no sobre el
cliente, si dicho tercero garantiza el riesgo, a satisfacción de lasautoridades competentes, directa e incondicionalmente,
— considerar que dicho riesgo se asume sobre el tercero y no sobre el
cliente, si el riesgo definido en la letra o) del apartado 7 estágarantizado por una garantía pignoraticia en las condiciones allímencionadas.
12. A más tardar el 1 de enero de 1999, el Consejo examinará,
basándose en un informe de la Comisión, el tratamiento de los riesgosinterbancarios previsto en la letra i) del apartado 7 y en los apartados 9 y10. El Consejo decidirá, en su caso, basándose en una propuesta de la
Comisión, las modificaciones que deban efectuarse.
Artículo 50
Supervisión de grandes riesgos sobre una base consolidada y no
consolidada
1. Cuando la entidad de crédito no sea ni empresa matriz ni filial, la
observancia de las obligaciones establecidas en los artículos 48 y 49 o en
cualquier otra disposición comunitaria aplicable en este ámbito sesupervisará sobre una base no consolidada.
2. En los demás casos, la observancia del cumplimiento de las
obligaciones que figuran en los artículos 48 y 49 o en cualquier otradisposición comunitaria aplicable en este ámbito se supervisará sobreuna base consolidada de conformidad con los artículos 52 a 56.
3. Los Estados miembros podrán no someter a supervisión sobre base
individual o subconsolidada el cumplimiento de las obligacionesestablecidas en los artículos 48 y 49 o en cualquier otra disposicióncomunitaria aplicable en este ámbito, por parte de una entidad de crédito
que, como empresa matriz, esté sujeta a supervisión sobre una base
consolidada y de toda empresa filial de tal entidad de crédito que estésujeta a la autorización y supervisión de los Estados miembros y estéincluida en la supervisión consolidada.
Podrán igualmente no ejercer aquella supervisión cuando la empresa
matriz sea una sociedad financiera de cartera establecida en el mismoEstado miembro que la entidad de crédito, siempre que dicha sociedadesté sujeta a la misma supervisión que la que se ejerce con respecto aentidades de crédito.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 49
▼B
En los supuestos contemplados en los párrafo primero y segundo,
deberán tomarse medidas que garanticen una distribución de riesgosapropiada dentro del grupo.
Sección 4
Participaciones cualificadas fuera del dominio financiero
Artículo 51
Límites a las participaciones cualificadas no financieras
1. Una entidad de crédito no podrá poseer una participación
cualificada cuyo importe sobrepase el 15 % de sus fondos propios en
una empresa que no sea una entidad de crédito, una entidad financiera o
una empresa cuya actividad esté contemplada en la letra f) del apartado2 del artículo 43 de la Directiva 86/635/CEE.
2. El importe total de las participaciones cualificadas en empresas
que no sean entidades de crédito, entidades financieras o empresas cuya
actividad esté contemplada en la letra f) del apartado 2 del artículo 43 de
la Directiva 86/635/CEE, no podrá superar el 60 % de los fondospropiosde la entidad de crédito.
3. Los Estados miembros podrán no aplicar a las participaciones en
las compañías de seguros, tal como se definen en la Directiva 73/239/
CEE(
1) y en la Directiva 79/267/CEE(2), los límites fijados en los
apartados 1 y 2.
4. Las acciones o participaciones poseídas temporalmente a causa de
una operación de asistencia financiera con vistas al saneamiento osalvamento de una empresa o a causa de la suscripción de una emisión
de títulos, durante el período normal de dicha suscripción, o en nombre
propio pero por cuenta de terceros, no se incluirán entre lasparticipaciones cualificadas sujetas al cálculo de los límites fijados enlos apartados 1 y 2. Las acciones o participaciones que no tengan elcarácter de inmovilizaciones financieras de acuerdo con el apartado 2del artículo 35 de la Directiva 86/635/CEE no se incluirán.
5. Los límites fijados en los apartados 1 y 2 sólo podrán sobrepasarse
en circunstancias excepcionales. En tales casos, las autoridadescompetentes exigirán, no obstante, que la entidad de crédito aumenteel volumen de sus fondos propios o tome otras medidas de efectoequivalente.
6. Los Estados miembros podrán prever que las autoridades
competentes no apliquen los límites fijados en los apartados 1 y 2 siestablecieren que el exceso de las participaciones cualificadas respecto adichos límites debe cubrirse en un 100 % mediante fondos propios, yque éstos no entren en el cálculo del coeficiente de solvencia. Si
existieren excedentes con respecto a los límites fijados en los apartados
1 y 2, el importe que deba cubrirse mediante fondos será el más elevadode los excedentes.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 50
(1) Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1973, sobre
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de
vida, y a su ejercicio (DO L 228 de 16.8.1973, p. 3); Directiva cuya última
modificación la constituye la Directiva 95/26/CE.
(2) Primera Directiva 79/267/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1979, sobre
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
referentes al acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a su
ejercicio (DO L 63 de 13.3.1979, p. 1); Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 95/26/CE.
▼B
CAPÍTULO 3
SUPERVISIÓN SOBRE UNA BASE CONSOLIDADA
Artículo 52
Supervisión de entidades de crédito sobre una base consolidada
1. Toda entidad de crédito que tenga como filial una entidad de
crédito o una entidad financiera o que tenga una participación enentidades de esta índole estará sometida a una supervisión basada en susituación financiera consolidada, en la medida y en las condiciones
establecidas en el artículo 54. Dicha supervisión se aplicará como
mínimo a los ámbitos contemplados en los apartados 5 y 6.
2. Toda entidad de crédito cuya empresa matriz sea una sociedad
financiera de cartera estará sometida a una supervisión basada en lasituación financiera consolidada de la sociedad financiera de cartera, enla medida y en las condiciones establecidas en el artículo 54. Dicha
supervisión se aplicará como mínimo a los ámbitos contemplados en los
apartados 5 y 6. La consolidación de la situación financiera de lasociedad financiera de cartera no implicará en modo alguno que lasautoridades competentes estén obligadas a ejercer una función desupervisión sobre la sociedad financiera de cartera considerada de formaindividual.
3. Los Estados miembros o las autoridades competentes responsables
de la supervisión consolidada en aplicación del artículo 53 podránrenunciar en casos individuales a incluir en la consolidación a unaentidad de crédito, a una entidad financiera o a una empresa de serviciosbancarios auxiliares, filiales o participadas:
— cuando la empresa que haya de incluirse esté situada en un tercer
país en el que existan obstáculos jurídicos para la transmisión de lainformación necesaria,
— cuando la empresa de que se trate no presente un interés
significativo, a juicio de las autoridades competentes, con respectoa los objetivos de la supervisión de las entidades de crédito y, en
cualquier caso, cuando el total del balance de la empresa que haya de
incluirse sea inferior al más bajo de los dos importes siguientes: 10millones de euros o el 1 % del total del balance de la empresa matrizo de la empresa que posea la participación. En el supuesto de quevarias empresas respondan a los criterios antes mencionados,
deberán, no obstante, incluirse en la consolidación siempre que el
conjunto formado por tales empresas presente un interés significativocon respecto al objetivo señalado anteriormente, o
— cuando, a juicio de las autoridades competentes encargadas de la
supervisión de forma consolidada, la consolidación de la situaciónfinanciera de la empresa que haya de incluirse resulte inadecuada opueda inducir a error desde el punto de vista de los objetivos de la
supervisión de las entidades de crédito.
4. Cuando las autoridades competentes de un Estado miembro no
incluyan una entidad de crédito filial en la supervisión consolidada envirtud de uno de los supuestosprevistos en los guiones segundoy tercerodel apartado 3, las autoridades competentes del Estado miembro en queesté situada dicha entidad podrán pedir a la empresa matriz la
información que pueda facilitar el ejercicio de la supervisión de dicha
entidad de crédito.
5. La supervisión de la solvencia y de la adecuación de los fondos
propios a los riesgos de mercado y el control de grandes riesgos serealizarán de forma consolidada de conformidad con lo dispuesto en elpresente artículo y en los artículos 53 a 56. Los Estados miembros
adoptarán las medidas necesarias, en su caso, para la inclusión de las
sociedades financieras de cartera en la supervisión de forma consoli-dada, de acuerdo con el apartado 2.
La observancia de los límites fijados en los apartados 1 y 2 del artículo
51 será objeto de supervisión y control sobre la base de la situaciónfinanciera consolidada o subconsolidada de la entidad de crédito.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 51
▼B
6. Las autoridades competentes prescribirán, para la totalidad de las
empresas incluidas en el ámbito de la supervisión consolidada a queestarán sujetas las entidades de crédito en aplicación de los apartados 1 y
2, la existencia de los oportunos procedimientos de control interno para
la presentación de información y de datos útiles para el ejercicio de lasupervisión de forma consolidada.
7. Sin perjuicio de las disposiciones específicas establecidas en otras
Directivas, los Estados miembros podrán no aplicar de forma
subconsolidada o individual las reglas enunciadas en el apartado 5 alas entidades de crédito que, como empresas matrices, estén sujetas asupervisión consolidada, o a cualquier filial de la entidad de crédito deque se trate que dependa de su autorización y de su supervisión, y esté
incluida en la supervisión sobre una base consolidada de la entidad de
crédito que sea la empresa matriz. Se admitirá la misma facultadeximente cuando la empresa matriz sea una sociedad financiera decartera con domicilio social en el mismo Estado miembro que la entidadde crédito, siempre que esté sometida a la misma supervisión que laejercida sobre las entidades de crédito, y en particular a las reglas
enunciadas en el apartado 5.
En los dos supuestos contemplados en el párrafo primero, se deberán
tomar medidas para garantizar un reparto adecuado del capital dentro delgrupo bancario.
Si las autoridades competentes aplican estas normas de forma individual,
podrán hacer uso,para el cálculo de los fondos propios, de la disposiciónprevista en el último párrafo del apartado 2 del artículo 34.
8. Cuando una entidad de crédito, filial de una empresa matriz que
sea una entidad de crédito, haya sido autorizada y esté situada en otroEstado miembro, las autoridades competentes que hayan concedidodicha autorización aplicarán a dicha entidad las reglas enunciadas en elapartado 5 de forma individual o, en su caso, subconsolidada.
9. No obstante lo dispuesto en el apartado 8, las autoridades
competentes responsables de la autorización de la filial de una empresamatriz que sea una entidad de crédito podrán delegar su responsabilidadde supervisión, mediante acuerdo bilateral, en las autoridades compe-tentes que hayan autorizado y supervisen a la empresa matriz, con el fin
de que éstas se ocupen de la vigilancia de la filial con arreglo a las
disposiciones de la presente Directiva. Se deberá mantener informada ala Comisión de la existencia y del contenido de tales acuerdos. Éstatransmitirá dicha información a las autoridades competentes de losdemás Estados miembros y al Comité consultivo bancario.
10. Los Estados miembros preverán que sus autoridades competentes
encargadas de ejercer la supervisión de forma consolidada puedan pedira las filiales de una entidad de crédito o de una sociedad financiera decartera que no estén incluidas en el ámbito de la supervisión consolidadala información mencionada en el artículo 55. En este caso, se aplicarán
los procedimientos de transmisión y verificación previstos por el citado
artículo.
Artículo 53
Autoridades competentes responsables de la supervisión sobre una
base consolidada
1. Cuando la empresa matriz sea una entidad de crédito, la
supervisión de forma consolidada será ejercida por las autoridadescompetentes que hayan concedido a dicha entidad de crédito la
autorización contemplada en el artículo 4.
2. Cuando una entidad de crédito tenga por empresa matriz a una
sociedad financiera de cartera, la supervisión de forma consolidada seráejercida por las autoridades competentes que hayan concedido a dichaentidad de crédito la autorización contemplada en el artículo 4.
No obstante, cuando entidades de crédito autorizadas en más de un
Estado miembro tengan por empresa matriz a la misma sociedadfinanciera de cartera, la supervisión de forma consolidada será ejercidapor las autoridades competentes de la entidad de crédito autorizada en el2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 52
▼B
Estado miembro en el que se haya constituido la sociedad financiera de
cartera.
Si no hubiese entidad de crédito filial autorizada en el Estado miembro
en el que se haya constituido la sociedad financiera de cartera, las
autoridades competentes de los Estados miembros afectados (incluidas
las del Estado miembro en el que se haya constituido la sociedadfinanciera de cartera) se concertarán para designar, de común acuerdo, alas que, de entre ellas, ejercerán la supervisión sobre una baseconsolidada. De no haber tal acuerdo, la supervisión consolidada seráejercida por las autoridades competentes que hayan autorizado a la
entidad de crédito con el total de balance más elevado; si los totales de
balance fuesen iguales, la supervisión consolidada será ejercida por lasautoridades competentes que hayan concedido en primer lugar laautorización contemplada en el artículo 4.
3. Las autoridades competentes afectadas podrán, de común acuerdo,
establecer excepciones a las normas enunciadas en los párrafos primeroy segundo del apartado 2.
4. Los acuerdos a que se refieren el párrafo tercero del apartado 2 y el
apartado 3 preverán las medidas concretas de colaboración y de
transmisión de la información que permitan alcanzar los objetivos de la
supervisión sobre una base consolidada.
5. Cuando en los Estados miembros exista más de una autoridad
competente para llevar a cabo la supervisión cautelar de las entidades decrédito y de las entidades financieras, los Estados miembros tomarán lasmedidas necesarias a fin de organizar la coordinación entre dichasautoridades.
Artículo 54
Forma y alcance de la consolidación
1. Las autoridades competentes responsables de la supervisión
consolidada deberán exigir, a los efectos de la supervisión, laconsolidación íntegra de las entidades de crédito y de las entidadesfinancieras que sean filiales de la empresa matriz.
No obstante, podrá prescribirse la consolidación proporcional cuando, a
juicio de las autoridades competentes, la responsabilidad de la empresa
matriz que tenga una parte del capital esté limitada a dicha parte decapital, debido a la responsabilidad de los demás accionistas o asociadosy a la satisfactoria solvencia de estos últimos. La responsabilidad de losdemás accionistas y asociados deberá establecerse claramente, si fuerapreciso mediante compromisos expresamente suscritos.
2. Las autoridades competentes responsables de la supervisión
consolidada deberán exigir, a los efectos de la supervisión, la
consolidación proporcional de las participaciones en entidades decrédito o en entidades financieras dirigidas por una empresa incluidaen la consolidación conjuntamente con una o varias empresas noincluidas en la consolidación, cuando de ello se derive una limitación dela responsabilidad de dichas empresas en función de la parte de capital
que posean.
3. En casos de participación u otros vínculos de capital distintos de
los contemplados en los apartados 1 y 2, las autoridades competentes
determinarán sidebe llevarse a cabo la consolidación y de qué forma. Enparticular, podrán permitir o prescribir la utilización del método deequivalencia. No obstante, este método no determinará una inclusión delas empresas de las que se trate en la supervisión consolidada.
4. Sin perjuicio de los apartados 1, 2 y 3, las autoridades competentes
decidirán si, en los casos siguientes, debe efectuarse la consolidación, y
de qué forma:
— cuando una entidad de crédito ejerza, en opiníon de las autoridades
competentes, una influencia importante en una o varias entidades decrédito o entidades financieras, sin poseer sin embargo unaparticipación u otros vínculos de capital en estas entidades,2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 53
▼B
— cuando dos o más entidades de crédito o entidades financieras se
encuentren bajo dirección única, sin que ésta deba haber sidoestablecida por contrato o por medio de cláusulas estatutarias,
— cuando dos o más entidades de crédito o entidades financieras
posean órganos de administración, dirección o supervisión
compuestos, en su mayoría, por las mismas personas.
En particular, las autoridades competentes podrán permitir o prescribir la
utilización del método previsto en el artículo 12 de la Directiva 83/349/CEE, si bien este método no determinará que las empresas de que setrate queden incluidas en la supervisión consolidada.
5. Cuando la supervisión consolidada se prescriba en aplicación de
los apartados 1 y 2 del artículo 52, las empresas de servicios bancarios
auxiliares se incluirán en la consolidación en los mismos casos y segúnlos mismos métodos que los señalados en los apartados 1 a 4 delpresente artículo.
Artículo 55
Informaciónquedeberánfacilitarlassociedadesmixtasdecarteray
sus filiales
1. Hasta una posterior coordinación de los métodos de consolidación,
los Estados miembros preverán que, cuando la empresa matriz de una ode varias entidades de crédito sea una sociedad mixta de cartera, lasautoridades competentes responsables de la autorización y de lasupervisión de dichas entidades de crédito exijan a la sociedad mixta
de cartera y a sus filiales, dirigiéndose directamente a aquéllas o por
mediación de las entidades de crédito filiales, la comunicación de todainformación pertinente para ejercer la supervisión sobre las entidades decrédito filiales.
2. Los Estados miembros preverán que sus autoridades competentes
puedan realizar, o encomendar a auditores externos, la comprobación in
situde la información facilitada por las sociedades mixtas de cartera y
sus filiales. Cuando la sociedad mixta de cartera o una de sus filiales seauna empresa de seguros, se podrá recurrir igualmente al procedimientoprevisto en el apartado 4 del artículo 56. Cuando la sociedad mixta decartera o una de sus filiales esté situada en un Estado miembro distinto
de aquél en el que esté situada la entidad de crédito filial, la
comprobación in situde la información se hará según el procedimiento
previsto en el apartado 7 del artículo 56.
Artículo 56
Medidas destinadas a facilitar la aplicación de la supervisión sobre
una base consolidada
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que
ningún obstáculo de naturaleza jurídica impida a las empresas incluidas
en el ámbito de la supervisión consolidada, ni a las sociedades mixtas de
cartera ni a sus filiales ni a las filiales previstas en el apartado 10 delartículo 52, intercambiar entre sí la información pertinente para elejercicio de la supervisión con arreglo a lo dispuesto en los artículos 52a 55 y en el presente artículo.
2. Cuando la empresa matriz y la o las entidades de crédito que sean
filiales suyas estén situadas en Estados miembros diferentes, las
autoridades competentes de cada Estado miembro se comunicarántoda la información pertinente con miras a hacer posible o facilitar elejercicio de la supervisión sobre base consolidada.
Cuando las autoridades competentes del Estado miembro en el que esté
situada la empresa matriz no ejerzan por sí mismas la supervisión sobre
base consolidada en virtud de lo dispuesto en el artículo 53, lasautoridades competentes encargadas de ejercer dicha supervisión podráninstarlas a que pidan a dicha empresa matriz la información pertinentepara el ejercicio de la supervisión sobre base consolidada y a que latransmitan a dichas autoridades.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 54
▼B
3. Los Estados miembros autorizarán el intercambio entre sus
autoridades competentes de la información a que se refiere el apartado2, entendiéndose que, en el caso de las sociedades financieras de cartera,
de las entidades financieras o de las empresas de servicios bancarios
auxiliares, la recogida o la tenencia de información no implicará enmodo alguno que las autoridades competentes estén obligadas a ejerceruna función de supervisión sobre dichas entidades o empresasconsideradas individualmente.
Asimismo, los Estados miembros autorizarán el intercambio entre sus
autoridades competentes de la información contemplada en el artículo
55, entendiéndose que la recogida o la tenencia de información noimplicará, en modo agluno, que las autoridades competentes ejerzan unafunción de supervisión sobre la sociedad mixta de cartera y aquellas desus filiales que no sean entidades de crédito, ni sobre las filiales
mencionadas en el apartado 10 del artículo 52.
4. Cuando una entidad de crédito, una sociedad financiera de cartera
o una sociedad mixta de cartera controlen una o varias filiales que seanempresas de seguros u otras empresas de servicios de inversión sujetas aun régimen de autorización, las autoridades competentes y lasautoridades facultadas para proceder a la supervisión de las empresas
de seguros o de las citadas empresas de servicio de inversión
colaborarán estrechamente. Sin perjuicio de sus respectivas competen-cias, dichas autoridades se comunicarán toda información que puedafacilitar su labor y permitir un control de la actividad y de la situaciónfinanciera global de las empresas sujetas a su supervisión.
5. Toda información recibida en el marco de la supervisión sobre una
base consolidada, y en particular los intercambios de información entre
autoridades competentes previstos por la presente Directiva, quedaránsujetos al secreto profesional definido en el artículo 30.
6. Las autoridades competentes encargadas de ejercer la supervisión
consolidada establecerán una lista de las sociedades financieras decartera contempladas en el apartado 2 del artículo 52. Dicha lista será
enviada a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y
a la Comisión.
7. Cuando, en el marco de la aplicación de la presente Directiva, las
autoridades competentes de un Estado miembro deseen verificar, encasos determinados, cierta información sobre una entidad de crédito, unasociedad financiera de cartera, una entidad financiera, una empresa de
servicios bancarios auxiliares, una sociedad mixta de cartera o una filial
de las contempladas en el artículo 55, o una filial de las mencionadas enel apartado 10 del artículo 52, situada en otro Estado miembro, deberánsolicitar a las autoridades competentes de dicho Estado miembro que seproceda a tal verificación. Las autoridades competentes que reciban lasolicitud deberán darle curso, en el marco de su competencia, bien
procediendo por sí mismas a dicha verificación, bien permitiendo que
procedan a ella las autoridades competentes que hayan presentado lasolicitud, bien permitiendo que proceda a ella un auditor o un perito.
8. Los Estados miembros preverán que, sin perjuicio de las
disposiciones de Derecho penal aplicables, puedan dictarse respecto delas sociedades financieras de cartera y las sociedades mixtas de cartera,
o de sus directivos responsables, que infrinjan las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas adoptadas en aplicación de los artículos52 a 55 y del presente artículo, sanciones o medidas destinadas a ponerfin a las infracciones comprobadas o a sus causas. En determinadoscasos, estas medidas podrán requerir la intervención de las autoridades
judiciales. Las autoridades competentes colaborarán estrechamente entre
sí a fin de que las sanciones o medidas antes mencionadas obtengan elefecto esperado, en particular, cuando la sede social de una sociedadfinanciera de cartera o de una sociedad mixta de cartera y suadministración central o su establecimiento principal no se encuentrenen el mismo lugar.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 55
▼B
TÍTULO VI
COMITÉ CONSULTIVO BANCARIO
Artículo 57
Composición y funciones del Comité consultivo bancario
1. Se crea ante la Comisión un Comité consultivo bancario
compuesto de autoridades competentes de los Estados miembros.
2. El Comité consultivo bancario tiene por misión asistir a la
Comisión en su tarea de asegurar la correcta aplicación de la presenteDirectiva. Además, llevará a cabo las restantes tareas previstas en lapresente Directiva y ayudará a la Comisión en la elaboración de nuevas
propuestas que deban presentarse al Consejo en lo relativo a la
coordinación en el ámbito de las entidades de crédito.
3. El Comité consultivo bancario no se ocupará del estudio de los
problemas concretos que tengan relación con las diferentes entidades de
crédito.
4. El Comité consultivo bancario estará compuesto por tres
representantes como máximo de cada Estado miembro y de la Comisión.Estos representantes podrán estar ocasionalmente acompañados porasesores, a reserva de acuerdo previo del Comité. El Comité podrá,asimismo, invitar a personas cualificadas y a expertos para tomar parteen sus reuniones. Las tareas de secretariado estarán a cargo de la
Comisión.
5. El Comité consultivo bancario adoptará su reglamento interno y
elegirá un presidente entre los representantes de los Estados miembros.
Se reunirá a intervalos regulares y cada vez que la situación lo requiera.La Comisión podrá solicitar que el Comité se reúna con urgencia siestima que la situación lo requiere.
6. Las deliberaciones del Comité consultivo bancario y sus resultados
serán confidenciales a menos que el Comité decida lo contrario.
Artículo 58
Examen de las condiciones de la autorización
El Comité consultivo bancario estará encargado de examinar el
contenido dado por los Estados miembros a las condiciones contem-pladas en el apartado 1 del artículo 5 y en el apartado 1 del artículo 6,las
restantes condiciones que aquellos apliquen eventualmente, así como las
indicaciones que deberán figurar en el programa de actividades, yelevará, en su caso, sugerencias a la Comisión orientadas a unacoordinación más detallada.
Artículo 59
Relaciones de observación
1. A la espera de una coordinación posterior, las autoridades
competentes establecerán a título de observación, en su casocomplementariamente a los eventuales coeficientes que apliquen,
relaciones entre diferentes partidas del activo o del pasivo de las
entidades de crédito con objeto de vigilar la solvencia y la liquidez delas entidades de crédito y el resto de las condiciones útiles para laprotección del ahorro.
Con esta finalidad, el Comité consultivo bancario determinará el
contenido de los diferentes elementos de las relaciones de observacióncontempladas en el párrafo primero y fijará el método que deberáaplicarse para su cálculo.
En su caso, el Comié consultivo bancario tendrá en cuenta las consultas
técnicas que tengan lugar entre las autoridades de control de las
categorías de entidades implicadas.
2. Las relaciones establecidas a título de observación en virtud del
apartado 1 se calcularán al menos cada seis meses.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 56
▼B
3. El Comité consultivo bancario examinará los resultados de los
análisis efectuados por las autoridades de control a que se refiere elpárrafo tercero del apartado 1, sobre la base de los cálculos
contemplados en el apartado 2.
4. El Comité consultivo bancario podrá hacer a la Comisión cualquier
sugerencia encaminada a la coordinación de los coeficientes aplicablesen los Estados miembros.
TÍTULO VII
PODERES DE EJECUCIÓN
Artículo 60
Adaptaciones técnicas
1. Sin perjuicio, en lo realtivo a los fondos propios, del informe
mencionado en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 34, lasadaptaciones de carácter técnico relativas a los guiones siguientes se
aprobarán con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2:
— la clarificación de las definiciones a fin de tener en cuenta en la
aplicación de la presente Directiva la evolución de los mercados
financieros,
— la clarificación de las definiciones a fin de asegurar la aplicación
uniforme de la presente Directiva en la Comunidad,
— la adecuación de la terminología y de la formulación de las
definiciones con la de los actos ulteriores relativos a las entidades de
crédito y materias conexas,
— la definición de la zona A del punto 14 del artículo 1,— la definición de los bancos multilaterales de desarrollo del punto 19
del artículo 1,
— la modificaión de la cuantía de capital inicial previsto en el artículo 5
a fin de tener en cuenta los desarrollos económicos y monetarios,
— la ampliación del contenido de la lista mencionada en los artículos
18 y 19, que figura en el anexo I, o la adaptación de la terminologíade la lista a fin de tener en cuenta el desarrollo de los mercadosfinancieros,
— los ámbitos en los que las autoridades competentes deben
intercambiar informaciones, enumerados en el artículo 28,
— la modificación de la definición de activos del artículo 43 atendiendo
a los desarrollos de los mercados financieros,
— la lista y la clasificación de las cuentas de orden que figuran en los
anexos II y IV y su tratamiento en el cálculo del coeficiente descrito
en los artículos 42, 43 y 44 y en el anexo III,
— una reducción transitoria del coeficiente mínimo previsto en el
artículo 47 o de las ponderaciones previstas en el artículo 43 a fin detener en cuenta circunstancias específicas,
— la aclaración de las excepciones previstas en los apartados 5 a 10 del
artículo 49.
2. La Comisión estará asistida por un Comité.En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de
aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo
dispuesto en su artículo 8.
El plazo a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses. El Comité aprobarásu reglamento interno.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 57
▼B
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 61
Disposiciones transitorias relativas al artículo 36
Dinamarca podrá autorizar a las entidades de crédito hipotecario de su
país organizadas en forma de sociedades cooperativas o de fondos, antes
del 1 de enero de 1990, y transformadas en sociedades anónimas, a
seguir incluyendo en sus fondos propios los compromisos solidarios desus miembros, respectivamente de los prestatarios contemplados en elapartado 1 del artículo 36, cuyos crédito estén asimilados a dichoscompromisos solidarios, dentro de los límites siguientes:
a) la base de cálculo de la parte de los compromisos solidarios de los
prestatarios será equivalente al total de los elementos contempladosen los puntos 1 más 2 del apartado 2 del artículo 34 menos los
elementos contemplados en los puntos 9, 10 y 11 del apartado 2 del
artículo 34;
b) la base de cálculo el 1 de enero de 1991 o, si la transformación se
efectuara posteriormente, en la fecha en que ésta tenga lugar, será labase máxima de cálculo. La base de cálculo no podrá, en ningúncaso, ser superior a la base máxima de cálculo;
c) la base máxima de cálculo se reducirá a partir del 1 de enero de 1997,
en la mitad del producto de toda la ampliación del capital —a efectos
del punto 1 del apartado 2 del artículo 34— que se realice con
posterioridad a esa fecha; y
d) el importe máximo de los compromisos solidarios de los prestatarios
incluidos en los fondos propios no podrá exceder del:
50 % en 1991 y 1992,
45 % en 1993 y 1994,40 % en 1995 y 1996,35 % en 1997,30 % en 1998,20 % en 1999,10 % en 2000, y0 % a partir del 1 de enero de 2001, de la base de cálculo.
Artículo 62
Disposiciones transitorias relativas al artículo 43
1. Hasta el 31 de diciembre de 2006, las autoridades competentes de
los Estados miembros podrán autorizar a sus entidades de crédito aaplicar una ponderación de riesgo del 50 % a los préstamos que esténplena e íntegramente garantizados, a satisfacción suya, por hipotecassobre oficinas y locales comerciales polivalentes situados en el territoriode aquellos Estados miembros que permitan una ponderación de riesgo
del 50 %, con sujeción a las condiciones siguientes:
i) el 50 % de la ponderación de riesgo se aplicará a la parte del
préstamo que no exceda un límite calculado conforme a lo dispuestoen las letras a) o b) siguientes:
a) el 50 % del valor venal del inmueble de que se trate.
El valor venal del inmueble será calculado por dos tasadores
independientes, que harán sendas tasaciones, independientesentre sí, en el momento en que se haga el préstamo. Éste deberábasarse en la más baja de las dos tasaciones.
El inmueble volverá a ser tasado al menos una vez al año por un
único tasador. Para los préstamos que no superen 1 millón de2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 58
▼B
euros y el 5 % de los fondos propios de la entidad de crédito, el
inmueble volverá a ser tasado al menos una vez cada tres añospor un único tasador;
b) el más bajo de los valores siguientes: el 50 % del valor venal del
inmueble o el 60 % del valor del crédito hipotecario, en aquellos
Estados miembros que hayan fijado, en sus leyes o reglamentos,
unos criterios rigurosos para la tasación del valor de los créditoshipotecarios.
Se entenderá por «valor del crédito hipotecario» el valor del
inmueble determinado por un tasador que realice una tasaciónprudente de la posibilidad futura de comerciar con el inmueble,teniendo en cuenta los aspectos duraderos a largo plazo delmismo, las condiciones del mercado normales y locales, su uso
en el momento de la tasación y sus usos alternativos
correspondientes. Los elementos especulativos no se podrántener en cuenta en la tasación del valor del crédito hipotecario. Elvalor del crédito hipotecario se documentará de manera clara ytransparente.
Al menos cada tres años, o si el mercado acusa una baja de más
del 10 %, se volverá a evaluar el valor del crédito hipotecario y,en particular, las hipótesis subyacentes relativas al desarrollo delmercado de que se trate.
Tanto en el caso a) como en el caso b), se entenderá por «valor
venal» el precio al que podría venderse el inmueble, mediantecontrato privado entre un vendedor voluntario y un compradorindependiente en la fecha de la tasación, en el supuesto de que elbien su hubiere ofrecido públicamente en el mercado, que lascondiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera
ordenada y que se dispusiere de un plazo normal, habida cuenta de
la naturaleza del inmueble, para negociar la venta;
ii) la ponderación del riesgo del 100 % se aplicará a la parte del
préstamo que supere los límites fijados en el inciso i);
iii) el inmueble deberá ser ocupado o cedido en régimen de
arrendamiento por su propietario.
Lo dispuesto en el párrafo primero no impedirá que las autoridades
competentes de un Estado miembro que apliquen una ponderación máselevada en su territorio puedan permitir, en las condiciones definidasmás arriba, la aplicación de una ponderación del 50 % a este tipo depréstamos en los territorios de aquellos Estados miembros que permitan
una ponderación de los riesgos del 50 %.
Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar
a sus entidades de crédito a aplicar una ponderación de riesgo del 50 % alos préstamos pendientes el 21 de julio de 2000, siempre que se cumplanlas condiciones enumeradas en el presente apartado. En este caso, el
inmueble será tasado conforme a los criterios de tasación fijados más
arriba, a más tardar el 21 de julio de 2003.
Para los préstamos concedidos antes del 31 de diciembre de 2006, la
ponderación de riesgo del 50 % seguirá aplicándose hasta suvencimiento, cuando la entidad de crédito esté obligada a cumplir las
condiciones del contrato.
Hasta el 31 de diciembre de 2006, las autoridades competentes de los
Estados miembros podrán autorizar asimismo a sus entidades de créditoa aplicar una ponderación de riesgo del 50 % a la parte de los préstamosgarantizada plenamente, a su satisfacción, mediante acciones de
sociedades inmobiliarias finlandesas que operen de conformidad con
la Ley finlandesa de sociedades inmobiliarias de 1991 o la legislaciónposterior equivalente, siempre que se cumplan las condiciones delpresente apartado.
Los Estados miembros informarán a la Comisión de la forma en que
apliquen el presente apartado.
2. Los Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 50 %
para las operaciones de arrendamiento inmobiliario con opción decompra realizadas antes del 31 de diciembre de 2006, referidas a bienesde utilización profesional situados en el país de la sede social y2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 59
▼B
reguladas por las disposiciones legales que establezcan que el
arrendador conserve la propiedad íntegra del objeto arrendado hastaque el arrendatario ejerza su opción de compra. Los Estados miembros
informarán a la Comisión de la forma en que apliquen el presente
apartado.
3. El apartado 3 del artículo 43 se entenderá sin perjuicio del
reconocimiento por las autoridades competentes de los contratosbilaterales de novación que hayan sido celebrados en el caso de:
— Bélgica, antes de 23 de abril de 1996,
— Dinamarca, antes del 1 de junio de 1996,— Alemania, antes del 30 de octubre de 1996,— Grecia, antes del 27 de marzo de 1997,— España, antes del 7 de enero de 1997,— Francia, antes del 30 de mayo de 1996,— Irlanda, antes del 27 de junio de 1996,— Italia, antes del 30 de julio de 1996,— Luxemburgo, antes del 29 de mayo de 1996,— los Países Bajos, antes del 1 de julio de 1996,— Austria, antes del 30 de diciembre de 1996,— Portugal, antes del 15 de enero de 1997,— Finlandia, antes del 21 de agosto de 1996,— Suecia, antes del 1 de junio de 1996,— el Reino Unido, antes del 30 de abril de 1996.
Artículo 63
Disposiciones transitorias relativas al artículo 47
1. Las entidades de crédito cuyo coeficiente mínimo no alcanzara el 1
de enero de 1991 el 8 % previsto en el apartado 1 del artículo 47 deberánaproximarse progresivamente, en fases sucesivas, a dicho nivel.Mientras no hayan alcanzado dicho objetivo, no podrán permitir queel nivel del coeficiente descienda por debajo del nivel alcanzado. Si, noobstante, se produjese tal fluctuación, la misma deberá ser temporal y el
motivo deberá comunicarse a las autoridades competentes.
2. Durante un período que no exceda de cinco años a contar desde el
1 de enero de 1993, los Estados miembros podrán aplicar la ponderacióndel 10 % a las obligaciones que se definen en el apartado 4 del artículo22 de la Directiva 85/611/CEE, y mantenerla, si lo consideran necesario,
para las entidades de crédito, a fin de evitar graves perturbaciones en sus
mercados. Tales excepciones serán comunicadas a la Comisión.
3. Durante un período que no exceda de siete años a partir del 1 de
enero de 1993, el apartado 1 del artículo 47 no se aplicará al BancoAgrícola de Grecia. No obstante, dicho banco deberá aproximarse en
fases sucesivas al nivel prescrito en el apartado 1 del artículo 47, según
el método que se describe en el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 64
Disposiciones transitorias relativas al artículo 49
1. Si, el 5 de febrero de 1993, una entidad de crédito hubiera
aceptado ya un riesgo, o riesgos, que superen los límites aplicables a los
grandes riesgos o el límite aplicable a la acumulación de grandes
riesgos, previstos en el artículo 49, las autoridades competentes exigirána dicha entidad de crédito que adopte las medidas necesarias parareducir el riesgo o riesgos considerados al nivel previsto por lasdisposiciones del artículo 49.
2. El procedimiento destinado a reducir el riesgo o riesgos al nivel
autorizado se definirá, se adoptará, se aplicará y se concluirá en el plazoque las autoridades competentes consideren conforme al principio degestión saneada y de competencia leal. Las autoridades competentesinformarán a la Comisión y al Comité consultivo bancario sobre elcalendario del procedimiento general adoptado.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 60
▼B
3. La entidad de crédito no podrá adoptar medida alguna que tenga
por efecto aumentar los riesgos a que se hace referencia en el apartado 1con respecto al nivel que representaban dichos riesgos el 5 de febrero de
1993.
4. El plazo que deberá aplicarse en virtud del apartado 2 expirará, a
más tardar, el 31 de diciembre de 2001. Los riesgos de vencimiento máslargo cuyos términos contractuales esté obligada a cumplir la entidadprestamista podrán mantenerse hasta dicho vencimiento.
5. Hasta el 31 de diciembre de 1998, los Estados miembros podrán
aumentar el límite establecido en el apartado 1 del artículo 49 hasta el
40 % y el límite establecido en el apartado 2 del artículo 49 hasta el
30 %. En tal caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 4,el plazo para reducir los riesgos existentes al finalizar el citado períodohasta los niveles previstos en el artículo 49 finalizará el 31 de diciembrede 2001.
6. Únicamente para las entidades de crédito cuyos fondos propios no
rebasen los 7 millones de euros, los Estados miembros podrán prorrogar
por cinco años los plazos previstos en el apartado 5. Los Estadosmiembros que se acojan a la facultad prevista en el presente apartadovelarán por evitar distorsiones de la competencia e informarán sobre lasmedidas adoptadas al respecto a la Comisión y al Comité consultivobancario.
7. En los casos contemplados en los apartados 5 y 6, un riesgo podrá
considerarse gran riesgo si su importe es igual o superior al 15 % de los
fondos propios.
8. Hasta el 31 de diciembre de 2001 los Estados miembros podrán
sustituir la frecuencia de notificación de grandes riesgos a que se hacemención en el segundo guión del apartado 2 del artículo 48 por unafrecuencia de dos veces al año como mínimo.
9. Los Estados miembros podrán eximir total o parcialmente de la
aplicación de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 49 los riesgos contraídos
por una entidad de crédito consistentes en préstamos hipotecarios, aefectos del apartado 1 del artículo 62, concluidos antes del 1 de enero de2002, así como las operaciones de arrendamiento financiero inmobi-liario, a efectos del apartado 2 del artículo 62, concluidos antes del 1 deenero de 2002, en ambos casos hasta un límite máximo del 50 % del
valor de los bienes inmobiliarios de que se trate.
Se tratarán de la misma forma los préstamos garantizados, a satisfacción
de las autoridades competentes, por acciones en sociedades finlandesasconstructoras de viviendas que actúen con arreglo a la Ley finlandesa de1991 sobre las sociedades constructoras de viviendas o la legislaciónposterior equivalente que sean similares a los préstamos hipotecarios a
que se refiere el párrafo primero.
Artículo 65
Disposiciones transitorias relativas al artículo 51
Las entidades de crédito que el 1 de enero de 1993 superasen los límites
fijados en los apartados 1 y 2 del artículo 51 dispondrán de un plazo
hasta el 1 de enero de 2003 para ajustarse a dichos límites.
CAPÍTULO 2
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 66
Información de la Comisión
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
principales disposiciones legales, reglamentarias y administrativas queadopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 61
▼B
Artículo 67
Directivas derogadas
1. Quedan derogadas las Directivas 73/183/CEE, 77/780/CEE, 89/
299/CEE, 89/646/CEE, 89/647/CEE, 92/30/CEE y 92/121/CEE, modi-
ficadas por las Directivas que figuran en la parte A del anexo V, sin
perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en cuanto a losplazos de transposición que figuran en la parte B del anexo V.
2. Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a
la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias quefigura en el anexo VI.
Artículo 68
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
Artículo 69
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 62
▼B
ANEXO I
LISTA DE ACTIVIDADES QUE SE BENEFICIAN DEL RECONOCI-
MIENTO MUTUO
1. Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables
2. Préstamos(1)
3. Arrendamiento financiero ( leasing)
4. Operaciones de pago5. Emisión y gestión de medios de pago (tarjetas de crédito, cheques de viaje,
cartas de crédito)
6. Concesión de garantías y suscripción de compromisos7. Transacciones por cuenta propia de la entidad o por cuenta de su clientela
que tengan por objeto:
a) instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, certificados de
depósito, etc.)
b) mercados de cambios
c) instrumentos financieros a plazo y opciones
d) instrumentos sobre divisas o sobre tipos de interés
e) valores negociables
8. Participaciones en las emisiones de títulos y prestaciones de los servicios
correspondientes
9. Asesoramiento a empresas en materia de estructura del capital, de estrategia
industrial y de cuestiones afines, así como asesoramiento y servicios en el
ámbito de la fusión y de la compra de empresas
10. Intermediación en los mercados interbancarios
11. Gestión o asesoramiento en la gestión de patrimonios
12. Custodia de valores negociables13. Informes comerciales14. Alquiler de cajas fuertes.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 63
(1) Comprenden, en especial:
— crédito al consumo,— crédito hipotecario,—factoring con o sin recurso,
— financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting ).
▼B
ANEXO II
CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE ORDEN
Riesgo alto
— Garantías que sean sustitutivas de créditos
— Aceptaciones— Efectos endosados que no incorporen la firma de otra entidad de crédito— Cesiones con derecho de recurso a favor del comprador— Cartas de crédito standbyirrevocables que sean sustitutivas de crédito
— Compromisos de compra a plazo— Depósitos a futuro ( forward forward deposits )
— Parte pendiente de desembolso de acciones y títulos parcialmente desembol-
sados
— Otras partidas de riesgo alto
Riesgo medio— Créditos documentarios, emitidos y confirmados (véase también riesgo
medio/bajo)
— Fianzas y cauciones (incluidas las garantías de licitación y buen fin de
contratos públicos, las aduaneras y las fiscales) y las garantías que no sean
sustitutivas de crédito
— Acuerdos de venta con compromiso de recompra tal como se definen en los
apartados 3 y 5 del artículo 12 de la Directiva 86/635/CEE
— Cartas de crédito standbyirrevocables que no sean sustitutivas de crédito
— Facilidades de descubierto no utilizadas (compromisos de concesión de
préstamo, de compra de títulos, de prestación de garantías o de créditos
mediante aceptaciones) de duración inicial superior a un año
— Líneas de apoyo a la emisión de valores [ note issuance facilities (NIF) y
revolving underwriting facilities (RUF)]
— Otras partidas que tengan riesgo medio
Riesgo medio/bajo
— Créditos documentarios en los que el embarque de mercancía actúe como
garantía y otras transacciones autoliquidables
— Otras partidas que comporten también riesgo medio/bajo
Riesgo bajo
— Facilidades de descubierto no utilizadas (compromisos de concesión de
préstamos, de compra de títulos, de prestación de garantías o de créditos
mediante aceptaciones) de duración inicial de hasta un año inclusive, o que
puedan ser anuladas sin condiciones en cualquier momento ni previo aviso
— Otras partidas que comporten también riesgo bajo
Los Estados miembros se comprometen a informar a la Comisión tan pronto
como hayan aceptado introducir un nuevo elemento no registrado en balance en
cualquiera de los últimos guiones que figuran en cada clase de riesgo. Dicho
elemento será clasificado definitivamente a nivel comunitario una vez que se
haya cumplido el procedimiento del artículo 60.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 64
▼B
ANEXO III
TRATAMIENTO DE LAS CUENTAS DE ORDEN
1. ELECCIÓN DEL MÉTODO
Siempre y cuando lo consientan las autoridades competentes, las entidades de
crédito podrán elegir uno de los métodos que a continuación se indican para
evaluar los riesgos de crédito derivados de los contratos que se enumeran en los
puntos 1 y 2 del anexo IV. Las entidades de crédito que tengan que cumplir con el
apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 93/6/CEE(1) deberán utilizar el método 1
expuesto más abajo. Para evaluar los riesgos de crédito derivados de los contratos
que se enumeran en el punto 3 del anexo IV, todas las entidades de crédito
deberán utilizar el método 1 expuesto más abajo.
2. MÉTODOS
Método 1: Sistema de valoración a precios de mercado
Fase a): Atribuyendo a los contratos un precio de mercado (valoración a
precios de mercado) se obtendrá el coste de reposición de todos
los contratos con un valor positivo.
Fase b): A fin de obtener el importe del riesgo de crédito potencial
futuro(2) se multiplicará el importe teórico del principal o los
valores subyacentes por los porcentajes siguientes:
CUADRO 1 (a)(b)
Vencimiento residual (c)Contratos
sobre tipos de
interésContratos
sobre tipos de
cambio y oroContratos
sobre
accionesContratos
sobre
metales
preciosos,
excepto el
oroContratos sobre
productos
básicos,
salvo los
metales
preciosos
Un año o menos 0 % 1 % 6 %
7%10 %
De uno a cinco años 0,5 % 5 % 8 %
7%12 %
Más de cinco años 1,5 % 7,5 % 10 %
8%15 %
(a) Los contratos no comprendidos en ninguna de las cinco categorías indicadas en este cuadro deberán tratarse como
contratos sobre productos básicos, salvo los metales preciosos.
(b) En el caso de los contratos con múltiples intercambios del principal, los porcentajes habrán de multiplicarse por el
número de pagos que aún deban realizarse conforme a lo estipulado en el contrato.
(c) En el caso de los contratos estructurados para cubrir riesgos pendientes conforme a unas fechas de pago
especificadas, y cuyas condiciones se vuelvan a fijar de forma que el valor de mercado del contrato sea nulo enesas fechas especificadas, el vencimiento residual sería igual al período restante hasta la próxima fechanuevamente fijada. En cuanto a los contratos sobre tipos de interés que satisfagan estos criterios y tengan unvencimiento residual superior a un año, el porcentaje no será inferior al 0,5 %.
A efectos del cálculo del posible riesgo futuro con arreglo a la fase b), las
autoridades competentes podrán permitir que las entidades de crédito apliquen
hasta el 31 de diciembre de 2006 los porcentajes siguientes en lugar de los que
figuran en el cuadro 1, siempre que la entidad haga uso de la opción mencionada
en el artículo 11 bisde la Directiva 93/6/CEE para los contratos a los que se
refieren las letras b) y c) del punto 3) del anexo IV:2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 65
(1) Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital
de las empresas de inversión y las entidades de crédito (DO L 141 de 11.6.1993, p. 1);Directiva modificada por la Directiva 98/33/CE (DO L 204 de 21.7.1998, p. 29).
(
2) Excepto en el caso de swapsde tipos de interés variable/variable en una misma divisa, en
el que sólo se calculará el coste de reposición.
▼B
CUADRO 1 bis
Vencimiento residualMetales
preciosos
(excepto el oro)Metales
corrientesProductos
agrícolas (pere-
cederos)Otros, con
inclusión de los
productos ener-
géticos
Un año o menos 2 % 2,5 % 3 % 4 %
De uno a cinco años 5 % 4 % 5 % 6 %
Más de cinco años 7,5 % 8 % 9 % 10 %
Fase c): La suma del coste de reposición y del importe del riesgo de
crédito potencial futuro se multiplicará por las ponderaciones del
riesgo atribuido a las correspondientes contrapartes según lo
previsto en el artículo 43.
Método 2: Sistema de riesgo original
Fase a): Los importes teóricos del principal de cada instrumento se
multiplicarán por los porcentajes que se expresan a continuación:
CUADRO 2
Vencimiento original (1)Contratos sobre tipos de
interésContratos sobre tipos de
cambio y oro
Un año o menos 0,5 % 2 %
Más de un año pero no más de dos 1 % 5 %
Por cada año subsiguiente 1 % 3 %
(1) En el caso de los contratos sobre tipos de interés, las entidades de crédito podrán elegir entre el vencimiento
original y el vencimiento residual, previo consentimiento de sus autoridades competentes.
Fase b): Los riesgos iniciales así obtenidos se multiplicarán por las
ponderaciones del riesgo atribuido a la contraparte según lo
previsto en el artículo 43.
Para los métodos 1 y 2, las autoridades competentes deberán garantizar que el
importe teórico que deba tomarse en cuenta constituya una medida adecuada del
riesgo inherente al contrato. Cuando, por ejemplo, el contrato prevea una
multiplicación de losflujos de tesorería, el importe teórico habrá de ajustarse a fin
de tener en cuenta los efectos de la multiplicación sobre la estructura de riesgos
del contrato.
3. COMPENSACION CONTRACTUAL (CONTRATOS DE NOVACIÓN Y
OTROS ACUERDOS DE COMPENSACIÓN)
a)Tipos de compensación que pueden reconocer las autoridades compe-
tentes
A efectos de lo dispuesto en el presente punto 3, se entenderá por
«contraparte» cualquier entidad (incluidas las personas físicas) facultada
para celebrar un acuerdo de compensación contractual.
Las autoridades competentes podrán reconocer como factores de reducción del
riesgo los siguientes tipos de compensación contractual:
i) los contratos bilaterales de novación entre una entidad de crédito y su
contraparte, en virtud de los cuales los derechos y obligaciones recíprocas
queden automáticamente amalgamados, de tal forma que la novación
determine un importe único neto cada vez que se aplique la novación y se
cree así un nuevo y único contrato jurídicamente vinculante que extinga
los contratos anteriores;
ii) acuerdos bilaterales de compensación entre la entidad de crédito y su
contraparte.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 66
▼B
b)Condiciones del reconocimiento
Las autoridades competentes podrán reconocer que la compensación contra-
ctual constituye un factor de reducción del riesgo únicamente cuando
concurran las condiciones siguientes:
i) que la entidad de crédito haya celebrado con su contraparte un acuerdo de
compensación contractual por el cual se cree una única obligación
jurídica, que abarque todas las transacciones incluidas, en virtud de la
cual, en el caso de que una de las contrapartes incurra en una situación de
impago a causa de incumplimiento, quiebra o liquidación u otra
circunstancia similar, la entidad de crédito tenga el derecho de recibir o
la obligación de pagar únicamente la suma neta de los valores positivos y
negativos valorados a precios de mercado de las distintas transacciones
incluidas;
ii) que la entidad de crédito haya puesto a disposición de las autoridades
competentes dictámenes jurídicos fundamentados y por escrito que
permitan concluir, en caso de procedimiento, que los tribunales y
autoridades administrativas competentes considerán, en los supuestos
descritos en el inciso i), que los derechos y obligaciones de la entidad de
crédito se limitan a la suma neta, de conformidad con lo expuesto en el
inciso i), en virtud de:
— la legislación del territorio en que está constituida la contraparte y, si
interviene una sucursal extranjera de una empresa, también en virtud
de la legislación del territorio en que está situada dicha sucursal,
— la legislación aplicable a las distintas transacciones incluidas, y— la legislación aplicable a cualquier contrato o acuerdo, necesario para
que surta efecto la compensación contractual;
iii) que la entidad de crédito disponga de procedimientos encaminados a
garantizar que la validez jurídica de su compensación contractual será
revisada a la luz de cualquier posible modificación de las normativas
pertinentes.
Las autoridades competentes, tras consultar, si procede, a otras autoridades
competentes pertinentes, deberán quedar satisfechas de que la compensación
contractual es jurídicamente válida en cada uno de los territorios implicados.
Si una de dichas autoridades competentes no quedara satisfecha a este
respecto, el acuerdo de compensación contractual no podrá ser reconocido
como un factor de reducción del riesgo por ninguna de las contrapartes.
Las autoridades competentes podrán aceptar dictámenes jurídicos motivados
redactados por tipos de compensación contractual.
Los contratos que contengan una disposición que permita a una contraparte no
morosa realizar sólo pagos limitados, o incluso ningún pago, al patrimonio de
la parte morosa, aun siendo el moroso acreedor neto (cláusula de walkaway )
no podrán ser reconocidos como factores de reducción del riesgo.
Las autoridades competentes podrán considerar que tienen efectos de
reducción del riesgo los acuerdos de compensación contractual relativos a
contratos de tipo de cambio con un vencimiento inicial igual o inferior a
catorce días naturales, a opciones emitidas o a cuentas de orden similares, a
los que no es aplicable el presente anexo debido a que implican un riesgo de
crédito despreciable o nulo. Si, en función del valor de mercado positivo o
negativo de estos contratos, su inclusión en otro acuerdo de compensación
puede dar lugar a un aumento o disminución de los requisitos de capital, las
autoridades competentes deberán obligar a las entidades de crédito a aplicar
un tratamiento coherente.
c)Efectos del reconocimiento
i)Contratos de novación
Se podrán ponderar los importes netos únicos fijados por los contratos de
novación, en lugar de los importes brutos. Así, al aplicar el método 1 en:
— la fase a): los costes de reposición y
— la fase b): los importes teóricos del principal o los valores subyacentes
se podrán obtener teniendo en cuenta el contrato de novación. Al aplicar el
método 2 en la fase a), el importe teórico del principal podrá calcularse
teniendo en cuenta el contrato de novación; se aplicarán los porcentajes del
cuadro 2.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 67
▼B
ii)Otros acuerdos de compensación
Al aplicar el método 1:
En la fase a), el coste actual de sustitución de los contratos incluidos
en un acuerdo de compensación podrá obtenerse teniendo en cuenta elhipotético coste neto de sustitución que resulte del acuerdo; en caso de
que la compensación lleve a una obligación neta para la entidad de
crédito que calcula el coste neto de sustitución, al coste actual de
sustitución se le atribuirá un valor cero.
En la fase b), para todos los demás contratos incluidos en un acuerdo
de compensación bilateral, el riesgo potencial de crédito futuro podrá
reducirse mediante la ecuación siguiente:
PCE
red¼0;4/C3PCEbrutoþ0;6/C3NGR /C3PCEbruto
siendo:
— PCEred= riesgo potencial reducido de crédito futuro corres-
pondiente a todos los contratos con una contraparte
determinada incluidos en un acuerdo de compensa-
ción bilateral válido jurídicamente,
— PCEbruto= suma de los riesgos potenciales de crédito futuro
correspondientes a todos los contratos con una
contraparte determinada incluidos en un acuerdo de
compensación bilateral válido jurídicamente, que se
calculan multiplicando los importes teóricos del
principal por los porcentajes que figuran en el
cuadro 1,
— NGR = «coeficiente neto/bruto», esto es, a discreción de las
autoridades de supervisión:
i) cálculo separado: cociente entre el coste neto de
sustitución de todos los contratos incluidos en un
acuerdo de compensación bilateral válido jurídi-
camente con una contraparte determinada
(numerador) y el coste bruto de sustitución de
los contratos incluidos en un acuerdo de
compensación bilateral válido jurídicamente con
dicha contraparte (denominador), o
ii) cálculo agregado: cociente entre la suma de los
costes netos de sustitución calculados bilateral-
mente para todas las contrapartes teniendo en
cuenta los contratos incluidos en acuerdos de
compensación válidos jurídicamente (numerador)
y los costes brutos de sustitución de todos los
contratos incluidos en acuerdos de compensación
válidos jurídicamente (denominador).
Si los Estados miembros permiten a las entidades
de crédito la elección del método, el método
elegido deberá emplearse de forma coherente.
Para el cálculo del riesgo potencial de crédito futuro mediante la fórmula
anterior, los contratos perfectamente congruentes incluidos en el acuerdo
de compensación pueden considerarse un único contrato con un principal
nocional equivalente a los ingresos netos. Los contratos perfectamente
congruentes son contratos sobre tipos de cambio a plazo o contratos
similares en los que el principal nocional es equivalente a los flujos de
tesorería, siempre que éstos sean exigibles en la misma fecha de valor y
total o parcialmente en la misma moneda.
Para aplicar el método 2 en la fase a):
— los contratos perfectamente congruentes incluidos en el acuerdo de
compensación pueden considerarse un único contrato con un principal
nocional equivalente a los ingresos netos; los importes del principal
nocional se multiplican por los porcentajes que figuran en el cuadro 2,2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 68
▼B
— por lo que respecta a los demás contratos incluidos en un acuerdo de
compensación, los porcentajes aplicables podrán reducirse como se
indica en el cuadro 3:
CUADRO 3
Vencimiento original (1)Contratos sobre tipos de
interésContratos sobre tipos de
cambio
Un año o menos 0,35 % 1,50 %
Más de un año pero no más de dos 0,75 % 3,75 %
Incremento por cada año subsiguiente 0,75 % 2,25 %
(1) En el caso de contratos sobre tipos de interés, las entidades de crédito podrán elegir entre el vencimiento original y
el vencimiento residual, previo consentimiento de sus autoridades competentes.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 69
▼B
ANEXO IV
TIPOS DE CUENTAS DE ORDEN
1.Contratos sobre tipos de interés:
a)swapssobre tipos de interés en una sola divisa
b)swapssobre tipos de interés variable
c) acuerdos sobre tipos de interés futuros
d) futuros sobre tipos de interése) opciones adquiridas sobre tipos de interés
f) otros contratos de naturaleza análoga.
2.Contratos sobre tipos de cambio y contratos sobre oro:
a)swapssobre tipos de interés en diversas divisas
b) operaciones a plazo sobre divisasc) futuros sobre divisas
d) opciones adquiridas sobre divisas
e) otros contratos de naturaleza análogaf) contratos sobre oro de naturaleza análoga a los enumerados en las letras a)
a e).
3.Contratosdenaturalezaanálogaalosmencionadosenlasletrasa)ae)del
punto 1 y en las letras a) a d) del punto 2 relativos a otros índices o
instrumentos de referencia sobre:
a) acciones
b) metales preciosos, excepto el oro
c) productos básicos, salvo los metales preciosos
d) otros contratos de naturaleza análoga.2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 70
▼B
ANEXO V
PARTE A
DIRECTIVASDEROGADAS,CONSUSMODIFICACIONESSUCESIVAS
(contempladas en el artículo 67)
Directiva 73/183/CEE del Consejo
Directiva 77/780/CEE del Consejo
Directiva 85/345/CEE del Consejo
Directiva 86/137/CEE del ConsejoDirectiva 86/524/CEE del Consejo
Directiva 89/646/CEE del Consejo
Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
únicamente el primer guión del artículo 1; el primer guión del apartado
1 y el primer guión del apartado 2 del artículo 2; el apartado 2 del
artículo 3; los apartados 2, 3 y 4 del artículo 4, en lo relativo a las
referencias hechas a la Directiva 77/780/CEE, y el apartado 6; y el
primer guión del artículo 5
Directiva 96/13/CE del Consejo
Directiva 98/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (artículo 1)
Directiva 89/299/CEE del Consejo
Directiva 91/633/CEE del Consejo
Directiva 92/16/CEE del Consejo
Directiva 92/30/CEE del Consejo
Directiva 89/646/CEE del Consejo
Directiva 92/30/CEE del Consejo
Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
únicamente el primer guión del artículo 1
Directiva 89/647/CEE del Consejo
Directiva 91/31/CEE de la Comisión
Directiva 92/30/CEE del Consejo
Directiva 94/7/CE de la ComisiónDirectiva 95/15/CE de la Comisión
Directiva 95/67/CE de la Comisión
Directiva 96/10/CE del Parlamento Europeo y del ConsejoDirectiva 98/32/CE del Parlamento Europeo y del ConsejoDirectiva 98/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (artículo 2)
Directiva 92/30/CEE del Consejo
Directiva 92/121/CEE del Consejo2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 71
▼B
PARTE B
PLAZOS DE TRANSPOSICIÓN
(contemplados en el artículo 67)
DirectivaFecha límite
de transposi-
ción
73/183/CEE (DO L 194 de 16.7.1973, p. 1) 2.1.1975(1)
77/780/CEE (DO L 322 de 17.12.1977, p. 30) 15.12.1979
85/345/CEE (DO L 183 de 16.7.1985, p. 19) 15.7.1985
86/137/CEE (DO L 106 de 23.4.1986, p. 35) —86/524/CEE (DO L 309 de 4.11.1986, p. 15) 31.12.1986
89/299/CEE (DO L 124 de 5.5.1989, p. 16) 1.1.1993
89/646/CEE (DO L 386 de 30.12.1989, p. 1) apartado 2 del artículo 6 1.1.1990
otras disposiciones 1.1.1993
89/647/CEE (DO L 386 de 30.12.1989, p. 14) 1.1.1991
91/31/CEE (DO L 17 de 23.1.1991, p. 20) 31.3.199191/633/CEE (DO L 339 de 11.12.1991, p. 16) 31.12.1992
92/16/CEE (DO L 75 de 31.3.1992, p. 48) 31.12.1992
92/30/CEE (DO L 110 de 28.4.1992, p. 52) 31.12.199292/121/CEE (DO L 29 de 5.2.1993, p. 1) 31.12.1993
94/7/CE (DO L 89 de 6.4.1994, p. 17) 25.11.1994
95/15/CE (DO L 125 de 8.6.1995, p. 23) 30.9.199595/26/CE (DO L 168 de 18.7.1995, p. 7) 18.7.1996
95/67/CE (DO L 314 de 28.12.1995, p. 72) 1.7.1996
96/10/CE (DO L 85 de 3.4.1996, p. 17) 30.6.199696/13/CE (DO L 66 de 16.3.1996, p. 15) 15.4.1996
98/32/CE (DO L 204 de 21.7.1998, p. 26) 21.7.2000
98/33/CE (DO L 204 de 21.7.1998, p. 29) 21.7.2000
(1) En qualquier caso, en lo relativo a la supresión de la restricción contemplada en la letra g) del apartado 2 del
artículo 3, este plazo fue para los Países Bajos el 2 de julio de 1977 (véase el segundo párrafo del artículo 8 de laDirectiva 73/183/CEE).2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 72
ANEXO VI
TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Artículo 1, punto 1 Artículo 1, primer
guiónArtículo 1, primer
guiónArtículo 1, letra a)
Artículo 1, punto 2 Artículo 1, segundo
guión
Artículo 1, punto 3 Artículo 1, punto 3
Artículo 1, puntos 4 a 8 Artículo 1, puntos 5 a
9
Artículo 1, punto 9 Artículo 1, sexto
guión
Artículo 1, puntos 10 y
11Artículo 1, puntos 10
a1 1
Artículo 1, punto 12 Artículo 1, punto 12 Artículo 1, septimo
guiónArtículo 1, letra c)
Artículo 1, punto 13 Artículo 1, punto 13 Artículo 1, octavo
guiónArtículo 1, letra d)
Artículo 1, puntos 14 a
17Artículo 2, apartado
1, segundo a quinto
guiones
Artículo 1, puntos 18 a
20Artículo 2, apartado
1, sexto a octavo
guiones
Artículo 1, puntos 21 a
23Artículo 1, tercier a
quinto guiones
Artículo 1, punto 24 Artículo 1, letra h)
Artículo 1, punto 25 Artículo 1, letra m)
Artículo 1, punto 26 Artículo 1, quinto
guión
Artículo 1, punto 27 Artículo 2, apartado
1, noveno guión▼B2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 73
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Artículo 2, apartado 1 Artículo 2, apartado 1 Artículo 2, apartado 1 Artículo 1, apartado 1
Artículo 2, apartado 2 Artículo 2
Artículo 2, apartado 3 Artículo 2, apartado 2Artículo 2, apartado 4 Artículo 2, apartado 3Artículo 2, apartado 5,
párrafo primeroArtículo 2, apartado
4, letra a)
Artículo 2, apartado 5,
párrafo segundoArtículo 2, apartado
4, letra b)
Artículo 2, apartado 5,
párrafo terceroArtículo 2, apartado
4, letra c)
Artículo 2, apartado 6 Artículo 2, apartado 3 Artículo 1, apartado 3 Artículo 2, párrafo
segundo, letra b)
Artículo 3 Artículo 3Artículo 4 Artículo 3, apartado 1Artículo 5, apartado 1,
párrafo primeroArtículo 3, apartado
2, párrafo primeroArtículo 4, apartado 1
Artículo 5, apartado 1,
párrafo segundoArtículo 10, apartado
1, párrafo tercero
Artículo 5, apartado 2 Artículo 4, apartado
2, frase introductiva y
letras a), b) y c)
Artículo 5, apartados 3
a7Artículo 10, apar-
tados 1 a 5
Artículo 6, apartado 1 Artículo 3, apartado
2, párrafo segundo
Artículo 6, apartado 2 Artículo 3, apartado 2
bis
Artículo 7, apartados 1
y2Artículo 5, párrafo
primero, Artículo 1,
punto 10, párrafo
segundo y Artículo 5,
párrafo segundo
Artículo 7, apartado 3 Artículo 3, apartado
2, párrafos tercero,
cuarto y quinto▼B2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 74
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Artículo 8 Artículo 3, apartado 4
Artículo 9 Artículo 3, apartado
3, letra a)
Artículo 10 Artículo 3, apartado 6
Artículo 11 Artículo 3, apartado 7
Artículo 12 Artículo 7Artículo 13 Artículo 6, apartado 1Artículo 14, apartado 1 Artículo 8, apartado 1Artículo 14, apartado 2 Artículo 8, apartado 5Artículo 15 Artículo 5Artículo 16, apartados
1a5Artículo 11, apar-
tados 1 a 5
Artículo 16, apartado 6 Artículo 1, punto 10,
párrafo segundo
Artículo 17 Artículo 13, apartado
2
Artículo 18 Artículo 18. apartado
1
Artículo 19 Artículo 18, apartado
2
Artículo 20, apartados
1a6Artículo 19
Artículo 20, apartado 7 Artículo 23, apartado
1
Artículo 21, apartados
1y2Artículo 20
Artículo 21, apartado 3 Artículo 23, apartado
2
Artículo 22 Artículo 21Artículo 23, apartado 1 Artículo 8
Artículo 23, apartados
2a7Artículo 9
Artículo 24 Artículo 9▼B2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 75
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Artículo 25 Artículo 8
Artículo 26 Artículo 13, apar-
tados 1 y 3
Artículo 27 Artículo 14, apartado
2
Artículo 28 Artículo 7 apartado 1Artículo 29 Artículo 15Artículo 30, apartados
1a5Artículo 12, apar-
tados 1 a 5
Artículo 30, apartado 6 Artículo 12, apartado
5bis
Artículo 30, apartado 7 Artículo 12, apartado
5ter
Artículo 30, apartado 8 Artículo 12, apartado
6
Artículo 30, apartado 9 Artículo 12, apartado
7
Artículo 30, apartado
10Artículo 12, apartado
8
Artículo 31 Artículo 12 bis
Artículo 32 Artículo 17
Artículo 33 Artículo 13
Artículo 34, apartado 1 Artículo 1, apartado 1Artículo 34, apartados
2a4Artículo 2, apartados
1a3
Artículo 35 Artículo 3
Artículo 36 Artículo 4
Artículo 37 Artículo 5Artículo 38 Artículo 6, apartados
1y4
Artículo 39 Artículo 7
Artículo 40 Artículo 3, apartados
1 a 4, 7 y 8▼B2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 76
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Artículo 41 Artículo 4
Artículo 42 Artículo 5
Artículo 43 Artículo 6
Artículo 44 Artículo 7
Artículo 45 Artículo 8
Artículo 46 Artículo 2, apartado 2
Artículo 47 Artículo 10
Artículo 48 Artículo 3
Artículo 49 Artículo 4, apartados
1 a 7, letra r), párrafo
segundo, primera
frase, y apartado 7,
letra s), a apartado 12
Artículo 50 Artículo 5, apartados
1a3
Artículo 51, apartados
1a5Artículo 12, apar-
tados 1 a 5
Artículo 51, apartado 6 Artículo 12, apartado
8
Artículo 52, apartados
1a7Artículo 3, apartados
1a7
Artículo 52, apartados
8y9Artículo 3, apartados
5y6Artículo 3, apartados
8y9Artículo 5, apartados
4y5
Artículo 52, apartado
10Artículo 3, apartado
10
Artículo 53 Artículo 4
Artículo 54 Artículo 5
Artículo 55 Artículo 6
Artículo 56 Artículo 7
Artículo 57 Artículo 11Artículo 58 Artículo 3, apartado 5
Artículo 59 Artículo 6▼B2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 77
Presente Directiva Directiva 77/780/CEE Directiva 89/299/CEE Directiva 89/646/CEE Directiva 89/647/CEE Directiva 92/30/CEE Directiva 92/121/ CEE Directiva 96/10/CE
Artículo 60 Artículo 8 Artículo 22 Artículo 9 Artículo 7
Artículo 61 Artículo 4 bis
Artículo 62, apartados
1y2Artículo 11, apar-
tados 4 y 5
Artículo 62, apartado 3 Artículo 2
Artículo 63 Artículo 11, apar-
tados 1 a 3
Artículo 64 Artículo 6, apartados
1a9
Artículo 65 Artículo 12, apartado
7
Artículo 66 Artículo 14, apartado
2Artículo 9, apartado 2 Artículo 24, apartado
3Artículo 12, apartado
2
Artículo 67 — — — — — — —
Artículo 68 — — — — — — —
Artículo 69 — — — — — — —
Anexo I Anexo
Anexo II Anexo I
Anexo III Anexo II
Anexo IV Anexo III
Anexo V — — — — — — —
Anexo VI — — — — — — —▼B2000L0012 — ES — 27.10.2000 — 001.001 — 78