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►B DIRECTIVA 97/80/CE DELCONSEJO
de 15 de diciembre de 1997
relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo
(DO L 14 de 20.1.1998, p. 6)
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DIRECTIVA 97/80/CE DELCONSEJO
de 15 de diciembre de 1997
relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por
razón de sexo
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Acuerdo sobre la política social anejo al Protocolo no14 sobre
la política social, a su vez anejo al Tratado constitutivo de la Comu-nidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 2,
Vista la propuesta de la Comisión (
1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C
del Tratado(3),
(1)Considerando que, con arreglo al Protocolo sobre la políticasocial anejo al Tratado, los Estados miembros, con excepción delReino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, denominadosen los sucesivo «Estados miembros», deseando aplicar la CartaSocial de 1989, convinieron entre ellos un Acuerdo sobre políticasocial;
(2)Considerando que la Carta comunitaria de los derechos socialesfundamentales de los trabajadores reconoce la importancia de lalucha contra la discriminación en todas sus formas, especialmentelas que se basan en el sexo, el color, la raza, las opiniones y lascreencias;
(3)Considerando que el punto 16 de la Carta comunitaria de losderechos sociales fundamentales de los trabajadores, relativo a laigualdad de trato entre hombres y mujeres, establece, entre otrascosas, que «conviene intensificar, dondequiera que ello sea nece-sario, las acciones destinadas a garantizar la realización de laigualdad entre hombres y mujeres, en particular para el acceso alempleo, la retribución, las condiciones de trabajo, la protecciónsocial, la educación, la formación profesional y la evolución de lacarrera profesional»;
(4)Considerando que, de conformidad con el apartado 2 del artículo3 del Acuerdo sobre la política social, la Comisión consultó a losinterlocutores sociales a nivel comunitario sobre la posible orien-tación de una acción comunitaria en materia de carga de laprueba en los casos de discriminación por razón de sexo;
(5)Considerando que la Comisión, al estimar tras dicha consulta queera aconsejable una acción comunitaria, volvió a consultar adichos interlocutores sociales acerca del contenido de lapropuesta prevista de conformidad con el apartado 3 del artículo3 del mencionado Acuerdo; que éstos remitieron su opinión a laComisión;
(6)Considerando que, al concluir esta segunda fase de consultas, losinterlocutores sociales no informaron a la Comisión de suvoluntad de iniciar el proceso, que podría conducir a la celebra-ción de un acuerdo, a que se refiere el artículo 4 del mencionadoAcuerdo;
(1) DO C 332 de 7. 11. 1996, p. 11 y
DO C 185 de 18. 6. 1997, p. 21.
(2) DO C 133 de 28. 4. 1997, p. 34.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de abril de 1997 (DO C 132 de
28. 4. 1997, p. 215), Posición común del Consejo de 24 de julio de 1997(DO C 307 de 8. 10. 1997, p. 6) y Decisión del Parlamento Europeo de 6de noviembre de 1997 (DO C 358 de 24. 11. 1997).
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(7)Considerando que, según el artículo 1 del Acuerdo, la Comu-
nidad y los Estados miembros tienen por objetivo, entre otros,mejorar las condiciones de vida y de trabajo; que la aplicaciónefectiva del principio de igualdad de trato entre hombres ymujeres contribuirá a la realización de dicho objetivo;
(8)Considerando que el principio de la igualdad de trato ha sidoenunciado por el artículo 119 del Tratado y en la Directiva75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a laaproximación de las legislaciones de los Estados miembros quese refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribuciónentre los trabajadores masculinos y femeninos(
1), así como en la
Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976,relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entrehombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a laformación y a la promoción profesionales, y a las condiciones detrabajo(
2);
(9)Considerando que la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 deoctubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas parapromover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo dela trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período delactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (
3) contribuye igual-
mente a la realización efectiva de la igualdad de trato entrehombres y mujeres; que dicha Directiva no debe menoscabar lasDirectivas antes mencionadas en materia de igualdad de trato;que las trabajadoras a que se refiere dicha Directiva deberíanbeneficiarse, por lo tanto, en las mismas condiciones, de la modi-ficación de las normas relativas a la carga de la prueba;
(10)Considerando que la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 dejunio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permisoparental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES (
4) se basa
también en el principio de igualdad de trato entre hombres ymujeres;
(11)Considerando que las referencias a la «vía jurisdiccional» y al«órgano jurisdiccional» incluyen mecanismos mediante los cualespueden presentarse litigios para su examen y decisión a órganosindependientes que pueden adoptar decisiones vinculantes paralas partes de dichos litigios;
(12)Considerando que la mención «procedimientos extrajudiciales»se refiere, en particular, a procedimientos como la conciliación yla mediación;
(13)Considerando que la apreciación de los hechos de los que puedaresultar la presunción de haberse producido una discriminacióndirecta o indirecta corresponde a los órganos judiciales nacio-nales u otros órganos competentes, con arreglo al Derechonacional y/o a las prácticas nacionales;
(14)Considerando que los Estados miembros están facultados paraintroducir, en todas las fases de los procedimientos, un régimenprobatorio que resulte más favorable a la parte demandante;
(15)Considerando que es preciso tener en cuenta las característicasespecíficas de los sistemas jurídicos de determinados Estadosmiembros, entre otros casos, cuando se puede llegar a la conclu-sión de que existe discriminación si la parte demandada noconsigue convencer al órgano jurisdiccional o a la autoridadcompetente de que no se ha violado el principio de igualdad detrato;
(1) DO L 45 de 19. 2. 1975, p. 19.
(2) DO L 39 de 14. 2. 1976, p. 40.
(3) DO L 348 de 28. 11. 1992, p. 1.
(4) DO L 145 de 19. 6. 1996, p. 4.
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(16)Considerando que los Estados miembros podrán abstenerse de
aplicar las normas relativas a la carga de la prueba a los procedi-mientos en que sea el tribunal o el órgano competente quien debainstruir los hechos en cuestión; que en los procedimientos de estetipo la parte demandante queda dispensada de probar los hechoscuya instrucción incumba al tribunal o al órgano competente;
(17)Considerando que las partes demandantes podrían quedarprivadas de cualquier medio eficaz para hacer respetar el prin-cipio de igualdad de trato ante la jurisdicción nacional si el hechode aportar indicios de que existe una discriminación no tuvieracomo efecto imponer a la parte demandada la carga de la pruebade que su práctica no es, en realidad, discriminatoria;
(18)Considerando que el Tribunal de Justicia de las ComunidadesEuropeas ha considerado, por consiguiente, que las normas rela-tivas a la carga de la prueba deben modificarse cuando haya uncaso de discriminación aparente y que, para la aplicación efectivadel principio de igualdad de trato, la carga de la prueba deberecaer en la parte demandada cuando se aporten indicios de dichadiscriminación;
(19)Considerando que la prueba de la discriminación es aún másdifícil de aportar cuando la discriminación es indirecta; que, porlo tanto, es necesario definir la discriminación indirecta;
(20)Considerando que el objetivo de modificar adecuadamente lasnormas de la carga de la prueba no se ha logrado suficientementeen todos los Estados miembros y que, de conformidad con elprincipio de subsidiariedad enunciado en el artículo 3 B delTratado y con el principio de proporcionalidad, es necesarioalcanzarlo a nivel comunitario; que la presente Directiva se limitaal mínimo requerido y no excede de lo necesario a tal fin,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
Objetivo
El objetivo de la presente Directiva es mejorar la eficacia de las
medidas adoptadas por los Estados miembros en aplicación del prin-cipio de igualdad de trato, que permitan que todas las personas que seconsideren perjudicadas por la no aplicación, en lo que a ellas se refiere,del principio de igualdad de trato puedan invocar sus derechos en víajurisdiccional después de haber recurrido, en su caso, a otros órganoscompetentes.
Artículo 2
Definiciones
1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por principio de
igualdad de trato la ausencia de toda discriminación por razón de sexo,bien sea directa o indirecta.
2. A efectos del principio de igualdad de trato contemplado en el
apartado 1, existirá discriminación indirecta cuando una disposición,criterio o práctica aparentemente neutro afecte a una proporción sustan-cialmente mayor de miembros de un mismo sexo salvo que dichadisposición, criterio o práctica no resulte adecuado y necesario y puedajustificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con elsexo.
Artículo 3
Ámbito de aplicación
1. La presente Directiva se aplicará:
a) a las situaciones cubiertas por el artículo 119 del Tratado CE y las
Directivas 75/117/CEE, 76/207/CEE, y en la medida en que exista
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discriminación por razón de sexo, las Directivas 92/85/CEE y 93/34/CE;
b) a cualquier procedimiento civil o administrativo relativo a los
sectores público o privado que prevea un recurso con arreglo alDerecho nacional en aplicación de las disposiciones contempladas enla letra a), con excepción de los procedimientos extrajudiciales decarácter voluntario o previstos en el Derecho nacional.
2. La presente Directiva no se aplicará a los procesos penales, salvo
que los Estados miembros así lo dispusieren.
Artículo 4
Carga de la prueba
1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judi-
ciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una personaque se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ellla serefiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órganojurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumirla existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a laparte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principiode igualdad de trato.
2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho de los
Estados miembros a imponer un régimen probatorio más favorable a laparte demandante.
3. Los Estados miembros podrán abstenerse de aplicar el apartado 1
a los procedimientos en los que la instrucción de los hechos corres-ponda a los órganos jurisdiccionales o al órgano competente.
Artículo 5
Información
Los Estados miembros velarán por que las medidas adoptadas en aplica-
ción de la presente Directiva y las disposiciones ya en vigor en lamateria se pongan en conocimiento de todos los interesados por todoslos medios apropiados.
Artículo 6
Salvaguardia del nivel de protección
La aplicación de las disposiciones de la presente Directiva no consti-
tuirá en ningún caso motivo suficiente para justificar la reducción delnivel general de protección de los trabajadores en el ámbito reguladopor ella, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar,habida cuenta de la evolución de la situación, disposiciones legales,reglamentarias o administrativas diferentes de las existentes en elmomento de la notificación de la presente Directiva, siempre y cuandose respeten las exigencias mínimas previstas en la presente Directiva.
Artículo 7
Aplicación
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecidoen la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 2001. Informaráninmediatamente de ello a la Comisión.
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Por lo que respecta al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,la fecha del 1 de enero de 2001 que figura en el primer párrafo sesustituirá por el 22 de julio de 2001.
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas haránreferencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha refe-rencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán lasmodalidades de la mencionada referencia.
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Los Estados miembros transmitirán a la Comisión, a más tardar dosaños después de comenzar la aplicación de la presente Directiva, todoslos datos necesarios para que ésta elabore un informe destinado alParlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presenteDirectiva.
Artículo 8
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.