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"BPRIMERA DIRECTIV A DEL CONSEJO
de 5 de marzo de 1979
sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, referentes al
acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a su ejercicio
(79/267/CEE)
(DO L 63 de 13.3.1979, p. 1)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
"M1 Segunda Directiva 90/619/CEE del Consejo de 8 de noviembre de
1990L 330 50 29.11.1990
"M2 Directiva 92/96/CEE del Consejo de 10 de noviembre de 1992 L 360 1 9.12.1992
"M3 Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29
de junio de 1995L 168 7 18.7.1995
Modificada por:
"A1 Acta de adhesión de Grecia (*) L 291 17 19.11.1979
"A2 Acta de adhesión de España y de Portugal L 302 23 15.11.1985
"A3 Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia C 241 21 29.8.1994
(adaptada por Decisión 95/1/CE, Euratom, CECA del Consejo) L 1 1 1.1.1995
(*) No existe versión en español de este acto.1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 1
PRIMERA DIRECTIV A DEL CONSEJO
de 5 de marzo de 1979
sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas, referentes al acceso a la actividad del seguro directo
sobre la vida, y a su ejercicio
(79/267/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en
particular, sus artículos 49 y 57,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando que, para facilitar el acceso a las actividades de los seguros
sobre la vida y su ejercicio, es necesario eliminar algunas divergencias
existentes entre las legislaciones nacionales en materia de control; que,
para realizar este fin, garantizando una protección adecuada a los
asegurados y a los beneficiarios en todos los Estados miembros,
conviene coordinar especialmente las disposiciones relativas a las
garantías financieras exigidas a las empresas de seguros sobre la vida;
Considerando que es necesaria una clasificación por ramos para
determinar, en particular, las actividades sujetas a autorización
obligatoria;
Considerando que conviene excluir del ámbito de aplicación de la
presente Directiva algunas mutuas que, en virtud de su régimen jurídico,
reúnen condiciones de seguridad y ofrecen garantías financieras
específicas; que conviene, además, excluir algunos organismos cuya
actividad sólo se extiende a un sector muy reducido y se encuentra
estatutariamente limitada;
Considerando que los Estados miembros tienen regulaciones y usos
diferentes a propósito de la acumulación del seguro sobre la vida y el
seguro contra daños; que no debe permitirse la práctica de esta
acumulación a las nuevas empresas que se constituyan; que, en lo que se
refiere a las empresas existentes que practican esta acumulación, se
puede dejar a los Estados miembros la posibilidad de autorizarlas a
continuar con esta práctica, siempre que adopten una gestión separada
para cada una de sus actividades, con el fin de que los intereses
respectivos de los asegurados sobre la vida y de los asegurados contra
daños sean protegidos, y que las obligaciones financieras mínimas
referentes a una de esas actividades no sean soportadas por la otra; que,
cuando una de esas empresas desee establecerse en un Estado miembro
para ejercer en él el ramo «vida», conviene que constituya con este fin
una filial que pueda beneficiarse a título transitorio de algunas
facilidades; que, en lo que respecta a esas mismas empresas existentes
que practican la acumulación, hay que dejar también a los Estados
miembros la posibilidad de que puedan exigir que esas empresas,
establecidas en su territorio, pongan fin a su acumulación; que, por otra
parte, hay que someter a una vigilancia especial a las empresas
especializadas, cuando aseguren «daños»y pertenezcan al mismo grupo
financiero que una empresa «vida».
Considerando que, en cada Estado miembro, el seguro sobre la vida está
sometido a una autorización y a un control administrativo, pero que hace
falta precisar las condiciones para otorgar o retirar esta autorización; que
es indispensable prever un recurso jurisdiccional contra las decisiones de
rechazo o de retirada;!B
(1)D O noC 35 de 28. 3. 1974, p. 9.
(2)D O noC 140 de 13. 11. 1974, p. 44.
(3)D O noC 109 de 19. 9. 1974, p. 1.1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 2
Considerando que, en lo que se refiere a las reservas técnicas, incluidas
las reservas matemáticas, se pueden adoptar las mismas normas que para
los seguros contra daños: localización en el país de explotación,
regulación de este país para los métodos de cálculo, determinación de las
categorías de inversión y evaluación de activos; que, aunque parezca
oportuno coordinar esas distintas materias, ello no es sin embargo
indispensable en el marco de la presente Directiva y puede realizarse
posteriormente;
Considerando que es necesario que las empresas de seguros dispongan,
además de reservas técnicas incluidas las reservas matemáticas,
suficientes para hacer frente a las obligaciones contraídas, de una
reserva complementaria, denominada «margen de solvencia», represen-
tada por el patrimonio libre y, con la aprobación de la autoridad de
control, por elementos implícitos del patrimonio para hacer frente a los
riesgos de la explotación; que, para asegurar a este respecto que las
obligaciones impuestas sean determinadas en función de criterios
objetivos, mediante los que se sitúe en pie de igualdad de competencia
a las empresas de una misma importancia, conviene prever que este
margen sea proporcional al conjunto de obligaciones contractuales de la
empresa y a la naturaleza y gravedad de los riesgos que presentan las
diversas actividades que entran en el ámbito de aplicación, de la presente
Directiva; que este margen debe ser pues distinto según se trate de riesgo
de inversión, de riesgo de mortalidad o únicamente de riesgo de gestión;
que debe ser así determinado, bien en función de las reservas
matemáticas y de los capitales sujetos al riesgo adquirido por la
empresa, bien en función de las primas o contribuciones cobradas, bien
en función únicamente de las reservas, o bien en función de los activos
de las asociaciones tontinas;
Considerando que es necesario exigir un fondo de garantía cuyo importe
y composición sean tales que dé la garantía de que las empresas
disponen, desde el momento de su constitución, de medios adecuados y
que en ningún caso el margen de solvencia disminuya durante su
actividad por debajo de un mínimo de seguridad; que tal fondo de
garantía debe estar constituido, en su totalidad, o en una parte
determinada, por elementos explícitos del patrimonio;
Considerando que es necesario prever medidas para el caso en el que la
situación financiera de la empresa llegase a ser tal que le fuera difícil
cumplir sus obligaciones;
Considerando que las normas coordinadas referentes al ejercicio de las
actividades de seguro directo dentro de la Comunidad deben, en
principio, aplicarse a todas las empresas que intervengan en el mercado,
así como, igualmente, a las agencias y sucursales de las empresas cuya
sede social esté situada fuera de la Comunidad; que conviene sin
embargo prever, en cuanto a las modalidades de control, disposiciones
especiales para esas agencias y sucursales, por el hecho de que el
patrimonio de las empresas de las que dependen se encuentra fuera de la
Comunidad;
Considerando que es conveniente prever la celebración de acuerdos de
reciprocidad con uno o más países terceros, con el fin de suavizar esas
condiciones especiales, y respetando el principio de que las agencias y
sucursales de esas empresas no deben tener un tratamiento más favorable
que las empresas de la Comunidad;
Considerando que son necesarias algunas disposiciones transitorias con
el objeto de permitir, en particular a las pequeñas y medianas empresas
existentes, adaptarse a las normas que deben ser tomadas por los Estados
miembros en virtud de la presente Directiva, sin perjuicio de aplicar el
artículo 53 del Tratado;
Considerando que el artículo 52 del Tratado es directamente aplicable
desde el final del período de transición y que, en consecuencia, no es
preciso desde ese momento adoptar directivas sobre supresión de las
restricciones a la libertad de establecimiento; que, sin embargo, las
disposiciones relativas a las pruebas de honorabilidad y de ausencia de
quiebra que figuran en la Directiva 73/240/CEE del Consejo, de 24 de
julio de 1973, dirigidas a suprimir, en materia de seguro directo distinto!B1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 3
del seguro sobre la vida, las restricciones a la libertad de establecimien-
to (1), por una parte no constituyen propiamente hablando restricciones y,
por otra parte, son igualmente necesarias en materia de seguros sobre la
vida; que, en consecuencia, deben ser incluídas en la presente Directiva
de coordinación;
Considerando que es importante garantizar la aplicación uniforme de las
normas coordinadas y prever, a este fin, una estrecha colaboración entre
la Comisión y los Estados miembros en esta materia,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
La presente Directiva se refiere al acceso a la actividad por cuenta propia
del seguro directo, practicada por las empresas que están establecidas en
un Estado miembro o que deseen establecerse, y su ejercicio, para las
actividades definidas a continuación:
1. Los seguros siguientes, cuando deriven de un contrato:
a) el ramo «vida», es decir el que comprende especialmente el
seguro en caso de vida, en caso de muerte, el seguro mixto, el
seguro sobre la vida con contraseguro, el seguro de «nupciali-
dad» el seguro de «natalidad»,
b) el seguro de renta;
c) los seguros complementarios practicados por las empresas de
seguros sobre la vida, es decir, en especial los seguros de
«lesiones corporales, incluida la incapacidad para el trabajo
profesional», los seguros de «muerte por accidente», los seguros
de «invalidez por accidente y enfermedad», siempre que estas
variedades de seguros sean suscritas como complementarias de
los seguros de vida;
d) el seguro practicado en Irlanda y en el Reino Unido, denominado
«permanent health insurance» (seguro de enfermedad, de larga
duración, no rescindible).
2. Las siguientes operaciones, cuando deriven de un contrato, siempre
que sean intervenidas por las autoridades administrativas competen-
tes para el control de los seguros privados "M2 3:
a) las operaciones tontinas que lleven consigo la constitución de
asociaciones que reúnan participantes para capitalizar en común
sus contribuciones y para repartir el activo así constituido entre
los supervivientes, o entre sus herederos;
b) las operaciones de capitalización basadas en una técnica
actuarial que suponga, a cambio de pagos únicos o periódicos
fijados por adelantado, compromisos determinados en cuanto a
su duración y a su importe;
c) las operaciones de gestión de fondos colectivos de pensiones, es
decir, operaciones que supongan para la empresa en cuestión,
administrar las inversiones y en especial los activos represen-
tativos de las reservas de los organismos que suministran las
prestaciones en caso de muerte, en caso de vida o en caso de
cese o reducción de actividades;
d) las operaciones mencionadas en la letra c), cuando lleven
consigo una garantía de seguro, sea sobre la conservación del
capital, sea sobre el servico de un interés mínimo;!B
(1)D O noL 228 de 16. 8. 1973, p. 20.1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 4
e) las operaciones efectuadas por sociedades de seguros, tales
como las mencionadas en el Capítulo 1 del Título 4 del Libro IV
del «Code français des assurances».
3. Las operaciones que dependan de la duración de la vida humana,
definidas o previstas por la legislación de los seguros sociales,
cuando sean practicadas o administradas de conformidad con la
legislación de un Estado miembro por empresas de seguro a su
propio riesgo.
Artículo 2
La presente Directiva no se refiere:
1. Sin perjuicio de la aplicación de la letra c) del punto 1 del artículo 1
de la presente Directiva, a los ramos definidos en el Anexo de la
primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973,
sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas referentes al acceso a la actividad del seguro directo
distinto del seguro sobre la vida, y su ejercicio (1), en lo sucesivo
denominada «primera Directiva de coordinación “daños’’».
2. A las operaciones de los organismos de previsión y de asistencia que
concedan prestaciones variables según los recursos disponibles y
determinen a tanto alzado la contribución de sus partícipes.
3. A las operaciones efectuadas por organismos distintos de las
empresas referidas en el artículo 1, cuyo objeto sea suministrar a
los trabajadores (por cuenta ajena o por cuenta propia, agrupados en
el marco de una empresa o de un grupo de empresas o de un sector
profesional o interprofesional) prestaciones en caso de muerte, en
caso de vida o en caso de cese o de reducción de actividades,
independientemente de si los compromisos que resulten de estas
operaciones estén o no cubiertos íntegramente y en todo momento
por reservas matemáticas.
4. A los seguros incluidos en un régimen legal de seguridad social, sin
perjuicio de la aplicación del punto 3 del artículo 1.
Artículo 3
La presente Directiva no se refiere a:
1. Los organismos que garanticen únicamente prestaciones en caso de
muerte, cuando el importe de estas prestaciones no exceda del valor
medio de los gastos funerarios por un fallecimiento, o cuando estas
prestaciones se sirvan en especie.
2. Las mutuas de seguros que, al mismo tiempo:
— prevean en sus estatutos la posibilidad de proceder a descuentos
por contribución adicional, o de reducir las prestaciones, o de
solicitar la ayuda de otras personas que hayan suscrito un
compromiso con este fin,
— no excedan de 500 000 unidades de cuenta durante tres años
consecutivos en su importe anual de las contribuciones
percibidas con arreglo a las actividades cubiertas por la presente
Directiva. Si este importe se sobrepasa durante tres años
consecutivos, la presente Directiva se aplicará a partir del cuarto
año.
Artículo 4
La presente Directiva no se aplicará, salvo modificación de sus estatutos
en cuanto a la competencia, en la República Federal de Alemania, al
«Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen» y, en Lu-
xemburgo, a la «Caisse d’épargne de l’Etat».!B
(1)D O noL 228 de 16. 8. 1973, p. 3.1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 5
!A3
La presente Directiva no afectará a las actividades sobre pensiones de las
empresas de seguros de pensión señaladas en la Ley de pensiones de los
trabajadores por cuenta ajena (TEL) y demás legislación finlandesa
relacionada con ella, siempre que:
a) las empresas de seguros de pensión que, con arreglo a la legislación
finlandesa ya están obligadas a utilizar sistemas de contabilidad y de
gestión separados para sus actividades relativas a las pensiones,
establecerán además, a partir de la fecha de adhesión, entidades
jurídicas independientes para llevar a cabo dichas actividades;
b) las autoridades finlandesas permitirán de forma no discriminatoria
que todos los ciudadanos y empresas de los Estados miembros lleven
a cabo, de conformidad con la normativa finlandesa, todas las
actividades señaladas en el artículo 1 en relación con esta excepción
— bien mediante la propiedad o la participación en una empresa o
grupo de seguros existente;
— bien mediante la creación o la participación en nuevas empresas
o grupos de seguros, incluidas las empresas de seguros de
pensión;
c) las autoridades finlandesas presentarán a la Comisión, para su
aprobación y dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha de
adhesión, un informe en el que se indiquen las medidas que se han
adoptado para separar las actividades TEL de las actividades de
seguros habituales de las empresas de seguros finlandesas para
ajustarse a los requisitos de la tercera Directiva de seguros de vida.
Artículo 5
Con arreglo a la presente Directiva, se entiende por:
a) unidad de cuenta: la unidad de cuenta europea (UCE) definida por el
artículo 10 del Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977,
aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (1);
cada vez que la presente Directiva hace referencia a la unidad de
cuenta, el contravalor en moneda nacional que se habrá de tomar en
consideración a partir del 31 de diciembre de cada año, será aquél
del último día del mes de octubre precedente, para el cual sean
disponibles los contravalores de la unidad de cuenta europea en todas
las monedas de la Comunidad;
b) congruencia: la representación de los compromisos exigibles en una
moneda, por los activos expresados o realizables en esta misma
moneda;
c) localización de los activos: la existencia de activos mobiliarios o
inmobilarios en un Estado miembro, sin que, sin embargo, los
activos mobiliarios deban ser depositados y los activos inmobiliarios
deban estar sujetos a medidas restrictivas, como la inscripción de
hipotecas; los activos representados por créditos serán considerados
como situados en el Estado miembro donde fueren realizables;
d) capital a riesgo: la cantidad indemnizable por muerte, menos la
reserva matemática del riesgo principal.
(1)D O noL 356 de 31. 12. 1977, p. 1.!B1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 6
TITULO II
NORMAS APLICABLES A LAS EMPRESAS CUYA SEDE
SOCIAL ESTE DENTRO DE LA COMUNIDAD
SECCIÓN A
Condiciones de acceso
Artículo 6
El acceso a las actividades contempladas en la presente Directiva estará
supeditado a la concesión de una autorización administrativa previa.
Esta autorización será solicitada a las autoridades del Estado miembro de
origen, por:
a) la empresa que fije su domicilio social en el territorio de dicho
Estado miembro;
b) la empresa que, tras haber recibido la autorización contemplada en el
párrafo primero, extienda sus actividades al conjunto de un ramo o a
otros ramos.
Artículo 7
1. La autorización será válida para toda la Comunidad. Permitirá a la
empresa ejercer en ella actividades, en régimen de derecho de
establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
2. La autorización se concederá por ramos cuya clasificación figura en
el Anexo. Abarcará el ramo completo, salvo que el solicitante sólo desee
cubrir una parte de los riesgos correspondientes a dicho ramo.
Las autoridades competentes podrán limitar la autorización solicitada
para un ramo exclusivamente a las actividades contenidas en el programa
de actividades contemplado en el artículo 9.
Cada Estado miembro tendrá la facultad de conceder la autorización para
varios ramos, siempre que la legislación nacional admita el ejercicio
simultáneo de tales ramos.
Artículo 8
1. El Estado miembro de origen exigirá que las empresas de seguros
que soliciten autorización:
a) adopten una de las formas siguientes:
— en el Reino de Bélgica: «société anonyme»/«naamloze
vennootschap», «société en commandite par actions»/«com-
manditaire vennootschap op aandelen», «association d’assuran-
ce mutuelle»/«onderlinge verzekeringsvereniging», «société
coopérative»/«coöperatieve vennootschap»;
— en el Reino de Dinamarca: «aktieselskaber», «gensidige
selskaber», «pensionskasser omfattet af lov em forsikrings-
virksomhed (tværgående pensionskasser)»;
— en la República Federal de Alemania: «Aktiengesellschaft»,
«Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Öffentlich-rechtli-
ches Wettbewerbsversicherungsunternehmen»;
— en la República Francesa: «Société anonyme», «société
d’assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie par le
code de la sécurité sociale», «institution de prévoyance régie par
le code rural», «mutuelles régies par le code de la mutualité»;
— en Irlanda: «incorporated companies limited by shares or by
guarantee or unlimited, societies registred under the Industrial
and Provident Societies Acts, societies registred under the
Friendly Societies Acts»;!B
!M21979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 7
— en la República Italiana: «società per azioni», «società
cooperativa», «mutua di assicurazione»;
— en el Gran Ducado de Luxemburgo: «société anonyme»,
«société en commandite par actions», «association d’assurances
mutuelles», «société coopérative»;
— en el Reino de los Países Bajos: «naamloze vennootschap»,
«onderlinge waarborgmaatschappij»;
— en el Reino Unido: «incorporated companies limited by shares
or by guarantee or unlimited», «societies registered under the
Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered or
incorporated under the Friendly Societies Acts», «the associa-
tion of underwriters known als Lloyd’ s»;
— en la República Helénica: « ανών/dzetaµη εταιρ íα»;
—en el Reino de España: «sociedad anónima», «sociedad mutua»,
«sociedad cooperativa»;
— en la República Portuguesa: «sociedade anónima», «mútua de
seguros»;
— en el caso de la República de Austria: «Aktiengesellschaft»,
«Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»;
— en el caso de la República de Finlandia: «keskinäinen vakuu-
tusyhtiö»/«ömsesidigt försäkringsbolag»/«vakuutusosakeyh-
tiö»/«försäkringsaktiebolag»/«vakuutusyhdistys»/«försäkrings-
förening»;
— en el caso del Reino de Suecia: «försäkringsaktiebolag»,
«ömsesidiga försäkringsbolag», «understödsföreningar».
La empresa de seguros también podrá adoptar la forma de sociedad
europea cuando ésta haya sido creada.
Además, los Estados miembros podrán crear, en su caso, empresas que
adopten cualquier forma de Derecho público, siempre que dichos
organismos tengan por objeto la realización de operaciones de seguro en
condiciones equivalentes a las de las empresas de Derecho privado;
b) limiten su objeto social a las actividades previstas por la presente
Directiva y a las operaciones que se deriven directamente de ella, con
exclusión de cualquier otra acvtividad comercial;
c) presenten un programa de actividades con arreglo al artículo 9;d) posean el mínimo del fondo de garantía previsto en el apartado 2 del
artículo 20;
e) estén dirigidas de manera efectiva por personas que reúnan las
condiciones necesarias de honorabilidad y de cualificación o
experiencia profesionales.
Además, cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de seguros y
otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes concede-
rán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstaculizan el buen
ejercicio de su misión de supervisión.
Las autoridades competentes también denegarán la autorización cuando
el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado por las
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del derecho de un
tercer país que regulen una o varias de las personas físicas o jurídicas con
las que la entidad mantenga vínculos estrechos, o por problemas
relacionados con su aplicación.
Las autoridades competentes exigirán a las empresas de seguros el
suministro de la información que requieran para garantizar el
cumplimiento permanente de las condiciones contempladas en el
presente apartado.!M2
!A3
!M2
!M31979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 8
1bis. Los Estados miembros exigirán a las empresas de seguros que su
administración central esté situada en el mismo Estado miembro que su
domicilio social.
2. La empresa que solicite autorización para extender sus actividades a
otros ramos o para la ampliación de una autorización que abarque sólo
una parte de los riesgos comprendidos en un ramo deberá presentar un
programa de actividades de conformidad con el artículo 9.
Además, deberá aportar la prueba de que dispone del margen de
solvencia establecido en el artículo 19 y de que posee el fondo de
garantía contemplado en los apartados 1 y 2 del artículo 20.
3. Los Estados miembros no establecerán disposiciones que exijan la
aprobación previa o la comunicación sistemática de las condiciones
generales y especiales de las pólizas de seguro, de las tarifas, de las bases
técnicas, utilizadas en particular para calcular las tarifas y las provisiones
técnicas, y de los formularios y otros impresos que la empresa tenga
previsto utilizar en sus relaciones con los tomadores de seguro.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, con el solo fin de
controlar si se respetan las disposiciones nacionales relativas a los
principios actuariales, el Estado miembro de origen podrá exigir la
comunicación sistemática de las bases técnicas utilizadas para el cálculo
de las tarifas y de las provisiones técnicas, sin que dicha exigencia pueda
constituir para la empresa una condición previa para el ejercicio de su
actividad.
La presente Directiva no será obstáculo para que los Estados miembros
mantengan o introduzcan disposiciones legales, reglamentarias o
adminstrativas que estipulen la aprobación de estatutos y la transmisión
de todo documento necesario para el ejercicio normal del control.
Como muy tarde cinco años después de la puesta en aplicación de la
Directiva 92/96/CEE (1) la Comisión presentará al Consejo un informe
sobre la aplicación del presente apartado.
4. Las anteriores disposiciones no podrán establecer que la solicitud de
autorización sea examinada en función de las necesidades económicas
del mercado.
Artículo 9
El programa de actividades contemplado en la letra c) del apartado 1 del
artículo 8 y en el apartado 2 del mismo artículo deberá contener
indicaciones o justificaciones relativas a:
a) la naturaleza de los compromisos que la empresa se propone
contraer;
b) los principios rectores en materia de reaseguro;c) los elementos constitutivos del fondo de garantía mínimo;d) las previsiones relativas a los gastos de instalación de los servicios
administrativos y de la red de producción; los medios financieros
destinados a hacer frente a dichos gastos;
y, además, para los tres primeros ejercicios sociales:
e) un plan en el que se indiquen de forma detallada las previsiones de
ingresos y gastos tanto para las operaciones directas y las
aceptaciones de reaseguro como para las cesiones de reaseguro;
f) la situación probable de tesorería;g) las previsiones relativas a los medios financieros destinados a la
cobertura de los compromisos y del margen de solvencia.!M3
(1)D O noL 360 de 9. 12. 1992, p. 1!M21979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 9
Artículo 10
1. Toda empresa de seguros que se proponga establecer una sucursal en
el territorio de otro Estado miembro lo notificará a la autoridad
competente del Estado miembro de origen.
2. Los Estados miembros exigirán que la empresa de seguros que se
proponga establecer una sucursal en otro Estado miembro presente, junto
con la notificación a que se refiere el apartado 1, la siguiente
información:
a) el nombre del Estado miembro en cuyo territorio se propone
establecer la sucursal;
b) su programa de actividades, en el que se indicarán, en particular, el
tipo de operaciones previstas y la estructura orgánica de la sucursal;
c) la dirección en el Estado miembro de la sucursal en la que pueden
reclamarle y entregarle los documentos, dándose por supuesto que
tal dirección será la misma a la que se remitirán las comunicaciones
dirigidas al apoderado general;
d) el nombre del apoderado general de la sucursal, que deberá estar
dotado de poderes suficientes para obligar a la empresa frente a
terceros y para representarla ante las autoridades y órganos
jurisdiccionales del Estado miembro de la sucursal. En lo que se
refiere a Lloyd’ s, un eventual litigio en el Estado miembro de la
sucursal derivado de compromisos suscritos no deberá suponer para
los asegurados dificultades mayores que en el caso de los litigios
entre empresas de tipo clásico. A tal fin, entre las facultades del
apoderado general deberá figurar, en particular, la de intervenir en
juicio en calidad de tal con poder de obligar a los suscriptores
interesados de Lloyd’ s.
3. A menos que, a la vista del correspondiente proyecto, la autoridad
competente del Estado miembro de origen tenga razones para dudar de la
idoneidad de las estructuras administrativas, o de la situación financiera
de la empresa de seguros, o de la honorabilidad y cualificación o
experiencia profesional de los directivos responsables o del apoderado
general, dicha autoridad comunicará las informaciones contempladas en
el apartado 2, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción
de dicha información, a la autoridad competente del Estado miembro de
la sucursal, e informará de ello a la empresa de que se trate.
La autoridad competente del Estado miembro de origen certificará,
asimismo, que la empresa de seguros dispone del mínimo del margen de
solvencia calculado con arreglo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20.
Cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen se niegue
a comunicar las informaciones contempladas en el apartado 2 a la
autoridad competente del Estado miembro de la sucursal, deberá poner
en conocimiento de la empresa correspondiente, en el plazo de los tres
meses siguientes a la recepción de toda la información, las razones de
dicha negativa. Esta negativa o la falta de respuesta podrán dar lugar a un
recurso ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen.
4. Antes de que la sucursal de la empresa de seguros comience a ejercer
sus actividades, la autoridad competente del Estado miembro de la
sucursal dispondrá de un plazo de dos meses, a partir de la recepción de
la comunicación contemplada en el apartado 3, para indicar a la
autoridad competente del Estado miembro de origen, en su caso, las
condiciones en las que, por razones de interés general deberán ser
ejercidas dichas actividades en el Estado miembro de la sucursal.
5. A partir del momento en que se reciba la comunicación de la
autoridad competente del Estado miembro de la sucursal o, en caso de
silencio por parte de ésta, a partir de la fecha de vencimiento del plazo
previsto en el apartado 4, la sucursal podrá establecerse y comenzar sus
actividades.!M21979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 10
6. En caso de modificación del contenido de alguno de los datos
notificados con arreglo a lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado
2, la empresa de seguros notificará por escrito dicha modificación a las
autoridades competentes del Estado miembro de origen y del Estado
miembro de la sucursal, al menos un mes antes de efectuar la
modificación, a fin de que la autoridad competente del Estado miembro
de origen y la autoridad competente del Estado miembro de la sucursal
puedan cumplir sus respectivos cometidos de conformidad con lo
dispuesto en los apartados 3 y 4.
Artículo 12
Cualquier decisión denegatoria deberá ser motivada de modo preciso y
notificada a la empresa interesada.
Cada Estado miembro preverá un recurso jurisdicional contra las
decisiones denegatorias.
Se preverá el mismo recurso para el caso en el que las autoridades
competentes no se hubieran pronunciado sobre la petición de
autorización, transcurrido un plazo de seis meses a partir del día de
recepción.
Artículo 13
1. Sin perjuicio de los apartados 3 y 7, ninguna empresa podrá ser
autorizada a la vez con arreglo a la presente Directiva y a la Directiva
73/239/CEE.
2. No obstante, los Estados miembros podrán establecer que:
— las empresas que posean una autorización con arreglo a la presente
Directiva puedan obtener asimismo autorización, de conformidad
con el artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE, para los riesgos
mencionados en los puntos 1 y 2 del Anexo de la misma Directiva;
— las empresas autorizadas en virtud del artículo 6 de la Directiva
73/239/CEE, exclusivamente para los riesgos contemplados en los
puntos 1 y 2 del Anexo de dicha Directiva, puedan obtener una
autorización con arreglo a la presente Directiva.
3. Sin perjuicio del apartado 6, las empresas citadas en el apartado 2 y
aquellas que en el momento de la notificación de la presente Directiva
practiquen la acumulación de las dos actividades a que se refieren la
presente Directiva y la Directiva 73/239/CEE, podrán continuar
practicándola siempre que adopten una gestión separada para cada una
de tales actividades, de conformidad con el artículo 14.
4. Los Estados miembros podrán establecer que las empresas
contempladas en el apartado 2 deban respetar las normas contables
que rigen para las empresas autorizadas con arreglo a la presente
Directiva para el conjunto de su actividad. Además, los Estados
miembros podrán establecer, en espera de una coordinación en la
materia, que en lo que se refiere a las reglas de liquidación, las
actividades relativas a los riesgos mencionados en los puntos 1 y 2 del
Anexo de la Directiva 73/239/CEE ejercidas por las empresas
contempladas en el apartado 2, se rijan igualmente por las reglas
aplicables a las actividades del seguro de vida.
5. Cuando una empresa que ejerza las actividades contempladas en el
Anexo de la Directiva 73/239/CEE tenga relaciones financieras,
comerciales o administrativas con una empresa que ejerza las actividades
a que se refiere la presente Directiva, las autoridades competentes de los!M2
!B
!M21979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 11
Estados miembros en cuyo territorio esté situado el domcilio social de
dichas empresas velarán para que sus cuentas no sean falseadas mediante
acuerdos celebrados entre ellas, o mediante cualquier arreglo capaz de
influir en la distribución de gastos e ingresos.
6. Cualquier Estado miembro podrá imponer a las empresas cuyo
domicilio social esté situado en su territorio la obligación de poner fin,
en los plazos que determine, a la acumulación de las actividades que
practiquen en el momento de la notificación de la presente Directiva.
7. Las disposiciones del presente artículo serán examinadas de nuevo
sobre la base de un informe de la Comisión al Consejo a la luz de la
futura armonización de las reglas de liquidación y, en cualquier caso,
antes del 31 de diciembre de 1999.
Artículo 14
1. La gestión separada mencionada en el apartado 3 del artículo 13,
deberá ser organizada de tal forma que las actividades recogidas en la
presente directiva y las contempladas por la primera Directiva de
coordinación «daños», sean separadas, con el fin de que:
— no se perjudique los intereses respectivos de los asegurados «vida»y
«daños» y, en particular, que los beneficios procedentes del seguro
sobre la vida, aprovechen a los asegurados sobre la vida como si la
empresa practicara únicamente el seguro-vida.
— las obligaciones financieras mínimas, en especial los márgenes de
solvencia referidos a una de las actividades, en el sentido bien de la
presente Directiva, bien de la primera Directiva de coordinación
«daños», no sean soportadas por la otra actividad.
Sin embargo, una vez cumplidas las obligaciones financieras mínimas en
las condiciones previstas en el segundo guión del primer párrafo, y
siempre que se informe a la autoridad competente, la empresa podrá
utilizar para una u otra actividad los elementos explícitos del margen de
solvencia todavía disponibles.
Las autoridades de control cuidarán, mediante el análisis de los
resultados de las dos actividades, del cumplimiento del presente
apartado.
2. a) Los datos contables deberán establecerse de forma que muestren
las fuentes de los resultados para cada una de las dos actividades
«vida»y «daños». A tal fin, el conjunto de los ingresos (en
especial, primas, pagos de reaseguradores, ingresos financieros)
y de los gastos (en especial prestaciones de seguro, adiciones a
las reservas técnicas, primas de reaseguro, gastos de funciona-
miento para las operaciones de seguro) serán desglosados en
función de su origen. Los elementos comunes a las dos
actividades se clasificarán según una clave de reparto que
deberá ser adoptada por la autoridad de control competente.
b) Las empresas deberán establecer, sobre la base de los datos
contables, un documento que muestre de forma clara los
elementos correspondientes a cada uno de los márgenes de
solvencia, de conformidad con el artículo 18 de la presente
Directiva y el apartado 1 del artículo 16 de la primera Directiva
de coordinación «daños».
3. En caso de insuficiencia de uno de los márgenes de solvencia, las
autoridades de control aplicarán a la actividad deficitaria las medidas
previstas por la directiva correspondiente con independencia de los
resultados obtenidos en la otra actividad. No obstante lo dispuesto en el
segundo guión del primer párrafo del apartado 1, estas medidas pueden
suponer la autorización de un traspaso de una actividad a otra.!M2
!B1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 12
SECCIÓN B
Condiciones de ejercicio
Artículo 15
1. El control financiero de una empresa de seguros, incluido el control
de las actividades que ejerza a través de sucursales y en régimen de
prestación de servicios, será de la exclusiva competencia del Estado
miembro de origen. Si las autoridades competentes del Estado miembro
del compromiso tienen motivos para considerar que las actividades de
una empresa de seguros podrían afectar a su solidez financiera,
informarán de ello a las autoridades competentes del Estado miembro
de origen de dicha empresa. Las autoridades competentes del Estado
miembro de origen comprobarán que la empresa observa los principios
prudenciales definidos en la presente Directiva.
2. El control financiero consistirá, en particular, en la comprobación,
para el conjunto de actividades de la empresa de seguros, del estado de
solvencia y de la constitución de provisiones técnicas, incluidas las
provisiones matemáticas, así como de los activos que las representan con
arreglo a las normas o a las prácticas establecidas en el Estado miembro
de origen, en virtud de las disposiciones adoptadas a nivel comunitario.
3. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán
que las empresas de seguros dispongan de una buena organización
administrativa y contable y de procedimientos de control interno
adecuados.
Artículo 16
Los Estados miembros de la sucursal dispondrán que, cuando una
empresa de seguros autorizada en otro Estado miembro ejerza su
actividad a través de una sucursal, las autoridades competentes del
Estado miembro de origen, tras haber informado previamente a las
autoridades competentes del Estado miembro de la sucursal, puedan
proceder, por sí mismas o por medio de personas a quienes hayan
otorgado un mandato para ello, a la verificación in situ de la información
necesaria para poder realizar el control financiero de la empresa. Las
autoridades del Estado miembro de la sucursal podrán participar en dicha
verificación.
Artículo 17
1. El Estado miembro de origen impondrá a cada empresa de seguros la
obligación de constituir provisiones técnicas suficientes, incluidas las
provisiones matemáticas, para el conjunto de sus actividades.
La cuantía de dichas provisiones se determinará con arreglo a los
principios siguientes:
A. i) Las provisiones técnicas del seguro de vida deberán calcularse
con arreglo a un método actuarial prospectivo suficientemente
prudente, teniendo en cuenta todas las obligaciones futuras
conforme a las condiciones establecidas para cada contrato en
curso, y en particular:
— todas las prestaciones garantizadas, incluidos los valores de
rescate garantizados;
— las participaciones en los beneficios adquiridos a que tengan
derecho los asegurados colectiva o individualmente, con
independencia de la calificación de dichas participaciones:
devengadas, declaradas o asignadas;
— todas las opciones a las que el asegurado tenga derecho
según las condiciones del contrato;
— los gastos de la empresa, incluidas las comisiones;
para lo cual se tendrán en cuenta las primas futuras por cobrar.!B
!M21979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 13
ii) Podrá utilizarse un método retrospectivo cuando pueda demos-
trarse que las provisiones técnicas obtenidas en base al mismo no
son inferiores a las resultantes de un método prospectivo
suficientemente prudente, o cuando no pueda utilizarse un
método prospectivo para el tipo de contrato considerado.
iii) Un cálculo prudente no significa un cálculo basado en las
hipótesis consideradas más probables, sino un cálculo que tenga
en cuenta un margen razonable de desviaciones desfavorables de
los diferentes factores en juego.
iv) El método de cálculo de las provisiones técnicas no sólo deberá
ser prudente en sí mismo, sino igualmente cuando se tenga en
cuenta el método de cálculo de los activos representantes de
dichas provisiones.
v) Las provisiones técnicas deberán ser calculadas separadamente
para cada contrato. No obstante, se podrán utilizar aproxima-
ciones razonables o generalizaciones siempre que sea posible
suponer que darán aproximadamente los mismos resultados que
en los cálculos individuales. El principio de cálculo individual
no impedirá que se constituyan provisiones suplementarias para
riesgos generales no individualizados.
vi) Cuando el valor de rescate de un contrato esté garantizado, el
importe de las provisiones matemáticas para dicho contrato
deberá ser, en todo momento, al menos igual al valor garantizado
en el mismo momento.
B. El tipo de interés utilizado deberá elegirse prudentemente. Se
determinará según las reglas de la autoridad competente del Estado
miembro de origen, en aplicación de los principios siguientes:
a) Para todos los contratos, la autoridad competente del Estado
miembro de origen de la empresa fijará el tipo o tipos máximos
de interés, en particular según las reglas siguientes:
i) Cuando los contratos comprendan una garantía de tipo de
interés, la autoridad competente del Estado miembro de
origen de la empresa fijará un tipo de interés máximo único.
Este tipo podrá ser diferente según la divisa en que se haya
denominado el contrato, siempre que no sea superior al 60 %
del tipo de interés de los empréstitos materializados en
obligaciones del Estado en cuya divisa se haya denominado
el contrato. Cuando se trate de un contrato en ecus, este
límite se fijará con referencia a los empréstitos en
obligaciones de las instituciones comunitarias expresados
en ecus.
Si, en aplicación de la segunda frase del párrafo precedente,
el Estado miembro decidiera fijar un tipo de interés máximo
para los contratos denominados en una divisa de un Estado
miembro, consultará previamente a la autoridad competente
del Estado miembro en cuya divisa esté denominado el
contrato.
ii) No obstante, cuando los activos de la empresa no sean
evaluados a su valor de adquisición, un Estado miembro
podrá disponer que el tipo o los tipos máximos puedan
calcularse teniendo en cuenta el rendimiento de los activos
correspondientes actualmente en cartera, disminuido de un
margen prudencial y, en particular para los contratos a prima
periódica, tomando además en cuenta el rendimiento
anticipado de los activos futuros. El margen prudencial y
el tipo o los tipos de interés que se apliquen al rendimiento
anticipado de los activos futuros serán fijados por la
autoridad competente del Estado miembro de origen.
b) La fijación de un tipo de interés máximo no implicará que la
empresa esté obligada a utilizar un tipo tan elevado.!M21979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 14
c) El Estado miembro de origen podrá decidir que no se aplique la
letra a) para las categorías de contratos siguientes:
— contratos en unidades de cuenta,
— contratos a prima única de una duración máxima de ocho
años,
— contratos sin participación en beneficios, así como contratos
de renta sin valor de rescate.
En los casos contemplados en los dos últimos guiones del
párrafo primero, se podrá tener en cuenta, al elegir un tipo de
interés prudencial, la moneda en que esté denominado el
contrato, los activos correspondientes actualmente en cartera y,
en caso de que los activos de la empresa se evalúen a su valor
actual, el rendimiento anticipado de los activos futuros.
El tipo de interés utilizado no podrá ser en ningún caso superior
al rendimiento de los activos, calculado según las reglas relativas
a la confección del balance del Estado miembro de origen, tras
una deducción adecuada.
d) El Estado miembro exigirá que la empresa constituya en sus
cuentas una provisión destinada a hacer frente a los compromi-
sos derivados del tipo de interés garantizado a los asegurados,
cuando el rendimiento actual o previsible del activo de la
empresa no sea suficiente para cubrir dichos compromisos.
e) Los tipos máximos fijados en aplicación de la letra a) serán
notificados anualmente a la Comisión, así como a las
autoridades competentes de los Estados miembros que lo
soliciten.
C. Los elementos estadísticos del cálculo y los relativos a los gastos
deberán ser elegidos prudentemente teniendo en cuenta el Estado
miembro del compromiso, el tipo de póliza, así como los gastos de
administración y las comisiones previstos.
D. En los contratos con participación en los beneficios, el método de
cálculo de las provisiones técnicas podrá tener en cuenta, implícita o
explícitamente, las participaciones de toda clase en los beneficios
futuros, de manera coherente con las demás hipótesis utilizadas
sobre la evolución futura y con el método actual de participación en
los beneficios.
E. La provisión para gastos futuros podrá ser implícita, por ejemplo
teniendo en cuenta las primas futuras netas de gastos de gestión. Sin
embargo, la provisión total, implícita o explícita, no podrá ser
inferior a la que un cálculo prudente habría determinado.
F. El método de cálculo de las provisiones técnicas no deberá cambiar
de un año a otro de forma discontinua como consecuencia de
cambios arbitrarios en el método o en los elementos de cálculo y
deberá ser tal que la participación en los beneficios sea calculada de
una manera razonable durante la duración del contrato.
2. La empresa de seguros deberá poner a disposición del público las
bases y los métodos utilizados para el cálculo de las provisiones técnicas,
incluida la provisión para participaciones en los beneficios.
3. El Estado miembro de origen exigirá a cada empresa de seguros que
sus provisiones técnicas relativas al conjunto de sus actividades estén
representadas por activos congruentes, de conformidad con el artículo 24
de la Directiva 92/96/CEE. Para las actividades ejercidas en la
Comunidad, dichos activos deberán estar localizados en ésta. Los
Estados miembros no exigirán a las empresas de seguros que sitúen sus
activos en un Estado miembro determinado. El Estado miembro de
origen podrá permitir, no obstante, una cierta flexibilidad de las reglas
relativas a la localización de los activos.!M21979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 15
4. Si el Estado miembro de origen admite la representación de las
provisiones técnicas con créditos frente a los reaseguradores, fijará el
porcentaje admitido. En ese caso, no podrá exigir la localización de
dichos créditos.
Artículo 18
Cada Estado miembro obligará a cualquier empresa cuya sede social esté
situada en su territorio, a disponer de un margen de solvencia suficiente,
en relación con el conjunto de sus actividades.
El margen de solvencia estará constituido:
1. Por el patrimonio de la empresa, libre de todo compromiso
previsible, con deducción de los elementos inmateriales. Dicho
patrimonio comprenderá, en particular:
— el capital social desembolsado o, si se trata de mutuas, el fondo
inicial efectivo desembolsado, al que se sumarán las cuentas de
los socios que cumplan el conjunto de los criterios siguientes:
a) que los estatutos establezcan que sólo podrán realizarse
pagos a partir de dichas cuentas a favor de los miembros si
esto no da como resultado un descenso del margen de
solvencia por debajo del nivel exigido o, tras la disolución
de la empresa, si todas las demás deudas de la empresa se
han pagado;
b) que los estatutos establezcan, en lo relativo a todos los pagos
efectuados con fines distintos a la rescisión individual de la
afiliación, que éstos se notifiquen a la autoridad competente
al menos con un mes de antelación y que ésta pueda, durante
dicho plazo, prohibir el pago;
c) que las disposiciones pertinentes de los estatutos sólo
puedan modificarse previa declaración de la autoridad
competente de que no se opone a la modificación sin
perjuicio de los criterios enumerados en las letras a) y b);
— la mitad de la fracción no desembolsada del capital social o del
fondo inicial, cuando la parte desembolsada alcance el 25 % de
dicho capital o fondo;
— las reservas (legales o libres) que no estén adscritas al
cumplimiento de los compromisos;
— los beneficios acumulados;— podrán incluirse las acciones acumulativas preferentes y los
préstamos subordinados, pero únicamente hasta un límite
máximo del 50 % del margen, de los cuales un 25 % como
máximo comprenda préstamos subordinados a plazo fijo o
acciones acumulativas preferentes de duración determinada,
siempre y cuando se cumplan al menos los criterios siguientes:
a) que exista acuerdo vinculante en virtud del cual, en caso de
quiebra o liquidación de la empresa de seguros, los
préstamos subordinados o las acciones preferentes tengan
un rango inferior al de los créditos de todos los demás
acreedores y no sea reembolsado hasta tanto no se hayan
pagado todas las restantes deudas pendientes en ese
momento;
además, los préstamos subordinados deberán cumplir los
siguientes requisitos:
b) que únicamente se tomen en consideración los fondos
efectivamente desembolsados;
c) para los préstamos a plazo fijo, que el vencimiento inicial
sea de cinco años como mínimo. A más tardar un año antes
del vencimiento, la empresa de seguros someterá a la!M2
!B
!M21979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 16
aprobación de las autoridades competentes un plan indican-
do cómo el margen de solvencia será mantenido y
reconducido al nivel deseado en la fecha de vencimiento,
a menos que la cuantía hasta la cual los préstamentos
subordinados pueden incluirse en los componentes del
margen de solvencia no sea objeto de una reducción
progresiva durante al menos los últimos cinco años
anteriores a la fecha de vencimiento. Las autoridades
competentes podrán autorizar el reembolso anticipado de
tales préstamos siempre que la solicitud haya sido hecha por
la empresa de seguros emisora y que su margen de solvencia
no se sitúe por debajo del nivel requerido;
d) para los préstamos para los que no se haya fijado el
vencimiento de la deuda no serán reembolsables más que
mediante un preaviso de cinco años, salvo en el caso de que
hayan dejado de considerarse como un competente del
margen de solvencia o cuando, para su reembolso
anticipado, se exija expresamente la autorización previa de
las autoridades competentes. En este último caso, la empresa
de seguros informará a las autoridades competentes al
menos seis meses antes de la fecha del reembolso propuesto,
con indicación del margen de solvencia efectivo y requerido
antes y después de dicho reembolso. Las autoridades
competentes autorizarán el reembolso siempre y cuando
no exista riesgo de que el margen de solvencia se sitúe por
debajo del nivel requerido;
e) que el contrato de préstamo no incluya cláusulas que
prevean que, en determinadas circunstancias que no sean la
liquidación de la empresa de seguros, la deuda deberá
reembolsarse antes de la fecha de reembolso acordada;
f) que el contrato de préstamo sólo se pueda modificar una vez
que las autoridades competentes hayan declarado que no se
oponen a la modificación:
— títulos de duración indeterminada y otros instrumentos que
cumplan las condiciones siguientes, incluidas las acciones
acumulativas preferentes distintas de las mecionadas en el guión
precedente, hasta un 50 % del margen para el total de dichos
títulos y de los préstamos subordinados mencionados en el guión
precedente:
a) no podrán reembolsarse por iniciativa del portador o sin el
acuerdo previo de la autoridad competente;
b) el contrato de emisión deberá dar a la empresa de seguros la
posibilidad de diferir el pago de los intereses del préstamo;
c) los créditos del prestamista sobre la empresa de seguros
deberán estar enteramente subordinados a los de todos los
acreedores no subordinados;
d) los documentos que regulan la emisión de títulos deberán
prever la capacidad de la deuda y de los intereses no
desembolsados para absorber las pérdidas, a la vez que
permitan a la empresa de seguros continuar sus actividades;
e) sólo se tendrán en cuenta los importes efectivamente
desembolsados;
2. en la medida en que la legislación nacional lo autorice, por las
reservas de beneficios que figuren en el balance, cuando puedan ser
utilizadas para cubrir pérdidas eventuales y no estén destinadas a la
participación de los asegurados;!M2
!B1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 17
3. a petición y con justificación de la empresa ante la autoridad de
control del Estado miembro sobre cuyo territorio esté situada la sede
social, y con el acuerdo de esta autoridad:
a) por un importe que represente el 50 % de los beneficios futuros
de la empresa, el cual se obtendrá multiplicando el beneficio
anual estimado por el multiplicador que represente la duración
residual media de los contratos; este multiplicador podrá
alcanzar el 10 como máximo; el beneficio anual estimado será
la media aritmética de los beneficios obtenidos durante los cinco
últimos años en las actividades enumeradas en el artículo 1.
Las bases de cálculo del factor multiplicador del beneficio anual
estimado, así como los elementos del beneficio obtenido, se
fijarán de común acuerdo por las autoridades competentes de los
Estados miembros en colaboración con la Comisión. Hasta el
momento en que este acuerdo se obtenga, esos elementos se
determinarán de conformidad con la legislación del Estado
miembro sobre cuyo territorio la empresa (sede, agencia o
sucursal) ejerza su actividad.
Cuando las autoridades competentes hayan fijado el concepto de
beneficios obtenidos, la Comisión presentará propuestas sobre la
armonización de este concepto en el marco de una directiva
dirigida a la armonización de las cuentas anuales de las empresas
de seguro, y que incluya la coordinación prevista en el apartado
2 del artículo 1 de la Directiva 78/660/CEE (1);
b) en caso de no hacerse zillmerización o en el caso de hacerse y
que no alcanzase la sobreprima de adquisición incluida en la
prima, por la diferencia entre la reserva matemática no
zillmerizada o parcialmente zillmerizada, y una reserva
matemática zillmerizada a una tasa de zillmerización igual a la
sobreprima de adquisición contenida en la prima; este importe
no podrá sin embargo exceder el 3,5 % de la suma de las
diferencias entre los capitales «vida» y las reservas matemáti-
cas, para el conjunto de los contratos en los que la zillmerización
sea posible; pero esta diferencia será eventualmente reducida
con el importe de los gastos de adquisición no amortizados
inscritos en el activo;
c) en caso de acuerdo de las autoridades de control de los Estados
miembros sobre cuyo territorio la empresa ejerce su actividad,
por las plusvalías latentes resultantes de la subestimación de
elementos del activo y de la sobrestimación de los elementos del
pasivo, distintos de las reservas matemáticas y en la medida en
que tales plusvalías no tengan un carácter excepcional.
Artículo 19
Sin perjuicio del artículo 20, el mínimo del margen de solvencia estará
determinado como sigue, según los ramos ejercidos:
a) para los seguros contemplados en las letras a) y b) del punto 1 del
artículo 1, distintos de los seguros ligados a fondos de inversión y
para las operaciones contempladas en el punto 3 del artículo 1,
deberá ser igual a la suma de los dos resultados siguientes:
— primer resultado:
el número que represente una fracción de 4 % de las reservas
matemáticas, relativas a las operaciones directas sin deducción
de las cesiones en reaseguro y a las aceptaciones en reaseguro, se
multiplicará por la relación existente en el último ejercicio, entre
el importe de las reservas matemáticas, con deducción de las
cesiones en reaseguro, y el importe bruto como ha quedado
indicado, de las reservas matemáticas; este importe no podrá ser,
en ningún caso, inferior al 85 %,
— segundo resultado:!B
(1)D O noL 222 de 14. 8. 1978, p. 11.1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 18
para los contratos cuyos capitales a riesgo no sean negativos, el
número que represente una fracción de 0,3 % de esos capitales
asumidos por la empresa y multiplicado por la relación existente,
en el último ejercicio, entre el importe de los capitales con riesgo
que subsisten a cargo de la empresa después de cesión y
retrocesión en reaseguro, y el importe de los capitales con riesgo
sin deducción del reaseguro; esta relación no podrá ser en
ningún caso inferior al 50 %;
para los seguros temporales en caso de muerte, de una duración
máxima de tres años, la fracción mencionada anteriormente será de
0,1 %, para aquéllos de una duración superior a tres años y no más de
cinco, será de 0,15 %;
b) para los seguros complementarios a que se refiere la letra c) del
punto 1 del artículo 1, deberá ser igual al resultado del cálculo
siguiente:
— se suman todas las primas o cotizaciones de los negocios
directos del último ejercicio, con respecto a todos los ejercicios,
incluidos los accesorios,
— se adicionará el importe de las primas aceptadas en reaseguro
durante el último ejercicio,
— se deducirá el importe total de las primas o cotizaciones
anuladas durante el último ejercicio, así como el importe total de
los impuestos y tasas relativas a las primas o cotizaciones que se
incorporan.
Después de haber repartido el importe así obtenido en dos partes, la
primera hasta diez millones de unidades de cuenta, la segunda el
exceso, se calcularán francciones de 18 % y de 16 % respectiva-
mente sobre esas partes, y se adicionarán.
La suma así calculada se multiplicará por la relación existente, en el
último ejercicio, entre el importe de los siniestros que queden a
cargo de la empresa después de cesión y retrocesión en reaseguro, y
el importe bruto de los siniestros; esta relación no podrá ser en
ningún caso inferior al 50 %.
En el caso de la asociación de suscriptores denominada «Lloyd’ s», el
cálculo del importe del margen de solvencia se efectuará a partir de
las primas netas; éstas se multiplicarán por un porcentaje global
cuyo importe se fijará anualmente y se determinará por la autoridad
de control del Estado miembro de la sede social. Este porcentaje
global deberá calcularse a partir de los elementos estadísticos más
recientes referentes en particular a las comisiones pagadas. Estos
elementos, así como el cálculo efectuado, se comunicarán a las
autoridades de control de los países sobre cuyo territorio Lloyd’ s
estuviera establecida;
c) para los seguros de enfermedad de larga duración, no rescindibles, a
que se refiere la letra d) del punto 1 del artículo 1, y para las
operaciones de capitalización a que se refiere la letra b) del punto 2
del artículo 1, deberá ser igual a una fracción de 4 % de las reservas
matemáticas, calculada en las condiciones previstas en el primer
resultado de la letra a) del presente artículo;
d) para las operaciones tontinas a que se refiere la letra a) del punto 2
del artículo 1, deberá ser igual a una fracción de 1 % del haber de las
asociaciones;
e) para los seguros previstos en las letras a) y b) del punto 1 del artículo
1, ligados con fondos de inversión, y para las operaciones previstas
en las letras c), d) y e) del punto 2 del artículo 1, deberá ser igual a:
— una fracción de 4 % de las reservas matemáticas, calculada en
las condiciones previstas en el primer resultado de la letra a) del
presente artículo, en la medida en que la empresa asuma un
riesgo de inversión, y una fracción de 1 % de las reservas así
calculadas, en la medida en que la empresa no asuma riesgo de
inversión, siempre que la duración del contrato sea superior a!B1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 19
cinco años y que el importe destinado a cubrir los gastos de
gestión previstos en el contrato se fije para un período superior a
los cinco años, más
— una fracción de 0,3 % de los capitales a riesgo, calculada en las
condiciones previstas en el primer párrafo del segundo resultado
de la letra a) del presente artículo, en la medida en que la
empresa asuma un riesgo de mortalidad.
Artículo 20
1. El tercio del mínimo del margen de solvencia, tal y como está
previsto en el artículo 19, constituirá el fondo de garantía. Sin perjuicio
del apartado 2, estará constituido al menos hasta el 50 %, por los
elementos enumerados en los puntos 1 y 2 del artículo 18.
2. a) Sin embargo, el fondo de garantía será de un mínimo de 800 000
unidades de cuenta.
b) Cada Esatdo miembro podrá prever la reducción a 600 000
unidades de cuenta del mínimo del fondo de garantía para las
mutuas, las sociedades en forma de mutualidades y aquéllas en
forma tontina.
c) Para las mutuas de seguros mencionadas en la segunda frase del
segundo guión del punto 2 del artículo 3, desde el momento en
que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, y
para las sociedades en forma tontina, cada Estado miembro
podrá autorizar la constitución de un mínimo de fondo de
garantía de 100 000 unidades de cuenta, elevado progresiva-
mente al importe fijado en la letra b) mediante series sucesivas
de 100 000unidades de cuenta cada vez que el importe de las
cotizaciones aumente en 500 000 unidades de cuenta.
d) El mínimo del fondo de garantía a que se refieren las letras a), b)
y c), deberá estar constituido por los elementos enumerados en
los puntos 1 y 2 del artículo 18.
3. Las mutuas de seguro que deseen ampliar su actividad con arreglo al
apartado 2 del artículo 8 o al artículo 10, sólo podrán hacerlo si se
atienen inmediatamente a las exigencias de las letras a) y b) del apartado
2 del presente artículo.
Artículo 21
1. Los Estados miembros no establecerán regla alguna en lo que se
refiere a la elección de los activos que superen aquellos que representen
las provisiones técnicas contempladas en el artículo 17.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 17, en los
apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 24 y en el párrafo segundo del apartado
1 del artículo 26, los Estados miembros no restringirán la libre
disposición de los activos mobiliarios o inmobiliarios que formen parte
del patrimonio de las empresas de seguros autorizadas.
3. Los apartados 1 y 2 no constituirán un obstáculo para las medidas
que los Estados miembros, al mismo tiempo que salvaguardan los
intereses de los asegurados, estén autorizados a adoptar en su calidad de
propietarios o socios de las empresas en cuestión.
Artículo 22
1. Los Estados miembros no podrán obligar a las empresas a ceder una
parte de sus suscripciones relativas a las actividades enumeradas en el
artículo 1, a uno o varios de los organismos determinados por la
regulación nacional.!B
!M2
!B1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 20
2."M1La República italiana tomará todas las disposiciones
necesarias para que la obligación impuesta a las empresas establecidas
en su territorio de ceder una parte de sus suscripciones al «Istituto
nazionale di assicurazioni» quede suprimida, a más tardar, el 20 de
noviembre de 1994. 3
Artículo 23
1. Cada Estado miembro obligará a las empresas que tengan su sede
social en su territorio, al rendir cuentas anualmente de todas sus
operaciones, de su situación y de su solvencia.
2. Los Estados miembros exigirán a las empresas de seguros que tengan
su domicilio social en su territorio la presentación periódica de los
documentos que sean necesarios para ejercer el control, así como de los
documentos estadísticos. Las autoridades competentes se comunicarán
los documentos e informaciones útiles para el ejercicio del control.
3. Cada Estado miembro adoptará todas las disposiciones oportunas
para que las autoridades competentes dispongan de los poderes y de los
medios necesarios para la vigilancia de las actividades de las empresas
de seguros cuyo domicilio social se halle en su territorio, incluidas las
actividades ejercidas fuera de dicho territorio, de conformidad con las
directivas del Consejo relativas a tales actividades y con miras a la
aplicación de éstas.
Dichos poderes y medios deberán en particular proporcionar a las
autoridades competentes la posibilidad:
a) de informarse de manera detallada sobre la situación de la empresa y
sobre el conjunto de sus actividades, en especial:
— recabando información o exigiendo la presentación de los
documentos relativos a la actividad de seguro,
— procediendo a comprobaciones in situ en los locales de la
empresa;
b) de adoptar, respecto de la empresa, de sus directivos responsables o
de las personas que controlen la empresa, todas las medidas
adecuadas y necesarias para garantizar que las actividades de la
empresa cumplan de forma permanente las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas que la empresa tenga obligación de
observar en los distintos Estados miembros y, en especial, el
programa de actividades, en caso de que sea obligatorio, así como
para evitar o eliminar cualquier irregularidad que pudiera afectar a
los intereses de los asegurados;
c) de garantizar la aplicación de dichas medidas, por vía de ejecución
forzosa si fuere necesario y, en su caso, mediante recurso a las
instancias judiciales.
Los Estados miembros también podrán prever la posibilidad de que las
autoridades competentes obtengan cualquier información relativa a los
contratos que obren en poder de los intermediarios.
Artículo 24
1. Si una empresa no se ajustare a las disposiciones del artículo 17, la
autoridad competente del Estado miembro de origen de la empresa podrá
prohibir la libre disposición de los activos, una vez haya informado de su
intención a las autoridades competentes de los Estados miembros del
compromiso.
2. Para restablecer la situación financiera de una empresa cuyo margen
de solvencia no alcance el mínimo prescrito en el artículo 19, la
autoridad competente del Estado miembro de origen exigirá un plan de
saneamiento, que deberá ser sometido a su aprobación.!B
!M21979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 21
En circunstancias excepcionales, si la autoridad competente considera
que la posición financiera de la empresa va a seguir deteriorándose,
podrá también restringir o prohibir la libre disposición de los activos de
la empresa. Informará a las autoridades de los demás Estados miembros
en cuyo territorio la empresa ejerza su actividad de toda medida
adoptada y éstas, a petición de la primera autoridad, adoptarán las
mismas medidas que aquella haya adoptado.
3. Si el margen de solvencia no alcanzase el fondo de garantía mínimo
definido en el artículo 20, la autoridad competente del Estado miembro
de origen exigirá a la empresa un plan de financiación a corto plazo, que
deberá ser sometido a su aprobación.
Podrá, además, restringir o prohibir la libre disposición de los activos de
la empresa. Informará de ello a las autoridades de los Estados miembros
en cuyo territorio la empresa ejerza alguna actividad, las cuales, a
instancia suya, adoptarán idénticas medidas.
4. En los supuestos previstos en los apartados 1, 2 y 3, las autoridades
competentes podrán adoptar, asimismo, cualquier otra medida apropiada
para salvaguardar los intereses de los asegurados.
5. Cada Estado miembro adoptará las disposiciones necesarias para
poder prohibir, de conformidad con su derecho nacional, la libre
disposición de los activos localizados en su territorio, a petición, en los
casos previstos en los apartados 1, 2 y 3, del Estado miembro de origen
de la empresa, que deberá designar los activos que deban ser objeto de
estas medidas.
SECCIÓN C
Retirada de la autorización
Artículo 26
1. La autorización concedida a la empresa de seguros por la autoridad
competente del Estado miembro de origen podrá ser retirada por esta
autoridad cuando la empresa:
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie a
ella expresamente o cese de ejercer su actividad durante un período
superior a seis meses, a menos que el Estado miembro haya previsto
la caducidad de la autorización en estos supuestos;
b) no cumpla ya las condiciones de acceso:c) no haya podido llevar a efecto, en el plazo fijado, las medidas
previstas en el plan de saneamiento o en el plan de financiación
contemplados en el artículo 24;
d) incumpla de manera grave las obligaciones que le incumban en
virtud de la regulación que le sea aplicable.
En caso de revocación o de caducidad de la autorización, la autoridad
competente del Estado miembro de origen informará de ello a las
autoridades competentes de los restantes Estados miembros, que
adoptarán las medidas oportunas para impedir que la empresa inicie
nuevas operaciones en su territorio, tanto en régimen de derecho de
establecimiento como en régimen de libre prestación de servicios.
Asimismo, en colaboración con las mencionadas autoridades, la
autoridad competente del Estado miembro de origen adoptará las
medidas que resulten oportunas para salvaguardar los intereses de los
asegurados y, en particular, restringirá la libre disposición de los activos
de la empresa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24, apartado 1,
apartado 2, párrafo segundo y apartado 3, párrafo segundo.!M2
!M1
!B
!M21979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 22
2. Toda decisión de revocar una autorización deberá motivarse de
manera precisa y notificarse a la empresa interesada.
TÍTULO III A
NORMAS APLICABLES A LAS AGENCIAS O SUCURSALES
ESTABLECIDAS EN LA COMUNIDAD Y DEPENDIENTES DE
EMPRESAS CUYA SEDE SOCIAL ESTÉ SITUADA FUERA DE
LA COMUNIDAD
Artículo 27
1. Cada Estado miembro hará depender de una autorización adminis-
trativa el acceso a su territorio de las actividades relacionadas en el
artículo 1, para cualquier empresa cuya sede social estuviera fuera de la
Comunidad.
2. El Estado miembro podrá conceder la autorización si la empresa
satisface al menos las condiciones siguientes:
a) estar autorizada, en virtud de la legislación nacional de la que
depende, a practicar las actividades relacionadas en el artículo 1;
b) crear una agencia o sucursal en el territorio de ese Estado miembro;c) comprometerse a establecer, en la sede de la agencia o sucursal, una
contabilidad específica de la actividad que ejerza, así como a
conservar en ella todos los documentos relativos a los asuntos
tratados;
d) designar un mandatario general, que deberá ser aceptado por la
autoridad competente;
e) disponer en el Estado miembro de la explotación, de activos por un
importe al menos igual a la mitad del mínimo prescrito en la letra a)
del apartado 2 del artículo 20 para el fondo de garantía, y depositar
el cuarto de este mínimo con carácter de fianza;
f) comprometerse a mantener un margen de solvencia de conformidad
con el artículo 29;
g) presentar un programa de actividades de conformidad con los
apartados 1 y 2 del artículo 11.
Artículo 28
Los Estados miembros requerirán que las empresas constituyan las
reservas suficientes previstas en el artículo 17, que correspondan a las
obligaciones sucritas en su territorio. Controlarán que esas reservas sean
representadas por la agencia o sucursal mediante activos equivalentes y,
en la medida fijada por el Estado miembro, congruentes.
La legislación de los Estados miembros será aplicable para el cálculo de
esas reservas, la determinación de las categorías de inversión y la
valoración de los activos, así como, llegado el caso, para la fijación de
los límites en los que los activos pueden ser admitidos como
representación de esas reservas.
El Estado miembro interesado exigirá que los activos admitidos en
representación de esas reservas estén localizados en su territorio. Sin
embargo, será aplicable el apartado 3 del artículo 17.!M2
!M1
!B1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 23
Artículo 29
1. Cada Estado miembro obligará a las agencias o sucursales creadas en
su territorio, a disponer de un margen de solvencia constituido por los
elementos enumerados en el artículo 18. El mínimo del margen será
calculado de conformidad con el artículo 19. Unicamente se tomarán en
consideración para ese cálculo las operaciones realizadas por la agencia
o sucursal.
2. Un tercio del mínimo del margen de solvencia constituirá el fondo de
garantía.
No obstante, el importe de ese fondo no puede ser inferior a la mitad del
mínimo previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 20. Le será
imputada la fianza inicial depositada de conformidad con la letra e) del
apartado 2 del artículo 27.
El fondo de garantía y el mínimo de este fondo estarán constituidos de
conformidad con el artículo 20.
3. Los activos que constituyan la contrapartida del mínimo del margen
de solvencia, deben estar localizados dentro del Estado miembro de
explotación hasta el importe del fondo de garantía y, en cuanto al exceso,
dentro de la Comunidad.
Artículo 30
1. Las empresas que hayan solicitado u obtenido la autorización de
varios Estados miembros, pueden pedir las mejoras siguientes, que sólo
podrán ser concedidas conjuntamente:
a) el margen de solvencia previsto en el artículo 29 estará calculado en
función del conjunto de la actividad global que ejerzan dentro de la
Comunidad; en ese caso, unicamente se tendrán en consideración
para ese cálculo las operaciones realizadas por el conjunto de las
agencias o sucursales establecidas en la Comunidad;
b) la fianza prevista en la letra e) del apartado 2 del artículo 27 sólo se
depositará en uno de esos Estados;
c) los activos que constituyan la contrapartida del fondo de garantía,
estarán localizados en uno cualquiera de los Estados miembros en
donde ejerzan su actividad.
2. La solicitud de beneficiarse de las ventajas previstas en el apartado
1, se hará ante las autoridades competentes de los Estados miembros
interesados. En esta solicitud se indicará la autoridad encargada de
verificar, en lo sucesivo, la solvencian de las agencias o sucursales
establecidas en el seno de la Comunidad para el conjunto de sus
operaciones. La elección de la autoridad hecha por la empresa deberá ser
motivada. La fianza se depositará en el Estado miembro correspondiente.
3. Las ventajas previstas en el apartado 1 sólo podrán ser concedidas
con el consentimiento de las autoridades competentes de todos los
Estados miembros ante los que ha sido presentada la solicitud. Surtirán
efecto a partir de la fecha en que la autoridad de control elegida se ha
comprometido, ante las demás autoridades de control, a verificar la
solvencia de las agencias o sucursales establecidas en la Comunidad para
el conjunto de sus operaciones.
La autoridad de control elegida obtendrá de los otros Estados miembros
las informaciones necesarias para verificar la solvencia global de las
agencias y sucursales establecidas en su territorio.
4. A iniciativa de uno a varios Estados miembros afectados, las ventajas
concedidas en virtud del presente artículo serán suprimidas simultánea-
mente para el conjunto de los Estados miembros interesados.
Artículo 31
1. a) Sin perjuicio de la letra b), las agencias o sucursales a que se
refiere el presente título no podrán acumular en el territorio de
un Estado miembro, el ejercicio de las actividades previstas en el!B1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 24
Anexo de la primera Directiva de coordinación «daños», con el
ejercicio de las cubiertas por la presente Directiva.
b) Sin perjuicio de la letra c), los Estados miembros podrán prever
que las agencias y sucursales citadas en el presente título que, en
e lm o m e n t od el an o t i f i c a c i ó nd el ap r e s e n t eD i r e c t i v a ,
practiquen simultáneamente las dos actividades en el territorio
de un Estado miembro, puedan continuar practicando esa
acumulación siempre que adopten una gestión separada para
cada una de ellas, de conformidad con el artículo 14.
c) Todo Estado miembro que, en virtud de las letras a) y b) del
apartado 6 del artículo 13, haya impuesto a las empresas
establecidas en su territorio la obligación de poner fin a la
acumulación de las actividades que practiquen en el momento de
la notificación de la presente Directiva, deberá igualmente
imponer esta obligación a las agencias o sucursales a que se
refiere el presente título, establecidas en su territorio y que
practiquen esa acumulación.
d) Los Estados miembros pueden prever que las agencias y
sucursales a que se refiere en el presente título, cuya sede
social practique la acumulación y que, en el momento de la
notificación de la presente Directiva, lleven a cabo en el
territorio de un Estado miembro únicamente las actividades
referidas en la presente Directiva, puedan proseguir allí sus
actividades. Cuando la empresa quiera ejercer las actividades
relacionadas en la primera Directiva de coordinación «daños»
en ese territorio, sólo podrá ejercer las actividades contempladas
en la presente Directiva por medio de un filial.
2. Los artículos 23 y 24 serán aplicables «mutatis mutandis» a las
agencias y surcursales a que se refiere el presente título.
Para la aplicación del artículo 24, la autoridad de control que efectúe la
verificación de la solvencia global de esas agencias o sucursales estará
asimilada a la autoridad de control des Estado miembro de la sede social.
3. En caso de retirada de la autorización por la autoridad prevista en el
apartado 2 del artículo 30, ésta informará a las autoridades de control de
los otros Estados miembros en donde la empresa ejerza su actividad, las
cuales tomarán las medidas oportunas. Si la decisión de retirada
estuviera motivada por la insuficiencia del margen de solvencia
calculado de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo
30, la autoridades de control de los otros Estados miembros afectados
también retirarán su autorización.
Artículo 31 bis
1. En las condiciones establecidas por el derecho nacional, cada Estado
miembro autorizará a las agencias y sucursales establecidas en su
territorio y a las que se hace mención en el presente título, a transferir la
totalidad o una parte de su cartera de contratos a un cesionario
establecido en el mismo Estado miembro, si las autoridades competentes
de dicho Estado miembro, o en su caso, las del Estado miembro a que
hace referencia el artículo 30, certifican que el cesionario tiene, habida
cuenta de la transferencia, el margen de solvencia necesario.
2. En las condiciones establecidas por el derecho nacional, cada Estado
miembro autorizará a las agencias o sucursales establecidas en su
territorio y a las que se hace mención en el presente título, a transferir la
totalidad o una parte de su cartera de contratos a una empresa de seguros
con domicilio social en otro Estado miembro, si las autoridades
competentes de dicho Estado miembro certifican que el cesionario
tiene, habida cuenta de la transferencia, el margen de solvencia
necesario.!B
!M21979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 25
3. Si un Estado miembro autoriza, en las condiciones establecidas por
el derecho nacional, a las agencias y sucursales establecidas en su
territorio y a la que se hace mención en el presente título, a transferir la
totalidad o una parte de su cartera de contratos a una agencia o sucursal
mencionada en el presente título y creada en el territorio de otro Estado
miembro, se asegurará de que las autoridades competentes del Estado
miembro del cesionario, o, en su caso, las del Estado miembro
mencionado en el artículo 30, certifiquen que el cesionario tiene, habida
cuenta de la transferencia, el margen de solvencia necesario, de que la
ley del Estado miembro del cesionario dispone la posibilidad de dicha
transferencia y de que el Estado en cuestión aprueba la transferencia.
4. En los casos mencionados en los apartados 1, 2 y 3, el Estado
miembro en el que esté situada la agencia o la sucursal cedente
autorizará la transferencia después de haber recibido la aprobación de las
autoridades competentes del Estado miembro del compromiso, cuando
éste no sea el Estado miembro en el que está situada la agencia o sucursal
cedente.
5. Las autoridades competentes de los Estados miembros consultados
comunicarán su dictamen o su acuerdo a las autoridades competentes del
Estado miembro de origen de la empresa de seguros cedente, dentro de
los tres meses siguientes a la recepción de la consulta. En caso de
silencio por parte de las autoridades consultadas, dicho silencio
equivaldrá, una vez transcurrido el plazo mencionado, a un dictamen
favorable o a un acuerdo tácito.
6. La transferencia autorizada con arreglo al presente artículo será
objeto, en el Estado miembro del compromiso, de una medida de
publicidad en las condiciones establecidas por el derecho nacional. Dicha
transferencia será oponible de pleno derecho a los tomadores de seguro, a
los asegurados y a toda persona que tenga derechos u obligaciones
derivados de los contratos transferidos.
Esta disposición no afectará al derecho de los Estados miembros a
establecer la facultad, para los tomadores de seguro, de rescindir el
contrato en un plazo determinado a partir de la transferencia..
Artículo 32
La Comunidad podrá, mediante acuerdos celebrados de conformidad con
el Tratado con uno o más terceros países, convenir la aplicación de
disposiciones diferentes a las previstas en el presente título, con el fin de
asegurar, bajo condición de reciprocidad, una protección suficiente de los
asegurados de los Estados miembros.
TÍTULO III B
NORMAS APLICABLES A LAS FILIALES O ADQUISICIONES
DE P ARTICIP ACIÓN DE UNA EMPRESA MATRIZ SOMETIDA
AL DERECHO DE UN PAÍS TERCERO
Artículo 32 bis
Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán a la
Comisión:
a) de cualquier autorización de una filial, directa o indirecta, de una o
varias empresas matrices que se rijan por el Derecho de un país
tercero. La Comisión informará de ello al comité mencionado en el
apartado 6 del artículo 32 ter;
b) de cualquier adquisición, por parte de dichas empresas matrices, de
participaciones en una empresa de seguros de la Comunidad que
hiciera de esta última su filial. La Comisión informará de ello el
Comité mencionado en el apartado 6 del artículo 32 ter.!M2
!B
!M11979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 26
Cuando se concede la autorización a una filial directa o indirecta de una
o varias empresas matrices sujetas al Derecho de un país tercero, deberá
especificarse la estructura del grupo en la notificación que las
autoridades competentes dirijan a la Comisión.
Artículo 32 ter
1. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las dificultades
de carácter general que encuentren sus empresas de seguros para
establecerse o desarrollar sus actividades en un país tercero.
2. La Comisión elaborará por primera vez seis meses antes de la fecha
contemplada en el párrafo segundo del artículo 30 de la Directiva
90/619/CEE (1) a más tardar, y posteriormente de forma periódica, un
informe en que se examine el trato concedido en los países terceros a las
empresas de seguros de la Comunidad, tal como dicho trato se entiende
en los apartados 3 y 4 siguientes, en lo que se refiere al establecimiento y
ejercicio de actividades de seguros, así como a la adquisición de
participaciones de empresas de seguros de países terceros. La Comisión
presentará dichos informes al Consejo acompañados, en su caso, de
propuestas adecuadas.
3. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 2 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que un país tercero no
concede a las empresas de seguros de la Comunidad un acceso efectivo
al mercado comparable al que la Comunidad ofrece a las empresas de
seguros de dicho país tercero, podrá presentar al Consejo propuestas para
que se le otorgue un mandato de negociación adecuado para obtener
condiciones de competencia comparables para las empresas de seguros
de la Comunidad. El Consejo decidirá por mayoría cualificada.
4. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 2 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que las empresas de
seguros de la Comunidad no se benefician en un país tercero del trato
nacional que ofrezca las mismas posibilidades de competencia que a las
empresas de seguros nacionales y que no se cumplen las condiciones de
acceso efectivo al mercado, podrá iniciar negociones con vistas a
solucionar dicha situación.
En los supuestos del párrafo primero del presente apartado 4, como
complemento al inicio de negociaciones, también podrá, en cualquier
momento, decidirse, de conformidad con el procedimiento establecido en
el apartado 6 del artículo 32 ter,que las autoridades competentes de los
Estados miembros deben limitar o suspender sus decisiones;
— en relación con las solicitudes de autorización presentadas en el
momento en que se tome la decisión o con posterioridad, y
— sobre las adquisiciones de participaciones por parte de empresas
matrices directas o indirectas que se rijan por el Derecho del país
tercero en cuestión.
La vigencia de las medidas citadas no podrá ser superior a tres meses.Antes de que venza dicho plazo de tres meses y a la vista de los
resultados de la negociación, el Consejo podrá decidir, por mayoría
cualificada y a propuesta de la Comisión, que continúen aplicándose las
medidas adoptadas.
Dicha limitación o suspensión no podrá aplicarse a la creación de filiales
por empresas de seguros o por sus filiales debidamente autorizadas en la
Comunidad, ni a la adquisición de participaciones por tales empresas o
filiales en una empresa de seguros de la Comunidad.
5. Cuando la Comisión realice una de las comprobaciones a que se
refieren los apartados 3 y 4, los Estados miembros le informarán, a
petición suya:
a) de cualquier solicitud de autorización de una filial, directa o
indirecta, de una o varias empresas matrices que se rijan por el
Derecho del país tercero de que se trate;!M1
(1)D O noL 330 de 29. 11. 1990, p. 50.1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 27
b) de cualquier proyecto que les presente una de tales empresas para
adquirir participaciones en una empresa de seguros de la Comunidad
que convirtiera a ésta en filial de la primera.
Dejará de ser obligatoria dicha información tan pronto como se celebre
un acuerdo con el país tercero contemplado en el apartado 3 o en el
apartado 4 o cuando dejen de ser aplicables las medidas contempladas en
los párrafos segundo y tercero del apartado 4.
6. Asistirá a la Comisión un comité compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el Representante de la Comisión.
El Representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las
medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho
proyecto en un plazo que el Presidente podrá establecer en función de la
urgencia de la cuestión. El dictamen se emitirá con arreglo a la mayoría
establecida en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción
de las decisiones que deba tomar el Consejo a propuesta de la Comisión.
Para las votaciones que se efectúen en el Comité, los votos de los
representantes de los Estados miembros se ponderarán del modo
definido en dicho artículo. El Presidente no participará en la votación.
La Comisión adoptará las medidas propuestas si las mismas se ajustaren
al dictamen del Comité.
Si las medidas propuestas no se ajustaren al dictamen del Comité, o a
falta de dictamen, la Comisión presentará al Consejo sin tardanza una
propuesta relativa a las medidas que deban adoptarse. El Consejo se
pronunciará por mayoría cualificada.
Si transcurrido un plazo que se fijará en cada acto que el Consejo adopte
con arreglo al presente apartado, pero que en ningún caso podrá exceder
de tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya sometido
al Consejo, éste no se hubiera pronunciado, la Comisión adoptará las
medidas propuestas, excepto en el caso en que el Consejo se haya
pronunciado por mayoría simple contra dichas medidas.
7. Las medidas que se adopten en virtud del presente artículo deberán
ajustarse a las obligaciones contraídas por la Comunidad con arreglo a
cualquier acuerdo internacional, tanto bilateral como multilateral, que
regule el acceso a la actividad de las empresas de seguros y su ejercicio.
TITULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DIVERSAS
Artículo 33
1. Los Estados miembros dejarán a las empresas a que se refiere el
título II y que, en el momento de la entrada en vigor de las medidas de
ejecución de la presente Directiva, practiquen en su territorio uno o
varios de los ramos previstos en el Anexo, un plazo de cinco años, a
partir de la notificación de la presente Directiva, para acomodarse a los
artículos 18, 19 y 20.
2. Además, los Estados miembros podrán:a) Conceder a las empresas contempladas en el apartado 1 que, al
finalizar el plazo de cinco años, no hayan constituido íntegramente el
margen de solvencia, un plazo suplementario que no podrá exceder
de dos años, siempre que, de conformidad con el artículo 24, tales
empresas hayan sometido a la autoridad de control la aprobación de
las disposiciones que se propongan tomar a tal fin.
b) Dispensar, con la excepción de las mutuas de seguros a que se refiere
la segunda frase del segundo guión del punto 2 del artículo 3, a las
empresas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo y cuyo
importe del margen de solvencia que se ha de constituir en virtud del
artículo 19, sin deducción del reaseguro al finalizar el plazo de cinco
años, no alcance el mínimo del fondo de garantía previsto en las
letras a) y b) del apartado 2 del artículo 20, de la obligación de!M1
!B1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 28
constituir el fondo antes de acabar el ejercicio para el cual el importe
precitado alcance ese mínimo.
El plazo máximo así concedido a estas empresas para constituir ese
mínimo no podrá en ningún caso sobrepasar diez años a partir de la
notificación de la presente Directiva.
3. Las empresas que deseen ampliar su actividad con arreglo al
apartado 2 del artículo 8 o al artículo 10, sólo podrán hacerlo si se
adaptan inmediatamente a las normas de la presente Directiva.
4. Las empresas que tengan una forma distinta a las indicadas en el
artículo 8, podrán continuar ejerciendo durante tres años, a partir de la
notificación de la presente Directiva, su actividad actual bajo la forma
jurídica que revistan en el momento de esta notificación. Las empresas
creadas en el Reino Unido «by Royal Charter» o «by private Act» o «by
special public Act», podrán proseguir su actividad bajo su forma actual
sin limitación de tiempo.
Los Estados miembros interesados harán la lista de esas empresas y la
comunicarán a los otros Estados miembros, así como a la Comisión.
5. La empresas que practiquen, de conformidad con su objeto social, el
seguro sobre la vida y efectúen operaciones de ahorro, podrán proseguir
esas actividades con exclusión de las operaciones de ahorro que deban
cesar en un plazo de tres años a partir de la notificación de la presente
Directiva. Por excepción, la «Caisse générale d’épargne et retraite
(CGER)» en Bélgica, las sociedades «registered under the Friendly
Societies Acts» en el Reino Unido y la «Banca nazionale delle
comunicazioni» en Italia, podrán proseguir las actividades que
practiquen en el momento de la notificación de la presente Directiva.
6. Las empresas que practiquen la acumulación en las condiciones
previstas en el artículo 13, dispondrán de un plazo de cinco años a partir
de la notificación de la presente Directiva para adecuarse al artículo 14.
7. A petición de las empresas que cumplan las obligaciones de los
artículos 17 al 20, los Estados miembros suprimirán las medidas
restrictivas tales como hipotecas, depósitos o fianzas constituidos en
virtud de se regulación actual.
Artículo 34
Los Estados miembros dejarán a las agencias o sucursales contempladas
en el título III y que, en el momento de la entrada en vigor de las medidas
de ejecución de la presente Directiva, practiquen uno a más ramos de los
previstos en el Anexo y que no amplíen su actividad con arreglo al
apartado 2 del artículo 10, un plazo máximo de cinco años a partir de la
notificación de la presente Directiva, para adecuarse al artículo 29.
Artículo 36
Durante un período que finalizará en el momento de la entrada en vigor
de un acuerdo celebrado de conformidad con el artículo 32 con un país
tercero y, a más tardar, al finalizar un período de cuatro años despues de
la notificación de la presente Directiva, cada Estado miembro podrá
mantener, en favor de las empresas de ese país establecidas en su
territorio, el régimen que se les aplicaba al 1 de enero de 1979 en lo que
se refiere a la congruencia y a la localización de las reservas técnicas,
incluidas las matemáticas, siempre que informen de ello a los otros
Estados miembros y a la Comisión, y no excedan los límites de las
atenuaciones concedidas en virtud del apartado 2 del artículo 17 a las
empresas de Estados miembros establecidas en su territorio.!B
!M2
!B1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 29
Artículo 37
1. Cuando un Estado miembro exija de sus nacionales una prueba de
honorabilidad y de que no han sido declarados anteriormente en quiebra,
o una sola de las dos pruebas, aceptará como justificación suficiente,
para los nacionales de otros Estados miembros, la presentación de un
extracto del registro de antecedentes penales a falta de ello, de un
documento equivalente expedido por una autoridad judicial o adminis-
trativa competente del Estado miembro de origen o de procedencia que
acredite que se satisfacen esas exigencias.
2. Cuando el documento mencionado en el apartado 1 no se expide por
el Estado miembro de origen o de procedencia, podrá ser sustituido por
una declaración jurada — o, en los Estados donde tal juramento no
exista, por una declaración solemne — hecha per el interesado ante una
autoridad judicial o administrativa competente o, llegado el caso, un
notario del Estado miembro de origen o de procedencia, que expedirá un
certificado que dará fe de ese juramento o de esa declaración solemne.
La declaración de ausencia previa de quiebra podrá hacerse igualmente
ante un organismo profesional calificado de ese mismo Estado.
3. Los documentos expedidos de conformidad con los apartados 1 y 2
no deberán, desde su expedición, tener más de tres meses.
4. Los Estados miembros designarán, en un plazo de dieciocho meses a
partir desde la notificación de la presente Directiva, las autoridades y
organismos competentes para la expedición de los documentos
mencionados en los apartados 1 y 2, e informarán de ello inmediata-
mente a los demás Estados miembros y a la Comisión.
En el mismo plazo, cada Estado miembro indicará igualmente a los otros
Estados miembros y a la Comisión, las autoridades y organismos a los
cuales deberán ser presentados los documentos previstos en el presente
artículo, en apoyo de la petición de ejercer, en el territorio de este Estado
miembro, las activiades a que se refiere el artículo 1.
TITULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 38
La Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros
colaborarán estrechamente para facilitar el control de seguro directo
dentro de la Comunidad, y para examinar las dificultades que puedan
surgir en la aplicación de la presente Directiva.
Artículo 39
1. La Comisión presentará al Consejo, en un plazo de seis años a partir
de la notificación de la presente Directiva, un informe sobre los efectos
de las exigencias financieras prescritas por la presente Directiva, sobre la
situación del mercado de seguros de los Estados miembros. Si es
necessario, la Comisión presentará al Consejo informes provisionales
antes de finalizar el período transitorio previsto en el apartado 1 del
artículo 33.
2. Transcurridos diez años a partir de la notificación de la presente
Directiva, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre las
operaciones de los dos tipos de empresas que entran en el ámbito de
aplicación de la presente Directiva, es decir las que practican la
acumulación del ejercicio de las actividades previstas en la primera
Directiva de coordinación «daños» y las previstas en la presente
Directiva, y las empresas que sólo ejercen las actividades mencionadas
en la presente Directiva.
3. El Consejo, a propuesta de la Comisión, examinará cada dos años y,
en su caso, revisará, los importes expresados en unidades de cuenta en la
presente Directiva, teniendo en cuento la evolución de la situación
económica y monetaria en la Comunidad. La Comisión someterá al!B1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 30
Consejo su primera propuesta al respecto, al mismo tiempo que una
propuesta relativa a las seguros «daños», tal como está previsto en el
artículo 3 de la Directiva 76/580/CEE (1)y, a más tardar, cuatro años
después de la notificación de la presente Directiva.
Artículo 40
Los Estados miembros modificarán sus disposiciones de conformidad
con la presente Directiva en un plazo de dieciocho meses a partir de su
notificación, e informarán inmediatamente de ello a la Comisión. Las
disposiciones así modificadas, sin prejuicio de los artículos 33 al 36,
serán aplicadas en un plazo de treinta meses a partir de esta notificación.
Artículo 41
Desde la notificación de la presente Directiva, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones fundamentales
de orden legal, reglamentario o administrativo, que adopten en el ámbito
cubierto por la presente Directiva.
Artículo 42
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.!B
(1)D O noL 189 de 13. 7. 1976, p. 13.1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 31
ANEXO
CLASIFICACION POR RAMOS
I. Los seguros previstos en las letras a), b) y c) del punto 1 del artículo 1, excepto los
incluidos en los puntos II y III.
II. El seguro de «nupcialidad», el seguro de «natalidad».
III. Los seguros previstos en las letras a) y b) del punto 1 del artículo 1, que estén
vinculados con fondos de inversión.
IV . El «permanent health insurance», previsto en la letra d) del punto 1 del artículo 1.V . Las operaciones tontinas previstas en la letra a) del punto 2 del artículo 1.
VI. Las operaciones de capitalización previstas en la letra b) del punto 2 del artículo 1.
VII. Las operaciones de gestión de fondos colectivos de pensiones previstas en las letras
c) y d) del punto 2 del artículo 1.
VII. Las operaciones previstas en la letra e) del punto 2 del artículo 1.
IX. Las operaciones previstas en el punto 3 del artículo 1.!B1979L0267 — ES — 07.08.1995 — 006.001 — 32