2002L0083 — ES — 20.03.2008 — 006.001

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►B DIRECTIVA 2002/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de noviembre de 2002 sobre el seguro de vida (DO L 345, 19.12.2002, p.1)

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DIRECTIVA 2002/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 5 de noviembre de 2002

sobre el seguro de vida







EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47 y su artículo 55, Vista la propuesta de la Comisión ( 1 ), Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 2 ), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado ( 3 ), Considerando lo siguiente: (1) La Primera Directiva 79/267/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1979, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, referentes al acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a su ejercicio ( 4 ), la Segunda Directiva 90/619/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE ( 5 ) y la Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, relativas al seguro directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida) ( 6 ), han sido modificadas de manera sustancial y en varias ocasiones. Dado que se deben realizar nuevas modificaciones, conviene proceder a la refundición de las citadas Directivas en un texto único en aras de la claridad. (2) Para facilitar el acceso a las actividades de los seguros sobre la vida y su ejercicio, es necesario eliminar algunasdivergencias existentes entre las legislaciones nacionales en materia de control. Para realizar este fin, garantizando una protección adecuada a los asegurados y a los beneficiarios en todos los Estados miembros, conviene coordinar las disposiciones relativas a las garantías financieras exigidas a las empresas de seguros de vida. (3) Es necesario llevar a término el mercado interior en materia de seguro directo de vida, en su doble vertiente de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios en los Estados miembros, al objeto de facilitar a las empresas de seguros con domicilio social en la Comunidad la suscripción de compromisos dentro de la Comunidad, facilitando con ello a los tomadores la posibilidad de recurrir no sólo a empresas establecidas en su país, sino también a empresas con domicilio social en la Comunidad y establecidas en otros Estados miembros. (4) En aplicación del Tratado, está prohibido cualquier trato discriminatorio en materia de prestación de servicios que se fundamente en el hecho de que una empresa no esté establecida en el Estado miembro en el que se realiza la prestación. Tal prohibición se aplica a las prestaciones de servicios efectuadas a partir de cualquier establecimiento dentro de la Comunidad, independientemente de si se trata de la sede social de una empresa o de una agencia o sucursal. (5) La presente Directiva constituye, por tanto, un paso importante del proceso de aproximación de los mercados nacionales para la instauración de un solo mercado integrado, y debe completarse esta fase con otros instrumentos comunitarios al objeto de permitir que todos los tomadores de seguro puedan recurrir a cualquier asegurador con domicilio social en la Comunidad y que ejerza en ella su actividad en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, garantizándoles, al mismo tiempo, una protección adecuada. (6) La presente Directiva se inscribe en el marco de la labor legislativa ya realizada por la Comunidad en el sector del seguro de vida, que también comprende la Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y cuentas consolidadas de las empresas de seguros ( 7 ). (7) Se ha optado por llevar a cabo la armonización básica, necesaria y suficiente para llegar al reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión cautelar, que permita la concesión de una única autorización válida en toda la Comunidad y la aplicación del principio de control por el Estado miembro de origen. (8) Por consiguiente, el acceso a la actividad de seguros y su ejercicio quedan supeditados a la concesión de una única autorización administrativa, concedida por las autoridades competentes del Estado miembro en el que la empresa de seguros tenga su domicilio social. Dicha autorización permitirá a la empresa ejercer su actividad en toda la Comunidad, en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios. El Estado miembro en que se ubique la sucursal o en el que tenga lugar la prestación de servicios no podrá exigir una nueva autorización a las empresas de seguros que deseen ejercer en él la actividad de seguros y ya estén autorizadas en el Estado miembro de origen. (9) Las autoridades competentes no deben conceder o mantener la autorización a empresas de seguros cuyos vínculos estrechos con otras personas físicas o jurídicas sean de índole tal que obstaculicen el correcto ejercicio de su misión de supervisión. Las empresas de seguros ya autorizadas deberán también satisfacer las exigencias de las autoridades competentes al respecto. (10) La definición establecida en la presente Directiva de tales «vínculos estrechos» está constituida por criterios mínimos y ello no obsta para que los Estados miembros contemplen también situaciones diferentes de las previstas en dicha definición. (11) El mero hecho de adquirir un porcentaje significativo del capital de una sociedad no constituye participación en el sentido de «vínculos estrechos», siempre que dicha adquisición se realice únicamente a título de inversión financiera temporal y no permita influir en la estructura y la política financiera de la empresa. (12) Los principios de reconocimiento mutuo y de supervisión ejercida por el Estado miembro de origen exigen que las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros no concedan autorización o la retiren cuando factores tales como el programa de actividades, la distribución geográfica o las actividades realmente realizadas demuestren de forma inequívoca que la empresa de seguros ha optado por el sistema jurídico de un Estado miembro con el propósito de eludir las normas más estrictas vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio proyecta realizar o realiza la mayor parte de sus actividades. Toda empresa de seguros deberá ser autorizada en el Estado miembro en el que se encuentre su domicilio social. Por otra parte, los Estados miembros deben exigir que el domicilio social de una empresa de seguros siempre esté situado en su Estado miembro de origen y que ejerza realmente sus actividades en el mismo. (13) Por motivos prácticos conviene definir la prestación de servicios teniendo presente, por un lado, el establecimiento de la empresa y, por otra, la localización del compromiso. Por consiguiente, debe definirse asimismo el concepto de «compromiso». Conviene, además, delimitar la actividad ejercida por medio del derecho de establecimiento, distinguiéndola de la ejercida en régimen de libre prestación de servicios. (14) Es necesaria una clasificación por ramos para determinar, en particular, las actividades sujetas a autorización obligatoria. (15) Conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva algunas mutuas que, en virtud de su régimen jurídico, reúnen condiciones de seguridad y ofrecen garantías financieras específicas. Conviene, además, excluir algunos organismos cuya actividad sólo se extiende a un sector muy reducido y se encuentra estatutariamente limitada. (16) En cada Estado miembro, el seguro de vida está sometido a una autorización y a un control administrativo, pero que hace falta precisar las condiciones para otorgar o retirar esta autorización. Deberá contemplarse el derecho de recurso judicial en caso de denegación o retirada de autorización. (17) Conviene precisar las facultades y los medios de control de las autoridades competentes. Conviene además dictar disposiciones específicas relativas al acceso, al ejercicio y al control de las actividades desarrolladas en régimen de libre prestación de servicios. (18) Corresponde a las autoridades competentes del Estado miembro de origen garantizar la vigilancia de la solidez financiera de la empresa de seguros, y, en particular, del estado de solvencia y de la constitución de provisiones técnicas suficientes, así como de la representación de éstas por activos congruentes. (19) Conviene prever la posibilidad de intercambios de información entre las autoridades competentes y determinadas autoridades u organismos que contribuyen, por su función, a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Para garantizar el carácter confidencial de la información transmitida, la lista de sus destinatarios debe ser estrictamente limitada. (20) Determinadas actuaciones, como los fraudes y los delitos de uso indebido de información privilegiada, aun cuando afecten a empresas distintas de las empresas de seguros, pueden repercutir en la estabilidad del sistema financiero, e incluso en su integridad. (21) Es preciso establecer las condiciones en las que se autoricen los intercambios de información anteriormente mencionados. (22) Cuando se establece que la información sólo podrá divulgarse si cuenta con el acuerdo expreso de las autoridades competentes, éstas podrán, si procede, subordinar su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas. (23) Los Estados miembros sólo podrán celebrar acuerdos sobre intercambios de información con terceros países si la información comunicada queda protegida por adecuadas garantías de secreto profesional. (24) Con el fin de reforzar la supervisión prudencial de las empresas de seguros y la protección de los clientes de las empresas de seguros, es conveniente establecer que todo auditor deberá informar rápidamente a las autoridades competentes cuando, en los casos previstos en la presente Directiva y en el ejercicio de su función, tenga conocimiento de determinados hechos que puedan afectar gravemente a la situación financiera o a la organización administrativa y contable de una empresa de seguros. (25) Dado el objetivo que se pretende, conviene que los Estados miembros dispongan la aplicación de esta obligación siempre que un auditor, en el ejercicio de su función, observe tales hechos en una empresa que tenga vínculos estrechos con una empresa de seguros. (26) La obligación impuesta a los auditores de comunicar, en su caso, a las autoridades competentes determinada información relativa a una empresa de seguros verificada en el ejercicio de su función en una empresa no aseguradora no modifica en sí misma el carácter de su función en dicha empresa ni la forma de llevar a cabo su función en ella. (27) La realización de las operaciones de gestión de fondos colectivos de pensiones no podrá, en ningún caso, afectar a las competencias atribuidas a las autoridades respectivas con respecto a las entidades titulares de los activos a que se refiere dicha gestión. (28) Determinadas disposiciones de la presente Directiva definen normas mínimas. El Estado miembro de origen puede dictar reglas más estrictas respecto de las empresas de seguros autorizadas por sus propias autoridades competentes. (29) Las autoridades competentes de los Estados miembros deben disponer de los medios de control necesarios para velar por el ejercicio ordenado de las actividades de la empresa de seguros en el conjunto de la Comunidad, ya se efectúen en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios. En particular, dichas autoridades deben poder adoptar las medidas de salvaguarda adecuadas o imponer sanciones a fin de evitar que se produzcan irregularidades, así como posibles infracciones contra las disposiciones en materia de control de la actividad de seguros. (30) Las disposiciones relativas a la transferencia de cartera deben contemplar específicamente el caso en que la cartera de contratos celebrados en régimen de prestación de servicios sea cedida a otra empresa. (31) Las disposiciones relativas a la transferencia de la cartera de contratos deben estar adaptadas al régimen jurídico de autorización única que establece la presente Directiva. (32) No debe permitirse la práctica de la acumulación del seguro de vida y el seguro distinto del de vida a las empresas que se constituyan después de las fechas a las que se refiere el apartado 3 del artículo 18. En lo que se refiere a las empresas existentes que practicaban, en las fechas pertinentes a las que se refiere el apartado 3 del artículo 18, esta acumulación, se puede dejar a los Estados miembros la posibilidad de autorizarlas a continuar con esta práctica, siempre que adopten una gestión separada para cada una de sus actividades, con el fin de que sean protegidos los intereses respectivos de los tomadores de los seguros de vida y de los tomadores de los seguros distintos de los seguros de vida, y de que las obligaciones financieras mínimas referentes a una de esas actividades no sean soportadas por la otra. En lo que respecta a esas mismas empresas existentes que practican la acumulación, hay que dejar también a los Estados miembros la posibilidad de que puedan exigir que esas empresas, establecidas en su territorio, pongan fin a su acumulación. Por otra parte, se debe someter a una vigilancia especial a las empresas especializadas, en los casos en que una empresa de seguros distintos de los de vida pertenezca al mismo grupo financiero que una empresa de seguros de vida. (33) Ninguna disposición de la presente Directiva impide a una empresa de seguros de varios ramos el escindirse en dos empresas distintas que practiquen, la primera los seguros de vida y, la segunda, los seguros distintos de los de vida. Con el objeto de realizar esta separación en las mejores condiciones posibles es conveniente permitir a los Estados miembros, respetando las disposiciones de Derecho comunitario en materia de competencia, que prevean un sistema fiscal apropiado sobre, en particular, las plusvalías que dicha segregación puede hacer aflorar. (34) Los Estados miembros que lo deseen puedan conceder a una misma empresa autorizaciones para los ramos contemplados en el anexo I y para las operaciones de seguros comprendidas en los ramos 1 y 2 del anexo de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio ( 8 ). No obstante, dicha facultad puede estar sujeta a determinadas condiciones sobre cumplimiento de reglas contables y de reglas de liquidación. (35) Para la protección de los asegurados, es necesario que cada empresa de seguros constituya provisiones técnicas suficientes. El cálculo de dichas provisiones se basa esencialmente en principios actuariales. Conviene coordinar dichos principios a fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las disposiciones prudenciales aplicables en los diferentes Estados miembros. (36) Es deseable, por razones de prudencia, establecer una coordinación mínima de las reglas de limitación del tipo de interés utilizado en el cálculo de las provisiones técnicas y, habida cuenta de que todos los métodos actualmente existentes para proceder a dicha limitación son igualmente correctos, prudenciales y equivalentes, parece conveniente que a los Estados miembros se les otorgue la posibilidad de elegir libremente el método que deba utilizarse. (37) Procede coordinar las reglas relativas al cálculo de las provisiones técnicas y las reglas que rigen la diversificación, la localización y la congruencia de los activos representativos de las provisiones técnicas, con el fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las disposiciones de los Estados miembros. Para dicha coordinación habrán de tenerse en cuenta la liberalización de los movimientos de capitales conforme al artículo 56 del Tratado, así como los progresos de la Comunidad con miras a la plena realización de la unión económica y monetaria. (38) El Estado miembro de origen no puede exigir a las empresas de seguros que inviertan los activos representativos de sus provisiones técnicas en determinadas categorías de activos, puesto que estas exigencias son incompatibles con la liberalización de los movimientos de capitales contemplada en el artículo 56 del Tratado. (39) Es necesario que las empresas de seguros dispongan, además de provisiones técnicas, incluidas las provisiones matemáticas, suficientes para hacer frente a las obligaciones contraídas, de una reserva complementaria, denominada «margen de solvencia», representada por el patrimonio libre y, con la aprobación de la autoridad competente, por elementos implícitos del patrimonio, que actúen como un amortiguador frente a fluctuaciones adversas de su actividad. Este requisito constituye un elemento importante de la supervisión prudencial para la protección de los asegurados y tomadores de seguros. Para asegurar a este respecto que las obligaciones impuestas sean determinadas en función de criterios objetivos, mediante los que se sitúe en pie de igualdad de competencia a las empresas de una misma importancia, conviene prever que este margen sea proporcional al conjunto de obligaciones contractuales de la empresa y a la naturaleza y gravedad de los riesgos que presentan las diversas actividades que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Este margen debe ser pues distinto según se trate de riesgo de inversión, de riesgo de mortalidad o únicamente de riesgo de gestión. Debe ser así determinado, bien en función de las provisiones matemáticas y de los capitales sujetos al riesgo adquirido por la empresa, bien en función de las primas o contribuciones cobradas, bien en función únicamente de las provisiones, o bien en función de los activos de las tontinas. (40) La Directiva 92/96/CEE estableció una definición provisional de mercado regulado, en espera de la adopción de una Directiva sobre los servicios de inversiones en el sector de los valores mobiliarios que armonizara dicho concepto a escala comunitaria. La Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables ( 9 ), prevé una definición de mercado regulado, si bien excluye de su ámbito de aplicación las actividades de seguros. Conviene aplicar el concepto de mercado regulado también a las actividades de seguros de vida. (41) La lista de elementos que pueden entrar en la composición del margen de solvencia exigido por la presente Directiva tiene en cuenta los nuevos instrumentos financieros y las facilidades otorgadas a otras instituciones financieras para nutrir sus fondos propios. Habida cuenta de la evolución del mercado en cuanto a la naturaleza de la cobertura de reaseguro contratada por los aseguradores directos, es necesario que, en determinadas circunstancias, las autoridades competentes estén facultadas para disminuir la reducción del margen de solvencia obligatorio. Con objeto de mejorar la calidad del margen de solvencia, se debe limitar y someter a condiciones y, en cualquier caso, debe cesar después de 2009, la posibilidad de incluir beneficios futuros en el margen de solvencia disponible. (42) Es necesario exigir un fondo de garantía cuyo importe y composición sean tales que dé la garantía de que las empresas disponen, desde el momento de su constitución, de medios adecuados y que en ningún caso el margen de solvencia disminuya durante su actividad por debajo de un mínimo de seguridad. Dicho fondo de garantía debe estar constituido, en su totalidad o en una parte determinada, por elementos explícitos del patrimonio. (43) A fin de evitar en el futuro aumentos importantes y pronunciados del fondo de garantía mínimo, debe establecerse un mecanismo que prevea su aumento en función del índice europeo de precios al consumo. La presente Directiva debe establecer normas mínimas sobre los requisitos de margen de solvencia y los Estados miembros de origen deben poder establecer normas más estrictas respecto de las empresas de seguros autorizadas por sus propias autoridades competentes. (44) Las disposiciones vigentes en los Estados miembros en materia de derecho del contrato relativo a las actividades contempladas en la presente Directiva divergen. La armonización del derecho del contrato de seguro no es una condición previa para la realización del mercado interior de los seguros. En consecuencia, la posibilidad otorgada a los Estados miembros de imponer la aplicación de su legislación a los contratos de seguros en virtud de los cuales se contraigan compromisos en su territorio puede proporcionar las suficientes garantías a los tomadores de seguro. En determinados casos, con arreglo a normas que tengan en cuenta circunstancias específicas, puede concederse la libertad de elegir, como ley aplicable al contrato, una ley distinta de la del Estado del compromiso. (45) Para los contratos de seguros de vida conviene conceder al tomador la posibilidad de renunciar al contrato en un plazo comprendido entre 14 y 30 días. (46) En el marco del mercado interior, interesa al tomador de seguro poder tener acceso a la gama más amplia posible de productos de seguros ofrecidos en la Comunidad, de manera que pueda elegir de entre todos ellos el más adecuado a sus necesidades. Por consiguiente, incumbe al Estado miembro del compromiso velar para que en su territorio no haya obstáculo alguno a la comercialización de todos los productos de seguros ofrecidos en la Comunidad, siempre que éstos no sean contrarios a las disposiciones legales de interés general vigentes en el Estado miembro del compromiso y en la medida en que el interés general no quede salvaguardado por las normas del Estado miembro de origen, quedando entendido que tales disposiciones deberán aplicarse de forma no discriminatoria a toda empresa que opere en dicho Estado miembro y ser objetivamente necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido. (47) Los Estados miembros deben estar en medida de velar por que los productos de seguros y la documentación contractual utilizada para la cobertura de los compromisos contraídos en su territorio, en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, respeten las disposiciones legales específicas de interés general aplicables. Los sistemas de control que se empleen deben adaptarse a las exigencias del mercado interior sin que puedan constituir un requisito previo al ejercicio de la actividad de seguros. Desde esta óptica, los sistemas de aprobación previa de las condiciones de los seguros no se justifican. En consecuencia, resulta oportuno prever otros sistemas más apropiados a las exigencias del mercado interior y que permitan a los Estados miembros garantizar la adecuada protección de los tomadores de seguros. (48) Interesa crear las condiciones para una colaboración entre las autoridades competentes de los Estados miembros, así como entre éstas y la Comisión. (49) Conviene establecer un régimen de sanciones aplicables en los casos en que la empresa de seguros no se ajuste, en el Estado miembro en el que se contraiga el compromiso, a las disposiciones de interés general que le sean de aplicación. (50) Es necesario prever medidas para el caso en el que la situación financiera de la empresa llegase a ser tal que le fuera difícil cumplir sus obligaciones. En situaciones concretas en que se vean amenazados los derechos de los asegurados, es necesario que las autoridades competentes estén facultadas para intervenir con la suficiente antelación, si bien, en el ejercicio de estos poderes, las autoridades competentes deben informar a las empresas de seguros acerca de las razones que motiven tal actuación supervisora, de conformidad con los principios de eficacia y legalidad. Mientras subsista dicha situación, las autoridades competentes deben abstenerse de certificar que la empresa de seguros tiene un margen de solvencia suficiente. (51) Se admite que, para la aplicación de los principios actuariales conformes a la presente Directiva, el Estado miembro de origen podrá exigir la comunicación sistemática de las bases técnicas aplicables al cálculo de las primas y de las provisiones técnicas, sin que dicha comunicación de bases técnicas incluya la notificación de las condiciones generales y especiales de los contratos ni la de las tarifas comerciales de la empresa. (52) En el marco de un mercado interior de seguros, el consumidor dispondrá de una oferta mayor y más diversificada de contratos. Para beneficiarse plenamente de tal diversidad y de una competencia más intensa, debe disponer de la información necesaria para elegir el contrato que mejor se ajuste a sus necesidades. Esta necesidad de información es aún más importante si se tiene en cuenta que los compromisos pueden ser de muy larga duración. Conviene, por consiguiente, coordinar las disposiciones mínimas para que el consumidor reciba información clara y precisa sobre las características esenciales de los productos que le son propuestos y la denominación y dirección de los organismos facultados para tramitar las reclamaciones de los tomadores, los asegurados o los beneficiarios del contrato. (53) La publicidad de los productos de seguro es esencial para facilitar el ejercicio efectivo de las actividades de seguros en la Comunidad. Resulta oportuno dar a las empresas de seguros la posibilidad de recurrir a todos los medios normales de publicidad en el Estado miembro de la sucursal o de la prestación de servicios. No obstante, los Estados miembros pueden exigir que se respeten aquellas de sus reglas que regulen la forma y el contenido de tal publicidad y que se deriven bien de los actos comunitarios adoptados en materia de publicidad, bien de las disposiciones adoptadas por los Estados miembros por motivos de interés general. (54) En el mercado interior ningún Estado miembro puede ya prohibir el ejercicio simultáneo de la actividad de seguros en su territorio en régimen de derecho de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios. (55) Determinados Estados miembros no someten las operaciones de seguros a ningún tipo de imposición indirecta, mientras que la mayoría de ellos les aplican impuestos especiales y otras formas de contribución. En los Estados miembros en los que se perciben tales impuestos y contribuciones, la estructura de los mismos y los tipos aplicados varían considerablemente. Es conveniente impedir que las diferencias existentes originen distorsiones de la competencia en los servicios de seguros prestados entre los Estados miembros. Sin perjuicio de una posterior armonización, la aplicación del régimen fiscal y otras formas de contribución previstas en el Estado miembro en el que se contraiga el compromiso pueden poner remedio a tal inconveniente y corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades que garanticen la percepción de los mencionados impuestos y contribuciones. (56) Es importante llevar a cabo una coordinación comunitaria en materia de liquidación de empresas de seguros. Desde ahora, es esencial disponer que, en caso de liquidación de una empresa de seguros, el sistema de garantía establecido en cada Estado miembro asegure una igualdad de trato a todos los acreedores de un seguro, sin distinción de nacionalidad e independientemente de las modalidades de suscripción del compromiso. (57) Las normas coordinadas referentes al ejercicio de las actividades de seguro directo dentro de la Comunidad deben, en principio, aplicarse a todas las empresas que intervengan en el mercado, así como, igualmente, a las agencias y sucursales de las empresas cuyo domicilio social esté situado fuera de la Comunidad. La presente Directiva prevé disposiciones especiales en cuanto a las modalidades de control, para esas agencias y sucursales, por el hecho de que el patrimonio de las empresas de las que dependen se encuentre fuera de la Comunidad. (58) Es conveniente prever la celebración de acuerdos de reciprocidad con uno o más terceros países, con el fin de suavizar esas condiciones especiales, y respetando el principio de que las agencias y sucursales de esas empresas no deben tener un tratamiento más favorable que las empresas de la Comunidad. (59) Debe establecerse un procedimiento flexible que permita evaluar la reciprocidad con los terceros países a escala comunitaria. El objetivo de dicho procedimiento no es cerrar los mercados financieros de la Comunidad, sino al contrario, dado que el propósito de la Comunidad es mantener sus mercados financieros abiertos al resto del mundo, aumentar la liberalización de los mercados financieros globales en otros terceros países. Para ello, la presente Directiva establece procedimientos de negociaciones con terceros países. En última instancia, debe establecerse la posibilidad de adoptar medidas consistentes en la suspensión de nuevas solicitudes de autorización o en la limitación de las nuevas autorizaciones, de conformidad con el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo ( 10 ). (60) La presente Directiva debe establecer disposiciones relativas a las pruebas de honorabilidad y de ausencia de quiebra. (61) Para el esclarecimiento del régimen jurídico aplicable a las actividades de seguros de vida cubiertas por la presente Directiva, conviene adaptar algunas disposiciones de las Directivas 79/267/CEE, 90/619/CEE y 92/96/CEE. Con dicho objetivo conviene modificar ciertas disposiciones relativas al establecimiento del margen de solvencia y a los derechos adquiridos por las sucursales de las empresas de seguros constituidas antes del 1 de julio de 1994. También conviene determinar el contenido del programa de actividades de las sucursales de las empresas de seguros de terceros países que se vayan a establecer en la Comunidad. (62) Puede ser necesario efectuar a intervalos regulares modificaciones técnicas de las reglas detalladas establecidas en la presente Directiva, para tener en cuenta las innovaciones que se produzcan en el sector de seguros. La Comisión procederá a efectuar tales modificaciones, en la medida en que así resulte necesario, previa consulta al Comité de seguros, creado por la Directiva 91/675/CEE del Consejo ( 11 ), en uso de las competencias de ejecución conferidas a la Comisión por las disposiciones del Tratado. Tales medidas, que tienen carácter general al amparo del artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE, deben ser aprobadas con arreglo al procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de dicha Decisión. (63) A efectos de lo dispuesto en el artículo 15 del Tratado CE, conviene tener en cuenta la importancia del esfuerzo que determinadas economías, que presenten un nivel de desarrollo diferente, tendrán que realizar. Por consiguiente, conviene conceder a determinados Estados miembros un régimen transitorio que permita la aplicación gradual de la presente Directiva. (64) Las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE concedían una excepción particular a algunas empresas existentes en el momento de la adopción de dichas Directivas. Esas empresas han modificado desde entonces su estructura. Por lo tanto, ya no es necesario concederles dicha excepción. (65) La presente Directiva no debe afectar las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición y de aplicación de las Directivas enunciadas en la parte B del anexo V. Considerando lo siguiente: HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

TABLA DE MATERIAS TÍTULO I DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1 Definiciones Artículo 2 Ámbito de aplicación Artículo 3 Actividades y organismos excluidos TÍTULO II CONDICIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DE SEGUROS DE VIDA Artículo 4 Principio de autorización Artículo 5 Ámbito de aplicación de la autorización Artículo 6 Condiciones para la obtención de la autorización Artículo 7 Programa de actividades Artículo 8 Accionistas y socios cualificados Artículo 9 Denegación de la autorización TÍTULO III CONDICIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Capítulo 1 Principios y métodos de control financiero Artículo 10 Autoridades competentes y objeto de la supervisión Artículo 11 Supervisión de sucursales establecidas en otro Estado miembro Artículo 12 Prohibición de cesión obligatoria de una parte de las suscripciones Artículo 13 Información contable, estadística y prudencial — Poder de supervisión Artículo 14 Cesión de cartera Artículo 15 Participaciones cualificadas Artículo 15 bis Plazo de evaluación Artículo 15 ter Evaluación Artículo 15 quater Adquisición por empresas financieras reguladas Artículo 16 Secreto profesional Artículo 17 Auditoría Artículo 18 Ejercicio simultáneo de actividades de seguros de vida y de seguros distintos del seguro de vida Artículo 19 Gestión separada de seguros de vida y de seguros distintos del seguro de vida Capítulo 2 Normas relativas a las provisiones técnicas y su representación Artículo 20 Constitución de provisiones técnicas Artículo 21 Primas para las nuevas operaciones Artículo 22 Activos representativos de las provisiones técnicas Artículo 23 Categorías de activos autorizados Artículo 24 Normas relativas a la diversificación de las inversiones Artículo 25 Contratos vinculados a un OICVM o a un índice de acciones Artículo 26 Reglas de congruencia Capítulo 3 Normas relativas al margen de solvencia y al fondo de garantía Artículo 27 Margen de solvencia disponible Artículo 28 Margen de solvencia obligatorio Artículo 29 Fondo de garantía Artículo 30 Revisión de la cuantía del fondo de garantía Artículo 31 Activos no representativos de las provisiones técnicas Capítulo 4 Derecho aplicable al contrato de seguros y condiciones del seguro Artículo 32 Legislación aplicable Artículo 33 Interés general Artículo 34 Normas relativas a las condiciones del seguro y a la escala de primas Artículo 35 Plazo de renuncia Artículo 36 Información a los tomadores Capítulo 5 Empresas de seguros en dificultades o en situación irregular Artículo 37 Empresas de seguros en dificultades Artículo 38 Plan de recuperación financiera Artículo 39 Revocación de la autorización TÍTULO IV DISPOSICIONES RELATIVAS AL DERECHO DE ESTABLECIMIENTO Y DE LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Artículo 40 Condiciones para el establecimiento de una sucursal Artículo 41 Libre prestación de servicios: notificación previa al Estado miembro de origen Artículo 42 Libre prestación de servicios: notificación por el Estado miembro de origen Artículo 43 Libre prestación de servicios: modificación de la naturaleza de los compromisos Artículo 44 Idioma Artículo 45 Normas relativas a las condiciones del seguro y a la escala de primas Artículo 46 Inobservancia de las disposiciones legales por parte de las empresas de seguros Artículo 47 Publicidad Artículo 48 Liquidación Artículo 49 Información estadística relativa a actividades transfronterizas Artículo 50 Tributos sobre primas TÍTULO V NORMAS APLICABLES A LAS AGENCIAS O SUCURSALES ESTABLECIDAS EN LA COMUNIDAD Y PERTENECIENTES A EMPRESAS QUE TENGAN SU DOMICILIO SOCIAL FUERA DE LA COMUNIDAD Artículo 51 Principios y condiciones de la autorización Artículo 52 Disposiciones aplicables a las sucursales de empresas de terceros países Artículo 53 Cesión de cartera Artículo 54 Provisiones técnicas Artículo 55 Margen de solvencia y fondo de garantía Artículo 56 Ventajas a empresas autorizadas en más de un Estado miembro Artículo 57 Acuerdos con terceros países TÍTULO VI NORMAS APLICABLES A LAS FILIALES DE EMPRESAS MATRICES SOMETIDAS AL DERECHO DE UN TERCER PAÍS Y A LAS ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES POR PARTE DE TALES EMPRESAS MATRICES Artículo 58 Información de los Estados miembros a la Comisión Artículo 59 Tratamiento en terceros países de las empresas de seguros de la Comunidad TÍTULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y OTRAS Artículo 60 Excepciones y abolición de medidas restrictivas Artículo 61 Prueba de honorabilidad TÍTULO VIII DISPOSICIONES FINALES Artículo 62 Cooperación entre los Estados miembros y la Comisión Artículo 63 Informe sobre el desarrollo de la actividad en el marco de la libre prestación de servicios Artículo 64 Ajustes técnicos Artículo 65 Procedimiento del Comité Artículo 66 Derechos adquiridos por sucursales y empresas de seguros ya existentes Artículo 67 Recurso jurisdiccional Artículo 68 Revisión de los importes expresados en euros Artículo 69 Disposiciones de aplicación Artículo 70 Comunicación a la Comisión Artículo 71 Período transitorio para el apartado 6 del artículo 3 y los artículos 27, 28, 29, 30 y 38 Artículo 72 Directivas derogadas y correspondencia con la presente Directiva Artículo 73 Entrada en vigor Artículo 74 Destinatarios Anexo I Clasificación por ramos Anexo II Reglas de congruencia Anexo III Información a los tomadores de seguros Anexo IV Anexo V Parte A Directivas derogadas y sus modificaciones sucesivas (contempladas en el artículo 72) Parte B Plazos de transposición y de aplicación (contemplados en el artículo 72) Anexo VI Tabla de correspondencias







TÍTULO I

DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1

Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «empresa de seguros»: cualquier empresa que haya recibido autorización administrativa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4;

b) «sucursal»: cualquier agencia o sucursal de una empresa de seguros. Se asimilará a una agencia o sucursal toda presencia permanente de una empresa en el territorio de un Estado miembro, aunque esta presencia no haya tomado la forma de una sucursal o agencia y se ejerza por medio de una simple oficina administrada por el propio personal de la empresa, o de una persona independiente pero con poderes para actuar permanentemente para la empresa como lo haría una agencia;

c) «establecimiento»: el domicilio social, una agencia o una sucursal de una empresa;

d) «compromiso»: un compromiso materializado en una de las formas de seguros u operaciones contempladas en el artículo 2;

e) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en que esté situado el domicilio social de la empresa de seguros que contraiga el compromiso;

f) «Estado miembro de la sucursal»: el Estado miembro en el cual está situada la sucursal que contraiga el compromiso;

g) «Estado miembro del compromiso»: el Estado miembro en que el tomador tenga su residencia habitual, o si el tomador fuere una persona jurídica, el Estado miembro en que esté situado el establecimiento de dicha persona jurídica al que se refiere el contrato;

h) «Estado miembro de prestación de servicios»: el Estado miembro del compromiso, cuando el compromiso haya sido contraído por alguna empresa de seguros o sucursal situada en otro Estado miembro;

i) «control»: la relación existente entre una empresa matriz y una filial, tal y como se establece en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo ( 12 ), o una relación de la misma naturaleza entre cualquier persona física o jurídica y una empresa;

j) «participación cualificada»: el hecho de poseer en una empresa, directa o indirectamente, al menos un 10 % delcapital o de los derechos de voto o cualquier otra posibilidad de ejercer una influencia notable en la gestión de la empresa en la cual se posea una participación. A efectos de la aplicación de esta definición, en el contexto de los artículos 8 y 15 y en relación con los otros porcentajes de participación indicados en el artículo 15, se tendrán en cuenta los derechos de voto a que se refieren los artículos 9 y 10 de la Directiva 2004/109/CE ( 13 ), así como las condiciones relativas a su agregación establecidas en el artículo 12, apartados 4 y 5, de dicha Directiva. Los Estados miembros no tendrán en cuenta los derechos de voto o acciones que las empresas de inversión o las entidades de crédito puedan poseer por haber proporcionado el aseguramiento de instrumentos financieros y/o la colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme a que se refiere el punto 6 de la sección A del anexo I de la Directiva 2004/39/CE ( 14 ), siempre que dichos derechos no se ejerzan o utilicen para intervenir en la dirección del emisor, por una parte, y se cedan en el plazo de un año desde su adquisición, por otra.

k) «empresa matriz»: la empresa matriz definida en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE;

l) «filial»: la empresa filial definida en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE; cualquier empresa filial de una empresa filial se considerará también filial de la empresa matriz que esté al frente de dichas empresas;

m) mercado regulado: — en el caso de un mercado situado en un Estado miembro, un mercado regulado tal como se define en el punto 13 del artículo 1 de la Directiva 93/22/CEE, y — en el caso de un mercado situado en un tercer país, un mercado financiero reconocido por el Estado miembro de origen de la empresa de seguros y que satisface unas exigencias comparables. Los instrumentos financieros negociados en el mismo deberán tener una calidad comparable a la de los instrumentos negociados en el mercado o mercados regulados del Estado miembro en cuestión;

n) «autoridades competentes»: las autoridades nacionales facultadas, en virtud de una disposición legal o reglamentaria, para controlar las empresas de seguros;

o) «congruencia»: la representación de los compromisos exigibles en una moneda, por los activos expresados o realizables en esta misma moneda;

p) «localización de los activos»: la existencia de activos mobiliarios o inmobiliarios en un Estado miembro, sin que, sin embargo, los activos mobiliarios deban ser depositados y los activos inmobiliarios deban estar sujetos a medidas restrictivas, como la inscripción de hipotecas; los activos representados por créditos serán considerados como situados en el Estado miembro donde fueren realizables;

q) «capital a riesgo»: la cantidad indemnizable por muerte, menos la provisión matemática del riesgo principal;

r) «vínculos estrechos»: toda situación de dos o más personas físicas o jurídicas unidas mediante: i) una participación, es decir, el hecho de poseer, de manera directa o mediante un vínculo de control, el 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa, o bien ii) un vínculo de control, por lo que se entenderá la relación entre una empresa matriz y una filial en todos los casos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, o una relación de la misma naturaleza entre cualquier persona física o jurídica y una empresa; toda empresa filial de una empresa filial se considerará también filial de la empresa matriz que esté al frente de dichas empresas. Se considerará también constitutiva de un vínculo estrecho entre dos o varias personas físicas o jurídicas una situación en la que éstas estén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona por un vínculo de control;

▼M3

s) «empresa de reaseguros»: una empresa de reaseguros a efectos del artículo 2, letra c), de la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro ( 15 ).

▼B

2. Cada vez que la presente Directiva hace referencia al euro, el contravalor en moneda nacional que se habrá de tomar en consideración a partir del 31 de diciembre de cada año, será aquel del último día del mes de octubre precedente, para el cual sean disponibles los contravalores del euro en todas las monedas de la Comunidad correspondientes.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

La presente Directiva se refiere al acceso a la actividad por cuenta propia del seguro directo, practicada por las empresas que están establecidas o que deseen establecerse en un Estado miembro, y a su ejercicio, para las actividades definidas a continuación:

1) Los seguros siguientes, cuando deriven de un contrato: a) el ramo «vida», es decir, el que comprende especialmente el seguro en caso de vida, en caso de muerte, el seguro mixto, el seguro de vida con contraseguro, el seguro de «nupcialidad» el seguro de «natalidad»; b) el seguro de renta; c) los seguros complementarios practicados por empresas de seguros de vida, es decir, en especial los seguros de lesiones corporales, incluida la incapacidad laboral, los seguros de muerte por accidente, los seguros de invalidez por accidente y enfermedad, siempre que estas variedades de seguros sean suscritas como complementarias de los seguros de vida; d) el seguro practicado en Irlanda y en el Reino Unido, denominado permanent health insurance (seguro de enfermedad, de larga duración, no rescindible).

2) Las siguientes operaciones, cuando deriven de un contrato, siempre que sean sometidas a supervisión por las autoridades administrativas competentes para la supervisión de los seguros privados: a) las operaciones tontinas que lleven consigo la constitución de asociaciones que reúnan participantes para capitalizar en común sus contribuciones y para repartir el activo así constituido entre los supervivientes, o entre los herederos de los fallecidos; b) las operaciones de capitalización basadas en una técnica actuarial que suponga, a cambio de pagos únicos o periódicos fijados por adelantado, compromisos determinados en cuanto a su duración y a su importe; c) las operaciones de gestión de fondos colectivos de pensiones, es decir, operaciones que supongan para la empresa en cuestión administrar las inversiones y en especial los activos representativos de las reservas de los organismos que suministran las prestaciones en caso de muerte, en caso de vida o en caso de cese o reducción de actividades; d) las operaciones mencionadas en la letra c), cuando lleven consigo una garantía de seguro, sea sobre la conservación del capital, sea sobre el pago de un interés mínimo; e) las operaciones efectuadas por empresas de seguros, tales como las mencionadas en el capítulo 1 de título 4 del libro IV del «Code français des assurances».

3) Las operaciones que dependan de la duración de la vida humana, definidas o previstas por la legislación de los seguros sociales, cuando sean practicadas o administradas de conformidad con la legislación de un Estado miembro por empresas de seguro a su propio riesgo.

Artículo 3

Actividades y organismos excluidos

La presente Directiva no se refiere:

1) sin perjuicio de la aplicación de la letra c) del punto 1 del artículo 2, a los ramos definidos en el anexo de la Directiva 73/239/CEE;

2) a las operaciones de los organismos de previsión y de asistencia que concedan prestaciones variables según los recursos disponibles y determinen a tanto alzado la contribución de sus partícipes;

3) a las operaciones efectuadas por organismos distintos de las empresas referidas en el artículo 2, cuyo objeto sea suministrar a los trabajadores (por cuenta ajena o por cuenta propia, agrupados en el marco de una empresa o de un grupo de empresas o de un sector profesional o interprofesional) prestaciones en caso de muerte, en caso de vida o en caso de cese o de reducción de actividades, independientemente de si los compromisos que resulten de estas operaciones estén o no cubiertos íntegramente y en todo momento por provisiones matemáticas;

4) a los seguros incluidos en un régimen legal de seguridad social, sin perjuicio de la aplicación del punto 3 del artículo 2;

5) a los organismos que garanticen únicamente prestaciones en caso de muerte, cuando el importe de estas prestaciones no exceda del valor medio de los gastos funerarios por un fallecimiento, o cuando estas prestaciones se sirvan en especie;

6) a las mutuas de seguros, cuando: — prevean en sus estatutos la posibilidad de exigir derramas pasivas, o de reducir las prestaciones, o de solicitar contribuciones de otras personas que hayan suscrito un compromiso con este fin, y — el importe anual de las cuotas correspondientes a las actividades contempladas en la presente Directiva no supere 5 millones de euros durante tres años consecutivos. En caso de que se supere dicho importe durante tres años consecutivos, la presente Directiva se aplicará con efecto a partir del cuarto año. No obstante, las disposiciones del presente punto no impedirán que una mutua de seguros solicite una autorización, o siga manteniéndola, con arreglo a la presente Directiva;

7) salvo modificación de sus estatutos en cuanto a la competencia, en Alemania, al «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen»;

8) a las actividades sobre pensiones de las empresas de seguros de pensión señaladas en la Ley de pensiones de los trabajadores por cuenta ajena (TEL) y demás legislación finlandesa relacionada con ella, siempre que: a) las empresas de seguro de pensión que, con arreglo a la legislación finlandesa ya están obligadas a utilizar sistemas de contabilidad y de gestión separados para sus actividades relativas a las pensiones, establezcan además a partir de la fecha de adhesión, entidades jurídicas independientes para llevar a cabo dichas actividades; b) las autoridades finlandesas permitan de forma no discriminatoria que todos los ciudadanos y empresas de los Estados miembros lleven a cabo, de conformidad con la normativa finlandesa, todas las actividades señaladas en el artículo 2 en relación con esta excepción: — bien mediante la participación de una empresa o grupo de seguros existente; — bien mediante la creación o la participación en nuevas empresas o grupos de seguros, incluidas las empresas de seguros de pensión; c) las autoridades finlandesas presentarán a la Comisión, para su aprobación y dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha de adhesión, un informe en el que se indiquen las medidas que se han adoptado para separar las actividades TEL de las actividades de seguros habituales de las empresas de seguros finlandesas para ajustarse a los requisitos de la presente Directiva.







TÍTULO II

CONDICIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DE SEGUROS DE VIDA

Artículo 4

Principio de autorización

El acceso a las actividades contempladas en la presente Directiva estará supeditado a la concesión de una autorización administrativa previa.

Esta autorización será solicitada a las autoridades del Estado miembro de origen, por:

a) la empresa que fije su domicilio social en el territorio de dicho Estado miembro;

b) la empresa que, tras haber recibido la autorización contemplada en el párrafo primero, extienda sus actividades al conjunto de un ramo o a otros ramos.

Artículo 5

Ámbito de aplicación de la autorización

1. La autorización será válida para toda la Comunidad. Permitirá a la empresa de seguros ejercer en ella actividades, en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.

2. La autorización se concederá por ramos cuya clasificación figura en el anexo I. Abarcará el ramo completo, salvo que el solicitante sólo desee cubrir una parte de los riesgos correspondientes a dicho ramo.

Las autoridades competentes podrán limitar la autorización solicitada para un ramo exclusivamente a las actividades contenidas en el programa de actividades contemplado en el artículo 7.

Cada Estado miembro tendrá la facultad de conceder la autorización para varios ramos, siempre que la legislación nacional admita el ejercicio simultáneo de tales ramos.

Artículo 6

Condiciones para la obtención de la autorización

1. El Estado miembro de origen exigirá que las empresas de seguros que soliciten autorización:

a) adopten una de las formas siguientes: — en el Reino de Bélgica: «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «association d'assurance mutuelle»/«onderlinge verzekeringsvereniging», «société coopérative»/«coöperatieve vennootschap», ▼M4 — en Bulgaria: «акционерно дружество», «взаимозастрахователна кооперация», ▼B — en el Reino de Dinamarca: «aktieselskaber», «gensidige selskaber», «pensionskasser omfattet af lov em forsikringsvirksomhed (tvaergaaende pensionskasser)», — en la República Federal de Alemania: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen», — en la República Francesa: «société anonyme», «société d'assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale», «institution de prévoyance régie par le code rural», «mutuelles régies par le code de la mutualité», — en Irlanda: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts», — en la República Italiana: «società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione», — en el Gran Ducado de Luxemburgo: «société anonyme», «société en commandite par actions», «association d'assurances mutuelles», «société coopérative», — en el Reino de los Países Bajos: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij», — en el Reino Unido: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts», «the association of underwriters known as Lloyd's», — en la República Helénica: «ανώνυμη εταιρεία», — en el Reino de España: «sociedad anónima», «sociedad mutua», «sociedad cooperativa», — en la República Portuguesa: «sociedade anónima», «mútua de seguros», ▼M4 — en Rumanía: «societăți pe acțiuni», «societăți mutuale», ▼B — el caso de la República de Austria: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», — el caso de la República de Finlandia: «Keskinäinen vakuutusyhtiö»/«ömsesidigt försäkringsbolag», «vakuutusosakeyhtiö»/«försäkrings-aktiebolag», «vakuutusyhdistys»/«försäkringsbolag», «understödsföreningar», — el caso del Reino de Suecia: «försakringsaktiebolag», «ömsesidiga försäkringsbolag», «understödsföreningar», ▼M1 — en la República Checa: «akciová společnost», «družstvo», — en la República de Estonia: «aktsiaselts», — en la República de Chipre: «Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση», — en la República de Letonia: «apdrošināšanas akciju sabiedrība», «savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība», — en la República de Lituania: «akcinės bendrovės», «uždarosios akcinės bendrovės», — en la República de Hungría: «biztosító részvénytársaság», «biztosító szövetkezet», «biztosító egyesület», «külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe», — en la República de Malta: «kumpanija pubblika», «kumpanija privata», «fergħa», «Korp ta’l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut», — en la República de Polonia: «spółka akcyjna», «towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych», — en la República de Eslovenia: «delniška družba», «družba za vzajemno zavarovanje», — en la República de Eslovaquia: «akciová spoločnosť». ▼B La empresa de seguros también podrá adoptar la forma de sociedad europea cuando ésta haya sido creada. Además, los Estados miembros podrán crear, en su caso, empresas que adopten cualquier forma de Derecho público, siempre que dichos organismos tengan por objeto la realización de operaciones de seguro en condiciones equivalentes a las de las empresas de Derecho privado;

b) limiten su objeto social a las actividades previstas por la presente Directiva y a las operaciones que se deriven directamente de ella, con exclusión de cualquier otra actividad comercial;

c) presenten un programa de actividades con arreglo al artículo 7;

d) posean el mínimo del fondo de garantía previsto en el apartado 2 del artículo 29;

e) estén dirigidas de manera efectiva por personas que reúnan las condiciones necesarias de honorabilidad y de cualificación o experiencia profesionales.

2. Cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de seguros y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes concederán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstaculizan el correcto ejercicio de su misión de supervisión.

Las autoridades competentes también denegarán la autorización cuando el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del derecho de un tercer país que regulen una o varias de las personas físicas o jurídicas con las que la empresa de seguros mantenga vínculos estrechos, o por problemas relacionados con su aplicación.

Las autoridades competentes exigirán a las empresas de seguros el suministro de la información que requieran para asegurarse del cumplimiento permanente de las condiciones contempladas en el presente apartado.

3. Los Estados miembros exigirán a las empresas de seguros que su sede central esté situada en el mismo Estado miembro que su domicilio social.

4. La empresa de seguros que solicite autorización para extender sus actividades a otros ramos o para la ampliación de una autorización que abarque sólo una parte de los riesgos comprendidos en un ramo deberá presentar un programa de actividades de conformidad con el artículo 7.

Además, deberá aportar la prueba de que dispone del margen de solvencia establecido en el artículo 28 y de que posee el fondo de garantía contemplado en los apartados 1 y 2 del artículo 29.

5. Los Estados miembros no establecerán disposiciones que exijan la aprobación previa o la comunicación sistemática de las condiciones generales y especiales de las pólizas de seguro, de las primas, de las bases técnicas, utilizadas en particular para calcular las primas y las provisiones técnicas, y de los formularios y otros impresos que la empresa de seguros tenga previsto utilizar en sus relaciones con los tomadores.

No obstante lo dispuesto en el primer párrafo, con el solo fin de controlar si se respetan las disposiciones nacionales relativas a los principios actuariales, el Estado miembro de origen podrá exigir la comunicación sistemática de las bases técnicas utilizadas para el cálculo de las primas y de las provisiones técnicas, sin que dicha exigencia pueda constituir para la empresa de seguros una condición previa para el ejercicio de su actividad.

La presente Directiva no será obstáculo para que los Estados miembros mantengan o introduzcan disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que estipulen la aprobación de estatutos y la transmisión de todo documento necesario para el ejercicio normal del control.

A más tardar el 1 de julio de 1999, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre la aplicación del presente apartado.

6. Las disposiciones previstas en los apartados 1 a 5 no podrán establecer que la solicitud de autorización sea examinada en función de las necesidades económicas del mercado.

Artículo 7

Programa de actividades

El programa de actividades contemplado en la letra c) del apartado 1 del artículo 6 y en el apartado 4 del mismo artículo deberá contener indicaciones o justificaciones relativas a:

a) la naturaleza de los compromisos que la empresa de seguros se propone contraer;

b) los principios rectores en materia de reaseguro;

c) los elementos constitutivos del fondo de garantía mínimo;

d) las previsiones relativas a los gastos de instalación de los servicios administrativos y de la red de producción; los medios financieros destinados a hacer frente a dichos gastos;

y, además, para los tres primeros ejercicios sociales:

e) un plan en el que se indiquen de forma detallada las previsiones de ingresos y gastos tanto para las operaciones directas y las aceptaciones de reaseguro como para las cesiones de reaseguro;

f) la situación probable de tesorería;

g) las previsiones relativas a los medios financieros destinados a la cobertura de los compromisos y del margen de solvencia.

Artículo 8

Accionistas y socios cualificados

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen no concederán la autorización que permita el acceso de una empresa a la actividad de seguros antes de que les haya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participación cualificada en una empresa de seguros para la cual se ha solicitado la autorización, y el importe de dicha participación.

Dichas autoridades denegarán la autorización si, habida cuenta de la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la empresa de seguros, no estuvieran satisfechas de la idoneidad de dichos accionistas o socios.

Artículo 9

Denegación de la autorización

Cualquier decisión denegatoria deberá ser motivada de modo preciso y notificada a la empresa interesada.

Cada Estado miembro preverá un recurso jurisdiccional contra las decisiones denegatorias.

Se preverá el mismo recurso para el caso en el que las autoridades competentes no se hubieran pronunciado sobre la petición de autorización, transcurrido un plazo de seis meses a partir del día de su recepción.

▼M3

Artículo 9 bis

Consulta previa a las autoridades competentes de otros Estados miembros

1. Se consultará a las autoridades competentes del otro Estado miembro interesado antes de conceder una autorización a una empresa de seguros que sea:

a) filial de una empresa de seguros o de reaseguros autorizada en otro Estado miembro, o

b) filial de la empresa matriz de una empresa de seguros o de reaseguros autorizada en otro Estado miembro, o

c) controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una empresa de seguros o de reaseguros autorizada en otro Estado miembro.

2. La autoridad competente del Estado miembro interesado responsable de la supervisión de las entidades de crédito o empresas de inversión será consultada antes de que se conceda una autorización a una empresa de seguros de vida que sea:

a) filial de una entidad de crédito o empresa de inversión autorizada en la Comunidad, o

b) filial de la empresa matriz de una entidad de crédito o de una empresa de inversión autorizada en la Comunidad, o

c) controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una entidad de crédito o empresa de inversión autorizada en la Comunidad.

3. Las autoridades competentes pertinentes mencionadas en los apartados 1 y 2 se consultarán entre ellas, especialmente al evaluar la idoneidad de los accionistas y la honorabilidad y experiencia de los directivos que participen en la gestión de otra entidad del mismo grupo. Se facilitarán entre sí toda la información referente a la idoneidad de los accionistas y la honorabilidad y experiencia de los directivos que sea relevante para las demás autoridades competentes interesadas a efectos de la concesión de una autorización y del control continuo del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento.

▼B







TÍTULO III

CONDICIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS







CAPÍTULO 1

PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE CONTROL FINANCIERO

Artículo 10

Autoridades competentes y objeto de la supervisión

1. El control financiero de una empresa de seguros, incluido el control de las actividades que ejerza a través de sucursales y en régimen de libre prestación de servicios, será de la exclusiva competencia del Estado miembro de origen. Si las autoridades competentes del Estado miembro del compromiso tienen motivos para considerar que las actividades de una empresa de seguros podrían afectar a su solidez financiera, informarán de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de dicha empresa. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen comprobarán que la empresa observa los principios prudenciales definidos en la presente Directiva.

2. El control financiero consistirá, en particular, en la comprobación, para el conjunto de actividades de la empresa de seguros, del estado de solvencia y de la constitución de provisiones técnicas, incluidas las provisiones matemáticas, así como de los activos que las representan, con arreglo a las normas o a las prácticas establecidas en el Estado miembro de origen, en virtud de las disposiciones adoptadas a nivel comunitario.

▼M3

El Estado miembro de origen de la empresa de seguros no rechazará un contrato de reaseguro celebrado por la empresa de seguros con una empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2005/68/CE o una empresa de seguros autorizada de conformidad con la Directiva 73/239/CEE o con la presente Directiva por motivos directamente relacionados con la solidez financiera de la empresa de reaseguros o la empresa de seguros.

▼B

3. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán que las empresas de seguros dispongan de una buena organización administrativa y contable y de procedimientos de control interno adecuados.

Artículo 11

Supervisión de sucursales establecidas en otro Estado miembro

El Estado miembro de la sucursal dispondrá que, cuando una empresa de seguros autorizada en otro Estado miembro ejerza su actividad a través de una sucursal, las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tras haber informado previamente a las autoridades competentes del Estado miembro de la sucursal, puedan proceder, por sí mismas o por medio de personas a quienes hayan otorgado un mandato para ello, a la verificación in situ de la información necesaria para poder realizar el control financiero de la empresa. Las autoridades del Estado miembro de la sucursal podrán participar en dicha verificación.

Artículo 12

Prohibición de cesión obligatoria de una parte de las suscripciones

Los Estados miembros no podrán obligar a las empresas de seguros a ceder una parte de sus suscripciones relativas a las actividades enumeradas en el artículo 2, a uno o varios de los organismos determinados por la regulación nacional.

Artículo 13

Información contable, estadística y prudencial — Poder de supervisión

1. Cada Estado miembro obligará a las empresas de seguros que tengan su domicilio social en su territorio, a rendir cuentas anualmente de todas sus operaciones, de su situación financiera y de su solvencia.

2. Los Estados miembros exigirán a las empresas de seguros que tengan su domicilio social en su territorio la presentación periódica de los documentos que sean necesarios para ejercer el control, así como de los documentos estadísticos. Las autoridades competentes se comunicarán los documentos e informaciones útiles para el ejercicio del control.

3. Cada Estado miembro adoptará todas las disposiciones oportunas para que las autoridades competentes dispongan de los poderes y de los medios necesarios para la vigilancia de las actividades de las empresas de seguros cuyo domicilio social se halle en su territorio, incluidas las actividades ejercidas fuera de dicho territorio, de conformidad con las Directivas del Consejo relativas a tales actividades y con miras a la aplicación de éstas.

Dichos poderes y medios deberán en particular proporcionar a las autoridades competentes la posibilidad:

a) de informarse de manera detallada sobre la situación de la empresa de seguros y sobre el conjunto de sus actividades, en especial: — recabando información o exigiendo la presentación de los documentos relativos a la actividad de seguro, — procediendo a comprobaciones in situ en los locales de la empresa de seguros;

b) de adoptar, respecto de la empresa de seguros, de sus directivos responsables o de las personas que controlen la empresa, todas las medidas adecuadas y necesarias para garantizar que las actividades de la empresa cumplan de forma permanente las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que la empresa tenga obligación de observar en los distintos Estados miembros y, en especial, el programa de actividades, en caso de que sea obligatorio, así como para evitar o eliminar cualquier irregularidad que pudiera afectar a los intereses de los asegurados;

c) de garantizar la aplicación de dichas medidas, por vía de ejecución forzosa si fuere necesario y, en su caso, mediante recurso a las instancias judiciales.

Los Estados miembros también podrán prever la posibilidad de que las autoridades competentes obtengan cualquier información relativa a los contratos que obren en poder de los intermediarios.

Artículo 14

Cesión de cartera

1. En las condiciones dispuestas por el derecho nacional, cada Estado miembro autorizará a las empresas de seguros cuyo domicilio social esté situado en su territorio a ceder, en su totalidad o en parte, la cartera de contratos, suscritos en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, a un cesionario establecido en la Comunidad, si las autoridades competentes del Estado miembro de origen del cesionario certifican que éste posee, habida cuenta de la cesión, el margen de solvencia necesario.

2. Cuando una sucursal tenga previsto ceder la totalidad o una parte de su cartera de contratos, suscritos en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, deberá ser consultado el Estado miembro de la sucursal.

3. En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2, las autoridades del Estado miembro de origen de la empresa de seguros cedente autorizarán la cesión, una vez recibida la conformidad de las autoridades competentes de los Estados miembros del compromiso.

4. Las autoridades competentes de los Estados miembros consultados darán a conocer su dictamen o su consentimiento a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la empresa de seguros cedente en el curso de los tres meses siguientes a la recepción de la solicitud; en caso de silencio de estas autoridades a la expiración de dicho plazo, ese silencio equivaldrá a un dictamen favorable o a un acuerdo tácito.

5. La cesión autorizada con arreglo al presente artículo será publicada en el Estado miembro del compromiso, en las condiciones previstas en el Derecho nacional. Dicha cesión será oponible de pleno derecho a los tomadores de seguros, a los asegurados y a toda persona que posea derechos u obligaciones derivados de los contratos cedidos.

La presente disposición no afectará al derecho de los Estados miembros de establecer la facultad de que los tomadores de seguros rescindan el contrato en un plazo determinado a partir de la cesión.

Artículo 15

Participaciones cualificadas

▼M5

1. Los Estados miembros establecerán que toda persona física o jurídica que por sí sola o en concertación con otras (en lo sucesivo, «el adquirente propuesto») haya decidido adquirir, directa o indirectamente, una participación cualificada en una empresa de seguros o incrementar, directa o indirectamente, tal participación cualificada en una empresa de seguros de tal manera que la proporción de derechos de voto o de capital poseída sea igual o superior al 20 %, 30 % o 50 % o que la empresa de seguros pase a ser su filial (en lo sucesivo, «la adquisición propuesta»), lo notifique primero por escrito a las autoridades competentes de la empresa de seguros en la que se proponga adquirir o incrementar una participación cualificada, indicando la cuantía de la participación prevista y la información pertinente a que se refiere el artículo 15 ter, apartado 4. Los Estados miembros no necesitarán aplicar el umbral del 30 % cuando, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/109/CE, apliquen un umbral de un tercio.

▼M5 —————

▼M5

2. Los Estados miembros dispondrán que toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o indirectamente, una participación cualificada en una empresa de seguros, lo notifique primero por escrito a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, indicando la cuantía de su participación prevista. Dicha persona deberá también notificar a las autoridades competentes si ha decidido reducir su participación cualificada de tal manera que la proporción de derechos de voto o de capital poseída por la misma sea inferior al 20 %, 30 % o 50 % o que la empresa deje de ser su filial. Los Estados miembros no necesitarán aplicar el umbral del 30 % cuando, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/109/CE, apliquen un umbral de un tercio.

▼B

3. Las empresas de seguros comunicarán a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tan pronto como tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de participación en su capital que hagan ascender o descender alguno de los límites contemplados en los apartados 1 y 2.

Asimismo, comunicarán, al menos una vez al año, la identidad de los accionistas o socios que posean participaciones cualificadas, así como la cuantía de dichas participaciones, tal como resulte, en particular, de los datos obtenidos en la junta general anual de accionistas o socios, o de la información recibida en virtud de la obligación a que están sujetas las sociedades admitidas a negociación en una bolsa de valores.

4. Los Estados miembros dispondrán que, cuando las personas a las que se refiere el apartado 1 ejerzan su influencia de manera tal que vaya en detrimento de una gestión prudente y sana de la empresa de seguros, las autoridades competentes del Estado miembro de origen adopten las medidas oportunas para poner fin a dicha situación. Dichas medidas podrán consistir, en particular, en requerimientos, sanciones a los directivos o la suspensión del ejercicio de los derechos de voto correspondientes a las acciones o participaciones que posean los accionistas o socios en cuestión.

Medidas similares se aplicarán a las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de proporcionar información previa, tal como dispone el apartado 1. En el caso de que se adquiera una participación a pesar de la oposición de las autoridades competentes, los Estados miembros, con independencia de cualquier otra sanción que pueda imponerse, dispondrán, bien la suspensión del ejercicio de los correspondientes derechos de voto, bien la nulidad de los votos emitidos o la posibilidad de anularlos.

▼M5

Artículo 15 bis

Plazo de evaluación

1. Las autoridades competentes acusarán recibo por escrito al adquirente propuesto a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de dos días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la notificación requerida en virtud del artículo 15, apartado 1, así como desde la fecha de posible recepción ulterior de la información a que se refiere el apartado 2 del presente artículo.

Las autoridades competentes dispondrán de un plazo máximo de 60 días hábiles a contar desde la fecha del acuse de recibo por escrito de la notificación y de todos los documentos que el Estado miembro exija que se adjunten a la notificación sobre la base de la lista indicada en el artículo 15 ter, apartado 4, (en lo sucesivo, «el plazo de evaluación») para llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 15 ter, apartado 1 (en lo sucesivo, «la evaluación»).

Las autoridades competentes informarán al adquirente propuesto de la fecha en que expira el plazo de evaluación cuando procedan al acuse de recibo.

2. Si lo consideran necesario, las autoridades competentes podrán solicitar durante el plazo de evaluación, aunque no después de transcurrido el quincuagésimo día hábil del plazo de evaluación, la información adicional que se precise para completar la evaluación. Esta solicitud de información se hará por escrito y en ella se especificará la información adicional necesaria.

El plazo de evaluación quedará interrumpido durante el período comprendido entre la fecha en que las autoridades competentes soliciten información y la fecha de recepción de una respuesta del adquirente propuesto. La interrupción tendrá una duración máxima de 20 días hábiles. Las autoridades competentes podrán efectuar según su criterio otras solicitudes con objeto de que se complete o aclare la información, si bien ninguna de estas solicitudes podrá dar lugar a una interrupción del plazo de evaluación.

3. Las autoridades competentes podrán prolongar la interrupción mencionada en el párrafo segundo del apartado 2 hasta 30 días hábiles si el adquirente propuesto:

a) está situado o regulado fuera de la Comunidad, o

b) es un persona física o jurídica y no está sujeto a supervisión con arreglo a la presente Directiva o a las Directivas 85/611/CEE ( 16 ), 92/49/CEE ( 17 ), 2004/39/CE, 2005/68/CE o 2006/48/CE ( 18 ).

4. Si, una vez finalizada la evaluación, las autoridades competentes decidieran plantear objeciones a la adquisición propuesta, informarán de ello al adquirente propuesto, por escrito y motivando su decisión, en el plazo de dos días hábiles, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasarse el plazo de evaluación. Con arreglo a la legislación nacional, podrá hacerse pública una declaración adecuada de los motivos que justifican la decisión a petición del adquirente propuesto. Lo anterior no impedirá a los Estados miembros autorizar a la autoridad competente a hacer esta publicidad sin que medie la petición del adquirente propuesto.

5. Si las autoridades competentes no se opusieran por escrito a la adquisición propuesta dentro del plazo de evaluación, tal adquisición se considerará autorizada.

6. Las autoridades competentes podrán establecer un plazo máximo para la conclusión de la adquisición propuesta y prolongarlo cuando proceda.

7. Los Estados miembros no podrán imponer condiciones de notificación a las autoridades competentes, o de aprobación por estas, de las adquisiciones directas o indirectas de derechos de voto o capital que sean más rigurosas que las establecidas en la presente Directiva.

Artículo 15 ter

Evaluación

1. Al examinar la notificación contemplada en el artículo 15, apartado 1, y la información a que se refiere el artículo 15 bis, apartado 2, las autoridades competentes, con objeto de garantizar una gestión sana y prudente de la empresa de seguros en la que se propone la adquisición, y atendiendo a la posible influencia del adquirente propuesto sobre la empresa de seguros, verificarán la idoneidad del adquirente propuesto y la solidez financiera de la adquisición propuesta de acuerdo con los siguientes criterios:

a) reputación del adquirente propuesto;

b) reputación y experiencia de toda persona que vaya a dirigir la actividad de la empresa de seguros como consecuencia de la adquisición propuesta;

c) solvencia financiera del adquirente propuesto, en especial en relación con el tipo de actividad que se ejerza o esté previsto ejercer en la empresa de seguros en la cual se propone la adquisición;

d) capacidad de la empresa de seguros cumplir de forma duradera las exigencias cautelares que se deriven de la presente Directiva y, en su caso, de otras Directivas, en especial las Directivas 98/78/CE ( 19 ) y 2002/87/CE ( 20 ), y en particular si el grupo del que pasará a formar parte cuenta con una estructura que permita ejercer una supervisión eficaz, proceder a un intercambio efectivo de información entre las autoridades competentes y determinar el reparto de responsabilidades entre autoridades competentes;

e) existencia de indicios racionales que permitan suponer que, en relación con la adquisición propuesta, se están efectuando o se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo, en el sentido del artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE ( 21 ), o que la citada adquisición podría aumentar el riesgo de que se efectúen tales operaciones.

2. Las autoridades competentes solo podrán oponerse a la adquisición propuesta cuando haya motivos razonables para ello sobre la base de los criterios establecidos en el apartado 1 o si la información aportada por el adquirente propuesto está incompleta.

3. Los Estados miembros no impondrán condiciones previas en cuanto al nivel de participación que deba adquirirse, ni permitirán a sus autoridades competentes examinar la adquisición propuesta a la luz de las necesidades económicas del mercado.

4. Los Estados miembros pondrán a disposición pública una lista en la que se indique la información que será necesaria para realizar la evaluación y que se facilitará a las autoridades competentes en el momento de la notificación a que se refiere el artículo 15, apartado 1. El nivel de información exigido deberá ser proporcional y adaptado a la naturaleza del adquirente propuesto y de la adquisición propuesta. Los Estados miembros solo exigirán información que resulte pertinente a efectos de la evaluación cautelar.

5. Sin perjuicio del artículo 15 bis, apartados 1, 2 y 3, cuando la autoridad competente reciba notificación de dos o más propuestas de adquisición o incremento de participaciones cualificadas en una misma empresa de seguros, tratará a todos los adquirentes propuestos de forma no discriminatoria.

Artículo 15 quater

Adquisición por empresas financieras reguladas

1. Las autoridades competentes se consultarán recíprocamente al realizar la evaluación, siempre que el adquirente propuesto constituya:

a) una entidad de crédito, empresa de seguros, empresa de reaseguros, empresa de inversión o sociedad de gestión, según se define esta última en el artículo 1 bis, punto 2, de la Directiva 85/611/CEE (en lo sucesivo, «la sociedad de gestión de OICVM»), autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición;

b) la sociedad matriz de una entidad de crédito, empresa de seguros, empresa de reaseguros, empresa de inversión o sociedad de gestión de OICVM autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición, o

c) una persona física o jurídica que ejerza el control de una entidad de crédito, empresa de seguros, empresa de reaseguros, empresa de inversión o sociedad de gestión de OICVM autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición.

2. Las autoridades competentes se facilitarán recíprocamente, sin retrasos injustificados, toda la información que resulte esencial o pertinente para la evaluación. A este respecto, las autoridades competentes se comunicarán, previa solicitud, toda información pertinente y, a iniciativa propia, toda información esencial. Toda decisión adoptada por la autoridad competente que haya autorizado a la empresa de seguros en la que se propone la adquisición mencionará las posibles observaciones o reservas expresadas por la autoridad competente responsable del adquirente propuesto.

▼B

Artículo 16

Secreto profesional

1. Los Estados miembros establecerán que todas las personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad para las autoridades competentes, así como los auditores o expertos encargados por las autoridades competentes, tengan que guardar el secreto profesional. Este secreto implica que las informaciones confidenciales que reciban a título profesional no podrán ser divulgadas a ninguna persona o autoridad, salvo en forma sumaria o agregada, de manera que las empresas de seguros individuales no puedan ser identificadas, sin perjuicio de los supuestos regulados por el Derecho penal.

No obstante, cuando se trate de empresas de seguros que se hayan declarado en quiebra o cuya liquidación forzosa haya sido ordenada por un tribunal, las informaciones confidenciales que no se refieran a terceras partes implicadas en intentos de reflotar la empresa podrán ser divulgadas en el marco de procedimientos civiles o mercantiles.

2. El apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros procedan a los intercambios de información previstos en las Directivas aplicables a las empresas de seguros. Dichas informaciones estarán sujetas al secreto profesional contemplado en el apartado 1.

3. Los Estados miembros podrán celebrar acuerdos de cooperación con las autoridades competentes de terceros países o con autoridades u órganos de estos países, según se definen en los apartados 5 y 6, que establezcan intercambio de información, en la medida en que las informaciones comunicadas queden protegidas por garantías de secreto profesional al menos equivalentes a las contempladas en el presente artículo. Dicho intercambio de información deberá destinarse al cumplimiento de la función de supervisión de las autoridades u órganos mencionados.

Cuando la información tenga su origen en otro Estado miembro, no podrá ser revelada sin la conformidad expresa de las autoridades competentes que la hayan facilitado y, en su caso, únicamente con la finalidad para la que dichas autoridades hayan dado su conformidad.

▼M3

4. La autoridad competente que, en virtud de los apartados 1 o 2, reciba información confidencial podrá solamente utilizarla en el ejercicio de sus funciones:

— para el examen de las condiciones de acceso a la actividad de seguro y para facilitar el control de las condiciones del ejercicio de la actividad, en particular en materia de supervisión de las provisiones técnicas, del margen de solvencia, de la organización administrativa y contable y del control interno, o

— para la imposición de sanciones, o

— en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la autoridad competente, o

— en el marco de procedimientos jurisdiccionales en virtud del artículo 67 o de disposiciones especiales previstas en la presente Directiva y de las demás directivas adoptadas en el ámbito de las empresas de seguros y de reaseguros.

5. Los apartados 1 y 4 no serán obstáculo para el intercambio de información, dentro de un mismo Estado miembro, cuando existan varias autoridades competentes, o entre Estados miembros, entre las autoridades competentes y:

— las autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión de las entidades de crédito y de las otras instituciones financieras, así como las autoridades encargadas de la supervisión de los mercados financieros,

— los órganos implicados en la liquidación y la quiebra de las empresas de seguros, las empresas de reaseguros y otros procedimientos similares, y

— las personas encargadas del control legal de las cuentas de las empresas de seguros, las empresas de reaseguros y demás entidades financieras,

para el cumplimiento de su misión de vigilancia, así como para la transmisión, a los órganos encargados de la gestión de procedimientos obligatorios de liquidación o de fondos de garantía, de la información necesaria para el cumplimiento de su función. La información recibida por dichas autoridades, órganos y personas quedará sujeta al secreto profesional contemplado en el apartado 1.

6. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados miembros podrán autorizar intercambios de información entre las autoridades competentes y:

— las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que participen en la liquidación y quiebra de las empresas de seguros o de reaseguros y otros procedimientos similares, o

— las autoridades encargadas de la supervisión de las personas encargadas del control legal de las cuentas de las empresas de seguros, las empresas de reaseguros, las entidades de crédito, las empresas de inversión y otras entidades financieras, o

— los actuarios independientes de las empresas de seguros y de las empresas de reaseguros que, en virtud de la ley, ejerzan una función de control sobre éstas y los órganos encargados de la supervisión de estos actuarios.

Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las siguientes condiciones:

— la información se destinará a la realización de la misión de supervisión o de la función de control establecidas en el párrafo primero,

— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contemplado en el apartado 1,

— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridades competentes que hayan comunicado dicha información y, en ese caso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan autorizado.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la identidad de las autoridades, personas u órganos que podrán recibir información con arreglo al presente apartado.

▼B

7. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados miembros, con el fin de reforzar la estabilidad del sistema financiero, incluida su integridad, podrán autorizar intercambios de información entre las autoridades competentes y las autoridades y los órganos encargados en virtud de la legislación nacional de detectar las infracciones al Derecho de sociedades y de investigar dichas infracciones.

Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el primer párrafo exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las siguientes condiciones:

— la información se destinará al cumplimiento de la misión establecida en el primer párrafo,

— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contemplado en el apartado 1,

— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridades competentes que hayan comunicado dicha información y, en su caso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan autorizado.

Cuando, en un Estado miembro, las autoridades y los órganos a que se refiere el primer párrafo realicen su misión de detección o investigación recurriendo, dada su competencia específica, a personas a quienes se haya conferido un mandato a tal fin y que no pertenezcan a la función pública, la posibilidad de intercambiar información prevista en el primer párrafo podrá ampliarse a estas personas en las condiciones que figuran en el segundo párrafo.

Para la aplicación del tercer guión del segundo párrafo, las autoridades y los órganos a que se refiere el primer párrafo o comunicarán a las autoridades competentes que hayan facilitado la información la identidad y el mandato preciso de las personas a las que se transmitirá dicha información.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la identidad de las autoridades y de los órganos que podrán recibir información en virtud del presente apartado.

La Comisión elaborará, antes del 31 de diciembre de 2000, un informe sobre la aplicación de las disposiciones del presente apartado.

▼M3

8. Los apartados 1 al 7 no impedirán que una autoridad competente transmita:

— a los bancos centrales y organismos de función similar en tanto que autoridades monetarias, y

— en su caso, a otras autoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemas de pago,

la información destinada al cumplimiento de su misión ni para que estas autoridades u organismos comuniquen a las autoridades competentes la información que precisen a los efectos del apartado 4. La información recibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contemplado en el presente artículo.

▼B

9. Además, no obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 4, los Estados miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales, la comunicación de ciertas informaciones a otros departamentos de sus administraciones centrales responsables de la aplicación de la legislación de supervisión de las entidades de crédito, las instituciones financieras, los servicios de inversión y las empresas de seguros, así como a los inspectores designados por dichos departamentos.

No obstante, dichas comunicaciones sólo podrán facilitarse cuando ello sea necesario por razones de supervisión prudencial.

Sin embargo, los Estados miembros establecerán que las informaciones recibidas con arreglo a los apartados 2 y 5 y las obtenidas por medio de las verificaciones in situ contempladas en el artículo 11 no puedan en ningún caso ser objeto de las comunicaciones contempladas en el presente apartado, salvo acuerdo expreso de la autoridad competente que haya comunicado las informaciones o de la autoridad competente del Estado miembro en el que se haya efectuado la verificación in situ.

Artículo 17

Auditoría

1. Los Estados miembros dispondrán, como mínimo, que:

a) toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 84/253/CEE del Consejo ( 22 ) que ejerza en una empresa de seguros la función descrita en el artículo 51 de la Directiva 78/660/CEE del Consejo ( 23 ), en el artículo 37 de la Directiva 83/349/CEE o en el artículo 31 de la Directiva 85/611/CEE del Consejo ( 24 ) o cualquier otra función legal tendrá la obligación de señalar rápidamente a las autoridades competentes cualquier hecho o decisión sobre dicha empresa del que haya tenido conocimiento en el ejercicio de dicha función y que pueda: — constituir una violación del contenido de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que establecen las condiciones de autorización o que regulan de manera específica el ejercicio de la actividad de las empresas de seguros, o — perjudicar la continuidad de la explotación de la empresa de seguros, o — implicar la denegación de la certificación de cuentas o la emisión de reservas;

b) se impondrá la misma obligación a esa misma persona por lo que respecta a los hechos y decisiones que llegara a conocer en el contexto de una función como la descrita en la letra a) ejercida en una empresa que tenga un vínculo estrecho resultante de un vínculo de control con la empresa de seguros en la que esta persona lleve a cabo la mencionada función.

2. La divulgación de buena fe de hechos o decisiones mencionados en el apartado 1 a las autoridades competentes, por parte de las personas autorizadas con arreglo a la Directiva 84/253/CEE, no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información impuesta por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa ni implicará para dichas personas ningún tipo de responsabilidad.

Artículo 18

Ejercicio simultáneo de actividades de seguros de vida y de seguros distintos del seguro de vida

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 7, ninguna empresa podrá ser autorizada a la vez con arreglo a la presente Directiva y a la Directiva 73/239/CEE.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán establecer que:

— las empresas que posean una autorización con arreglo a la presente Directiva puedan obtener asimismo autorización,de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE, para los riesgos mencionados en los puntos 1 y 2 del anexo de la misma Directiva,

— las empresas autorizadas en virtud del artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE, exclusivamente para los riesgos contemplados en los puntos 1 y 2 del anexo de dicha Directiva, puedan obtener una autorización con arreglo a la presente Directiva.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, las empresas citadas en el apartado 2 y aquellas que el

— 1 de enero de 1981 para empresas autorizadas en Grecia,

— 1 de enero de 1986 para empresas autorizadas en España y Portugal,

▼M1

— 1 de enero de 1995 para empresas autorizadas en Austria, Finlandia y Suecia,

▼M4

— 1 de mayo de 2004 para empresas autorizadas en la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia,

▼M4

— 1 de enero de 2007 para empresas autorizadas en Bulgaria y Rumanía, y

▼B

— 15 de marzo de 1979 para todas las otras empresas,

practicaban la acumulación de las dos actividades a que se refieren la presente Directiva y la Directiva 73/239/CEE, podrán continuar practicándola siempre que adopten una gestión separada para cada una de tales actividades, de conformidad con el artículo 19 de la presente Directiva.

4. Los Estados miembros podrán establecer que las empresas contempladas en el apartado 2 deban respetar las normas contables que rigen para las empresas de seguros autorizadas con arreglo a la presente Directiva para el conjunto de su actividad. Además, los Estados miembros podrán establecer, en espera de una coordinación en la materia, que en lo que se refiere a las reglas de liquidación, las actividades relativas a los riesgos mencionados en los puntos 1 y 2 del anexo de la Directiva 73/239/CEE ejercidas por las empresas contempladas en el apartado 2, se rijan igualmente por las reglas aplicables a las actividades del seguro de vida.

5. Cuando una empresa que ejerza las actividades contempladas en el anexo de la Directiva 73/239/CEE tenga relaciones financieras, comerciales o administrativas con una empresa de seguros que ejerza las actividades a que se refiere la presente Directiva, las autoridades competentes de los Estados miembros en cuyo territorio esté situado el domicilio social de dichas empresas velarán para que sus cuentas no sean falseadas mediante acuerdos celebrados entre ellas, o mediante cualquier arreglo capaz de influir en la distribución de gastos e ingresos.

6. Cualquier Estado miembro podrá imponer a las empresas de seguros cuyo domicilio social esté situado en su territorio la obligación de poner fin, en los plazos que determine, a la acumulación de las actividades que practiquen en las fechas a las que se refiere el apartado 3.

7. Las disposiciones del presente artículo serán examinadas de nuevo sobre la base de un informe de la Comisión al Consejo a la luz de la futura armonización de las reglas de liquidación y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre de 1999.

Artículo 19

Gestión separada de seguros de vida y de seguros distintos del seguro de vida

1. La gestión separada mencionada en el apartado 3 del artículo 18 deberá ser organizada de tal forma que las actividades recogidas en la presente Directiva y las contempladas por la Directiva 73/239/CEE sean separadas, con el fin de que:

— no se perjudique los intereses respectivos de los asegurados por un seguro de vida y de los asegurados por un seguro distinto del seguro de vida y, en particular, que los beneficios procedentes del seguro de vida, aprovechen a los asegurados por un seguro de vida como si la empresa de seguros practicara únicamente el seguro de vida,

— las obligaciones financieras mínimas, en especial los márgenes de solvencia referidos a una de las actividades, en el sentido bien de la presente Directiva, bien de la Directiva 73/239/CEE, no sean soportadas por la otra actividad.

Sin embargo, una vez cumplidas las obligaciones financieras mínimas en las condiciones previstas en el segundo guión del primer párrafo, y siempre que se informe a la autoridad competente, la empresa podrá utilizar para una u otra actividad los elementos explícitos del margen de solvencia todavía disponibles.

Las autoridades competentes cuidarán, mediante el análisis de los resultados de las dos actividades, del cumplimiento del presente apartado.

2.

a) Los datos contables deberán establecerse de forma que muestren las fuentes de los resultados para cada una de las dos actividades, esto es, seguros de vida y seguros distintos del seguro de vida. A tal fin, el conjunto de los ingresos (en especial, primas, pagos de reaseguradores, ingresos financieros) y de los gastos (en especial prestaciones de seguro, adiciones a las provisiones técnicas, primas de reaseguro, gastos de funcionamiento para las operaciones de seguro) serán desglosados en función de su origen. Los elementos comunes a las dos actividades se clasificarán según una clave de reparto que deberá ser adoptada por la autoridad competente.

b) Las empresas de seguros deberán establecer, sobre la base de los datos contables, un documento que muestre de forma clara los elementos correspondientes a cada uno de los márgenes de solvencia, de conformidad con el artículo 27 de la presente Directiva y el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva