1992L0013 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 1
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►B Directiva 92/13/CEE del Consejo
de 25 de febrero de 1992
relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes
a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de
las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las tele-
comunicaciones
(DO L 76 de 23.3.1992, p. 14)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►A1Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia C241 21 29.8.1994
(adaptada por Decisión 95/1/CE, Euratom, CECA del Consejo) L 1 1 1.1.1995
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Directiva 92/13/CEE del Consejo
de 25 de febrero de 1992
relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas referentes a la aplicación de las normascomunitarias en los procedimientos de formalización de contratosde las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía,
de los transportes y de las telecomunicaciones
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,
en particular, su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión(1),
En cooperación con el Parlamento Europeo(2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3).
Considerando que la Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de
septiembre de 1990, relativa a los procedimientos de formalización de
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y delas telecomunicaciones(
4) establece normas en materia de formaliza-
ción de contratos destinadas a garantizar la igualdad de oportunidadesde los suministradores y contratistas potenciales, pero no contienedisposiciones específicas que permitan garantizar su aplicación efec-
tiva;
Considerando que los actuales mecanismos destinados a garantizar
dicha aplicación, tanto en el plano nacional como en el plano comuni-tario, no son siempre los adecuados;
Considerando que la ausencia de medios de recurso eficaces o la insu-
ficiencia de los medios existentes puede tener un efecto disuasorio
sobre las empresas comunitarias a la hora de presentar ofertas; que,
por consiguiente, conviene que los Estados miembros remedien estasituación;
Considerando que la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de
los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los
contratos públicos de suministros y de obras(
5), se limita a los procedi-
mientos de formalización de contratos dentro del ámbito de aplicaciónde la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobrecoordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratospúblicos de obras(
6), cuya última modificación la constituye la Direc-
tiva 90/531/CEE, y de la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1976, de coordinación de los procedimientos de adjudica-ción de contratos públicos de suministro(
7), cuya última modificación
la constituye la Directiva 90/531/CEE;
Considerando que la apertura a la competencia comunitaria de los
contratos públicos en los sectores en cuestión implica la adopción de
disposiciones para que los suministradores y los contratistas dispongan
de procedimientos de recurso adecuados en caso de violación delDerecho comunitario en la materia o de las normas nacionales quetranspongan este Derecho;
Considerando que es necesario establecer un refuerzo sustancial de las
garantías de transparencia y de no discriminación y que resulta impor-1992L0013 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 2
(1)D O noC 216 de 31. 8. 1990, p. 8; y
DO noC 179 de 10. 7. 1991, p. 18.
(2)D O noC 106 de 22. 4. 1991, p. 82; y
DO noC 39 de 17. 2. 1992.
(3)D O noC 60 de 8. 3. 1991, p. 16.
(4)D O noL 297 de 29. 10. 1990, p. 1.
(5)D O noL 395 de 30. 12. 1989, p. 33.
(6)D O noL 185 de 16. 8. 1971, p. 5.
(7)D O noL 13 de 15. 1. 1977, p. 1.
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tante, para que tenga efectos concretos, disponer de medios de recurso
eficaces y rápidos;
Considerando que conviene tener en cuenta las características especí-
ficas de determinados ordenamientos jurídicos y autorizar a losEstados miembros la elección entre diferentes opciones de efectos equi-valentes en lo referente a los poderes de las instancias de recurso;
Considerando que una de estas opciones incluye el poder de intervenir
directamente en los procedimientos de formalización de los contratosde las entidades contratantes, por ejemplo, suspendiendo estos procedi-mientos o bien anulando decisiones o cláusulas discriminatorias en
documentos o publicaciones;
Considerando que la otra opción establece el poder de ejercer una
presión indirecta efectiva sobre las entidades contratantes con el fin de
que éstas remedien cualquier violación o de que se abstengan de come-
terlas, y también con el fin de que no se causen perjuicios;
Considerando que siempre debe existir la posibilidad de interponer una
demanda de daños y perjuicios;
Considerando que, cuando una persona presente una demanda de daños
y perjuicios por los gastos realizados con ocasión de la preparación deuna oferta o de la participación en un procedimiento de formalizaciónde un contrato, no se le exigirá, para obtener el reembolso de dichos
gastos, que pruebe que en ausencia de esta violación se le habría adju-
dicado el contrato;
Considerando que sería útil disponer que las entidades contratantes que
cumplan con las normas en materia de formalización de contratos,
puedan darlo a conocer por medios adecuados; que esto supone unexamen, por personas independientes, de los procedimientos y prácticasde las entidades contratantes;
Considerando que, a estos efectos, es apropiado un sistema de certifica-
ción, que contemple una declaración referente a la aplicación correctade las normas en materia de formalización de contratos, bajo la formade un anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas .
Considerando que las entidades contratantes deben tener la posibilidad
de recurrir al sistema de certificación si lo desean; que los Estadosmiembros deben darles esta posibilidad; que, a estos efectos, podrán,bien establecer ellos mismos el sistema, o bien permitir a las entidades
contratantes la posibilidad de recurrir a un sistema de certificación
establecido por otro Estado miembro; que pueden confiar la responsa-bilidad de efectuar el examen previsto por el sistema de certificación apersonas, a profesiones o al personal de instituciones;
Considerando que la flexibilidad necesaria en el establecimiento de
dicho sistema queda garantizada mediante la definición de sus carac-terísticas esenciales indicada en la presente Directiva; que lasmodalidades precisas de su funcionamiento deberían fijarse en normaseuropeas a las que hace referencia la presente Directiva;
Considerando que los Estados miembros pueden tener necesidad de
fijar modalidades de este tipo antes de la adopción de las normas quefiguran en las normas europeas, o bien además de estas normas;
Considerando que, si las empresas no interponen recurso, no podrán
corregirse determinadas violaciones, a no ser que se establezca unmecanismo específico;
Considerando que, por consiguiente, resulta importante que, cuando
considere que se ha cometido una violación clara y manifiesta en unprocedimiento de formalización de contrato, la Comisión pueda llamarla atención de las autoridades competentes del Estado miembro y de laentidad contratante de que se trate, con objeto de que adopten las
medidas apropiadas para obtener la rápida corrección de esta violación;
Considerando que es necesario establecer la posibilidad de un meca-
nismo de conciliación en el plano comunitario para permitir el arregloamistoso de las controversias;1992L0013 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 3
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Considerando que deberá volver a examinarse la aplicación efectiva de
la presente Directiva al mismo tiempo que la de la Directiva 90/531/CEE, basándose en la información que deberán proporcionar los
Estados miembros acerca del funcionamiento de los procedimientos
nacionales de recurso;
Considerando que la presente Directiva debe ser aplicada al mismo
tiempo que la Directiva 90/531/CEE;
Considerando que conviene conceder al Reino de España, a la Repú-
blica Helénica y a la República Portuguesa períodos adicionalesadecuados para transponer la presente Directiva, teniendo en cuentalas fechas de aplicación de la Directiva 90/531/CEE en estos países,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO 1
Vías de recurso en el plano nacional
Artículo 1
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para
garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades contratantespuedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápida-
mente posible, en las condiciones establecidas en los artículos
siguientes y, especialmente, en el apartado 8 del artículo 2, cuandodichas decisiones hayan violado el Derecho comunitario en materia deformalización de contratos o las normas nacionales de transposición delcitado Derecho en lo que se refiere:
a) a los procedimientos de formalización de contratos que entren en el
ámbito de la Directiva 90/531/CEE; y
b) al respeto de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo
3 de dicha Directiva, en el caso de las entidades contratantes sujetas
a esta disposición.
2. Los Estados miembros velarán para que, entre las empresas que
puedan alegar un perjuicio en el marco de un procedimiento de forma-
lización de contrato, no se produzcan discriminaciones a causa de la
distinción que hace la presente Directiva entre las normas nacionalesque transponen el Derecho comunitario y las demás normas nacionales.
3. Los Estados miembros garantizarán que, con arreglo a modali-
dades que podrán determinar los Estados miembros, los
procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier
persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinadocontrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por unapresunta violación. En particular, los Estados miembros podrán exigirque la persona que desee utilizar tal procedimiento haya informado
previamente a la entidad contratante de la presunta violación y de su
intención de interponer recurso.
Artículo 2
1. Los Estados miembros velarán para que la medidas adoptadas en
relación con los procedimientos de recurso contemplados en el artículo
1 dispongan los poderes necesarios para:
o bien
a) adoptar, lo antes posible y mediante procedimiento de urgencia,
medidas provisionales para corregir la presunta violación o para
impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados,
incluidas medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspendael procedimiento de formalización de contrato en cuestión o laejecución de cualquier decisión adoptada por la entidad contratante;y
b) anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales, incluida la
supresión de las características técnicas, económicas o financierasdiscriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, el anuncio1992L0013 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 4
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periódico indicativo, el anuncio sobre la existencia de un sistema de
calificación, la convocatoria de licitación, los pliegos de condicioneso en cualquier otro documento relacionado con el procedimiento de
formalización de contrato en cuestión;
o bien
c) adoptar, a la mayor brevedad, a ser posible mediante procedimiento
de urgencia o, si fuese necesario, mediante procedimiento definitivoen cuanto al fondo, medidas distintas a las consideradas en las letrasa) y b) que tengan por objeto corregir la violación comprobada eimpedir que se causen perjuicios a los intereses afectados; en parti-
cular, emitir una orden de pago de una cantidad determinada en
caso de que la infracción no sea corregida o evitada.
Los Estados miembros podrán efectuar dicha elección bien para el
conjunto de las entidades contratantes, o bien para categorías deentidades definidas a partir de criterios objetivos, salvaguardando
en todo caso la eficacia de las medidas establecidas con el fin de
impedir que se cause un perjuicio a los intereses afectados;
d) y, en los dos casos antes mencionados, conceder una indemnización
por daños y perjuicios a las personas perjudicadas por la violación.
Cuando se reclamen indemnizaciones por daños y perjuicios debido a
que se haya adoptado una decisión de forma ilegal, los Estados miem-bros podrán establecer que, cuando su sistema de Derecho interno lo
requiera y disponga de las instancias con competencia necesaria a estos
efectos, la decisión cuestionada debe anularse en primer lugar o decla-rarse ilegal.
2. Los poderes mencionados en el apartado 1 podrán conferirse a
instancias distintas, responsables de aspectos diferentes de los procedi-mientos de recurso.
3. Por sí mismos, los procedimientos de recurso no deberán tener
necesariamente efectos suspensivos automáticos en los procedimientosde formalización de contratos a los que se refieran.
4. Los Estados miembros podrán determinar que la instancia respon-
sable, al estudiar si procede adoptar las medidas cautelares, pueda tener
en cuenta las probables consecuencias de dichas medidas para todos los
intereses que puedan verse perjudicados, así como el interés general, ydecidir desestimarlas cuando las consecuencias negativas pudieransuperar a sus ventajas. La decisión desestimatoria de estas medidascautelares no prejuzgará los demás derechos reivindicados por la
persona que solicite tales medidas.
5. La cantidad que se haya de pagar con arreglo a la letra c) del
apartado 1 deberá fijarse en un nivel lo suficientemente elevado para
disuadir a la entidad contratante de cometer una infracción o de conti-nuar cometiéndola. El pago podrá supeditarse a una decisión final de laque resulte que se ha cometido la violación.
6. Los efectos del ejercicio de las facultades contempladas en el
apartado 1 sobre un contrato subsiguiente a una adjudicación se deter-minarán con arreglo al Derecho nacional. Además, excepto en el casode que la decisión deba anularse antes de conceder la indemnización
por daños y perjuicios, un Estado miembro podrá disponer que, una
vez celebrado un contrato subsiguiente a una adjudicación, los poderesde la instancia responsable de los procedimientos de recurso se limitena conceder la indemnización por daños y perjuicios a cualquier personaperjudicada por una violación.
7. Cuando una persona interponga una demanda por daños y perjui-
cios por los gastos habidos en la preparación de una oferta o la
participación en un procedimiento de formalización, únicamente se le
exigirá que pruebe que ha habido violación del Derecho comunitarioen materia de formalización de contratos o de las normas nacionalesque transponen este Derecho, y que hubiera tenido una posibilidadreal de obtener el contrato, posibilidad que se ha visto comprometidadebido a esta violación.1992L0013 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 5
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8. Los Estados miembros velarán para que las decisiones adoptadas
por las instancias responsables de los procedimientos de recurso puedanser ejecutadas de modo eficaz.
9. Cuando las instancias responsables de los procedimientos de
recurso no sean de carácter jurisdiccional, sus decisiones deberán estar
siempre motivadas por escrito. Además, en tal caso, deberán adoptarse
disposiciones para garantizar los procedimientos mediante los cualescualquier medida presuntamente ilegal adoptada por la instancia debase o cualquier presunto incumplimiento cometido en el ejercicio delos poderes que se le otorgan, puedan ser objeto de un recurso jurisdic-
cional o de un recurso ante otra instancia que sea una jurisdicción en el
sentido del artículo 177 del Tratado y que sea independiente tanto conrespecto a la entidad contratante como con respecto a la instancia debase.
El nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la
terminación de su mandato estarán sujetos a las mismas condicionesque las aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsablede su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad. Al
menos el presidente de esta instancia independiente deberá poseer las
mismas cualificaciones jurídicas y profesionales que un juez. Lainstancia independiente adoptará sus decisiones previa realización deun procedimiento contradictorio y estas decisiones tendrán, por losmedios que estipule cada Estado miembro, efectos jurídicos vincu-
lantes.
CAPÍTULO 2
Certificados
Artículo 3
Los Estados miembros ofrecerán a las entidades contratantes la posibi-
lidad de recurrir a un sistema de certificación conforme a lasdisposiciones de los artículos 4 a 7.
Artículo 4
Las entidades contratantes podrán ordenar que periódicamente se
examinen los procedimientos de formalización de contratos incluidosen el ámbito de aplicación de la Directiva 90/531/CEE, así como suaplicación práctica, con el fin de obtener un certificado en el que sehaga constar que, en ese momento, dichos procedimientos se ajustanal derecho comunitario en materia de formalización de contratos y a
las normas nacionales que incorporan este derecho.
Artículo 5
1. Los responsables de la emisión de los certificados presentarán un
informe escrito por cuenta de las entidades contratantes sobre los resul-tados de su examen. Antes de emitir el certificado contemplado en el
artículo 4 a la entidad contratante, los responsables de la emisión
comprobarán que las posibles irregularidades observadas en los proce-dimientos de formalización de contratos o en la aplicación práctica deéstos han sido corregidas y que se han tomado medidas para evitar quese repitan.
2. Las entidades contratantes que hayan obtenido el certificado
podrán incluir la siguiente declaración en sus anuncios, que deberán
publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas , en virtud
de los artículos 16 a 18 de la Directiva 90/531/CEE:
«La entidad contratante ha obtenido un certificado conforme a la
Directiva 92/13/CEE del Consejo, en el que se hace constar que,con fecha de …, sus procedimientos de formalización de contratosy su aplicación práctica se ajustan al derecho comunitario enmateria de formalización de contratos y a las normas nacionalesque incorporan este derecho».1992L0013 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 6
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Artículo 6
1. Los responsables de la emisión de los certificados serán indepen-
dientes de las entidades contratantes y deberán ejercer sus funciones deforma objetiva. Garantizarán de forma apropiada poseer la cualificacióny la experiencia profesionales pertinentes.
2. Las personas, las profesiones o el personal de instituciones
llamados a ejercer las funciones de responsable de la emisión de certi-ficados podrán ser designados por el Estado miembro interesado
cuando éste considere que responden a los requisitos que figuran en el
apartado 1. Para ello, los Estados miembros podrán exigir las cualifica-ciones profesionales que estimen pertinentes y que habrán decorresponder como mínimo a un diploma de enseñanza superior en lostérminos establecidos en la Directiva 89/48/CEE(
1) o bien estipular que
determinados exámenes de aptitud profesional organizados o recono-
cidos por el Estado en cuestión ofrezcan dichas garantías.
Artículo 7
En la elaboración de las normas europeas referentes a la certificación,
las disposiciones de los artículos 4, 5 y 6 se considerarán requisitosesenciales.
CAPÍTULO 3
Mecanismo corrector
Artículo 8
1. La Comisión podrá invocar los procedimientos previstos en el
presente artículo siempre que, previamente a la celebración de un
contrato, considere que durante un procedimiento de formalización de
un contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva90/531/CEE o en relación con la letra a) del apartado 2 del artículo 3de dicha Directiva, ha sido cometida una violación clara y manifiestade las disposiciones comunitarias en materia de contratos por parte delas entidades contratantes a las que se aplica esta disposición.
2. La Comisión notificará al Estado miembro y a la entidad contra-
tante de que se trate las razones que le hayan inducido a pensar que seha cometido una violación clara y manifiesta y solicitará que ésta sea
corregida por los medios adecuados.
3. En un plazo de treinta días a partir de la recepción de la notifica-
ción contemplada en el apartado 2, el Estado miembro de que se trate
comunicará a la Comisión:
a) la confirmación de que se ha corregido la violación,
b) una respuesta motivada en la que se indique por qué no se ha efec-
tuado corrección alguna, o
c) una notificación en la que se indique que el procedimiento de
formalización del contrato ha sido suspendido por iniciativa de laentidad contratante o en el marco del ejercicio de los poderesprevistos en la letra a) del apartado 1 del artículo 2.
4. La respuesta motivada contemplada en la letra b) del apartado 3
podrá basarse, en particular, en el hecho de que la supuesta violaciónsea ya objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso contemplado
en el apartado 9 del artículo 2. En tal caso, el Estado miembro
informará a la Comisión del resultado de estos procedimientos encuanto tenga conocimiento de ello.
5. En caso de que se notifique que un procedimiento de formaliza-
ción de un contrato ha sido suspendido en las condiciones establecidasen la letra c) del apartado 3, el Estado miembro notificará a la Comi-sión el levantamiento de la suspensión o el inicio de otroprocedimiento de formalización del contrato relacionado, total o1992L0013 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 7
(1)D O noL 19 de 24. 1. 1989, p. 16.
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parcialmente, con el procedimiento anterior. Esta nueva notificación
confirmará que la presunta violación ha sido corregida o incluirá unarespuesta motivada que explique por qué no se ha efectuado ninguna
corrección.
CAPÍTULO 4
Conciliación
Artículo 9
1. Cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un
contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 90/531/CEE y que, en el marco del procedimiento de formalización de
dicho contrato, estime que ha sido perjudicado o que puede ser perju-
dicado, a raíz del no cumplimiento del derecho comunitario en materiade formalización de contratos o de las normas nacionales que incor-poran dicho derecho, podrá solicitar el procedimiento de conciliaciónestablecido en los artículos 10 y 11.
2. La solicitud contemplada en el apartado 1 se dirigirá por escrito a
la Comisión o a las autoridades nacionales enumeradas en el Anexo.Dichas autoridades la transmitirán lo antes posible a la Comisión.
Artículo 10
1. Si la Comisión estima, sobre la base de la solicitud contemplada
en el artículo 9, que la controversia se refiere a la aplicación correctadel derecho comunitario, invitará a la entidad contratante a que declaresi está dispuesta a participar en el procedimiento de conciliación. Sidicha entidad rehusara participar en el mismo, la Comisión informaráa la persona que presentó la solicitud de que no puede iniciarse el
procedimiento. Si la entidad contratante da su acuerdo, serán aplicables
las disposiciones de los apartados 2 a 7.
2. La Comisión propondrá, con la mayor celeridad, un conciliador
que figurará en una lista de personas independientes acreditadas a tal
fin. Esta lista será elaborada por la Comisión, previa consulta al
Comité consultivo de contratos públicos o, en caso de entidades contra-tantes cuyas actividades se definen en la letra d) del apartado 2 delartículo 2 de la Directiva 90/531/CEE, previa consulta al Comitéconsultivo de contratos de telecomunicaciones.
Cada una de las partes llamadas al procedimiento de conciliación
declarará si acepta al conciliador y nombrará un conciliador suplemen-tario. Los conciliadores podrán invitar como máximo a otras dospersonas en calidad de expertos para aconsejarles en sus trabajos. Laspartes en el procedimiento y la Comisión podrán recusar a los expertos
invitados por los conciliadores.
3. Los conciliadores darán la posibilidad de presentar una exposi-
ción de los hechos, de manera oral o escrita, a la persona que invoquela aplicación del procedimiento de conciliación, a la entidad contratantey a cualquier otro candidato o licitador que participe en el procedi-
miento de formalización del contrato en cuestión.
4. Los conciliadores procurarán alcanzar un acuerdo entre las partes,
conforme al derecho comunitario, en el más breve plazo.
5. Los conciliadores informarán a la Comisión de sus conclusiones y
del resultado obtenido.
6. La persona que ha invocado la aplicación del procedimiento de
conciliación y la entidad contratante tendrán derecho a poner fin alprocedimiento en cualquier momento.
7. A menos que las partes decidan lo contrario, la persona que ha
invocado la aplicación del procedimiento de conciliación y la entidadcontratante correrán con sus propios gastos. Además, correrá cada unacon la mitad de los gastos del procedimiento, con exclusión de losgastos de las partes que intervengan.1992L0013 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 8
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Artículo 11
1. Si, en el marco de un procedimiento determinado de formaliza-
ción de contrato, una persona interesada, en el sentido del artículo 9,
distinta de la que haya invocado la aplicación del procedimiento deconciliación, ha interpuesto un recurso jurisdiccional u otro recurso enel sentido de la presente Directiva, la entidad contratante informará deello a los conciliadores. Éstos informarán a dicha persona de que se ha
invocado la aplicación del procedimiento de conciliación y la invitarán
a que indique, dentro de un determinado plazo, si acepta participar enel procedimiento. Si esta persona rehúsa participar, los conciliadorespodrán decidir, en su caso por mayoría, la finalización del procedi-miento de conciliación cuando estimen que la participación de dichapersona es necesaria para resolver la controversia. Notificarán esta
decisión a la Comisión, exponiendo los motivos.
2. Las medidas tomadas en aplicación del presente capítulo no afec-
tarán:
a) a las medidas que la Comisión o cualquier Estado miembro pueda
tomar en aplicación de los artículos 169 o 170 del Tratado o en apli-
cación del capítulo 3 de la presente Directiva;
b) a los derechos de la persona que ha invocado la aplicación del
procedimiento de conciliación, a los de la entidad contratante o a
los de cualquier otra persona.
CAPÍTULO 5
Disposiciones finales
Artículo 12
1. Antes de la expiración de un período de cuatro años siguientes a
la aplicación de la presente Directiva, la Comisión, en consulta con elComité consultivo de contratos públicos, volverá a examinar la aplica-
ción de las disposiciones de la presente Directiva, y en particular la
utilización de las normas europeas y propondrá, en su caso, las modifi-caciones que juzgue necesarias.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cada año antes
del 1 de marzo datos sobre el funcionamiento de los procedimientos
nacionales de los recursos interpuestos durante el año civil anterior.
La Comisión determinará, en consulta con el Comité consultivo decontratos públicos, la naturaleza de dichos datos.
3. Para las cuestiones relativas a las entidades contratantes cuyas
actividades se definen en la letra d) del apartado 2 del artículo 2 de la
Directiva 90/531/CEE, la Comisión consultará también al Comitéconsultivo de contratos de telecomunicaciones.
Artículo 13
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del 1 de
enero de 1993. El Reino de España adoptará estas medidas a más tardarel 30 de junio de 1995. La República Helénica y la República Portu-guesa adoptarán estas medidas a más tardar el 30 de junio de 1997.Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas
incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas dedicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros esta-blecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros pondrán en vigor las medidas contem-
pladas en el párrafo primero del apartado 1 en las mismas fechas que
las que se establecen en la Directiva 90/531/CEE.
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbitoregulado por la presente Directiva.1992L0013 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 9
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Artículo 14
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.1992L0013 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 10
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ANEXO
Autoridades nacionales a las que pueden enviarse las solicitudes de aplica-
ción del procedimiento de conciliación contempladas en el artículo 9
En Bélgica
Services du Premier Ministre. Diensten Van de Eerste Minister.
Ministère des Affaires économiques. Ministerie van Economische Zaken.
En Dinamarca
Industri — og Handelsstyrelsen (pour les fournitures). Boligministeriet (pour les
travaux).
En Alemania
Bundesministerium für Wirtschaft.
En Grecia
Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνογίας Υπουργείο Εµπορίου
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων.
En España
Ministerio de Economía y Hacienda.
En Francia
Commission centrale des marchés.
En Irlanda
Department of Finance.
En Italia
Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Comunitarie.
En Luxemburgo
Ministère des travaux publics.
En los Países Bajos
Ministerie van Economische Zaken.
En Portugal
Conselho de mercado de obras públicas e particulares.
En el Reino Unido
H. M. Treasury.
En Austria
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten.
En Finlandia
Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- och industriministeriet.
En Suecia
Nämnden för offentlig upphandling.1992L0013 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 11
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