1969R1191 — ES — 01.07.1992 — 001.001 — 1
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►B REGLAMENTO (CEE) No1191/69 DEL CONSEJO
de 26 de junio de 1969
relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de
servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable
(DO L 156 de 28.6.1969, p. 1)
Modificado por:
Diario Oficial
no página fecha
►M1 Reglamento (CEE) no3572/90 del Consejo de 4 de diciembre de 1990 L 353 12 17.12.1990
►M2 Reglamento (CEE) no1893/91 del Consejo de 20 de junio de 1991 L 169 1 29.6.1991
Modificado por:
►A1 Acta de adhesión de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte (*) L 73 14 27.3.1972
(adaptada por Decisión del Consejo de 1 de enero de 1973) (*) L 2 1 1.1.1973
►A2 Acta de adhesión de Grecia (*) L 291 17 19.11.1979
►A3 Acta de adhesión de España y de Portugal L 302 23 15.11.1985
(*) No existe versión en español de este acto.
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REGLAMENTO (CEE) No1191/69 DEL CONSEJO
de 26 de junio de 1969
relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obliga-
ciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los
transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,en particular, sus artículos 75 y 94,
Vista la Decisión del Consejo, de 13 de mayo de 1965, relativa a la
armonización de determinadas disposiciones que inciden sobre lacompetencia en el sector de los transportes por ferrocarril, por carreteray por vía navegable (
1),
Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Parlamento Europeo (
2),
Visto el dictamen del Comité económico y social (3),
Considerando que uno de los objetivos de la política común de trans-
portes es la eliminación de las desigualdades debidas a la imposición alas empresas de transporte, por parte de los Estados miembros, deobligaciones inherentes a la noción de servicio público, que falseansustancialmente las condiciones de la competencia;
Considerando que es por tanto necesario suprimir las obligaciones de
servicio público definidas en el presente Reglamento; que, no obstante,su mantenimiento es indispensable en ciertos casos para garantizar laprovisión de suficientes servicios de transporte; que esta provisión seaprecia en función de la oferta y de la demanda de transporte existentes,así como de las necesidades de la colectividad;
Considerando que tales medidas de supresión no abarcan los precios ni
las condiciones de transporte impuestos a las empresas en el sector delos transportes de viajeros, en interés de una o de varias categoríassociales particulares;
Considerando que, para la aplicación de tales medidas, es necesario
definir las diferentes obligaciones de servicio público a que se refiere elpresente Reglamento; que éstas incluyen la obligación de explotar, laobligación de transportar, y la obligación tarifaria;
Considerando que es necesario dejar a los Estados miembros la inicia-
tiva para la adopción de medidas de supresión o de mantenimiento deobligaciones de servicio público; que, no obstante, estas obligacionespueden implicar cargas para las empresas de transporte, por lo que éstasdeben poder presentar solicitudes de supresión a las autoridades compe-tentes de los Estados miembros;
Considerando que es conveniente prever que las empresas de transporte
sólo puedan presentar solicitudes de supresión de las obligaciones deservicio público cuando tales obligaciones impliquen para las mismasdesventajas económicas determinadas según los métodos comunes defi-nidos en el presente Reglamento;
Considerando que, con objeto de mejorar la explotación, las empresas
de transporte deben tener la posibilidad de proponer en su solicitud, lautilización de otra técnica de transporte mejor adaptada al tráfico encuestión;
Considerando que, al decidir el mantenimiento de obligaciones de
servicio públicio, las autoridades competentes de los Estados miembrosdeben poder acompañar su decisión con condiciones capaces de mejorar
(1)D Ono88 de 24. 5. 1965, p. 1500/75.
(2)D OnoC 27 de 28. 3. 1968, p. 18.
(3)D OnoC 49 de 17. 5. 1968, p. 15.
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el rendimiento de las prestaciones de que se trate; que es necesario que
las autoridades competentes, al decidir la supresión de una obligaciónde servicio público, puedan no obstante prever, para garantizar la provi-sión de suficientes servicios de transporte, el establecimiento de unservicio de sustitución;
Considerando que es importante, para tener en cuenta los intereses de
todos los Estados miembros, establecer un procedimiento comunitariopara el caso en que la supresión de una obligación de explotar otransportar pudiese interferir los intereses de otro Estado miembro;
Considerando que, con objeto de permitir la adecuada organización del
examen de las solicitudes de supresión de las obligaciones de serviciopúblico presentadas por las empresas, conviene fijar, por un lado, elplazo en el que deben presentarse estas solicitudes y, por otro, el plazode examen de tales solicitudes por los Estados miembros;
Considerando que en virtud del artículo 5 de la Decisión del Consejo,
de 13 de mayo de 1965, relativa a la armonización de determinadasdisposiciones que inciden sobre la competencia en el sector de lostransportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, el manteni-miento de una obligación de servicio público definida en el presenteReglamento, decidido por las autoridades competentes implica la obli-gación de compensar las cargas resultantes para las empresas de trans-porte;
Considerando que el derecho a la compensación de las cargas debe
surgir, para las empresas de transporte, a partir de la decisión de losEstados miembros, de mantener una obligación de servicio público; queen razón del sistema de anualidad presupuestaria, este derecho no puedesin embargo surgir, en el período inicial de aplicación del presenteReglamento, antes del 1 de enero de 1971; esta fecha podrá ser prorro-gada en relación con eventuales prórrogas de los plazos de examen delas solicitudes de las empresas de transporte;
Considerando que, por otra parte, el artículo 6 de la Decisión del
Consejo, de 13 de mayo de 1965, relativa a la armonización de determi-nadas disposiciones que inciden sobre la competencia en el sector de lostransportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, prevé quelos Estados miembros deben proceder a la compensación de las cargasresultantes, en el sector de los transportes de viajeros, de la aplicaciónde precios y condiciones de transporte impuestos en interés de unacategoría social particular; que esta compensación deberá entrar envigor a partir del 1 de enero de 1971; esta fecha se podrá aplazar unaño, mediante un procedimiento comunitario, en caso de dificultadesparticulares para un Estado miembro;
Considerando que la compensación de las cargas que resulten, para las
empresas de transporte, del mantenimiento de las obligaciones deservicio público, debe ser efectuada según métodos comunes; que, paraestablecer esas compensaciones, hay que tener en cuenta las repercu-siones que la supresión de la obligación tendría sobre la actividad de laempresa;
Considerando que es necesario aplicar las disposiciones del presente
Reglamento a cualquier nuevo caso de obligaciones de servicio público,tal como se definen en el presente Reglamento, que pudieren imponersea una empresa de transporte;
Considerando que las compensaciones resultantes de la aplicación del
presente Reglamento son concedidas por los Estados miembros, segúnlos métodos comunes establecidos por el presente Reglamento, por loque se debe eximir a esas compensaciones del procedimiento de infor-mación previa previsto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratadoconstitutivo de la Comunidad Económica Europea;
Considerando que la Comisión debe poder obtener de los Estados
miembros cualesquiera informaciones útiles sobre la aplicación delpresente Reglamento;
Considerando que, al objeto de permitir al Consejo examinar la situa-
ción existente en cada Estado miembro relativa a la ejecución del
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presente Reglamento, la Comisión deberá someter, a este respecto al
Consejo, un informe antes del 31 de diciembre de 1972;
Considerando que conviene garantizar que los Estados miembros
pongan a disposición de las empresas de transporte los medios apro-piados, al objeto de permitirles hacer valer sus intereses respecto de lasdecisiones particulares adoptadas por los Estados miembros en ejecu-ción del presente Reglamento;
Considerando que, el presente Reglamento se aplica por el momento a
las actividades de transporte por ferrocarril de las seis empresas nacio-nales ferroviarias de los Estados miembros y, por lo que respecta a lasempresas de las demás formas de transporte, a las empresas que noefectúan fundamentalmente transportes de carácter local o regional, elConsejo deberá por tanto decidir, en un plazo de tres años a partir de laentrada en vigor del presente Reglamento, las medidas que se han deadoptar en materia de obligaciones de servicio público, para las presta-ciones de transporte no sujetas al presente Reglamento.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
SECCIÓN I
Disposiciones generales
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Artículo 1
1. El presente Reglamento se aplicará a las empresas de transporte
que exploten servicios en el sector de los transportes por ferrocarril, porcarretera y por vía navegable.
Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación del
presente Reglamento a las empresas cuya actividad se limite exclusiva-mente a la explotación de servicios urbanos, de cercanías o regionales.
2. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
— «servicios urbanos y de cercanías»: los servicios de transporte que
cubran las necesidades de un centro urbano o de una aglomeración yla demanda de transporte entre este centro o aglomeración y superiferia;
— «servicios regionales»: los servicios de transporte destinados a
cubrir las necesidades de transporte de una región.
3. Las autoridades competentes de los Estados miembros suprimirán
las obligaciones inherentes a la noción de servicio público, definidas enel presente Reglamento e impuestas en el sector de los transportes porferrocarril, por carretera y por vía navegable.
4. Las autoridades competentes de los Estados miembros a fin de
garantizar la prestación de suficientes servicios de transporte, habidacuenta, en particular, de los factores sociales, medioambientales y deordenación del territorio, o con objeto de ofrecer condiciones tarifariasespeciales en favor de determinadas categorías de viajeros, podráncelebrar contratos de servicio público con una empresa de transporte.Las condiciones y modalidades de dichos contratos se establecen en lasección V.
5. Sin embargo, las autoridades competentes de los Estados miem-
bros podrán mantener o imponer las obligaciones de servicio públicoque se contemplan en el artículo 2 para los servicios urbanos, decercanías o regionales de transporte de viajeros. Sus condiciones ymodalidades, incluidos los métodos de compensación, se establecen enlas secciones II, III y IV.
En caso de que una empresa de transporte explote al mismo tiempo
servicios sujetos a obligaciones de servicio público y otras actividades,dichos servicios públicos deberán integrarse en divisiones indepen-dientes que cumplan como mínimo los siguientes requisitos:
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a) las cuentas de cada una de dichas actividades de explotación estarán
separadas y la parte correspondiente de los activos estará sometida alas normas contables vigentes;
b) los gastos se equilibrarán por medio de los ingresos de explotación y
los pagos de los poderes públicos, sin que sea posible realizartransferencias procedentes de o destinadas a otro sector de actividadde la empresa.
6. Además, las autoridades competentes de un Estado miembro
podrán dejar de aplicar los apartados 3 y 4, en el ámbito de lostransportes de viajeros, por lo que respecta a los precios y condicionesde transporte impuestas en el interés de una o varias categorías socialesdeterminadas.
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Artículo 2
1. Se entenderá por obligaciones de servicio público, las obligaciones
que, la empresa de transporte no asumiría o no lo haría en la mismamedida ni en las mismas condiciones, si considerara su propio interéscomercial.
2. Las obligaciones de servicio público, tal como se definen en el
apartado 1, incluirán la obligación de explotar, la obligación de trans-portar y la obligación tarifaria.
3. Será considerada, con arreglo al presente Reglamento, como obli-
gación de explotar, la obligación de adoptar, para las empresas detransporte y en relación con las líneas o instalaciones cuya explotaciónles haya sido asignada mediante concesión o autorización equivalente,todas las medidas necesarias para garantizar un servicio de transporteque satisfaga normas establecidas de continuidad, regularidad y capa-cidad. Se incluye igualmente la obligación de garantizar la explotaciónde servicios complementarios, así como la obligación de mantener enbuen estado líneas y material, siempre que sea excedentario conrespecto al conjunto de la red, y las instalaciones después de la supre-sión de los servicios de transporte.
4. Será considerada, con arreglo al presente Reglamento, como obli-
gación de transportar, la obligación para las empresas de transporte, deaceptar y efectuar todo transporte de viajeros o mercancías a precios ycondiciones de transporte determinadas.
5. Será considerada, con arreglo al presente Reglamento, como obli-
gación tarifaria, la obligación para las empresas de transporte, de aplicarprecios establecidos o autorizados por la autoridad pública, contrarios alinterés comercial de la empresa y resultantes, sea de la imposición, seade la negativa de modificación de medidas tarifarias particulares, espe-cialmente para determinadas categorías de viajeros, de productos orelaciones.
Las disposiciones del párrafo anterior no se aplicarán a las obligaciones
derivadas de medidas generales de política de precios que se apliquen alconjunto de las actividades económicas, o de medidas adoptadas enmateria de precios y condiciones generales de transporte con objeto deefectuar la organización del mercado de los transportes o de una partede éste.
SECCIÓN II
Principios comunes para la supresión o el mantenimiento de las
obligaciones de servicio público
Artículo 3
1. Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros
decidan el mantenimiento de la totalidad o de una parte de una obliga-ción de servicio público, y varias soluciones garanticen, en condicionesanálogas, la provisión de suficientes servicios de transporte, las autori-dades competentes elegirán la que implique el menor costo para lacolectividad.
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2. La provisión de suficientes servicios de transporte se apreciará en
función de:
a) el interés general;
b) las posibilidades de recurrir a otras técnicas de transporte y la
capacidad de éstas para satisfacer las necesidades de transporteconsideradas;
c) los precios y condiciones de transporte que puedan ser ofrecidos a
los usuarios.
Artículo 4
1. Corresponderá a las empresas de transporte presentar a las autori-
dades competentes de los Estados miembros, solicitudes de supresióntotal o parcial de una obligación de servicio público, si esta obligaciónprovocare desventajas económicas para tales empresas.
2. En sus solicitudes, las empresas de transporte podrán proponer
sustituir la técnica actualmente utilizada por otra técnica de transporte.Las empresas determinarán los ahorros que puedan mejorar los resul-tados de sus gestiones financieras aplicando las disposiciones del artí-culo 5.
Artículo 5
1. Una obligación de explotar o de transportar se considerará que
implica desventajas económicas cuando la disminución de las cargasque podría resultar de la supresión total o parcial de esta obligación,respecto de una prestación o de un conjunto de prestaciones sujetas aesta obligación, fuere superior a la disminución de los ingresos resul-tante de esta supresión.
Las desventajas económicas se determinarán sobre la base de un
balance, actualizado si fuere necesario, de las desventajas económicasanuales constituidas por la diferencia entre la disminución de las cargasanuales y la disminución de los ingresos anuales resultante de la supre-sión de la obligación.
No obstante, si algunas obligaciones de explotar o transportar se refi-
riesen a una o varias categorías de tráfico de viajeros o de mercancías,bien de una red, bien de una parte importante de la misma, la estima-ción de las cargas que desaparecerían en caso de supresión de laobligación, se hará sobre la base de un desglose de los costos totalessufragados por la empresa en razón de su actividad de transporte, entrelas diferentes categorías de tráfico.
La desventaja económica será, pues, igual a la diferencia entre los
costos imputables a la parte de la actividad de la empresa afectada porla obligación de prestar servicio público, y los ingresos correspon-dientes.
La determinación de las desventajas económicas se establecerá teniendo
en cuenta las repercusiones de la obligación sobre el conjunto de laactividad de la empresa.
2. Una obligación tarifaria se considerará que implica desventajas
económicas cuando la diferencia entre los ingresos y las cargas detráfico sujetos a la obligación, sea inferior a la diferencia entre losingresos y las cargas de tráfico resultante de una gestión comercial, quetenga en cuenta los costes de las prestaciones sujetas a esta obligaciónasí como la situación del mercado.
Artículo 6
1. Las empresas de transporte presentarán a las autoridades compe-
tentes de los Estados miembros las solicitudes previstas en el artículo 4,en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presenteReglamento.
Las empresas de transporte podrán presentar solicitudes tras la expira-
ción del plazo susodicho, si comprobaren que se reúnen las condicionesmencionadas en el apartado 1 del artículo 4.
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2. Las decisiones de mantenimiento o de supresión a plazo de latotalidad o de parte de una obligación de servicio público preverán, paralas cargas resultantes, la concesión de una compensación determinadacon arreglo a los métodos comunes previstos en los artículos 10 al 13.
3. Las autoridades competentes de los Estados miembros, en lo que
se refiere a las obligaciones de explotar y de transportar, tomarándecisiones en el plazo de un año a partir de la fecha de presentación dela solicitud, y en el plazo de seis meses en lo que se refiere a lasobligaciones tarifarias.
El derecho a la compensación nacerá a partir del día de la decisión de
las autoridades competentes y no antes del 1 de enero de 1971.
4. No obstante, si las autoridades competentes de los Estados miem-
bros lo consideraren necesario, en razón del número y de la importanciade las solicitudes presentadas por cada empresa, podrán prorrogar elplazo previsto en el primer párrafo del apartado 3, hasta el 1 de enero de1972 a más tardar. En este caso, el derecho a la compensación nacerá enla misma fecha.
Cuando se propongan alegar esta facultad, las autoridades competentes
de los Estados miembros informarán de ello a las empresas interesadasen el plazo de seis meses tras la presentación de las solicitudes.
En caso de dificultades especiales de un Estado miembro y a instancia
de éste, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá autorizar a eseEstado a prorrogar hasta el 1 de enero de 1973 el plazo que consta en elprimer párrafo.
5. Si las autoridades competentes no hubieren tomado ninguna deci-
sión en los plazos previstos, quedará suprimida la obligación cuyasupresión hubiese sido solicitada en aplicación del apartado 1 del artí-culo 4.
6. El Consejo examinará, sobre la base de un informe presentado por
la Comisión antes del 31 de diciembre de 1972, la situación existente encada Estado miembro en lo que se refiere a la aplicación del presenteReglamento.
Artículo 7
1. La decisión de mantenimiento podrá ir acompañada de condi-
ciones destinadas a mejorar el rendimiento de las prestaciones some-tidas a la obligación de que se trate.
2. La decisión de supresión podrá prever el establecimiento de un
servicio de sustitución. En tal caso, la supresión no surtirá efecto hastael momento en que el servicio de sustitución haya sido puesto enexplotación.
Artículo 8
1. El Estado miembro comunicará a la Comisión, antes de su ejecu-
ción, las medidas de supresión de las obligaciones de explotar o detransportar que prevea tomar, para líneas o servicios de transporte quepuedan afectar al comercio o al tráfico entre Estados miembros. Infor-mará de ello a los demás Estados miembros.
2. Si la Comisión lo considerare oportuno, o a instancia de otro
Estado miembro, consultará con los Estados miembros sobre lasmedidas previstas.
3. La Comisión dirigirá a todos los Estados miembros interesados, un
dictamen o una recomendación dentro de los dos meses siguientes a larecepción de la comunicación prevista en el apartado 1.
SECCIÓN III
Aplicación a los transportes de viajeros de precios y condiciones detransporte impuestos en interés de una o de varias categorías
sociales particulares
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Artículo 9
1. El importe de la compensación de las cargas derivadas para las
empresas de la aplicación a los transportes de viajeros de precios ycondiciones de transporte impuestos en interés de una o de variascategorías sociales particulares se determinará con arreglo a los métodoscomunes previstos en los artículos 11 al 13.
2. La compensación devengará a partir del 1 de enero de 1971.En caso de dificultades especiales de un Estado miembro ya instancia
de éste, el Consejo, a propuesta de la Comisión podrá autorizar a eseEstado a diferir esa fecha hasta el 1 de enero de 1972.
3. Las solicitudes de compensación serán presentadas a las autori-
dades competentes de los Estados miembros.
SECCIÓN IV
Métodos comunes de compensación
Artículo 10
1. El importe de la compensación prevista en el artículo 6, en el caso
de una obligación de explotar o de transportar, será igual a la diferenciaentre la disminución de las cargas y la disminución de los ingresos de laempresa, que puedan provenir de la supresión de la totalidad o de laparte correspondiente de la obligación de que se trate, durante elperíodo de tiempo considerado.
No obstante, si el cálculo de las desventajas económicas hubiera sido
efectuado desglosando los costes totales sufragados por la empresa enrazón de su actividad de transporte entre las diferentes partes de estaactividad de transporte, el importe de la compensación será igual a ladiferencia entre los costes imputables a la parte de la actividad de laempresa afectada por la obligación de prestar un servicio público y losingresos correspondientes.
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Artículo 11
1. El importe de la compensación prevista en el artículo 6 y en el
apartado 1 del artículo 9, en el caso de una obligación tarifaria, seráigual a la diferencia entre dos cantidades:
a) la primera será igual a la diferencia entre, por una parte, el producto
del número de unidades de transporte previstas
— bien por la tarifa más favorable que podría ser exigida por los
usuarios si no existiera la obligación de que se trate
— bien, a falta de tal tarifa, por el precio que la empresa habría
aplicado en el marco de una gestión comercial que tuviera encuenta los costes de la prestación de que se trate, así como lasituación del mercado y, por otra parte, el producto del númerode unidades de transporte efectivas, por la tarifa impuestadurante el período de tiempo considerado.
b) la segunda será igual a la diferencia entre el costo que resultaría de
la aplicación, bien de la tarifa más favorable, o bien del precio que laempresa habría aplicado en el marco de una gestión comercial, y elcosto resultante de la aplicación de la tarifa impuesta.
2. Cuando, en razón de la situación del mercado, la compensación
calculada en aplicación del apartado 1 no permitiera subir los costestotales del tráfico sometido a la obligación tarifaria de que se trate, elimporte de la compensación prevista en el apartado 1 del artículo 9 seráigual a la diferencia entre esos costos y los ingresos de ese tráfico. Laseventuales compensaciones ya efectuadas con arreglo al artículo 10,serán tenidas en consideración en ese cálculo.
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Artículo 12
El cálculo de los costos resultantes del mantenimiento de las obliga-
ciones, se basará en una gestión eficaz de la empresa y la provisión deservicios de transporte de una calidad adecuada.
Los intereses relacionados con el capital propio, podrán ser deducidos
de los intereses contables.
Artículo 13
1. En las decisiones tomadas en virtud de los artículos 6 y 9, se
fijarán por anticipado el importe de la compensación por un períodomínimo de un año. En las mismas se determinarán al mismo tiempo losfactores que podrían provocar una corrección de los importes.
2. La corrección de los importes mencionados en el apartado 1 se
efectuará cada año después del cierre de las cuentas del ejercicio de laempresa.
3. El pago de las compensaciones determinadas por anticipado, se
efectuará mediante pagos a plazos. El pago de los importes debidos enrazón de la corrección prevista en el apartado 2, se efectuará inmediata-mente después de la determinación de las correcciones.
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SECCIÓN V
Contratos de servicios público
Artículo 14
1. Se entenderá por «contrato de servicio público»el contrato cele-
brado entre las autoridades competentes de un Estado miembro y unaempresa de transporte a fin de ofrecer al público servicios de transportesuficientes.
El contrato de servicio público podrá comprender en particular:
— servicios de transporte que cumplan normas establecidas de conti-
nuidad, regularidad, capacidad y calidad,
— servicios de transporte complementarios,— servicios de transporte a precios y condiciones determinados, en
especial para determinadas categorías de viajeros o para determi-nadas conexiones,
— adaptaciones de los servicios a las necesidades reales.
2. Todo contrato de servicio público incluirá, entre otros, los
siguientes puntos:
a) las características de los servicios que se ofrezcan, y principalmente
las normas de continuidad, regularidad, capacidad y calidad;
b) el precio de las prestaciones a que se refiera el contrato, que se
añadirá a los ingresos por tarifas o incluirá los ingresos, así como lasmodalidades de las relaciones financieras entre las dos partes;
c) las normas para ampliar o modificar el contrato, en particular para
tomar en consideración aquellos cambios imprevisibles que sepudieran producir;
d) la duración de la validez del contrato;
e) las sanciones en caso de incumplimiento del contrato.
3. Los activos utilizados en la prestación de los servicios de trans-
porte que sean objeto de un contrato de servicio público podrán perte-necer a la empresa o ser puestos a disposición de ésta.
4. Toda empresa que tenga intención de anular o de modificar
sustancialmente un servicio de transporte que preste al público de formacontinua y regular y que no esté cubierto por el régimen de contrato ode obligación de servicio público, informará de ello a las autoridades
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competentes del Estado miembro mediante notificación previa al menoscon tres meses de antelación.
Las autoridades competentes podrán renunciar a dicha información.Esta disposición no afectará a los demás procedimientos nacionales
aplicables relativos a la facultad de eliminar o modificar servicios detransporte.
5. Una vez recibida la información a que se refiere el apartado 4, las
autoridades competentes podrán obligar a que se mantenga dichoservicio durante un año, como máximo, a partir de la fecha del preaviso,y notificarán dicha decisión a la empresa al menos un mes antes de laexpiración del plazo del preaviso.
Las autoridades competentes del Estado miembro podrán, asimismo,
tomar la iniciativa de negociar la creación o modificación de dichoservicio de transporte.
6. Las cargas que para las empresas de transporte se deriven de las
obligaciones mencionadas en el apartado 5 serán objeto de compensa-ciones con arreglo a los métodos comunes fijados en las secciones II, IIIy IV.
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SECCIÓN VI
Disposiciones finales
Artículo 15
Las decisiones de las autoridades competentes de los Estados miembros,
tomadas con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento, seránmotivadas y se publicarán adecuadamente.
Artículo 16
Los Estados miembros asegurarán a las empresas de transporte la posi-
bilidad, en cuanto tales, de hacer valer sus intereses, mediante mediosapropiados, respecto de las decisiones tomadas en aplicación de lasdisposiciones del presente Reglamento.
Artículo 17
1. La Comisión podrá pedir a los Estados miembros cualesquiera
informaciones útiles sobre la aplicación del presente Reglamento. LaComisión consultará con los Estados miembros interesados cuando locrea necesario.
2. Las compensaciones que resulten de la aplicación del presente
Reglamento, quedarán dispensadas del procedimiento de informaciónprevia previsto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado constitutivode la Comunidad Económica Europea.
Los Estados miembros comunicarán sin demora a la Comisión, por
categorías de obligaciones, las compensaciones de las cargas derivadas,para las empresas de transporte, del mantenimiento de las obligacionesde servicio público previstas en el artículo 2, y de la aplicación a lostransportes de viajeros de precios y condiciones de transporte impuestosen interés de una o de varias categorías sociales particulares.
Artículo 18
1. Los Estados miembros adoptarán con la suficiente antelación,
previa consulta a la Comisión, las disposiciones legales, reglamentariaso administrativas necesarias para la ejecución del presente Reglamentoy, en particular, de su artículo 4.
2. Si un Estado miembro lo solicitare, o si la Comisión lo conside-
rare oportuno, ésta consultará con los Estados miembros interesadossobre los proyectos relativos a las disposiciones mencionadas en elapartado 1.
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Artículo 19
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Artículo 20
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 1969.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro.