2009R0664 — ES — 20.08.2009 — 000.001

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(DO L 200, 31.7.2009, p.46)

REGLAMENTO (CE) No 664/2009 DEL CONSEJO

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REGLAMENTO (CE) No 664/2009 DEL CONSEJO

de 7 de julio de 2009

por el que se establece un procedimiento para la negociación y la celebración de acuerdos entre Estados miembros y terceros países sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, de responsabilidad parental y de obligaciones de alimentos, y sobre la ley aplicable en materia de obligaciones de alimentos

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y, por tanto, no está vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar su objetivo.

Para garantizar que se ha adquirido suficiente experiencia en la aplicación del presente Reglamento, la Comisión no debe presentar un informe sobre tal aplicación antes de que hayan transcurrido ocho años desde su adopción. En este informe, y en el ejercicio de sus prerrogativas, la Comisión debe confirmar el carácter transitorio del presente Reglamento o examinar si ha de ser sustituido por un nuevo reglamento que cubra las mismas materias o incluya asimismo materias específicas que sean competencia exclusiva de la Comunidad y se rijan por otros instrumentos comunitarios.

Deben establecerse medidas transitorias que contemplen aquellas situaciones en las que, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, un Estado miembro ya haya iniciado el proceso de negociación de un acuerdo con un tercer país, o haya concluido las negociaciones pero todavía no haya expresado su consentimiento para quedar vinculado por el acuerdo.

A fin de garantizar que el acuerdo negociado no constituye un obstáculo para la ejecución de la política exterior comunitaria en materia de cooperación judicial en materia civil y mercantil, dicho acuerdo debe prever bien su denuncia total o parcial, cuando se celebre un acuerdo posterior entre la Comunidad o entre esta y sus Estados miembros, por una parte, y el mismo tercer país, por otra, sobre la misma materia, bien la sustitución directa de las disposiciones correspondientes del acuerdo por las disposiciones de ese acuerdo posterior.

Cuando, sobre la base de su evaluación, prevea no autorizar el inicio de negociaciones oficiales o la celebración de un acuerdo negociado, la Comisión, antes de adoptar su decisión motivada, debe emitir un dictamen a la atención del Estado miembro interesado. En caso de denegación de la autorización para celebrar un acuerdo negociado, dicho dictamen también debe presentarse al Consejo y al Parlamento Europeo.

La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo debe velar por que cualquier información declarada confidencial se trate conforme al Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión ( 3 ).

Se debe informar a todos los Estados miembros de cualquier notificación dirigida a la Comisión sobre los acuerdos previstos o negociados, así como de toda decisión motivada adoptada por la Comisión en el marco del presente Reglamento. No obstante, dicha información debe cumplir plenamente los posibles requisitos de confidencialidad.

Si la Comisión solicita información adicional de un Estado miembro en relación con su evaluación en cuanto a si dicho Estado miembro debe ser autorizado para iniciar negociaciones con un tercer país, dicha solicitud no debe afectar a los plazos en los que la Comisión debe adoptar una decisión motivada sobre la solicitud de dicho Estado miembro.

A fin de garantizar que un acuerdo previsto por un Estado miembro no priva de eficacia al Derecho comunitario ni socava el buen funcionamiento del sistema por él establecido, o que no socava la política de relaciones exteriores de la Comunidad que esta haya decidido, el Estado miembro de que se trate debe notificar a la Comisión sus intenciones con vistas a obtener la autorización tanto para iniciar o continuar negociaciones oficiales sobre un acuerdo, como para celebrar. Tal notificación debe efectuarse por carta o en soporte electrónico. Debe contener toda la información y la documentación pertinentes que permitan a la Comisión evaluar el impacto previsto del resultado de las negociaciones sobre el Derecho comunitario.

El presente Reglamento no debe aplicarse si la Comunidad ya ha celebrado con el tercer país de que se trate un acuerdo sobre la misma materia. Únicamente debe considerarse que dos acuerdos tratan sobre la misma materia cuando regulen en cuanto al fondo las mismas cuestiones jurídicas concretas. No debe considerarse que abordan una misma materia aquellas disposiciones que se limiten a una declaración general de intenciones de cooperar respecto a dichas cuestiones.

En relación con los acuerdos con terceros países sobre determinadas materias de justicia civil que son competencia exclusiva de la Comunidad, debe establecerse un procedimiento coherente y transparente para autorizar a un Estado miembro a modificar un acuerdo existente o negociar y celebrar un nuevo acuerdo, en particular cuando la propia Comunidad no haya manifestado su intención de ejercer su competencia externa para celebrar un acuerdo mediante un mandato de negociación ya existente o previsto. Este procedimiento debe aplicarse sin perjuicio de la competencia exclusiva de la Comunidad y de las disposiciones de los artículos 300 y 307 del Tratado. Debe considerarse una medida excepcional y tener carácter temporal y alcance limitado.

El artículo 10 del Tratado exige que los Estados miembros faciliten el cumplimiento de la misión de la Comunidad y se abstengan de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del Tratado. Esta obligación de cooperación leal es de aplicación general y no depende de si la competencia de la Comunidad es o no exclusiva.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas confirmó que la Comunidad ha adquirido competencia exclusiva para celebrar un acuerdo internacional como el Convenio de Lugano con terceros países sobre materias que afectan a las normas establecidas en el Reglamento (CE) no 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ( 2 ) («Bruselas I»).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 61, letra c), su artículo 65 y su artículo 67, apartados 2 y 5,

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece un procedimiento con objeto de autorizar a un Estado miembro a modificar un acuerdo existente o a negociar y celebrar un nuevo acuerdo con un tercer país, en las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

Este procedimiento se aplicará sin perjuicio de las competencias respectivas de la Comunidad y de los Estados miembros.

2. El presente Reglamento se aplicará a los acuerdos relativos a materias que estén reguladas, total o parcialmente, en el Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental ( 4 ) y en el Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( 5 ), en la medida en que dichas materias sean competencia exclusiva de la Comunidad.

3. El presente Reglamento no se aplicará cuando la Comunidad ya haya celebrado con el tercer país de que se trate un acuerdo sobre las mismas materias.

Artículo 2

Definiciones

1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «acuerdo»:

b) los acuerdos regionales a que se refiere el artículo 59, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 2201/2003, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, apartado 2, letra c), y apartado 3, de dicho Reglamento y en el artículo 69, apartado 3, del Reglamento (CE) no 4/2009.