2013L0030 — ES — 18.07.2013 — 000.001

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►B DIRECTIVA 2013/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de junio de 2013 sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 178, 28.6.2013, p.66)





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▼B

DIRECTIVA 2013/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 12 de junio de 2013

sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)







EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 1 ), Previa consulta al Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ( 2 ), Considerando lo siguiente: (1) El artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece los objetivos de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la utilización prudente y racional de los recursos naturales. Sienta la obligación de que la política de la Unión en este ámbito alcance un nivel de protección elevado basado en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de que los daños al medio ambiente han de ser corregidos preferentemente en la fuente misma, y en el principio de que quien contamina paga. (2) El objetivo de la presente Directiva es reducir en la medida de lo posible la frecuencia de los accidentes graves conexos con operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro y limitar sus consecuencias, aumentando así la protección del medio marino y de las economías costeras frente a la contaminación, estableciendo condiciones de seguridad mínimas para la exploración y la explotación del petróleo y del gas y limitando las posibles perturbaciones de la producción energética autóctona de la Unión, y mejorar los mecanismos de respuesta en caso de accidente. (3) La presente Directiva debe aplicarse no solo a las futuras operaciones e instalaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro sino también, mediante un régimen transitorio, a las instalaciones existentes. (4) Los accidentes graves conexos con operaciones relacionadas con el gas y el petróleo mar adentro pueden tener consecuencias devastadoras e irreversibles para el medio marino y costero, además de importantes efectos negativos en las economías costeras. (5) Determinados accidentes conexos con operaciones relacionadas con el gas y el petróleo mar adentro, en particular el accidente acaecido en el Golfo de México en 2010, han incrementado la conciencia que la población tiene de los riesgos que presentan las operaciones relacionadas con el gas y el petróleo mar adentro y han ocasionado una revisión de las políticas dirigidas a garantizar la seguridad de dichas operaciones. La Comisión ha lanzado esta revisión y presentado sus observaciones iniciales sobre la seguridad de las operaciones de petróleo y de gas en su Comunicación «Hacer frente al reto de la seguridad de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas en alta mar», adoptada el 13 de octubre de 2010. El Parlamento Europeo adoptó resoluciones sobre la cuestión el 7 de octubre de 2010 y el 13 de septiembre de 2011. Los ministros de Energía de los Estados miembros formularon sus observaciones en las conclusiones del Consejo de 3 de diciembre de 2010. (6) Los riesgos de accidentes graves en alta mar relacionados con petróleo o gas son significativos. Mediante la reducción del riesgo de contaminación de las aguas mar adentro, la presente Directiva debe contribuir a garantizar la protección del medio ambiente marino y, en particular, la consecución o el mantenimiento de un buen estado ecológico a más tardar en 2020, un objetivo establecido en la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) ( 3 ). (7) La Directiva 2008/56/CE pretende abordar, como uno de sus principales objetivos, los efectos acumulativos de todas las actividades realizadas en el medio marino, y constituye el pilar medioambiental de la Política Marítima Integrada. Esta Política es pertinente en lo que respecta a las operaciones de petróleo y de gas mar adentro, ya que requiere la conciliación de las preocupaciones propias de cada sector económico con el objetivo general de garantizar una concienciación global en torno a los océanos, los mares y las zonas costeras, con el fin de instaurar un enfoque coherente de los mares que tenga en cuenta todos los aspectos económicos, sociales y medioambientales a través de instrumentos tales como la ordenación del espacio marítimo y el conocimiento del medio marino. (8) Las industrias de petróleo y de gas mar adentro están establecidas en varias regiones de la Unión y las aguas mar adentro de los Estados miembros ofrecen perspectivas de desarrollo a nivel regional, ya que la evolución tecnológica permite efectuar perforaciones en condiciones más difíciles. La producción de petróleo y de gas mar adentro representa un elemento importante de la seguridad de abastecimiento energético de la Unión. (9) La divergencia y fragmentación actuales del marco reglamentario que rige la seguridad operativa de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en la Unión y las prácticas de la industria en materia de seguridad operativa no ofrecen en la actualidad una garantía plena de que los riesgos derivados de los accidentes mar adentro sean mínimos en toda la Unión, ni de que se apliquen en el momento oportuno las medidas más eficaces en caso de accidente en las aguas mar adentro de los Estados miembros. En virtud de los regímenes de responsabilidad existentes, la parte responsable puede no ser siempre claramente identificable y puede no ser capaz, o responsable, de asumir todos los costes necesarios para remediar los daños que ha causado. La parte responsable debe ser siempre claramente identificable antes de que se inicien operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro. (10) De conformidad con la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994 sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos ( 4 ), la realización de operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro está sujeta a la obtención de una autorización. En este contexto, la autoridad responsable de otorgar las concesiones debe tener debidamente en cuenta los riesgos técnicos y financieros y, en su caso, toda falta de responsabilidad demostrada anteriormente por los solicitantes de concesiones de exploración y de producción exclusivas. Conviene garantizar que, durante el examen de la capacidad técnica y financiera del concesionario, la autoridad responsable de otorgar las concesiones también examine en profundidad su capacidad de llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficaz en todas las circunstancias previsibles. Al evaluar la capacidad financiera de las entidades solicitantes de autorización en virtud de la Directiva 94/22/CE, los Estados miembros deberán verificar que dichas entidades hayan presentado pruebas suficientes de que se hayan hecho o vayan a hacerse provisiones suficientes para cubrir las responsabilidades derivadas de accidentes graves. (11) Conviene precisar que los poseedores de una autorización para llevar a cabo operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro de conformidad con la Directiva 94/22/CE, son «operadores» responsables potenciales en el sentido de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales ( 5 ), y que no deben delegar su responsabilidad al respecto en terceras partes subcontratistas. (12) Aunque las autorizaciones generales previstas por la Directiva 94/22/CE garantizan al concesionario derechos exclusivos para la exploración o la producción de petróleo y/o de gas en una zona determinada, las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro realizadas en esta zona deben ser objeto de una vigilancia normativa especializada constante por parte de los Estados miembros, a fin de garantizar la presencia de controles efectivos destinados a prevenir los accidentes graves y a limitar sus efectos sobre la población, el medio ambiente y la seguridad del abastecimiento energético. (13) Las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro solo deberían ser llevadas a cabo por operadores nombrados por los concesionarios o por las autoridades responsables de otorgar las concesiones. El operador puede ser un tercero, o el concesionario, o uno de los concesionarios, según las disposiciones mercantiles o los requisitos administrativos nacionales. El operador debe ser siempre la entidad que tenga la responsabilidad primaria de la seguridad de las operaciones, y deberá ser competente en todo momento para actuar a este respecto. Esta función será diferente según la fase concreta de las actividades que cubra la concesión. La función del operador consiste, por lo tanto en explotar un pozo en la fase de exploración y explotar una instalación destinada a la producción en la fase de producción. El operador de un pozo en la fase de exploración y el operador de una instalación destinada a la producción podrán ser la misma entidad para una zona autorizada determinada. (14) Los operadores deben reducir los riesgos de accidente grave hasta el nivel más bajo razonablemente posible, hasta el punto en que el coste de reforzar la reducción de riesgos se vuelva enormemente desproporcionado con respecto a los beneficios conseguidos. La factibilidad razonable de las medidas de reducción de riesgos deberá revisarse constantemente a la luz de los nuevos conocimientos y las novedades tecnológicas. A la hora de valorar si el tiempo, el coste y el esfuerzo guardan una excesiva desproporción con respecto a los beneficios de seguir con la reducción del riesgo, deberán tenerse en cuenta los niveles de riesgo de las mejores prácticas que sean compatibles con lo comprometido. (15) Es importante asegurar que se dé al público, de modo rápido y efectivo, la posibilidad de participar en la toma de decisiones relativas a las operaciones que pueden surtir efectos significativos en el medio ambiente en la Unión. Esta política es coherente con los compromisos internacionales de la Unión, como el Convenio de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente ( 6 ) (Convenio de Aarhus). El artículo 6 del Convenio de Aarhus establece disposiciones en relación con la participación del público en las decisiones sobre las actividades específicas enumeradas en su anexo I y sobre las actividades no enumeradas en el mismo que puedan tener un efecto significativo sobre el medio ambiente. El artículo 7 del Convenio de Aarhus exige la participación del público en los planes y programas relacionados con el medio ambiente. (16) Existen en los actos jurídicos de la Unión los correspondientes requisitos relativos al desarrollo de planes y proyectos, en particular en las Directivas 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente ( 7 ), 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente ( 8 ), 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ( 9 ) y 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas ( 10 ). No obstante, no todas las operaciones exploratorias de petróleo y de gas mar adentro están contempladas en los requisitos de participación pública de la Unión en vigor. Lo anterior se aplica en concreto a las decisiones que tienen por objeto, o podrían conducir a, la iniciación de operaciones de prospección de una instalación no destinada a la producción. Sin embargo, dichas operaciones de exploración podrían tener, en determinadas circunstancias, efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que la toma de decisiones debe estar sujeta a la participación del público conforme dispone el Convenio de Aarhus. (17) Dentro de la Unión ya existen ejemplos de buenas prácticas regulatorias nacionales en materia de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro. No obstante, estas prácticas no se aplican de manera coherente en toda la Unión y hasta el momento ningún Estado miembro ha incorporado en su legislación todo el conjunto de buenas prácticas regulatorias destinadas a prevenir los accidentes graves mar adentro o a limitar sus consecuencias para la vida y la salud humanas y el medio ambiente. Las mejores prácticas regulatorias son necesarias para elaborar una reglamentación eficaz que garantice los mayores niveles de seguridad y proteja el medio ambiente, lo que puede lograrse, entre otras maneras, integrando las funciones relacionadas en una autoridad competente que podría obtener los recursos necesarios de uno o varios organismos públicos nacionales. (18) De conformidad con la Directiva 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relativa a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extractivas por sondeos (undécima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) ( 11 ), se ha de consultar a los trabajadores y a sus representantes sobre cuestiones relativas a la seguridad y la salud en el trabajo y permitírseles participar en debates sobre todo asunto relacionado con dichas cuestiones. Además, la mejor práctica en la Unión consiste en que los mecanismos de consulta sean establecidos formalmente por los Estados miembros de modo tripartito, siendo las tres partes la autoridad competente, los operadores y propietarios y los representantes de los trabajadores. Un ejemplo de dicha consulta formal es el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (no 144). (19) Los Estados miembros deben garantizar que la autoridad competente esté dotada de capacidad jurídica y goce de recursos suficientes para poder actuar de manera efectiva, proporcionada y transparente, incluyendo, en su caso, el cese de las operaciones, en los casos en que la prestación de los operadores en materia de seguridad y de protección del medio ambiente sea insuficiente. (20) Las medidas de la presente Directiva deben garantizar la independencia y la objetividad de la autoridad competente. La experiencia adquirida con accidentes graves muestra con claridad que la organización de competencias administrativas dentro de un Estado miembro puede evitar los conflictos de intereses mediante una clara separación entre las funciones regulatorias y las decisiones asociadas relativas a la seguridad mar adentro y el medio ambiente, y las funciones regulatorias relativas al desarrollo económico de los recursos, entre ellas el otorgamiento de concesiones y la gestión de los ingresos. La mejor manera de evitar tales conflictos de intereses es la separación completa de la autoridad competente respecto de las funciones relativas al desarrollo económico de los recursos naturales mar adentro. (21) No obstante, la separación completa de la autoridad competente respecto del desarrollo económico de los recursos naturales mar adentro puede ser desproporcionada cuando existe un bajo nivel de operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro en un Estado miembro. En tal caso, cabría esperar que el Estado miembro de que se trate adoptase las disposiciones alternativas más adecuadas para garantizar la independencia y la objetividad de la autoridad competente. (22) Es necesaria una legislación específica adaptada a los riesgos graves relativos a las actividades de petróleo y de gas mar adentro, en particular en lo que respecta a la seguridad de los procedimientos, el confinamiento seguro de los hidrocarburos, la integridad estructural, la prevención de incendios y explosiones, las operaciones de evacuación y de salvamento, y la limitación de los efectos sobre el medio ambiente tras un accidente grave. (23) La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de cualquier otro requisito impuesto por actos jurídicos de la Unión en materia de salud y seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo, en particular la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo ( 12 ) y la Directiva 92/91/CEE. (24) Es necesario establecer un régimen específico aplicable a las operaciones realizadas mar adentro en las instalaciones tanto fijas como móviles durante todo el ciclo de vida de las actividades de exploración y de producción, desde el diseño al desmantelamiento y el abandono definitivo. (25) Las mejores prácticas actualmente disponibles en materia de prevención de accidentes graves resultantes de operaciones de petróleo y de gas mar adentro se basan en un enfoque orientado a objetivos y en la consecución de resultados satisfactorios a través de una evaluación en profundidad de los riesgos y de instrumentos de gestión fiables. (26) Según las mejores prácticas de la Unión, se debe animar a los operadores y los propietarios de instalaciones para que establezcan unas políticas empresariales de seguridad y medioambientales eficaces y las realicen en un sistema de seguridad global y de gestión medioambiental y en un plan de respuesta de emergencia. Para que dispongan de mecanismos adecuados para la prevención de accidentes graves, los operadores y propietarios deben examinar de manera exhaustiva y sistemática todas las hipótesis de riesgo en relación con todas las actividades peligrosas que podrían llevarse a cabo en la instalación, incluidas las incidencias sobre el medio ambiente derivadas de un accidente grave. Dichas mejores prácticas también imponen evaluar la probabilidad y las consecuencias y, por ende, el riesgo de dichos accidentes graves, y también las medidas necesarias para prevenirlos y las medidas necesarias para la respuesta de emergencia si, no obstante, ocurre un accidente grave. La evaluación de los riesgos y los mecanismos para la prevención de accidentes graves deben ser descritos y recopilados claramente en el informe sobre los riesgos graves. El informe sobre los riesgos graves debe ser complementario del documento sobre seguridad y salud contemplado en la Directiva 92/91/CEE. Se ha de consultar a los trabajadores en las fases pertinentes de la elaboración del informe sobre los riesgos graves. Asimismo debe exigirse que el informe sobre los riesgos graves sea evaluado en profundidad y aceptado por la autoridad competente. (27) A fin de preservar la eficacia de las medidas de prevención de los riesgos graves en las aguas mar adentro de los Estados miembros, debe elaborarse el informe sobre los riesgos graves y, si es necesario, modificarlo en relación con todas las etapas determinantes del ciclo de vida de una instalación de producción, incluido el diseño, la explotación, las operaciones cuando estas están combinadas con otras instalaciones, la relocalización de dicha instalación dentro de las aguas mar adentro de un Estado miembro en cuestión, las modificaciones importantes y el abandono definitivo. De modo semejante, el informe sobre los riesgos graves debe elaborarse con respecto a las instalaciones no destinadas a la producción y modificarse si es necesario para tener en cuenta cambios significativos en la instalación. No debe explotarse en aguas mar adentro de los Estados miembros ninguna instalación salvo que la autoridad competente haya aceptado el informe sobre riesgos graves presentado por el operador o el propietario. La aceptación del informe sobre los riesgos graves por parte de la autoridad competente no debe suponer el traspaso a la autoridad competente de la responsabilidad del control de los riesgos graves que incumbe al operador o al propietario. (28) Las operaciones en pozos solo deben llevarse a cabo mediante una instalación técnicamente capaz de controlar todos los riesgos previsibles en la ubicación del pozo y respecto de la cual se haya aceptado un informe sobre los riesgos graves. (29) Además de utilizar una instalación adecuada, el operador debe elaborar un plan detallado de diseño y un plan operativo relativos a las circunstancias particulares y a los riesgos relativos a cada operación. De conformidad con las mejores prácticas de la Unión, el operador debe prever un examen del diseño del pozo por un experto independiente. El operador debe notificar a la autoridad competente los planes relativos al pozo con la antelación suficiente para que esta pueda adoptar todas las medidas necesarias relativas a la operación del pozo prevista. A este respecto, los Estados miembros podrán establecer unos requisitos nacionales más estrictos antes de que comience la operación en un pozo. (30) A fin de garantizar la seguridad del diseño y la continuidad segura de las operaciones, la industria debe actuar de acuerdo con las mejores prácticas definidas en las normas y recomendaciones autorizadas. Estas prácticas deben adaptarse a los conocimientos e invenciones nuevos y ser objeto de mejora continua, lo que significa que los operadores, los propietarios y las autoridades competentes deben colaborar para definir prioridades con miras a formular nuevas normas o recomendaciones o mejorar las ya existentes, a la luz de la experiencia extraída del accidente de Deepwater Horizon o de otros accidentes graves acaecidos mar adentro. Teniendo en cuenta las prioridades establecidas, la preparación de recomendaciones y normas de máxima prioridad deben encargarse sin dilación. (31) Dada la complejidad de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro, la aplicación de las mejores prácticas por los operadores y propietarios requiere un mecanismo de verificación independiente de los elementos críticos para la seguridad y el medio ambiente durante todo el ciclo de vida de la instalación, incluida, en el caso de las instalaciones destinadas a la producción, la fase de diseño. (32) En la medida en que las unidades móviles de perforación mar adentro están en tránsito y cabe considerarlas buques, están sujetas a los convenios marítimos internacionales, en particular SOLAS, MARPOL o las normas equivalentes que figuran en la versión aplicable del Código para la construcción y el equipo de unidades móviles de perforación mar adentro (Código MODU). Cuando dichas unidades móviles de perforación mar adentro están en tránsito en aguas situadas mar adentro, están asimismo sujetas a los instrumentos aplicables del Derecho de la Unión relativos al control del Estado del puerto y al cumplimiento de las obligaciones del Estado de abanderamiento. La presente Directiva incumbe a dichas unidades cuando están estacionadas en aguas situadas mar adentro a efectos de producción, perforación u otras actividades asociadas con operaciones de petróleo y de gas mar adentro. (33) El informe sobre los riesgos graves debe tener en cuenta, entre otros, los riesgos para el medio ambiente y, en particular, el impacto de las condiciones meteorológicas y el cambio climático sobre la resistencia a largo plazo de las instalaciones. Por otra parte, puesto que las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro realizadas por un Estado miembro pueden conllevar efectos negativos para el medio ambiente en otro Estado miembro, conviene establecer y aplicar disposiciones específicas de conformidad con el Convenio de la CEPE/ONU sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991. Los Estados miembros en cuyas aguas mar adentro no haya actividad de operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro deben nombrar puntos de contacto con el fin de facilitar una cooperación efectiva a este respecto. (34) Los operadores deben comunicar a los Estados miembros de manera inmediata el hecho de que haya ocurrido, o pueda estar a punto de ocurrir, un accidente grave, para que el Estado miembro pueda emprender la respuesta oportuna. Por consiguiente, los operadores deben incluir en la notificación detalles pertinentes y suficientes sobre la localización, magnitud y origen del accidente grave acaecido o inminente, su propia respuesta, y el peor supuesto posible de escalada, incluida la posibilidad de que traspase las fronteras. (35) A fin de garantizar una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia, los operadores deben elaborar planes internos de respuesta de emergencia para cada ubicación específica, basados en las hipótesis de riesgos y de peligros que figuran en el informe sobre los riesgos graves, transmitirlos a su autoridad competente y tener preparados los recursos necesarios para la rápida ejecución de dichos planes en caso necesario. En el caso de las unidades móviles de perforación mar adentro, los operadores necesitan garantizar que los planes internos de respuesta de emergencia de los propietarios para la instalación se modifiquen si es necesario para ser aplicables a la situación específica y a los riesgos de la operación del pozo. Dichas modificaciones deben incluirse en la notificación de la operación del pozo. Debería evaluarse la adecuada disponibilidad de recursos de respuesta de emergencia en relación con la capacidad de desplegarlos en el lugar en que se produzca un accidente. Los operadores deberían garantizar la puesta a punto y la eficacia de los recursos de emergencia, y ponerlos a prueba periódicamente. Cuando esté justificado, las disposiciones en materia de respuesta podrán basarse en el transporte rápido del equipo de respuesta, como dispositivos de sellado, y otros recursos, desde lugares alejados. (36) La mejor práctica mundial exige a los concesionarios y a los operadores que asuman la responsabilidad primaria del control de los riesgos que crean debido a sus operaciones, incluidas las operaciones realizadas por contratistas en su nombre, y por lo tanto, que establezcan, dentro de una política empresarial de prevención de los accidentes graves, los mecanismos y el nivel más elevado de apropiación por la empresa de la aplicación de dicha política, de modo coherente en toda la organización, en la Unión como fuera de la Unión. (37) Cabe esperar de los operadores responsables y de los propietarios que lleven a cabo sus operaciones en todo el mundo conforme a las mejores prácticas y normas. La aplicación coherente de las mejores prácticas y normas mencionados debería ser obligatoria dentro de la Unión, y sería asimismo deseable que los operadores y propietarios registrados en el territorio de un Estado miembro aplicasen en la mayor medida posible la política de prevención de accidentes graves cuando actuasen fuera de las aguas mar adentro de los Estados miembros, dentro del marco jurídico nacional aplicable. (38) Aun reconociendo que pueda no darse la capacidad de ejecución de la política corporativa de prevención de accidentes graves fuera de la Unión, los Estados miembros deben asegurarse de que los operadores y los propietarios incluyan sus operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro efectuadas fuera de la Unión en la documentación de sus políticas corporativas de prevención de accidentes graves. (39) La información sobre los accidentes graves en las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro que se efectúen fuera de la Unión puede contribuir a mejorar la comprensión de sus posibles causas, a fomentar el conocimiento de las enseñanzas más importantes y a seguir desarrollando el marco reglamentario. Por consiguiente, todos los Estados miembros, incluidos los Estados miembros sin litoral y los Estados miembros con aguas situadas mar adentro, que no tienen operaciones o actividades de concesión relativas al petróleo y al gas mar adentro deberían solicitar informes sobre los accidentes graves ocurridos fuera de la Unión en lo que estén involucradas empresas registradas en su territorio, y deberían compartir esta información a escala de la Unión. Las solicitudes de informe no deben interferir con la respuesta de emergencia ni con los trámites legales relativos al accidente. Deben centrarse, en cambio, en la pertinencia del accidente para proseguir el desarrollo de la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro en la Unión. (40) Los Estados miembros deben esperar de los operadores y propietarios que, al seguir las mejores prácticas, establezcan unas relaciones de cooperación efectivas con la autoridad competente, apoyando la mejor práctica reglamentaria de la autoridad competente, y garantizar proactivamente los niveles más elevados de seguridad, incluso suspendiendo, en caso necesario, las operaciones sin necesidad de que intervenga la autoridad competente. (41) A fin de garantizar que ningún problema de seguridad sea ignorado o pasado por alto, conviene promover el establecimiento de medios adecuados para la notificación confidencial de estos problemas y la protección de las personas que los señalen. Aunque los Estados miembros carezcan de capacidad de ejecución fuera de la Unión, estos medios deberían posibilitar la notificación de las preocupaciones de las personas que participen en operaciones relativas al petróleo y el gas mar adentro que se efectúen fuera de la Unión. (42) El intercambio de datos comparables entre Estados miembros es difícil y poco fiable debido a la ausencia de un modelo común de comunicación de datos. La utilización por los operadores de un modelo común para la comunicación de datos a los Estados miembros contribuiría a la transparencia de dichos operadores en materia de seguridad y de comportamiento ambiental y permitiría un acceso público a información útil y comparable a escala de la Unión referente a la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, al tiempo que ayudaría a la divulgación de la experiencia extraída de los accidentes graves y de los cuasi accidentes. (43) Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes para el intercambio de información y de promover la transparencia de los resultados del sector de las actividades relativas al petróleo y al gas mar adentro, conviene conferir a la Comisión competencias de ejecución relativas al formato y los detalles de la información que deba compartirse y que deba hacerse pública. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión ( 13 ). (44) Conviene utilizar el procedimiento consultivo para la adopción de los actos de ejecución correspondientes dado que dichos actos son, principalmente, de carácter meramente práctico. Por lo tanto, no se justificaría la aplicación del procedimiento de examen. (45) A fin de suscitar la confianza del público en la autoridad y la integridad de las actividades en el mar en toda la Unión, los Estados miembros deben facilitar informes periódicos de actividad e incidentes a la Comisión. La Comisión debe publicar periódicamente informes sobre los niveles de actividad y las tendencias de la Unión en relación con el comportamiento del sector de actividades relativas al petróleo y al gas mar adentro en materia de seguridad y medio ambiente. Los Estados miembros deben sin demora informar a la Comisión y a cualquier otro Estado miembro cuyo territorio o aguas se hallen afectados, así como al público interesado, en caso de accidente grave. (46) La experiencia muestra la necesidad de garantizar la confidencialidad de los datos sensibles a fin de promover un diálogo abierto entre la autoridad competente y el operador. A tal fin, el diálogo entre los operadores mar adentro y todos los Estados miembros debe basarse en los instrumentos internacionales existentes y en el acervo de la Unión sobre el acceso a información pertinente relativa al medio ambiente, a reserva de las exigencias imperativas en materia de seguridad y de protección del medio ambiente. (47) Las actividades del Foro de las autoridades competentes en materia de instalaciones marinas de los países del Mar del Norte (NSOAF) y del Foro de los Reguladores Internacionales (IRF) han demostrado claramente el valor de la colaboración entre las autoridades de alta mar. Se ha establecido en toda la Unión una colaboración similar en un grupo de expertos, a saber el Grupo de Autoridades de la Unión Europea para las actividades en alta mar del sector del petróleo y el gas (EUOAG), cuya tarea es promover la cooperación eficaz entre los representantes nacionales y la Comisión, incluyendo la difusión de mejores prácticas y la inteligencia operativa, fijar prioridades para elevar las normas, y asesorar a la Comisión sobre la reforma regulatoria ( 14 ). (48) La eficacia de la respuesta de emergencia y de los planes de contingencias en caso de accidentes graves mar adentro se vería reforzada por una cooperación sistemática y programada entre Estados miembros y entre estos y la industria, así como mediante el intercambio de experiencia y otros medios de respuesta compatibles. En caso necesario, estas disposiciones deben apoyarse en los recursos y la asistencia disponibles en el seno de la Unión, en particular en el marco de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (la «Agencia») establecida por el Reglamento (CE) no 1406/2002 ( 15 ) y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, establecido por la Decisión 2007/779/CE, Euratom del Consejo ( 16 ). Los Estados miembros también pueden solicitar asistencia adicional de la Agencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. (49) En virtud del Reglamento (CE) no 1406/2002, se crea la Agencia con el fin de garantizar un nivel elevado, uniforme y eficaz de seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques en la Unión, así como de garantizar una respuesta a la contaminación marina causada por instalaciones de petróleo y gas. (50) La ejecución de las obligaciones en virtud de la presente Directiva debe tener en cuenta que las aguas marinas bajo la soberanía o los derechos de soberanía y jurisdicción de los Estados miembros son parte integrante de las cuatro regiones marinas contempladas en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2008/56/CE: el mar Báltico, el océano Atlántico Nororiental, el mar Mediterráneo y el mar Negro. Por esta razón, es necesario que la Unión refuerce prioritariamente la coordinación con terceros países que tengan derechos de soberanía y jurisdicción sobre aguas marinas situadas en estas regiones marinas. Los convenios marinos regionales a que se refiere el artículo 3, punto 10, de la Directiva 2008/56/CE constituyen marcos adecuados de cooperación. (51) En lo que respecta al mar Mediterráneo, y en conjunción con la presente Directiva, se han emprendido las acciones necesarias con miras a la adhesión de la Unión al Protocolo para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del mar y de su subsuelo ( 17 ) (Protocolo «off-shore») del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera del Mediterráneo («Convenio de Barcelona»), celebrado mediante la Decisión 77/585/CEE del Consejo ( 18 ). (52) Las aguas árticas son un medio marino vecino de singular importancia para la Unión y desempeñan un papel importante en la mitigación del cambio climático. Los graves problemas medioambientales que afectan a las aguas árticas requieren una atención especial, a fin de garantizar la protección medioambiental del Ártico en relación con todas las operaciones relativas al petróleo y al gas realizadas mar adentro, incluida la exploración, y teniendo en cuenta el riesgo de accidentes graves así como la necesidad de una respuesta efectiva. Se alienta a los Estados miembros que pertenecen al Consejo del Ártico a que fomenten activamente las normas más exigentes en materia de seguridad ambiental en este ecosistema vulnerable y único, mediante la creación de instrumentos internacionales relativos a la prevención, preparación y respuesta ante la contaminación marina por petróleo en el Ártico, y basándose para ello en la labor del Grupo especial creado por el Consejo del Ártico y en las vigentes Directrices del Consejo del Ártico en materia de actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro. (53) Los planes de emergencia externos nacionales deben basarse en la evaluación del riesgo, teniendo en cuenta el informe sobre los riesgos de accidente grave para las instalaciones localizadas en las aguas mar adentro de que se trate. Los Estados miembros deben tener en cuenta la actualización más reciente de las orientaciones de la Comisión sobre evaluación de riesgos y cartografía para la gestión de catástrofes. (54) Para hacer frente de forma eficaz a las situaciones de emergencia, el operador y el propietario deben actuar inmediatamente y cooperar estrechamente con las organizaciones de respuesta de emergencia de los Estados miembros que coordinan la aportación de los medios de respuesta en caso de emergencia, en función de la evolución de la situación. Esto implica igualmente una investigación exhaustiva de la situación de emergencia, que debe comenzar sin demora a fin de limitar al máximo la pérdida de información y elementos de prueba pertinentes. Tras una emergencia, los Estados miembros deben extraer las conclusiones apropiadas y adoptar las medidas necesarias. (55) Es esencial que toda la información pertinente, incluidos los datos y parámetros técnicos, esté disponible para la investigación posterior. Los Estados miembros deben garantizar que durante las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro se recopilen todos los datos pertinentes y que, en caso de accidente grave, los datos pertinentes sean protegidos y la recopilación de datos se intensifique en consecuencia. En este contexto, los Estados miembros deben procurar que se usen medios técnicos adecuados con objeto de fomentar la fiabilidad y el registro de la información pertinente e impedir toda posible manipulación de los mismos. (56) Con objeto de garantizar la aplicación efectiva de los requisitos de la presente Directiva, conviene instaurar sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias para las infracciones. (57) A fin de adaptar determinados anexos para incluir toda nueva información que pueda resultar necesaria a la luz del progreso técnico, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que respecta a la modificación de los requisitos de determinados anexos de la presente Directiva. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar los actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. (58) La definición de daños a las aguas de la Directiva 2004/35/CE debe modificarse para asegurar que la responsabilidad del operador en virtud de dicha Directiva se aplique a las aguas marinas de los Estados miembros según se define en la Directiva 2008/56/CE. (59) Gran parte de lo dispuesto en la presente Directiva no afecta a los Estados miembros que no tienen litoral, a saber Austria, a la República Checa, a Hungría, a Luxemburgo, y Eslovaquia. Es, no obstante, conveniente que dichos Estados miembros promuevan, en sus contactos bilaterales con terceros países y con las organizaciones internacionales pertinentes, los principios y los elevados criterios vigentes en la legislación de la Unión para la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro. (60) No todos los Estados miembros con aguas mar adentro permiten, bajo su jurisdicción, las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro. Dichos Estados miembros no participan en la concesión ni en la prevención de los accidentes graves de dichas operaciones. Por ello, la obligación de transponer y aplicar todas las disposiciones de la presente Directiva sería, para tales Estados miembros, desproporcionada e innecesaria. No obstante, los accidentes en las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro pueden afectar a sus costas. Por lo tanto, dichos Estados miembros deben estar preparados, entre otras cosas, para responder en los casos de accidente grave e investigar estos, y deben cooperar mediante puntos de contacto con otros Estados miembros afectados y con los terceros países que corresponda. (61) Habida cuenta de su situación geográfica, los Estados sin litoral no participan en la concesión ni en la prevención de los accidentes graves en operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, ni tampoco pueden resultar afectados por tales accidentes en aguas mar adentro de otros Estados miembros. En consecuencia, no deben estar obligados a incorporar a sus ordenamientos jurídicos nacionales la mayor parte de las disposiciones de la presente Directiva. No obstante, cuando una empresa que actúe, por sí misma o a través de filiales, en operaciones relativas al petróleo y el gas fuera de la Unión esté registrada en un Estado miembro sin litoral, resultará necesario, a fin de que todos los agentes interesados de la Unión se beneficien de la experiencia extraída de accidentes que ocurran en tales operaciones fuera de la Unión, que el Estado miembro sin litoral de que se trate solicite a la empresa en cuestión que facilite sobre dichos accidentes un informe que pueda ser compartido a escala de la Unión. (62) Aparte de las medidas establecidas en la presente Directiva, la Comisión debe examinar otros medios apropiados de mejorar la prevención de los accidentes graves y de limitar sus consecuencias. (63) Los operadores deben garantizar que tengan acceso a suficientes recursos físicos, humanos y financieros para prevenir accidentes graves y limitar las consecuencias de dichos accidentes. No obstante, teniendo en cuenta que ninguno de los instrumentos de garantía financiera existentes, incluidos los dispositivos de riesgos solidarios, puede cubrir todas las consecuencias posibles de catástrofes, la Comisión debe realizar análisis y estudios más exhaustivos sobre las medidas que conviene adoptar a fin de instaurar un régimen de responsabilidad suficientemente sólido para los daños relativos a las operaciones de petróleo y de gas mar adentro, requisitos en materia de capacidad financiera, que incluyan la disponibilidad de instrumentos de seguridad financiera adecuados, u otros acuerdos. Esto podrá incluir un examen de la viabilidad de un mecanismo de compensación mutua. La Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo de sus conclusiones, acompañado, en su caso, de propuestas. (64) A nivel de la Unión, es necesario completar las normas técnicas existentes mediante un marco jurídico constituido por la legislación de seguridad de los productos y que tales normas sean aplicables a todas las instalaciones mar adentro en aguas de los Estados miembros, y no únicamente a las instalaciones fijas destinadas a la producción. Por consiguiente, la Comisión debe realizar un análisis más exhaustivo de las normas de seguridad de los productos aplicables a las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro. (65) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer requisitos mínimos para prevenir accidentes graves en operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro y limitar las consecuencias de dichos accidentes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción propuesta, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. Considerando lo siguiente: HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:







CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Directiva establece los requisitos mínimos destinados a prevenir accidentes graves en las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro y a limitar las consecuencias de tales accidentes.

2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del Derecho de la Unión en lo que respecta a la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, y, en particular, de las Directivas 89/391/CEE y 92/91/CEE.

3. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas 94/22/CE, 2001/42/CE, 2003/4/CE ( 19 ), 2003/35/CE, 2010/75/UE ( 20 ) y 2011/92/UE.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) «accidente grave»: en relación con una instalación o una infraestructura conectada: a) un incidente que conlleve una explosión, incendio, pérdida del control de un pozo o escape de petróleo, gas o sustancias peligrosas que conlleve, o tenga posibilidades significativas de provocar, muertes o lesiones personales graves; b) un incidente que cause daños graves a la instalación o infraestructura conectada, que conlleve, o tenga posibilidades significativas de provocar, muertes o lesiones personales graves; c) cualquier otro hecho que dé lugar a que al menos cinco personas presentes en la instalación mar adentro de la que procede la fuente del peligro o que trabajen en una operación relativa al petróleo y al gas mar adentro en dicha instalación o infraestructura conectada, o relacionada con la misma, fallezcan o resulten gravemente heridas, o d) cualquier accidente medioambiental grave derivado de los hechos a que se refieren las letras a), b) y c). A efectos de determinar si un hecho constituye un accidente grave en virtud de las letras a), b) y d), una instalación que no tenga normalmente personal se tratará como si lo tuviera;

2) «mar adentro»: situado en las aguas territoriales, la zona económica exclusiva o la plataforma continental del Estado miembro en el sentido de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;

3) «operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro»: todas las actividades asociadas con una instalación o una infraestructura conectada, incluidos el diseño, la planificación, la construcción, la explotación y el desmantelamiento de la misma, relativas a la exploración y a la producción de petróleo o gas, pero estará excluido el transporte de petróleo y gas de costa a costa;

4) «riesgo»: la combinación de la probabilidad de un suceso y de sus consecuencias;

5) «operador»: la entidad designada por el concesionario o por la autoridad responsable de otorgar las concesiones para llevar a cabo operaciones, incluidas la planificación y ejecución de una operación en un pozo o la gestión y el control de las funciones de una instalación de producción;

6) «adecuado»: correcto o que responde plenamente, inclusive teniendo en cuenta un esfuerzo y coste proporcionados, a un requisito o una situación dada y está basado en pruebas objetivas y demostradas mediante un análisis, una comparación con las referencias pertinentes u otras soluciones a las que han recurrido otras autoridades o industrias en situaciones comparables;

7) «entidad»: toda persona física o jurídica o agrupación de esas personas;

8) «aceptable»: en relación con un riesgo, un nivel de riesgo con respecto al cual el tiempo, el coste o el esfuerzo necesarios para proseguir con su reducción sean claramente desproporcionados en comparación con los beneficios de tal reducción. A la hora de valorar si el tiempo, el coste o el esfuerzo guardan una excesiva desproporción con respecto a los beneficios de proseguir la reducción del riesgo, se tendrán en cuenta los niveles de riesgo de las mejores prácticas que sean compatibles con lo comprometido;

9) «concesión»: la autorización de realizar operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro de conformidad con la Directiva 94/22/CE;

10) «zona objeto de la concesión»: la zona geográfica cubierta por la concesión;

11) «concesionario»: el titular de una concesión;

12) «contratista»: toda entidad contratada por el operador o el propietario para desempeñar funciones particulares en nombre del operador o del propietario;

13) «autoridad responsable de otorgar las concesiones», los poderes públicos que sean competentes para conceder autorizaciones y/o controlar el uso de las autorizaciones según lo dispuesto en la Directiva 94/22CE;

14) «autoridad competente»: la autoridad pública designada en virtud de la presente Directiva y responsable de las funciones que le asigna la presente Directiva. La autoridad competente podrá constar de uno o de varios organismos públicos;

15) «exploración»: la perforación en un objetivo exploratorio así como todas las operaciones pertinentes relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro que sean necesarias antes de las operaciones relativas a la producción;

16) «producción»: la extracción mar adentro de petróleo y de gas situados en los estratos subterráneos de la zona objeto de la concesión, lo que comprende el tratamiento mar adentro del petróleo y del gas, y su transporte a través de una infraestructura conectada;

17) «instalación no destinada a la producción»: toda instalación excepto las destinadas a la producción de petróleo y de gas;

18) «público»: una o varias entidades y, de conformidad con el derecho o la práctica nacional, sus asociaciones, organizaciones o grupos;

19) «instalación»: una estructura estacionaria fija o móvil, o una combinación de estructuras permanentemente interconectadas por puentes u otras estructuras, utilizadas para operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro o en conexión con estas operaciones; esto solamente incluirá las unidades móviles de perforación mar adentro cuando estén estacionadas en aguas situadas mar adentro a efectos de perforación, producción u otras actividades asociadas con operaciones de petróleo y de gas efectuadas mar adentro.

20) «instalación destinada a la producción»: toda instalación utilizada en la producción;

21) «infraestructura conectada»: dentro de la zona de seguridad o dentro de una zona próxima a mayor distancia de la instalación, a discreción del Estado miembro: a) todo pozo y estructuras asociadas, unidades y dispositivos suplementarios conectados a la instalación mar adentro; b) todo equipo u obras sujetos sobre o a la estructura principal de la instalación; c) todo equipo de conducto, asociado a la instalación;

22) «aceptación»: en relación con el informe sobre riesgos graves, la comunicación por escrito de la autoridad competente al operador, o al propietario, de que dicho informe, en caso de que se aplique con arreglo a lo descrito, cumple los requisitos de la presente Directiva. La aceptación no supone el traspaso de la responsabilidad del control de los riesgos graves a la autoridad competente;

23) «riesgo grave»: una situación que pueda potencialmente dar lugar a un accidente grave;

24) «operación en un pozo»: cualquier operación que afecte a un pozo y que pueda provocar el vertido accidental de materiales que pueden ocasionar un accidente grave, incluidos la perforación de un pozo en el marco de operaciones de petróleo y de gas mar adentro, la reparación o la modificación de un pozo, la suspensión de las operaciones y el abandono definitivo de un pozo;

25) «operación combinada»: una operación realizada a partir de una instalación conjuntamente con una o varias otras instalaciones con fines relativos a estas otras instalaciones y que, por tanto, modifique sensiblemente el riesgo para la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente en alguna o en todas las instalaciones;

26) «zona de seguridad»: el área situada dentro de una distancia de 500 metros desde cualquier punto de la instalación, que establezca el Estado miembro.

27) «propietario»: la entidad jurídicamente habilitada para controlar la operación de una instalación no destinada a la producción;

28) «plan interno de respuesta de emergencia»: un documento, preparado por los operadores de conformidad con los requisitos de la presente Directiva, de las medidas dirigidas a prevenir el agravamiento o a limitar las consecuencias de un accidente grave relativo a las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro;

29) «verificación independiente»: la evaluación y la confirmación de la validez de una declaración escrita dada, por una entidad o parte organizativa del operador o del propietario que no esté controlada ni bajo la influencia de la entidad o parte organizativa que utilice las declaraciones;

30) «modificación sustancial»: a) en el caso de los informes sobre los riesgos graves, una modificación de la base sobre la cual se aceptó el informe original, incluidos, entre otras cosas, las modificaciones físicas, la disponibilidad de conocimiento o tecnología nuevos y los cambios en la gestión operativa; b) en el caso de las notificaciones de operación de un pozo o de las operaciones combinadas, una modificación de la base sobre la cual se aceptó la notificación original, incluidos, entre otras cosas, las modificaciones físicas, la sustitución de una instalación por otra, la disponibilidad de conocimiento o tecnología nuevos y los cambios en la gestión operativa;

31) «inicio de las operaciones»: el momento en que la instalación o las infraestructuras conectadas participan por primera vez en las operaciones para las que han sido concebidas;

32) «eficacia de la respuesta ante vertidos de petróleo»: la eficacia de los sistemas de respuesta ante vertidos a la hora de reaccionar frente a un vertido de petróleo, sobre la base del análisis de la frecuencia, la duración y el ritmo temporal de las condiciones medioambientales que podrían excluir una respuesta. La evaluación de la eficacia de la respuesta ante vertidos de petróleo se expresará como porcentaje de tiempo en que dichas condiciones no estén presentes e incluirá una descripción de las limitaciones de funcionamiento que presenten las instalaciones afectadas como resultado de dicha evaluación.

33) «elementos críticos para la seguridad y el medio ambiente»: las partes de una instalación, incluidos los programas informáticos, uno de cuyos fines es impedir o limitar las consecuencias de un accidente grave, o cuyo fallo podría causar, o contribuir a sustancialmente a causar, un accidente grave;

34) «consulta tripartita»: un arreglo formal que permite el diálogo y la cooperación entre la autoridad competente, los operadores y propietarios, y los representantes de los trabajadores;

35) «industria»: las entidades que participan directamente en las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro contenidas en la presente Directiva o cuyas actividades están estrechamente ligadas a estas;

36) «plan externo de respuesta de emergencia»: la estrategia local, nacional o regional prevista para prevenir el agravamiento o limitar las consecuencias de un accidente grave relativo a actividades de petróleo o de gas mar adentro, movilizando todos los recursos a disposición del operador descritos en los planes internos de respuesta de emergencia, y todo recurso suplementario puesto a disposición por los Estados miembros;

37) «accidente medioambiental grave»: un accidente que ha dado lugar, o que puede dar lugar, a efectos adversos importantes en el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2004/35/CE.







CAPÍTULO II

PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES GRAVES RELATIVOS A LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL PETRÓLEO Y EL GAS MAR ADENTRO

Artículo 3

Principios generales de la gestión de riesgos relativos a las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro

1. Los Estados miembros exigirán a los operadores que velen por que se adopten todas las medidas adecuadas para prevenir los accidentes graves relativos a las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro.

2. Los Estados miembros garantizarán que los operadores no estén exentos de sus obligaciones en virtud de la presente Directiva por el hecho de que las acciones u omisiones que den lugar o contribuyan a accidentes graves sean imputables a los contratistas.

3. En caso de producirse un accidente grave, los Estados miembros garantizarán que los operadores adopten todas las medidas adecuadas para limitar sus consecuencias para la salud humana y el medio ambiente.

4. Los Estados miembros exigirán a los operadores que garanticen que las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro se lleven a cabo sobre la base de una gestión de riesgos sistemática de manera que los riesgos residuales de accidentes graves que afecten a las personas, el medio ambiente y las instalaciones mar adentro sean considerados aceptables.

Artículo 4

Consideraciones en materia de seguridad y de medio ambiente relativas a las concesiones

1. Los Estados miembros garantizarán que las decisiones de otorgamiento o traspaso de concesiones para las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro tengan en cuenta la capacidad de los solicitantes para cumplir los requisitos aplicables a las operaciones previstas en el marco de la concesión, de conformidad con las disposiciones pertinentes de Derecho de la Unión, y en particular la presente Directiva.

2. En concreto, durante la evaluación de la capacidad técnica y financiera del solicitante de una concesión para llevar a cabo operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro, deberán tenerse debidamente en cuenta los siguientes aspectos:

a) el riesgo, los peligros y toda otra información útil asociada a la zona objeto de la concesión considerada, inclusive, cuando proceda, el coste que supone el deterioro del medio marino, a que hace referencia el artículo 8, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/56/CE;

b) la fase precisa de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro;

c) las capacidades financieras del solicitante, en particular su garantía financiera para asumir las responsabilidades que podrían derivarse de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en cuestión; ello incluirá la responsabilidad de los daños económicos potenciales, en caso de que el Derecho nacional la contemple;

d) la información de que se disponga relativa al comportamiento previo del solicitante por lo que respecta a la seguridad y el medio ambiente, incluso en relación con accidentes graves, en la medida en que resulte adecuado a las operaciones para las que se haya solicitado la concesión.

Antes de otorgar o transferir una concesión para operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro, la autoridad responsable de otorgar las concesiones consultará, en caso necesario, a la autoridad competente.

3. Los Estados miembros velarán por que la autoridad responsable de otorgar las concesiones no otorgue ninguna concesión a menos que le conste que el solicitante ha aportado pruebas de que se han hecho, o se harán, provisiones suficientes, con arreglo a las disposiciones que decidan los Estados miembros, para cubrir las responsabilidades que podrían derivarse de sus operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro. Esta provisión será válida y efectiva desde el comienzo de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro. Los Estados miembros exigirán a las entidades que soliciten una concesión de operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro que demuestren de manera apropiada su capacidad técnica y financiera, y que presenten toda información útil asociada a la zona contemplada por la licencia y la fase precisa de las operaciones relacionadas con el gas y el petróleo mar adentro.

Los Estados miembros evaluarán la adecuación de las provisiones a que se refiere el párrafo primero con objeto de garantizar que el solicitante dispone de recursos suficientes para la inmediata puesta en marcha y la prosecución ininterrumpida de todas las medidas necesarias para la respuesta efectiva y la subsiguiente reparación.

Los Estados miembros facilitarán el despliegue de instrumentos financieros viables y otras disposiciones destinadas a ayudar a los solicitantes de concesiones a demostrar su capacidad financiera en virtud del párrafo primero.

Los Estados miembros establecerán, como mínimo, procedimientos para garantizar un tratamiento rápido y adecuado de las reclamaciones de indemnización incluso respecto de los pagos de indemnizaciones por incidentes transfronterizos.

Los Estados miembros exigirán al concesionario que mantenga capacidad suficiente para cumplir sus obligaciones financieras derivadas de responsabilidades por operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro.

4. El operador será nombrado por la autoridad responsable de otorgar las concesiones o por el concesionario. Cuando sea el concesionario quien nombre al operador, este extremo se comunicará por adelantado a la autoridad responsable de otorgar las concesiones. En tales casos, la autoridad responsable de otorgar las concesiones podrá oponerse al nombramiento del operador, consultando en caso necesario a la autoridad competente. En caso de plantearse dicha oposición, los Estados miembros exigirán al concesionario que nombre un operador suplente adecuado o bien se haga cargo de las responsabilidades del operador en virtud de la presente Directiva.

5. Los procedimientos de concesión de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro relativas a una misma zona objeto de concesión se organizarán de manera que el Estado miembro pueda estudiar la información recogida en virtud de la exploración antes de que comiencen las operaciones de producción.

6. Al evaluar las capacidades técnicas y financieras de un solicitante de concesión, deberá prestarse especial atención al medio ambiente marino y costero sensible desde el punto de vista ecológico, en particular a aquellos ecosistemas que desempeñen un papel importante en la mitigación y adaptación al cambio climático, como las marismas saladas y los lechos de vegetación marina; y a las zonas marinas protegidas, como las zonas especiales de conservación en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres ( 21 ), las zonas de protección especial en virtud de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres ( 22 ), y las zonas marinas protegidas acordadas por la Unión o los Estados miembros interesados en el marco de los acuerdos internacionales o regionales de que sean Parte.

Artículo 5

Participación pública en relación con los efectos de las exploraciones de petróleo y de gas mar adentro previstas sobre el medio ambiente

1. La perforación de un pozo de exploración de una instalación no destinada a la producción no comenzará mientras las autoridades correspondientes del Estado miembro no hayan obligado anteriormente a que se asegure de modo temprano y efectivo, en virtud de otros actos jurídicos de la Unión, y en particular la Directiva 2001/42/CE o la Directiva 2011/92/UE, la participación pública en relación con los posibles efectos de las exploraciones de petróleo y de gas mar adentro previstas sobre el medio ambiente.

2. Cuando no se haya asegurado la participación pública en virtud del apartado 1, los Estados miembros garantizarán que se adopten las siguientes disposiciones:

a) que el público sea informado, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, tales como soportes electrónicos, de dónde está previsto permitir las operaciones de exploración;

b) que se identifique al público interesado, incluido el público que se vea o pueda verse afectado por la decisión de permitir operaciones de exploración, o que tenga algún interés en tal decisión, en particular las organizaciones no gubernamentales pertinentes, tales como las que promueven la protección del medio ambiente y otras organizaciones pertinentes;

c) que se haga pública la información pertinente sobre dichas operaciones previstas, inclusive, entre otras informaciones, la relativa al derecho a participar en la toma de decisiones, y a quién formular las observaciones o preguntas;

d) que el público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones, cuando estén abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten las decisiones de permitir la exploración;

e) que al adoptar las decisiones contempladas en la letra d), sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la participación pública;

f) que una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, la autoridad competente informe con prontitud al público de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluyendo la información sobre el proceso de participación del público.

Deben establecerse calendarios razonables que permitan plazos suficientes para cada una de las diferentes fases de participación del público;

3. El presente artículo no se aplicará a las zonas que hayan sido objeto de la concesión antes del 18 de julio de 2013.

Artículo 6

Operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en las zonas objeto de la concesión

1. Los Estados miembros garantizarán que, en las zonas objeto de la concesión, las instalaciones destinadas a la producción e infraestructuras conectadas sean operadas únicamente por los operadores designados a tal fin, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4.

2. Los Estados miembros exigirán al concesionario que garantice que todos los operadores tengan la capacidad necesaria para cumplir los requisitos de las operaciones concretas en virtud de la concesión.

3. A lo largo de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro, los Estados miembros exigirán al concesionario que tome todas las medidas razonables para asegurar que el operador cumpla los requisitos, desempeñe sus funciones y cumpla sus obligaciones en virtud de la presente Directiva.

4. Cuando la autoridad competente considere que el operador ya no tiene la capacidad de cumplir los requisitos exigidos en virtud de la presente Directiva, se informará de ello a la autoridad responsable de otorgar las concesiones. La autoridad responsable de otorgar las concesiones lo notificará al concesionario y este deberá asumir la responsabilidad de la realización de las obligaciones de que se trate y proponer inmediatamente a la autoridad responsable de otorgar las concesiones un operador sustituto.

5. Los Estados miembros garantizarán que las operaciones relativas a las instalaciones destinadas y no destinadas a la producción no comiencen o no continúen sin la aceptación del informe sobre los riesgos graves por parte de la autoridad competente de conformidad con la presente Directiva.

6. Los Estados miembros garantizarán que las operaciones en los pozos o las operaciones combinadas no comiencen, o no continúen, sin la presentación del informe sobre los riesgos graves de las instalaciones consideradas y su aceptación conforme a la presente Directiva. Además, dichas operaciones no deberán comenzar ni continuar sin que se haya presentado a la autoridad competente una notificación de la operación en un pozo o de la operación combinada de conformidad con el artículo 11, apartado 1, letras h) o i), respectivamente, ni tampoco si la autoridad competente formula objeciones en cuanto al contenido de una notificación.

7. Los Estados miembros impondrán la creación de una zona de seguridad en torno de una instalación, y prohibirán a los buques la entrada o permanencia en la zona de seguridad.

No obstante, dicha prohibición no se aplicará a los buques que entren o permanezcan en la zona de seguridad:

a) en relación con la instalación, inspección, ensayo, reparación, mantenimiento, alteración, renovación o retirada de cualquier cable o conducto submarinos en dicha zona de seguridad o en su proximidad;

b) para la prestación de servicios o el transporte de personas o bienes con destino a, o en procedencia de, cualquier instalación en dicha zona de seguridad;

c) para inspeccionar, bajo la autoridad del Estado miembro, cualquier infraestructura conectada en dicha zona de seguridad;

d) con el fin de salvar, o tratar de salvar, vidas o bienes;

e) debido a la presión del tiempo meteorológico, o

f) en caso de dificultades, o

g) con el consentimiento del operador, del propietario o del Estado miembro en el que se encuentre la zona de seguridad.

8. Los Estados miembros establecerán un mecanismo para la participación efectiva en las consultas tripartitas entre la autoridad competente, operadores y propietarios y los representantes de los trabajadores en la formulación de los criterios y normas relativas a la prevención de los accidentes graves.

Artículo 7

Responsabilidad por daños medioambientales

Sin perjuicio del vigente ámbito de aplicación de la responsabilidad relativa a la prevención y reparación de los daños medioambientales en virtud de la Directiva 2004/35/CE, los Estados miembros garantizarán que el concesionario sea financieramente responsable de la prevención y la reparación de los daños medioambientales en el sentido de dicha Directiva, ocasionados por las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro efectuadas por el concesionario o el operador o en su nombre.

Artículo 8

Nombramiento de la autoridad competente

1. Los Estados miembros nombrarán una autoridad competente responsable de las siguientes funciones regulatorias:

a) evaluar y aceptar los informes sobre los riesgos graves, evaluar las notificaciones de diseño y evaluar las notificaciones de operaciones en los pozos o de operaciones combinadas, y cualquier otro documento de esta naturaleza que les sea presentado;

b) supervisar el cumplimiento por los operadores y propietarios de la presente Directiva, incluidas las inspecciones, las investigaciones y las medidas de ejecución;

c) asesorar a otras autoridades u organismos, incluida la autoridad responsable de otorgar las concesiones;

d) elaborar planes anuales con arreglo al artículo 21;

e) elaborar informes;

f) cooperar con las autoridades competentes y los puntos de contacto, con arreglo al artículo 27.

2. Los Estados miembros garantizarán en todo momento la independencia y objetividad de la autoridad competente en el desempeño de sus funciones regulatorias y particularmente respecto de lo dispuesto en el apartado 1, letras a), b) y c). En consecuencia, deberán evitarse los conflictos de intereses entre, por una parte, las funciones regulatorias de la autoridad competente y, por otra, las funciones regulatorias relativas al desarrollo económico de los recursos naturales mar adentro y la concesión de licencias para operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en el Estado miembro, así como el cobro y la administración de los ingresos relativos a dichas operaciones.

3. Con objeto de alcanzar los objetivos establecidos en el apartado 2, los Estados miembros exigirán que las funciones regulatorias de la autoridad competente se desempeñen en el marco de una autoridad que sea independiente de cualquiera de las funciones del Estado miembro relativas al desarrollo económico de los recursos naturales mar adentro y de las concesión de las licencias para operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en el Estado miembro y de la recaudación y gestión de los ingresos procedentes de dichas operaciones.

No obstante, en caso de que el número total de instalaciones mar adentro normalmente atendidas de que se disponga normalmente sea inferior a seis, el Estado miembro de que se trate podrá decidir no aplicar el párrafo primero. Dicha decisión se entenderá sin perjuicio de sus obligaciones en virtud del apartado 2.

4. Los Estados miembros pondrán a disposición del público una descripción del modo en que esté organizada la autoridad competente, incluyendo el motivo por el que la hayan establecido de ese modo, y de la manera en que hayan garantizado la realización de las funciones regulatorias establecidas en el apartado 1 y el cumplimiento de las obligaciones del apartado 2.

5. Los Estados miembros garantizarán que la autoridad competente disponga de recursos humanos y financieros suficientes para efectuar sus funciones en virtud de la presente Directiva. Dichos recursos serán acordes con el nivel de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro de los Estados miembros.

6. Los Estados miembros podrán suscribir acuerdos formales con agencias apropiadas de la Unión u otros organismos adecuados, en su caso, para la provisión de conocimientos técnicos especializados en apoyo de la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones regulatorias. A los efectos del presente apartado, no cabe considerar que un organismo es adecuado cuando su objetividad pueda verse comprometida por conflictos de interés.

7. Los Estados miembros podrán crear mecanismos mediante los cuales los costes financieros en que incurra la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones en virtud de la presente Directiva puedan ser cobrados a los concesionarios, operadores o propietarios.

8. Cuando la autoridad competente conste de varios organismos, los Estados miembros harán todo lo posible por evitar la duplicación de las funciones regulatorias entre dichos organismos. Los Estados miembros podrán designar a uno de los organismos constituyentes como organismo dirigente con la responsabilidad de coordinar las funciones regulatorias asignadas con arreglo a la presente Directiva y responder ante la Comisión.

9. Los Estados miembros realizarán un seguimiento de las actividades de la autoridad competente y adoptarán todas las medidas necesarias para mejorar su eficacia en el ejercicio de las funciones regulatorias indicadas en el apartado 1.

Artículo 9

Funcionamiento de la autoridad competente

Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente:

a) actúe con independencia respecto de las medidas, decisiones regulatorias u otras consideraciones ajenas a sus funciones en virtud de la presente Directiva;

b) deje claro su propio ámbito de responsabilidades y las responsabilidades del operador y del propietario en el control de los riesgos de accidente grave, en virtud de la presente Directiva;

c) establezca una política, un proceso y unos procedimientos para la evaluación exhaustiva de los informes sobre los riesgos graves y las notificaciones presentadas en virtud del artículo 11, así como la supervisión del cumplimiento de la presente Directiva en la jurisdicción del Estado miembro, incluso mediante la inspección, investigación y la obligación de cumplimiento;

d) ponga la política, el proceso y los procedimientos de la letra c) a disposición de los operadores y propietarios y ponga a disposición del público un resumen de los mismos;

e) en caso necesario, prepare y aplique procedimientos coordinados o conjuntos con otras autoridades en los Estados miembros con el fin de ejercer sus funciones en virtud de la presente Directiva, y

f) base su política, su organización y sus procedimientos operativos en los principios establecidos en el anexo III.

Artículo 10

Funciones de la Agencia Europea de Seguridad Marítima

1. La Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM, en lo sucesivo «la Agencia») prestará a los Estados miembros y a la Comisión asistencia técnica y científica de conformidad con su mandato en virtud del Reglamento (CE) no 1406/2002.

2. En el marco de su mandato, la Agencia:

a) asistirá a la Comisión y al Estado miembro afectado, a petición de este, en la detección y el seguimiento del alcance de un vertido de petróleo o gas;

b) asistirá a los Estados miembros, a petición de estos, en la preparación y ejecución de planes externos de respuesta de emergencia, especialmente cuando se produzcan impactos transfronterizos en aguas mar adentro de los Estados miembros y más allá de las mismas;

c) elaborará con los Estados miembros y los operadores un catálogo de equipo y servicios de emergencia disponibles basado en sus planes internos y externos de respuesta de emergencia.

3. La Agencia podrá, previa petición:

a) asistir a la Comisión en la evaluación de los planes externos de respuesta de emergencia de los Estados miembros con el fin de comprobar si dichos planes están en conformidad con la presente Directiva;

b) examinar ejercicios dirigidos esencialmente al ensayo de los mecanismos de emergencia transfronterizos y de la Unión.







CAPÍTULO III

PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL PETRÓLEO Y EL GAS MAR ADENTRO

Artículo 11

Documentos que deben presentarse para llevar a cabo operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro

1. Los Estados miembros obligarán al operador o al propietario a presentar a la autoridad competente los siguientes documentos:

a) la política corporativa de prevención de accidentes graves o una descripción adecuada de la misma, de conformidad con el artículo 19, apartados 1 y 5;

b) el sistema de gestión de la seguridad y el medio ambiente o una descripción adecuada de los mismos, de conformidad con el artículo 19, apartados 3 y 5;

c) en el caso de una instalación destinada a la producción prevista, una notificación del diseño de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo I, parte 1;

d) una descripción del programa de verificación independiente de conformidad con el artículo 17;

e) un informe sobre los riesgos graves con arreglo a los artículos 12 y 13;

f) en el caso de un cambio material, incluido el desmantelamiento de una instalación de conformidad con los artículos 12 y 13, un informe modificado de los riesgos graves;

g) el plan interno de respuesta de emergencia o una descripción adecuada del mismo, de conformidad con los artículos 14 y 28;

h) en el caso de una operación relativa a un pozo, notificación e información sobre operaciones relacionadas con dicho pozo, de conformidad con el artículo 15;

i) en el caso de una operación combinada, una notificación de las operaciones combinadas de conformidad con el artículo 16;

j) en el caso de una instalación existente destinada a la producción que haya que trasladar a una nueva localización de producción, una notificación de relocalización de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo I, parte 1;

k) cualquier otro documento pertinente que solicite la autoridad competente.

2. Los documentos que han de presentarse en virtud del apartado 1, letras a), b), d) y g) se incluirán en el informe sobre los riesgos graves exigido en virtud del apartado 1, letra e). La política corporativa de prevención de accidentes graves de un operador de un pozo deberá incluir, cuando no se haya presentado previamente, la notificación de las operaciones relativas al pozo que deben presentarse en virtud del apartado 1, letra h).

3. La notificación de diseño exigida con arreglo al apartado 1, letra c), será presentada a la autoridad competente dentro del plazo que esta establezca antes de la fecha prevista para la presentación de un informe sobre los riesgos graves relativo a la operación planificada. La autoridad competente responderá a la notificación de diseño con unas observaciones que se tendrán en cuenta en el informe sobre los riesgos graves.

4. En caso de que una instalación de producción existente vaya a entrar en aguas mar adentro de un Estado miembro o salir de ellas, el operador notificará a la autoridad competente por escrito antes de la fecha prevista de entrada en las aguas mar adentro de un Estado miembro o de salida de las mismas.

5. La notificación de relocalización exigida en virtud del apartado 1, letra i), en una fase suficientemente temprana del plan previsto para permitir al operador tener en cuenta todos los aspectos suscitados por la autoridad competente durante la elaboración del informe sobre los riesgos graves.

6. En caso de que se modifique sustancialmente la notificación de diseño o relocalización antes de la presentación del informe sobre los riesgos graves, se informará lo antes posible a la autoridad competente.

7. El informe sobre los riesgos graves exigido en virtud del apartado 1, letra e), se presentará a la autoridad competente en el plazo fijado por esta última antes del inicio de las operaciones previsto.

Artículo 12

Informe sobre los riesgos graves para una instalación destinada a la producción

1. Los Estados miembros dispondrán que el operador elabore un informe sobre los riesgos graves para una instalación destinada a la producción que habrá de presentarse en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), incluirá la información detallada contemplada en el anexo I, partes 2 y 5, y deberá ser actualizado cuando sea oportuno o cuando así lo exija la autoridad competente.

2. Los Estados miembros dispondrán que se consulte a los representantes de los trabajadores en las etapas correspondientes de la preparación del informe sobre los riesgos graves de una instalación destinada a la producción, y que se presente la prueba al respecto conforme a lo dispuesto en el anexo I, parte 2, punto 3.

3. Podrá elaborarse un informe sobre los riesgos graves para una instalación destinada a la producción en relación con un grupo de instalaciones, si la autoridad competente lo autoriza.

4. Si la autoridad competente lo estima necesario para poder aceptar un informe sobre los riesgos graves, los Estados miembros dispondrán que el operador facilite información adicional previa solicitud de la misma y llevará a cabo las modificaciones necesarias para la presentación de dicho informe.

5. En caso de que vayan a realizarse, en una instalación destinada a la producción, cambios que den lugar a una modificación sustancial, o si está previsto desmantelar una instalación fija destinada a la producción, el operador elaborará un informe modificado sobre los riesgos graves exigido en virtud del artículo 11, apartado 1, letra f), en un plazo especificado por la autoridad competente de conformidad con el anexo I, parte 6.

6. Los Estados miembros dispondrán que las modificaciones previstas no sean puestas en práctica ni comience el desmantelamiento mientras la autoridad competente no haya aceptado el informe modificado sobre los riesgos graves para la instalación destinada a la producción.

7. El informe sobre los riesgos graves para una instalación destinada a la producción será revisado periódicamente de manera exhaustiva por el operador como mínimo cada cinco años, o antes, si la autoridad competente lo requiere. Los resultados de la revisión se notificarán a la autoridad competente.

Artículo 13

Informe sobre los riesgos graves para una instalación no destinada a la producción

1. El informe sobre los riesgos de accidente graves para una instalación no destinada a la producción exigido en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), incluirá la información detallada contemplada en el anexo I, partes 3 y 5, y deberá ser actualizado cuando sea oportuno o cuando así lo exija la autoridad competente.

2. Los Estados miembros dispondrán que se consulte en las fases pertinentes a los representantes de los trabajadores en la preparación del informe sobre los riesgos graves para una instalación no destinada a la producción, y que se presente la prueba al respecto conforme a lo dispuesto en el anexo I, parte 3, punto 2.

3. Si la autoridad competente lo estima necesario para poder aceptar un informe sobre los riesgos graves, los Estados miembros exigirán al operador o al propietario que facilite información adicional previa solicitud de la misma y lleve a cabo las modificaciones necesarias para la presentación de dicho informe.

4. En caso de que vayan a realizarse, en una instalación no destinada a la producción, cambios de importancia que den lugar a una modificación sustancial, o si está previsto desmantelar una instalación fija no destinada a la producción, el operador elaborará un informe modificado sobre los riesgos graves exigido en virtud del artículo 11, apartado 1, letra f), en un plazo especificado por la autoridad competente de conformidad con el anexo I, parte 6, puntos 1, 2 y 3.

5. Respecto de una instalación fija no destinada a la producción,. los Estados miembros dispondrán que las modificaciones previstas no sean puestas en práctica o, según el caso, que no comience el desmantelamiento mientras la autoridad competente no haya aceptado el informe modificado sobre los riesgos graves para la instalación fija no destinada a la producción.

6. Respecto de una instalación móvil no destinada a la producción, los Estados miembros dispondrán que las modificaciones previstas no sean puestas en práctica mientras la autoridad competente no haya aceptado el informe modificado sobre los riesgos graves para la instalación móvil no destinada a la producción.

7. El informe sobre los riesgos graves para una instalación no destinada a la producción será revisado periódicamente de manera exhaustiva por el operador o por el propietario como mínimo cada 5 años, o antes, si la autoridad competente lo requiere. Los resultados de la revisión se notificarán a la autoridad competente.

Artículo 14

Planes internos de respuesta de emergencia

1. Los Estados miembros dispondrán que los operadores o, en su caso, los propietarios elaboren planes internos de respuesta de emergencia, que han de presentarse en virtud del artículo 11, apartado 1, letra g). Los planes se elaborarán de conformidad con el artículo 28, que tengan en cuenta la evaluación del riesgo de accidente grave realizada durante la preparación del informe más reciente sobre los riesgos de accidente grave. El plan incluirá un análisis de la eficacia de la respuesta ante vertidos de petróleo.

2. En caso de que una instalación móvil no destinada a la producción vaya a realizar operaciones en el pozo, el plan interno de respuesta de emergencia para la instalación tendrá en cuenta la evaluación de riesgos realizada durante la preparación de la notificación de las operaciones en el pozo que ha de presentarse en virtud del artículo 11, apartado 1, letra h).Cuando el plan interno de respuesta de emergencia deba ser modificado en razón de la naturaleza particular o de la localización del pozo, los Estados miembros velarán por que el operador de pozo presente a la autoridad competente el plan interno de respuesta de emergencia para completar la correspondiente notificación de las operaciones en el pozo.

3. En caso de que una instalación no destinada a la producción vaya a realizar operaciones combinadas, el plan interno de respuesta de emergencia se modificará para abarcar las operaciones combinadas y se presentará a la autoridad competente para completar la correspondiente notificación de las operaciones combinadas.

Artículo 15

Notificación de las operaciones en pozos e información sobre las operaciones en pozos

1. Los Estados miembros dispondrán que el operador del pozo elabore la notificación que ha de presentarse en virtud del artículo 11, apartado 1, letra h) a la autoridad competente. Se presentará dentro del plazo que la autoridad competente fije antes del comienzo de la operación en el pozo. Dicha notificación de operaciones en el pozo incluirá información detallada relativa del diseño del pozo y las operaciones propuestas en el pozo de conformidad con los requisitos mínimos del anexo I, parte 4. Ello incluirá un análisis de la eficacia de la respuesta ante vertidos de petróleo.

2. La autoridad competente examinará la notificación y, si lo considera necesario, antes de que comiencen las operaciones en el pozo adoptará las medidas adecuadas, que podrán incluir la prohibición de iniciar las operaciones.

3. Los Estados miembros dispondrán que el operador del pozo haga intervenir al verificador independiente en la planificación y preparación de una modificación sustancial de los detalles de la notificación de las operaciones en el pozo presentada en virtud del artículo 17, apartado 4, letra b), e informarán inmediatamente a la autoridad competente de toda modificación sustancial de los detalles de la notificación de operaciones en el pozo presentada. La autoridad competente estudiará esas modificaciones y, si lo considera necesario, tomará las medidas oportunas.

4. Los Estados miembros garantizarán que el operador del pozo presente informes de las operaciones en el pozo a la autoridad competente de conformidad con los requisitos del anexo II. Los informes se presentarán en intervalos de una semana, comenzando el día del inicio de las operaciones en el pozo, o en intervalos especificados por la autoridad competente.

Artículo 16

Notificación de las operaciones combinadas

1. Los Estados miembros dispondrán que los operadores y propietarios que participen en una operación combinada preparen en común la notificación que ha de presentarse en virtud del artículo 11, apartado 1, letra i). La notificación incluirá la información que se especifica en el anexo I, parte 7. Los Estados miembros dispondrán que uno de los operadores afectados presente la notificación de las operaciones combinadas a la autoridad competente. La notificación se presentará dentro de un plazo que fijará la autoridad competente antes de que comiencen las operaciones combinadas.

2. La autoridad competente examinará la notificación y, si lo considera necesario, antes de que comiencen las operaciones combinadas adoptará las medidas adecuadas, que podrán incluir la prohibición de iniciar las operaciones.

3. Los Estados miembros dispondrán que el operador que haya preparado la notificación informe sin demora a la autoridad competente de toda modificación sustancial de la notificación presentada. La autoridad competente estudiará esas modificaciones y, si lo considera necesario, tomará las medidas oportunas.

Artículo 17

Verificación independiente

1. Los Estados miembros dispondrán que los operadores y propietarios establezcan programas de verificación independiente y que elaboren una descripción de los mismos, que han de presentarse en virtud del artículo 11, apartado 1, letra d) e incluirse en el sistema de gestión de la seguridad y el medio ambiente que ha de presentarse en virtud del artículo 11, apartado 1, letra b). La descripción contendrá la información que se especifica en el anexo I, parte 5.

2. Los resultados de la verificación independiente se entenderán sin perjuicio de la responsabilidad del operador o del propietario en relación con el funcionamiento correcto y seguro de los equipos y los sistemas sujetos a verificación.

3. La selección del verificador independiente y el diseño de los programas de verificación independiente deberán cumplir los criterios enumerados en el anexo V.

4. Los programas de verificación independiente se establecerán:

a) en lo que respecta a las instalaciones, para garantizar de manera independiente que los elementos críticos para la seguridad y el medio ambiente identificados en la evaluación de los riesgos para la instalación, descritos en el informe sobre los riesgos graves, son adecuados, y que el calendario de examen y de prueba de los elementos críticos para la seguridad y el medio ambiente es adecuado, está actualizado y se ejecuta según las previsiones;

b) en lo que respecta a las notificaciones de las operaciones en un pozo, para garantizar de manera independiente que las medidas de diseño y de control del pozo son adecuadas en todo momento respecto de las condiciones de perforación previstas.

5. Los Estados miembros dispondrán que los operadores y propietarios respondan al dictamen del verificador independiente y tomen las medidas oportunas a partir del mismo.

6. Los Estados miembros exigirán a los operadores y a los propietarios que garanticen que el dictamen recibido del verificador independiente de conformidad con el apartado 4, letra a), y las respuestas de las acciones tomadas sobre la base de dicho dictamen sean puestas a disposición de la autoridad competente y conservadas por el operador o propietario durante un período de seis meses desde la terminación de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro a las que estén vinculadas.

7. Los Estados miembros exigirán a los operadores de un pozo que garanticen que las conclusiones y observaciones del verificador independiente de conformidad con el apartado 4, letra b) del presente artículo, así como sus actuaciones en respuesta a dichas conclusiones y observaciones, sean presentadas en la notificación de las operaciones en el pozo de conformidad con el artículo 15.

8. Para las instalaciones destinadas a la producción, el programa de verificación se establecerá antes de la finalización del diseño. Para las instalaciones no destinadas a la producción, el programa de verificación se establecerá antes del inicio de las operaciones en las aguas mar adentro de los Estados miembros.

Artículo 18

Facultad de la autoridad competente en relación con las operaciones realizadas en las instalaciones

Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente:

a) prohíba la operación o el comienzo de la operación de toda instalación o infraestructura conectada si las medidas propuestas en el informe sobre los riesgos graves para la prevención o la limitación de las consecuencias de los accidentes graves o notificaciones de las operaciones en el pozo o de las operaciones combinadas presentadas de conformidad con el artículo 11, apartado 1, letras h) e i), respectivamente, se consideran insuficientes para cumplir lo dispuesto en la presente Directiva;

b) reduzca, en circunstancias excepcionales y si considera que la seguridad y la protección medioambiental no se ven comprometidas, el plazo exigido entre la presentación del informe sobre los riesgos graves u otros documentos que han de presentarse en virtud del artículo 11 y el inicio de las operaciones;

c) exija al operador que adopte las medidas proporcionadas que la autoridad competente considere necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 3, apartado 1;

d) cuando se aplique el artículo 6, apartado 4, tome medidas suficientes para garantizar en todo momento la seguridad de las operaciones;

e) esté facultada para exigir mejoras y, en caso necesario, para prohibir que continúe el funcionamiento de toda instalación o parte de la misma o de cualquier infraestructura conectada, si los resultados de una inspección, de una determinación con arreglo al artículo 6, apartado 4, de una revisión periódica del informe sobre los riesgos graves presentado de conformidad con el artículo 11, apartado, 1, letra e), o de las modificaciones de las notificaciones presentadas de conformidad con el artículo 11, muestran que los requisitos de la presente Directiva no se han cumplido, o que la seguridad de las instalaciones o de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro suscitan inquietudes razonables.







CAPÍTULO IV

POLÍTICA DE PREVENCIÓN

Artículo 19

Prevención de accidentes graves por los operadores y propietarios

1. Los Estados miembros exigirán a los operadores y propietarios que elaboren un documento en el que describan su política corporativa en materia de prevención de accidentes graves que ha de presentarse en virtud del artículo 11, apartado 1, letra a), y velen por que esta política sea aplicada en toda la organización de sus operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro, en particular mediante el establecimiento de mecanismos de seguimiento apropiados con miras a garantizar su eficacia. El documento incluirá la información que se especifica en el anexo I, parte 8.

2. La política corporativa en materia de prevención de accidentes graves tendrá en cuenta la responsabilidad primaria de los operadores, entre otras cosas, en el control de los riesgos graves que resulten de sus operaciones y en la mejora continua del control de dichos riesgos, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección en todo momento.

3. Los Estados miembros dispondrán que el sistema de gestión para la seguridad y el medio ambiente presentado por los operadores y propietarios en virtud del artículo 11, apartado 1, letra b), incluyan la descripción de:

a) disposiciones organizativas para el control de los riesgos graves;

b) disposiciones adoptadas para la preparación y la presentación de los informes sobre los riesgos graves y otros documentos, en su caso, de conformidad con la presente Directiva, y

c) programas de verificación independiente, de conformidad con el artículo 17.

4. Los Estados miembros ofrecerán a los operadores y propietarios posibilidades de contribuir a los mecanismos de consulta tripartita efectiva creados en virtud del artículo 6, apartado 8. Cuando convenga, el compromiso de un operador y un propietario con dichos mecanismos podrá destacarse en la política corporativa de prevención de accidentes graves.

5. La política corporativa de prevención de accidentes graves y los sistemas de gestión de la seguridad y el medio ambiente se elaborarán de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo I, partes 8 y 9, y en el anexo IV. Se aplicarán las siguientes condiciones:

a) la política corporativa de prevención de accidentes graves constará por escrito e indicará los objetivos generales y disposiciones relativas al control de los riesgos de accidente grave, así como la forma en que dichos objetivos han de lograrse y las disposiciones han de ser aplicadas por la empresa;

b) el sistema de gestión de la seguridad y el medio ambiente estará integrado en el sistema de gestión general del operador o del propietario e incluirá la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los recursos que permitan definir y aplicar la política corporativa de prevención de accidentes graves.

6. Los Estados miembros dispondrán que los operadores y propietarios preparen y mantengan un inventario completo de los equipos de respuesta de emergencia correspondientes a su operación relacionada con el petróleo y el gas mar adentro.

7. Los Estados miembros dispondrán que los operadores y propietarios, en consulta con la autoridad competente y haciendo uso de los intercambios de conocimientos, información y experiencia estipulados en el artículo 27, apartado 1,