02014XC0701(01) — ES — 09.11.2018 — 002.001

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Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020

2014/C 204/01

ÍNDICE PARTE I. DISPOSICIONES COMUNES Capítulo 1. Introducción Capítulo 2. Ámbito de aplicación y definiciones 2.1. Efecto de la PAC y de la política de desarrollo rural en el ámbito de aplicación 2.2. Ámbito de aplicación 2.3. Normas horizontales e instrumentos de ayuda aplicables a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales 2.4. Definiciones 2.5. Ayudas notificables Capítulo 3. Principios comunes de evaluación 3.1. Contribución a un objetivo común 3.2. Necesidad de la intervención estatal 3.3. Idoneidad de una ayuda 3.4. Efecto incentivador y carácter necesario de la ayuda 3.5. Proporcionalidad de la ayuda 3.6. Eliminación de los efectos negativos indebidos en la competencia y el comercio 3.7. Transparencia PARTE II. TIPOS DE AYUDA Capítulo 1. Ayudas en favor de las empresas dedicadas a la producción primaria, la transformación y la comercialización de productos agrícolas 1.1. Medidas de desarrollo rural 1.1.1. Ayudas a la inversión 1.1.1.1. Ayudas para inversiones en activos materiales e inmateriales de explotaciones agrícolas vinculadas a la producción agrícola primaria 1.1.1.2. Ayudas para inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural situado en la explotación agrícola 1.1.1.3. Ayudas para inversiones relacionadas con el traslado de edificios agrícolas 1.1.1.4. Ayudas para inversiones relacionadas con la transformación y la comercialización de productos agrícolas 1.1.2. Ayudas iniciales a los jóvenes agricultores y al desarrollo de pequeñas explotaciones 1.1.3. Ayudas para la cesión de explotaciones agrícolas 1.1.4. Ayudas a la creación de agrupaciones y organizaciones de productores del sector agrícola 1.1.5. Ayudas relacionadas con compromisos agroambientales y climáticos y el bienestar de los animales 1.1.5.1. Ayudas para compromisos agroambientales y climáticos 1.1.5.2. Ayuda para compromisos en favor del bienestar de los animales 1.1.6. Ayudas correspondientes a dificultades relacionadas con las zonas Natura 2000 y con la Directiva marco del agua 1.1.7. Ayudas para las zonas con limitaciones naturales u otras dificultades específicas 1.1.8. Ayudas para la agricultura ecológica 1.1.9. Ayudas para la participación de productores de productos agrícolas en regímenes de calidad 1.1.10. Ayudas para la prestación de asistencia técnica al sector agrícola 1.1.10.1. Ayudas para transferencia de conocimientos y actividades de información 1.1.10.2. Ayudas para servicios de asesoramiento 1.1.10.3. Ayudas para servicios de sustitución en la explotación agrícola 1.1.11. Ayudas para la cooperación en el sector agrícola 1.2. Gestión de riesgos y crisis 1.2.1. Ayudas para compensar los daños sufridos por la producción agrícola o por los medios de producción agrícola y para prevenir daños 1.2.1.1. Ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional 1.2.1.2. Ayudas destinadas a compensar los daños causados por fenómenos climáticos adversos que pueden asimilarse a desastres naturales 1.2.1.3. Ayudas para los costes de prevención, control y erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales y ayudas para reparar los daños causados por enfermedades animales y plagas vegetales 1.2.1.4. Ayuda por ganado muerto 1.2.1.5. Ayudas para compensar los daños causados por animales protegidos 1.2.1.6. Ayudas para el pago de primas de seguros 1.2.1.7. Ayudas para contribuciones financieras a fondos mutuales 1.2.2. Ayudas para el abandono de la capacidad de producción 1.2.2.1. Abandono de la capacidad por motivos relacionados con la salud humana, animal o vegetal, la sanidad, motivos éticos o el medio ambiente 1.2.2.2. Abandono de la capacidad por otros motivos 1.3. Otros tipos de ayudas al sector agrícola 1.3.1. Ayudas al sector ganadero 1.3.2. Ayudas para medidas de promoción de los productos agrícolas 1.3.3. Ayudas para las regiones ultraperiféricas y las islas menores del mar Egeo 1.3.4. Ayudas para concentración parcelaria agrícola 1.3.5. Ayuda para el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis 1.3.6. Ayudas de investigación y desarrollo en el sector agrícola Capítulo 2. Ayudas al sector forestal cofinanciadas por el Feader, concedidas como financiación nacional complementaria a las medidas cofinanciadas o concedidas como ayudas estatales puras 2.1. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y la mejora de la viabilidad de los bosques 2.1.1. Ayuda a la forestación y creación de superficies forestales 2.1.2. Ayuda a la implantación, regeneración o renovación de sistemas agroforestales 2.1.3. Ayudas para la prevención y reparación de los daños causados a los bosques por incendios forestales, desastres naturales, fenómenos climáticos adversos que pueden asimilarse a desastres naturales, otros fenómenos climáticos adversos, plagas vegetales y catástrofes 2.1.4. Ayudas a las inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales 2.1.5. Ayudas para inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales 2.1.6. Ayudas para inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la silvicultura 2.2. Ayudas correspondientes a dificultades relacionadas con las zonas forestales de la red Natura 2000 2.3. Ayudas para servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques 2.4. Ayudas para transferencia de conocimientos y actividades de información en el sector forestal 2.5. Ayudas para servicios de asesoramiento en el sector forestal 2.6. Ayudas para cooperación en el sector forestal 2.7. Ayudas a la creación de agrupaciones y organizaciones de productores del sector forestal 2.8. Otras ayudas al sector forestal con objetivos ecológicos, protectores y recreativos 2.8.1. Ayuda para medidas e intervenciones forestales específicas con el objetivo principal de contribuir a mantener o reconstituir el ecosistema forestal y la biodiversidad o el paisaje tradicional 2.8.2. Ayuda para el mantenimiento y la mejora de la calidad del suelo y la garantía de un crecimiento equilibrado y sano de los árboles en el sector forestal 2.8.3. Recuperación y mantenimiento de senderos naturales, de elementos y características del paisaje y del hábitat natural de los animales en el sector forestal 2.8.4. Ayuda para el mantenimiento de carreteras con el fin de evitar incendios forestales 2.8.5. Ayudas para reparar los daños causados en los bosques por animales regulados por ley 2.8.6. Ayudas para la creación de planes de gestión forestal 2.9. Ayuda en el sector forestal equiparada a las medidas agrícolas de ayuda 2.9.1. Ayudas para investigación y desarrollo en el sector forestal 2.9.2. Ayudas para la concentración parcelaria forestal Capítulo 3. Ayudas a las zonas rurales cofinanciadas por el Feader o concedidas como financiación nacional complementaria para tales medidas cofinanciadas 3.1. Ayuda a inversiones relativas a la transformación de productos agrícolas en productos no agrícolas, a la producción de algodón o a inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrícolas 3.2. Ayuda a servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales 3.3. Ayuda destinada a la creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales 3.4. Ayuda para compromisos agroambientales y climáticos destinada a otros gestores de tierras y a empresas de zonas rurales que no actúen en el sector agrícola 3.5. Ayudas por dificultades relacionadas con las zonas de la red Natura 2000 destinadas a otros gestores de tierras 3.6. Ayudas para transferencia de conocimientos y actividades de información en las zonas rurales 3.7. Ayudas para servicios de asesoramiento en zonas rurales 3.8. Ayudas para la participación de los agricultores activos en los regímenes de calidad del algodón o de los productos alimenticios 3.9. Ayuda para actividades de información y promoción relativas al algodón y a los productos alimenticios cubiertos por un régimen de calidad 3.10. Ayudas para cooperación en zonas rurales 3.11. Ayuda a la creación de fondos mutuales PARTE III. CUESTIONES PROCEDIMENTALES 1. Duración de los regímenes de ayuda y evaluación 2. Cláusula de revisión 3. Seguimiento y presentación de informes 4. Aplicación de las presentes Directrices 5. Propuestas de medidas apropiadas 6. Expiración

PARTE I. DISPOSICIONES COMUNES

Capítulo 1. Introducción

1) Según el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («el Tratado»), «salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

2) Sin embargo y pese a la prohibición general, las ayudas estatales pueden ser necesarias para abordar las deficiencias del mercado con el fin de garantizar una economía equitativa y que funcione correctamente. Por lo tanto, el Tratado deja margen para la concesión de ayudas estatales en el ámbito de diversos objetivos políticos. De particular importancia para los sectores agrícola y forestal, de conformidad, en primer lugar, con el artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales u otros acontecimientos de carácter excepcional deben ser compatibles con el mercado interior. En segundo lugar, a la luz del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, la Comisión puede considerar compatibles con el mercado interior las ayudas estatales para promover el desarrollo económico de los sectores agrícola y forestal y de las zonas rurales, siempre que no afecten negativamente a las condiciones comerciales.

3) Además, debido a las características específicas del sector agrícola, el artículo 42 del Tratado dispone que las normas de competencia son aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas solo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo.

4) En las presentes Directrices, la Comisión expone las condiciones y los criterios para que las ayudas al sector agrícola y forestal y las zonas rurales se consideren compatibles con el mercado interior y establece los criterios para determinar las zonas que cumplen las condiciones del artículo 107, apartado 3, del Tratado. En cuanto a las ayudas concedidas con arreglo al artículo 107, apartado 2, letra b), la Comisión establece las condiciones que se verificarán al objeto de determinar si una medida adoptada para reparar los perjuicios causados por desastres naturales u otros acontecimientos de carácter excepcional queda realmente incluida en ese artículo.

5) Las ayudas estatales para promover el desarrollo económico de los sectores agrícola y forestal y de las zonas rurales están incorporadas en la política agrícola común («la PAC»). En el marco de la PAC, la Unión presta apoyo financiero a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales. Dado que los efectos económicos de la ayuda estatal no cambian en función de que esté financiada (o cofinanciada) por la Unión o bien financiada íntegramente por un Estado miembro, la Comisión considera que, en principio, debe existir compatibilidad y coherencia entre su política en materia de control de las ayudas estatales y la ayuda concedida en el marco de la política agrícola común de la Unión. En consecuencia, la concesión de ayudas estatales solamente podrá justificarse si está en consonancia con los objetivos de dicha política y, en particular, con los objetivos subyacentes de la reforma de la PAC para 2020 ( 1 ). Así pues, cuando la Comisión aplica e interpreta las normas de las presentes Directrices a regímenes de ayuda concretos, tiene en cuenta las normas y políticas de la PAC.

6) Los instrumentos europeos siguientes son de particular importancia en materia de ayudas estatales relacionadas con la PAC:

▼M1

a) Reglamento (UE) no 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 3/2008 del Consejo ( 2 ).

▼B

b) Reglamento (UE) no 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 247/2006 del Consejo ( 3 ) y Reglamento (UE) no 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1405/2006 del Consejo ( 4 ). Con arreglo a estos Reglamentos, pueden crearse programas de apoyo que tengan en cuenta las desventajas geográficas y económicas de esas regiones.

c) Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo ( 5 ).

d) Reglamento (UE) no 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo ( 6 ), que tiene por objetivo promover un desarrollo rural sostenible en el conjunto de la Unión, de manera complementaria a los otros instrumentos de la PAC, como pagos directos y medidas de mercado. Contribuye a que el desarrollo del sector agrícola de la Unión sea más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, más respetuoso con el clima, más resistente a los cambios climáticos y más competitivo e innovador, y contribuye al desarrollo de los territorios rurales.

e) Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo ( 7 ).

f) Reglamento (UE) no 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 637/2008 y (CE) no 73/2009 del Consejo ( 8 ), que establece normas sobre los pagos directos abonados directamente a los agricultores en forma de ayuda a la renta básica en virtud de determinados regímenes de ayuda.

g) Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 ( 9 ), que establece normas comunes aplicables a los mercados agrícolas. En concreto, esas normas se refieren a la intervención pública en los mercados, a los regímenes de ayudas y cuotas, a la comercialización y producción y al comercio con terceros países.

7) ►M1 La PAC se asienta en dos pilares: el primero consta de los instrumentos relacionados con el funcionamiento de los mercados agrícolas y la cadena alimentaria (Reglamento (UE) no 228/2013, Reglamento (UE) no 229/2013, Reglamento (UE) no 1308/2013 y Reglamento (UE) no 1144/2014) y con los pagos directos (Reglamento (UE) no 1307/2013) que dependen de los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrícolas y medioambientales. ◄ Combinadas, esas medidas aportan un fundamento de apoyo a los agricultores de la Unión y sientan las bases para mantener la agricultura sostenible en toda ella. Las medidas del primer pilar son obligatorias para los Estados miembros y, con muy escasas excepciones, no están cofinanciadas. De esta manera se garantiza la aplicación de una política común en el mercado interior. El segundo pilar de la PAC es la política de desarrollo rural, que está regulada por el Reglamento (UE) no 1305/2013 y cuyo objetivo es la mejora de la competitividad de la agricultura, la gestión sostenible de los recursos naturales, la acción por el clima y el desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. Las medidas de desarrollo rural son en gran parte voluntarias, tienen carácter contractual, están cofinanciadas y se ejecutan, dentro de un marco estratégico, mediante programas de desarrollo rural que atienden a las prioridades de la Unión en desarrollo rural a escala nacional, regional y local.

8) Con arreglo al artículo 39, apartado 1, del Tratado, los objetivos de la PAC son incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados y garantizar al consumidor suministros a precios razonables. En virtud del artículo 39, apartado 2, del Tratado, en la elaboración de la política agrícola común y sus métodos especiales de aplicación es preciso tener en cuenta las características específicas de las actividades agrícolas, derivadas de la estructura social de la agricultura y de las disparidades estructurales y naturales entre las diferentes regiones; también deben tenerse presentes la necesidad de que, cuando sea necesario llevar a cabo ajustes, estos se hagan de forma gradual, y el hecho de que la agricultura constituye un sector íntimamente ligado a la economía en su conjunto.

9) La agricultura ha de adaptarse a las nuevas realidades, enfrentarse a los retos de la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el cambio climático y mantener viva la economía agrícola. Para afrontar esos importantes desafíos, en su Comunicación sobre la PAC en el horizonte de 2020 ( 10 ), la Comisión ha señalado los objetivos siguientes para la PAC de 2014-2020: 1) producción alimentaria viable; 2) gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima; y 3) desarrollo territorial equilibrado.

10) Como parte integrante de la PAC, la política de desarrollo rural de 2014-2020 contribuirá a lograr los siguientes objetivos: 1) fomentar la competitividad de la agricultura; 2) garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima; y 3) lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo la creación y conservación del empleo. La consecución de estos objetivos de desarrollo rural se perseguirá mediante las prioridades de la Unión en materia de desarrollo rural que se enumeran a continuación: 1) fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales; 2) mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible; 3) fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y la comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrícola; 4) restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura; 5) promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y forestal, y 6) fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales ( 11 ).

11) Los objetivos de la PAC también entran en el ámbito de aplicación de los objetivos establecidos en la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, «Europa 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» ( 12 ) y su iniciativa emblemática en pro de una Europa que utilice eficazmente los recursos ( 13 ), que fija objetivos en áreas tales como la competitividad, el clima, la energía y la biodiversidad.

12) La política de ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales también se ha de integrar en la iniciativa general de la Comisión de modernización de las ayudas estatales. En su Comunicación sobre la modernización de las ayudas estatales ( 14 ), la Comisión enunció tres objetivos que se habían de perseguir mediante la modernización del control de estas ayudas: 1) impulsar un crecimiento sostenible, inteligente e integrador en un mercado interior competitivo; 2) concentrar el examen previo de la Comisión en los asuntos que tengan mayor incidencia sobre el mercado interior reforzando al mismo tiempo la cooperación con los Estados miembros en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales; y 3) racionalizar las normas y acelerar la toma de decisiones. En particular, la Comunicación pedía un enfoque común en la revisión de las distintas directrices y marcos, con el fin de fortalecer el mercado interior, fomentar una mayor eficacia en el gasto público mediante una mejor contribución de las ayudas estatales a los objetivos de interés común y un examen más profundo del efecto incentivador, limitar la ayuda al mínimo necesario y evitar los posibles efectos negativos de la ayuda sobre la competencia y el comercio. Las condiciones de compatibilidad establecidas en las presentes Directrices se basan en esos principios comunes de evaluación y son aplicables a los regímenes de ayudas notificables y a las ayudas individuales.

Capítulo 2. Ámbito de aplicación y definiciones

2.1. Efecto de la PAC y de la política de desarrollo rural en el ámbito de aplicación

13) De conformidad con el artículo 42 del Tratado, en la medida en la que se ven afectados los productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado, las normas sobre ayudas estatales establecidas en los artículos 107 a 109 del Tratado únicamente son aplicables en el grado que determinen el Parlamento Europeo y el Consejo.

14) Como regla general, con arreglo al artículo 211, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1308/2013, las normas sobre ayudas estatales son aplicables a la producción y el comercio de productos agrícolas. ►M1 Sin embargo, hay varias excepciones a este principio general que se establecen, entre otros, en el artículo 23 del Reglamento (UE) no 228/2013, el artículo 17 del Reglamento (UE) no 229/2013, el artículo 13 del Reglamento (UE) no 1307/2013, el artículo 211, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1308/2013 y el artículo 27 del Reglamento (UE) no 1144/2014. ◄

15) En lo referente a la ayuda al desarrollo rural, el principio general de la aplicabilidad de las normas de las ayudas estatales en este contexto queda recogido en el artículo 81, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1305/2013. El artículo 81, apartado 2, y el artículo 82 de ese Reglamento establecen que las normas sobre ayudas estatales no son aplicables a los pagos realizados por los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) no 1305/2013 y en virtud de lo dispuesto en él, ni a la financiación nacional complementaria en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado.

16) Por lo tanto, las normas de las ayudas estatales no se aplican a la cofinanciación de la ayuda al desarrollo rural (ni a la parte del Feader ni a la nacional) y tampoco a la financiación nacional complementaria que se suma a tal ayuda, siempre que las medidas en cuestión estén relacionadas con actividades agrícolas que entran en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado y forman parte del programa de desarrollo rural.

17) No obstante, las normas de las ayudas estatales se aplican plenamente a todas las medidas cofinanciadas de ayuda (tanto a la parte del Feader como a la nacional) y a la financiación nacional complementaria de esas medidas que no entran en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado, prevista en el Reglamento (UE) no 1305/2013 en los casos siguientes: a) medidas de ayuda a actividades en las zonas rurales y b) medidas forestales.

18) Si un Estado miembro tiene intención de financiar exclusivamente con fondos nacionales (es decir, sin cofinanciación del Feader) una medida diseñada en gran parte con arreglo a las condiciones de una medida de desarrollo rural determinada («medida similar a las de desarrollo rural»), las normas de las ayudas estatales son de plena aplicación, independientemente de que la medida entre o no en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado.

2.2. Ámbito de aplicación

19) La Comisión aplicará las presentes Directrices a los regímenes de ayudas y a las ayudas individuales.

20) Las presentes Directrices se aplican a las ayudas estatales a la producción primaria de productos agrícolas, a la transformación de estos productos cuyo resultado sea un producto agrícola y a la comercialización de productos agrícolas.

21) Basándose en las consideraciones generales que se exponen en la sección 2.1 de la parte I de las presentes Directrices, a fin de garantizar la coherencia con la política de desarrollo rural y de lograr una simplificación del cumplimiento de las normas en materia de ayudas estatales, es apropiado incluir también en las presentes Directrices determinadas medidas de desarrollo rural que no entren en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado, bien cofinanciadas por el Feader o mediante financiación nacional suplementaria, así como medidas similares a las de desarrollo rural financiadas exclusivamente con fondos nacionales. Por lo tanto, además del sector agrícola, las presentes Directrices exponen los criterios de compatibilidad de las ayudas estatales para el sector forestal y las ayudas a las empresas que actúen en las zonas rurales, que, de lo contrario, no entran en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado.

22) Al analizar la ayuda estatal y su compatibilidad con los principios generales sobre las ayudas estatales, la Comisión tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) no 1305/2013, así como en sus disposiciones de aplicación y en el acto delegado.

23) A la luz de las consideraciones anteriores, las presentes Directrices comprenden las categorías de ayuda siguientes:

a) medidas del sector agrícola financiadas exclusivamente con fondos nacionales, que pueden ser:

i) medidas similares a las de desarrollo rural que no entren en el marco de los programas de desarrollo rural (sección 1.1 de la parte II de las presentes Directrices);

ii) medidas distintas de las mencionadas en el inciso i) que no entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) no 1305/2013, como determinadas medidas de gestión de riesgos y de crisis, las ayudas al sector ganadero y determinadas medidas de promoción (secciones 1.2 y 1.3 de la parte II de las presentes Directrices);

b) ayudas al sector forestal, que:

i) se pueden conceder como parte de un programa de desarrollo rural o como financiación nacional complementaria de tal medida de desarrollo rural (secciones 2.1 a 2.7 de la parte II de las presentes Directrices);

ii) se pueden financiar exclusivamente con recursos nacionales, en forma de

— medidas forestales similares a las de desarrollo rural previstas en el Reglamento (UE) no 1305/2013 y se conceden de conformidad con las condiciones establecidas en las presentes Directrices (secciones 2.1 a 2.7 de la parte II de las presentes Directrices);

— otras ayudas al sector forestal con objetivos ecológicos, protectores y recreativos (sección 2.8 de la parte II de las presentes Directrices);

— ayudas al sector forestal equiparadas a medidas de ayuda al sector agrícola (sección 2.9 de la parte II de las presentes Directrices);

c) ayudas para empresas de las zonas rurales, que se pueden conceder como:

i) una medida de ayuda incluida en un programa de desarrollo rural y cofinanciada por el Feader en virtud del Reglamento (UE) no 1305/2013 y de conformidad con él, en caso de que la medida de ayuda estatal notificable sea idéntica a la medida del programa de desarrollo rural (capítulo 3 de la parte II de las presentes Directrices); o bien

ii) financiación nacional complementaria vinculada a una medida correspondiente a un programa de desarrollo rural (capítulo 3 de la parte II de las presentes Directrices).

24) Las ayudas para desarrollo local en el marco de LEADER a que se hace referencia en el artículo 35 del Reglamento (UE) no 1303/2013 y en los artículos 42 a 45 del Reglamento (UE) no 1305/2013, que llevan aparejados proyectos individuales diseñados y ejecutados por asociaciones locales para resolver problemas locales específicos, pueden regularse mediante las presentes Directrices siempre que cumplan las condiciones de las correspondientes medidas de desarrollo rural establecidas en las presentes Directrices.

25) En principio, las presentes Directrices son aplicables a la ayuda a las pymes y a las grandes empresas. Las grandes empresas suelen verse menos afectadas por las deficiencias del mercado que las pymes. Además, las grandes empresas de los sectores agrícola y forestal y de las zonas rurales suelen ser agentes importantes en el mercado y, por consiguiente, en determinados casos, las ayudas concedidas a las grandes empresas pueden falsear especialmente la competencia y el comercio en el mercado interior. Las ayudas a las grandes empresas de los sectores agrícola y forestal y de las zonas rurales y a otras grandes empresas pueden falsear también la competencia, por lo que las normas de las ayudas estatales aplicables a las grandes empresas que se recogen en las presentes Directrices se deben armonizar con las normas generales de las ayudas estatales, y deben estar supeditadas a los principios comunes de evaluación establecidos en el capítulo 3 de la parte I de las presentes Directrices. Sin perjuicio de esos principios comunes de evaluación mencionados, en relación con las medidas de desarrollo rural, por razones de consecuencia y coherencia con la política de desarrollo rural, las normas de las ayudas estatales aplicables a las grandes empresas se deben adaptar a las normas pertinentes del Reglamento (UE) no 1305/2013. En cuanto a las medidas de ayuda al sector ganadero, que no entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) no 1305/2013, la Comisión mantiene su política anterior, según la cual las grandes empresas han de ser capaces de financiar los costes de estas medidas por sí mismas. Así pues, las ayudas al sector ganadero se deben limitar a las pymes.

26) Las empresas en crisis ( 15 ) quedan excluidas, en principio, del ámbito de aplicación de las presentes Directrices. La Comisión considera que, cuando una empresa está en crisis financiera, al estar en peligro su propia existencia, no puede considerarse un vehículo apropiados para promover otros objetivos políticos públicos hasta que esté garantizada su viabilidad. Por ello, si el beneficiario de las mismas se encuentra en dificultades financieras a tenor del punto (35)15, las ayudas serán analizadas con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis ( 16 ), tal como se hayan modificado o sustituido. Este principio no se aplica a las ayudas compensatorias destinadas a resarcir los daños causados por desastres naturales y acontecimientos de carácter excepcional mencionados en las secciones 1.2.1.1 y 2.1.3 de la parte II de las presentes Directrices, que son siempre compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado. ►M1 En caso de que la crisis financiera de una explotación de los sectores agrícola y forestal tenga su origen en el riesgo mencionado en las secciones 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5 de la parte II de las presentes Directrices, las ayudas para compensar o reparar las pérdidas o los daños causados por esas situaciones de riesgo y para cubrir los costes de erradicación de plagas vegetales pueden concederse con arreglo a las presentes Directrices y podrán seguir siendo consideradas compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado. Además, por razones de protección de la salud pública y teniendo en cuenta la situación de emergencia, no deberá hacerse distinción alguna, en determinadas condiciones, en cuanto a la situación económica de una empresa con respecto a la ayuda para la destrucción y eliminación del ganado muerto de la sección 1.2.1.4 y la ayuda para medidas de erradicación en el caso de enfermedades animales a que se refiere el punto 375 de la sección 1.2.1.3 de la parte II de las presentes Directrices. ◄

27) Al evaluar la ayuda concedida a una empresa sujeta a una orden de recuperación pendiente emitida a raíz de una decisión anterior de la Comisión por la que una ayuda se declara ilegal e incompatible con el mercado interior, la Comisión tendrá en cuenta el importe de la ayuda todavía por recuperar ( 17 ). ►M1 Lo anterior no es aplicable a las ayudas para la reparación de los daños causados por desastres naturales y acontecimientos de carácter excepcional en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado. ◄

28) La Comisión no autorizará las ayudas para actividades relacionadas con la exportación a terceros países o a Estados miembros que estén vinculadas directamente a las cantidades exportadas, ni las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados, ni las destinadas a la creación y el funcionamiento de redes de distribución, o a sufragar otros gastos relacionados con actividades de exportación. Las ayudas destinadas a sufragar el coste de participación en ferias comerciales o de los estudios o servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente en un nuevo mercado no constituyen, en principio, ayudas a la exportación.

29) Se recuerda a los Estados miembros que, cuando el sistema de financiación (por ejemplo, tasas parafiscales) forma parte integrante de la medida de ayuda, debe notificarse (véanse los apartados 41 a 44 del asunto T-275/11) ( 18 ).

30) La Comisión evaluará caso por caso toda medida de ayuda no regulada por las presentes Directrices ni por ninguna otra norma de ayuda estatal, basándose directamente en el artículo 107, apartado 3, del Tratado, teniendo en cuenta los principios establecidos en los artículos 107, 108 y 109 de este, la política agrícola común y, por analogía, las presentes Directrices, cuando sea posible. Los Estados miembros que notifiquen ayudas estatales que no entren en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices tendrán que demostrar que dichas ayudas cumplen los principios comunes de evaluación recogidos en el capítulo 3 de la parte I de las presentes Directrices. La Comisión solamente aprobará dichas medidas si la contribución positiva al desarrollo del sector supera claramente los riesgos de falseamiento de la competencia en el mercado interior y de distorsión del comercio entre los Estados miembros.

2.3. Normas horizontales e instrumentos de ayuda aplicables a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales

31) En principio, para racionalizar las normas de las ayudas estatales y debido a las similitudes existentes entre las empresas que actúan en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales y las demás empresas, los instrumentos generales de ayuda estatal que establecen los criterios de compatibilidad de las ayudas son aplicables a los sectores regulados por las presentes Directrices. Ello atañe en concreto a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, al Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación ( 19 ), tal como se haya modificado o sustituido, a las Directrices sobre las ayudas estatales para la protección del medio ambiente y la energía para 2014-2020 ( 20 ), tal como se hayan modificado o sustituido, a las Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha ( 21 ), tal como se hayan modificado o sustituido, a las Directrices sobre las ayudas estatales para promover las inversiones de financiación de riesgo ( 22 ), tal como se hayan modificado o sustituido, a la Comunicación de la Comisión — Criterios para el análisis de compatibilidad de ayudas estatales de formación sujetas a notificación individual ( 23 ), tal como se hayan modificado o sustituido, a la Comunicación de la Comisión — Criterios para el análisis de compatibilidad de las ayudas estatales para el empleo de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados sujetas a notificación individual ( 24 ), tal como se hayan modificado o sustituido, y a los instrumentos vinculados a los servicios de interés económico general ( 25 ).

32) Los citados instrumentos horizontales son aplicables a la producción, la transformación y la comercialización de productos agrícolas, salvo que las presentes Directrices prevean normas específicas. Las presentes Directrices establecen medidas específicas de ayuda medioambiental, como la ayuda para compromisos agroambientales y climáticos y compromisos con el bienestar animal (sección 1.1.5 de la parte II), la ayuda para las desventajas relacionadas con las zonas de la red Natura 2000 y con la Directiva marco del agua ( 26 ) (sección 1.1.6 de la parte II) y la ayuda a la agricultura ecológica (sección 1.1.8 de la parte II). Las ayudas a la inversión para alcanzar objetivos medioambientales en el ámbito de la producción agrícola primaria se evaluarán con arreglo a las normas recogidas en la sección 1.1.1.1 de la parte II de las presentes Directrices. Las ayudas para la protección del medio ambiente en favor de empresas dedicadas a la transformación y la comercialización de productos agrícolas se declararán compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen las condiciones aplicables de las Directrices sobre las ayudas estatales para la protección del medio ambiente y la energía para 2014-2020. Las ayudas a la inversión en ahorro de energía, biocombustible y energía procedente de fuentes renovables están excluidas del ámbito de aplicación de los capítulos 2 y 3 de la parte II de las presentes Directrices, ya que este tipo de ayudas deben cumplir las Directrices sobre las ayudas estatales para la protección del medio ambiente y la energía para 2014-2020, salvo que estén exentas de la obligación de notificación. Sin embargo, las ayudas a inversiones vinculadas a la producción agrícola primaria relacionada con la producción de energía procedente de fuentes renovables o a la producción de biocombustibles en las explotaciones pueden entrar en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices, a condición de que dicha producción no supere el consumo medio anual de combustibles o energía de la explotación agrícola en cuestión (sección 1.1.1.1).

33) Las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 ( 27 ) no son aplicables a las ayudas para la producción de productos agrícolas primarios, dadas las características específicas del sector. Sí son aplicables, no obstante, a la transformación y comercialización de productos agrícolas en el grado que se establece en las presentes Directrices.

34) Tanto las normas generales de las ayudas estatales como las disposiciones más específicas contenidas en las presentes Directrices pueden tener por objeto empresas que actúen en el sector forestal o en las zonas rurales. En su caso, las ayudas a las empresas que actúan en el sector forestal o en zonas rurales también pueden ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento con las normas generales de la Unión sobre ayudas estatales (en concreto, con las Directrices sobre las ayudas estatales para 2014-2020, con el Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación y con las Directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente y la energía para 2014-2020).

2.4. Definiciones

35) A efectos de las presentes Directrices, se entenderá por:

1. «ayuda»: cualquier medida que cumple todos los criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado.

2. «sector agrícola»: todas las empresas dedicadas a la producción primaria, transformación o comercialización de productos agrícolas.

3. «producto agrícola»: los productos que figuran en el anexo I del Tratado, excepto los productos de la pesca y de la acuicultura enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) no 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 28 ).

4. «régimen de ayudas»: todo dispositivo con arreglo al cual pueden concederse ayudas individuales a las empresas definidas en un acto de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, y todo dispositivo con arreglo al cual pueden concederse ayudas, no vinculadas a un proyecto específico, a una o varias empresas por un periodo indefinido o por un importe ilimitado.

5. «regiones ultraperiféricas»: las regiones a las que hace referencia el artículo 349, párrafo primero, del Tratado.

6. «islas menores del mar Egeo»: las islas menores a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) no 229/2013 ( 29 ).

7. «programa de desarrollo rural»: programa de desarrollo rural con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1305/2013.

8. «actividad agrícola»: la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas.

9. «bosques»: las tierras con una extensión superior a 0,5 hectáreas, con árboles de una altura superior a 5 metros y una cubierta de copas superior al 10 %, o árboles que puedan alcanzar estos límites mínimos in situ. No incluyen las tierras que se destinen fundamentalmente a uso agrícola o urbano. Un Estado miembro o una región puede optar por aplicar otra definición de bosques basada en la legislación nacional vigente o en el sistema de inventario nacional. Los Estados miembros o las regiones deben ofrecer esa definición en la notificación y, cuando se refiera a una medida de desarrollo rural, se indicará en el programa de desarrollo rural.

10. «producción agrícola primaria»: la producción de productos derivados de la agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado, sin llevar a cabo ninguna otra operación que modifique la naturaleza de dichos productos.

11. «transformación de productos agrícolas»: operación efectuada sobre un producto agrícola cuyo resultado es también un producto agrícola, exceptuando las actividades realizadas en la explotación que sean necesarias para preparar un producto animal o vegetal para la primera venta.

12. «comercialización de productos agrícolas»: la tenencia o exhibición con destino a la venta, la oferta para la venta, la entrega o cualquier otra forma de presentación en el mercado, con excepción de la primera venta por parte de un productor primario a intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un producto para dicha primera venta; la venta por parte de un productor primario a los consumidores finales se considerará comercialización de productos agrícolas si se lleva a cabo en instalaciones independientes reservadas a tal fin.

13. «pymes» o «microempresas, pequeñas y medianas empresas»: empresas que cumplen los criterios establecidos en el anexo 1 del Reglamento (UE) no 702/2014 ( 30 ).

14. «grandes empresas»: empresas que no cumplen los criterios establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) no 702/2014.

15. «empresa en crisis»: una empresa en la que concurra al menos una de las siguientes circunstancias:

a) si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una pyme con menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 31 ) y «capital social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión;

b) si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una pyme con menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la Directiva 2013/34/UE;

c) cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores;

d) cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración;

e) si se trata de una empresa distinta de una pyme, cuando durante los dos ejercicios anteriores:

i) la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 ; y

ii) la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA, se haya situado por debajo de 1,0 .

16. «explotación agrícola»: una unidad que comprende terrenos, locales e instalaciones utilizados para la producción agrícola primaria.

17. «intensidad de ayuda»: la cantidad bruta de ayuda expresada como porcentaje de los costes subvencionables, antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas.

18. «ayuda individual»: una ayuda ad hoc y concesiones de ayuda a beneficiarios individuales sobre la base de un régimen de ayudas.

19. «ayuda ad hoc»: ayuda que no se concede sobre la base de un régimen de ayudas.

20. «equivalente en subvención bruta»: el importe de la ayuda si se hubiese proporcionado en forma de subvención al beneficiario, antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas.

21. «fecha de concesión de la ayuda»: la fecha en que se otorgue al beneficiario el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del régimen legal nacional aplicable.

22. «agrupación y organización de productores»: agrupación u organización creada con el fin de:

a) adaptar a las exigencias del mercado la producción y el rendimiento de los productores que sean miembros de dicha agrupación u organización de productores;

b) comercializar conjuntamente los productos, incluidas la preparación para la venta, la centralización de las ventas y el abastecimiento a los mayoristas;

c) establecer normas comunes relativas a la información sobre la producción, con especial referencia a las cosechas y a la disponibilidad; o

d) potenciar otras actividades que puedan realizar las agrupaciones u organizaciones de productores, tales como el desarrollo de competencias empresariales y comerciales, y la organización y facilitación de procesos innovadores.

23. «anticipo reembolsable»: todo préstamo destinado a un proyecto, abonado en uno o varios plazos, y cuyas condiciones de reembolso dependan del resultado del proyecto.

24. «plagas vegetales»: organismos nocivos tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letra e), de la Directiva 2000/29/CE del Consejo ( 32 ).

25. «inicio de los trabajos del proyecto o de la actividad»: bien el inicio de las actividades o los trabajos de construcción en relación con la inversión, bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos o el empleo de servicios, bien otro compromiso que haga el proyecto o la actividad irreversible, lo que ocurra primero. La adquisición de terrenos y los trabajos preparatorios, como la obtención de permisos o la realización de estudios de viabilidad, no se consideran el inicio de los trabajos del proyecto o de la actividad. La compra de terrenos mencionada en el punto (144)(a), segunda frase, el punto (503)(a), segunda frase, y el punto (636)(a), en la que los costes subvencionables correspondientes a la compra de terrenos equivale al 100 % de los costes de inversión subvencionables, se considera el comienzo del proyecto o de la actividad.

26. «régimen fiscal sucesorio»: un régimen de ayudas en forma de ventajas fiscales que constituya una versión modificada de un régimen existente anteriormente en forma de ventajas fiscales y que lo sustituya.

27. «ganado muerto»: animales que hayan sido sacrificados mediante eutanasia, con o sin diagnóstico definitivo, o que hayan muerto, incluidos los nacidos muertos y los nonatos, en una explotación o cualquier otro local o durante su transporte, pero que no hayan sido sacrificados para el consumo humano.

28. «animal protegido»: cualquier animal protegido, bien por la legislación de la Unión, bien por la normativa nacional.

29. «joven agricultor»: persona que, en el momento de presentar la solicitud de ayuda, no tiene más de cuarenta años, cuenta con la capacitación y la competencia profesionales adecuadas y se establece en una explotación agraria por primera vez como titular de esa explotación.

30. «grandes proyectos de inversión»: inversión en las zonas rurales, mencionada en el capítulo 3 de la parte II de las presentes Directrices, con unos costes subvencionables superiores a 50 millones EUR, calculados a los precios y tipos de cambio vigentes en la fecha de concesión de la ayuda.

31. «importe ajustado de la ayuda»: importe máximo de ayuda que se puede autorizar para un gran proyecto de inversión, calculado con arreglo a la fórmula siguiente: importe máximo de la ayuda = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C) siendo R la intensidad máxima de ayuda aplicable en la zona en cuestión, excluida la intensidad de ayuda incrementada para las pymes; B, la parte de los costes subvencionables comprendidos entre 50 y 100 millones EUR, y C, la parte de los costes subvencionables por encima de 100 millones EUR.

32. «activos materiales»: activos consistentes en terrenos, edificios e instalaciones, maquinaria y equipos.

33. «activos inmateriales»: activos que no tienen una materialización física o financiera, como las patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad intelectual.

34. «fenómeno climático adverso que puede asimilarse a un desastre natural»: condiciones meteorológicas desfavorables, como heladas, tormentas y granizo, hielo, lluvias torrenciales o persistentes o sequía grave, que destruyan más del 30 % de la media de la producción calculada sobre la base de los tres años anteriores o de una media trienal basada en el periodo quinquenal anterior, excluidos los valores más alto y más bajo.

35. «otro fenómeno climático adverso»: condiciones meteorológicas desfavorables que no reúnen las condiciones del punto (35)34 de las presentes Directrices.

36. «accidente medioambiental»: un caso específico de contaminación o degradación de la calidad del medio ambiente que está relacionado con un suceso específico y es de alcance geográfico limitado, que destruye más del 30 % de la producción media anual de la explotación del sector agrícola en los tres años anteriores o de una media trienal basada en el periodo quinquenal anterior, excluidos los valores más alto y más bajo. No se aplica este término a riesgos medioambientales generales que no estén ligados a un suceso específico, tales como el cambio climático o la contaminación atmosférica.

37. «catástrofe»: un suceso imprevisto de índole biótica o abiótica causado por la actividad humana que ocasiona trastornos importantes en las estructuras forestales y acaba generando daños económicos importantes en el sector forestal.

38. «normas de la Unión»: las normas obligatorias recogidas en la legislación de la Unión en las que se establecen los niveles que deben alcanzar las empresas individuales, en particular en lo referente a medio ambiente, higiene y bienestar animal; en consecuencia, las normas u objetivos establecidos a escala de la Unión que sean vinculantes para los Estados miembros, pero no para las empresas individuales, no se considerarán normas de la Unión.

39. «inversión no productiva»: inversión que no genera un aumento importante del valor o de la rentabilidad de la explotación agrícola.

40. «inversiones para cumplir una norma de la Unión»: inversiones realizadas para cumplir una norma de la Unión tras la finalización del periodo transitorio previsto en la legislación de la Unión.

41. «asesoramiento»: asesoramiento completo prestado en el marco de un único y mismo contrato.

42. «libro genealógico»: todo libro, registro, fichero o sistema informático:

a) llevado por una organización o una asociación de ganaderos reconocida oficialmente por un Estado miembro en el que se haya constituido la organización o la asociación de ganaderos; y

b) en el que se inscriban o registren los animales de pura raza para reproducción de una raza determinada, haciendo mención de sus ascendientes.

43. «agricultor activo»: agricultor activo a tenor del artículo 9 del Reglamento (UE) no 1307/2013.

44. «regiones menos desarrolladas»: las regiones cuyo producto interior bruto (PIB) per cápita es inferior al 75 % del PIB medio de la Europa de los Veintisiete.

45. «Europa de los Veinticinco »: los veinticinco Estados miembros de la Unión que eran Estados miembros de la Unión en mayo de 2005.

46. «Europa de los Veintisiete»: los veintisiete Estados miembros de la Unión que eran Estados miembros de la Unión en mayo de 2007.

47. «instalaciones físicas»: trabajos realizados por el agricultor personalmente o por los trabajadores del agricultor, que crean un activo.

48. «pequeñas infraestructuras»: infraestructuras cuyos costes subvencionables se limiten a 2 millones EUR.

49. «biocombustible producido a partir de cultivos alimentarios»: biocombustible producido a partir de cereales y otros cultivos ricos en almidón, azúcares y oleaginosas, tal como se define en la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 98/70/CE relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, presentada por la Comisión ( 33 ).

50. «superficie agrícola»: cualquier superficie dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes, pastizales permanentes o cultivos permanentes, según se define en el artículo 4 del Reglamento (UE) no 1307/2013.

51. «otro gestor de tierras»: empresa que gestiona tierras distinta de una empresa que actúe en el sector agrícola.

52. «coste de transacción»: el coste adicional ligado al cumplimiento de un compromiso aunque no atribuible directamente a su ejecución o no incluido en los costes o las pérdidas de ingresos que se compensan directamente, y que puede calcularse con arreglo a un coste estándar.

53. a efectos de conservación de recursos genéticos en la agricultura y la silvicultura:

a) «conservación in situ»: en la agricultura, la conservación de material genético en ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones de especies o razas silvestres viables en su entorno natural y, en el caso de las razas de animales de explotación o de las especies vegetales cultivadas, en el entorno agrario donde han desarrollado sus propiedades distintivas;

b) «conservación in situ»: en la silvicultura, la conservación de material genético en ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones de especies viables en su entorno natural;

c) «conservación en la explotación agrícola o forestal»: la conservación y el desarrollo en la explotación agrícola o forestal;

d) «conservación ex situ»: la conservación de material genético para la agricultura o la silvicultura fuera de su hábitat natural;

e) «colección ex situ»: una colección de material genético para la agricultura o la silvicultura conservado fuera de su hábitat natural.

54. «productos alimenticios»: productos alimenticios que no son productos agrícolas y que figuran enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 34 ).

55. «costes fijos derivados de la participación en un régimen de calidad»: los costes ocasionados por la inscripción en un régimen de calidad subvencionado y la cuota anual de participación en dicho régimen, incluido, en su caso, el coste de los controles necesarios para comprobar el cumplimiento del pliego de condiciones del régimen de calidad.

56. «cadena de distribución corta»: una cadena de distribución en la que interviene un número limitado de agentes económicos comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y las relaciones geográficas y sociales de cercanía entre los productores, los transformadores y los consumidores.

57. «miembro de la unidad familiar de la explotación»: una persona física o jurídica o un grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación nacional al grupo y a sus miembros, con excepción de los trabajadores de la explotación. En los casos en los que una persona jurídica o un grupo de personas jurídicas sea considerado miembro de la unidad familiar de una explotación, ese miembro deberá ejercer una actividad agrícola en la explotación en el momento en que se presente la solicitud de ayuda.

58. «grupo»: una agrupación constituida por empresas independientes, incluidas nuevas empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como entidades de asesoramiento u organismos de investigación, cuyo objetivo es estimular actividades económicas o innovadoras mediante el fomento de interacciones intensas y de la práctica de compartir instalaciones, intercambiar conocimientos y saberes especializados, así como contribuir con eficacia a la transferencia de conocimiento, el trabajo en red y la divulgación de información entre las empresas integrantes del grupo.

59. «pequeño operador»: una microempresa, tal como se define en la Recomendación 2003/361 de la Comisión ( 35 ), o una persona física que no realice una actividad económica en el momento en que se solicite la ayuda.

60. «mercados locales»:

a) mercados situados en un radio de 75 kilómetros desde la explotación de origen del producto dentro del cual han de tener lugar las actividades de transformación y venta al consumidor final;

b) mercados para los cuales el programa de desarrollo rural respectivo establece un radio kilométrico desde la explotación de origen del producto dentro del cual han de tener lugar las actividades de transformación y venta al consumidor final; o

c) mercados para los cuales el programa de desarrollo rural respectivo establece una definición alternativa convincente.

61. «costes de las pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme transmisible (EET) y la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)»: todos los costes, incluidos los de los kits de prueba y los de obtención, transporte, análisis, almacenamiento y destrucción de las muestras necesarias para el muestreo y las pruebas de laboratorio contempladas en el anexo X, capítulo C, del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 36 ).

62. «organismo de investigación y difusión de conocimientos»: toda entidad (por ejemplo, universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnologías, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación), independientemente de su personalidad jurídica (de Derecho público o privado) o su forma de financiación, cuyo objetivo principal sea realizar, de forma independiente, investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental, como se define en el Marco sobre las ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación, o difundir ampliamente los resultados de esas actividades, mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de tecnología. Cuando una entidad de este tipo también lleve a cabo actividades económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse por separado. Las empresas que puedan ejercer influencia en dichas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no podrán gozar de acceso preferente a las capacidades de investigación de la entidad ni a los resultados que genere.

63. «plena competencia»: condiciones de la transacción entre las partes contratantes que no difieren de las que se estipularían entre empresas independientes y sin elemento alguno de colusión. Toda operación derivada de un procedimiento abierto, transparente e incondicional se considerará conforme con el principio de plena competencia.

64. «gestión sostenible de los bosques»: la utilización de los bosques y de los terrenos arbolados de un modo y con una intensidad tales que conserven su diversidad biológica, su productividad, su capacidad de regeneración, su vitalidad y su capacidad de cumplir, en el presente y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales pertinentes, a escala local, nacional y mundial, sin causar perjuicio alguno a otros ecosistemas.

65. «sistemas agroforestales»: los sistemas de utilización de las tierras que combinan la explotación forestal y la agricultura en las mismas tierras.

66. «árboles de crecimiento rápido»: bosque de cultivo corto cuya tala no se realiza antes de ocho años ni después de veinte.

67. «árboles forestales de cultivo corto»: las especies arbóreas del código NC 0602 90 41 que serán determinadas por los Estados miembros, que están compuestas de cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o tocones permanecen en el suelo después de la cosecha y de los cuales surgen nuevos vástagos en la estación siguiente y con un ciclo máximo de cosecha que será fijado por los Estados miembros tal como dispone el artículo 4, apartado 1, letra k), del Reglamento (UE) no 1307/2013.

68. «zonas con baja densidad de población»: las zonas aceptadas como tales por la Comisión en las decisiones sobre los mapas de ayudas regionales para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.

69. «zonas “a”»: zonas designadas en un mapa de ayudas regionales aprobado para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, en aplicación del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado.

70. «zonas “c”»: zonas designadas en un mapa de ayudas regionales aprobado para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, en aplicación del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado.

71. «zona NUTS 3»: una región especificada en el nivel 3 de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas con arreglo al Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 37 ).

72. «zonas “c” no predeterminadas»: zonas que un Estado miembro designa de forma discrecional como zonas «c», siempre que demuestre que cumplen determinados criterios socioeconómicos y que están designadas en un mapa de ayudas regionales aprobado para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, en aplicación de las disposiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado.

73. «antiguas zonas “a”»: zonas designadas como «zonas “a”» en un mapa regional aprobado para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 30 de enero de 2014.

74. «mapa de ayudas regionales»: lista de zonas designadas por un Estado miembro con arreglo a las disposiciones establecidas en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 y aprobadas por la Comisión.

75. «transformación de productos agrícolas en productos no agrícolas»: operación efectuada sobre un producto agrícola cuyo resultado es un producto no agrícola.

76. «plan de evaluación»: documento que contiene al menos los elementos mínimos siguientes: los objetivos del régimen de ayudas que debe evaluarse; las preguntas de la evaluación; los indicadores de resultados; la metodología prevista para realizar la evaluación; los requisitos aplicables a la recogida de datos; el calendario propuesto para efectuar la evaluación, incluida la fecha de presentación del informe final de evaluación; la descripción del organismo independiente que realice la evaluación o los criterios que se vayan a utilizar para su selección y las medidas para garantizar la publicidad de la evaluación.

2.5. Ayudas notificables

36) Cuando se cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 1, del Tratado, los Estados miembros deberán notificar a la Comisión las ayudas concedidas en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado y no pondrán en vigor la medida propuesta hasta obtener una decisión final respecto de este procedimiento, excepción hecha de las medidas que cumplan las condiciones establecidas en un reglamento de exención por categorías.

37) Las ayudas individuales concedidas sobre la base de un régimen de ayudas seguirán sujetas a la obligación de notificación en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado, en caso de que superen los umbrales de notificación siguientes:

a) ayudas individuales a la inversión para la transformación y la comercialización de productos agrícolas con arreglo a la sección 1.1.1.4 de la parte II de las presentes Directrices: costes subvencionables superiores a 25 millones EUR, o cuando el equivalente en subvención bruta supere 12 millones EUR;

b) ayudas para campañas de promoción con arreglo a la sección 1.3.2 de la parte II de las presentes Directrices: campañas de promoción con un presupuesto anual superior a 5 millones EUR;

c) ayudas individuales a la inversión concedidas con arreglo a las secciones 3.1, 3.2, 3.6 y 3.10 del capítulo 3 de la parte II de las presentes Directrices:







Intensidad de ayuda Umbral de notificación 10 % 7,5 millones EUR 15 % 11,25 millones EUR 25 % 18,75 millones EUR 35 % 26,25 millones EUR 50 % o más 37,5 millones EUR

Capítulo 3. Principios comunes de evaluación

38) Para evaluar si una medida de ayuda notificada puede considerarse compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, del Tratado, la Comisión generalmente analiza si el diseño de la medida de ayuda garantiza que la incidencia positiva de la ayuda en pos de un objetivo de interés común supere sus potenciales efectos negativos para el comercio y la competencia.

39) La Comunicación sobre la modernización de las ayudas estatales pedía la identificación y definición de principios comunes aplicables a la evaluación de la compatibilidad de todas las medidas de ayuda llevadas a cabo por la Comisión. A estos efectos, la Comisión considerará una medida de ayuda compatible con el Tratado solo si satisface cada uno de los criterios siguientes:

a) contribución a un objetivo bien definido de interés común: una medida de ayuda estatal debe buscar un objetivo de interés común, de conformidad con el artículo 107, apartado 3, del Tratado;

b) necesidad de intervención estatal: una medida de ayuda estatal debe ir destinada a una situación en la que la ayuda produzca una mejora importante que el mercado no pueda conseguir por sí solo, mediante la resolución de una deficiencia concreta del mercado;

c) idoneidad de la medida de ayuda: la medida de ayuda propuesta debe ser un instrumento político adecuado para alcanzar el objetivo de interés común;

d) efector incentivador: la ayuda debe cambiar el comportamiento de la empresa o las empresas en cuestión de tal manera que estas emprendan una actividad complementaria que no realizarían sin la ayuda, o que realizarían de una manera limitada o diferente;

e) proporcionalidad de la ayuda (ayuda limitada al mínimo necesario): el importe de la ayuda debe limitarse al mínimo necesario para inducir la actividad en el sector de que se trate;

f) evitación de efectos negativos indebidos importantes en la competencia y el comercio entre los Estados miembros: los efectos negativos de la ayuda deben limitarse lo suficiente para que el balance general de la medida sea positivo;

g) transparencia de la ayuda: los Estados miembros, la Comisión, los agentes económicos y el público deben tener fácil acceso a todos los actos y a la información pertinentes sobre la ayuda concedida.

40) El balance general de determinadas categorías de regímenes podrá estar sujeto, además, a un requisito de evaluación a posteriori, tal como se describe en los puntos (721) a (724). En tales casos, la Comisión puede limitar la duración de dichos regímenes (generalmente a cuatro años o menos) con posibilidad de notificar de nuevo su prórroga posteriormente.

41) Además, si una medida de ayuda estatal o las condiciones inherentes a la misma (incluido su modo de financiación, cuando forma parte integrante de ella) entrañan de forma indisociable una infracción del Derecho de la Unión, la ayuda no podrá declararse compatible con el mercado interior ( 38 ). En concreto, se considera que la ayuda siguiente entraña de forma indisociable una infracción del Derecho de la UE:

a) las ayudas cuya concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario tenga su sede en el Estado miembro pertinente o de que esté establecido principalmente en ese Estado miembro;

b) las ayudas cuya concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario utilice bienes de producción nacional o servicios nacionales;

c) las ayudas que restrinjan la posibilidad de que los beneficiarios exploten los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación en otros Estados miembros.

42) Los principios comunes de evaluación se han de estudiar en el contexto específico de la PAC. Por lo tanto, estas consideraciones generales de política de la competencia se aplican a todas las ayudas contempladas en las presentes Directrices, a menos que se establezcan excepciones en las secciones 3.1 a 3.7 de la parte I de dichas Directrices, debido a consideraciones particulares aplicables al sector agrícola.

3.1. Contribución a un objetivo común

43) Los objetivos de las ayudas a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales son garantizar una producción de alimentos viable y promover el uso eficiente y sostenible de los recursos a fin de alcanzar un crecimiento inteligente y sostenible.

44) Las ayudas a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales deben estar estrechamente relacionadas con la PAC, ser coherentes con los objetivos de desarrollo rural mencionados en el punto (10) de las presentes Directrices y ser compatibles con las normas de la organización común de mercados de los productos agrícolas.

Objetivos de desarrollo rural

45) Los objetivos de desarrollo rural, conjuntamente con los principios generales sobre ayudas estatales, se tendrán en cuenta para la evaluación de la compatibilidad de la ayuda.

46) La Comisión considera que las medidas, ejecutadas con arreglo al Reglamento (UE) no 1305/2013 y de conformidad con él y con sus actos de ejecución y delegados o como una financiación nacional complementaria en el marco de un programa de desarrollo rural, son por sí coherentes con los objetivos de desarrollo rural y contribuyen a ellos.

47) En cuanto a las medidas similares a las de desarrollo rural financiadas exclusivamente mediante fondos nacionales, a fin de garantizar la coherencia con las medidas de desarrollo rural cofinanciadas por el Feader en virtud de los programas de desarrollo rural, los Estados miembros deberán demostrar que las ayudas estatales consideradas se ajustan a los programas de desarrollo rural pertinentes y son coherentes con ellos. Toda notificación deberá ir acompañada de la documentación correspondiente.

▼M1

48) La Comisión considera que el principio de la contribución a los objetivos de desarrollo rural se cumple por lo que respecta a las medidas de ayuda de las secciones 1.1.10.3, 1.2, 1.3, 2.8 y 2.9 de la parte II de las presentes Directrices, que están fuera del ámbito de aplicación del desarrollo rural, dado que la Comisión ha adquirido suficiente experiencia en cuanto a la contribución de esas medidas a los objetivos de desarrollo rural.

▼B

Condiciones adicionales aplicables a las ayudas notificables individualmente sobre la base de un régimen

49) Al conceder las ayudas a proyectos de inversión notificables individualmente sobre la base de un régimen, la autoridad otorgante deberá demostrar que el proyecto seleccionado contribuirá al objetivo del régimen y, por lo tanto, a los objetivos de las ayudas a los sectores agrícola y forestal y las zonas rurales. Para ello, los Estados miembros podrán basarse en la información facilitada por el solicitante de la ayuda, cuando deban describirse los efectos positivos de la inversión.

Normas de la organización común de mercados de los productos agrícolas

50) Dado el carácter específico del sector agrícola ( 39 ), aunque las normas de las ayudas estatales sean generalmente aplicables a este sector, su aplicación, no obstante, sigue estando supeditada a las disposiciones establecidas en los reglamentos del primer pilar de la PAC. En otras palabras, el recurso de los Estados miembros a las medidas de ayuda estatal no puede prevalecer sobre el Reglamento (UE) no 1308/2013 ( 40 ). Por consiguiente, la Comisión no autorizará ayudas estatales incompatibles con las disposiciones que regulen la organización común de mercado o que entorpezcan el correcto funcionamiento de esta.

51) Se establecen condiciones específicas adicionales sobre el cumplimiento de los principios de la organización común de mercados de los productos agrícolas en la sección 1.1.1.1, relativa a la ayuda a la inversión en las explotaciones agrícolas vinculadas a la producción agrícola primaria, en la sección 1.1.4, relativa a las ayudas a la puesta en marcha de las agrupaciones y organizaciones de productores, y en la sección 1.2.2, relativa a las ayudas al abandono de capacidades de producción, de la parte II de las presentes Directrices.

Objetivos medioambientales

52) De conformidad con el artículo 11 del Tratado: «Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible». La base jurídica de las medidas medioambientales importantes del primer y segundo pilares de la PAC es el artículo 11 del Tratado. De conformidad con esta exigencia, las prioridades de desarrollo rural de la Unión deben procurar alcanzarse en el marco del desarrollo sostenible. La promoción por la Unión del objetivo de proteger el medio ambiente tal como se establece en el artículo 11 del Tratado también tiene en cuenta el principio de quien contamina paga ( 41 ). Por lo tanto, en las futuras notificaciones de ayudas estatales se deberá prestar una atención especial a las cuestiones medioambientales. En el futuro, toda notificación de una ayuda estatal deberá contener una evaluación en la que se indique si se prevé que la actividad subvencionada va a tener efectos en el medio ambiente o no. En los casos en que se produzcan efectos en el medio ambiente, las notificaciones de ayudas estatales deberán aportar información que demuestre que la medida de ayuda no supondrá una infracción de la legislación de la Unión europea aplicable en materia de protección del medio ambiente. ►M1 Por ejemplo, en el caso de un régimen de ayudas a la inversión dirigidas a aumentar la producción y que supongan un mayor uso de recursos escasos o un aumento de la contaminación, se habrá de demostrar que el régimen no dará lugar a una infracción de la legislación aplicable de la Unión, incluida la legislación de protección del medio ambiente ( 42 ), ni de las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) de la condicionalidad establecidas en virtud del Reglamento (UE) no 1306/2013. ◄ Cuando se notifiquen ayudas estatales, lo cual forma parte del programa de desarrollo rural, el requisito medioambiental de la medida de ayuda estatal deberá ser idéntico al de la medida de desarrollo rural.

3.2. Necesidad de la intervención estatal

53) Para evaluar si la ayuda estatal es necesaria para lograr el objetivo de interés común, primero es necesario diagnosticar el problema que hay que resolver. La ayuda estatal debe ir dirigida a situaciones en las que pueda aportar una mejora importante que el mercado no sea capaz de lograr por sí mismo.

54) En determinadas condiciones, las ayudas estatales pueden corregir realmente deficiencias del mercado, contribuyendo así al funcionamiento eficiente de los mercados y mejorando la competitividad. Por otra parte, cuando los mercados ofrecen resultados eficientes pero no se consideran satisfactorios desde el punto de vista de la equidad o la cohesión, puede recurrirse a la ayuda estatal para lograr unos resultados más aceptables y equitativos.

55) A los efectos de las presentes Directrices, la Comisión considera que el mercado no está alcanzando los objetivos previstos sin intervención del Estado con respecto al cumplimiento por las medidas de ayuda de las condiciones específicas establecidas en la sección II de las presentes Directrices. Por lo tanto, esta ayuda debe considerarse necesaria para alcanzar los objetivos de interés común especificado en la sección 3.1 de la parte I de las presentes Directrices.

3.3. Idoneidad de una ayuda

56) La medida de ayuda propuesta debe ser un instrumento político adecuado para dar respuesta al objetivo político en cuestión. Una medida de ayuda no se considerará compatible si otros instrumentos políticos u otros tipos de ayuda menos falseadores permiten alcanzar la misma contribución positiva a los objetivos de la PAC y, en concreto, del desarrollo rural. Conviene tener presente que puede haber otros instrumentos más idóneos para alcanzar esos objetivos, como la regulación, los instrumentos de mercado, el desarrollo de las infraestructuras o la mejora del entorno empresarial.

Idoneidad de los instrumentos políticos alternativos

57) La Comisión considera que las ayudas concedidas a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales que cumplan las condiciones específicas establecidas en las secciones correspondientes de la parte II de las presentes Directrices son un instrumento estratégico adecuado.

58) Cuando un Estado miembro decida crear una medida de ayuda similar a las de desarrollo rural financiada exclusivamente con fondos nacionales y esa misma medida esté prevista en el programa de desarrollo rural pertinente, el Estado miembro deberá demostrar las ventajas que presenta su instrumento de ayuda nacional en comparación con la medida del programa de desarrollo rural.

Idoneidad de los instrumentos de ayuda diferentes

59) Las ayudas pueden concederse bajo distintas formas. El Estado miembro debe, no obstante, garantizar que la ayuda se concede en la forma que probablemente generará menos falseamientos del comercio y la competencia.

60) Cuando se prevea una forma específica para una medida de ayuda descrita en la parte II de las presentes Directrices, dicha forma se considerará un instrumento de ayuda apropiado a efectos de las presentes Directrices.

61) Con respecto a las medidas de desarrollo rural cofinanciadas por el Feader o concedidas como una financiación complementaria para tales medidas cofinanciadas de desarrollo rural, la Comisión considera además que las ayudas concedidas en la forma prevista en la respectiva medida de desarrollo rural es un adecuado instrumento de ayuda.

62) En lo tocante a las ayudas a la inversión no reguladas por el Reglamento (UE) no 1305/2013 que formen parte del programa de desarrollo rural o constituyan una financiación complementaria de esa medida de desarrollo rural, cuando la ayuda se conceda en formas que aporten una ventaja pecuniaria directa (por ejemplo, las subvenciones directas, las exenciones o las reducciones fiscales o de las cotizaciones sociales u otros gastos obligatorios, etc.), el Estado miembro deberá demostrar por qué son menos adecuadas otras formas de ayuda potencialmente menos falseadoras, como los anticipos reembolsables o las formas de ayuda basadas en instrumentos de deuda o capital (por ejemplo, los préstamos a tipo reducido o las bonificaciones de intereses, las garantías estatales o la obtención alternativa de capital en condiciones favorables).

63) Por lo que se refiere a las medidas forestales de la sección 2.8 de la parte II de las presentes Directrices, los Estados miembros deberán demostrar que los objetivos ecológicos, protectores y recreativos a los que van dirigidas no se pueden alcanzar con las medidas forestales similares a las de desarrollo rural de los capítulos 2.1 a 2.7 de la parte II de las presentes Directrices.

64) En caso de que haya diversas categorías de ayuda, como ayuda destinada a compensar los costes de las actividades de elaboración de estudios de mercado, la concepción y creación de productos y la preparación de solicitudes de reconocimiento de regímenes de calidad, ayuda para transferencia de conocimientos y acciones informativas, ayuda para servicios de asesoramiento, ayuda para servicios de sustitución en la explotación, ayuda para medidas de promoción, ayuda para la compensación de los costes de prevención y erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales y ayudas al sector ganadero, la ayuda deberá concederse a sus beneficiarios finales de manera indirecta, en especie, por medio de servicios subvencionados. En estos casos, la ayuda se abonará al prestador del servicio o la actividad de que se trate.

65) La evaluación de la compatibilidad de una medida de ayuda con el mercado interior se entiende sin perjuicio de las normas aplicables en materia de contratación pública, así como de los principios de transparencia, apertura y no discriminación del proceso de selección de un proveedor de servicios.

3.4. Efecto incentivador y carácter necesario de la ayuda

66) Las ayudas a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales solo podrán considerarse compatibles con el mercado interior si tienen efecto incentivador. Existe un efecto incentivador cuando la ayuda cambia el comportamiento de una empresa de tal modo que esta emprenda una actividad adicional que contribuya al desarrollo del sector, actividad que no habría realizado sin la ayuda, o que solo habría emprendido de una manera limitada o diferente. Sin embargo, la ayuda no debe subvencionar los costes de una actividad en los que la empresa habría incurrido en cualquier caso, ni debe compensar el riesgo empresarial normal de una actividad económica.

67) Salvo las excepciones previstas expresamente por la legislación de la Unión o por las presentes Directrices, las ayudas estatales unilaterales cuyo objetivo sea simplemente mejorar la situación financiera de las empresas, sin contribuir en modo alguno al desarrollo del sector y, en particular, las que se concedan basándose únicamente en el precio, la cantidad, la unidad de producción o la unidad de los medios de producción se considerarán ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado interior. Además, por su propia naturaleza, dichas ayudas probablemente interferirán con los mecanismos que regulan la organización del mercado interior.

68) Las mismas razones han inducido a la Comisión a autorizar las ayudas para facilitar el cumplimiento de las normas obligatorias solo en la medida en que cumplan los objetivos de la política de desarrollo rural.

69) Por los mismos motivos, la ayuda concedida con arreglo a las secciones 1.2 y 2.8.5 de la parte II de las presentes Directrices deberá limitarse a apoyar a las empresas de los sectores agrícola y forestal que se enfrentan con diversas dificultades a pesar de haber realizado esfuerzos razonables para minimizar los riesgos. La ayuda estatal no deberá incitar a las empresas a correr riesgos innecesarios. Las propias empresas de los sectores agrícola y forestal deben asumir las consecuencias de elecciones imprudentes de métodos de producción o productos.

70) Por las mismas razones, la Comisión considera que las ayudas nunca ofrecen incentivos al beneficiario cuando el trabajo del proyecto o de la actividad correspondiente ya se haya iniciado antes de la presentación de la solicitud de ayuda por el beneficiario a las autoridades nacionales.

71) La solicitud de ayuda deberá incluir como mínimo el nombre del solicitante y el tamaño de la empresa, una descripción del proyecto o la actividad que incluya su localización y las fechas de inicio y final, el importe de la ayuda necesaria para llevarlo a cabo y los costes subvencionables.

72) Además, las grandes empresas deberán describir en la solicitud la situación sin la ayuda, la situación mencionada como hipótesis contrafactual o como proyecto o actividad alternativos, y deberán presentar pruebas documentales en apoyo de la hipótesis contrafactual descrita en la solicitud.

73) Al recibir una solicitud, la autoridad otorgante deberá comprobar la credibilidad de la hipótesis contrafactual y confirmar que las ayudas tienen el efecto incentivador exigido. Una situación contrafactual es creíble si es auténtica y guarda relación con los factores decisorios imperantes en el momento de la decisión del beneficiario por lo que se refiere al proyecto o a la actividad de que se trate.

74) No obstante lo dispuesto en los puntos (70) a (73), se considerará que la ayuda en forma de ventajas fiscales concedida a pymes tiene efecto incentivador si el régimen de ayuda establece un derecho a la ayuda con arreglo a criterios objetivos y sin que el Estado miembro tenga que volver a ejercer su poder discrecional y si dicho régimen ha sido adoptado y ha entrado en vigor antes de comenzarse a trabajar en el proyecto o actividad subvencionados. Este requisito no se aplica en el caso de regímenes fiscales sucesorios, siempre y cuando la actividad ya esté cubierta por los regímenes previos en forma de ventajas fiscales.

75) No obstante lo dispuesto en los puntos (70) a (74), las siguientes categorías de ayudas de las presentes Directrices no están obligadas a tener un efecto incentivador o se considera que lo tienen:

a) los regímenes de ayudas para la concentración parcelaria de conformidad con la sección 1.3.4. y la sección 2.9.2. y los regímenes de ayudas con objetivos ecológicos, protectores y recreativos de conformidad con la sección 2.8 de la parte II y si:

(i) el régimen de ayudas establece un derecho a la ayuda de acuerdo con criterios objetivos y sin que el Estado miembro tenga que volver a ejercer su poder discrecional;

(ii) el régimen de ayudas ha sido aprobado y entrado en vigor antes de que el beneficiario incurra en los costes subvencionables de las secciones 1.3.4, 2.9.2 y 2.8.; y

(iii) el régimen de ayudas solo cubre las pymes;

b) ayudas para paliar las desventajas relacionadas con las zonas Natura 2000 y la Directiva marco sobre el agua, concedidas a las pymes de conformidad con la sección 1.1.6 de la parte II;

c) ayudas a las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, de conformidad con la sección 1.1.7 de la parte II;

d) ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional, de conformidad con la sección 1.2.1.1 de la parte II;

e) ayudas destinadas a compensar los daños causados por fenómenos climáticos adversos que pueden asimilarse a un desastre natural, con arreglo a las condiciones establecidas en la sección 1.2.1.2 de la parte II;

▼M1

f) ayudas destinadas a compensar los costes de prevención, control y erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales y las pérdidas causadas por dichas enfermedades y plagas, con arreglo a las condiciones establecidas en la sección 1.2.1.3 de la parte II;

▼B

g) ayudas para cubrir los costes de la eliminación y la destrucción del ganado muerto, con arreglo a las condiciones establecidas en la sección 1.2.1.4 de la parte II;

h) ayudas destinadas a compensar los daños causados por animales protegidos, con arreglo a las condiciones establecidas en la sección 1.2.1.5 de la parte II;

i) ayudas destinadas a reparar los daños en los bosques causados por animales regulados por ley, con arreglo a las condiciones establecidas en la sección 2.8.5 de la parte II;

j) ayudas a la inversión para el cumplimiento de normas, de conformidad con el punto (148), letras a) y b);

k) ayudas a la inversión para el cumplimiento de normas, concedidas a las pymes de conformidad con el punto (148), letra c); podrá considerarse que las ayudas a la inversión para el cumplimiento de normas concedidas a grandes empresas con arreglo a lo dispuesto en el punto (148), letra c), tienen un efecto incentivador, cuando la empresa afectada pueda demostrar que, sin la ayuda, correría el riesgo de cierre;

l) ayudas a la inversión para la conservación del patrimonio cultural y natural en la explotación agrícola, de conformidad con lo dispuesto en la sección 1.1.1.2 de la parte II, con excepción de la ayuda individual superior a 500 000 EUR por empresa y por proyecto de inversión;

▼M1

m) ayudas para medidas de promoción, de conformidad con el punto 464, letras b), c) y d);

▼B

n) ayudas de investigación y desarrollo en los sectores agrícola y forestal, de conformidad con lo dispuesto en la sección 1.3.6 y en la sección 2.9.1 de la parte II;

o) ayudas para el mantenimiento, la recuperación y la mejora del patrimonio cultural y natural de los pueblos, los paisajes rurales y las zonas de gran valor natural, de conformidad con lo dispuesto en el punto (645), letra e); esta excepción no se aplica a las ayudas a la inversión relacionadas con el patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas de alto valor natural, que superen los umbrales de notificación fijados en el punto (37), letra c);

p) ayudas para la elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los municipios y poblaciones de las zonas rurales y sus servicios básicos, y de planes de protección y gestión correspondientes a sitios de la red Natura 2000 y otras zonas de gran valor natural, de acuerdo con el punto (644), letra a);

q) ayudas para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales, fenómenos meteorológicos adversos, plagas vegetales, enfermedades animales, catástrofes y sucesos derivados del cambio climático, de conformidad con la sección 2.1.3 de la parte II;

▼M1

r) ayudas para los costes de tratamiento y la prevención de la propagación de plagas y enfermedades de los árboles y ayudas destinadas a reparar los daños causados por plagas y enfermedades de los árboles, de conformidad con la sección 2.8.1 de la parte II;

▼M2

s) ayuda para la participación de los agricultores activos en los regímenes de calidad del algodón y de los productos alimenticios, de conformidad con la sección 3.8 de la parte II.

▼B

Condiciones adicionales para las ayudas a las inversiones notificables individualmente

76) Además de los requisitos expuestos más arriba, tratándose de ayudas a las inversiones notificables individualmente, el Estado miembro tendrá que aportar pruebas claras de que la ayuda tiene un impacto real en la elección de la inversión. Para permitir una evaluación completa, el Estado miembro debe aportar no sólo información referente al proyecto beneficiario, sino también una descripción completa de la hipótesis contrafactual, suponiendo que ninguna autoridad pública concediera una ayuda al beneficiario.

77) Se invita a los Estados miembros a basarse en documentos oficiales, como documentos del Consejo de Administración, evaluaciones de riesgo que incluyan una evaluación de los riesgos inherentes a la localización, informes financieros, planes internos de negocios, dictámenes de expertos y otros estudios relacionados con el proyecto de inversión objeto de la evaluación. Los documentos que contengan información sobre previsiones de la demanda, de costes y financieras, los documentos presentados a un comité de inversión y que desarrollen varias hipótesis de inversión, o los documentos facilitados a las instituciones financieras podrían ayudar a los Estados miembros a demostrar el efecto incentivador.

78) En este contexto, el nivel de rentabilidad se podrá evaluar por referencia a los métodos que son práctica estándar en el sector en cuestión, como los métodos para evaluar el valor actual neto del proyecto (VAN) ( 43 ), la tasa interna de rentabilidad (TIR) ( 44 ) o la rentabilidad media de los fondos invertidos (ROCE). La rentabilidad del proyecto deberá compararse con las tasas normales de rentabilidad aplicadas por la empresa a otros proyectos de inversión de índole similar. Si no se dispone de estas tasas, la rentabilidad del proyecto se comparará con el coste de capital de la empresa en su conjunto o con la tasa de rentabilidad registrada habitualmente en el sector en cuestión.

79) Si no se conoce una hipótesis contrafactual, el efecto incentivador podrá suponerse cuando exista un déficit de financiación, es decir, cuando los costes de inversión superen al valor actual neto de las previsiones de beneficios de la inversión sobre la base de un plan empresarial previo.

80) Si la ayuda no modifica la conducta del beneficiario estimulando la inversión adicional, no tiene efectos positivos para el desarrollo del sector de que se trate. Por tanto, la ayuda no se aprobará cuando esté claro que las mismas inversiones se efectuarían de todas formas sin ella.

3.5. Proporcionalidad de la ayuda

81) Se considera que la ayuda en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales es proporcional si el importe de la ayuda por beneficiario se limita al mínimo necesario para alcanzar el objetivo común perseguido.

Intensidades máximas de ayuda e importes máximos de ayuda

82) En principio, para que la ayuda sea proporcional, la Comisión considera que el importe de la ayuda no debe superar los costes subvencionables. Ello se entiende sin perjuicio de las reglas aplicables a los incentivos medioambientales o a otros incentivos públicos que se establecen explícitamente en las secciones 1.1.3.y 1.2.2 de la parte II de las presentes Directrices.

83) Para garantizar la previsibilidad y unas condiciones equitativas, en las presentes Directrices la Comisión aplica además intensidades máximas de ayuda. Cuando no pueda fijarse la intensidad máxima de la ayuda, por ejemplo en el caso de ayudas iniciales a los jóvenes agricultores y al desarrollo de pequeñas explotaciones agrícolas, deberán establecerse importes máximos de ayuda definidos en términos nominales, con objeto de garantizar la proporcionalidad de la ayuda.

84) Si los costes subvencionables se han calculado correctamente y se respetan la intensidad máxima de las ayudas o el importe máximo de las ayudas establecidos en la parte II de las presentes Directrices, se considerará que el criterio de proporcionalidad se cumple.

85) La intensidad máxima de ayuda y el importe de ayuda debe calcularlos la autoridad otorgante al conceder la ayuda. Los costes subvencionables deberán ser avalados por pruebas documentales claras, específicas y actualizadas. A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, todas las cifras empleadas deberán entenderse antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas.

86) El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no es subvencionable, excepto cuando no sea reembolsable en virtud de la legislación nacional correspondiente.

87) Cuando se conceda una ayuda bajo una modalidad distinta de la subvención, el importe de la ayuda será el equivalente en subvención bruta.

88) La ayuda pagadera en varios plazos se actualiza a su valor en el momento de su concesión. Los costes subvencionables se actualizan a su valor en el momento de la concesión. El tipo de interés que se debe emplear a efectos de actualización será el tipo de actualización aplicable en la fecha de concesión de la ayuda.

89) Cuando la ayuda se conceda mediante beneficios fiscales, el cálculo actualizado de los tramos de ayuda se basará en los tipos de actualización aplicables en los distintos momentos en que se hagan efectivos los beneficios fiscales.

90) En lo referente a las ayudas a la inversión en zonas rurales, la intensidad máxima de la ayuda destinada a grandes proyectos de inversión se deberá reducir al importe ajustado de la ayuda definido en el punto (35).31. Además, los grandes proyectos de inversión no se podrán beneficiar de las mayores intensidades de las ayudas destinadas a las pymes.

91) En caso de que los compromisos de las secciones 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 y 3.4 de la parte II de las presentes Directrices se expresen en unidades distintas de las que figuran en el anexo II del Reglamento (UE) no 1305/2013, los Estados miembros podrán calcular los pagos basándose en esas unidades. En tales casos, los Estados miembros deberán garantizar el cumplimiento de los importes máximos anuales.

92) Con excepción de la ayuda para compromisos para la cría de razas locales en peligro de abandono a que se hace referencia en la sección 1.1.5.1, la ayuda de las secciones 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 y 3.4 de la parte II de las presentes Directrices no puede concederse por unidad de ganado mayor. Los tipos de conversión de las diferentes categorías de animales a unidades de ganado mayor figuran en el anexo II del acto de aplicación del Reglamento (UE) no 1305/2013.

93) ►M2 Los Estados miembros podrán fijar el importe de la ayuda para las medidas o tipos de operaciones mencionados en las secciones 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.4 y 3.5 de la parte II de las presentes Directrices sobre la base de hipótesis estándar de los costes adicionales y de las pérdidas de ingresos. ◄ Los Estados miembros deberán cerciorarse de que los cálculos y la ayuda correspondiente a) contengan únicamente elementos comprobables; b) se basen en cifras determinadas por los expertos pertinentes; c) indiquen claramente la fuente de las cifras; d) se diferencien en función de las condiciones regionales o locales y la utilización real de las tierras, según proceda; y e) no contengan elementos vinculados con los costes de invers