2009L0138 — ES — 09.12.2011 — 001.001

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►B DIRECTIVA 2009/138/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 335, 17.12.2009, p.1)

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DIRECTIVA 2009/138/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,

de 25 de noviembre de 2009,

sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)

(versión refundida)

(Texto pertinente a efectos del EEE)







EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 47, apartado 2, y su artículo 55, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 1 ), Previa consulta al Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado ( 2 ), Considerando lo siguiente: (1) Es preciso introducir una serie de modificaciones importantes en la Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio ( 3 ), en la Directiva 78/473/CEE del Consejo, de 30 de mayo de 1978, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de coaseguro comunitario ( 4 ), en la Directiva 87/344/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica ( 5 ), en la Segunda Directiva 88/357/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo, distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios ( 6 ), en la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) ( 7 ), en la Directiva 98/78/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros ( 8 ), en la Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros ( 9 ), en la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida ( 10 ), y en la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro ( 11 ). Con fines de claridad, resulta oportuno refundir dichas Directivas. (2) A fin de facilitar el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio, es necesario eliminar las diferencias más importantes entre las legislaciones de los Estados miembros en lo que respecta a la regulación de las empresas de seguros y de reaseguros. En consecuencia, resulta oportuno establecer un marco legal dentro del cual las empresas de seguros y de reaseguros desarrollen la actividad aseguradora en todo el mercado interior, haciendo así más fácil para las empresas de seguros y de reaseguros con domicilio social en la Comunidad la cobertura de los riesgos y los compromisos localizados en ella. (3) Desde la óptica del correcto funcionamiento del mercado interior, es conveniente establecer normas coordinadas referentes a la supervisión de los grupos de seguros y, con vistas a la protección de los acreedores, a los procedimientos de saneamiento y liquidación de las empresas de seguros. (4) Es conveniente que algunas empresas que prestan servicios de seguro no estén sujetas al sistema establecido por la presente Directiva en razón de sus dimensiones, su régimen jurídico, su naturaleza — al estar estrechamente vinculadas a regímenes públicos de seguro — o los servicios específicos que ofrecen. Asimismo, resulta oportuno excluir ciertos organismos de diversos Estados miembros cuya actividad se circunscribe a un sector sumamente limitado y queda restringida por ley a un determinado territorio o a determinadas personas. (5) Se excluyen del ámbito de aplicación de la presente Directiva las empresas de seguros muy pequeñas que cumplen ciertas condiciones, incluido un nivel de ingresos brutos por primas inferior a 5 000 000 EUR. No obstante, todas las empresas de seguros y de reaseguros que estén ya autorizadas con arreglo a las Directivas actuales continuarán estando autorizadas cuando se aplique la presente Directiva. Las empresas excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva deben poder beneficiarse de las libertades básicas reconocidas en el Tratado. Esas empresas tienen la opción de solicitar autorización con arreglo a la presente Directiva con el fin de beneficiarse de la autorización única prevista en ella. (6) Los Estados miembros deben poder exigir la inscripción en el registro de las empresas que desarrollen actividades de seguros o de reaseguros y que estén excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros pueden someter asimismo a estas empresas a una supervisión prudencial y jurídica. (7) La Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad ( 12 ), la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas ( 13 ), la Segunda Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles ( 14 ), la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros ( 15 ), y la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio ( 16 ), establecen normas generales en los ámbitos de la contabilidad, el seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles, los instrumentos financieros y las entidades de crédito, y contienen definiciones relativas a estas áreas. Es conveniente que algunas de las definiciones establecidas en estas Directivas sean aplicables a efectos de la presente Directiva. (8) El acceso a la actividad de seguro o de reaseguro debe estar supeditado a autorización previa. Es, pues, necesario establecer las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha autorización, así como para su eventual denegación. (9) Las Directivas derogadas por la presente Directiva no establecen ninguna norma relativa al alcance de las actividades de reaseguros que una empresa puede estar autorizada a realizar. Incumbe a los Estados miembros decidir si establecen normas a este respecto. (10) Las referencias que se hacen en la presente Directiva a las empresas de seguros y de reaseguros deben englobar a las empresas de seguros o de reaseguros cautivas, excepto en aquellos casos en que se incluyan disposiciones especiales aplicables a estas empresas. (11) Al ser la presente Directiva un instrumento esencial para la plena realización del mercado interior, debe permitirse a las empresas de seguros y de reaseguros autorizadas en sus Estados miembros de origen desarrollar en toda la Comunidad alguna o todas sus actividades, mediante el establecimiento de sucursales o la prestación de servicios. Resulta, por tanto, adecuado proceder a la armonización necesaria y suficiente para lograr el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión, y, por ende, una autorización única válida en toda la Comunidad y que haga posible que la supervisión de la empresa sea realizada por el Estado miembro de origen. (12) La Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) ( 17 ), establece normas sobre la designación de representantes para la tramitación y liquidación de siniestros. Dichas normas deben ser de aplicación a efectos de la presente Directiva. (13) Las empresas de reaseguros deben limitar su objeto social a la actividad de reaseguro y a las operaciones conexas. Esta exigencia no debe impedir a una empresa de reaseguros realizar actividades tales como la prestación de servicios de asesoramiento estadístico o actuarial, de análisis de riesgos o de investigación a sus clientes. Asimismo, puede comportar funciones de sociedad de cartera y actividades relacionadas con las actividades del sector financiero en el sentido del artículo 2, punto 8, de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero ( 18 ). En cualquier caso, el citado requisito no permite desarrollar actividades bancarias y financieras que no guarden relación alguna. (14) La protección de los tomadores de seguros presupone que las empresas de seguros y de reaseguros están sujetas a requisitos de solvencia efectivos de los que se deriva una asignación del capital eficiente en la Unión Europea. A la luz de la evolución del mercado, el sistema actual no resulta ya adecuado. Es, pues, necesario establecer un nuevo marco regulador. (15) En consonancia con los últimos avances en materia de gestión de riesgos, en el contexto de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y la Asociación Actuarial Internacional, y con la evolución reciente en otros sectores financieros, procede adoptar un enfoque basado en el riesgo económico, que incentive una correcta evaluación y gestión de riesgos por parte de las empresas de seguros y de reaseguros. Es conveniente llevar a cabo una mayor armonización mediante la introducción de normas específicas de valoración de los activos y pasivos, incluidas las provisiones técnicas. (16) El principal objetivo de la regulación y supervisión del sector de seguros y de reaseguros es la protección adecuada de los tomadores y los beneficiarios de seguros. El término beneficiario pretende cubrir a cualquier persona física o jurídica que sea titular de derechos con arreglo a un contrato de seguros. La estabilidad financiera y la equidad y estabilidad de los mercados son otros de los objetivos de la regulación y supervisión del sector de seguros y de reaseguros que deben también tenerse en cuenta, si bien no han de menoscabar el objetivo principal. (17) Se espera que del régimen de solvencia establecido por la presente Directiva se derive una protección aún mejor de los tomadores de seguros. La Directiva exige a los Estados miembros que faciliten a las autoridades de supervisión los recursos para cumplir sus obligaciones, que ella establece. Ello se refiere a todas las capacidades necesarias, incluyendo los recursos económicos y humanos. (18) Por consiguiente, las autoridades de supervisión de los Estados miembros deben tener a su disposición todos los medios necesarios para velar por el ejercicio ordenado de la actividad por parte de las empresas de seguros y de reaseguros en toda la Comunidad, ya sea al amparo del derecho de establecimiento o de la libre prestación de servicios. A fin de garantizar la eficacia de la supervisión, todas las medidas adoptadas por las autoridades de supervisión deben ser proporcionadas a la naturaleza y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de una empresa de seguros o de reaseguros, con independencia de la importancia que revista la empresa considerada para la estabilidad financiera global del mercado. (19) La presente Directiva no debe resultar demasiado gravosa para las pequeñas y medianas empresas de seguros. Uno de los medios para alcanzar este objetivo es una aplicación adecuada del principio de proporcionalidad. Este principio debe aplicarse tanto a los requisitos impuestos a las empresas de seguros y de reaseguros como al ejercicio de las facultades de supervisión. (20) En particular, la presente Directiva no debe suponer una carga excesiva para las empresas de seguros especializadas en ofrecer tipos específicos de seguros o servicios a segmentos específicos de clientes, y debe reconocer que este tipo de especialización puede ser un instrumento valioso para gestionar con eficiencia y eficacia los riesgos. Con el fin de lograr este objetivo, así como para aplicar adecuadamente el principio de proporcionalidad, ha de contemplarse también la posibilidad de permitir expresamente a las empresas que utilicen sus propios datos para calibrar los parámetros en los módulos de riesgo de suscripción de la fórmula estándar del capital de solvencia obligatorio. (21) La presente Directiva debe tener también en cuenta la naturaleza específica de las empresas de seguros o de reaseguros cautivas. Toda vez que estas empresas cubren exclusivamente los riesgos asociados con el grupo industrial o comercial al que pertenecen, deben adoptarse planteamientos adecuados en consonancia con el principio de proporcionalidad para reflejar la naturaleza, el volumen y la complejidad de sus actividades comerciales. (22) La supervisión de la actividad reaseguradora ha de tener en cuenta las especiales características de las actividades de reaseguros, en especial su carácter global y el hecho de que sus tomadores son empresas de seguros y de reaseguros. (23) Las autoridades de supervisión han de poder obtener de las empresas de seguros y de reaseguros la información necesaria para el desempeño de su función supervisora, incluida, cuando proceda, la información divulgada públicamente por una empresa de seguros o de reaseguros sometida a requisitos de información, cotización y otras exigencias legales o reglamentarias. (24) Conviene atribuir a las autoridades de supervisión del Estado miembro de origen la responsabilidad de controlar la solidez financiera de las empresas de seguros y de reaseguros. Para ello, deben llevar a cabo con regularidad revisiones y evaluaciones. (25) Las autoridades de supervisión deben poder tener en cuenta las repercusiones que tienen sobre los riesgos y la gestión de los activos los códigos de conducta y de transparencia voluntarios adoptados por las correspondientes instituciones que hacen uso de instrumentos de inversión no regulados o alternativos. (26) El punto de partida de cara a la adecuación de los requisitos cuantitativos en el sector asegurador es el capital de solvencia obligatorio. Por tanto, las autoridades de supervisión solo deben tener la facultad de imponer una adición sobre el capital de solvencia obligatorio en circunstancias excepcionales en los casos enumerados en la presente Directiva tras el proceso de revisión supervisora. La fórmula estándar para calcular el capital de solvencia obligatorio pretende reflejar el perfil de riesgo de la mayor parte de las empresas de seguros y de reaseguros. Con todo, es posible que, en algunos casos, el enfoque normalizado no refleje adecuadamente el perfil de riesgo muy específico de una empresa. (27) La imposición de adiciones de capital es excepcional en el sentido de que debe recurrirse a ella únicamente en última instancia, cuando otras medidas de supervisión resulten ineficaces o inadecuadas. Además, el término excepcional debe entenderse en el contexto de la situación específica de cada empresa en lugar de en relación con el número de adiciones de capital impuestas en un mercado específico. (28) La adición de capital debe mantenerse mientras no se ajusten las circunstancias que llevaron a imponer dicha adición. En el supuesto de que el modelo interno completo o parcial presente deficiencias importantes o de que se constaten carencias importantes en el sistema de gobernanza, las autoridades de supervisión deben velar por que la empresa tome cuantas medidas sean necesarias para corregir las deficiencias que hayan llevado a la imposición de la adición de capital. No obstante, cuando el enfoque normalizado no refleje adecuadamente el perfil de riesgo muy específico de una empresa, la adición de capital puede mantenerse durante varios años consecutivos. (29) Algunos riesgos solo pueden tenerse debidamente en cuenta a través de exigencias en materia de gobernanza y no a través de los requisitos cuantitativos que se reflejan en el capital de solvencia obligatorio. Resulta, pues, esencial un sistema de gobernanza eficaz para la correcta gestión de la empresa de seguros y para el sistema de control. (30) El sistema de gobernanza incluye la función de la gestión del riesgo, la función de verificación del cumplimiento, la función de auditoría interna y la función actuarial. (31) Por función se entiende la capacidad administrativa para llevar a cabo determinadas tareas de gobernanza. La definición de una función determinada no obsta para que la empresa decida libremente la manera de organizar dicha función en la práctica, salvo disposición en contrario en la presente Directiva. Dicha definición no debe traducirse en requisitos excesivamente gravosos, pues deben tenerse en cuenta la naturaleza, el volumen y la complejidad de las operaciones de la empresa. Por lo tanto, debe poder encomendarse estas funciones al propio personal de la empresa, o bien realizarse bajo el asesoramiento de expertos externos, o externalizarse a expertos, dentro de los límites fijados en la presente Directiva. (32) Por otra parte, excepto en lo que se refiere a la función de auditoría interna, debe ser posible que en empresas de menor entidad o complejidad, una persona o una unidad organizativa desempeñe más de una función. (33) Las funciones incluidas en el sistema de gobernanza se consideran funciones clave y, por tanto, son también funciones importantes y críticas. (34) Todas las personas que ejerzan funciones clave deben ser aptas y honorables. No obstante, únicamente los titulares de funciones clave deben estar sometidos a los requisitos de notificación a las autoridades de supervisión. (35) A efectos de evaluación del nivel de competencia requerido, las cualificaciones profesionales y la experiencia de las personas que dirijan efectivamente la empresa o desempeñen otras funciones clave deben tenerse en cuenta como factores adicionales. (36) Todas las empresas de seguros y de reaseguros deben asumir como práctica habitual, integrándola en su estrategia comercial, la evaluación periódica de sus necesidades globales de solvencia, atendiendo a su perfil de riesgo específico (en lo sucesivo, «evaluación interna de los riesgos y de la solvencia»). Esta evaluación no requiere la elaboración de un modelo interno ni sirve para calcular un capital obligatorio distinto del capital de solvencia obligatorio o del capital mínimo obligatorio. Los resultados de cada evaluación deben comunicarse a las autoridades de supervisión dentro de la información a facilitar con fines de supervisión. (37) A fin de garantizar una supervisión eficaz de las actividades o funciones externalizadas, es fundamental que las autoridades de supervisión de la empresa de seguros o de reaseguros que externalice las actividades tengan acceso a toda la información pertinente que obre en poder del proveedor del servicio de externalización, con independencia de que este sea una entidad regulada o no regulada, y que tengan derecho, asimismo, a realizar inspecciones in situ. Con vistas a tener en cuenta la evolución del mercado y cerciorarse de que siguen verificándose las condiciones para la externalización, las autoridades de supervisión deben ser informadas antes de la externalización de actividades o funciones críticas o importantes. Estas exigencias deben tomar en consideración los trabajos del Foro Conjunto y ser coherentes con las normas y prácticas actuales en el sector bancario y con la Directiva 2004/39/CE y su aplicación a las entidades de crédito. (38) Con fines de transparencia, las empresas de seguros y de reaseguros deben hacer pública, es decir, poner a disposición del público, de forma gratuita, ya sea en formato impreso o electrónico, al menos una vez al año, la información esencial sobre su situación financiera y de solvencia. Las empresas deben tener la posibilidad de hacer pública información adicional con carácter voluntario. (39) Conviene prever el intercambio de información entre las autoridades de supervisión y las autoridades o los organismos que, por su función, contribuyen a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Es, por tanto, necesario especificar las condiciones en las que han de ser posibles tales intercambios de información. Por otra parte, cuando solo sea posible divulgar información con el consentimiento expreso de las autoridades de supervisión, debe permitirse a estas supeditar, cuando proceda, su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas. (40) Es necesario fomentar la convergencia de la actividad supervisora, no solo en lo que respecta a los instrumentos de supervisión, sino también a las prácticas de supervisión. El Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación (CESSPJ) establecido por la Decisión 2009/79/CE de la Comisión ( 19 ), debe desempeñar un papel importante en este sentido e informar periódicamente al Parlamento Europeo y a la Comisión sobre los progresos realizados. (41) El objetivo de la información y la elaboración de informes que ha de presentar el CESSPJ con respecto a las adiciones de capital no es inhibir el uso permitido con arreglo a la presente Directiva, sino contribuir a un grado cada vez mayor de convergencia entre las autoridades de supervisión de los diferentes Estados miembros en la imposición de adiciones de capital. (42) Con objeto de limitar la carga administrativa y de evitar la duplicación de tareas, resulta oportuno que las autoridades de supervisión y las autoridades nacionales del ámbito estadístico colaboren e intercambien información. (43) A fin de reforzar la supervisión de las empresas de seguros y de reaseguros y la protección de los tomadores de seguros, los auditores legales, según se definen en la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas ( 20 ), deben estar obligados a informar de inmediato sobre cualquier hecho que pueda incidir seriamente en la situación financiera o la organización administrativa de una empresa de seguros o de reaseguros. (44) Es conveniente que las empresas de seguros y de reaseguros que ejerzan actividades tanto de seguro de vida como de seguro distinto del seguro de vida gestionen dichas actividades por separado, a fin de proteger los intereses de los tomadores seguros de vida. En particular, dichas empresas deben quedar sujetas a los mismos requisitos de capital que los aplicables a un grupo de seguros equivalente, integrado por una empresa de seguros de vida y otra de seguros distintos del seguro de vida, teniendo en cuenta la mayor transferibilidad del capital en el caso de las empresas de seguros multirramo. (45) La evaluación de la situación financiera de las empresas de seguros y de reaseguros ha de basarse en sólidos principios económicos y hacer un uso óptimo de la información proporcionada por los mercados financieros, así como de los datos generalmente disponibles sobre los riesgos técnicos de seguros. En particular, los requisitos de solvencia deben basarse en una valoración económica de la totalidad del balance. (46) Las normas de valoración a efectos de supervisión deben ser, en la medida de lo posible, compatibles con la evolución contable internacional de forma que se limite la carga administrativa impuesta a las empresas de seguros o de reaseguros. (47) Con arreglo a ese enfoque, los requisitos de capital deben estar cubiertos por fondos propios, ya sean estos elementos consignados o no en el balance. Dado que no todos los recursos financieros permiten una total absorción de pérdidas ni en caso de liquidación ni en caso de continuidad de la explotación, los elementos de los fondos propios deben clasificarse con arreglo a criterios de calidad en tres niveles, y el importe de fondos propios admisible como cobertura de los requisitos de capital debe limitarse en consecuencia. Los límites aplicables a los elementos de los fondos propios solo deben servir para determinar la situación de solvencia de las empresas de seguros y de reaseguros, sin restringir más allá la libertad de dichas empresas en lo que respecta a su gestión interna del capital. (48) En general, los activos libres de todo compromiso previsible están disponibles para absorber pérdidas derivadas de fluctuaciones adversas de las actividades comerciales, tanto en caso de continuidad de la explotación como en caso de liquidación. Por tanto, la mayor parte del excedente de los activos con respecto a los pasivos, valorados de conformidad con los principios establecidos en la presente Directiva, debe tratarse como capital de alta calidad (nivel 1). (49) No todos los activos en una empresa carecen de restricciones. En algunos Estados miembros, productos específicos dan lugar a estructuras de fondos afectos que otorgan a una categoría de tomadores de seguros más derechos a los activos dentro de su propio fondo. Aunque estos activos están incluidos en el cálculo del excedente de los activos respecto de los pasivos a efectos de fondos propios, no están, de hecho, disponibles para hacer frente a riesgos fuera del fondo afecto. Para mantener la coherencia con el enfoque económico, la evaluación de los fondos propios debe ajustarse con el fin de reflejar la naturaleza específica de los activos que forman parte de un mecanismo de afección. De forma similar, el cálculo del capital de solvencia obligatorio debe reflejar la reducción debida a la puesta en común o la diversificación de activos vinculada a esos fondos afectos. (50) Es práctica actual en determinados Estados miembros que las empresas de seguros vendan productos de seguro de vida en los que los tomadores y los beneficiarios de una póliza de seguros contribuyen al capital de riesgo de la compañía a cambio de una devolución total o parcial de las contribuciones. Los beneficios acumulados son fondos excedentarios, propiedad de la entidad jurídica en que han sido generados. (51) Los fondos excedentarios deben valorarse en consonancia con el enfoque económico establecido en la presente Directiva. A este respecto, no debiera ser suficiente una simple referencia a la evaluación de los fondos excedentarios en cuentas legales anuales. De conformidad con los requisitos relativos a los fondos propios, los fondos excedentarios deben quedar sujetos a los criterios recogidos en la presente Directiva en materia de clasificación por niveles. Esto significa, entre otras cosas, que solo los fondos excedentarios que cumplan los requisitos para su clasificación en el nivel 1 deben ser considerados como capital del nivel 1. (52) Las mutuas y las sociedades mutuas con contribuciones variables pueden requerir contribuciones adicionales procedentes de sus miembros (derramas pasivas), con el fin de incrementar la cantidad de recursos financieros que poseen para absorber pérdidas. Estas derramas pasivas pueden representar una fuente importante de financiación para las mutuas y las sociedades mutuas, incluso cuando dichas asociaciones se enfrenten a fluctuaciones adversas de las actividades comerciales. Por tanto, las derramas pasivas deben reconocerse como fondos propios complementarios y tratarse en consecuencia a efectos de solvencia. En particular, en el caso de las mutuas y las sociedades mutuas de navieros con cuotas variables que aseguren exclusivamente los riesgos marítimos, el recurso a las derramas pasivas ha sido una práctica habitual desde hace mucho tiempo, sometida a disposiciones específicas de recuperación, por lo que el importe aprobado de estas derramas pasivas debe tratarse como capital de buena calidad (nivel 2). De forma similar, en el caso de otras mutuas y sociedades mutuas en las que las derramas pasivas son de calidad parecida, el importe aprobado de dichas derramas debe tratarse asimismo como capital de buena calidad (nivel 2). (53) A fin de permitir a las empresas de seguros y de reaseguros cumplir sus compromisos frente a los tomadores y los beneficiarios de seguros, resulta oportuno que los Estados miembros exijan a dichas empresas la constitución de provisiones técnicas adecuadas. Los principios y las metodologías actuariales y estadísticas correspondientes al cálculo de las citadas provisiones técnicas deben armonizarse en toda la Comunidad, con objeto de lograr una mayor comparabilidad y transparencia. (54) El cálculo de las provisiones técnicas debe ser acorde con la valoración de los activos y de los demás pasivos, ser coherente con el mercado y ajustarse a la evolución internacional en materia de contabilidad y supervisión. (55) El valor de las provisiones técnicas debe corresponder por tanto al importe que una empresa de seguros o de reaseguros tendría que pagar si transfiriera de manera inmediata todas sus obligaciones y derechos contractuales a otra entidad. Por consiguiente, el valor de las provisiones técnicas debe corresponder al importe que otra empresa de seguros o de reaseguros (la empresa de referencia) previsiblemente necesitaría para poder asumir y cumplir las obligaciones subyacentes de seguro y reaseguro. La cuantía de las provisiones técnicas ha de reflejar las características de la cartera de seguros subyacente. En consecuencia, en su cálculo únicamente conviene utilizar información específica de la empresa, como la información respecto de la gestión de siniestros y los gastos correspondientes, en la medida en que esa información permita a las empresas de seguros y de reaseguros reflejar mejor las características de la cartera de seguros subyacente. (56) Las hipótesis relativas a la empresa de referencia de la que se espera que asuma y cumpla las obligaciones subyacentes de seguros y reaseguros deben armonizarse en toda la Comunidad. En particular, las hipótesis relativas a la empresa de referencia que determinan si se deben tener en cuenta o no, y en qué medida, los efectos de diversificación en el cálculo del margen de riesgo deben analizarse como parte de la evaluación de impacto de las medidas de ejecución y han de armonizarse a escala comunitaria. (57) A efectos del cálculo de las provisiones técnicas, se debe permitir aplicar interpolaciones y extrapolaciones razonables a partir de valores de mercado directamente observables. (58) Es necesario que el valor actual esperado de los compromisos contraídos en virtud de los seguros se calcule a partir de información actual y fiable y de hipótesis realistas, teniendo en cuenta las garantías financieras y las opciones de los contratos de seguro o reaseguro, para obtener una valoración económica de las obligaciones de seguro o de reaseguro. Resulta oportuno exigir la utilización de metodologías actuariales eficaces y armonizadas. (59) Atendiendo a la situación específica de las pequeñas y medianas empresas, procede prever métodos simplificados para el cálculo de las provisiones técnicas. (60) El régimen de supervisión debe comportar un requisito variable en función del riesgo, basado en un cálculo prospectivo, para garantizar la intervención precisa y oportuna de las autoridades de supervisión (el capital de solvencia obligatorio), y un nivel mínimo de seguridad por debajo del cual no deberían descender los recursos financieros (el capital mínimo obligatorio). Ambos requisitos de capital deben estar armonizados en la Comunidad, a fin de alcanzar un nivel uniforme de protección de los tomadores de seguros. En aras del buen funcionamiento de la presente Directiva, debe establecerse una escala adecuada de intervención entre el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio. (61) Con el fin de mitigar los posibles efectos procíclicos del sistema financiero y evitar situaciones en que las empresas de seguros y de reaseguros se vean indebidamente obligadas a conseguir capital adicional o a vender sus inversiones a raíz de movimientos discontinuos adversos en los mercados financieros, el módulo de riesgo de mercado de la fórmula estándar para el capital de solvencia obligatorio debe incluir un mecanismo de ajuste simétrico con respecto a las variaciones en el nivel de los precios de las acciones. Además, en el caso de caídas excepcionales de los mercados financieros, y cuando el mecanismo de ajuste simétrico no sea suficiente para permitir a las empresas de seguros y de reaseguros cubrir el capital de solvencia obligatorio, se ha de contemplar la posibilidad de permitir a las autoridades de supervisión prorrogar el plazo en el que las empresas de seguros y de reaseguros han de restablecer el nivel de fondos propios admisibles que cubren el capital de solvencia obligatorio. (62) El capital de solvencia obligatorio debe reflejar un nivel de fondos propios admisibles tal que permita a las empresas de seguros y de reaseguros absorber pérdidas significativas y que ofrezca a los tomadores y beneficiarios de seguros una garantía razonable de que se efectuarán los pagos al vencimiento. (63) Con el fin de garantizar que las empresas de seguros y de reaseguros mantienen fondos propios admisibles que cubren el capital de solvencia obligatorio de manera permanente, teniendo en cuenta cualquier cambio en su perfil de riesgo, dichas empresas deben calcular el capital de solvencia obligatorio al menos una vez al año, hacer un seguimiento continuo del mismo y volverlo a calcular si su perfil de riesgo se altera significativamente. (64) Con vistas a promover una buena gestión de riesgos y adaptar los requisitos reglamentarios de capital a las prácticas del sector, el capital de solvencia obligatorio debe corresponderse con el capital económico que han de poseer las empresas de seguros y de reaseguros para limitar la probabilidad de ruina a un caso por cada 200 o, de forma alternativa, que las empresas todavía estén en situación, con una probabilidad del 99,5 % como mínimo, de cumplir sus obligaciones frente a los tomadores y beneficiarios de seguros en los doce meses siguientes. Ese capital económico debe calcularse sobre la base del verdadero perfil de riesgo de dichas empresas, teniendo en cuenta la incidencia de las posibles técnicas de reducción del riesgo, así como los efectos de diversificación. (65) Resulta oportuno prever el establecimiento de una fórmula estándar para calcular el capital de solvencia obligatorio, a fin de permitir a todas las empresas de seguros y de reaseguros evaluar su capital económico. A efectos de la estructura de la fórmula estándar, conviene adoptar un enfoque modular, es decir, evaluar, en una primera fase, la exposición individual a cada categoría de riesgo y proceder, en una segunda fase, a su agregación. Cuando el recurso a parámetros específicos de la empresa permita reflejar mejor su verdadero perfil de riesgo de suscripción, conviene establecer esta posibilidad, siempre y cuando dichos parámetros se deriven por medio de una metodología normalizada. (66) Atendiendo a la situación específica de las pequeñas y medianas empresas, procede prever métodos simplificados para el cálculo del capital de solvencia obligatorio de conformidad con la fórmula estándar. (67) Por norma general, el nuevo planteamiento basado en el riesgo no contempla los conceptos de límites cuantitativos de inversión y de criterios de admisibilidad de los activos. No obstante, conviene establecer la posibilidad de introducir límites de inversión y criterios de admisibilidad de los activos para atender a riesgos que no estén adecuadamente cubiertos por un submódulo de la fórmula estándar. (68) Con arreglo al enfoque orientado al riesgo del capital de solvencia obligatorio, resulta oportuno prever la posibilidad de utilizar, en circunstancias específicas, modelos internos completos o parciales para el cálculo de dicho capital, en lugar de la fórmula estándar. A fin de ofrecer a los tomadores y beneficiarios de seguros un nivel de protección equivalente, los citados modelos internos deben estar sujetos a la aprobación previa de las autoridades de supervisión con arreglo a procesos y normas armonizados. (69) Cuando el importe de los fondos propios básicos admisibles descienda por debajo del capital mínimo obligatorio, y en el supuesto de que las empresas de seguros y de reaseguros no puedan volver a nivelar el citado importe de fondos propios con el capital mínimo obligatorio en un breve plazo, debe revocarse la autorización de dichas empresas. (70) El capital mínimo obligatorio debe garantizar un nivel mínimo por debajo del cual no deben descender los recursos financieros. Es preciso que se calcule este nivel según una fórmula sencilla, que esté sometida a unos valores mínimo y máximo sustentados en el capital de solvencia obligatorio basado en el riesgo, con el fin de posibilitar una intervención gradual de la supervisión sobre la base de datos que se puedan auditar. (71) Las empresas de seguros y de reaseguros deben contar con activos de calidad suficiente para cubrir sus necesidades financieras globales. Todas las inversiones que mantengan las empresas de seguros y de reaseguros deben gestionarse con arreglo al principio de prudencia. (72) Los Estados miembros no deben exigir a las empresas de seguros o de reaseguros que inviertan en determinadas categorías de activos, puesto que esta exigencia podría ser contraria a la liberalización de los movimientos de capital establecida en el artículo 56 del Tratado. (73) Es preciso prohibir cualquier disposición que permita a los Estados miembros exigir la pignoración de los activos que cubran las provisiones técnicas de una empresa de seguros o de reaseguros, independientemente de la forma que adopte esta exigencia, cuando el asegurador esté reasegurado por una empresa de seguros o de reaseguros autorizada de conformidad con la presente Directiva, o por una empresa de un tercer país cuyo régimen de supervisión se considere equivalente. (74) Hasta la fecha el marco jurídico no establecía criterios precisos para la evaluación prudencial de una propuesta de adquisición ni procedimiento alguno para la aplicación de los mismos. Resulta, por tanto, necesario aclarar los criterios y el proceso de evaluación prudencial, a fin de ofrecer la seguridad jurídica, la claridad y la previsibilidad precisas con respecto al proceso de evaluación, así como a su resultado. Estos criterios y procedimientos fueron instaurados por disposiciones de la Directiva 2007/44/CE. En relación con el seguro y el reaseguro, conviene, por consiguiente, codificar dichas disposiciones e integrarlas en la presente Directiva. (75) Es, pues, de vital importancia que se lleve a cabo la mayor armonización posible en toda la Comunidad de estos procedimientos y evaluaciones prudenciales. No obstante, las disposiciones en materia de participaciones cualificadas no deben impedir a los Estados miembros exigir que se informe a las autoridades de supervisión de las adquisiciones de participaciones inferiores a los umbrales previstos en dichas disposiciones, siempre que ningún Estado miembro imponga a tal efecto más de un umbral adicional que se sitúe por debajo del 10 %. Las citadas disposiciones tampoco deben impedir a las autoridades de supervisión ofrecer orientaciones generales sobre el momento en que se considera que tales participaciones confieren una influencia notable. (76) Dada la creciente movilidad de los ciudadanos de la Unión, el seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles es cada vez más objeto de oferta transfronteriza. A fin de garantizar que sigan funcionando correctamente el sistema de la carta verde y los acuerdos entre oficinas nacionales de aseguradores de automóviles, conviene que los Estados miembros puedan exigir a las empresas de seguros que ofrezcan, en su territorio, seguros de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles en régimen de prestación de servicios que se afilien a la oficina nacional y participen en su financiación, así como en la del fondo de garantía creado en ese Estado miembro. El Estado miembro de prestación del servicio debe exigir a las empresas que ofrezcan seguros de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles el nombramiento de un representante en su territorio para que recoja toda la información necesaria en relación con los siniestros y represente a la empresa considerada. (77) En el contexto de un mercado interior, la posibilidad de acceder a la mayor gama de productos de seguro disponibles en la Comunidad redunda en beneficio de los tomadores. Por consiguiente, el Estado miembro en el que se localice el riesgo o el Estado miembro del compromiso deben velar por que nada impida la comercialización en su territorio de todos los productos de seguro que se ofrezcan a la venta en la Comunidad, siempre que dichos productos no sean contrarios a las disposiciones legales de interés general vigentes en ese Estado miembro y en la medida en que las normas del Estado miembro de origen no preserven el interés general. (78) Resulta oportuno prever un sistema de sanciones para el caso en que una empresa de seguros no se atenga a las disposiciones de interés general vigentes, en su caso, en el Estado miembro en el que se localice el riesgo o en el Estado miembro del compromiso. (79) En un mercado interior de seguros, los consumidores pueden elegir entre una gama mucho más amplia y variada de contratos. Al objeto de poder aprovechar plenamente esta diversidad y la intensificación de la competencia, deben recibir toda la información que precisen antes de la celebración del contrato y durante todo el período de vigencia del mismo, de forma que puedan elegir el contrato que mejor se adapte a sus necesidades. (80) Toda empresa de seguros que ofrezca contratos de asistencia debe poseer los medios necesarios para hacer efectivas las prestaciones en especie que propone en un plazo adecuado. Procede establecer disposiciones especiales para calcular el capital de solvencia obligatorio y el mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio que tales empresas deben poseer. (81) Resulta oportuno facilitar el ejercicio del coaseguro comunitario en relación con las actividades que, por su naturaleza o volumen, vayan a ser probablemente objeto de coaseguro internacional, mediante un mínimo de armonización, a fin de evitar el falseamiento de la competencia y las diferencias de trato. En este contexto, la empresa de seguros abridora debe evaluar los compromisos y fijar la cuantía de las provisiones técnicas. Además, en el ámbito del coaseguro comunitario conviene instaurar una especial colaboración tanto entre las autoridades de supervisión de los Estados miembros, como entre estas y la Comisión. (82) En aras de la protección de los asegurados, resulta oportuno armonizar las legislaciones nacionales relativas al seguro de defensa jurídica. En la medida de lo posible, es conveniente prevenir o resolver cualquier conflicto de intereses derivado, en particular, del hecho de que la empresa de seguros cubra a otra persona o esté ofreciendo simultáneamente a una persona cobertura de defensa jurídica y de cualquier otro ramo. Para ello, es posible alcanzar, de distintas maneras, un nivel adecuado de protección de los tomadores de seguros. Sea cual sea la opción elegida, debe protegerse el interés de las personas que disfruten de una cobertura de defensa jurídica mediante garantías equivalentes. (83) Los conflictos entre las empresas y los asegurados relativos a la cobertura de defensa jurídica deben resolverse de la forma más rápida y justa posible. Conviene, por tanto, que los Estados miembros prevean un procedimiento de arbitraje u otro procedimiento que ofrezca garantías comparables. (84) En algunos Estados miembros, los seguros de enfermedad privados o voluntarios pueden sustituir total o parcialmente a la cobertura de enfermedad que proporcionan los sistemas de seguridad social. La particular naturaleza de ese seguro de enfermedad lo diferencia de otros ramos de seguro de daños y de vida, en el sentido de que resulta necesario garantizar a los tomadores el acceso efectivo a la cobertura de enfermedad privada o suscrita con carácter voluntario, con independencia de su edad o de su perfil de riesgo. Habida cuenta de la naturaleza y de las consecuencias sociales de los contratos de seguro de enfermedad, las autoridades de supervisión del Estado miembro en el que se localice el riesgo deben, en el caso del seguro de enfermedad privado o voluntario, tener la posibilidad de exigir la notificación sistemática de las condiciones generales y particulares de las pólizas, a fin de comprobar que dichos contratos son una alternativa parcial o completa a la cobertura de enfermedad proporcionada por el sistema de seguridad social. Dicha comprobación no debe constituir una condición previa para la comercialización de los productos. (85) A tal fin, algunos Estados miembros han adoptado disposiciones legales específicas. Para proteger el interés general, es conveniente que exista la posibilidad de adoptar o mantener tales disposiciones legales, en la medida en que no restrinjan indebidamente el derecho de establecimiento o la libre prestación de servicios, y siempre y cuando se apliquen por igual. La naturaleza de las citadas disposiciones legales puede variar dependiendo de las circunstancias de cada Estado miembro. El objetivo de protección del interés general también puede alcanzarse exigiendo a aquellas empresas que ofrezcan cobertura de enfermedad privada o suscrita con carácter voluntario que ofrezcan pólizas estándar acordes con la cobertura proporcionada por los regímenes legales de seguridad social a cambio de una prima que sea igual o inferior a un determinado límite máximo, y que participen en los sistemas de compensación de pérdidas. Otra posibilidad es exigir que las bases técnicas de la cobertura de enfermedad privada o suscrita con carácter voluntario sean similares a las del seguro de vida. (86) Los Estados miembros de acogida deben tener la posibilidad de requerir que toda empresa de seguros que ofrezca por cuenta propia, en su territorio, cobertura obligatoria frente a accidentes laborales se atenga a las disposiciones específicas al respecto establecidas en su legislación nacional. No obstante, este requisito no debe aplicarse a las disposiciones relativas a la supervisión financiera, que ha de seguir siendo competencia exclusiva del Estado miembro de origen. (87) Algunos Estados miembros no someten las operaciones de seguros a ningún tipo de imposición indirecta, mientras que la mayoría de ellos les aplican impuestos especiales y otras formas de contribución, incluidos recargos destinados a los organismos de compensación. En los Estados miembros en los que se perciben tales impuestos y contribuciones, la estructura de los mismos y los tipos aplicados varían considerablemente. Es conveniente impedir que las diferencias existentes originen distorsiones de la competencia en los servicios de seguros prestados entre los Estados miembros. Sin perjuicio de una posterior armonización, la aplicación del régimen fiscal y otras formas de contribución previstas en el Estado miembro en el que se localice el riesgo o en el Estado miembro del compromiso pueden poner remedio a tal inconveniente y corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades que garanticen la percepción de los mencionados impuestos y contribuciones. (88) Resulta oportuno que aquellos Estados miembros que no estén sujetos a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales [Roma I] ( 21 ) apliquen, de conformidad con la presente Directiva, las disposiciones contenidas en dicho Reglamento a fin de determinar la legislación aplicable a los contratos de seguros que entren en el ámbito de aplicación del artículo 7 de dicho Reglamento. (89) A fin de tener en cuenta los aspectos internacionales del reaseguro, conviene prever la posibilidad de celebrar acuerdos internacionales con terceros países en los que se definan las modalidades de supervisión de las empresas de reaseguros que ejerzan actividades en el territorio de cada una de las partes contratantes. Además, resulta oportuno prever un procedimiento flexible que permita evaluar sobre una base comunitaria la equivalencia del régimen prudencial de terceros países, con vistas a propiciar la liberalización de los servicios de reaseguro en terceros países, ya sea mediante el establecimiento o la prestación transfronteriza de servicios. (90) Atendiendo a la especial naturaleza de las actividades de reaseguro limitado, los Estados miembros deben velar por que las empresas de seguros y de reaseguros que celebren contratos o ejerzan actividades de reaseguro limitado puedan determinar, medir y controlar debidamente los riesgos derivados de dichos contratos o actividades. (91) Conviene establecer las oportunas normas en relación con las entidades con cometido especial que asumen los riesgos de las empresas de seguros y de reaseguros sin ser empresas de seguros o de reaseguros. Los importes recuperables procedentes de las entidades con cometido especial deben considerarse deducibles en el marco de contratos de reaseguro o retrocesión. (92) Las entidades con cometido especial autorizadas antes del 31 de octubre de 2012 han de someterse a la legislación del Estado miembro que haya autorizado a dichas entidades. No obstante, con el fin de evitar el arbitraje regulador, toda nueva actividad iniciada por este tipo de entidad con cometido especial después del 31 de octubre de 2012 ha de someterse a las disposiciones de la presente Directiva. (93) Dado el carácter cada vez más transfronterizo de las actividades de seguros, las divergencias entre los regímenes de los Estados miembros respecto de las entidades con cometido especial, que estén sometidas a las disposiciones de la presente Directiva, deben reducirse en la mayor medida posible, teniendo en cuenta sus estructuras de supervisión. (94) Se debe proseguir la labor respecto de las entidades con cometido especial teniendo en cuenta el trabajo realizado en otros sectores financieros. (95) Las medidas relativas a la supervisión de empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo deben permitir a las autoridades que supervisan a una empresa de seguros o de reaseguros formarse un juicio más fundamentado sobre su situación financiera. (96) Esta supervisión de grupo debe abarcar a las sociedades de cartera de seguros y a las sociedades mixtas de cartera de seguros en la medida de lo necesario. No obstante, la presente Directiva no debe implicar, en modo alguno, que los Estados miembros estén obligados a someter a supervisión a dichas empresas individualmente. (97) Si bien el principio fundamental de la supervisión del sector asegurador sigue siendo la supervisión de cada una de las empresas de seguros y de reaseguros, es necesario determinar qué empresas están sujetas a supervisión a nivel de grupo. (98) Con arreglo a la legislación comunitaria y nacional, las empresas, en particular las mutuas y sociedades mutuas, deben poder constituir concentraciones o grupos, no mediante vínculos de capital, sino mediante relaciones oficiales, fuertes y estables, basadas en un reconocimiento contractual o de otro tipo que garantice una solidaridad financiera entre dichas empresas. Cuando se ejerza una influencia dominante mediante una coordinación centralizada, las empresas deben ser supervisadas de conformidad con las mismas normas que se aplican a los grupos constituidos sobre la base de vínculos de capital a fin de alcanzar un nivel de protección adecuado de los tomadores de seguros y la igualdad de oportunidades entre los grupos. (99) Conviene, en cualquier caso, someter a supervisión de grupo a la empresa matriz última que tenga su domicilio social en la Comunidad. No obstante, los Estados miembros deben tener la posibilidad de permitir a sus autoridades de supervisión que sometan a supervisión de grupo a un número limitado de niveles inferiores, si lo consideran necesario. (100) En el caso de las empresas de seguros y de reaseguros que formen parte de un grupo, es preciso evaluar la solvencia a nivel de grupo. (101) El capital de solvencia obligatorio de un grupo consolidado debe tener en cuenta la diversificación general de los riesgos existente en todas las empresas aseguradoras y reaseguradoras del grupo, de modo que refleje adecuadamente la exposición a los riesgos de ese grupo. (102) Las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo deben tener la posibilidad de solicitar la aprobación de un modelo interno destinado a calcular la solvencia tanto a nivel de grupo como individual. (103) Si bien algunas disposiciones de la presente Directiva estipulan explícitamente una función de mediación o de consulta para el CESSPJ, ello no debe excluir que el CESSPJ desempeñe un cometido de mediación o de consulta también con respecto a otras disposiciones. (104) La presente Directiva refleja un modelo de supervisión innovador en el que se asigna un papel clave a un supervisor de grupo, al mismo tiempo que se reconoce y mantiene un papel importante para el supervisor individual. Las facultades y responsabilidades de los supervisores van emparejadas con sus responsabilidades respectivas. (105) Todos los tomadores y beneficiarios de seguros deben recibir el mismo trato independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia. A este fin, los Estados miembros han de velar por que todas las medidas adoptadas por una autoridad de supervisión sobre la base del mandato nacional de dicha autoridad no sean contrarias a los intereses de ese Estado miembro o de los tomadores y beneficiarios de seguros en dicho Estado miembro. En todas las situaciones de resolución de reclamaciones y de liquidación, los activos deben distribuirse de forma equitativa entre todos los tomadores de seguros pertinentes, independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia. (106) Es preciso velar por que los fondos propios se distribuyan adecuadamente dentro del grupo y estén disponibles para proteger a los tomadores y beneficiarios de seguros cuando sea necesario. A tal fin, las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo deben disponer de fondos propios suficientes para cubrir su capital de solvencia obligatorio. (107) Todos los supervisores que participen en la supervisión de grupo deben poder comprender las decisiones adoptadas, en especial cuando es el supervisor de grupo quien adopta dichas decisiones. Por tanto, tan pronto como esté disponible la información pertinente para uno de los supervisores, ha de compartirse con los demás supervisores, para que todos puedan emitir un dictamen basado en la misma información. En caso de que los supervisores en cuestión no puedan alcanzar un acuerdo, debe solicitarse al CESSPJ un dictamen cualificado para resolver la situación. (108) La solvencia de una empresa de seguros o de reaseguros filial de una sociedad de cartera de seguros o de una empresa de seguros o de reaseguros de un tercer país puede verse afectada por los recursos financieros del grupo del que forme parte y por la distribución de esos recursos dentro del grupo. Por consiguiente, debe ofrecerse a las autoridades de supervisión los medios para ejercer la supervisión de grupo y adoptar las medidas pertinentes a nivel de la empresa de seguros o de reaseguros cuando su solvencia esté o pueda estar amenazada. (109) Las concentraciones de riesgo y las operaciones intragrupo pueden afectar a la situación financiera de las empresas de seguros o de reaseguros. Por consiguiente, las autoridades de supervisión deben estar facultadas para someter a supervisión tales concentraciones de riesgo y operaciones intragrupo, teniendo en cuenta el carácter de las relaciones entre entidades reguladas y entre entidades no reguladas, incluidas las sociedades de cartera de seguros y las sociedades mixtas de cartera de seguros, y para adoptar las medidas pertinentes a nivel de la empresa de seguros o de reaseguros cuando su solvencia esté o pueda estar amenazada. (110) Las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo deben contar con un sistema de gobernanza adecuado, que ha de estar sujeto a revisión supervisora. (111) Todos los grupos de seguros y de reaseguros sujetos a supervisión de grupo deben tener un supervisor de grupo designado entre las autoridades de supervisión implicadas. Los derechos y obligaciones del supervisor de grupo deben incluir las oportunas facultades de coordinación y decisión. Las autoridades que intervengan en la supervisión de las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes al mismo grupo deben establecer mecanismos de coordinación. (112) A la vista del incremento en las competencias del supervisor de grupo, se ha de velar por que los criterios destinados a elegir al supervisor de grupo no puedan eludirse de forma arbitraria. En particular, en los casos en que el supervisor de grupo se nombre teniendo en cuenta la estructura del grupo y la importancia relativa de las actividades de seguro y de reaseguro en diferentes mercados, no se deben contabilizar dos veces las transacciones intragrupo ni el reaseguro de grupo cuando se evalúe su importancia relativa en el mercado. (113) Los supervisores de todos los Estados miembros en los que está establecida una empresa del grupo deben participar en la supervisión de grupo mediante un colegio de supervisores. Todos ellos deben tener acceso a la información disponible con las demás autoridades de supervisión en el colegio de supervisores y participar activamente y de forma continuada en la toma de decisiones. Resulta oportuno establecer una cooperación entre las autoridades responsables de la supervisión de las empresas de seguros y de reaseguros y entre dichas autoridades y las encargadas de la supervisión de empresas que operan en otros sectores financieros. (114) Las actividades del colegio de supervisores deben ser proporcionales a la naturaleza, el volumen y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de todas las empresas que forman parte del grupo y a la dimensión transfronteriza. El colegio de supervisores debe establecerse para velar por que los procesos de cooperación, intercambio de información y consulta entre las autoridades de supervisión del colegio se apliquen con arreglo a la presente Directiva. Las autoridades de supervisión han de utilizar el colegio de supervisores para promover la convergencia de sus respectivas decisiones y para cooperar estrechamente a la hora de llevar a cabo sus actividades de supervisión en el grupo con arreglo a criterios armonizados. (115) La presente Directiva debe conferir un papel consultivo al CESSPJ. El dictamen emitido por el CESSPJ a la atención del supervisor correspondiente no debe ser vinculante para el supervisor a la hora de adoptar su decisión. Sin embargo, cuando adopte una decisión, el supervisor correspondiente ha de tener plenamente en cuenta dicho dictamen y explicar toda desviación importante con respecto al mismo. (116) Las empresas de seguros y de reaseguros que formen parte de un grupo encabezado por una empresa situada fuera de la Comunidad deben estar sujetas a mecanismos de supervisión de grupo equivalentes y adecuados. Por tanto, es preciso velar por la transparencia de las normas y el intercambio de información con las autoridades de terceros países siempre que sea pertinente. Con el fin de garantizar un enfoque armonizado respecto de la determinación y evaluación de la equivalencia de la supervisión de los seguros y reaseguros en terceros países, deben adoptarse las disposiciones necesarias para que la Comisión elabore una decisión vinculante respecto a la equivalencia de los regímenes de solvencia de terceros países. Respecto de los terceros países para los que la Comisión no haya adoptado ninguna decisión, la evaluación de la equivalencia la efectuará el supervisor de grupo tras consultar con las demás autoridades de supervisión pertinentes. (117) Dado que las legislaciones nacionales relativas a las medidas de saneamiento y a los procedimientos de liquidación no están armonizadas, resulta oportuno garantizar, en el contexto del mercado interior, el reconocimiento mutuo de las medidas de saneamiento y la normativa en materia de liquidación de los Estados miembros referidas a empresas de seguros, así como la cooperación necesaria, habida cuenta de las exigencias de unidad, universalidad, coordinación y publicidad de tales medidas y de igualdad de trato y protección de los acreedores de seguros. (118) Es conveniente velar por que las medidas de saneamiento que hayan sido adoptadas por las autoridades competentes de un Estado miembro, a fin de preservar o restablecer la solidez financiera de una empresa de seguros y de evitar, en la medida de lo posible, una situación de liquidación, surtan plenamente efecto en toda la Comunidad. No obstante, los efectos de dichas medidas de saneamiento, así como de los procedimientos de liquidación, frente a terceros países no deben verse alterados. (119) Resulta oportuno establecer una distinción entre las autoridades competentes a efectos de las medidas de saneamiento y los procedimientos de liquidación y las autoridades de supervisión de las empresas de seguros. (120) La definición de «sucursal» a efectos de insolvencia debe tener en cuenta, de conformidad con los principios vigentes en la materia, la personalidad jurídica única de la empresa de seguros. No obstante, la legislación del Estado miembro de origen debe determinar la consideración que cabe otorgar, en la liquidación de una empresa de seguros, a los activos y pasivos en manos de personas independientes que disponen de un mandato permanente para actuar como agentes de esa empresa de seguros. (121) Conviene establecer las condiciones en las que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva los procedimientos de liquidación que, sin estar fundamentados en la insolvencia, conllevan un orden de prelación en el pago de los créditos de seguro. Los regímenes nacionales de garantía de salarios han de poder subrogarse en los créditos a favor de los asalariados de una empresa de seguros en razón de su contrato o de su relación de trabajo. Estos créditos subrogados deben tener la consideración que determine la legislación del Estado miembro de origen (lex concursus). (122) Las medidas de saneamiento no son obstáculo para la apertura de un procedimiento de liquidación. Por consiguiente, ha de ser posible abrir un procedimiento de liquidación en ausencia de medidas de saneamiento o con posterioridad a la adopción de tales medidas, y cerrar dicho procedimiento mediante un convenio u otra medida análoga, incluidas las medidas de saneamiento. (123) Es conveniente que únicamente las autoridades competentes del Estado miembro de origen estén facultadas para adoptar decisiones en relación con los procedimientos de liquidación que afecten a empresas de seguros. Las decisiones deben surtir efectos en toda la Comunidad y ser reconocidas por todos los Estados miembros. Las decisiones deben publicarse con arreglo a los procedimientos del Estado miembro de origen, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, conviene poner la información a disposición de los acreedores conocidos que residan en la Comunidad, los cuales deben tener derecho a reclamar créditos y a formular observaciones. (124) En el procedimiento de liquidación deben tenerse en cuenta todos los activos y pasivos de la empresa de seguros. (125) Todas las condiciones relativas a la apertura, el desarrollo y el cierre de los procedimientos de liquidación han de regirse por la legislación del Estado miembro de origen. (126) A fin de velar por que los Estados miembros actúen de forma coordinada, las autoridades de supervisión del Estado miembro de origen y las autoridades de supervisión de los demás Estados miembros deben ser informadas con carácter urgente de la apertura de los procedimientos de liquidación. (127) Resulta de suma importancia que los asegurados, los tomadores de seguros, los beneficiarios y los terceros perjudicados con derecho de acción directa contra la empresa de seguros por un crédito originado por operaciones de seguro estén protegidos en los procedimientos de liquidación, si bien tal protección no se extenderá a los créditos que no tengan su origen en obligaciones derivadas de contratos u operaciones de seguro, sino en la responsabilidad civil en que incurra un agente en el curso de negociaciones por las que, de conformidad con la legislación aplicable al contrato u operación de seguro, el agente no sea responsable con arreglo al contrato u operación de seguro. De cara al logro de este objetivo, los Estados miembros deben poder elegir entre métodos equivalentes que garanticen un trato especial a los acreedores de seguros, sin que ninguno de esos métodos impida a un Estado miembro establecer un orden de prelación entre las diferentes categorías de créditos de seguro. Además, debe garantizarse un equilibrio adecuado entre la protección de los acreedores de seguros y otros acreedores privilegiados protegidos en virtud de la legislación del Estado miembro considerado. (128) La apertura de procedimientos de liquidación debe conllevar la retirada de la autorización concedida a la empresa de seguros para ejercer la actividad, salvo cuando dicha retirada ya se haya producido. (129) Los acreedores deben tener derecho a presentar sus créditos o a formular observaciones por escrito en los procedimientos de liquidación. Deben tratarse de igual manera los créditos de los acreedores residentes en un Estado miembro que no sea el de origen y los créditos equivalentes en el Estado miembro de origen, sin discriminación alguna por motivos de nacionalidad o residencia. (130) Con el fin de proteger las expectativas legítimas y la seguridad de determinadas transacciones en los Estados miembros distintos del Estado miembro de origen, es preciso definir la legislación aplicable en lo que respecta a los efectos de las medidas de saneamiento y de los procedimientos de liquidación sobre las causas pendientes y sobre las acciones individuales de ejecución a que den lugar estas causas. (131) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ( 22 ). (132) Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que adopte disposiciones para la adaptación de los anexos y disposiciones en las que se especifiquen concretamente las facultades de supervisión y las medidas que deban adoptarse, y en las que se desarrollen las normas aplicables a aspectos tales como el sistema de gobernanza, la publicación de información, los criterios de evaluación relativos a las participaciones cualificadas, el cálculo de las provisiones técnicas y del capital obligatorio, las normas de inversión y la supervisión de grupo. Conviene asimismo conferir competencias a la Comisión para que adopte medidas de ejecución en virtud de las cuales se conceda a terceros países la situación de equivalencia con las disposiciones de la presente Directiva. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, incluso completándola con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. (133) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos. (134) La Directiva 64/225/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, relativa a la supresión, en materia de reaseguro y de retrocesión, de las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios ( 23 ), la Directiva 73/240/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, por la que se suprimen, en materia del seguro directo distinto del seguro de vida, las restricciones a la libertad de establecimiento ( 24 ), la Directiva 76/580/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1976, por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio ( 25 ), y la Directiva 84/641/CEE del Consejo, de10 de diciembre de 1984, por la que se modifica, en lo que se refiere en particular a la asistencia turística, la primera Directiva (73/239/CEE) por la que se establece una coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio ( 26 ), han quedado desfasadas, por lo que deben derogarse. (135) La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyen una modificación de fondo respecto de las Directivas anteriores. La obligación de incorporar las disposiciones inalteradas se deriva de las Directivas anteriores. (136) La presente Directiva no debe afectar a los plazos dentro de los cuales los Estados miembros vienen obligados a incorporar al Derecho nacional las Directivas y que se indican en el anexo VI, parte B. (137) La Comisión verificará la pertinencia de los sistemas de garantía existentes en el sector de los seguros y presentará la propuesta legislativa adecuada. (138) El artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo ( 27 ), se refiere a las disposiciones legislativas existentes sobre los márgenes de solvencia. Estas referencias deben conservarse con el fin de mantener el status quo. La Comisión debe revisar lo antes posible la Directiva 2003/41/CE con arreglo al artículo 21, apartado 4, de la misma. La Comisión, con el apoyo del CESSPJ, debe desarrollar un sistema propio de normas de solvencia relativo a las instituciones para los fondos de pensiones de empleo, reflejando al mismo tiempo la diferencia esencial de las empresas de seguros y, por tanto, no debe prejuzgar la aplicación de las normas de la presente Directiva que se han de imponer a dichas instituciones. (139) La adopción de la presente Directiva modifica el perfil de riesgo de la empresa de seguros frente al tomador del seguro. La Comisión debe presentar lo antes posible, y a más tardar a finales de 2010, una propuesta de revisión de la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros ( 28 ), teniendo en cuenta las consecuencias que la presente Directiva tiene para los tomadores de seguros. (140) Son muy necesarias otras reformas de gran alcance respecto del modelo de regulación y supervisión del sector financiero comunitario. La Comisión ha de presentar rápidamente dichas reformas teniendo en cuenta debidamente las conclusiones de 25 de febrero de 2009, elaboradas por el grupo de expertos presidido por Jacques de Larosière. La Comisión debe proponer la legislación necesaria para colmar las lagunas que se han identificado en las disposiciones relativas a la forma de coordinar y cooperar en los acuerdos de supervisión. (141) Se ha de solicitar al CESSPJ un dictamen respecto de la mejor manera de tratar los asuntos relativos a un refuerzo de la supervisión de grupo y de la gestión del capital dentro de un grupo de empresas de seguros o de reaseguros. Procede solicitar al CESSPJ que emita un dictamen que ayude a la Comisión a desarrollar sus propuestas con la condición de que sean coherentes con un nivel elevado de protección de los tomadores (y beneficiarios) de seguros y con la salvaguardia de la estabilidad financiera. A este respecto, debe pedirse al CESSPJ que asesore a la Comisión sobre la estructura y los principios orientativos de las futuras modificaciones que pueda ser necesario introducir en la presente Directiva con vistas a poner en práctica los cambios que puedan proponerse. La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe seguido de las propuestas pertinentes sobre regímenes alternativos de supervisión prudencial de las empresas de seguros y de reaseguros en los grupos que refuercen la gestión eficiente del capital dentro de los mismos, si ha verificado que existe un marco regulador de ayuda que sea adecuado para la introducción de dicho régimen. En particular, es conveniente que un régimen de ayuda del grupo opere con un fundamento sólido basado en la existencia de sistemas de garantía de seguros que estén armonizados y cuenten con la financiación adecuada, un marco armonizado y jurídicamente vinculante para las autoridades competentes, los bancos centrales y los Ministerios de Hacienda respecto de la gestión de la crisis, la resolución y el reparto de la carga fiscal, que adapte las atribuciones de supervisión a las responsabilidades fiscales, un marco jurídico vinculante para la mediación en litigios en materia de supervisión, un marco armonizado sobre intervención precoz, y un marco armonizado de transferencia de activos, procedimientos de insolvencia y liquidación que elimine los obstáculos pertinentes a la transferencia de activos en la legislación nacional en materia de sociedades o empresas. En su informe, la Comisión debe tener en cuenta asimismo el comportamiento a lo largo del tiempo de los efectos de diversificación y el riesgo vinculado a formar parte de un grupo, las prácticas en la gestión centralizada de riesgos de grupo, el funcionamiento de modelos internos de grupo, así como la supervisión de las operaciones intragrupo y el riesgo de las concentraciones. (142) De acuerdo con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» ( 29 ), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos. Considerando lo siguiente: HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:







ÍNDICE TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ACCESO A LA ACTIVIDAD DE SEGURO DIRECTO Y DE REASEGURO Y SU EJERCICIO CAPÍTULO I Objeto, ámbito de aplicación y definiciones SECCIÓN 1 Objeto y ámbito de aplicación SECCIÓN 2 Exclusiones del ámbito de aplicación Subsección 1 Disposiciones generales Subsección 2 Seguros distintos del seguro de vida Subsección 3 Seguros de vida Subsección 4 Reaseguro SECCIÓN 3 Definiciones CAPÍTULO II Condiciones de acceso a la actividad CAPÍTULO III Autoridades de supervisión y normas generales CAPÍTULO IV Condiciones relativas al ejercicio de la actividad SECCIÓN 1 Responsabilidad del órgano de administración, dirección o supervisión SECCIÓN 2 Sistema de gobernanza SECCIÓN 3 Publicación de información SECCIÓN 4 Participaciones cualificadas SECCIÓN 5 Secreto profesional, intercambio de información y promoción de la convergencia de la actividad supervisora SECCIÓN 6 Obligaciones de los auditores CAPÍTULO V Ejercicio simultáneo de la actividad de seguro de vida y de seguro distinto del seguro de vida CAPÍTULO VI Normas relativas a la valoración de activos y pasivos, las provisiones técnicas, los fondos propios, el capital de solvencia obligatorio, el capital mínimo obligatorio y las inversiones SECCIÓN 1 Valoración de activos y pasivos SECCIÓN 2 Normas relativas a las provisiones técnicas SECCIÓN 3 Fondos propios Subsección 1 Determinación de los fondos propios Subsección 2 Clasificación de los fondos propios Subsección 3 Admisibilidad de los fondos propios SECCIÓN 4 Capital de solvencia obligatorio Subsección 1 Disposiciones generales relativas al capital de solvencia obligatorio calculado por medio de la fórmula estándar o de un modelo interno Subsección 2 Capital de solvencia obligatorio – Fórmula estándar Subsección 3 Capital de solvencia obligatorio – Modelos internos completos y parciales SECCIÓN 5 Capital mínimo obligatorio SECCIÓN 6 Inversiones CAPÍTULO VII Empresas de seguros y de reaseguros en dificultades o en situación irregular CAPÍTULO VIII Derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios SECCIÓN 1 Establecimiento de las empresas de seguros SECCIÓN 2 Libre prestación de servicios de las empresas de seguros Subsección 1 Disposiciones generales Subsección 2 Seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles SECCIÓN 3 Facultades de las autoridades de supervisión del estado miembro de acogida Subsección 1 Seguros Subsección 2 Reaseguro SECCIÓN 4 Información estadística SECCIÓN 5 Régimen aplicable a los contratos de las sucursales en los procedimientos de liquidación CAPÍTULO IX Sucursales establecidas en la comunidad y pertenecientes a empresas de seguros o de reaseguros que tengan su domicilio social fuera de la comunidad SECCIÓN 1 Acceso a la actividad SECCIÓN 2 Reaseguro CAPÍTULO X Filiales de empresas de seguros y de reaseguros sometidas al derecho de un tercer país y adquisiciones de participaciones por parte de tales empresas TÍTULO II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS SEGUROS Y LOS REASEGUROS CAPÍTULO I Legislación aplicable y condiciones de los contratos de seguro directo SECCIÓN 1 Legislación aplicable SECCIÓN 2 Seguro obligatorio SECCIÓN 3 Seguro obligatorio SECCIÓN 4 Condiciones de las pólizas y escalas de primas SECCIÓN 5 Información a los tomadores de seguros Subsección 1 Seguros distintos del seguro de vida Subsección 2 Seguros de vida CAPÍTULO II Disposiciones específicas al seguro distinto del seguro de vida SECCIÓN 1 Disposiciones generales SECCIÓN 2 Coaseguro comunitario SECCIÓN 3 Asistencia SECCIÓN 4 Seguro de defensa jurídica SECCIÓN 5 Seguro de enfermedad SECCIÓN 6 Seguro de accidentes laborales CAPÍTULO III Disposiciones específicas del seguro de vida CAPÍTULO IV Normas específicas del reaseguro TÍTULO III SUPERVISIÓN DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS QUE FORMEN PARTE DE UN GRUPO CAPÍTULO I Supervisión de grupo: definiciones, supuestos de aplicación, ámbito de aplicación y niveles SECCIÓN 1 Definiciones SECCIÓN 2 Supuestos y ámbito de aplicación SECCIÓN 3 Niveles CAPÍTULO II Situación financiera SECCIÓN 1 Solvencia de grupo Subsección 1 Disposiciones generales Subsección 2 Elección del método de cálculo y principios generales Subsección 3 Aplicación de los métodos de cálculo Subsección 4 Métodos de cálculo Subsección 5 Supervisión de la solvencia de grupo en el caso de empresas de seguros y de reaseguros filiales de una sociedad de cartera de seguros Subsección 6 Supervisión de la solvencia de grupo en el caso de grupos con gestión centralizada de riesgos SECCIÓN 2 Concentración de riesgo y operaciones intragrupo SECCIÓN 3 Gestión de riesgos y control interno CAPÍTULO III Medidas destinadas a facilitar la supervisión de grupo CAPÍTULO IV Terceros países CAPÍTULO V Sociedades mixtas de cartera de seguros TÍTULO IV SANEAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS CAPÍTULO I Ámbito de aplicación y definiciones CAPÍTULO II Medidas de saneamiento CAPÍTULO III Procedimiento de liquidación CAPÍTULO IV Disposiciones comunes TÍTULO V OTRAS DISPOSICIONES TÍTULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES CAPÍTULO I Disposiciones transitorias SECCIÓN 1 Seguros SECCIÓN 2 Reaseguro CAPÍTULO II Disposiciones finales ANEXO I RAMOS DE SEGURO DISTINTO DEL SEGURO DE VIDA A. Clasificación de los riesgos por ramos B. Denominación de la autorización concedida simultáneamente para varios ramos ANEXO II RAMOS DE SEGURO DE VIDA ANEXO III FORMAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS A. Formas jurídicas de las empresas de seguros distintos del seguro de vida B. Formas de empresas de seguros de vida C. Forma de las empresas de reaseguros ANEXO IV FÓRMULA ESTÁNDAR DEL CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO (SCR) 1. Cálculo del capital de solvencia obligatorio básico 2. Cálculo del módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida 3. Cálculo del módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida 4. Cálculo del módulo de riesgo de mercado ANEXO V GRUPOS DE RAMOS DE SEGURO DISTINTO DEL SEGURO DE VIDA A EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 159 ANEXO VI Parte A Directivas derogadas y relación de sus sucesivas modificaciones (conforme al artículo 310) Parte B Relación de los plazos de transposición al Derecho interno (conforme al artículo 310) ANEXO VII TABLA DE CORRESPONDENCIAS







TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ACCESO A LA ACTIVIDAD DE SEGURO DIRECTO Y DE REASEGURO Y SU EJERCICIO







CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones







Sección 1

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva regula lo siguiente:

1) el acceso a las actividades por cuenta propia del seguro directo y del reaseguro y el ejercicio de las mismas en la Comunidad;

2) la supervisión de los grupos de seguros y reaseguros;

3) el saneamiento y la liquidación de las empresas de seguros directos.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará a las empresas de seguros directos de vida y de seguros distintos del seguro de vida establecidas en el territorio de un Estado miembro o que deseen establecerse en él.

La presente Directiva se aplicará, asimismo a las empresas de reaseguros que únicamente realicen actividades de reaseguro y estén establecidas en el territorio de un Estado miembro o deseen establecerse en él, salvo lo dispuesto en el título IV.

2. Por lo que respecta a los seguros distintos del seguro de vida, la presente Directiva se aplicará a las actividades de los ramos que figuran en la parte A del anexo I. A efectos del apartado 1, párrafo primero, el seguro distinto del seguro de vida comprenderá la actividad consistente en prestar asistencia a las personas que se encuentren en dificultades durante desplazamientos o ausencias de su domicilio o residencia habitual. Consistirá en asumir, mediante el pago previo de una prima, el compromiso de poner inmediatamente una ayuda a disposición del beneficiario del correspondiente contrato de asistencia cuando este se encuentre en dificultades a consecuencia de un suceso fortuito, en los casos y condiciones previstos en el propio contrato.

La ayuda podrá consistir en prestaciones en dinero o en especie. Las prestaciones en especie podrán efectuarse asimismo utilizando personal o material propios del proveedor de las mismas.

La actividad de asistencia no cubrirá los servicios de reparación o de mantenimiento, los servicios postventa ni la mera indicación o puesta a disposición, en calidad de intermediario, de una ayuda.

3. En lo relativo al seguro de vida, la presente Directiva se aplicará a:

a) las actividades de seguro de vida siguientes, cuando deriven de un contrato: i) el seguro de vida, que comprende el seguro en caso de vida, en caso de muerte, el seguro mixto, el seguro de vida con contraseguro, el seguro de nupcialidad, el seguro de natalidad; ii) el seguro de renta; iii) los seguros complementarios suscritos con carácter adicional al seguro de vida, en especial los seguros de lesiones corporales, incluida la incapacidad laboral, los seguros de muerte por accidente, los seguros de invalidez por accidente o enfermedad; iv) los tipos de seguro de enfermedad de larga duración, no rescindible, practicado en Irlanda y el Reino Unido;

b) las siguientes operaciones, cuando deriven de un contrato, siempre que estén sometidas a supervisión por las autoridades competentes para la supervisión de los seguros privados: i) las operaciones que lleven consigo la constitución de asociaciones que reúnan participantes para capitalizar en común sus contribuciones y para repartir el activo así constituido entre los supervivientes, o entre los herederos de los fallecidos (operaciones tontinas); ii) las operaciones de capitalización basadas en una técnica actuarial que supongan, a cambio de pagos únicos o periódicos fijados por adelantado, compromisos determinados en cuanto a su duración y a su importe; iii) las operaciones de gestión de fondos colectivos de pensiones, con inclusión de la administración de las inversiones y en especial los activos representativos de las reservas de los organismos que suministran las prestaciones en caso de muerte, en caso de vida o en caso de cese o reducción de actividades; iv) las operaciones mencionadas en el inciso iii), cuando lleven consigo una garantía de seguro, sea sobre la conservación del capital, sea sobre el pago de un interés mínimo; v) las operaciones efectuadas por empresas de seguros de vida, tales como las mencionadas en el libro IV, título 4, capítulo 1, del «Code français des assurances»;

c) las operaciones que dependan de la duración de la vida humana, definidas o previstas por la legislación de los seguros sociales, siempre que sean practicadas o administradas de conformidad con la legislación de un Estado miembro por empresas de seguros de vida a su propio riesgo.







Sección 2

Exclusiones del ámbito de aplicación







Subsección 1

Disposiciones generales

Artículo 3

Regímenes legales

La presente Directiva no se aplicará a los seguros incluidos en un régimen legal de seguridad social, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, letra c).

Artículo 4

Exclusiones del ámbito de aplicación en razón de las dimensiones

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 y en los artículos 5 a 10, la presente Directiva no se aplicará a la empresa de seguros que cumpla todas las condiciones que figuran a continuación:

a) los ingresos anuales brutos de la empresa por primas escritas no exceden de 5 000 000 EUR;

b) el total de las provisiones técnicas de la empresa, bruto de los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro y de las entidades con cometido especial, a que se refiere el artículo 76, no excede de 25 000 000 EUR;

c) cuando la empresa pertenece a un grupo, el total de las provisiones técnicas del grupo, bruto de los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro y de las entidades con cometido especial no excede de 25 000 000 EUR;

d) las actividades de la empresa no incluyen actividades de seguro o reaseguro que cubren riesgos de pasivos, créditos y cauciones excepto en aquellos casos en que estos constituyen riesgos accesorios a efectos del artículo 16, apartado 1;

e) las actividades de la empresa no incluyen operaciones de reaseguro que exceden de500 000 EUR de sus ingresos anuales brutos por primas escritas o de2 500 000 EUR de sus provisiones técnicas, bruto de los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro y de las entidades con cometido especial, o más del 10 % de sus ingresos anuales brutos por primas escritas o más del 10 % de sus provisiones técnicas, bruto de los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro y de las entidades con cometido especial.

2. En caso de que se supere alguno de los importes establecidos en el apartado 1 durante tres años consecutivos, la presente Directiva se aplicará a partir del cuarto año.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la presente Directiva se aplicará a todas las empresas de seguros que soliciten autorización para ejercer actividades de seguro y reaseguro cuyos ingresos anuales brutos por primas escritas o el bruto de las provisiones técnicas de los importes recuperables de los contratos de reaseguro y de las entidades con cometido especial se espera que en los cinco años siguientes excedan cualquiera de los importes establecidos en el apartado 1.

4. La presente Directiva dejará de aplicarse a las empresas de seguros con respecto a las cuales las autoridades de supervisión hayan comprobado que cumplen todas las condiciones que figuran a continuación:

a) durante los tres últimos años consecutivos no se ha superado ninguno de los límites establecidos en el apartado 1; y

b) no se espera que en los próximos cinco años se supere ninguno de los importes establecidos en el apartado 1.

El párrafo primero del presente artículo no se aplicará en tanto que la empresa de seguros interesada realice actividades de conformidad con los artículos 145 a 149.

5. Lo dispuesto en los apartados 1 y 4 no impedirá que una empresa solicite una autorización, o siga conservándola, con arreglo a la presente Directiva.







Subsección 2

Seguros distintos del seguro de vida

Artículo 5

Operaciones

En el caso de los seguros distintos del seguro de vida, la presente Directiva no se aplicará a las operaciones siguientes:

1) las operaciones de capitalización, según se definan por la legislación de cada Estado miembro;

2) las operaciones de los organismos de previsión y de asistencia cuyas prestaciones varíen en función de los recursos disponibles y en las que la contribución de los partícipes se determine a tanto alzado;

3) las operaciones efectuadas por organizaciones sin personalidad jurídica que tengan por objeto la garantía mutua de sus miembros, sin dar lugar al pago de primas ni a la constitución de provisiones técnicas; o

4) las operaciones de seguro de crédito a la exportación por cuenta o con la garantía del Estado, o cuando el Estado sea el asegurador.

Artículo 6

Asistencia

1. La presente Directiva no se aplicará a la actividad de asistencia cuando concurran todas las condiciones siguientes:

a) que la asistencia se preste con ocasión de un accidente o una avería que afecten a un vehículo de carretera, cuando sobrevengan en el territorio del Estado miembro del prestador de la garantía;

b) que el compromiso de asistencia se limite a las operaciones siguientes: i) la reparación de la avería en el mismo lugar, para la cual el prestador utilizará, en la mayor parte de los casos, personal y material propios; ii) el traslado del vehículo al lugar de reparación más próximo o más adecuado y, en su caso, normalmente por el mismo medio de auxilio, el acompañamiento del conductor y de los pasajeros hasta el lugar más próximo desde el cual puedan proseguir su viaje por otros medios; y iii) si así lo prevé el Estado miembro de origen del prestador de la garantía, el traslado del vehículo y, en su caso, el acompañamiento del conductor y de los pasajeros hasta su domicilio, su punto de partida o su destino originario en el mismo Estado miembro; y

c) que la asistencia no sea prestada por una empresa sujeta a la presente Directiva.

2. En los casos previstos en el apartado 1, letra b), incisos i) y ii), la condición de que el accidente o la avería sobrevengan en el territorio del Estado miembro del prestador de la garantía no se aplicará cuando el beneficiario pertenezca al organismo prestador de la garantía y la reparación o el traslado del vehículo se efectúe ante la mera presentación del carnet de miembro, sin pago de sobreprima, por un organismo similar del país afectado sobre la base de un acuerdo de reciprocidad, o en el caso de Irlanda y el Reino Unido, cuando las operaciones de asistencia sean realizadas por un mismo organismo que opere en los dos Estados.

3. La presente Directiva no se aplicará a las operaciones a que se refiere el apartado 1, letra b), inciso iii), si el accidente o la avería sobrevienen en el territorio de Irlanda o, respecto del Reino Unido, en el territorio de Irlanda del Norte, y el vehículo, en su caso, junto con el conductor y los pasajeros, es trasladado hasta el domicilio, el punto de partida o el destino originario de los mismos en uno u otro de dichos territorios.

4. La presente Directiva no se aplicará a las operaciones de asistencia efectuadas por el Automobile Club del Gran Ducado de Luxemburgo cuando el accidente o la avería del vehículo de carretera hayan sobrevenido fuera del territorio del Gran Ducado de Luxemburgo y la asistencia consista en el traslado del vehículo accidentado o averiado así como, en su caso, el acompañamiento del conductor y de los pasajeros hasta su domicilio.

Artículo 7

Mutuas

La presente Directiva no se aplicará a las mutuas que ejerzan actividades de seguro distinto del seguro de vida y hayan concertado con otras mutuas un acuerdo sobre el reaseguro íntegro de los contratos de seguro que hayan suscrito o la sustitución de la empresa cedente por la empresa cesionaria para la ejecución de los compromisos resultantes de los citados contratos. En tal caso, la empresa cesionaria quedará sometida a las disposiciones de la presente Directiva.

Artículo 8

Organismos

La presente Directiva no se aplicará a los siguientes organismos que ejercen actividades de seguro distinto del seguro de vida, salvo modificación de sus estatutos o de la ley aplicable en lo que se refiere a la competencia:

1) en Dinamarca, a Falck Danmark;

2) en Alemania, a los organismos semipúblicos siguientes: a) Postbeamtenkrankenkasse; b) Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;

3) en Irlanda, al Voluntary Health Insurance Board;

4) en España, al Consorcio de Compensación de Seguros.







Subsección 3

Seguros de vida

Artículo 9

Operaciones y actividades

En lo que respecta a los seguros de vida, la presente Directiva no se aplicará a las siguientes operaciones y actividades:

1) a las operaciones de los organismos de previsión y de asistencia que concedan prestaciones variables según los recursos disponibles y que exijan a sus partícipes una contribución a tanto alzado;

2) a las operaciones efectuadas por organismos distintos de las empresas referidas en el artículo 2, cuyo objeto sea suministrar a los trabajadores, por cuenta ajena o por cuenta propia, agrupados en el marco de una empresa o de un grupo de empresas o de un sector profesional o interprofesional, prestaciones en caso de muerte, en caso de vida o en caso de cese o de reducción de actividades, independientemente de que los compromisos que resulten de estas operaciones estén o no cubiertos íntegramente y en todo momento por provisiones matemáticas;

3) a las actividades de las empresas de seguros de pensión señaladas en la Ley de pensiones de los trabajadores por cuenta ajena (TyEL) y demás legislación finlandesa relacionada con ella, siempre que: a) las empresas de seguros de pensión que, con arreglo a la legislación finlandesa ya están obligadas a utilizar sistemas de contabilidad y de gestión separados para sus actividades relativas a las pensiones, establezcan, a partir del 1 de enero de 1995, entidades jurídicas independientes para llevar a cabo dichas actividades; y b) las autoridades finlandesas permitan de forma no discriminatoria que todos los ciudadanos y empresas de los Estados miembros lleven a cabo, de conformidad con la normativa finlandesa, todas las actividades señaladas en el artículo 2 en relación con esta excepción, bien mediante la participación de una empresa o grupo de seguros existente, bien mediante la creación o la participación en nuevas empresas o grupos de seguros, incluidas las empresas de seguros de pensión.

Artículo 10

Organismos y empresas

En lo que respecta al seguro de vida, la presente Directiva no se aplicará a los siguientes organismos y empresas:

1) a los organismos que garanticen únicamente prestaciones en caso de muerte, cuando el importe de estas prestaciones no exceda del valor medio de los gastos funerarios por un fallecimiento, o cuando estas prestaciones se sirvan en especie;

2) salvo modificación de sus estatutos en cuanto a su competencia, en Alemania, al «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen»;

3) salvo modificación de sus estatutos en cuanto a sus actividades o competencia, en España, al Consorcio de Compensación de Seguros.







Subsección 4

Reaseguro

Artículo 11

Reaseguro

En lo que respecta al reaseguro, la presente Directiva no se aplicará a las actividades de reaseguro ejercidas o plenamente garantizadas por el Gobierno de un Estado miembro cuando, por motivos de interés público importante, dicho Gobierno actúe en calidad de reasegurador de último recurso, incluyendo aquellas circunstancias en que esta actuación se requiera por una situación en el mercado tal que no resulte posible obtener en él una cobertura comercial adecuada.

Artículo 12

Empresas de reaseguros que pongan fin a su actividad

1. Las empresas de reaseguros que a 10 de diciembre de 2007 hayan cesado de celebrar nuevos contratos de reaseguro y gestionen exclusivamente su cartera de contratos existente para poner fin a sus actividades no estarán sujetas a la presente Directiva.

2. Los Estados miembros establecerán una lista de las empresas de reaseguros afectadas y la comunicarán a todos los demás Estados miembros.







Sección 3

Definiciones

Artículo 13

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) «empresa de seguros»: una empresa de seguros directos de vida o distintos del seguro de vida que haya recibido autorización, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14;

2) «empresa de seguros cautiva»: una empresa de seguros propiedad de una empresa financiera distinta de una empresa de seguros o de reaseguros o de un grupo de empresas de seguros o de reaseguros con arreglo al artículo 212, apartado 1, letra c), o de una empresa no financiera, y que tenga por objetivo ofrecer una cobertura de seguro exclusivamente para los riesgos de la empresa o empresas a las que pertenece o de una empresa o empresas del grupo del que forma parte;

3) «empresa de seguros de un tercer país»: una empresa que, si tuviera su domicilio social en la Comunidad, estaría obligada a obtener una autorización de empresa de seguros con arreglo al artículo 14;

4) «empresa de reaseguros»: una empresa que haya recibido autorización con arreglo al artículo 14 para desarrollar actividades de reaseguro;

5) «empresa de reaseguros cautiva»: una empresa de reaseguros propiedad de una empresa financiera distinta de una empresa de seguros o de reaseguros o de un grupo de empresas de seguros o de reaseguros con arreglo al artículo 212, apartado 1, letra c), o de una empresa no financiera, y que tenga por objeto ofrecer una cobertura de seguro exclusivamente para los riesgos de la empresa o empresas a las que pertenece o de una empresa o empresas del grupo del que forma par