2009L0065 — ES — 21.07.2011 — 002.001

Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones

►B DIRECTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de julio de 2009 por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 302, 17.11.2009, p.32)

Modificado por:









▼B

DIRECTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 13 de julio de 2009

por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)

(versión refundida)

(Texto pertinente a efectos del EEE)







EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 47, apartado 2, Vista la propuesta de la Comisión, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado ( 1 ), Considerando lo siguiente: (1) La Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) ( 2 ), ha sido considerablemente modificada en diversas ocasiones ( 3 ). Dado que es preciso introducir nuevas modificaciones, procede, en aras de una mayor claridad, refundir dicha Directiva. (2) La Directiva 85/611/CEE ha contribuido notablemente al desarrollo y éxito del sector europeo de fondos de inversión. No obstante, pese a las mejoras introducidas después de su adopción y, en particular, en 2001, ha ido quedando de manifiesto la necesidad de modificar el marco legal de los OICVM para adaptarlo a los mercados financieros del siglo XXI. El Libro Verde de la Comisión de 12 de julio de 2005 sobre la mejora del marco de la UE para los Fondos de Inversión abrió un debate público sobre la forma en que la Directiva 85/611/CE debía ser modificada para hacer frente a estos nuevos retos. Este intenso proceso de consulta llevó a la conclusión, ampliamente compartida, de que era necesario efectuar importantes modificaciones a esta Directiva. (3) Las legislaciones nacionales que regulan los organismos de inversión colectiva deben coordinarse para aproximar en el plano comunitario las condiciones de competencia entre estos organismos y conseguir una protección más eficaz y uniforme de los partícipes. Tal coordinación facilita la supresión de las restricciones a la libre circulación, en el plano comunitario, de las participaciones de los OICVM. (4) Habida cuenta de estos objetivos, resulta oportuno prever para los OICVM establecidos en los Estados miembros, normas mínimas comunes en lo relativo a su autorización, su supervisión, su estructura, su actividad y la información que deben publicar. (5) Es conveniente limitar la coordinación de las legislaciones de los Estados miembros a los OICVM que no sean de tipo «cerrado», que ofrezcan sus participaciones en venta al público en la Comunidad. Resulta oportuno permitir que, entre los objetivos de inversión de los OICVM, figuren instrumentos financieros, distintos de los valores mobiliarios, que sean suficientemente líquidos. Los instrumentos financieros aptos para ser activos de inversión de las carteras de los OICVM deben enumerarse en la presente Directiva. La técnica que consiste en seleccionar los elementos de una cartera de inversión en función de un índice constituye una técnica de gestión. (6) Cuando una disposición de la presente Directiva requiera que un OICVM adopte medidas, debe entenderse que dicha disposición se refiere a la sociedad de gestión cuando el OICVM esté constituido como fondo común de inversión gestionado por una sociedad de gestión y cuando el fondo común no pueda actuar por sí mismo al carecer de personalidad jurídica propia. (7) Las participaciones de los OICVM se consideran instrumentos financieros a efectos de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros ( 4 ). (8) La autorización concedida en su Estado miembro de origen a la sociedad de gestión debe garantizar la protección de los inversores y la solvencia de las sociedades de gestión, con vistas a contribuir a la estabilidad del sistema financiero. El planteamiento adoptado en la presente Directiva consiste en llevar a cabo la armonización básica necesaria y suficiente para garantizar el reconocimiento mutuo de la autorización y de los sistemas de supervisión prudencial, haciendo posible la concesión de una única autorización válida en toda la Comunidad y la aplicación del principio de supervisión por el Estado miembro de origen. (9) Para garantizar que la sociedad de gestión pueda cumplir las obligaciones que se deriven de sus actividades y de esta manera garantizar su estabilidad, es necesario un capital inicial y una cantidad adicional de fondos propios. Para tener en cuenta los cambios, en particular los relativos a las exigencias de capital en relación con el riesgo operativo dentro de la Comunidad y en otros foros internacionales, estos requisitos, incluido el uso de garantías, deben revisarse. (10) A fin de proteger a los inversores, es necesario garantizar el control interno de toda sociedad de gestión, en particular a través de una dirección bipersonal y de mecanismos adecuados de control interno. (11) En virtud del principio de supervisión por el Estado miembro de origen, debe permitirse a las sociedades de gestión autorizadas en su Estado miembro de origen la prestación, en toda la Comunidad, de los servicios para los cuales hayan recibido autorización, ya sea mediante el establecimiento de sucursales o en régimen de libre prestación de servicios. (12) En lo que respecta a la gestión de carteras colectivas (gestión de fondos comunes de inversión o de sociedades de inversión), la autorización otorgada a una sociedad de gestión en su Estado miembro de origen debe capacitarla para desarrollar en el Estado miembro de acogida las siguientes actividades, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo XI: distribuir, a través del establecimiento de una sucursal, las participaciones de los fondos comunes de inversión armonizados que gestione esa sociedad en su Estado miembro de origen; distribuir las acciones de las sociedades de inversión armonizadas que gestione esa sociedad, a través del establecimiento de una sucursal; distribuir las participaciones de los fondos comunes de inversión armonizados o las acciones de las sociedades de inversión armonizadas gestionadas por otras sociedades de gestión; desempeñar todas las demás funciones y tareas que implica la actividad de gestión de carteras colectivas; gestionar los activos de sociedades de inversión constituidas en Estados miembros distintos de su Estado miembro de origen; desempeñar, en virtud de un mandato y por cuenta de sociedades de gestión constituidas en Estados miembros distintos de su Estado miembro de origen, las funciones que implica la actividad de gestión de carteras colectivas. Cuando una sociedad de gestión distribuya las participaciones de sus propios fondos comunes de inversión armonizados o las acciones de sus propias sociedades de inversión armonizadas en los Estados miembros de acogida sin establecer una sucursal, solo debe estar sujeta a las normas relativas a la comercialización transfronteriza. (13) En lo que atañe al ámbito de actividad de las sociedades de gestión y a fin de atender a la legislación nacional y permitir que las mencionadas sociedades realicen significativas economías de escala, resulta oportuno permitirles que se dediquen también a la gestión de carteras de inversión de clientes individuales (gestión de carteras individuales), incluida la gestión de fondos de pensiones, así como ciertas actividades accesorias específicas relacionadas con la actividad principal, sin que ello afecte negativamente a su estabilidad. No obstante, deben instaurarse normas específicas con objeto de prevenir conflictos de intereses en caso de que las sociedades de gestión estén autorizadas para desarrollar actividades de gestión de carteras tanto colectivas como individuales. (14) La gestión de carteras de inversión individuales es un servicio de inversión contemplado por la Directiva 2004/39/CE. A fin de crear un marco normativo homogéneo en este ámbito, resulta oportuno que las sociedades de gestión cuya autorización englobe también dicho servicio queden sujetas a las condiciones de ejercicio de la actividad establecidas en tal Directiva. (15) Por regla general, el Estado miembro de origen debe poder establecer normas más estrictas que las contenidas en la presente Directiva, en particular en relación con las condiciones de autorización, los requisitos prudenciales, las normas sobre información y sobre el folleto. (16) Es conveniente establecer normas por las que se determinen las condiciones en las que una sociedad de gestión pueda delegar en terceros, en virtud de un mandato, tareas y funciones específicas, con objeto de desarrollar su actividad de forma más eficiente. A fin de garantizar la correcta aplicación del principio de supervisión por el Estado miembro de origen, los Estados miembros que permitan tal delegación deben asegurarse de que las sociedades de gestión a las que hayan concedido autorización no deleguen en un tercero o terceros la totalidad de sus funciones, convirtiéndose en entidades vacías, y de que la existencia de un mandato no obstaculice la supervisión efectiva de la sociedad de gestión. El hecho de que la sociedad de gestión delegue sus propias funciones no debe, sin embargo, alterar en ningún caso sus responsabilidades o las del depositario frente a los partícipes y las autoridades competentes. (17) Con el fin de garantizar unas condiciones equitativas y una supervisión adecuada a largo plazo, la Comisión debe poder examinar las posibilidades de armonización a escala comunitaria de las disposiciones relativas a la delegación. (18) El principio de supervisión por el Estado miembro de origen exige que las autoridades competentes denieguen la autorización o la retiren cuando factores tales como el contenido de los programas de actividad, la distribución geográfica o las actividades desarrolladas en la práctica indiquen claramente que la sociedad de gestión ha optado por el ordenamiento jurídico de un Estado miembro con el propósito de eludir las normas más estrictas vigentes en otro Estado miembro, en cuyo territorio se propone desarrollar o desarrolla ya la mayor parte de sus actividades. A efectos de la presente Directiva, las sociedades de gestión deben recibir la autorización en el Estado miembro en que tengan su domicilio social. De conformidad con el principio de supervisión por el Estado miembro de origen, únicamente las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión deben considerarse facultadas para la supervisión de la organización de la sociedad de gestión, incluidos todos los recursos y procedimientos necesarios para desempeñar las funciones de gestión a que se refiere el anexo II, con sujeción a la legislación del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión. (19) En el caso de que el OICVM esté gestionado por una sociedad de gestión autorizada en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen del OICVM, dicha sociedad de gestión debe adoptar y establecer procedimientos y medidas adecuados para tratar las reclamaciones de los inversores, tales como disposiciones adecuadas en los acuerdos de distribución o mediante una dirección en el Estado miembro de origen del OICVM, que no tiene por qué ser una dirección de la propia sociedad de gestión. Asimismo, la sociedad de gestión debe establecer procedimientos y medidas adecuados para poner información a disposición del público o de las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM cuando lo soliciten, tales como mediante la designación de una persona de contacto de entre los empleados de la sociedad de gestión para tratar las solicitudes de información. No obstante, dicha sociedad de gestión no debe estar obligada por la legislación del Estado miembro de origen del OICVM a tener un representante local en ese Estado miembro para cumplir estas obligaciones. (20) Las autoridades competentes que autoricen el OICVM deben tener en cuenta el reglamento del fondo común de inversión o los documentos constitutivos de la sociedad de inversión, la elección del depositario y la capacidad de la sociedad de gestión para gestionar el OICVM. Cuando la sociedad de gestión tenga su domicilio social en otro Estado miembro, las autoridades competentes deben poder basarse en un certificado expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión en cuanto al tipo de OICVM que la sociedad de gestión esté autorizada a gestionar. La autorización de un OICVM no debe estar condicionada a requisitos de capital adicional en el ámbito de la sociedad de gestión ni a la localización del domicilio social de la sociedad de gestión en el Estado miembro de origen del OICVM, ni tampoco al ejercicio de cualquier actividad de la sociedad de gestión en el Estado miembro de origen del OICVM. (21) Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida del OICVM deben estar facultadas para la supervisión del cumplimiento de las normas relativas a la constitución y al funcionamiento del OICVM, que deben estar sujetas a la legislación del Estado miembro de origen del OICVM. A tal efecto, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida del OICVM deben poder obtener información directamente de la sociedad de gestión. En particular, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de la sociedad de gestión pueden solicitar de las sociedades de gestión que les faciliten información sobre las transacciones relativas a las inversiones de los OICVM autorizados en ese Estado miembro, incluida la información contenida en los libros y registros correspondientes a dichas transacciones y en las cuentas de los fondos. Para corregir cualquier infracción de las normas que se hallen bajo su responsabilidad, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de la sociedad de gestión deben poder contar con la cooperación de las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión y, en caso necesario, deben poder adoptar medidas directamente contra la sociedad de gestión. (22) El Estado miembro de origen del OICVM debe poder establecer normas relativas al contenido del registro de partícipes del OICVM. No obstante, la organización de la teneduría y la localización de dicho registro deben seguir siendo parte de las medidas de organización de la sociedad de gestión. (23) Es necesario proporcionar al Estado miembro de origen del OICVM todos los medios para remediar cualquier infracción de las normas del OICVM. A tal efecto, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM deben poder adoptar medidas preventivas respecto de la sociedad de gestión e imponerle sanciones. Como último recurso, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM deben tener la posibilidad de exigir a la sociedad de gestión que cese en la gestión del OICVM. En tal caso, los Estados miembros deben prever las disposiciones necesarias para realizar una gestión o una liquidación metódicas del OICVM. (24) Para evitar el arbitraje prudencial y promover la confianza en la eficacia de la supervisión por parte de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, debe denegarse la autorización cuando se impida aun OICVM comercializar sus participaciones en su Estado miembro de origen. Una vez autorizado, el OICVM deber tener la libertad de escoger el Estado miembro o Estados miembros donde sus participaciones se comercializarán de conformidad con la presente Directiva. (25) Para proteger los intereses de los accionistas y garantizar unas condiciones equitativas en el mercado para los organismos de inversión colectiva armonizados, se exige a las sociedades de inversión un capital inicial. Sin embargo, las sociedades de inversión que hayan designado una sociedad de gestión estarán cubiertas por la cantidad adicional de fondos propios de la sociedad de gestión. (26) Cuando existan normas de gestión y de delegación de funciones aplicables y cuando tal delegación por parte de la sociedad de gestión esté autorizada con arreglo a la legislación de su Estado miembro de origen, las sociedades de inversión autorizadas deben cumplir dichas normas, mutatis mutandis, bien directamente, cuando no hayan designado una sociedad de gestión autorizada según lo dispuesto en la presente Directiva, bien indirectamente, en el caso de que hayan designado tal sociedad de gestión. (27) Aun cuando la consolidación entre OICVM resulta necesaria, las fusiones de OICVM hallan en la Comunidad numerosas dificultades de orden legal y administrativo. Por ello, en aras de un mejor funcionamiento del mercado interior, es preciso establecer disposiciones comunitarias que faciliten las fusiones entre OICVM (y sus compartimentos de inversión). Aunque puede ser que algunos Estados miembros autoricen solo fondos de naturaleza contractual, todos los Estados miembros deben permitir y reconocer las fusiones transfronterizas entre todo tipo de OICVM (ya sean de naturaleza contractual o adopten la forma de sociedad o fondo común de inversión) sin necesidad de que los Estados miembros establezcan nuevas formas jurídicas de OICVM en su legislación nacional. (28) La presente Directiva se refiere a las técnicas de fusión más frecuentes en los Estados miembros. No exige que todos los Estados miembros introduzcan las tres técnicas en sus legislaciones nacionales, sino que cada Estado miembro debe reconocer las transferencias de activos resultantes de esas técnicas de fusión. La presente Directiva no obsta para que los OICVM utilicen otras técnicas a escala meramente nacional en situaciones en las que no a ninguno de los OICVM interesados en la fusión haya notificado la comercialización transfronteriza de sus participaciones. Estas fusiones quedarán sujetas a las disposiciones pertinentes de la normativa nacional. Las normas nacionales sobre quórum no deben establecer una discriminación entre fusiones nacionales y transfronterizas ni ser más rigurosas que las establecidas para las fusiones de empresas. (29) De cara a proteger los intereses de los inversores, los Estados miembros han de establecer la obligación de que las fusiones entre OICVM propuestas, ya sean nacionales o transfronterizas, sean autorizadas por sus autoridades competentes. En las fusiones transfronterizas, las autoridades competentes del OICVM fusionado deben autorizar la fusión, al objeto de garantizar la debida protección de los intereses de los partícipes que, en la práctica, cambian de OICVM. Si la fusión afecta a varios OICVM fusionados y estos tienen su domicilio en Estados miembros diferentes, la fusión debe ser autorizada por las autoridades competentes de cada uno de esos OICVM, en estrecha cooperación entre sí, en particular mediante el intercambio adecuado de información. Los intereses de los partícipes del OICVM beneficiario deben también gozar de la adecuada protección, por lo que las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM beneficiario han de tenerlos en cuenta. (30) Los partícipes tanto del OICVM fusionado como del OICVM beneficiario deben tener también derecho a solicitar la recompra o el reembolso de sus participaciones o, cuando sea posible, a convertirlas en participaciones de otro OICVM con una política de inversiones similar y gestionado por la misma sociedad de gestión o por otra empresa vinculada a ella. Este derecho no debe estar sujeto a gasto adicional alguno aparte de las comisiones que los respectivos OICVM retienen exclusivamente para cubrir los costes de desinversión en cualquier situación, según lo establecido en los folletos del OICVM fusionado y del OICVM beneficiario. (31) Debe garantizarse también un control adicional de las fusiones por parte de terceros. Los depositarios de los diferentes OICVM objeto de la fusión deben cerciorarse de que el proyecto común de fusión guarde conformidad con las pertinentes disposiciones de la presente Directiva y los reglamentos de los OICVM. Un depositario o un auditor independiente deben elaborar un informe por cuenta de todos los OICVM objeto de la fusión, a fin de validar los métodos de valoración del activo y el pasivo de dichos OICVM y el método de cálculo de la ecuación de canje establecidos en el proyecto común de fusión, así como la ecuación de canje real y, en su caso, la compensación en efectivo por participación. A fin de limitar los costes de las fusiones transfronterizas, debe poder elaborarse un único informe para todos los OICVM objeto de la fusión, y ha de facultarse para ello al auditor legal del OICVM fusionado o del OICVM beneficiario. Por razones de protección del inversor, los partícipes deben poder obtener una copia de tal informe, previa petición y de forma gratuita. (32) Es especialmente importante que los partícipes estén adecuadamente informados de la fusión prevista y que sus derechos gocen de suficiente protección. Si bien los más afectados por la fusión son los intereses de los partícipes de los OICVM fusionados, es necesario salvaguardar también los de los partícipes de los OICVM beneficiarios. (33) Lo dispuesto en materia de fusiones en la presente Directiva se establece sin perjuicio de la aplicación de la legislación sobre control de las concentraciones de empresas, en particular el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (Reglamento comunitario de concentraciones) ( 5 ). (34) La libre comercialización de las participaciones de OICVM autorizados a invertir hasta el 100 % de sus activos en valores mobiliarios emitidos por un mismo emisor (Estado, ente público territorial, etc.) no debe tener como efecto directo o indirecto la perturbación del funcionamiento del mercado de capitales o la complicación de la financiación de un Estado miembro. (35) La definición de valores mobiliarios que figura en la presente Directiva se aplica exclusivamente a efectos de la misma y no afecta en modo alguno a las distintas definiciones utilizadas en las normas nacionales a otros efectos, por ejemplo, en materia fiscal. La definición que figura en la presente Directiva no abarca, por tanto, las acciones y demás valores asimilables a acciones emitidos por organismos tales como las sociedades de crédito hipotecario y las sociedades industriales y organismos de previsión, cuya propiedad no puede transferirse en la práctica, salvo en caso de readquisición por el organismo emisor. (36) Los instrumentos del mercado monetario engloban aquellos valores mobiliarios que habitualmente no se negocian en mercados regulados, sino en el mercado monetario, como las letras del Tesoro y de entes públicos territoriales, los certificados de depósito, los pagarés empresa, los títulos de deuda de vencimiento a medio plazo y las aceptaciones bancarias. (37) El concepto de mercados regulados de la presente Directiva coincide con el de la Directiva 2004/39/CE. (38) Es preciso permitir a los OICVM que inviertan sus activos en participaciones de OICVM y de otros organismos de inversión colectiva de tipo abierto que inviertan asimismo en los activos financieros líquidos a los que se refiere la presente Directiva y cuyo funcionamiento se base en el principio del reparto de riesgos. Es necesario que los OICVM u otros organismos de inversión colectiva en que invierta un OICVM estén sujetos a una supervisión eficaz. (39) Debe facilitarse la creación de oportunidades para que un OICVM invierta en OICVM y en otros organismos de inversión colectiva. Por consiguiente, es fundamental asegurarse de que tal actividad de inversión no reduzca la protección del inversor. Debido a las mayores posibilidades de que un OICVM invierta en participaciones de otro OICVM y de otros organismos de inversión colectiva, es necesario fijar ciertas normas sobre límites cuantitativos, divulgación de información y prevención del fenómeno de cascada. (40) A fin de atender a la evolución de los mercados y con vistas a la plena realización de la unión económica y monetaria, conviene permitir a los OICVM invertir en depósitos bancarios. Para asegurar la liquidez adecuada de las inversiones en depósitos, estos deben ser a la vista o deben poder ser retirados. Si los depósitos se realizan en una entidad de crédito cuyo domicilio social esté situado en un tercer país, dicha entidad debe someterse a unas normas prudenciales equivalentes a las que establece la legislación comunitaria. (41) Además de los OICVM que inviertan en depósitos bancarios de acuerdo con lo establecido en su reglamento o en sus documentos constitutivos, deber ser posible permitir a todos los OICVM poseer activos líquidos accesorios, tales como depósitos bancarios a la vista. La posesión de tales activos líquidos accesorios puede estar justificada, entre otros, para hacer frente a pagos corrientes o excepcionales, cuando se proceda a una venta, durante el plazo necesario para reinvertir en valores mobiliarios, en instrumentos del mercado monetario o en otros activos financieros contemplados en la presente Directiva, o durante el plazo estrictamente necesario en caso de que las condiciones adversas del mercado obliguen a suspender la inversión en valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y otros activos financieros. (42) Por motivos prudenciales, resulta necesario evitar una concentración excesiva por parte de los OICVM en inversiones que los expongan a un riesgo de contraparte en la misma entidad o en entidades pertenecientes al mismo grupo. (43) Debe permitirse expresamente a los OICVM que, dentro de su política general de inversión o a efectos de cobertura con el fin de alcanzar un objetivo financiero fijado o el perfil de riesgo indicado en el folleto, inviertan en instrumentos financieros derivados. Para garantizar la protección del inversor, es necesario limitar el riesgo potencial máximo en relación con los instrumentos financieros derivados, de modo que no exceda del valor neto total de las carteras de los OICVM. Para asegurar una concienciación continua sobre los riesgos y compromisos originados por las transacciones con instrumentos derivados, y para comprobar el cumplimiento de los límites de inversión, dichos riesgos y compromisos deben medirse y supervisarse de manera permanente. Por último, para garantizar la protección del inversor a través de medidas de información, los OICVM deben describir las estrategias, técnicas y límites de inversión que rijan en sus transacciones con instrumentos derivados. (44) Es preciso que las medidas destinadas a abordar los potenciales desajustes de intereses en aquellos productos en los que el riesgo de crédito se transfiera mediante titulización, como se contempla con respecto a la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio ( 6 ), y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito ( 7 ), sean concordantes y coherentes en todas las normativas pertinentes del sector financiero. La Comisión debe presentar las propuestas legislativas apropiadas para garantizar tal consistencia y tal coherencia, también en lo que a la presente Directiva se refiere, tras considerar debidamente las repercusiones de tales propuestas. (45) Con respecto a los instrumentos derivados no negociados en mercados organizados (derivados OTC), deben establecerse requisitos en términos de idoneidad de las contrapartes y los instrumentos, liquidez y evaluación continua de las posiciones. El propósito de dichos requisitos es asegurar un nivel adecuado de protección del inversor, que esté próximo al que disfruta cuando compra derivados negociados en mercados regulados. (46) Las operaciones con instrumentos derivados nunca deben utilizarse para eludir los principios o las normas establecidos en la presente Directiva. Con respecto a los derivados OTC, deben aplicarse normas adicionales de reparto de riesgos por lo que atañe a la exposición a una sola contraparte o a un único grupo de contrapartes. (47) Algunas técnicas de gestión de cartera de los organismos de inversión colectiva que invierten fundamentalmente en acciones o en obligaciones se basan en la reproducción de índices de acciones o de obligaciones. Conviene permitir a los OICVM la reproducción de índices bursátiles o de obligaciones conocidos y acreditados. Por lo tanto, puede ser preciso introducir normas más flexibles en materia de reparto de riesgos para los OICVM que inviertan en acciones o en obligaciones con este objeto. (48) Los organismos de inversión colectiva comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva no deben utilizarse con fines que no sean la inversión colectiva de los capitales obtenidos del público de conformidad con lo dispuesto en la misma. En los casos descritos en la presente Directiva, los OICVM únicamente deben poder poseer filiales cuando se dediquen, por su propia cuenta, a determinadas actividades definidas asimismo en la presente Directiva. Es preciso garantizar una supervisión eficaz de los OICVM. Por tanto, solo debe permitirse que los OICVM establezcan filiales en terceros países en los casos contemplados y en las condiciones establecidas en la presente Directiva. La obligación general de actuar exclusivamente en interés de los partícipes y, en particular, el objetivo de mejorar la rentabilidad, no pueden justificar en ningún caso la adopción por el OICVM de medidas que puedan impedir a las autoridades competentes el ejercicio eficaz de sus funciones de supervisión. (49) La versión original de la Directiva 85/611/CEE establecía una excepción frente a la restricción al porcentaje de activos de un OICVM que este podía invertir en valores mobiliarios emitidos por un mismo emisor, aplicable cuando se trataba de obligaciones emitidas o garantizadas por un Estado miembro. Esta excepción autorizaba a los OICVM a invertir hasta el 35 % de sus activos en dicho tipo de obligaciones. Está plenamente justificado que las obligaciones del sector privado que, aun sin gozar de la garantía del Estado, ofrezcan garantías particulares a los inversores en virtud de normativas específicas sean objeto de una excepción similar aunque de alcance más reducido. En consecuencia, procede ampliar dicha excepción a todas las obligaciones del sector privado que respondan a ciertos criterios fijados en común, dejando a los Estados miembros la misión de establecer la lista de las obligaciones a las que tengan previsto, en su caso, aplicar una excepción. (50) Diversos Estados miembros han adoptado disposiciones que autorizan a los organismos de inversión colectiva no coordinados a poner en común sus activos en un fondo denominado fondo principal. A fin de que los OICVM puedan recurrir a estas disposiciones, es necesario que los «OICVM subordinados» que deseen poner en común sus activos en un OICVM principal estén exentos de la prohibición de invertir más del 10 % de sus activos o, en su caso, más del 20 % de sus activos en un único organismo de inversión colectiva. Tal exención se justifica porque el OICVM subordinado invierte todos o casi todos sus activos en la cartera diversificada del OICVM principal, que está, por su parte, sujeto a las normas de diversificación aplicables a los OICVM. (51) Con objeto de facilitar el buen funcionamiento del mercado interior y garantizar un mismo nivel de protección de los inversores en toda la Comunidad, deben autorizarse tanto la estructura de tipo principal-subordinado en la que el OICVM principal y el subordinado estén establecidos en el mismo Estado miembro, como aquella otra en la que cada uno de ellos esté establecido en un Estado miembro diferente. A fin de que los inversores puedan comprender mejor las estructuras de tipo principal-subordinado, y las autoridades de reglamentación puedan supervisarlas más fácilmente, en particular en una situación transfronteriza, ningún OICVM subordinado debe estar autorizado a invertir en más de un OICVM principal. De cara a garantizar el mismo nivel de protección de los inversores en toda la Comunidad, el OICVM principal debe ser a su vez un OICVM autorizado. Con el fin de evitar una carga administrativa indebida, las disposiciones sobre notificación de comercialización transfronteriza no deben aplicarse en caso de que un OICVM principal no obtenga capital del público de otro Estado miembro que no sea aquel en el que se encuentra establecido, sino que solo cuente con uno o más OICVM subordinados en ese otro Estado miembro. (52) Al objeto de proteger a los inversores del OICVM subordinado, las inversiones del OICVM subordinado en el OICVM principal deben ser previamente autorizadas por las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM subordinado. Solo se requiere autorización para la inversión inicial en el OICVM principal que sobrepase el límite que el OICVM subordinado puede destinar a la inversión en otro OICVM. Para facilitar el buen funcionamiento del mercado interior y garantizar un mismo nivel de protección de los inversores en toda la Comunidad, las condiciones que deben respetarse y los documentos e información que deben facilitarse para la autorización de la inversión del OICVM subordinado en el OICVM principal deben ser exhaustivos. (53) A fin de que el OICVM subordinado pueda obrar en el mejor interés de sus partícipes y, en particular, pueda obtener del OICVM principal toda la información y documentación necesaria para cumplir sus obligaciones, el OICVM subordinado y el OICVM principal deben celebrar un acuerdo jurídicamente vinculante. Sin embargo, si ambos están gestionados por la misma sociedad de gestión, debe bastar con que el OICVM principal establezca las normas internas de ejercicio de la actividad. Un acuerdo de intercambio de información entre los depositarios o los auditores del OICVM subordinado y el OICVM principal, respectivamente, debe garantizar el flujo de información y de documentación necesario para que el depositario o el auditor del OICVM subordinado desempeñen sus funciones. La presente Directiva debe garantizar que, al cumplir estos requisitos, los depositarios o los auditores no infringen ninguna limitación relativa a la divulgación de información o a la protección de datos. (54) A fin de garantizar un elevado nivel de protección de los intereses de los inversores del OICVM subordinado, el folleto, los datos fundamentales para el inversor, y todas las comunicaciones publicitarias deben adaptarse a las particularidades de las estructuras de tipo principal-subordinado. La inversión del OICVM subordinado en el OICVM principal no debe afectar a la capacidad del propio OICVM subordinado de recomprar o reembolsar sus participaciones a petición de sus partícipes o de actuar en interés de estos. (55) La presente Directiva debe proteger a los partícipes de costes adicionales injustificados prohibiendo que el OICVM principal cobre al OICVM subordinado comisiones de suscripción y de reembolso. El OICVM principal debe, no obstante, poder cobrar comisiones de suscripción o de reembolso a otros inversores en el OICVM principal. (56) Las normas sobre transformación deben permitir que un OICVM existente se transforme en un OICVM subordinado. Al mismo tiempo, deben proteger suficientemente a los partícipes. Dado que se trata de una transformación que comporta un cambio fundamental de la política de inversión, el nuevo OICVM ha de estar obligado a proporcionar a sus partícipes información suficiente de manera que puedan decidir si mantienen o no su inversión. Las autoridades competentes no deben exigir al OICVM subordinado que facilite información adicional o distinta de la que se especifica en la presente Directiva. (57) Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM principal tengan conocimiento de alguna irregularidad relacionada con el OICVM principal o detecten que este no cumple las disposiciones de la presente Directiva, pueden decidir adoptar, si procede, las medidas necesarias para garantizar que se informa de ello a los partícipes del OICVM principal. (58) Los Estados miembros deben hacer una clara distinción entre las comunicaciones publicitarias y la información obligatoria al inversor que establece la presente Directiva. La información obligatoria al inversor comprende los datos fundamentales para este, el folleto y los informes anuales y semestrales. (59) Los datos fundamentales para el inversor han de facilitársele en forma de un documento específico, de manera gratuita y con la suficiente antelación a la suscripción del OICVM, a fin de ayudarle a adoptar decisiones de inversión fundadas. Tales datos fundamentales para el inversor han de ser exclusivamente los esenciales para adoptar esas decisiones. La naturaleza de la información que conforme los datos fundamentales para el inversor debe armonizarse completamente, a fin de garantizar una adecuada protección de los inversores y la comparabilidad. Los datos fundamentales para el inversor deben presentarse en forma abreviada. Un solo documento de longitud limitada, que ofrezca la información en un orden determinado, constituye la forma más adecuada de lograr la claridad y simplicidad de presentación que precisan los inversores minoristas, y permite, en principio, realizar comparaciones útiles, en particular de los costes y el perfil de riesgo, pertinentes para la decisión de inversión. (60) Las autoridades competentes de cada Estado miembro pueden poner a disposición del público, en una sección dedicada a ello de su página web, los datos fundamentales para el inversor referentes a todos los OICVM autorizados en ese Estado miembro. (61) Los datos fundamentales para el inversor han de elaborarse con respecto a todos los OICVM. Las sociedades de gestión o, en su caso, las sociedades de inversión deben facilitar los datos fundamentales para el inversor a las entidades pertinentes, de conformidad con el método de distribución utilizado (venta directa o a través de intermediario). Los intermediarios deben facilitar los datos fundamentales para el inversor a los clientes y clientes potenciales. (62) Debe serle permitido al OICVM comercializar sus participaciones en otros Estados miembros supeditándolo a un procedimiento de notificación basado en una mejor comunicación entre las autoridades competentes de los Estados miembros. Una vez que las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM hayan remitido el expediente de notificación completo, el Estado miembro de acogida del OICVM no debe poder oponerse a que el OICVM establecido en otro Estado miembro tenga acceso a su mercado, ni cuestionar la autorización otorgada por este otro Estado miembro. (63) Debe serle permitido al OICVM comercializar sus participaciones a condición de la adopción por su parte de las medidas necesarias para garantizar que puedan llevarse a cabo los pagos a los partícipes, la recompra o el reembolso de las participaciones, así como a la difusión de la información que deben suministrar los OICVM. (64) A fin de facilitar la comercialización transfronteriza de las participaciones de los OICVM, la verificación de que las disposiciones previstas para dicha comercialización se adecuan a las disposiciones legales y reglamentarias y los procedimientos administrativos aplicables en el Estado miembro de acogida del OICVM debe hacerse una vez que el OICVM haya accedido al mercado de ese Estado miembro. Esta verificación puede abarcar la adecuación de las disposiciones establecidas para la comercialización, en particular, la adecuación de las disposiciones de distribución y la obligación de presentar las comunicaciones publicitarias de forma leal, clara, y no engañosa. La presente Directiva no debe impedir que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida verifiquen que las comunicaciones publicitarias, lo que no incluye los datos fundamentales para el inversor, el folleto y los informes anuales y semestrales, son conformes con la legislación nacional, antes de que el OICVM pueda utilizarlas, pero este control no debe ser discriminatorio ni impedir el acceso al mercado del OICVM. (65) Para reforzar la seguridad jurídica, es preciso garantizar que el OICVM que comercialice sus participaciones de forma transfronteriza tenga fácil acceso, mediante una publicación electrónica y en una lengua de uso habitual en el ámbito financiero internacional, a una información completa sobre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en el Estado miembro de acogida del OICVM que se refieran específicamente a las medidas establecidas para la comercialización de las participaciones de los OICVM. La responsabilidad relacionada con dicha publicación debe estar sometida a la legislación nacional. (66) A fin de facilitar el acceso de los OICVM a los mercados de otros Estados miembros, los OICVM deben estar obligados a traducir únicamente los datos fundamentales para el inversor a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro de acogida del OICVM o a una lengua admitida por la autoridad competente de este Estado. Los datos fundamentales para el inversor deben especificar la lengua o lenguas en las que esté disponible la demás información obligatoria y otra información adicional. Las traducciones se deben efectuar bajo la responsabilidad del OICVM, que debe decidir si basta con una simple traducción o es necesaria una traducción jurada. (67) Para facilitar el acceso a los mercados de otros Estados miembros, es importante que las tasas de notificación sean públicas. (68) Los Estados miembros deben adoptar las medidas administrativas y de organización oportunas para facilitar la cooperación entre las autoridades nacionales y las autoridades competentes de otros Estados miembros, incluso mediante acuerdos bilaterales o multilaterales entre dichas autoridades, pudiéndose prever una delegación voluntaria de funciones. (69) Es necesario potenciar la convergencia de las facultades de que disponen las autoridades competentes, a fin de que la presente Directiva se aplique por igual en todos los Estados miembros. Un conjunto mínimo común de facultades, coherente con las conferidas a las autoridades competentes en otras disposiciones legales comunitarias sobre los servicios financieros, debe garantizar la eficacia en la supervisión. Además, los Estados miembros deben establecer normas relativas a las sanciones, que pueden incluir sanciones penales o administrativas, así como medidas administrativas, aplicables a las infracciones de la presente Directiva. Asimismo, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la ejecución de dichas sanciones. (70) Es preciso reforzar las disposiciones sobre el intercambio de información entre las autoridades competentes nacionales y consolidar el deber de asistencia y de cooperación mutua. (71) Con miras a la prestación transfronteriza de servicios, deben asignarse competencias claras a las autoridades competentes respectivas para suplir cualquier laguna y evitar solapamientos, de conformidad con la legislación aplicable. (72) Las disposiciones de la presente Directiva relativas al ejercicio eficaz de su misión por parte de las autoridades competentes abarca la supervisión consolidada que debe ejercerse sobre un OICVM o una empresa que participe en su actividad cuando el Derecho comunitario así lo disponga. En tal caso, las autoridades a las que se haya solicitado la autorización deben poder determinar las autoridades competentes para la supervisión consolidada de dicho OICVM o una empresa que participe en su actividad. (73) El principio de supervisión por el Estado miembro de origen exige que las autoridades competentes denieguen la autorización o la retiren cuando factores tales como el contenido de los programas de actividades, la distribución geográfica o las actividades desarrolladas en la práctica indiquen claramente que un OICVM o una empresa que participe en su actividad ha optado por el sistema jurídico de un Estado miembro con el propósito de eludir las normas más estrictas vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio se propone dedicarse o se dedica ya a la mayor parte de sus actividades. (74) Determinadas actuaciones, como los fraudes y los delitos de uso indebido de información privilegiada, aun cuando afecten a empresas distintas de los OICVM o empresas que participen en su actividad, pueden repercutir en la estabilidad del sistema financiero, incluida su integridad. (75) Procede prever la posibilidad de intercambios de información entre las autoridades competentes y determinadas autoridades u organismos que contribuyen, por su función, a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, para garantizar el carácter confidencial de la información transmitida, los destinatarios de tales intercambios deben ser estrictamente limitados. (76) Es preciso establecer las condiciones en las que se autoricen dichos intercambios de información. (77) Cuando se estipule que la información solo puede divulgarse si cuenta con el acuerdo expreso de las autoridades competentes, estas pueden, si procede, condicionar su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas. (78) Procede autorizar, asimismo, los intercambios de información entre las autoridades competentes, por una parte, y los bancos centrales y otros organismos de función similar en tanto que autoridades monetarias, o, en su caso, otras autoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemas de pago, por otra. (79) Es conveniente introducir en la presente Directiva el mismo régimen de secreto profesional para las autoridades encargadas de la autorización y de la supervisión de los OICVM y las empresas que contribuyen a dicha autorización y supervisión, así como las mismas posibilidades de intercambio de información, que en el caso de las autoridades encargadas de la autorización y la supervisión de las entidades de crédito, de las empresas de inversión y de las empresas de seguros. (80) Con el fin de reforzar la supervisión prudencial de los OICVM o de las empresas que participen en su actividad y la protección de sus clientes, es conveniente estipular que todo auditor deba informar rápidamente a las autoridades competentes cuando, en los casos previstos en la presente Directiva y en el ejercicio de su función, tenga conocimiento de determinados hechos que puedan afectar gravemente a la situación financiera o a la organización administrativa y contable de un OICVM o de una empresa que participe en su actividad. (81) Dado el objetivo de la presente Directiva, conviene que los Estados miembros dispongan la aplicación de esta obligación siempre que un auditor observe tales hechos en el ejercicio de su función en una empresa que tenga vínculos estrechos con un OICVM o una empresa que participe en su actividad. (82) La obligación impuesta a los auditores de comunicar, en su caso, a las autoridades competentes determinados hechos y decisiones relativos a un OICVM o una empresa que participe en su actividad, observados en el ejercicio de su función en una entidad distinta de un OICVM o de una empresa que participe en la actividad de un OICVM, no modifica por sí sola el carácter de su función en dicha entidad ni la forma en que deban llevar a cabo su función en ella. (83) La presente Directiva no debe afectar a la normativa nacional sobre fiscalidad, incluidas las disposiciones que los Estados miembros puedan imponer para garantizar el cumplimiento de dichas normas en su territorio. (84) Procede adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ( 8 ). (85) Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que adopte las siguientes medidas de aplicación. En lo que atañe a las sociedades de gestión, conviene conferir competencias a la Comisión para que adopte medidas que especifiquen los detalles de los requisitos de organización, de la gestión de riesgos, de los conflictos de intereses y de las normas de conducta. En lo que atañe a los depositarios, conviene conferir competencias a la Comisión para que adopte medidas que especifiquen las medidas que deben adoptar los depositarios para cumplir sus tareas respecto de los OICVM gestionados por una sociedad de gestión con domicilio social en otro Estado miembro y las estipulaciones del acuerdo entre el depositario y la sociedad de gestión. Estas medidas de aplicación deben facilitar la aplicación uniforme de las obligaciones de las sociedades de gestión y los depositarios pero no deben constituir un requisito previo para el ejercicio en toda la Comunidad, por parte de las sociedades de gestión, para que se dediquen a actividades para las que han recibido autorización en su Estado miembro de origen, ya sea mediante el establecimiento de sucursales o en régimen de libre prestación de servicios, incluida la gestión de OICVM en otro Estado miembro. (86) En lo que atañe a las fusiones, conviene conferir competencias a la Comisión para que adopte medidas destinadas a especificar el contenido detallado de la información que debe proporcionarse a los partícipes, y la forma en que ha de proporcionarse. (87) En lo que atañe a las estructuras de tipo principal-subordinado, conviene conferir competencias a la Comisión para que adopte medidas destinadas a especificar el contenido del acuerdo entre el OICVM principal y el OICVM subordinado o de las normas internas de ejercicio de la actividad, el contenido del acuerdo de intercambio de información entre sus depositarios o sus auditores, las medidas adecuadas para coordinar el calendario del cálculo y de la publicación de su valor neto de inventario a fin de evitar la sincronización con el rendimiento del mercado, las consecuencias de la fusión del OICVM principal sobre la autorización del OICVM subordinado, el tipo de irregularidades que proceden del OICVM principal y que han de comunicarse al subordinado, el formato de la información a los partícipes en caso de transformación de un OICVM en un OICVM subordinado, y la forma de facilitar esa información, el procedimiento de valoración y verificación de la transferencia de activos de un OICVM subordinado a un OICVM principal y la función del depositario del OICVM subordinado en este proceso. (88) En lo que atañe a las disposiciones en materia de información, conviene conferir competencias a la Comisión para que adopte medidas destinadas a especificar las condiciones que han de reunirse cuando el folleto se facilite en un soporte duradero distinto del papel o a través de un sitio web, que no constituye un soporte duradero, el contenido pormenorizado y exhaustivo, la forma y presentación de los datos fundamentales para el inversor atendiendo a la diversa naturaleza o los diversos componentes de los OICVM de que se trate, así como las condiciones concretas en lo que atañe a la entrega de los datos fundamentales para el inversor en un soporte duradero distinto del papel o mediante un sitio web, que no constituye un medio duradero. (89) En lo que atañe a la notificación, conviene conferir competencias a la Comisión para que adopte medidas destinadas a especificar el alcance de la información sobre las normas nacionales aplicables que han de publicar las autoridades competentes del Estado miembro de acogida y los pormenores técnicos sobre el acceso de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida a la documentación almacenada y actualizada del OICVM. (90) Conviene también conferir competencias a la Comisión, entre otros, para que clarifique las definiciones y armonice la terminología y la formulación de las definiciones de acuerdo con actos posteriores relativos a los OICVM y temas conexos. (91) Dado que las medidas a las que se refieren los considerandos 85 a 90 son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva completándola con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. (92) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, en la medida en que se trata de establecer una normativa que contenga elementos comunes aplicables a nivel comunitario y, por consiguiente, debido a la escala y la incidencia de esta normativa, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. (93) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyen una modificación de fondo respecto de las Directivas que refunde. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de las Directivas anteriores. (94) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación de las Directivas, que figuran en el anexo III, parte B. (95) De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» ( 9 ), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos. Considerando lo siguiente: HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:







CONTENIDO CAPÍTULO I OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES CAPÍTULO II AUTORIZACIÓN DEL OICVM CAPÍTULO III OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN SECCIÓN 1 Condiciones de acceso a la actividad SECCIÓN 2 Relaciones con terceros países SECCIÓN 3 Condiciones de ejercicio de la actividad SECCIÓN 4 Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios CAPÍTULO IV OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIO CAPÍTULO V OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN SECCIÓN 1 Condiciones de acceso a la actividad SECCIÓN 2 Condiciones de ejercicio de la actividad SECCIÓN 3 Obligaciones del depositario CAPÍTULO VI FUSIONES DE OICVM SECCIÓN 1 Principio, autorización y aprobación SECCIÓN 2 Control por parte de terceros, información a los partícipes y otros derechos de los partícipes SECCIÓN 3 Costes y efectividad CAPÍTULO VII OBLIGACIONES RELATIVAS A LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE LOS OICVM CAPÍTULO VIII ESTRUCTURAS PRINCIPAL-SUBORDINADO SECCIÓN 1 Ámbito de aplicación y autorización SECCIÓN 2 Disposiciones comunes al OICVM subordinado y al OICVM principal SECCIÓN 3 Depositarios y auditores SECCIÓN 4 Información obligatoria y comunicaciones publicitarias de los OICVM subordinados SECCIÓN 5 Transformación de OICVM existentes en OICVM subordinados y cambio de OICVM principal SECCIÓN 6 Obligaciones y autoridades competentes CAPÍTULO IX OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONARSE A LOS INVERSORES SECCIÓN 1 Publicación de un folleto y de informes periódicos SECCIÓN 2 Publicación de otra información SECCIÓN 3 Datos fundamentales para el inversor CAPÍTULO X OBLIGACIONES GENERALES DEL OICVM CAPÍTULO XI DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS OICVM QUE COMERCIALICEN SUS PARTICIPACIONES EN ESTADOS MIEMBROS DIFERENTES DE AQUELLOS EN QUE ESTÉN ESTABLECIDOS CAPÍTULO XII DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA AUTORIZACIÓN Y LA SUPERVISIÓN CAPÍTULO XIII ACTOS DELEGADOS Y PODERES DE EJECUCIÓN CAPÍTULO XIV EXCEPCIONES, DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES SECCIÓN 1 Excepciones SECCIÓN 2 Disposiciones transitorias y finales ANEXO I Esquemas A y B ANEXO II Funciones incluidas en la actividad de gestión de carteras colectivas ANEXO III Parte A Directiva derogada y relación de sus sucesivas modificaciones Parte B Plazos de transposición al Derecho nacional y fechas de aplicación ANEXO IV Tabla de correspondencias







CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

1. La presente Directiva se aplica a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) establecidos en el territorio de los Estados miembros.

2. Para los fines de la presente Directiva y sin perjuicio del artículo 3, se entenderá por «OICVM» los organismos:

a) cuyo objeto exclusivo sea la inversión colectiva, en valores mobiliarios o en otros activos financieros líquidos a que se refiere el artículo 50, apartado 1, de los capitales obtenidos del público, y cuyo funcionamiento esté sometido al principio de reparto de riesgos, y

b) cuyas participaciones sean, a petición de los partícipes, recompradas o reembolsadas, directa o indirectamente, con cargo a los activos de estos organismos. Se asimilará a tales recompras o reembolsos el hecho de que un OICVM actúe para que el valor de sus participaciones en bolsa no se separe sensiblemente de su valor de inventario neto.

Los Estados miembros podrán permitir que los OICVM se compongan de distintos compartimentos de inversión.

3. Los organismos a que se refiere el apartado 2 podrán revestir la forma contractual (fondos comunes de inversión gestionados por una sociedad de gestión) o de trust (unit trust), o la forma estatutaria (sociedad de inversión).

Para los fines de la presente Directiva:

a) el término «fondo común de inversión» comprenderá también el unit trust;

b) el término «participaciones» de OICVM comprenderá asimismo las acciones de OICVM.

4. No estarán sujetas a la presente Directiva las sociedades de inversión cuyos activos se inviertan a través de sociedades filiales principalmente en bienes diferentes de los valores mobiliarios.

5. Los Estados miembros prohibirán a los OICVM sujetos a la presente Directiva transformarse en organismos de inversión colectiva no sujetos a la presente Directiva.

6. Sin perjuicio de las disposiciones de Derecho comunitario en materia de circulación de capitales, así como de los artículos 91 y 92 y el artículo 108, apartado 1, párrafo segundo, un Estado miembro no podrá someter a los OICVM establecidos en otro Estado miembro, ni a las participaciones emitidas por estos OICVM, a ninguna otra disposición en el ámbito regulado por la presente Directiva, cuando estos OICVM comercialicen sus participaciones en el territorio de este Estado miembro.

7. Sin perjuicio del presente capítulo, los Estados miembros podrán aplicar a los OICVM establecidos en su territorio disposiciones más rigurosas que las de la presente Directiva o disposiciones suplementarias, siempre que sean de aplicación general y no se opongan a la presente Directiva.

Artículo 2

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «depositario»: toda entidad a la que se confíen las tareas señaladas en los artículos 22 y 32 y que esté sujeta a las demás disposiciones contenidas en el capítulo IV y en el capítulo V, sección 3;

b) «sociedad de gestión»: toda sociedad cuya actividad habitual consista en la gestión de OICVM constituidos en forma de fondos comunes de inversión o de sociedades de inversión (gestión de carteras colectivas de OICVM);

c) «Estado miembro de origen de una sociedad de gestión»: el Estado miembro en el que la sociedad de gestión tenga su domicilio social;

d) «Estado miembro de acogida de una sociedad de gestión»: cualquier Estado miembro distinto del de origen en cuyo territorio la sociedad de gestión tenga una sucursal o preste servicios;

e) «Estado miembro de origen de un OICVM»: el Estado miembro en el que el OICVM esté autorizado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5;

f) «Estado miembro de acogida de un OICVM»: el Estado miembro, distinto del Estado miembro de origen del OICVM, en el que se comercialicen las participaciones del OICVM;

g) «sucursal»: un centro de actividad que forme parte de la sociedad de gestión, que no tenga personalidad jurídica y que preste los servicios a que se refiera la autorización de la sociedad de gestión;

h) «autoridades competentes»: las autoridades que designe cada uno de los Estados miembros en virtud de lo dispuesto en el artículo 97;

i) «vínculos estrechos»: toda situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están vinculadas mediante: i) «participación», es decir, la propiedad, directa o por control, del 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa, o ii) «control», es decir, la relación entre una «empresa matriz» y una «filial», según se definen en los artículos 1 y 2 de la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas ( 10 ), y en todos los supuestos mencionados en el artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 83/349/CEE, o una relación similar entre toda persona física o jurídica y una empresa;

j) «participación cualificada»: toda participación directa o indirecta en una sociedad de gestión que represente un 10 % o un porcentaje mayor del capital o de los derechos de voto o que permita ejercer una influencia significativa en la administración de la sociedad de gestión en la que se posea tal participación;

k) «capital inicial»: los fondos a los que se refiere el artículo 57, letras a) y b), de la Directiva 2006/48/CE;

l) «fondos propios»: los fondos a los que se refiere el título V, capítulo 2, sección 1, de la Directiva 2006/48/CE;

m) «soporte duradero»: todo instrumento que permita al inversor almacenar la información dirigida a él personalmente, de modo que dicho inversor pueda acceder a ella posteriormente para consulta durante un período de tiempo adecuado para los fines a los que la información esté destinada y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada;

n) «valores mobiliarios»: i) las acciones y demás valores asimilables a acciones (en lo sucesivo, «las acciones»), ii) las obligaciones y demás formas de deuda titulizada (en lo sucesivo, «las obligaciones»), iii) cualesquiera otros valores negociables que otorguen derecho a adquirir dichos valores mobiliarios mediante suscripción o canje;

o) «instrumentos del mercado monetario»: los instrumentos que habitualmente se negocian en el mercado monetario que sean líquidos y tengan un valor que pueda determinarse con precisión en todo momento;

p) «fusiones»: toda operación por la que: i) uno o varios OICVM o compartimentos de inversión de OICVM («los OICVM fusionados») transfieren a otro OICVM ya existente o a un compartimento de inversión del mismo («el OICVM beneficiario»), como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, la totalidad de su patrimonio, activo y pasivo, mediante la atribución a sus partícipes de participaciones del OICVM beneficiario y, en su caso, de una compensación en efectivo que no supere el 10 % del valor de inventario neto de dichas participaciones, ii) dos o varios OICVM o compartimentos de inversión de OICVM («los OICVM fusionados») transfieren a un OICVM constituido por ellos o a un compartimento de inversión del mismo («el OICVM beneficiario»), como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, la totalidad de su patrimonio, activo y pasivo, mediante la atribución a sus partícipes de participaciones del OICVM beneficiario y, en su caso, de una compensación en efectivo que no supere el 10 % del valor de inventario neto de dichas participaciones, iii) uno o varios OICVM o compartimentos de inversión de OICVM («los OICVM fusionados»), que seguirán existiendo hasta que se extinga el pasivo, transfieren sus activos netos a otro compartimento de inversión del mismo OICVM, a un OICVM del que forman parte, a otro OICVM ya existente o a un compartimento de inversión del mismo («el OICVM beneficiario»);

q) «fusión transfronteriza»: una fusión de OICVM: i) de los que al menos dos estén establecidos en Estados miembros diferentes, o ii) establecidos en el mismo Estado miembro en un OICVM recientemente constituido establecido en otro Estado miembro;

r) «fusión nacional»: una fusión de OICVM establecidos en el mismo Estado miembro, en la que al menos uno de los OICVM haya sido notificado de conformidad con el artículo 93.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra b), la actividad habitual de una sociedad de gestión incluirá las funciones que figuran en el anexo II.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra g), todos los centros de actividad establecidos en un mismo Estado miembro por una sociedad de gestión que tenga su administración central en otro Estado miembro se considerarán una única sucursal.

4. A efectos del apartado 1, letra i), inciso ii):

a) toda empresa filial de una empresa filial se considerará también filial de la empresa matriz a la cabeza de dichas empresas;

b) se considerará también constitutiva de un vínculo estrecho entre dos o varias personas físicas o jurídicas toda situación en la que estas estén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona por un vínculo de control.

5. A efectos del apartado 1, letra j), se tendrán en cuenta los derechos de voto a que se refieren los artículos 9 y 10 de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado ( 11 ).

6. A efectos del apartado 1, letra l), los artículos 13 a 16 de la Directiva 2006/49/CE se aplicarán mutatis mutandis.

7. A efectos del apartado 1, letra n), los valores mobiliarios no incluirán las técnicas e instrumentos contemplados en el artículo 51.

Artículo 3

No están sujetos a la presente Directiva los siguientes organismos:

a) los organismos de inversión colectiva de tipo cerrado;

b) los organismos de inversión colectiva que obtengan capitales sin promover la venta de sus participaciones entre el público en la Comunidad o en cualquier parte de esta;

c) los organismos de inversión colectiva respecto de los cuales la venta de sus participaciones esté reservada por el reglamento del fondo o por los documentos constitutivos de la sociedad de inversión al público de terceros países;

d) las categorías de organismos de inversión colectiva fijadas por la normativa del Estado miembro en el que esté establecido el organismos de inversión colectiva, y para las que sean inadecuadas las normas previstas en el capítulo VII y en el artículo 83, habida cuenta de su política de inversión y de endeudamiento.

Artículo 4

A efectos de la presente Directiva, un OICVM se considerará establecido en su Estado miembro de origen.







CAPÍTULO II

AUTORIZACIÓN DEL OICVM

Artículo 5

1. Ningún OICVM se dedicará a su actividad como tal, a menos que esté autorizado con arreglo a la presente Directiva.

Esta autorización valdrá para todos los Estados miembros.

2. Un fondo común de inversión solo será autorizado cuando las autoridades competentes de su Estado miembro de origen aprueben la solicitud de la sociedad de gestión para gestionar dicho fondo común, el reglamento del fondo y la elección del depositario. Una sociedad de inversión solo será autorizada si las autoridades competentes de su Estado miembro de origen aprueban, por una parte, sus documentos constitutivos y, por otra parte, la elección del depositario así como, si procede, la solicitud de la sociedad de gestión designada para gestionar dicha sociedad de inversión.

3. Sin perjuicio del apartado 2, si el OICVM no está establecido en el Estado miembro de origen de la sociedad de gestión, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM resolverán la solicitud de la sociedad de gestión para gestionar el OICVM de conformidad con el artículo 20. La autorización no estará supeditada a que el OICVM sea gestionado por una sociedad de gestión cuyo domicilio social se encuentre en el Estado miembro de origen del OICVM o a que la sociedad de gestión se dedique o delegue algunas actividades en el Estado miembro de origen del OICVM.

4. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM no podrán autorizar un OICVM si:

a) determinan que la sociedad de inversión no cumple los requisitos previos establecidos en el capítulo V, o

b) la sociedad de gestión no está autorizada para gestionar OICVM en su Estado miembro de origen.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, apartado 2, se informará a la sociedad de gestión o, si procede, a la sociedad de inversión, en el plazo de dos meses a contar desde la presentación de una solicitud completa, de si se ha concedido o no la autorización para el OICVM.

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM tampoco autorizarán un OICVM si los directivos del depositario no tienen la honorabilidad necesaria o no poseen la experiencia suficiente, también en relación con el tipo de OICVM que debe gestionarse. A tal efecto, deberá notificarse inmediatamente a las autoridades competentes la identidad de los directivos del depositario, así como la de cualquier persona que les suceda en sus funciones.

Se entenderá por «directivos» las personas que, en virtud de las disposiciones legales o de los documentos constitutivos, representen al depositario o que determinen efectivamente la orientación de la actividad del depositario.

5. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM no concederán autorización a los OICVM que, por impedimento legal (por ejemplo, por una disposición del reglamento del fondo o de los documentos constitutivos), no puedan comercializar sus participaciones en su Estado miembro de origen.

6. Cualquier sustitución de la sociedad de gestión o del depositario, así como cualquier modificación del reglamento del fondo o de los documentos constitutivos de la sociedad de inversión, se subordinarán a la aprobación de las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM.

7. Los Estados miembros velarán por que pueda obtenerse fácilmente a distancia o por medios electrónicos información completa sobre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de aplicación de la presente Directiva que se refieran a la constitución y al funcionamiento del OICVM. Los Estados miembros velarán por que esta información pueda obtenerse, al menos, en una lengua de uso habitual en el ámbito financiero internacional, se exprese de forma clara y carente de ambigüedad y se mantenga actualizada.

▼M1

8. A fin de asegurar la armonización coherente del presente artículo, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (en lo sucesivo, «la AEVM») creada mediante el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 12 ) podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para especificar la información que debe proporcionarse a las autoridades competentes en la solicitud de autorización de un OICVM.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1095/2010.

▼B







CAPÍTULO III

OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN







SECCIÓN 1

Condiciones de acceso a la actividad

Artículo 6

1. El acceso a la actividad de las sociedades de gestión quedará supeditado a la concesión previa de una autorización por las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión. La autorización concedida a una sociedad de gestión con arreglo a lo previsto en la presente Directiva será válida en todos los Estados miembros.

▼M1

Cada autorización concedida se notificará a la AEVM, que publicará y mantendrá una lista actualizada de las sociedades de gestión autorizadas en su sitio web.

▼B

2. Las sociedades de gestión no podrán ejercer actividades distintas de la gestión de OICVM autorizados con arreglo a la presente Directiva, a excepción de la gestión adicional de otros organismos de inversión colectiva que no estén cubiertos por la presente Directiva y respecto de los cuales la sociedad de gestión esté sometida a supervisión prudencial, pero cuyas participaciones no puedan comercializarse en otros Estados miembros con arreglo a la presente Directiva.

A efectos de la presente Directiva, la actividad de gestión de OICVM incluirá las funciones a las que se refiere en el anexo II.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán autorizar a las sociedades de gestión a realizar, además de la actividad de gestión de OICVM, las siguientes prestaciones de servicios:

a) gestión de carteras de inversión, incluidas las pertenecientes a fondos de pensiones, en virtud de un mandato otorgado de manera discrecional e individualizada por los inversores, siempre que tales carteras incluyan uno o varios de los instrumentos enumerados en el anexo I, sección C, de la Directiva 2004/39/CE, y

b) como servicios accesorios: i) asesoramiento sobre inversiones en uno o varios de los instrumentos enumerados en el anexo I, sección C, de la Directiva 2004/39/CE, ii) custodia y administración de participaciones de organismos de inversión colectiva.

En ningún caso se autorizará a las sociedades de gestión, en virtud de la presente Directiva, a prestar únicamente los servicios a que se refiere el presente apartado o a prestar servicios accesorios sin estar autorizada a prestar el servicio mencionado en el párrafo primero, letra a).

4. El artículo 2, apartado 2, y los artículos 12, 13 y 19 de la Directiva 2004/39/CE se aplicarán a la prestación de los servicios mencionados en el presente artículo, apartado 3, por las sociedades de gestión.

Artículo 7

1. Sin perjuicio de otras condiciones generales establecidas por la normativa nacional, las autoridades competentes solo concederán autorización a una sociedad de gestión cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) que la sociedad de gestión disponga de un capital inicial de al menos 125 000 EUR, teniendo en cuenta lo siguiente: i) cuando el valor de las carteras de la sociedad de gestión exceda de 250 000 000 EUR se exigirá a la sociedad de gestión que aporte fondos propios adicionales equivalentes al 0,02 % del importe en que el valor de las carteras de la sociedad de gestión exceda de 250 000 000 EUR; no obstante, la suma exigible del capital inicial y de la cantidad adicional no deberá sobrepasar los 10 000 000 EUR, ii) a efectos del presente apartado se considerarán carteras de la sociedad de gestión las siguientes carteras: — los fondos comunes de inversión administrados por la sociedad de gestión, incluidas las carteras cuya gestión haya delegado, pero no las carteras que esté administrando por delegación, — las sociedades de inversión respecto de las cuales la sociedad de gestión sea la sociedad de gestión designada, — otros organismos de inversión colectiva administrados por la sociedad de gestión, incluidas las carteras cuya gestión haya delegado, pero no las carteras que esté administrando por delegación, iii) independientemente del importe que representen estos requisitos, los fondos propios de la sociedad de gestión no podrán ser en ningún momento inferiores al importe estipulado en el artículo 21 de la Directiva 2006/49/CE;

b) que las personas que dirijan efectivamente la actividad de la sociedad de gestión tengan la oportuna honorabilidad y experiencia en relación, asimismo, con el tipo de OICVM administrado por la sociedad de gestión; con este fin, los nombres de dichas personas y de cualquier persona que les suceda en sus funciones deberán comunicarse inmediatamente a las autoridades competentes; la orientación de la actividad de la sociedad de gestión deberá ser determinada por un mínimo de dos personas que cumplan estas condiciones;

c) que la solicitud de autorización vaya acompañada de un programa de actividad en el que se especifique, como mínimo, la estructura organizativa de la sociedad de gestión;

d) que la administración central y el domicilio social de la sociedad de gestión estén situados en el mismo Estado miembro.

A efectos del párrafo primero, letra a), los Estados miembros podrán autorizar a las sociedades de gestión a no aportar hasta un 50 % de la cantidad adicional de fondos propios a la que se refiere la letra a), inciso i), cuando gocen de una garantía de una entidad de crédito o una compañía de seguros por el mismo importe. La entidad de crédito o compañía de seguros deberá tener su domicilio social en un Estado miembro, o bien en un tercer país, siempre que esté sometida a unas normas prudenciales que, a juicio de las autoridades competentes, sean equivalentes a las establecidas por el Derecho comunitario.

2. Cuando existan vínculos estrechos entre la sociedad de gestión y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes solo concederán autorización si dichos vínculos estrechos no impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.

Las autoridades competentes denegarán también la autorización si las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un tercer país por las que se rijan una o varias personas físicas o jurídicas con las que la sociedad de gestión mantenga vínculos estrechos, o las dificultades que suponga la aplicación de dichas disposiciones, impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.

Las autoridades competentes exigirán a las sociedades de gestión que les faciliten la información necesaria para comprobar que se cumplen en todo momento las condiciones previstas en el presente apartado.

3. Las autoridades competentes informarán a los solicitantes, en el plazo de seis meses a contar desde la presentación de una solicitud completa, de si se ha concedido o no la autorización. Toda denegación de autorización deberá motivarse.

4. La sociedad de gestión podrá iniciar su actividad en cuanto se haya concedido la autorización.

5. Las autoridades competentes solo podrán retirar la autorización concedida a una sociedad de gestión sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva cuando dicha sociedad:

a) no haga uso de la autorización en un plazo de 12 meses, renuncie a esta expresamente o haya cesado en la actividad a que se refiere la presente Directiva más de seis meses antes, a menos que en el correspondiente Estado miembro existan disposiciones que establezcan la caducidad de la autorización en estos supuestos;

b) haya obtenido la autorización valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio irregular;

c) deje de reunir las condiciones a las que estaba supeditada la concesión de autorización;

d) deje de cumplir las disposiciones de la Directiva 2006/49/CE, en el supuesto de que la autorización se refiera también al servicio de gestión discrecional de carteras mencionado en el artículo 6, apartado 3, letra a), de la presente Directiva;

e) haya infringido de manera grave o sistemática las disposiciones adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva, o

f) incurra en alguno de los supuestos en los que la normativa nacional disponga la retirada de la autorización.

▼M1

6. A fin de asegurar la armonización coherente del presente artículo, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para especificar:

a) la información que se ha de proporcionar a las autoridades competentes en la solicitud para la autorización de la sociedad de gestión, incluido el programa de actividades;

b) los requisitos aplicables a la sociedad de gestión con arreglo al apartado 2, así como la información para la notificación establecida en el apartado 3;

c) los requisitos aplicables a los accionistas y socios con participaciones cualificadas, así como los obstáculos que pueden impedir el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión de la autoridad competente, establecidas en el artículo 8, apartado 1, de esta Directiva, y en el artículo 10, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/39/CE, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la presente Directiva.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1095/2010.

A fin de asegurar unas condiciones de aplicación uniformes del presente artículo, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución para determinar los modelos de formularios, las plantillas y los procedimientos para la notificación o comunicación de la información prevista en el párrafo primero, letras a) y b).

Se confieren competencias a la Comisión para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo tercero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1095/2010.

▼B

Artículo 8

1. Las autoridades competentes no concederán a una sociedad de gestión autorización para iniciar su actividad antes de que les haya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, ya sean directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participación cualificada en la sociedad, y el importe de dicha participación.

Las autoridades competentes denegarán la autorización si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión correcta y prudente de la sociedad de gestión, no están convencidas de la idoneidad de los accionistas o socios a que se refiere el párrafo primero.

2. Los Estados miembros no aplicarán a las sucursales de sociedades de gestión con domicilio social fuera de la Comunidad, que inicien o ejerzan ya su actividad, disposiciones que supongan un trato más favorable que el otorgado a las sucursales de sociedades de gestión cuyo domicilio social esté situado en un Estado miembro.

3. Las autoridades competentes del otro Estado miembro afectado deberán ser consultadas previamente en relación con la autorización de una sociedad de gestión que:

a) sea una filial de otra sociedad de gestión, una empresa de inversión, una entidad de crédito o una compañía de seguros autorizada en otro Estado miembro;

b) sea una filial de la empresa matriz de otra sociedad de gestión, de una empresa de inversión, de una entidad de crédito o de una compañía de seguros autorizada en otro Estado miembro, o

c) esté bajo el control de las mismas personas físicas o jurídicas que otra sociedad de gestión, una empresa de inversión, una entidad de crédito o una compañía de seguros autorizada en otro Estado miembro.







SECCIÓN 2

Relaciones con terceros países

Artículo 9

1. Las relaciones con terceros países se regirán por las normas pertinentes establecidas en el artículo 15 de la Directiva 2004/39/CE.

A efectos de la presente Directiva, los términos «empresa de inversión» y «empresas de inversión» contenidos en el artículo 15 de la Directiva 2004/39/CE se leerán respectivamente «sociedad de gestión» y «sociedades de gestión»; la expresión «prestar servicios de inversión» contenida en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2004/39/CE se leerá «prestar servicios».

▼M1

2. Los Estados miembros informarán a la AEVM y a la Comisión de las dificultades de carácter general que los OICVM encuentren para comercializar sus participaciones en un tercer país.

La Comisión examinará las citadas dificultades lo antes posible, a fin de encontrar una solución adecuada. La AEVM le prestará asistencia para el cumplimiento de este cometido.

▼B







SECCIÓN 3

Condiciones de ejercicio de la actividad

Artículo 10

1. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen impondrán a las sociedades de gestión por ellas autorizadas la obligación de cumplir en todo momento las condiciones previstas en el artículo 6 y en el artículo 7, apartados 1 y 2.

Los fondos propios de una sociedad de gestión no podrán descender a un nivel inferior al establecido en el artículo 7, apartado 1, letra a). No obstante, si esto sucede, las autoridades competentes podrán conceder a dicha sociedad, cuando las circunstancias lo justifiquen, un plazo de tiempo limitado para que corrija esta situación o cese en sus actividades.

2. La supervisión prudencial de las sociedades de gestión corresponderá a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen, independientemente de que la sociedad tenga sucursal o preste servicios en otro Estado miembro, sin perjuicio de las disposiciones de la presente Directiva que atribuyan esa responsabilidad a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de la sociedad de gestión.

Artículo 11

1. Las participaciones cualificadas en sociedades de gestión estarán sujetas a normas idénticas a las contenidas en los artículos 10, 10 bis y 10 ter, de la Directiva 2004/39/CE.

2. A efectos de la presente Directiva, los términos «empresa de inversión» y «empresas de inversión» contenidos en el artículo 10 de la Directiva 2004/39/CE se leerán respectivamente «sociedad de gestión» y «sociedades de gestión».

▼M1

3. A fin de asegurar la armonización coherente de la presente Directiva, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación con vistas a la elaboración de una lista exhaustiva de información, con arreglo a lo previsto en el presente artículo y con referencia al artículo 10 ter, apartado 4, de la Directiva 2004/39/CE, para su inclusión por los adquirientes propuestos en su notificación, sin perjuicio el artículo 10 bis, apartado 2, de dicha Directiva.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1095/2010.

A fin de asegurar condiciones uniformes de aplicación del presente artículo, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución con vistas a la elaboración de formularios estándar, plantillas y procedimientos para las modalidades del proceso de consulta entre las autoridades competentes pertinentes, con arreglo a lo previsto en el presente artículo, con referencia al artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2004/39/CE.

Se confieren competencias a la Comisión para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo tercero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1095/2010.

▼B

Artículo 12

1. Cada Estado miembro establecerá las normas prudenciales que deberán observar en todo momento las sociedades de gestión autorizadas en ese Estado miembro, en relación con su actividad de gestión de OICVM autorizados con arreglo a la presente Directiva.

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión exigirán en particular, atendiendo asimismo a la naturaleza de los OICVM administrados por ella, que cada una de estas sociedades:

a) cuente con una buena organización administrativa y contable, con mecanismos de control y seguridad para el tratamiento electrónico de datos y con procedimientos de control interno adecuados, incluidas, en especial, normas que regulen las transacciones personales de sus empleados o la tenencia o gestión de inversiones en instrumentos financieros con objeto de invertir por cuenta propia, a fin de garantizar, como mínimo, que cada transacción relacionada con el OICVM pueda reconstruirse con arreglo a su origen, las partes que intervengan, su naturaleza y el momento y lugar en que se haya realizado, y que los activos de los OICVM gestionados por la sociedad de gestión se inviertan con arreglo al reglamento del fondo o los documentos constitutivos y a las disposiciones legales vigentes;

b) esté estructurada y organizada de modo que se reduzca al mínimo el riesgo de que los intereses de los OICVM o de los clientes se vean perjudicados por conflictos de intereses entre la sociedad y sus clientes, entre dos de sus clientes, entre uno de sus clientes y un OICVM o entre dos OICVM.

2. En el supuesto de que la autorización de la sociedad de gestión abarque también el servicio de gestión discrecional de carteras a que se refiere el artículo 6, apartado 3, letra a), dicha sociedad:

a) no podrá invertir ni la totalidad ni parte de la cartera de un inversor en participaciones de organismos de inversión colectiva gestionados por ella, salvo con el consentimiento general previo del cliente;

b) quedará sujeta, por lo que respecta a los servicios mencionados en el artículo 6, apartado 3, a lo dispuesto en la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores ( 13 ).

▼M1

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116, la Comisión adoptará mediante actos delegados de conformidad con el artículo 112, apartados 2, 3 y 4, y observando los requisitos de los artículos 112 bis y 112 ter, medidas que especifiquen los procedimientos y disposiciones, tal como se menciona en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), y las estructuras y requisitos organizativos para minimizar los conflictos de intereses, tal como se menciona en el apartado 1, párrafo segundo, letra b).

▼M1 —————

▼M1

4. Para asegurar unas condiciones uniformes de aplicación del presente artículo, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución para determinar las condiciones de aplicación de los actos delegados adoptados por la Comisión en relación con los procedimientos, disposiciones, estructuras y condiciones organizativas contemplados en el apartado 3.

Se confieren competencias a la Comisión para adoptar los proyectos de normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1095/2010.

▼B

Artículo 13

1. Si la legislación del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión permite que las sociedades de gestión deleguen en terceros para ejercer de manera más eficiente su actividad, de modo que estos desempeñen por cuenta de la sociedad una o varias de sus propias funciones, deberán cumplirse todas las condiciones siguientes:

a) la sociedad de gestión debe informar adecuadamente a las autoridades competentes del Estado miembro de origen; las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión deben transmitir sin demora la información a las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM;

b) el mandato no impedirá llevar a cabo una supervisión efectiva de la sociedad de gestión, ni deberá impedir que la sociedad de gestión actúe, o que los OICVM sean gestionados, en interés de sus inversores;

c) cuando la delegación se refiera a la gestión de inversiones, el mandato solo podrá otorgarse a empresas que estén autorizadas a gestionar activos o que hayan sido registradas con dicha finalidad y que estén sujetas a supervisión prudencial; la delegación deberá ser conforme con los criterios de distribución de las inversiones que establecen periódicamente las sociedades de gestión;

d) en los casos en que el mandato se refiera a la gestión de inversiones y se otorgue a una empresa de un tercer país, deberá garantizarse la cooperación entre las autoridades supervisoras correspondientes;

e) no se podrá otorgar un mandato con respecto a la función principal de gestión de inversiones al depositario ni a ninguna otra empresa cuyos intereses puedan entrar en conflicto con los de la sociedad de gestión o los partícipes;

f) deberá haber procedimientos que permitan a las personas que dirigen la actividad de la sociedad de gestión verificar de manera efectiva en cualquier momento la actuación de la empresa a la que se otorgue el mandato;

g) el mandato no impedirá a las personas que dirigen la actividad de la sociedad de gestión dar, en cualquier momento, instrucciones adicionales a la empresa en la que se deleguen funciones ni revocar el mandato, con efecto inmediato, cuando sea en interés de los inversores;

h) habida cuenta de la naturaleza de las funciones que se deleguen, la empresa a la que estas se confíen deberá contar con las cualificaciones y la capacidad para desempeñarlas, y

i) los folletos de los OICVM deberán enumerar las funciones que se haya permitido a la sociedad de gestión delegar con arreglo al presente artículo.

2. La responsabilidad de la sociedad de gestión o la del depositario no se verán, en ningún caso, afectadas por la delegación de sus funciones en terceros. La sociedad de gestión no podrá delegar sus funciones hasta el extremo de convertirse en una entidad vacía.

Artículo 14

1. Cada uno de los Estados miembros establecerá normas de conducta que las sociedades de gestión autorizadas en dicho Estado miembro deberán cumplir en todo momento. Dichas normas deberán plasmar, como mínimo, los principios enunciados en el presente apartado. Los citados principios garantizarán que la sociedad de gestión:

a) opere, en el ejercicio de su actividad, leal y equitativamente, defendiendo al máximo los intereses de los OICVM que gestiona y la integridad del mercado;

b) proceda con la competencia, el esmero y la diligencia debidos, defendiendo al máximo los intereses de los OICVM que gestiona y la integridad del mercado;

c) posea y utilice con eficacia los recursos y procedimientos necesarios para llevar a buen término su actividad;

d) se esfuerce por evitar los conflictos de intereses y, cuando ello no sea posible, vele por que los OICVM que gestiona reciban un trato equitativo, y

e) se ajuste a todas las normas aplicables al ejercicio de sus actividades, de forma que se fomenten al máximo los intereses de sus inversores y la integridad del mercado.

▼M1

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116, la Comisión adoptará, mediante actos delegados de conformidad con el artículo 112, apartados 2, 3 y 4, y observando los requisitos de los artículos 112 bis y 112 ter, medidas para garantizar que la sociedad de gestión cumple las obligaciones contempladas en el apartado 1, en particular:

▼B

a) establecerá criterios apropiados para actuar honesta y equitativamente y con la competencia, el esmero y la diligencia debidos, defendiendo al máximo los intereses del OICVM;

b) especificará los principios requeridos para garantizar que la sociedad de gestión utilice con eficacia los recursos y procedimientos necesarios para llevar a buen término su actividad, y

c) definirá las medidas que cabe esperar razonablemente que las sociedades de gestión puedan adoptar para identificar, impedir, gestionar o revelar conflictos de intereses, y establecerá los criterios apropiados para determinar los tipos de conflictos de intereses cuya existencia pueda perjudicar los intereses del OICVM.

▼M1 —————

▼M1

3. A fin de asegurar unas condiciones uniformes de aplicación del presente artículo, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución para determinar los actos delegados adoptados por la Comisión en relación con los criterios, principios y medidas contemplados en el apartado 2.

Se confieren competencias a la Comisión para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1095/2010.

▼B

Artículo 15

Las sociedades de gestión o, si procede, las sociedades de inversión, adoptarán las medidas necesarias conforme al artículo 92 y establecerán los procedimientos y disposiciones apropiados para garantizar un tratamiento adecuado de las reclamaciones de los inversores así como la ausencia de restricciones para que los inversores ejerzan sus derechos en caso de que la sociedad de gestión haya sido autorizada en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen del OICVM. Estas medidas permitirán a los inversores presentar reclamaciones en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales de su Estado miembro.

Asimismo, las sociedades de gestión establecerán procedimientos y disposiciones adecuados para poner información a disposición del público o de las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM cuando lo soliciten.







SECCIÓN 4

Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios

Artículo 16

1. Los Estados miembros velarán por que las sociedades de gestión autorizadas por su Estado miembro de origen puedan ejercer en su territorio la actividad a que se refiera su autorización, ya sea estableciendo una sucursal o en virtud de la libre prestación de servicios.

Si tal sociedad de gestión autorizada se limita a proponer, sin establecimiento de una sucursal, la comercialización de las participaciones del OICVM que gestiona con arreglo al anexo II en un Estado miembro distinto de Estado miembro de origen del OICVM, sin proponer el desarrollo de otras actividades o servicios, dicha comercialización estará sujeta únicamente a los requisitos del capítulo XI.

2. Los Estados miembros no podrán supeditar el establecimiento de sucursales o la prestación de servicios a la obligación de obtener una autorización, o de aportar capital de dotación, ni a ninguna otra medida de efecto equivalente.

3. Sin perjuicio de las condiciones establecidas en el presente artículo, un OICVM tendrá libertad para designar una sociedad de gestión autorizada en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen del OICVM o para ser gestionado por ella, de conformidad con la presente Directiva, siempre y cuando dicha sociedad de gestión cumpla las disposiciones establecidas en:

a) el artículo 17 o el artículo 18, y

b) los artículos 19 y 20.

Artículo 17

1. Además de cumplir las condiciones previstas en los artículos 6 y 7, toda sociedad de gestión que desee establecer una sucursal en el territorio de otro Estado miembro para realizar las actividades para las que haya recibido autorización deberá notificarlo a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen.

2. Los Estados miembros exigirán que toda sociedad de gestión que desee establecer una sucursal en el territorio de otro Estado miembro adjunte a la notificación prevista en el apartado 1 los siguientes datos y documentos:

a) el Estado miembro en cuyo territorio se proponga establecer la sucursal;

b) un programa que establezca las actividades y servicios contemplados en el artículo 6, apartados 2 y 3, que se propone realizar y la estructura de la organización de la sucursal, que incluirá una descripción del procedimiento de gestión del riesgo establecido por la sociedad de gestión. Incluirá asimismo una descripción de los procedimientos y disposiciones adoptados conforme al artículo 15;

c) la dirección en el Estado miembro de acogida de la sociedad de gestión en la que puedan serle requeridos los documentos;

d) el nombre de los directivos responsables de la sucursal.

3. Salvo que tengan razones para dudar de la idoneidad de la estructura administrativa o de la situación financiera de la sociedad de gestión, habida cuenta de las actividades que esta se proponga ejercer, las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión transmitirán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de la misma la información contemplada en el apartado 2, en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la totalidad de dicha información, y lo notificarán a la sociedad de gestión. También transmitirán datos sobre los posibles sistemas de indemnización destinados a p