1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B DIRECTIVADELACOMISIÓN
de28dejuniode1990
relativa alacompetencia enlosmercadosdeserviciosdetelecomunicaciones
(90/388/CEE)
(DO L 192 de 24.7.1990, p. 10)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 94/46/CE de la Comisión de 13 de octubre de 1994 L 268 15 19.10.1994
►M2Directiva 95/51/CE de la Comisión de 18 de octubre de 1995 L 256 49 26.10.1995
►M3Directiva 96/2/CE de la Comisión de 16 de enero de 1996 L 20 59 26.1.1996
Rectificada por:
►C1Rectificación, DO L 308 de 29.11.1996, p. 59 (95/51/CE)
▼B
DIRECTIVADELACOMISIÓN
de28dejuniode1990
relativa a la competencia en los mercados de servicios de tele-
comunicaciones
(90/388/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 90,
1. Considerando que el fortalecimiento de las telecomunicacionescomunitarias constituye una de las condiciones esenciales para eldesarrollo armonioso de las actividades económicas y de unmercado competitivo en la Comunidad, tanto desde el punto de
vista de los prestadores de servicios como de los usuarios; que la
Comisión, por lo tanto, definió en su Libro Verde sobre eldesarrollo del mercado común de equipos y servicios detelecomunicaciones y en su Comunicación sobre la aplicacióndel Libro Verde hasta 1992 un programa de acción para la
apertura progresiva del mercado de telecomunicaciones a la
competencia; que dicho programa de acción no incluye laradiotelefonía móvil, la radiomensajería ni los servicios decomunicación de masas tales como la radiodifusión o latelevisión; que el Consejo prestó, mediante su Resolución de 30de junio de 1988 (
1), su apoyo a los objetivos de dicho programa
y, en particular, a la creación progresiva de un mercado
comunitario abierto de servicios de telecomunicaciones; que,durante los últimos decenios, el sector de telecomunicaciones haexperimentado una evolución tecnológica considerable; que estaevolución permite ofrecer una gama cada vez más variada deservicios y, en particular, de transmisión de datos; que ésta, por
otra parte, hace técnica y económicamente posible un régimen en
el que pueda haber competencia entre los distintos operadores;
2. Considerando que, en todos los Estados miembros, el estableci-miento y explotación de la red de telecomunicaciones y elsuministro de los correspondientes servicios suele delegarse,mediante la concesión de derechos exclusivos o especiales, a uno
o varios organismos de telecomunicaciones; que estos derechos se
caracterizan por el poder discrecional que el Estado ejerce endiversos grados en lo que se refiere al acceso al mercado deservicios de telecomunicaciones;
3. Considerando que los organismos encargados del establecimientoy de la explotación de la red de telecomunicaciones son empresas
contempladas en el apartado 1 del artículo 90 del Tratado, ya que
ejercen de manera organizada una actividad económica, a saber,el suministro de servicios de telecomunicaciones; que se trata,bien de empresas públicas, bien de empresas a las que los Estadoshan concedido derechos exclusivos o especiales;
4. Considerando que, sin dejar de garantizar la función de serviciopúblico, varios Estados miembros ya han revisado el sistema de
derechos exclusivos o especiales vigente hasta el momento en el
sectorde las telecomunicaciones; que, en todos los casos, elrégimen de derechos exclusivos o especiales se mantiene para elestablecimiento y para la explotación de la red; que lo mismoocurre en ciertos Estados miembros para los servicios de
telecomunicaciones, mientras que en otros, tales derechos no
cubren más que determinados servicios; que, por otra parte, todoslos Estados miembros han adoptado por sí mismos o permitido alos organismos de telecomunicaciones adoptar medidas adminis-trativas y reglamentarias que limitan la libre prestación de losservicios de telecomunicaciones;1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 2
(1)D O noC 257 de 4. 10. 1988, p. 1.
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5. Considerando que la concesión, en el ejercicio del poder
discrecional del Estado miembro de derechos exclusivos o
especiales a una o varias empresas para la explotación de lared, restringe la prestación de esos servicios por otras empresasdesde o hacia otros Estados miembros;
6. Considerando que, en la práctica, las restricciones a la libreprestación de servicios de telecomunicaciones hacia o desde otros
Estados miembros a que se refiere el artículo 59 del Tratado
consisten, en particular, en la prohibición de realizar conexionesde circuitos arrendados mediante concentradores, multiplexores yotras instalaciones con la red telefónica conmutada, en laimposición para esta conexión de derechos de acceso despro-porcionados en relación con el servicio prestado, en la prohibición
de enviar señales desde o hacia terceros mediante circuitos
arrendados, o en la aplicación de una tarifa en proporción a lautilización sin justificación económica o en la negativa al accesoa la red de ciertos prestadores de servicios; que estas restriccionesde utilización y tarifas excesivas con relación al precio de costeproducen el efecto de obstaculizar la prestación, desde o hacia
otros Estados miembros, de servicios de telecomunicaciones, tales
como:
— servicios que tienen por objeto mejorar las funciones de
telecomunicación, por ejemplo, la conversión de protocolo, decódigo, de formato o de capacidad,
— servicios basados en la información que tienen por objeto el
acceso a las bases de datos,
— servicios informáticos a distancia,— servicios de registro y transmisión de mensajes, por ejemplo,
el correo electrónico,
— servicios de transacciones, por ejemplo, transacciones finan-
cieras y transferencia electrónica de datos de uso comercial,telecompra y telerreserva,
— servicios teleactivos, por ejemplo, telemedida y telecontrol.
7. Considerando que el artículo 66 en relación con los artículos 55 y
56 del Tratado permiten excepciones a la libertad de prestación deservicios por motivos no económicos; que las restriccionesadmitidas, a este respecto, son, por una parte, el ejercicio, incluso
con carácter ocasional, de la autoridad pública y, por otra parte, el
orden público, la seguridad pública y la salud pública; que, altratarse de excepciones, éstas deben ser interpretadas de manerarestrictiva; que ningún servicio de telecomunicaciones constituyeuna participación en el ejercicio de la autoridad pública queimplique la facultad de usar prerrogativas exorbitantes con
respecto al Derecho común, privilegios del poder público o un
poder de coerción sobre los ciudadanos; que la oferta de serviciosde telecomunicaciones no puede en sí misma atentarcontr a elorden público ni afectar a la salud pública;
8. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justiciaadmite, por otra parte, restricciones a la libertad de prestación de
servicios, cuando dichas restricciones responden a exigencias
esenciales de interés general y se aplican de forma nodiscriminatoria y en proporción al objetivo perseguido; que laprotección de los consumidores no puede justificar restricciones ala libre prestación de servicios en materia de telecomunicaciones,ya que dicho objetivo se puede alcanzarigualmente en un
régimen de libre competencia que, a este respecto, tampoco se
puede invocar la protección de la propiedad intelectual; que lasúnicas exigencias esenciales admitidas como excepción al artículo59 y que pueden justificar las restricciones a la utilización de lared pública son la integridad de esta última, la seguridad de su
funcionamiento y, en los casos justificados, la interoperabilidad y
la protección de los datos; que las restricciones impuestas deben,en cualquier caso, ser proporcionales a los objetivos perseguidospor tales exigencias legítimas; que los Estados miembros deberánhacer públicas y notificar estas restricciones a la Comisión conobjeto de que esta última pueda valorar dicha proporcionalidad;1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 3
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9. Considerando que, en este contexto, la seguridad de funciona-
miento de la red tiene por objeto asegurar la disponibilidad de la
red pública en caso de urgencia; que la integridad técnica de lared pública tiene por objeto asegurar su funcionamiento normal yla interconexión de las redes públicas en la Comunidad basada enlas especificaciones técnicas comunes; que la noción deinteroperabilidad de los servicios tiene por objeto el respeto a
estas especificaciones técnicas mínimas establecidas para acre-
centar la prestación de servicios y la elección de los usuarios; quela protección de datos tiene por objeto garantizar la confidencia-lidad de las comunicaciones y la protección de los datospersonales;
10. Considerando asimismo que, además de las exigencias esenciales
que pueden figurar como condiciones en los procedimientos de
autorización o de declaración, los Estados miembros podránestablecer, para el servicio de conmutación de datos, condicionesrelacionadas con obligaciones de servicio público que constituyanregulaciones de comercio objetivas, no discriminatorias ytransparentes sobre los requisitos de permanencia, disponibilidad
y calidad del servicio;
11. Considerando que, cuando un Estado miembro ha encargado a un
organismo de telecomunicaciones el suministro de servicios deconmutación de datos porpaquetes o porcir cuitos par a el públicoy este servicio puede fracasar debido a la competencia deoperadores privados, la Comisión puede autorizar a este Estado
miembro para imponer condiciones adicionales para el suministro
de dicho servicio, que también pueden afectar a su coberturageográfica. Al evaluar estas medidas, la Comisión, en el marco dela realización de los objetivos fundamentales del Tratado,enunciadas en su artículo 2, incluido el reforzamiento de lacohesión económica y social de la Comunidad, contemplado en su
artículo 130 A, tendrá también en cuenta la situación de los
Estados miembros cuya red de suministro de servicios deconmutación de datos porcir cuitos o porpaquetes aún no estásuficientemente desarrollada, situación que podría justificar paraestos Estados miembros el mantenimiento, hasta el 1 de enero de
1996, de la fecha prevista para la simple reventa de capacidad de
las líneas arrendadas;
12. Considerando que el artículo 59 del Tratado prevé la supresión decualquier otra restricción a la libre prestación de servicios dentrode la Comunidad respecto de los nacionales de los Estadosmiembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea eldel destinatario de la prestación; que el mantenimiento o la
introducción de todo derecho exclusivo o especial que no
responda a los criterios mencionados constituye, por consiguiente,una infracción del artículo 90 en relación con el artículo 59;
13. Considerando que el artículo 86 del Tratado declara incompatiblecon el mercado común cualquier comportamiento de una o variasempresas que constituya una explotación abusiva de una posición
dominante en el mercado común o en una parte sustancial del
mismo; que los organismos de telecomunicaciones son empresasa los efectos de dicho artículo, ya que ejercen actividadeseconómicas y, en particular, el suministro de servicios consistenteen poner a disposición de los usuarios la red y los servicios detelecomunicaciones; que esta disponibilidad de la red constituye
un mercado de servicios diferente, puesto que no es intercam-
biable con otros servicios; que la disponibilidad de la red y losotros servicios de telecomunicaciones se prestan en cada uno delos mercados nacionales en condiciones de competencia sufi-cientemente homogéneas como para que la Comisión pueda
valorar el poder económico de las empresas que los suministran
en esos territorios; que los territorios de los Estados miembrosconstituyen otros tantos mercados geográficos diferenciados; queesto se debe a la diferencia entre las regulaciones sobre lascondiciones de acceso y de funcionamiento técnico relativas alsuministro de la red y de los servicios de telecomunicaciones;1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 4
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que, por otra parte, cada uno de ellos constituye una parte
sustancial del mercado común;
14. Considerando que estas empresas tienen, individual o colectiva-
mente, en cada uno de sus mercados nacionales, una posición
dominante con respecto al establecimiento y a la explotación de lared de telecomunicaciones, ya que son las únicas que disponen encada Estado miembro de una red que abarca el conjunto delterritorio del mismo y porque su gobierno les ha concedido el
derecho exclusivo de explotar, solas o conjuntamente con otras
empresas, la red;
15. Considerando que los derechos exclusivos o especiales que seconceden en materia de servicios de telecomunicaciones por unEstado a los organismos que ya tienen una posición dominantepara el establecimiento y la explotación de la red son derechos
que tienen por efecto reforzar dicha posición dominante, al
extenderla a los servicios;
16. Considerando que, por otra parte, los derechos exclusivos oespeciales concedidos porel Estado a los or ganismos detelecomunicaciones por lo que se refiere al suministro de ciertos
servicios de telecomunicaciones permiten que estos organismos:
a) excluyan del mercado o limiten el acceso de los competidores
al mercado de los servicios de telecomunicaciones, restrin-
giendo así la libre elección de los usuarios, lo que puede
limitar el progreso tecnológico en perjuicio de los consumi-dores;
b) impongan a los usuarios de la red la utilización de los servicios
que son objeto de los derechos exclusivos, subordinando así lacelebración de los contratos de utilización de la red a la
aceptación de prestaciones suplementarias que no guardan
relación con el objeto de dichos contratos;
que todos estos comportamientos constituyen abusos de posición
dominante que pueden afectar de forma sensible al comercio entre
los Estados miembros; que, en efecto, todos los servicios de quese trata pueden, en principio, ser ofrecidos por prestadores deotros Estados miembros; que la estructura de la competenciadentro del mercado común resulta así sustancialmente modifi-cada; que, en cualquiercaso, los der echos especiales o exclusivos
concedidos respecto de esos servicios conducen a una situación
contraria al objetivo de la letra f) del artículo 3 del Tratado, queprevé el establecimiento de un régimen que garantice que lacompetencia no será falseada en el mercado común ni, con mayormotivo, eliminada; que los Estados miembros deben, con arreglo
al artículo 5 del Tratado, abstenerse de todas aquellas medidas
que puedan poner en peligro la realización de los fines delTratado, entre los que se incluye el de la letra f) del artículo 3;
17. Considerando que los derechos exclusivos otorgados en materiade servicios de telecomunicaciones a las empresas públicas oempresas a las que los Estados miembros han concedido derechos
especiales o exclusivos para el establecimiento de la red de
telecomunicaciones son incompatibles con el apartado 1 delartículo 90, en relación con el artículo 86;
18. Considerando que el apartado 2 del artículo 90 del Tratadopermite establecer una excepción a la aplicación de los artículos59 y 86 del Tratado en los casos que ésta impida, de hecho o de
derecho, el cumplimiento de la misión específica confiada a los
organismos de telecomunicaciones; que esta misión consiste en elestablecimiento y explotación de una red universal, es decir, quetenga una cobertura geográfica general y que se facilite, previasolicitud y en un plazo razonable, a todo prestador de servicios o
usuario; que los medios financieros para el desarrollo de esta red
proceden todavía principalmente de la explotación del servicio detelefonía vocal; que, por consiguiente, la apertura de este servicioa la competencia podría amenazar el equilibrio financiero de losorganismos de telecomunicaciones; que el servicio de telefoníavocal, tanto si se ofrece a partir de la red telefónica actual o como1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 5
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parte integrante del servicio de la RDSI (Red Digital de Servicios
Integrados), constituye además el medio actualmente másimportante de notificación y de llamada de los servicios de
urgencia responsables de la seguridad pública;
19. Considerando que el suministro de circuitos arrendados constituye
un elemento esencial de la misión de los organismos de
telecomunicaciones; que existe actualmente, en la mayorpar te
de los Estados miembros, una diferencia sustancial entre lastarifas por la utilización del servicio de transmisión de datos através de la red conmutada y por la utilización de circuitosarrendados; que una rápida nivelación de dichas tarifas podríaperjudicar a esa misión de interés económico general; que el
establecimiento del equilibrio entre dichas tarifas debe producirse
progresivamente, a más tardar, el 31 de diciembre de 1992; que,entretanto, debe poder exigirse a los operadores privados que noofrezcan al público un servicio que consista en la simple reventade capacidad de circuitos arrendados, es decir, que implique
solamente el tratamiento, la conmutación, el almacenaje o la
conversión de protocolo en la medida necesaria para latransmisión en tiempo real; que los Estados miembros pueden,porconsiguiente, establecerun sistema de declar ación porel cuallos operadores privados se comprometan a no efectuar tal reventa;que, sin embargo, no puede imponerse ninguna otra obligación a
estos operadores para hacer respetar esta medida;
20. Considerando que estas restricciones no afectan al desarrollo de
los intercambios en una forma contraria al interés de laComunidad; que, en estas condiciones, dichas restricciones son
compatibles con el apartado 2 del artículo 90 del Tratado; que
otro tanto cabe decir de las medidas adoptadas por los Estadosmiembros para garantizar que la actividad de los prestadores deservicios privados no redunde en perjuicio del servicio público deconmutación de datos;
21. Considerando que las normas del Tratado, incluidas las relativas ala competencia, se aplican al servicio de télex; que la importanciade este servicio sufre una erosión progresiva en todos los Estadosmiembros debido a la aparición de medios de telecomunicación
competitivos como el telefax; que la supresión de las restricciones
actuales sobre la utilización de la red telefónica conmutada y delos circuitos arrendados permitirá la retransmisión de mensajestélex; que, habida cuenta de esta evolución, es necesario adoptarun enfoque específico; que, por tanto, la presente Directiva nodebe aplicarse al servicio de télex;
22. Considerando que, en cualquier caso, la Comisión volverá aexaminaren el año 1992 cualquierder echo especial o exclusivosubsistente, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y la
evolución hacia una infraestructura numérica;
23. Considerando que es conveniente ofrecer a los Estados miembros
la posibilidad de elaborar procedimientos equitativos de auto-rización para asegurar el respeto de las exigencias esenciales, sin
perjuicio de una armonización de las mismas prevista a nivel
comunitario en el marco de las directivas del Consejo relativas elsuministro de una red abierta «Open Network Provision» (ONP);que, en lo que respecta a la conmutación de datos, los Estadosmiembros deben poder incluir en estos procedimientos laobligación de cumplir las regulaciones comerciales que regulan
las condiciones de permanencia, disponibilidad y calidad del
servicio, así como las medidas dirigidas a proteger la misión deinterés económico general que han confiado al organismo detelecomunicaciones; que estos procedimientos deben basarse encriterios objetivos y precisos, sin efectos discriminatorios; que
dichos criterios deberán ser, en particular, justificados y
proporcionados al interés general perseguido y estar debidamentemotivados y publicados; que la Comisión debe poderexaminar losdetenidamente a la luz de las normas sobre la competencia y deaquéllas relativas a la libre prestación de servicios; que, encualquier caso, los Estados miembros que no hubieren notificado1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 6
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a la Comisión un proyecto de criterios y de procedimientos de
autorización transcurrido un plazo determinado no podrán enadelante imponer restrición alguna a la libre prestación del
servicio de transmisión de datos al público en general;
24. Considerando que los Estados miembros deben poder disponer de
un plazo complementario para elaborar las reglas generalesrelativas a las condiciones de prestación de estos servicios deconmutación de datos porpaquetes o porcir cuitos al público en
general;
25. Considerando que, por otra parte, los servicios de telecomunica-
ciones no pueden ser objeto de ninguna restricción ni por lo querespecta al libre acceso a dichos servicios por parte de losusuarios, ni por lo que respecta al tratamiento de las informa-ciones que pueda efectuarse antes de la transmisión de los
mensajes porla r ed de telecomunicaciones, o después de que los
mensajes hayan sido recibidos, que no se justifique por unaexigencia esencial proporcionada al objetivo perseguido;
26. Considerando que la numerización de la red y el perfecciona-miento tecnológico de los aparatos terminales conectados a ellahan incrementado el número de funciones que anteriormente se
efectuaban dentro de la red, de tal forma que dichas funciones
pueden ser efectuadas por los propios usuarios mediante aparatosterminales cada vez más perfeccionados; que es convenientegarantizar que los suministradores de servicios de telecomunica-ciones, en particular, de telefonía y de transmisión de datos por
conmutación porpaquetes o porcir cuitos per mitan a los
operadores económicos utilizar estas funciones;
27. Considerando que, en tanto se establecen las normas comunitariaspara el suministro de una red abierta (ONP), es necesario hacerpúblicas las interfaces técnicas ya utilizadas en los Estadosmiembros para permitir a las empresas que pretendan establecerse
en los mercados de servicios de telecomunicaciones adoptar las
medidas necesarias con objeto de adaptar las características de susservicios a las exigencias técnicas de las redes; que, en la medidaen que dichas interfaces técnicas no hayan sido establecidastodavía porlos Estados miembr os, conviene que se establezcan enel más breve plazo posible; que todo proyecto elaborado a este
respecto deberá ser comunicado a la Comisión con arreglo a la
Directiva 83/189/CEE del Consejo (
1), modificada porla Dir ectiva
88/182/CEE (2);
28. Considerando que, por lo general, las legislaciones nacionalesatribuyen a los organismos de telecomunicaciones una función de
reglamentación de los servicios de telecomunicaciones que
implica, en particular, la concesión de autorizaciones, el controlde conformidad y de las especificaciones obligatorias de lasinterfaces, la atribución de frecuencias y la vigilancia de lascondiciones de utilización; que dichas legislaciones a veces sólodefinen los principios generales de la explotación de los servicios
autorizados, concediendo a los organismos de telecomunicaciones
la facultad de definirlas condiciones específicas de aplicación;
29. Considerando que esta actividad, de carácter a la vez reglamen-tario y comercial, de los organismos de telecomunicaciones tieneuna incidencia directa sobre la actividad de los operadoreseconómicos que ofrecen servicios de telecomunicaciones en
competencia con dichos organismos; que, en efecto, mediante esta
doble actividad, estos organismos determinan o, al menos,influyen sustancialmente en el suministro de los serviciosofrecidos por sus competidores; que el hecho de delegar a unaempresa que dispone de una posición dominante para el
establecimiento y explotación de la red el poder de reglamenta-
ción del acceso al mercado de los servicios de telecomunicacionesconstituye un reforzamiento de la posición dominante que esta1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 7
(1)D O noL 109 de 26. 4. 1983, p. 8.
(2)D O noL 81 de 26. 3. 1988, p. 75.
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misma empresa tiene en el mercado; que este hecho, teniendo en
cuenta el conflicto de intereses, puede restringir el acceso de loscompetidores a los mercados de servicios de telecomunicaciones
y limitar la libertad de elección de los usuarios; que, por otra
parte, estas medidas pueden limitar los mercados de los materialesdestinados al tratamiento de señales de telecomunicación y, por lotanto, el progreso tecnológico en este sector; que, en conse-cuencia, la acumulación de estas actividades constituye un abuso
de posición dominante de los organismos de telecomunicaciones
de que se trata en la acepción del artículo 86; que, si estoscomportamientos resultan de una medida adoptada por el Estado,esta última será también incompatible con el apartado 1 delartículo 90 en relación con el artículo 86;
30. Considerando que, para cumplir eficazmente su deber de
vigilancia en aplicación de las disposiciones del apartado 3 del
artículo 90, la Comisión debe disponer de ciertas informacionesesenciales; que estas informaciones deben garantizar, en parti-cular, la transparencia de las medidas adoptadas por los Estadosmiembros para que la Comisión pueda velar por que el acceso a lared y los diferentes servicios correspondientes sean facilitados por
cada organismo de telecomunicaciones con arreglo a unas tarifas
y en condiciones no discriminatorias para todos sus clientes; queconviene que estas informaciones se refieran a:
— las medidas adoptadas para suprimir los derechos exclusivos
en aplicación de la presente Directiva,
— las condiciones de concesión de las autorizaciones de
explotación de los servicios de telecomunicaciones;
que la Comisión debe disponer de estas informaciones para poder
velar, en particular, por que todos los usuarios de la red y de losservicios, incluidos los organismos de telecomunicaciones cuando
sean prestadores de servicios, reciban un trato equitativo;
31. Considerando que, por lo que se refiere al suministro de servicios
de telecomunicaciones abiertos en lo sucesivo a la competencia,los titulares de derechos exclusivos o especiales pudieron, en elpasado, imponer a sus clientes contratos de larga duración; queestos contratos podrían limitar de hecho la posibilidad respecto de
los nuevos competidores eventuales de ofrecer sus servicios a
dichos clientes y a éstos de beneficiarse de los mismos; que, porlo tanto, debe preverse que el usuario pueda obtener la rescisiónde su contrato en un plazo razonable;
32. Considerando que cada Estado miembro regula actualmente elsuministro de servicios de telecomunicaciones con arreglo a suspropios criterios; que incluso la definición de ciertos servicios
varía de un Estado miembro a otro; que, en consecuencia, se
pueden producir distorsiones de la competencia que pueden hacermás difícil para los operadores económicos la oferta de serviciostransfronterizos de telecomunicaciones; que, por este motivo, elConsejo consideró, en su Resolución de 30 de junio de 1988, que
uno de los objetivos de la política de telecomunicaciones era la
creación de un mercado comunitario abierto de los servicios detelecomunicaciones, en particular, mediante la definición rápida,gracias a las directivas del Consejo, de las condiciones técnicas,las condiciones de utilización y los principios de tarificación delsuministro de una red abierta «Open Network Provision» (ONP);
que, a este respecto, la Comisión ha presentado una propuesta
concreta al Consejo; que, sin embargo, una armonización de lascondiciones de acceso no es el medio adecuado para poner fin alos obstáculos a los intercambios resultantes de infracciones a lasdisposiciones del Tratado; que la Comisión debe velar por la
aplicación de las disposiciones del Tratado de forma eficaz y
global;
33. Considerando que el apartado 3 del artículo 90 impone deberesprecisos y atribuye competencias bien definidas a la Comisión porlo que se refiere a la vigilancia de las relaciones entre los Estadosmiembros y sus empresas públicas y las empresas a las que hayanconcedido derechos exclusivos o especiales y, en particular, en1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 8
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materia de eliminación de los obstáculos a la libre prestación de
servicios, en materia de discriminación entre nacionales de losEstados miembros y en materia de competencia; que, por otra
parte, es necesario un enfoque global con objeto de poner fin a las
infracciones que persisten en ciertos Estados miembros ysuministrar indicaciones claras a los Estados miembros queestán revisando su legislación para evitar nuevas infracciones;que, en consecuencia, una directiva con arreglo al apartado 3 del
artículo 90 del Tratado constituye el medio apropiado a tal fin,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
—organismos de telecomunicaciones , las entidades públicas o privadas
— incluidas sus filiales sujetas a su control — a las que un Estadomiembro conceda derechos especiales o exclusivos para elestablecimiento de redes públicas de telecomunicaciones y, en sucaso, para la prestación de servicios de telecomunicaciones;
—derechos exclusivos , los derechos concedidos por un Estado
miembro a una empresa para reservarle el derecho de un servicio
de telecomunicaciones o de emprender una actividad, mediantecualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo, y dentrode una zona geográfica determinada;
—derechos especiales , los derechos concedidos por un Estado
miembro a un número limitado de empresas mediante uninstrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zonadeterminada,
— limite, con arreglo a criterios que no sean objetivos, proporcio-
nales y no discriminatorios, a dos o más el número de empresasautorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad, o
— designe, con arreglo a tales criterios, a varias empresas que
compitan entre sí, autorizándolas a prestar un servicio oemprender una actividad, o
— confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios,
ventajas legales o reglamentarias que dificulten gravemente lacapacidad de otra empresa de prestar el mismo servicio de
telecomunicaciones o emprender la misma actividad en la misma
zona geográfica y en unas condiciones básicamente similares;
—red pública de telecomunicaciones , la infraestructura pública de
telecomunicaciones que permita el transporte de señales entreterminales definidas de la red por hilo, por ondas hertzianas, pormedios ópticos o por otros medios electromagnéticos;
—servicios de telecomunicaciones , los servicios que consistan, en todo
o en parte, en la transmisión o encaminamiento de señales a través deuna red de telecomunicaciones,
—red de estaciones terrenas de comunicación por satélite , una
infraestructura de dos o más estaciones terrenas que funcionen
conjuntamente a través de un satélite,
—servicios de redes por satélite , la implantación y funcionamiento de
redes de estaciones terrenas de comunicación por satélite; dichos
servicios constitirán, como mínimo, en el establecimiento, por partede dichas estaciones, de una radiocomunicación con el segmentoespacial («enlaces ascendentes») y de una radiocomunicación entreéste y las citadas estaciones («enlaces descendentes»),
—servicios de comunicaciones por satélite , los servicios para cuya
prestación se utilicen, en todo o en parte, servicios de redes porsatélite,
—servicios por satélite , la prestación de servicios de comunicación por
satélite o la de servicios de redes por satélite;1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 9
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▼M2
▼M1
▼M3
—servicios de comunicaciones móviles y personales , los servicios
distintos de los servicios por satélite que consistan, en todo o enparte, en el establecimiento de radiocomunicaciones para un usuario
móvil, y que utilicen, en todo o en parte, sistemas de comunicaciones
móviles y personales,
—sistemas de comunicaciones móviles y personales , los sistemas
consistentes en el establecimiento y explotación de una infraes-tructura de red móvil, esté o no conectada a las terminales de la redpública, que constituya el soporte para la transmisión o la prestaciónde servicios de radiocomunicación a los usuarios móviles,
—terminales de la red , el conjunto de conexiones físicas y de
especificaciones técnicas de acceso, que formen parte de la red
pública de telecomunicaciones y que sean necesarias para teneracceso a esta red pública y comunicar eficazmente a través de ella;
—exigencias esenciales , los motivos de interés público de naturaleza
no económica que puedan inducira un Estado miembr o a imponercondiciones para el establecimiento y/o explotación de redes detelecomunicaciones o para la prestación de servicios de tele-
comunicaciones. Dichos motivos son la seguridad del
funcionamiento de las redes, el mantenimiento de su integridad y,en los casos en que se justifiquen, la interoperabilidad de losservicios, la protección de los datos, la protección del medioambiente y de los objetivos de ordenación urbana y rural, así como la
utilización eficaz del espectro de frecuencias y la prevención de
interferencias perjudiciales entre los sistemas de telecomunicaciónpor radio y otros sistemas técnicos espaciales o terrenales.
La protección de los datos podrá incluir la protección de datos
personales, la confidencialidad de la información transmitida oalmacenada y la protección de la vida privada;
—servicio de telefonía vocal , la explotación comercial para el público
del transporte directo y de la comunicación de la voz en tiempo realdesde y con destino a las terminales de la red pública conmutada,
que permita a cualquier usuario utilizar el equipo conectado a su
terminal para comunicar con otra terminal;
—servicio de télex , la explotación comercial para el público del
transporte directo de mensajes de télex de conformidad con laRecomendación aplicable del Comité Consultivo InternacionalTelegráfico y Telefónico (CCITT) desde y con destino a lasterminales de la red pública conmutada, que permita a cualquierusuario utilizar el equipo conectado a su terminal para comunicar
con otra terminal;
—servicio de conmutación de datos por paquetes o por circuitos ,l a
explotación comerical para el público del transporte directo de datos
desde y con destino a las terminales de la red pública conmutada,que permita a cualquier usuario utilizar el equipo conectado a suterminal para comunicar con otra terminal;
—simple reventa de capacidad , la explotación comercial para el
público de la oferta de transporte de datos a través de circuitosarrendados como servicio independiente, comprendiendo solamente
la conmutación, el tratamiento, el almacenaje de datos o la
conversión de protocolo, en la medida necesaria para la transmisión,en tiempo real, desde y con destino a la red pública conmutada;
—redes de televisión por cable , toda infraestructura principalmente por
cable autorizada por un Estado miembro para el suministro o ladistribución de señales de televisión y radiodifusión al público.
Las disposiciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio de
las normas específicas adoptadas por los Estados miembros, deconformidad con el Derecho comunitario, en materia de distribución1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 10
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de programas audiovisuales destinados al público y contenido de los
mismos.
2. La presente Directiva no se aplicará al télex.
Artículo 2
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1, los Estados
miembros suprimirán todas aquellas medidas que otorguen:
a) derechos exclusivos de prestación de servicios de telecomunicaciones
distintos de los de la telefonía vocal, y
b) derechos especiales que limiten, con arreglo a criterios que no son
objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más el
número de empresas autorizadas a prestar tales servicios detelecomunicaciones o
c) derechos especiales que designen, con arreglo a tales criterios, a
varias empresas que compitan entre sí para prestar tales servicios de
telecomunicaciones.
Adoptarán las medidas necesarias para garantizar a todo operador el
derecho a prestar cualquiera de estos servicios de telecomunicaciones,
con excepción de la telefonía vocal.
Los Estados miembros que condicionen el suministro de dichos servicios
a un procedimiento de autorización o de declaración con objeto de
asegurar el respeto de las exigencias esenciales garantizarán, sinperjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, que las autorizaciones seconcederán con arreglo a criterios objetivos, transparentes y sin efectosdiscriminatorios. Las eventuales denegaciones deberán estar debida-mente motivadas y deberá existir un procedimiento para recurrir contra
ellas.
Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 3, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31 de diciembre de 1990,
las medidas adoptadas para cumplir lo dispuesto en el presente artículo yla información sobre toda regulación existente o proyecto destinado aestablecer nuevos procedimientos de autorización o a modificar los yaexistentes.
Los Estados miembros comunicarán los criterios utilizados para la
concesión de las autorizaciones, así como las condiciones en que seconcedan las mismas o se efectúen los procedimientos de declaraciónnecesarios para llevar a cabo actividades de transmisión en estaciones
terrenas.
Los Estados miembros seguirán informando a la Comisión de todo
nuevo procedimiento de concesión de licencias que se pretenda
implantaro de toda modificación de los vigentes.
Artículo 3
Por lo que respecta al servicio de conmutación de datos por circuitos o
por paquetes, los Estados miembros, en el marco de los procedimientosde autorización a que se refiere el artículo 2, podrán exigir hasta el 31 de
diciembre de 1992 que los operadores económicos no ofrezcan al
público la simple reventa de capacidad de circuitos arrendados.
A más tardar, el 30 de junio de 1992, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión, en forma de proyecto, todos losprocedimientos de autorización o de declaración para el suministro alpúblico del servicio de conmutación de datos por paquetes o porcircuitos que tengan por objeto el respeto:
— de las exigencias esenciales,1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 11
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— de las regulaciones de comercio relacionadas con las condiciones de
permanencia, disponibilidad y calidad del servicio, o
— de las medidas destinadas a salvaguardar la misión de interés
económico general que hayan encomendado a un organismo detelecomunicaciones en lo que respecta a la conmutación de datos, sila actividad de los prestadores de servicios privados puede obstruir elcumplimiento de dicha misión.
Todos estos requisitos deberán constar en un pliego de condiciones de
servicio público y deberán ser objetivos, transparentes y carecer de
efectos discriminatorios.
A más tardar, el 31 de diciembre de 1992, los Estados miembros
procederán a la publicación de los procedimientos de autorización o de
declaración adoptados para dichos servicios.
Corresponderá a la Comisión velar, antes de su ejecución, por la
compatibilidad de dichos proyectos con las disposiciones del Tratado.
Artículo 3 bis
Además de las exigencias requeridas en el párrafo segundo del artículo
2, los Estados miembros, al fijar los requisitos aplicables a las licencias
o autorizaciones generales para los sistemas de comunicaciones móvilesy personales, velarán por que:
i) las condiciones de concesión de licencias no contengan requisitos
que no se justifiquen basándose en las exigencias esenciales y, en elcaso de los sistemas destinados al público en general, por exigencias
de servicio público en forma de regulaciones de comercio a que se
refiere el artículo 3;
ii) las condiciones de concesión de licencias para los operadores de la
red móvil garanticen un comportamiento transparente y nodiscriminatorio entre los operadores de redes fijas y móviles de
propiedad común;
iii) las condiciones de concesión de licencias no incluyan restricciones
técnicas injustificadas. En particular, los Estados miembros nopodrán impedir la combinación de licencias ni restringir la oferta de
tecnologías distintas que hagan uso de frecuencias diferentes, en los
casos en que pueda disponerse de equipos que respondan a normasmúltiples.
Siempre que existan frecuencias disponibles, los Estados miembros
deberán conceder licencias con arreglo a procedimientos abiertos, nodiscriminatorios y transparentes.
Los Estados miembros sólo podrán limitar el número de licencias que
deban expedir para sistemas de comunicaciones móviles y personalesexclusivamente basándose en exigencias esenciales, y siempre y cuandoello se deba a la falta de disponibilidad de un espectro de frecuencias yse justifique con arreglo al principio de proporcionalidad.
Los procedimientos de concesión de licencias podrán tomar en
consideración las exigencias de servicio público en forma deregulaciones de comercio a que se refiere el artículo 3, siempre y
cuando se opte por la solución menos restrictiva de la competencia. Los
requisitos pertinentes relativos a las regulaciones de comercio podránacompañara las licencias concedidas.
Los Estados miembros a los que se conceda un plazo adicional para la
supresión de las restricciones relativas a la infraestructura a que serefiere el artículo 3 quater no concederán, durante este período, nuevas
licencias para comunicaciones móviles y personales a los organismos detelecomunicaciones o a cualquier organismo asociado. Si los organismos
de telecomunicaciones en estos Estados miembros no disfrutan o dejan
de disfrutar de derechos exclusivos o especiales, de conformidad con lodispuesto en las letras b) y c) del párrafo primero del artículo 2, para lacreación y el suministro de infraestructuras de la red pública, noquedarán excluidos a priori de los procedimientos de concesión de
licencias.1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 12
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Artículo 3 ter
La designación de radiofrecuencias para servicios específicos de
comunicaciones deberán basarse en criterios objetivos. Los procedi-mientos deberán ser transparentes y publicarse en la forma adecuada.
Los Estados miembros publicarán anualmente, o pondrán a disposición,
previa solicitud, el plan de atribución de frecuencias reservadas a los
servicios de comunicaciones móviles y personales, de acuerdo con elplan que figura en el Anexo, incluidos los planes de futuras extensionesde dichas frecuencias.
Los Estados miembros revisarán periódicamente esta designación de
frecuencias.
Artículo 3 quater
Los Estados miembros garantizarán la supresión de todas las
restricciones impuestas a los operadores de sistemas de comunicacionesmóviles y personales en lo que se refiere a la creación de su propia
infraestructura, al uso de infraestructuras suministradas por terceros y al
uso compartido de infraestructura, así como otros servicios yemplazamientos, siempre que se limite el uso de dichas infraestructurasa las actividades previstas en su licencia o autorización.
Artículo 3 quinquies
Sin perjuicio de la futura armonización de las normas nacionales de
interconexión en el contexto de la ONP, los Estados miembros velaránpor que se autorice la interconexión directa entre sistemas de
comunicaciones móviles, así como entre sistemas de comunicaciones
móviles y redes fijas de telecomunicaciones. A tal fin, se suprimirán lasrestricciones de interconexión.
Los Estados miembros garantizarán a los operadores el derecho de
interconexión entre los sistemas de comunicaciones móviles para elpúblico y la red pública de telecomunicaciones. A tal fin, garantizarán elacceso al número necesario de terminales de interconexión a la red
pública de telecomunicaciones en las licencias de servicios móviles. Los
Estados miembros garantizarán que las interfaces técnicas ofrecidas endichas terminales de interconexión sean las menos restrictivas de lasinterfaces disponibles en lo que respecta a la funcionalidad de losservicios móviles.
Los Estados miembros garantizarán que las condiciones de intercone-
xión a la red pública de telecomunicaciones de los organismos de
telecomunicaciones se basen en criterios objetivos, transparentes y no
discriminatorios, y sean compatibles con el principio de proporciona-lidad. Asimismo, garantizarán que, en caso de recurso, las autoridadesnacionales de reglamentación tengan pleno acceso a los acuerdos deinterconexión y que la Comisión, previa petición, pueda disponer de
dicha información.
Artículo 4
Los Estados miembros que mantengan derechos exclusivos o especiales
para el establecimiento y la explotación de las ►
M3redes públicas
fijas de telecomunicaciones ◄adoptarán las medidas necesarias para
que las condiciones que rijan el acceso a las redes sean públicas yobjetivas y carezcan de efectos discriminatorios.
Asegurarán, en particular, que los operadores que así lo soliciten puedan
obtener circuitos arrendados en un plazo razonable y que su utilización
no sea objeto de ninguna restricción, salvo aquellas que estén
justificadas de conformidad con las disposiciones del artículo 2.
Los Estados miembros:
— suprimirán todas las restricciones al suministro de capacidad de
transmisión a través de redes de TV por cable y autorizarán la1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 13
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utilización de las redes por cable para la prestación de servicios de
telecomunicaciones distintos de los de telefonía vocal,
— garantizarán que la interconexión de las redes de TV por cable con la
red pública de telecomunicaciones sea autorizada para este fin, en
particular, la interconexión con las líneas arrendadas, y que se
supriman las restricciones a la interconexión directa de las redes deTV por cable por parte de los operadores de televisión por cable.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31
de diciembre de 1990, las medidas adoptadas para cumplir lo dispuestoen este artículo.
Comunicarán a la Comisión, cada vez que aumenten las tarifas
aplicables a los circuitos arrendados, los elementos que permitan
apreciar las razones en que se basan dichos aumentos.
Artículo 5
Los Estados miembros asegurarán la publicación, a más tardar el 31 de
diciembre de 1990, de las características de las interfaces técnicasnecesarias para la utilización de las redes públicas de telecomunica-ciones sin perjuicio de los convenios internacionales aplicables en la
materia.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, con arreglo a la
Directiva 83/189/CEE, cualquier proyecto elaborado a este respecto.
Artículo 6
Los Estados miembros garantizarán, por lo que se refiere a la prestación
de servicios de telecomunicaciones, la supresión de las restricciones
existentes relativas al tratamiento de las señales antes de su transmisión
por la red pública o tras su recepción, a menos que se demuestre quedichas restricciones son necesarias para garantizar al respeto del ordenpúblico o de las exigencias esenciales.
Sin perjuicio de las normas comunitarias armonizadas adoptadas por el
Consejo para el suministro de una red abierta, los Estados miembros
garantizarán, por lo que respecta a los prestadores de servicios, incluidoslos organismos de telecomunicaciones, que no exista ninguna discrimi-nación por lo que se refiere a las condiciones de utilización y a las tarifaspracticadas.
Los Estados miembros garantizarán que las tarifas impuestas eventual-
mente a los prestadores de servicios dentro de los regímenes deautorización se basen en criterios objetivos, transparentes y nodiscriminatorios.
Las tarifas, los criterios en que éstas se basen, así como cualquier
modificación de las mismas, deberán ser debidamente publicados, en suforma y detalle, con el objeto de facilitar el acceso a dicha información.
A má tardar, nueve meses después de la publicación de la presente
Directiva y, en lo sucesivo, cada vez que se introduzcan modificaciones,
los Estados miembros notificarán a la Comisión la forma en que se esté
haciendo pública dicha información. La Comisión publicará regular-mente una reseña de dichas notificaciones.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las medidas
adoptadas o los proyectos presentados con objeto de cumplir lasdisposiciones del presente artículo, a más tardar, el 31 de diciembre de1990.
Los Estados miembros garantizarán la supresión de toda prohibición o
restricción a la oferta de capacidad del segmento espacial a todooperador autorizado de redes de estaciones terrenas de comunicación porsatélite y permitirán, dentro de su territorio, que todo prestador delsegmento espacial compruebe si la red de estaciones terrenas por satélite1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 14
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que vaya a utilizaren el segmento espacial se ajusta a las condiciones
vigentes de acceso a su capacidad de segmento espacial.
Artículo 7
Los Estados miembros garantizarán que, a partir del 1 de julio de 1991,
la concesión de las autorizaciones de explotación, el control de
conformidad y de las especificaciones obligatorias, la atribución de lasfrecuencias y la vigilancia de las condiciones de utilización seanrealizados por una entidad independiente de los organismos detelecomunicaciones.
Comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31 de diciembre de 1990,
las medidas adoptadas o los proyectos presentados a tal fin.
Artículo 8
Los Estados miembros velarán por que los organismos de tele-
comunicaciones ofrezcan, a partir de la fecha de supresión de los
derechos exclusivos o especiales, a los clientes con los que dichosorganismos estén vinculados por un período superior a un año medianteun contrato de suministro de servicios de telecomunicaciones que, en elmomento de su celebración, tuviere como objeto tales derechos, laposibilidad de rescindir dicho contrato con un preaviso de seis meses.
Artículo 9
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las informaciones
necesarias que le permitan elaborar al final de cada año, durante un
período de tres, un informe global sobre la aplicación de la presente
Directiva. La Comisión comunicará este informe a los Estadosmiembros, al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económicoy Social.
Artículo 10
En el curso del año 1992, la Comisión efectuará una evaluación global
de la situación del sectorde los ser vicios de telecomunicaciones enrelación con los objetivos perseguidos por esta Directiva.
En el curso del año 1994, la Comisión evaluará los efectos de las
medidas a que se refiere el artículo 3 con el fin de determinar si procede
efectuarun ajuste en las disposiciones de dicho ar tículo, habida cuenta,en particular, de la evolución tecnológica y el desarrollo de losintercambios en la Comunidad.
Artículo 11
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.1990L0388 — ES — 15.02.1996 — 003.001 — 15
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