02014R0223 — ES — 17.02.2021 — 003.001

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REGLAMENTO (UE) No 223/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 11 de marzo de 2014

relativo al ►C1 Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas ◄







TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y finalidad

El presente Reglamento establece el ►C1 Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas ◄ (en lo sucesivo, «el Fondo») para el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, determina los objetivos de dicho Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda que presta, los recursos financieros disponibles y su asignación a cada Estado miembro, y establece las normas necesarias para garantizar la eficacia y la eficiencia del Fondo.

Artículo 2

Definiciones

Se aplicarán las definiciones siguientes:

1) «asistencia material básica» : bienes de consumo básicos de valor limitado y para uso personal de las personas más desfavorecidas como, por ejemplo, ropa, calzado, material escolar o sacos de dormir;

2) «personas más desfavorecidas» : las personas físicas, ya sean individuos, familias, hogares o grupos compuestos por estas personas, cuya necesidad de asistencia se haya establecido con arreglo a criterios objetivos que hayan sido fijados por las autoridades nacionales competentes en consulta con las partes interesadas pertinentes, evitando los conflictos de intereses, o determinados por las organizaciones asociadas y aprobados por esas autoridades nacionales competentes, y que podrán comprender elementos que permitan definir como destinatarios las personas más desfavorecidas de determinadas zonas geográficas;

3) «organizaciones asociadas» : los organismos públicos y/o las organizaciones sin ánimo de lucro que entreguen los alimentos y/o, cuando proceda, la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, junto con medidas de acompañamiento, directamente o a través de otras organizaciones asociadas, o emprendan actividades encaminadas directamente a su inclusión social, y cuyas operaciones hayan sido seleccionadas por la autoridad de gestión de conformidad con el artículo 32, apartado 3, letra b);

4) «programas nacionales» : cualquier programa que tenga, al menos en parte, los mismos objetivos que el Fondo y que esté siendo ejecutado a nivel nacional, regional o local por organismos públicos o por organizaciones sin ánimo de lucro;

5) «programa operativo de alimentos y/o asistencia material básica» (denominado asimismo «PO I») : el programa operativo de apoyo a la distribución de alimentos y/o asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, combinada cuando proceda con medidas de acompañamiento, con el fin de paliar la exclusión social de las personas más desfavorecidas;

6) «programa operativo de inclusión social de las personas más desfavorecidas» (denominado asimismo «PO II») : el programa operativo de apoyo a las actividades ajenas a las medidas activas del mercado laboral, consistentes en asistencia no financiera y no material, con el fin de la inclusión social de las personas más desfavorecidas;

7) «operación» : el proyecto, contrato o acción seleccionado por la autoridad de gestión del programa operativo en cuestión, o bajo su responsabilidad, que contribuya a alcanzar los objetivos del programa operativo con el que esté relacionado;

8) «operación finalizada» : la operación que se haya completado físicamente o se haya ejecutado plenamente y, con respecto a la cual, las entidades beneficiarias hayan realizado todos los pagos relacionados y hayan percibido la ayuda procedente del programa operativo correspondiente;

9) «entidad beneficiaria» : el organismo público o privado responsable de iniciar las operaciones, o de iniciarlas y ejecutarlas;

10) «destinatario final» : las personas más desfavorecidas que reciban ayuda en el sentido del artículo 4 del presente Reglamento;

11) «medidas de acompañamiento» : actividades desarrolladas con carácter adicional a la distribución de alimentos y/o de asistencia material básica con el objetivo de paliar la exclusión social y/o abordar las urgencias sociales de una forma que favorezca más la autonomía y más sostenible como, por ejemplo, orientación sobre una dieta equilibrada y asesoramiento sobre gestión presupuestaria;

12) «gasto público» : contribución pública a la financiación de operaciones procedente del presupuesto de autoridades públicas nacionales, regionales o locales, el presupuesto de la Unión relacionado con el Fondo, el presupuesto de organismos de Derecho público o el presupuesto de asociaciones de autoridades públicas o de cualquier organismo de Derecho público a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 );

13) «organismo intermedio» : todo organismo público o privado que actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión o de certificación, o que desempeñe funciones en nombre de tal autoridad en relación con las operaciones de ejecución de las entidades beneficiarias;

14) «ejercicio contable» : el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio, excepto en el caso del primer ejercicio del período de programación, con respecto al cual significa el período comprendido entre la fecha de inicio de la subvencionabilidad del gasto y el 30 de junio de 2015; el último ejercicio contable estará comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024;

15) «ejercicio financiero» : el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre;

16) «irregularidad» : todo incumplimiento del Derecho de la Unión o de la legislación nacional relacionada con su aplicación, derivado de un acto o una omisión de un operador económico que participa en la ejecución del Fondo, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial para el presupuesto de la Unión al imputar a este una partida de gasto injustificado;

17) «agente económico» : toda persona física o jurídica, u otra entidad, que participe en la ejecución de la ayuda procedente del Fondo, a excepción de los Estados miembros en el ejercicio de sus prerrogativas de autoridad pública;

18) «irregularidad sistémica» : toda irregularidad, que puede ser de carácter recurrente, con alta probabilidad de producirse en tipos similares de operaciones, derivada de una deficiencia grave en el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control, en particular el hecho de no establecer procedimientos adecuados de conformidad con el presente Reglamento;

19) «deficiencia grave en la eficacia de funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control» : toda deficiencia que haga necesarias mejoras sustanciales de los sistemas, que exponga al Fondo a un riesgo elevado de irregularidad sistémica, y cuya existencia sea incompatible con un dictamen de auditoría sin reservas sobre el funcionamiento del sistema de gestión y control.

Artículo 3

Objetivos

1. El Fondo promoverá la cohesión social, reforzará la inclusión social y, por lo tanto, ayudará en último extremo a realizar el objetivo de erradicar la pobreza en la Unión contribuyendo a lograr el objetivo de reducir en al menos 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, de conformidad con la Estrategia Europa 2020, al mismo tiempo que complementa al Fondo Social Europeo, y complementará al mismo tiempo los Fondos Estructurales. El Fondo contribuirá a lograr el objetivo específico de paliar las peores formas de pobreza, suministrando ayuda no financiera a las personas más desfavorecidas en forma de alimentos y/o asistencia material básica y de actividades de inclusión social dirigidas a la integración social de las personas más desfavorecidas.

Este objetivo y los resultados de la aplicación del Fondo se evaluarán de modo cualitativo y cuantitativo.

2. El Fondo complementará las políticas nacionales sostenibles de erradicación de la pobreza y de inclusión social, que siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros.

Artículo 4

Ámbito de aplicación de la ayuda

1. El Fondo financiará los programas nacionales que distribuyen a las personas más desfavorecidas alimentos y/o asistencia material básica a través de organizaciones asociadas seleccionadas por los Estados miembros.

Con miras a aumentar y diversificar el suministro de alimentos a las personas más desfavorecidas y reducir y prevenir el desperdicio de alimentos, el Fondo podrá financiar actividades de recogida, transporte, almacenamiento y distribución de donaciones de alimentos.

El Fondo podrá financiar asimismo medidas de acompañamiento que complementen el suministro de alimentos y/o asistencia material básica.

2. El Fondo financiará actividades que contribuyan a la inclusión social de las personas más desfavorecidas.

3. El Fondo promoverá a nivel de la Unión el aprendizaje mutuo, el establecimiento de redes y la difusión de buenas prácticas en el ámbito de la ayuda no financiera a las personas más desfavorecidas.

Artículo 5

Principios

1. La parte del presupuesto de la Unión asignada al Fondo se ejecutará en el marco de la gestión compartida entre los Estados miembros y la Comisión de conformidad con el artículo 58, apartado 1, letra b), del Reglamento Financiero, a excepción de la asistencia técnica prestada a iniciativa de la Comisión, que se ejecutará en el marco de la gestión directa de conformidad con el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento Financiero.

2. La Comisión y los Estados miembros velarán, teniendo en cuenta el contexto específico de cada Estado miembro, por que la ayuda del Fondo sea coherente con las políticas y prioridades pertinentes de la Unión y complementaria con respecto a otros instrumentos de la Unión.

3. La ayuda del Fondo se ejecutará en estrecha colaboración entre la Comisión y los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad.

4. Los Estados miembros y los organismos por ellos designados al efecto serán los responsables de la ejecución de los programas operativos y de la realización de las tareas que les imponga el presente Reglamento de conformidad con el marco institucional, jurídico y financiero del Estado miembro y con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento.

5. Las disposiciones sobre la ejecución y la utilización del Fondo y, en particular, los recursos financieros y administrativos necesarios para la elaboración de informes, la evaluación, la gestión y el control tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad, habida cuenta del nivel de la ayuda asignada y de las limitadas capacidades administrativas de las organizaciones que funcionan principalmente gracias a voluntarios.

6. De conformidad con sus respectivas responsabilidades, y para evitar la doble financiación, la Comisión y los Estados miembros garantizarán la coordinación con el FSE y con otras políticas, estrategias e instrumentos pertinentes de la Unión, en particular, iniciativas de la Unión en el ámbito de la salud pública y contra el desperdicio de alimentos.

7. La Comisión, los Estados miembros y las entidades beneficiarias aplicarán el principio de buena gestión financiera de conformidad con el artículo 30 del Reglamento Financiero.

8. La Comisión y los Estados miembros velarán por la eficacia del Fondo, en particular a través del seguimiento, la elaboración de informes y la evaluación.

9. Cuando celebren las consultas previstas en el presente Reglamento con las partes interesadas pertinentes, los Estados miembros y la Comisión velarán por que los programas operativos se conciban, ejecuten, controlen y evalúen en el respeto del principio de asociación.

10. La Comisión y los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar la eficacia del Fondo y desempeñarán sus respectivas funciones en relación con el Fondo con la finalidad de reducir la carga administrativa para las entidades beneficiarias.

11. La Comisión y los Estados miembros velarán por que se tengan en cuenta y se fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género en las diferentes fases de la preparación, la programación, la gestión y la aplicación, el control y la evaluación del Fondo, así como en las campañas de información y sensibilización y en el intercambio de buenas prácticas. La Comisión y los Estados miembros utilizarán datos desglosados por género siempre que estén disponibles.

La Comisión y los Estados miembros tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier discriminación por motivos de sexo, raza u origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual en el acceso a la ayuda del Fondo y a programas y operaciones financiados por el Fondo.

12. Las operaciones que reciban ayuda del Fondo deberán cumplir el Derecho de la Unión aplicable y la legislación nacional relacionada con su aplicación («legislación aplicable»). En concreto, el Fondo solo podrá utilizarse para financiar la distribución de alimentos o bienes que sean conformes con el Derecho de la Unión sobre seguridad de los productos de consumo.

13. Los Estados miembros y las entidades beneficiarias elegirán los alimentos y/o la asistencia material básica a partir de criterios objetivos relacionados con las necesidades de las personas más desfavorecidas. Los criterios de selección de los alimentos (y, cuando proceda, de los bienes) también deberán tener en cuenta los aspectos climático y medioambiental, en particular con vistas a la reducción del desperdicio de alimentos. Cuando proceda, el tipo de productos alimenticios que se distribuirá se elegirá tomando en consideración su contribución al equilibrio de la dieta de las personas más desfavorecidas.

14. La Comisión y los Estados miembros velarán por que la ayuda concedida en el marco de este Fondo respete la dignidad de las personas más desfavorecidas.







TÍTULO II

RECURSOS Y PROGRAMACIÓN

Artículo 6

Recursos totales

1. Los recursos para el Fondo disponibles para compromisos presupuestarios para el período 2014-2020 serán de 3 395 684 880 EUR a precios de 2011, de conformidad con el desglose anual que figura en el anexo II.

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2. Excepto en lo que se refiere a los recursos adicionales asignados en respuesta al brote de COVID-19 a que se refiere el artículo 6 bis , la dotación del Fondo para el período 2014-2020 para cada Estado miembro se establece en el anexo III. El importe mínimo para cada Estado miembro será de 3 500 000 EUR para todo el período.

▼B

3. A efectos de programación y posterior inclusión en el presupuesto general de la Unión, el importe de los recursos se indexará al 2 % anual.

4. El 0,35 % de los recursos totales se asignará a la asistencia técnica prestada a iniciativa de la Comisión.

▼M3

Artículo 6 bis

Recursos adicionales en respuesta a la crisis ligada al brote de COVID-19

1. ter , apartado 5, párrafo séptimo, del Reglamento (UE) n. o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo ( Cuando el Estado miembro lo considere adecuado, los recursos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del presente Reglamento se incrementarán en respuesta a la crisis ligada al brote de COVID-19, de conformidad con el artículo 92, apartado 5, párrafo séptimo, del Reglamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 2 ) y en las condiciones aplicables establecidas en dicho apartado. Los recursos adicionales constituirán ingresos afectados externos según lo previsto en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo ( 3 ) y estarán sujetos a su artículo 3, apartados 3, 4, 7 y 9. Los recursos adicionales podrán afectar a los compromisos presupuestarios para 2021 y 2022.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, el período para los programas operativos que se beneficien de recursos adicionales de conformidad con el apartado 1 del presente artículo finalizará el 31 de diciembre de 2022.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 38, párrafo primero, del presente Reglamento, los compromisos presupuestarios relativos a los recursos adicionales correspondientes a cada programa se efectuarán en los años 2021 y 2022.

No obstante lo dispuesto en el artículo 59, apartado 1, del presente Reglamento, los compromisos presupuestarios relativos a los recursos adicionales se liberarán según las normas que deban seguirse para el cierre de los programas.

4. Además de la prefinanciación en forma de anticipos a que se refiere el artículo 44, apartado 1, la Comisión abonará un anticipo del 11 % de los recursos adicionales asignados para el año 2021 tras la decisión de la Comisión por la que se apruebe la modificación de un programa para la asignación de los recursos adicionales.

El anticipo abonado como prefinanciación inicial a que se refiere el párrafo primero se liquidará totalmente de las cuentas de la Comisión a más tardar cuando se cierre el programa.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 20, podrá aplicarse un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100 % a los recursos adicionales previstos en el apartado 1 del presente artículo.

▼B

Artículo 7

Programas operativos

1. Cada Estado miembro presentará a la Comisión, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, un PO I y/o un PO II que abarquen del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2020.

2. Un PO I deberá contener: a) una identificación y una justificación de la selección del tipo o tipos de privación material que se van a abordar en el marco del programa operativo y, en relación con cada tipo de privación material que se aborde, las principales características de la distribución de alimentos y/o asistencia material básica y, si procede, de las medidas de acompañamiento que se van a adoptar, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación ex ante realizada de conformidad con el artículo 16; b) una descripción del programa o programas nacionales correspondientes para cada tipo de privación material que se aborda; c) una descripción del mecanismo por el que se establecen los criterios de subvencionabilidad para las personas más desfavorecidas, diferenciando, en su caso, los tipos de privación material que se abordan; d) los criterios de selección de las operaciones y una descripción del mecanismo de selección, desglosados, en su caso, por tipo de privación material; e) los criterios de selección de las organizaciones asociadas, desglosados, en su caso, por tipo de privación material que se aborda; f) una descripción del mecanismo utilizado para garantizar la complementariedad con el FSE; g) un plan de financiación que contenga un cuadro en el que se especifique, para todo el período de programación, el importe del crédito financiero total de la ayuda del programa operativo desglosado indicativamente por tipo de privación material que se aborda, así como las medidas de acompañamiento correspondientes.

3. Un PO II deberá presentar: a) una estrategia sobre la contribución del programa a la reducción de la pobreza de conformidad con la Estrategia Europa 2020, con una justificación de la elección de la prioridad de asistencia; b) los objetivos específicos del programa operativo basados en una identificación de las necesidades nacionales, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación ex ante realizada de conformidad con el artículo 16; la evaluación ex ante será presentada a la Comisión al mismo tiempo que el programa operativo; c) un plan de financiación que contenga un cuadro en el que se especifique, para todo el período de programación, el importe del crédito financiero total de la ayuda del programa operativo desglosado indicativamente por tipo de acción; d) la identificación de las personas más desfavorecidas destinatarias; e) los indicadores financieros relacionados con el gasto correspondiente asignado; f) los resultados previstos para los objetivos específicos y los correspondientes indicadores de ejecución y de resultados específicos del programa, con un valor de referencia y un valor previsto; g) una descripción y ejemplos del tipo de acciones que deben apoyarse y su contribución prevista a los objetivos específicos indicados en la letra b), incluidos los principios rectores para la selección de operaciones y, si procede, la identificación de los tipos de entidades beneficiarias; h) una descripción del mecanismo para garantizar la complementariedad con el FSE así como para prevenir solapamientos y doble financiación de operaciones.

4. Además, cada programa operativo deberá presentar: a) la identificación de la autoridad de gestión, de la autoridad de certificación cuando proceda, de la autoridad de auditoría y del organismo al que la Comisión realizará los pagos, así como una descripción del procedimiento de seguimiento; b) una descripción de las medidas adoptadas para que participen todas las partes interesadas pertinentes así como, si procede, las autoridades competentes regionales y locales y otras autoridades públicas en la preparación del programa operativo; c) una descripción del uso previsto de la asistencia técnica de conformidad con el artículo 27, apartado 4, que incluya las acciones para reforzar la capacidad administrativa de las entidades beneficiarias en relación con la ejecución del programa operativo; d) un plan de financiación que contenga un cuadro en el que se especifique, para cada año, de conformidad con el artículo 20, el importe del crédito previsto para la ayuda del Fondo y la cofinanciación con arreglo al artículo 20.

Las propias organizaciones asociadas a las que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra e), que entreguen directamente los alimentos y/o la asistencia material básica, llevarán a cabo, por sí mismas o en cooperación con otras organizaciones, actividades, que, si procede, consistirán en la reorientación a los servicios competentes, que complementen el suministro de ayuda alimentaria, con vistas a la inclusión social de las personas más desfavorecidas, independientemente de que estas actividades estén o no financiadas por el Fondo. No obstante, estas medidas de acompañamiento no serán obligatorias en los casos en los que los alimentos y/o la asistencia material básica se proporcionen exclusivamente a los niños más desfavorecidos en centros de cuidado de niños o entidades similares.

5. Los Estados miembros o cualquier autoridad por ellos elaborarán los programas operativos. Colaborarán con todas las partes interesadas pertinentes y, si procede, con las autoridades competentes regionales o locales y otras autoridades públicas. Los Estados miembros velarán por que los programas operativos estén estrechamente vinculados a las políticas nacionales de inclusión social.

6. Los Estados miembros redactarán sus programas operativos de conformidad con los modelos establecidos en el anexo I, si procede.

Artículo 8

Adopción de los programas operativos

1. La Comisión evaluará la coherencia de los programas operativos con el presente Reglamento y su contribución a los objetivos del Fondo, teniendo en cuenta la evaluación ex ante realizada de conformidad con el artículo 16. La Comisión velará por que no se produzcan solapamientos con ningún programa financiado por el FSE en los Estados miembros.

2. La Comisión podrá formular observaciones en el plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación del programa operativo. El Estado miembro aportará a la Comisión toda la información adicional necesaria y, cuando proceda, revisará el programa operativo propuesto.

3. Siempre y cuando se haya tenido en cuenta adecuadamente cualquier observación formulada por la Comisión de conformidad con el apartado 2, esta, por medio de actos de ejecución, aprobará cada programa operativo en los seis meses siguientes a su presentación por el Estado miembro.

Artículo 9

Modificaciones de los programas operativos

1. Un Estado miembro podrá presentar una solicitud de modificación de un programa operativo. La solicitud deberá ir acompañada del programa operativo revisado y de la justificación de la modificación.

2. La Comisión evaluará la información suministrada de conformidad con el apartado 1, teniendo en cuenta la justificación aportada por el Estado miembro. La Comisión podrá formular observaciones y el Estado miembro proporcionará a la Comisión toda la información adicional necesaria.

3. La Comisión, por medio de actos de ejecución, aprobará la modificación de un programa operativo en los cuatro meses siguientes a su presentación por el Estado miembro, siempre y cuando se haya tenido en cuenta adecuadamente cualquier observación formulada por la Comisión.

▼M2

4. Los apartados 1, 2 y 3 no serán de aplicación a efectos de modificar los elementos de un programa operativo que se encuadren en las subsecciones 3.5 y 3.6 y en la sección 4, respectivamente, de los modelos del programa operativo que figuran en el anexo I, o los elementos que figuran en el artículo 7, apartado 2, letras a) a e) y g), en caso de que se modifiquen como resultado de la respuesta a la crisis causada por el brote de COVID-19.

▼M1

Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier decisión para modificar los elementos a que se refiere el párrafo primero en un plazo de un mes a partir de la fecha de dicha decisión. La decisión especificará la fecha de su entrada en vigor, que no será anterior a la fecha de su adopción.

▼B

Artículo 10

Intercambio de buenas prácticas

La Comisión facilitará, inclusive a través de un sitio web, el intercambio de experiencia, el desarrollo de capacidades y el establecimiento de redes, así como la difusión de los resultados pertinentes en el ámbito de la asistencia no financiera para las personas más desfavorecidas.

También podrá incluirse a organizaciones pertinentes que no se sirvan del Fondo.

Además, al menos una vez al año, la Comisión consultará a las organizaciones que representen a las organizaciones asociadas a nivel de la Unión sobre la ejecución de la ayuda procedente del Fondo y, tras esta consulta, informará puntualmente al Parlamento Europeo y al Consejo.

La Comisión facilitará la difusión en línea de los resultados, informes e información pertinentes relacionados con el Fondo.







TÍTULO III

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Artículo 11

Comité de seguimiento para el PO II

1. En los tres meses siguientes a la fecha en que se notifique al Estado miembro la decisión por la que se adopta un PO II, el Estado miembro deberá crear o designar un comité, de conformidad con su marco institucional, jurídico y financiero, encargado del seguimiento de la ejecución del programa, de acuerdo con la autoridad de gestión.

2. Cada comité de seguimiento redactará y adoptará su reglamento interno de acuerdo con el marco institucional, jurídico y financiero del Estado miembro de que se trate.

3. El Estado miembro decidirá la composición del comité de seguimiento, con la condición de que el comité de seguimiento esté compuesto por representantes de las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate y de los organismos intermedios y por representantes de todas las partes interesadas pertinentes así como, si procede, de las autoridades competentes regionales y locales. Las autoridades competentes regionales y locales así como las partes interesadas pertinentes delegarán representantes para que formen parte del comité de seguimiento mediante procedimientos transparentes. Cada miembro del comité de seguimiento podrá tener derecho a voto. Se publicará la lista de miembros del comité de seguimiento.

4. La Comisión participará en los trabajos del comité de seguimiento a título consultivo.

5. El comité de seguimiento estará presidido por un representante del Estado miembro o de la autoridad de gestión.

Artículo 12

Funciones del comité de seguimiento del PO II

1. El comité de seguimiento se reunirá al menos una vez al año y examinará la ejecución del programa y los avances realizados hacia la consecución de sus objetivos específicos. En su examen, atenderá a los datos financieros, a los indicadores comunes y específicos del programa, en especial los cambios de los indicadores de resultados y los avances hacia la consecución de valores cuantificados previstos y, si procede, a los resultados de los análisis cualitativos.

2. El comité de seguimiento examinará todas las cuestiones que afecten al rendimiento del programa. Examinará en particular: a) los avances hacia la consecución de los objetivos específicos del programa operativo sobre la base de los documentos presentados por la autoridad de gestión, incluidos los resultados de las evaluaciones; b) la ejecución de las acciones de información y comunicación; c) las acciones que tengan en cuenta y promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

3. El comité de seguimiento examinará y aprobará: a) la metodología y los criterios de selección de las operaciones con arreglo a los principios rectores establecidos en el artículo 7, apartado 3, letra f); b) los informes de ejecución anual y final; c) toda propuesta de la autoridad de gestión para modificar el programa operativo.

4. El comité de seguimiento podrá presentar observaciones a la autoridad de gestión acerca de la ejecución del programa y su evaluación.

Asimismo, hará el seguimiento de las acciones emprendidas a raíz de sus observaciones.

Artículo 13

Informes de ejecución e indicadores

1. Desde 2015 hasta 2023 inclusive, el Estado miembro deberá presentar a la Comisión, a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe anual sobre la ejecución del programa operativo desarrollado en el ejercicio financiero anterior.

▼M2

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el plazo de presentación del informe de ejecución anual para el año 2019 será el 30 de septiembre de 2020.

▼B

2. Los Estados miembros elaborarán el informe de ejecución anual de conformidad con el acto delegado a que hace referencia el apartado 6, incluyendo la lista de indicadores comunes, y, por lo que se refiere a los programas operativos de inclusión social, la lista de indicadores específicos del programa.

Los Estados miembros consultarán a las partes interesadas, evitando los conflictos de intereses, sobre los informes de ejecución del PO I. Se adjuntará al informe un resumen de las observaciones de dichas partes interesadas.

3. Los informes de ejecución anuales serán aceptables cuando contengan toda la información requerida de conformidad con el acto delegado mencionado en el apartado 6. En caso de que el informe de ejecución anual no sea aceptable, la Comisión informará al Estado miembro en cuestión en un plazo de quince días laborables a partir de la fecha de recepción del informe. Cuando la Comisión no haya informado a los Estados miembros en el plazo establecido, el informe se considerará aceptable.

4. La Comisión examinará el informe de ejecución anual y notificará al Estado miembro sus observaciones en un plazo de dos meses a partir de la recepción de dicho informe.

Cuando la Comisión no formule observaciones a los Estados miembros en el plazo establecido, los informes se considerarán aceptados.

5. El Estado miembro presentará un informe final sobre la ejecución del programa operativo el 30 de septiembre de 2024 a más tardar.

Los Estados miembros elaborarán el informe de ejecución final de conformidad con los actos delegados mencionados en el apartado 6.

La Comisión examinará el informe de ejecución final y notificará al Estado miembro sus observaciones en un plazo de cinco meses a partir de la recepción de dicho informe.

Cuando la Comisión no formule observaciones al Estado miembro en ese plazo, los informes se considerarán aceptados.

6. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, a más tardar el 17 de julio de 2014, actos delegados con arreglo al artículo 62 por los que se establezca el contenido de los informes de ejecución anual y final, incluida la lista de indicadores comunes.

7. La Comisión podrá enviar observaciones a un Estado miembro en relación con la ejecución del programa operativo. En un plazo de tres meses, la autoridad de gestión informará a la Comisión de las medidas correctoras adoptadas.

8. La autoridad de gestión hará público un resumen del contenido de cada informe de ejecución anual y final.

9. La Comisión presentará puntualmente un resumen de los informes de ejecución anuales y los informes de ejecución finales al Parlamento Europeo y al Consejo.

10. El procedimiento relativo a los informes de ejecución no será excesivo en relación con los recursos asignados y con la naturaleza de la ayuda y no impondrá cargas administrativas innecesarias.

Artículo 14

Reuniones anuales de revisión

1. Salvo acuerdo en contrario, la Comisión se reunirá con los Estados miembros todos los años, desde 2014 hasta 2023, para revisar los avances en la ejecución del programa operativo, teniendo en cuenta el informe de ejecución anual y las observaciones de la Comisión a las que se refiere el artículo 13, apartado 7, en su caso.

2. La reunión anual de revisión estará presidida por la Comisión. Se invitará a las partes interesadas a participar en las reuniones anuales de revisión de los PO I, exceptuadas aquellas partes de las reuniones con respecto a las cuales esta participación pueda suponer un conflicto de intereses o una vulneración de la confidencialidad en cuestiones de auditoría.

3. El Estado miembro velará por que, tras la reunión anual, se dé el seguimiento oportuno a los posibles comentarios de la Comisión y se haga referencia a dicho seguimiento en el informe de aplicación del ejercicio o ejercicios siguientes, según proceda.

Artículo 15

Disposiciones generales sobre la evaluación

1. Los Estados miembros proporcionarán los recursos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones y velarán por que existan procedimientos para producir y recoger los datos necesarios para las evaluaciones, incluidos los datos relacionados con los indicadores comunes a los que se refiere el artículo 13.

2. Llevarán a cabo las evaluaciones expertos funcionalmente independientes de las autoridades responsables de la ejecución del programa operativo. Todas las evaluaciones se harán públicas en su integridad, pero en ningún caso incluirán información relativa a la identidad de los destinatarios finales.

3. Las evaluaciones no serán excesivas en relación con los recursos asignados o con la naturaleza de la ayuda y no impondrán cargas administrativas innecesarias.

Artículo 16

Evaluación ex ante

1. Los Estados miembros realizarán una evaluación ex ante de cada programa operativo.

2. La evaluación ex ante se realizará bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de la preparación del programa operativo. Se presentará a la Comisión al mismo tiempo que el programa operativo, junto con un resumen ejecutivo.

3. La evaluación ex ante de los PO I valorará los elementos siguientes: a) la contribución al objetivo de la Unión de reducir en al menos 20 millones el número de personas en situación de pobreza o en riesgo de pobreza o exclusión social de aquí a 2020, teniendo en cuenta el tipo de privación material seleccionado que se va a abordar, así como las circunstancias nacionales en términos de pobreza y exclusión social y de privación material; b) la coherencia interna del programa operativo propuesto y su relación con otros instrumentos financieros pertinentes; c) la coherencia de la asignación de recursos presupuestarios con los objetivos del programa operativo; d) la contribución de los productos previstos a los resultados y, por ende, a los objetivos del Fondo; e) la participación de las partes interesadas; f) la idoneidad de los procedimientos de seguimiento del programa operativo y de recogida de los datos necesarios para llevar a cabo evaluaciones.

4. La evaluación ex ante de los PO II valorará los elementos siguientes: a) la contribución a la promoción de la cohesión social y a la reducción de la pobreza de conformidad con la Estrategia Europa 2020, teniendo en cuenta las necesidades nacionales; b) la coherencia interna del programa propuesto y su relación con otros instrumentos financieros pertinentes, en particular el FSE; c) la coherencia de la asignación de recursos presupuestarios con los objetivos del programa; d) la pertinencia y claridad de los indicadores específicos del programa propuesto; e) la manera en que los productos previstos contribuirán a los resultados; f) si los valores previstos cuantificados de los indicadores son realistas, habida cuenta de la ayuda del Fondo prevista; g) las razones de la forma de ayuda propuesta; h) la adecuación de los recursos humanos y de la capacidad administrativa para la gestión del programa; i) la idoneidad de los procedimientos de seguimiento del programa y de recogida de los datos necesarios para llevar a cabo evaluaciones; j) la adecuación de las medidas previstas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir todo tipo de discriminación.

Artículo 17

Evaluación durante el período de programación

1. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación intermedia del Fondo antes del 31 de diciembre de 2018.

2. La Comisión podrá evaluar los programas operativos por iniciativa propia.

3. Durante el período de programación, la autoridad de gestión de un PO I podrá evaluar la eficacia y la eficiencia del programa operativo.

4. La autoridad de gestión de un PO I llevará a cabo una encuesta estructurada sobre destinatarios finales en 2017 y 2022, de conformidad con el modelo adoptado por la Comisión. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan dicho modelo tras consultar a las partes interesadas. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo al que se refiere el artículo 63, apartado 2.

5. La autoridad de gestión de un PO II realizará al menos una evaluación antes del 31 de diciembre de 2022. La evaluación estimará la eficacia, eficiencia e impacto de las operaciones financiadas. Se garantizará un seguimiento adecuado.

Artículo 18

Evaluación ex post

La Comisión, por iniciativa propia y en estrecha colaboración con los Estados miembros, llevará a cabo una evaluación ex post, con la ayuda de expertos externos, para determinar la eficacia y eficiencia del Fondo y la sostenibilidad de los resultados obtenidos y calcular el valor añadido del Fondo. La evaluación ex post deberá haberse completado el 31 de diciembre de 2024 a más tardar.

Artículo 19

Información y comunicación

1. La Comisión y los Estados miembros suministrarán información sobre las acciones financiadas por el Fondo y se encargarán de su promoción. La información se dirigirá, en particular, a las personas más desfavorecidas, así como al público en general y a los medios de comunicación. Dicha información destacará el papel de la Unión y garantizará la visibilidad de la contribución del Fondo, de los Estados miembros y de las organizaciones asociadas en relación con los objetivos de cohesión social de la Unión, sin estigmatizar a los destinatarios finales.

2. A fin de garantizar la transparencia de la ayuda del Fondo, la autoridad de gestión elaborará una lista de operaciones financiadas por el Fondo en un formato de hoja de cálculo que permita ordenar, buscar, extraer y comparar los datos y publicarlos fácilmente en Internet. La lista de operaciones incluirá, como mínimo, información sobre: a) el nombre y dirección de la entidad beneficiaria; b) la cantidad de fondos de la Unión que se le han asignado; c) en el caso de los PO I, el tipo de privación material que se ha abordado.

La autoridad de gestión actualizará la lista de operaciones, como mínimo, cada doce meses.

3. Durante la ejecución de una operación, las entidades beneficiarias y las organizaciones asociadas informarán al público de la ayuda obtenida del Fondo, colocando o al menos un cartel con información acerca de la operación (de un tamaño mínimo A3), que incluya la ayuda financiera de la Unión, o un emblema de la Unión de dimensiones razonables en un lugar fácilmente visible para el público. Este requisito se cumplirá, sin estigmatizar a los destinatarios finales, en cada punto de entrega de los PO I o PO II, salvo cuando no sea posible debido a las circunstancias de la distribución.

Las entidades beneficiarias y organizaciones asociadas que dispongan de sitios web también ofrecerán una breve descripción de la operación en su sitio web, que incluya sus objetivos y resultados y destaque la ayuda financiera recibida de la Unión.

4. En todas las acciones de información y comunicación que lleven a cabo tanto la entidad beneficiaria como las organizaciones asociadas se reconocerá la ayuda prestada por el Fondo a la operación, mediante la exhibición del emblema de la Unión junto con una referencia a la Unión y al Fondo.

5. La autoridad de gestión informará a las entidades beneficiarias de la publicación de la lista de operaciones de conformidad con el apartado 2. La autoridad de gestión suministrará instrumentos de información y comunicación, que incluirán modelos en formato electrónico, para ayudar a las entidades beneficiarias y a las organizaciones asociadas a cumplir sus obligaciones con arreglo al apartado 3.

6. En el caso de los PO II: a) incumbirá al Estado miembro o a la autoridad de gestión organizar: i) una actividad informativa principal que dé publicidad al inicio del programa operativo, y ii) al menos una actividad informativa principal al año en la que se promuevan las oportunidades de financiación y las estrategias seguidas y/o se presenten las realizaciones del programa, tales como, en su caso, ejemplos de operaciones; b) durante la ejecución de una operación, la entidad beneficiaria informará al público sobre la ayuda obtenida del Fondo, asegurándose de que quienes participan en la operación han sido informados del apoyo del Fondo; c) cualquier documento relativo a este tipo de operaciones, incluidos los certificados de asistencia o de otro tipo, contendrá una declaración en la que se informe de que el programa operativo ha recibido apoyo del Fondo; d) la autoridad de gestión garantizará que las entidades beneficiarias potenciales tengan acceso a la información sobre las oportunidades de financiación, sobre el inicio de las convocatorias de solicitudes y las correspondientes condiciones y sobre los criterios para seleccionar las operaciones que recibirán ayuda.

7. Con respecto al tratamiento de datos en el marco de los artículos 15 a 19 del presente Reglamento, tanto la autoridad de gestión como las entidades beneficiarias y las organizaciones asociadas cumplirán lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.







TÍTULO IV

AYUDA FINANCIERA DEL FONDO

Artículo 20

Cofinanciación

1. La tasa de cofinanciación al nivel del programa operativo asciende al 85 % del gasto público subvencionable. Podrá incrementarse en los casos descritos en el artículo 21, apartado 1. Los Estado miembros podrán apoyar las acciones del Fondo con recursos nacionales adicionales.

▼M2

1 bis . No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y a petición de un Estado miembro, podrá aplicarse un porcentaje de cofinanciación del 100 % al gasto público declarado en las solicitudes de pago durante el ejercicio contable comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

Las solicitudes de modificación del porcentaje de cofinanciación deben presentarse de conformidad con el procedimiento de modificación de los programas operativos establecido en el artículo 9 y deberán ir acompañadas de un programa revisado. El porcentaje de cofinanciación del 100 % se aplicará únicamente si la Comisión aprueba la correspondiente modificación del programa operativo antes de la presentación de la solicitud final de pago intermedio de conformidad con el artículo 45, apartado 2.

Antes de presentar la primera solicitud de pago correspondiente al ejercicio contable que comienza el 1 de julio de 2021, los Estados miembros notificarán el cuadro incluido en la sección 5.1 del anexo I (Modelos del programa operativo), en el que se confirmará el porcentaje de cofinanciación aplicable durante el ejercicio contable que concluye el 30 de junio de 2020.

▼B

2. En la decisión de la Comisión por la que se adopte un programa operativo deberán fijarse la tasa de cofinanciación aplicable a dicho programa y el importe máximo de la ayuda del Fondo.

3. Las medidas de asistencia técnica ejecutadas a iniciativa de la Comisión o en su nombre podrán financiarse a una tasa del 100 %.

Artículo 21

Incremento de los pagos para Estados miembros con dificultades presupuestarias temporales

1. Previa solicitud de un Estado miembro, los pagos intermedios y los pagos del saldo final podrán incrementarse en diez puntos porcentuales a partir de la tasa de cofinanciación aplicable al programa operativo. La tasa incrementada, que no podrá exceder del 100 %, se aplicará a las solicitudes de pago relacionadas con el ejercicio contable en el que el Estado miembro haya presentado su petición y con los ejercicios contables posteriores en los que el Estado miembro cumpla alguna de las condiciones siguientes: a) cuando haya adoptado el euro, si recibe asistencia macrofinanciera de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) no 407/2010 del Consejo ( 4 ); b) cuando no haya adoptado el euro, si recibe asistencia financiera a medio plazo de conformidad con el Reglamento (UE) no 332/2002 del Consejo ( 5 ); c) si se ha puesto a su disposición ayuda financiera de conformidad con el Tratado por el que se establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la ayuda de la Unión por medio de pagos intermedios y pagos del saldo final no será superior a la ayuda pública ni al importe máximo de la ayuda del Fondo, como se establece en la decisión de la Comisión por la que se aprueba el programa operativo.

Artículo 22

Período de subvencionabilidad

1. El presente artículo se aplicará sin perjuicio de las normas sobre subvencionabilidad de la asistencia técnica prestada a iniciativa de la Comisión según lo dispuesto en el artículo 27.

2. El gasto podrá recibir ayuda del programa operativo si la entidad beneficiaria lo ha contraído y abonado entre el 1 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2023.

3. Las operaciones que se hayan completado físicamente o se hayan ejecutado plenamente antes de que la entidad beneficiaria presente a la autoridad de gestión la solicitud de financiación conforme al programa operativo no serán seleccionadas para recibir ayuda de un programa operativo, independientemente de que la entidad beneficiaria haya efectuado todos los pagos relacionados.

4. En caso de que se modifique un programa operativo, el gasto que pase a ser subvencionable como consecuencia de la modificación solo lo será a partir de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de modificación por parte del Estado miembro.

▼M2

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el gasto para las operaciones destinadas a fomentar la capacidad de respuesta a la crisis para hacer frente al brote de COVID-19 será subvencionable a partir del 1 de febrero de 2020.

▼B

Artículo 23

Subvencionabilidad de las operaciones

1. Las operaciones financiadas por un programa operativo se ubicarán en el Estado miembro que haya presentado el programa operativo.

2. Las operaciones podrán recibir ayuda de un programa operativo siempre y cuando hayan sido seleccionadas con arreglo a un procedimiento justo y transparente, a partir de los criterios establecidos en el programa operativo o aprobados por el comité de seguimiento, según proceda.

3. Los criterios de selección y las listas de operaciones seleccionadas para recibir apoyo de un PO II comunicarán tras su adopción a los comités de seguimiento de los programas operativos cofinanciados por el FSE.

4. Las propias organizaciones asociadas podrán comprar los alimentos y/o asistencia material básica para las personas más desfavorecidas.

Los alimentos o asistencia material básica para las personas más desfavorecidas también podrán ser adquiridos por un organismo público y puestos a disposición de las organizaciones asociadas de manera gratuita. En tal caso los alimentos se podrán obtener a partir del uso, la transformación y la venta de los productos disponibles de conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1308/2013, siempre y cuando esta sea la opción más favorable económicamente y no retrase indebidamente la entrega de los alimentos a las organizaciones asociadas. Todo importe derivado de una transacción de ese tipo se utilizará en beneficio de las personas más desfavorecidas, y no se hará uso de él para atenuar la obligación de los Estados miembros, con arreglo al artículo 20 del presente Reglamento, de cofinanciar el programa.

A fin de garantizar un uso lo más eficiente posible de las existencias de intervención y de los procedimientos conexos, la Comisión aplicará los procedimientos adoptados con arreglo al artículo 20, letra i), del Reglamento (UE) no 1308/2013, mediante los cuales los productos allí referidos pueden utilizarse, transformarse o venderse para los fines del presente Reglamento.

▼M2

4 bis . Los alimentos y/o la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas se proporcionarán de forma bien directa o bien indirecta, como por medio de vales o tarjetas, en formato electrónico u otro formato, siempre que dichos vales, tarjetas u otros instrumentos solo se puedan canjear por alimentos y/o asistencia material básica.

▼B

5. Los alimentos y/o la asistencia material básica se distribuirán de manera gratuita a las personas más desfavorecidas.

▼M1

6. Una operación podrá recibir ayuda de uno o varios programas operativos cofinanciados por el Fondo y de otros instrumentos de la Unión, a condición de que el gasto declarado en una solicitud de pago dirigida al Fondo no esté declarado para ayuda por otro instrumento de la Unión ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto. El importe del gasto que deberá consignarse en una solicitud de pago del Fondo puede ser calculado para el programa o programas de que se trate a prorrata, con arreglo al documento en que se establezcan las condiciones de la ayuda.

▼B

Artículo 24

Formas de ayuda

Los Estados miembros utilizarán el Fondo para proporcionar ayuda en forma de subvenciones, adquisiciones o una combinación de ambas. Sin embargo, dicha ayuda no podrá consistir en una ayuda contemplada en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

Artículo 25

Formas de las subvenciones

1. Las subvenciones podrán adoptar las siguientes formas: a) reembolso de costes subvencionables contraídos y abonados efectivamente; b) reembolso sobre la base de costes unitarios; c) cantidades fijas únicas que no superen los 100 000 EUR de ayuda pública; d) financiación a tanto alzado, determinada mediante la aplicación de un porcentaje a una o varias categorías definidas de costes.

2. Las opciones enumeradas en el apartado 1 solo podrán combinarse en una operación individual cuando cada una de ellas se aplique a categorías diferentes de costes o cuando se utilicen en fases sucesivas de dicha operación.

3. Los importes a los que se refiere el apartado 1, letras b), c) y d), deberán establecerse sobre la base de: a) un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en uno de los elementos siguientes: i) datos estadísticos u otra información objetiva, o ii) datos históricos verificados de cada entidad beneficiaria o aplicación de sus prácticas habituales de contabilidad de costes; b) métodos y financiación correspondiente de costes unitarios, cantidades fijas únicas y tanto alzado aplicados en programas de subvenciones financiados enteramente por el Estado miembro en cuestión para un tipo similar de operación y beneficiario; c) tasas establecidas por el presente Reglamento; d) un cálculo caso por caso, tomando como referencia un proyecto de presupuesto acordado ex ante por la autoridad de gestión, en el que la ayuda pública no supere los 100 000 EUR; ▼M1 e) normas para la aplicación de los costes unitarios, sumas a tanto alzado y tipos fijos correspondientes aplicables en otras políticas de la Unión para un tipo similar de operación y beneficiario. ▼B

4. Los importes calculados en las formas de subvención a las que se refiere el apartado 1, letras b), c) y d), se considerarán gastos subvencionables contraídos por la entidad beneficiaria y abonados por este a efectos de la aplicación del título VI.

5. En el documento en el que se expongan las condiciones de la ayuda a cada operación deberá exponerse también el método que deberá aplicarse para determinar los costes de la operación y las condiciones para el pago de la subvención.

Artículo 26

Subvencionabilidad del gasto

1. La subvencionabilidad del gasto se determinará sobre la base de normas nacionales, salvo que en el presente Reglamento, o con arreglo a él, se hayan establecido normas específicas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrán recibir ayuda de un PO I los gastos siguientes: ▼M2 a) los gastos de compra de alimentos y/o asistencia material básica y los gastos de compra de materiales y equipos de protección individual para las organizaciones asociadas; ▼B b) cuando un organismo público compre los alimentos o la asistencia material básica y los suministre a organizaciones asociadas, los gastos de transporte de los alimentos o la asistencia material básica hasta los almacenes de dichas organizaciones y los gastos de almacenamiento en forma de cantidad a tanto alzado equivalente al 1 % de los gastos a los que se refiere la letra a) o, en casos debidamente justificados, los gastos efectivamente contraídos y abonados; ▼M2 c) los gastos administrativos, de preparación, transporte y almacenamiento soportados por las organizaciones asociadas en forma de cantidad a tanto alzado equivalente al 5 % de los gastos a los que se refiere la letra a); o el 5 % del valor de los productos alimenticios disponibles de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013; ▼M1 d) los gastos de organizaciones asociadas de recogida, transporte, almacenamiento y distribución de las donaciones de alimentos y de las actividades de sensibilización directamente relacionadas con ellas; e) los gastos de las medidas de acompañamiento emprendidas y declaradas por las organizaciones asociadas que entreguen, directamente o en el marco de acuerdos de cooperación, los alimentos y/o la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas en forma de cantidad a tanto alzado equivalente al 5 % de los gastos a los que se refiere la letra a) del presente apartado; o al 5 % del valor de los alimentos disponibles de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. ▼B

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los gastos subvencionables por un programa operativos serán los gastos contraídos con arreglo al artículo 27, apartado 4, o, en el caso de gastos indirectos contraídos con arreglo al artículo 27, apartado 4, una cantidad a tanto alzado de hasta el 15 % de los gastos directos de personal subvencionables.

▼M1

3 bis . No obstante lo dispuesto en el apartado 2, una reducción de los gastos subvencionables a que se refiere el apartado 2), letra a), por incumplimiento de la normativa aplicable por parte del organismo responsable de la compra de asistencia material básica o de alimentos no dará lugar a una reducción de los gastos subvencionables de otros organismos que figuran en el apartado 2, letras c) y e).

▼B

4. No podrán recibir ayuda del programa operativo los gastos siguientes: a) los intereses de la deuda; b) los gastos relativos a infraestructuras; c) el coste de los bienes de segunda mano; d) el impuesto sobre el valor añadido (IVA) excepto cuando no sea recuperable conforme a la legislación nacional sobre el IVA.

▼M2

Artículo 26 bis

Subvencionabilidad del gasto para las operaciones financiadas por el PO I durante su suspensión como resultado del brote de COVID-19

Los retrasos en la entrega de alimentos y/o asistencia material básica como resultado del brote de COVID-19 no darán lugar a una reducción de los gastos subvencionables soportados, con arreglo al artículo 26, apartado 2, por el organismo comprador o por las organizaciones asociadas. Dichos costes podrán ser declarados a la Comisión en su totalidad de conformidad con el artículo 26, apartado 2, antes de que los alimentos y/o la asistencia material básica lleguen a las personas más desfavorecidas, siempre y cuando la entrega se reanude tras el final de la crisis asociada con el brote de COVID-19.

Cuando los alimentos se estropeen debido a la suspensión de la entrega como resultado del brote de COVID-19, no se reducirán los gastos establecidos en el artículo 26, apartado 2, letra a).

Artículo 26 ter

Subvencionabilidad del gasto para las operaciones financiadas por el PO II o por la asistencia técnica durante su suspensión como resultado del brote de COVID-19

1. Cuando la ejecución de las operaciones se suspenda como resultado del brote de COVID-19, los Estados miembros podrán considerar el gasto que hayan contraído durante la suspensión como gasto subvencionable incluso si no se presta ningún servicio, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: a) la suspensión de la ejecución de la operación es posterior al 31 de enero de 2020; b) la suspensión de la operación se debe al brote de COVID-19; c) el gasto se ha contraído y abonado; d) el gasto constituye un coste real para el beneficiario y no puede recuperarse ni compensarse; cuando se trate de recuperaciones y compensaciones no proporcionadas por el Estado miembro, este podrá considerar que se ha cumplido esta condición sobre la base de una declaración del beneficiario; las recuperaciones y las compensaciones se deducirán de los gastos; e) el gasto se limita al período de suspensión de la operación.

2. En el caso de las operaciones en las que el beneficiario reciba el reembolso sobre la base de las opciones de costes simplificados y en las que la ejecución de las acciones que constituyen la base del reembolso quede suspendida como resultado del brote de COVID-19, el Estado miembro en cuestión podrá reembolsar al beneficiario sobre la base de los resultados previstos para el período de suspensión, incluso si las acciones no se llevan a cabo, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: a) la suspensión de la ejecución de las acciones es posterior al 31 de enero de 2020; b) la suspensión de las acciones se debe al brote de COVID-19; c) las opciones de costes simplificados se corresponden con un coste real soportado por el beneficiario que será demostrado por este y que no puede recuperarse ni compensarse; cuando se trate de recuperaciones y compensaciones no proporcionadas por el Estado miembro, este podrá considerar que se ha cumplido esta condición sobre la base de una declaración del beneficiario; las recuperaciones y las compensaciones se deducirán del importe correspondiente a la opción de costes simplificados; d) el reembolso al beneficiario se limita al período de suspensión de las acciones. En el caso de las operaciones a las que se refiere el párrafo primero del presente apartado, el Estado miembro también podrá reembolsar al beneficiario sobre la base de los costes mencionados en el artículo 25, apartado 1, letra a), siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo. Cuando un Estado miembro reembolse al beneficiario sobre la base de ambos párrafos primero y segundo, se asegurará de que los mismos gastos solo se reembolsen una vez.

Artículo 26 quarter

Subvencionabilidad del gasto para las operaciones financiadas por el PO II o por la asistencia técnica que no se ejecuten plenamente como resultado del brote de COVID-19

1. Un Estado miembro podrá considerar como gastos subvencionables los gastos para operaciones que no se ejecuten plenamente como resultado del brote de COVID-19, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: a) el cese de la ejecución de la operación es posterior al 31 de enero de 2020; b) el cese de la ejecución de la operación se debe al brote de COVID-19; c) los gastos anteriores al cese de la ejecución de la operación han sido contraídos y pagados por el beneficiario.

2. En el caso de las operaciones en las que el beneficiario reciba el reembolso sobre la base de las opciones de costes simplificados, un Estado miembro podrá considerar como gastos subvencionables los gastos para operaciones que no se ejecuten plenamente como resultado del brote de COVID-19, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: a) el cese de la ejecución de la operación es posterior al 31 de enero de 2020; b) el cese de la ejecución de la operación se debe al brote de COVID-19; c) las acciones cubiertas por las opciones de costes simplificados se han llevado a cabo, al menos en parte, antes del cese de la ejecución de la operación. En el caso de las operaciones a las que se refiere el párrafo primero del presente apartado, el Estado miembro también podrá reembolsar al beneficiario sobre la base de los costes mencionados en el artículo 25, apartado 1, letra a), siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo. Cuando un Estado miembro reembolse al beneficiario sobre la base de ambos párrafos primero y segundo, se asegurará de que los mismos gastos solo se reembolsen una vez.

▼B

Artículo 27

Asistencia técnica

1. El Fondo, a iniciativa de la Comisión o en su nombre y hasta un límite máximo del 0,35 % de su asignación anual, podrá financiar las medidas de preparación, seguimiento, asistencia administrativa y técnica, auditoría, información, control y evaluación necesarias para la aplicación del presente Reglamento, así como las actividades realizadas con arreglo al artículo 10.

2. La Comisión consultará a los Estados miembros y a las organizaciones que representen a las organizaciones asociadas a escala de la Unión sobre el uso que se prevea hacer de la asistencia técnica.

3. La Comisión establecerá cada año sus planes sobre el tipo de acciones relativas a las medidas enumeradas en el apartado 1, cuando esté prevista una contribución del Fondo, por medio de actos de ejecución.

▼M3

4. A iniciativa de los Estados miembros, y hasta un límite máximo del 5 % de la asignación del Fondo en el momento de la adopción del programa operativo y del 5 % de los recursos adicionales a que se refiere el artículo 6 bis , apartado 1, el programa operativo podrá financiar las medidas de preparación, gestión, seguimiento, asistencia administrativa y técnica, auditoría, información, control y evaluación necesarias para la ejecución del Fondo, incluidos los costes de preparación y de funcionamiento de los sistemas de bonos en caso de que estos costes sean sufragados por la autoridad de gestión u otro organismo público que no sea una organización asociada. El programa operativo también podrá financiar la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades de las organizaciones asociadas y de cualquier otro agente que participe en la ejecución del Fondo, incluso para propiciar las capacidades de respuesta en situación de crisis para hacer frente al brote de COVID-19. Las acciones a que se refiere el presente apartado podrán afectar al período de programación siguiente, entre otras razones, para garantizar la continuidad a través de otros fondos de la Unión de la ayuda prestada por el Fondo.

▼B







TÍTULO V

GESTIÓN Y CONTROL

Artículo 28

Principios generales de los sistemas de gestión y control

Los sistemas de gestión y control, de conformidad con el artículo 5, apartado 7, deberán:

a) describir las funciones de cada organismo que participe en la gestión y el control y asignar las funciones en el seno de cada organismo;

b) respetar el principio de separación de funciones entre dichos organismos y dentro de cada uno de ellos;

c) establecer procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado;

d) disponer de sistemas informáticos para la contabilidad, para el almacenamiento y la transmisión de los datos financieros y los datos sobre indicadores y para el seguimiento y la elaboración de informes;

e) disponer de sistemas de presentación de informes y seguimiento cuando el organismo responsable confíe la ejecución de las tareas a otro organismo;

f) establecer medidas para auditar el funcionamiento de los propios sistemas de gestión y control;

g) disponer de sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada;

h) disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las irregularidades, incluido el fraude, y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con los posibles intereses de demora.

Artículo 29

Responsabilidades por gestión compartida

Con arreglo al principio de gestión compartida, los Estados miembros y la Comisión serán responsables de la gestión y el control de los programas con arreglo a sus respectivas responsabilidades establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 30

Responsabilidades de los Estados miembros

1. Los Estados miembros cumplirán las obligaciones de gestión, control y auditoría y asumirán las responsabilidades correspondientes, que se establecen en las normas sobre gestión compartida contempladas en el Reglamento financiero y en el presente Reglamento.

▼M2

1 bis . Sobre la base de un análisis de los riesgos potenciales, los Estados miembros podrán establecer requisitos menos estrictos en materia de control y pista de auditoría cuando se trate de la distribución de alimentos y/o asistencia material básica a las personas más desfavorecidas durante el brote de COVID-19.

▼B

2. Los Estados miembros deberán prevenir, detectar y corregir las irregularidades y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con los intereses de demora correspondientes. Notificarán a la Comisión de las irregularidades que superen los 10 000 EUR en contribución del Fondo y la mantendrán informada de las novedades significativas en las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas.

Los Estados miembros no informarán a la Comisión de las irregularidades relacionadas con los siguientes casos:

a) aquellos en que la irregularidad consista únicamente en la falta de ejecución, total o parcial, de una operación incluida en el programa operativo cofinanciado debido a la quiebra de la entidad beneficiaria;

b) los comunicados a la autoridad de gestión o a la autoridad de certificación por la entidad beneficiaria de manera voluntaria y antes de ser detectados por ellas, ya sea antes o después del pago de la contribución pública;

c) los detectados y corregidos por la autoridad de gestión o de certificación antes de incluir el gasto de que se trate en una declaración de gasto presentada a la Comisión.

En todos los demás casos, en particular los previos a una quiebra o en casos de sospecha de fraude, se informará a la Comisión de las irregularidades detectadas y de las medidas preventivas y correctivas correspondientes.

▼M1

Si no se pueden recuperar importes pagados indebidamente para una operación a una entidad beneficiaria a causa de una falta o negligencia cometida por el Estado miembro, este tendrá que reembolsar dichos importes al presupuesto de la Unión. Los Estados miembros podrán decidir no recuperar un importe indebidamente pagado si el importe por recuperar del beneficiario, sin incluir los intereses, no supera los 250 EUR de contribución del Fondo a una operación en un ejercicio contable.

▼B

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 62 por los que se establezcan disposiciones de aplicación sobre los criterios para determinar los casos de irregularidades que deben notificarse, los datos que deben facilitarse y las condiciones y procedimientos que deben aplicarse para determinar si los Estados miembros deben reembolsar los importes irrecuperables.

La Comisión adoptará actos de ejecución de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 63, apartado 2, por los que se establezcan la frecuencia de la presentación de informes y el formato que debe utilizarse.

3. Los Estados miembros garantizarán que se pongan en práctica medidas eficaces para el examen de las reclamaciones relacionadas con el Fondo. El ámbito, las normas y los procedimientos relacionados con dichas medidas serán responsabilidad de los Estados miembros, de conformidad con su marco institucional y jurídico. A petición de la Comisión, los Estados miembros examinarán las reclamaciones presentadas a la Comisión que entren en el ámbito de sus medidas. Previa solicitud, los Estados miembros informarán a la Comisión de los resultados de dichos exámenes.

4. Todos los intercambios oficiales de información entre el Estado miembro y la Comisión se efectuarán utilizando un sistema de intercambio electrónico de datos. La Comisión adoptará actos de ejecución por los que se establezcan las condiciones que deba cumplir dicho sistema de intercambio electrónico de datos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 63, apartado 3.

Artículo 31

Designación de autoridades

1. Para cada programa operativo, cada Estado miembro deberá designar como autoridad de gestión a una autoridad u organismo público nacional, regional o local. Podrá designarse una misma autoridad de gestión para dos programas operativos.

2. Para cada programa operativo, el Estado miembro designará como autoridad de certificación a una autoridad u organismo público nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3. Podrá designarse una misma autoridad de certificación para dos programas operativos.

3. El Estado miembro podrá designar para un programa operativo a una autoridad de gestión que desempeñe también las funciones de autoridad de certificación.

4. Para cada programa operativo, el Estado miembro designará como autoridad de auditoría a una autoridad u organismo público nacional, funcionalmente independiente de la autoridad de gestión y de la autoridad de certificación. Podrá designarse una misma autoridad de auditoría para dos programas operativos.

5. Siempre y cuando se respete el principio de separación de funciones, la autoridad de gestión, la autoridad de certificación, en el caso de los PO I y de los PO II para los que el importe total de la ayuda del Fondo no supere los 250 000 000 EUR, la autoridad de auditoría podrán formar parte de la misma autoridad u organismo público.

6. El Estado miembro podrá designar uno o varios organismos intermedios para que realicen determinadas tareas de la autoridad de gestión o de la autoridad de certificación, bajo la responsabilidad de éstas. Los acuerdos pertinentes entre la autoridad de gestión o la autoridad de certificación y los organismos intermedios deberán registrarse formalmente por escrito.

7. El Estado miembro o la autoridad de gestión podrán confiar la gestión de parte de un programa operativo a un organismo intermedio mediante un acuerdo por escrito entre el organismo intermedio y el Estado miembro o la autoridad de gestión. El organismo intermedio deberá proporcionar garantías de su solvencia y su competencia en el ámbito de que se trate, al igual que de su capacidad de gestión administrativa y financiera.

8. El Estado miembro deberá establecer por escrito las normas que rijan su relación con las autoridades de gestión, las autoridades de certificación y las autoridades de auditoría, las relaciones entre estas autoridades y las relaciones de estas autoridades con la Comisión.

Artículo 32

Funciones de la autoridad de gestión

1. La autoridad de gestión será responsable de la gestión del programa operativo de conformidad con el principio de buena gestión financiera.

2. En lo que respecta a la gestión del programa operativo, la autoridad de gestión deberá: a) cuando proceda, ayudar en su labor al comité de seguimiento mencionado en el artículo 11 y proporcionarle la información que necesite para desempeñar sus funciones, en particular los datos sobre los avances del programa operativo en la consecución de sus objetivos, datos financieros y datos relacionados con indicadores; b) elaborar y, tras consultar a las partes interesadas evitando conflictos de intereses en el caso de los PO I, o tras la aprobación del comité de seguimiento a que se refiere el artículo 11 en el caso de los PO II, presentar a la Comisión los informes de ejecución anual y final a que se refiere el artículo 13; c) poner a disposición de los organismos intermedios y las entidades beneficiarias la información pertinente para el desempeño de sus tareas y la ejecución de las operaciones respectivas; d) establecer un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de los datos de cada operación necesarios para el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y la auditoría, incluidos datos sobre cada participante en las operaciones cofinanciadas por los PO II; e) velar por que los datos a los que se refiere la letra d) se recojan, introduzcan y almacenen en el sistema, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE y, cuando estén disponibles, desglosados por género.

3. En cuanto a la selección de las operaciones, la autoridad de gestión deberá: a) elaborar y, previa aprobación cuando proceda, aplicar procedimientos y/o criterios de selección adecuados que sean no discriminatorios y transparentes; b) velar por que la operación seleccionada: i) entre en el ámbito de aplicación del Fondo y del programa operativo; ii) cumpla los criterios establecidos en el programa operativo y en los artículos 22, 23 y 26; iii) tenga en cuenta, cuando proceda, los principios establecidos en el artículo 5, apartados 11, 12, 13 y 14; c) garantizar que se facilite a la entidad beneficiaria un documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda para cada operación, en especial los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de ejecución; d) cerciorarse de que la entidad beneficiaria tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones a que se refiere la letra c) antes de aprobar la operación; e) cerciorarse de que, si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación a la autoridad de gestión, se ha cumplido la legislación aplicable a la operación; f) determinar el tipo de asistencia material en el caso de los PO I y el tipo de acción en el caso de los PO II a los que se atribuirá el gasto de una operación.

4. En lo que atañe a la gestión y el control financieros del programa operativo, la autoridad de gestión deberá: ▼M1 a) verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que la operación cumple el Derecho aplicable, las condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación y, i) cuando deban reembolsarse costes con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra a), que el importe del gasto declarado por los beneficiarios con respecto a esos costes haya sido abonado; ii) cuando deban reembolsarse costes con arreglo al artículo 25, apartado 1, letras b), c) y d), que se hayan cumplido las condiciones para el reembolso del gasto al beneficiario; ▼B b) garantizar que las entidades beneficiarias que participan en la ejecución de las operaciones reembolsadas sobre la base de los gastos subvencionables realmente contraídos bien lleven un sistema de contabilidad aparte, bien asignen un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con una operación; c) aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos identificados; d) establecer procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada, de acuerdo con los requisitos del artículo 28, letra g); e) elaborar la declaración del órgano directivo y el resumen anual a los que se refiere el artículo 59, apartado 5, párrafo primero, letras a) y b), del Reglamento Financiero.

5. Las verificaciones con arreglo al apartado 4, letra a), incluirán los procedimientos siguientes: a) verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso presentadas por las entidades beneficiarias; b) verificaciones sobre el terreno de las operaciones.

La frecuencia y el alcance de las verificaciones sobre el terreno serán proporcionales al importe de la ayuda pública prestada a una operación y al nivel de riesgo identificado por tales verificaciones y por las auditorías de la autoridad de auditoría en relación con el sistema de gestión y control en su conjunto.

6. Las verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas con arreglo al apartado 5, primer párrafo, letra b), podrán realizarse por muestreo.

7. Cuando la autoridad de gestión tenga también la consideración de entidad beneficiaria en el marco del programa operativo, las disposiciones de cara a las verificaciones a las que se refiere el apartado 4, letra a), deberán garantizar la adecuada separación de funciones.

8. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 62 por los que se establezcan normas que especifiquen la información relativa a los datos que deben registrarse y almacenarse de manera informática dentro del sistema de seguimiento establecido con arreglo al apartado 2, letra d), del presente artículo.

La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan las especificaciones técnicas del sistema establecido con arreglo al apartado 2, letra d), del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 63, apartado 3.

9. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 62 por los que se establezcan requisitos mínimos detallados de la pista de auditoría a la que se refiere el apartado 4, letra d), del presente artículo con respecto a los registros contables que se deben mantener y los documentos justificativos que deben obrar en poder de la autoridad certificadora, la autoridad de gestión, los organismos intermedios y las entidades beneficiarias.

10. La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecución en lo referente al modelo de declaración del órgano directivo a la que se refiere el apartado 4, letra e). Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 63, apartado 2.

Artículo 33

Funciones de la autoridad de certificación

La autoridad de certificación de un programa operativo se hará cargo, en particular, de:

a) elaborar y presentar a la Comisión las solicitudes de pago y certificar que son el resultado de sistemas de contabilidad fiables, se basan en documentos justificativos verificables y han sido verificadas por la autoridad de gestión;

b) elaborar las cuentas a las que se refiere el artículo 59, apartado 5, párrafo primero, letra a), del Reglamento Financiero;

c) certificar la exhaustividad, exactitud y veracidad de las cuentas y que el gasto anotado en las cuentas cumple el Derecho aplicable y se ha contraído en relación con operaciones seleccionadas para recibir financiación de conformidad con los criterios aplicables al programa operativo, así como con el Derecho aplicable;

d) garantizar que exista un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de los registros contables de cada operación, que aloje todos los datos necesarios para elaborar las solicitudes de pago y las cuentas, incluidos los registros de los importes recuperables, los importes recuperados y los importes retirados tras cancelarse la totalidad o parte de la contribución a una operación o un programa operativo;

e) asegurarse, de cara a la elaboración y presentación de las solicitudes de pago, de que ha sido convenientemente informada por la autoridad de gestión de los procedimientos y las verificaciones llevados a cabo en relación con el gasto;

f) tener en cuenta, al elaborar y presentar las solicitudes de pago, los resultados de todas las auditorías llevadas a cabo por la autoridad de auditoría o bajo su responsabilidad;

g) llevar registros contables informatizados del gasto declarado a la Comisión y de la contribución pública correspondiente pagada a las entidades beneficiarias;

h) llevar una cuenta de los importes recuperables y de los importes retirados tras cancelarse la totalidad o parte de la contribución a una operación; los importes recuperados se devolverán al presupuesto de la Unión antes del cierre del programa operativo, deduciéndolos de la siguiente declaración de gastos.

Artículo 34

Funciones de la autoridad de auditoría

1. La autoridad de auditoría deberá garantizar que se audite el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control del programa operativo y una muestra representativa de las operaciones sobre la base del gasto declarado.

El gasto declarado se auditará sobre la base de una muestra representativa o, en su caso, a pruebas de confirmación y, como normal general, se basará en métodos de muestreo estadísticos.

Podrá utilizarse un método de muestreo no estadístico según el criterio profesional de la autoridad de auditoría en casos debidamente justificados, de conformidad con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas, y en cualquier caso cuando el número de operaciones de un ejercicio contable sea insuficiente para permitir el uso de un método estadístico.

En tales casos, el tamaño la muestra deberá ser suficiente para permitir que la autoridad de auditoría elabore un dictamen de auditoría válido de conformidad con el artículo 59, apartado 5, párrafo primero, letra b), del Reglamento Financiero.

El método de muestreo no estadístico cubrirá como mínimo el 5 % de las operaciones por las que se hayan declarado gastos a la Comisión durante un ejercicio contable y el 10 % del gasto que se haya declarado a la Comisión durante un ejercicio contable.

Cuando el importe total de la ayuda del Fondo a un PO I no supere 35 000 000 EUR, la autoridad de auditoría podrá limitar las actividades de auditoría a una auditoría anual del sistema que incluya pruebas de confirmación mediante una combinación de comprobaciones aleatorias y comprobaciones basadas en el riesgo realizadas sobre las operaciones. La labor de auditoría se realizará de conformidad con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas y cuantificará anualmente el nivel de error de las declaraciones de gastos certificados a la Comisión.

2. Si realiza las auditorías un organismo distinto de la autoridad de auditoría, esta deberá garantizar que dicho organismo tenga la independencia funcional necesaria.

3. La autoridad de auditoría deberá cerciorarse de que los trabajos de auditoría tienen en cuenta normas de auditoría internacionalmente aceptadas.

4. En el plazo de ocho meses tras la adopción de un programa operativo, la autoridad de auditoría preparará una estrategia para realizar las auditorías. Esta estrategia deberá establecer la metodología de auditoría, el método de muestreo o, en su caso, la prueba de confirmación para auditar las operaciones y la planificación de auditorías en relación con el ejercicio contable en curso y los dos ejercicios contables siguientes. La estrategia de auditoría deberá actualizarse anualmente de 2016 a 2024 inclusive. Cuando se aplique un mismo sistema de gestión y control a varios programas operativos, podrá prepararse una sola estrategia de auditoría para todos ellos. Previa solicitud, la autoridad de auditoría deberá presentar a la Comisión la estrategia de auditoría.

5. La autoridad de auditoría elaborará: a) un dictamen de auditoría de conformidad con el artículo 59, apartado 5, párrafo primero, letra b), del Reglamento Financiero; b) un informe de control en el que se expongan las principales conclusiones de las auditorías realizadas de conformidad con el apartado 1, incluidas las relativas a deficiencias detectadas en los sistemas de gestión y control, y las medidas correctivas propuestas y aplicadas.

Cuando se aplique un mismo sistema de gestión y control a varios programas operativos, la información exigida en el párrafo primero, letra b), podrá agruparse en un solo informe.

6. La Comisión, con el fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecución por los que se establezcan los modelos de la estrategia de auditoría, del dictamen de auditoría y del informe de control. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 63, apartado 2.

7. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 62 por los que se establezcan el alcance y contenido de las auditorías de operaciones y de las auditorías de cuentas y la metodología para seleccionar la muestra de las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

8. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 62 en las que se establezcan disposiciones de aplicación relativas al uso de los datos recogidos en el transcurso de las auditorías realizadas por los funcionarios o los representantes autorizados de la Comisión.

Artículo 35

Procedimiento para la designación de la autoridad de gestión y la autoridad de certificación

1. Antes de presentar a la Comisión la primera solicitud de pago intermedio, los Estados miembros notificarán a la Comisión la fecha y la forma de designación, realizada al nivel que corresponda, de la autoridad de gestión y, en su caso, de la autoridad de certificación.

2. La designación a la que se refiere el apartado 1 se basará en un informe y un dictamen de un organismo de auditoría independiente que evalúe el cumplimiento por las autoridades de los criterios relativos al entorno de control interno, a la gestión del riesgo, a las actividades de gestión y control y al seguimiento que se indican en el anexo IV.

El organismo de auditoría independiente será la autoridad de auditoría, u otro organismo de Derecho público o privado dotado de la capacidad de auditoría necesaria, que será independiente de la autoridad de gestión y, si procede, de la autoridad de certificación, y que desempeñará su labor teniendo en cuenta las normas de auditoría internacionalmente aceptadas.

3. Los Estados miembros podrán decidir que una autoridad de gestión o una autoridad de certificación que haya sido designada en relación con un programa operativo cofinanciado por el FSE con arreglo al Reglamento (UE) n o 1303/2013 se considere designada a los fines del presente Reglamento.

4. En un plazo de un mes a partir de la notificación de las designaciones a la que se refiere el apartado 1, la Comisión podrá pedir el informe y el dictamen del organismo de auditoría independiente a los que se refiere el apartado 2 y la descripción de las funciones y procedimientos establecidos para la autoridad de gestión o, cuando proceda, la autoridad de certificación. La Comisión decidirá solicitar dichos documentos sobre la base de su evaluación del riesgo.

La Comisión podrá formular observaciones en el plazo de dos meses a partir de la recepción de los documentos a que se refiere el párrafo primero.

Sin perjuicio del artículo 46, el examen de dichos documentos no interrumpirá la tramitación de las solicitudes de pagos intermedios.

5. Cuando los resultados de las auditorías y los controles indiquen que la autoridad designada ha dejado de cumplir los criterios mencionados en el apartado 2, el Estado miembro fijará, al nivel que corresponda y en función de la gravedad del problema, un período probatorio durante el cual se tomarán las medidas necesarias para poner remedio a la situación.

Cuando la autoridad designada no aplique las medidas necesarias para poner remedio a la situación durante el período probatorio fijado por el Estado miembro, este, al nivel que corresponda, retirará su designación.

El Estado miembro notificará sin demora a la Comisión cuando una autoridad designada haya sido sometida a un período probatorio facilitándole información sobre dicho período, cuando el período probatorio haya finalizado tras la aplicación de medidas para poner remedio a la situación, así como cuando se haya retirado la designación de una autoridad. La notificación de que un organismo designado ha sido sometido a un período probatorio por el Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46, no interrumpirá la tramitación de las solicitudes de pagos intermedios.

6. Una vez retirada la designación de una autoridad de gestión o de una autoridad de certificación, los Estados miembros, con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2, designarán un nuevo organismo que asumirá las funciones de la autoridad de gestión o de la autoridad de certificación, e informará de ello a la Comisión.

7. La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecución en lo referente al modelo del informe y del dictamen del organismo de auditoría independiente y la descripción de las funciones y los procedimientos establecidos para la autoridad de gestión y, en su caso, la autoridad de certificación. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 63, apartado 3.

Artículo 36

Competencias y responsabilidades de la Comisión

1. La Comisión, basándose en la información disponible, incluida la información sobre la designación de organismos responsables de la gestión y el control, los documentos facilitados cada año con arreglo al artículo 59, apartado 5, del Reglamento Financiero, por dichos organismos designados, los informes de control, los informes de ejecución anual y las auditorías realizadas por los organismos nacionales y de la Unión, se cerciorará de que los Estados miembros han establecido sistemas de gestión y control que cumplen el presente Reglamento y de que esos sistemas funcionan con eficacia durante la ejecución de los programas operativos.

2. Los funcionarios o representantes autorizados de la Comisión podrán efectuar auditorías o comprobaciones sobre el terreno siempre que avisen con una antelación mínima de doce días laborables a la autoridad nacional competente, excepto en casos urgentes. La Comisión respetará el principio de proporcionalidad teniendo en cuenta la necesidad de evitar la duplicación injustificada de las auditorías o comprobaciones realizadas por los Estados miembros, el nivel de riesgo para el presupuesto de la Unión y la necesidad de minimizar la carga administrativa de las entidades beneficiarias con arreglo al presente Reglamento. Esas auditorías o comprobaciones podrán incluir, en particular, la verificación del funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión y control en un programa o parte de él, o en las operaciones, y la evaluación de la buena gestión financiera de las operaciones o los programas. Podrán participar en las auditorías o comprobaciones funcionarios o representantes autorizados del Estado miembro.

Los funcionarios o los representantes autorizados de la Comisión, debidamente facultados para realizar auditorías o comprobaciones sobre el terreno, deberán tener acceso a todos los registros, documentos y metadatos necesarios, cualquiera que sea el medio en que estén almacenados, relacionados con operaciones financiadas por el Fondo o con los sistemas de gestión y control. Previa solicitud, los Estados miembros deberán proporcionar a la Comisión copias de esos registros, documentos y metadatos.

Las competencias establecidas en el presente apartado no afectarán a la aplicación de las disposiciones nacionales que reserven determinados actos a agentes específicamente designados por la legislación nacional. Los funcionarios, o representantes autorizados, de la Comisión no participarán, entre otras cosas, en inspecciones a domicilios privados ni en interrogatorios formales de personas en el marco de la legislación nacional. No obstante, dichos funcionarios y representantes tendrán acceso a la información obtenida por estos medios sin perjuicio de las competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales y respetando plenamente los derechos fundamentales de los sujetos de Derecho afectados.

3. La Comisión podrá exigir a un Estado miembro que emprenda las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento eficaz de sus sistemas de gestión y control o comprobar la exactitud del gasto de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 37

Cooperación con las autoridades de auditoría

1. La Comisión cooperará con las autoridades de auditoría para coordinar sus planes y métodos de auditoría e intercambiará de inmediato con dichas autoridades los resultados de las auditorías a las que se hayan sometido los sistemas de gestión y control.

2. Con objeto de facilitar esa cooperación si un Estado miembro designa varias autoridades de auditoría, el Estado miembro podrá designar un organismo de coordinación.

3. La Comisión, las autoridades de auditoría y, en su caso, el organismo de coordinación se reunirán con regularidad y, como norma general, al menos una vez al año, salvo que se acuerde otra cosa, para examinar el informe de control anual, el dictamen de auditoría y la estrategia de auditoría y para intercambiar puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con la mejora de los sistemas de gestión y control.







TÍTULO VI

GESTIÓN FINANCIERA, EXAMEN Y ACEPTACIÓN DE LAS CUENTAS, CORRECCIONES FINANCIERAS Y LIBERACIONES







CAPÍTULO 1

Gestión financiera

Artículo 38

Compromisos presupuestarios

Los compromisos presupuestarios de la Unión correspondientes a cada programa operativo se efectuarán por tramos anuales durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020. La decisión de la Comisión por la que se adopte el programa constituirá una decisión de financiación a efectos del artículo 84 del Reglamento Financiero y, una vez notificada al Estado miembro de que se trate, un compromiso jurídico a efectos del citado Reglamento.

El compromiso presupuestario correspondiente al primer tramo de cada programa se contraerá una vez que la Comisión adopte el programa.

La Comisión contraerá los compromisos presupuestarios de los tramos subsiguientes antes del 1 de mayo de cada año, basándose en la decisión mencionada en el párrafo segundo, excepto cuando sea de aplicación el artículo 16 del Reglamento Financiero.

Artículo 39

Pagos por parte de la Comisión

1. La Comisión realizará los pagos de la contribución del Fondo a cada programa operativo con arreglo a créditos presupuestarios y en función de la financiación disponible. Cada pago se hará con cargo al compromiso presupuestario abierto más antiguo del Fondo.

2. Los pagos revestirán la forma de anticipo, pagos intermedios y pago del saldo final.

Artículo 40

Pagos intermedios y pago del saldo final por parte de la Comisión

1. La Comisión reembolsará como pagos intermedios el 90 % del importe resultante de aplicar al gasto público subvencionable incluido en la solicitud de pago la tasa de cofinanciación establecida en la decisión por la que se adopte el programa operativo. La Comisión determinará los importes que quedan pendientes de reembolso en concepto de pagos intermedios o de recuperación conforme al artículo 50.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 21, la contribución del Fondo mediante pagos intermedios y el pago del saldo final no será superior al importe máximo de la contribución del Fondo establecido en la decisión de la Comisión por la que se apruebe el programa operativo.

Artículo 41

Solicitudes de pago

1. En la solicitud de pago que debe presentarse a la Comisión se incluirá toda la información necesaria para que esta pueda elaborar cuentas de conformidad con el artículo 68, apartado 3, del Reglamento Financiero.

2. Las solicitudes de pago deberán incluir, en relación con el programa operativo en su conjunto y con la asistencia técnica a la que se refiere al artículo 27, apartado 4: a) el importe total del gasto público subvencionable en que hayan incurrido las entidades beneficiarias y abonado al ejecutar las operaciones, según figure en el sistema contable de la autoridad de certificación; b) el importe total del gasto público para la ejecución de las operaciones, según figure en el sistema contable de la autoridad de certificación.

3. El gasto subvencionable incluido en una solicitud de pago deberá justificarse mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente, excepto en lo que respecta a las formas de ayuda a las que se refiere al artículo 25, apartado 1, letras b), c) y d) del presente Reglamento. Con respecto a esas formas de subvención, los importes incluidos en la solicitud de pago serán los costes calculados en función de la base aplicable.

4. La Comisión adoptará, a fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente artículo, actos de ejecución por los que se establezca el modelo de solicitud de pago. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 63, apartado 3.

Artículo 42

Pagos a las entidades beneficiarias

1. La autoridad de gestión velará por que, cuando se concedan subvenciones a las organizaciones asociadas, se proporcione a las entidades beneficiarias fondos suficientes para garantizar la ejecución adecuada de las operaciones.

2. En función de la disponibilidad de la financiación procedente del pago de los anticipos y los pagos intermedios, la autoridad de gestión velará por que la entidad beneficiaria reciba íntegramente el importe total del gasto público subvencionable debido y, como muy tarde, antes de que hayan trascurrido 90 días desde la fecha de presentación de la solicitud de pago por la entidad beneficiaria. No se deducirá ni retendrá importe alguno, ni se impondrá ningún gravamen específico u otro gravamen de efecto equivalente que reduzca los importes debidos a las entidades beneficiarias.

▼M1

3. La autoridad de gestión podrá suspender el plazo de pago a que se refiere el apartado 2 en cualquiera de los siguientes casos debidamente justificados si: a) el importe de la solicitud de pago no es exigible o no se han facilitado los documentos justificativos pertinentes, incluidos los documentos necesarios para las verificaciones de la gestión de conformidad con el artículo 32, apartado 4, letra a); b) se ha incoado una investigación sobre una eventual irregularidad relacionada con el gasto de que se trate.

Se informará al beneficiario interesado por escrito sobre la suspensión y sus razones. El plazo de pago residual volverá a correr a partir de la fecha de recepción de la información o los documentos solicitados, o de la fecha en que se haya llevado a cabo la investigación.

▼B

Artículo 43

Utilización del euro

1. Los importes consignados en los programas operativos presentados por los Estados miembros, las declaraciones de gastos, las solicitudes de pago, las cuentas y el gasto mencionado en los informes de ejecución anuales y finales se expresarán en euros.

2. Los Estados miembros que no hayan adoptado el euro como moneda en la fecha de la solicitud