1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B DIRECTIVA93/22/CEEDELCONSEJO
de10demayode1993
relativa alosservicios deinversiónenelámbitodelosvaloresnegociables
(DO L 141 de 11.6.1993, p. 27)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1 Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
junio de 1995L 168 7 18.7.1995
►M2 Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de marzo
de 1997L 84 22 26.3.1997
►M3 Directiva 2000/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de
noviembre de 2000L 290 27 17.11.2000
►M4 Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
diciembre de 2002L 35 1 11.2.2003
▼B
DIRECTIVA93/22/CEEDELCONSEJO
de10demayode1993
relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores
negociables
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea yen particular el apartado 2 del su artículo 57,
Vista la propuesta de la Comisión (
1),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando que la presente Directiva constituye un instrumento esen-
cial para la realización del mercado interior, conforme a lo dispuestoen el Acta Única Europea y de acuerdo con el calendario fijado en elLibro Blanco de la Comisión, en lo que se refiere a la libertad de esta-blecimiento y a la libre prestación de servicios, en el ámbito de las
empresas de inversión;
Considerando que las empresas que prestan los servicios de inversión
regulados en la presente Directiva deben contar con una autorizaciónexpedida por el Estado miembro de origen de la empresa de inversión,
con el fin de garantizar la protección de los inversores y la estabilidad
del sistema financiero;
Considerando que el enfoque adoptado está encaminado a lograr única-
mente el grado esencial de armonización que sea necesario y suficiente
para garantizar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y de los
sistemas de supervisión prudencial, posibilitando así la concesión deuna única autorización con validez en toda la Comunidad y la aplica-ción del principio de supervisión por el Estado miembro de origen;que, en virtud del reconocimiento mutuo, las empresas de inversiónautorizadas en su Estado miembro de origen pueden realizar en toda
la Comunidad todas o parte de las actividades contempladas en su
autorización y reguladas en la presente Directiva, mediante el estable-cimiento de sucursales o la prestación de servicios;
Considerando que los principios de reconocimiento mutuo y de super-
visión por el Estado miembro de origen exigen que las autoridades
competentes de cada uno de los Estados miembros no concedan auto-rización o la retiren cuando factores tales como el programa deactividad, la distribución geográfica o la actividad efectivamente reali-zada demuestren de forma inequívoca que la empresa de inversión haoptado por el sistema jurídico de un Estado miembro con el propósito
de eludir las normas más estrictas vigentes en el Estado miembro en el
que proyecta realizar o realiza la mayor parte de sus actividades; que, aefectos de la presente Directiva, toda empresa de inversión que seapersona jurídica deberá ser autorizada en el Estado miembro en que seencuentre su domicilio social; que toda empresa de inversión que no
sea persona jurídica deberá ser autorizada en el Estado miembro en
que se encuentre su administración central; que, por otra parte, losEstados miembros deben exigir que la administración central de lasempresas de inversión esté siempre situada en el Estado miembro enel que la empresa ejerza realmente sus actividades y que sea su Estadomiembro de origen;
Considerando que, para proteger a los inversores, es necesario garan-
tizar el control interno de la empresa mediante una dirección bicéfalao, cuando ésta no esté exigida en la Directiva, mediante otros meca-nismos que garanticen un resultado equivalente;1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 2
(1)D O noC 43 de 22.2.1989, p.7; y
DO noC 42 de 22.2.1990, p.7.
(2)D O noC 304 de 4.12.1989, p.39; y
DO noC 115 de 26.4.1993.
(3)D O noC 298 de 27.11.1989, p.6.
▼B
Considerando que, para garantizar la igualdad de las condiciones de
competencia, es necesario que las empresas de inversión que no seanentidades de crédito gocen de la misma libertad para crear sucursales
y prestar servicios a escala transfronteriza que la que se contempla en
la segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de1989, para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentariasy administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades decrédito y a su ejercicio (
1);
Considerando que una empresa de inversión sólo podrá prevalerse de la
presente Directiva para efectuar operaciones de cambio al contado o a
plazo fijo cuando se trate de servicios de inversión vinculados a la
prestación de servicios; que, por consiguiente, utilizar una sucursalúnicamente para efectuar operaciones de cambio constituiría unadesviación del mecanismo de la Directiva;
Considerando que toda empresa de inversión autorizada en su Estado
miembro de origen podrá realizar sus actividades en el conjunto de laComunidad por los medios que estime adecuados; que, a tal efecto y silo considera necesario, puede recurrir a agentes de la empresa de inver-
sión que reciban y transmitan órdenes por cuenta propia y por su
cuenta y bajo su responsabilidad total e incondicional; que, en estascondiciones, la actividad de dichos agentes debería considerarse acti-vidad de la empresa; que por lo demás, la presente Directiva no seopone a que el Estado miembro de origen subordine el estatuto dedichos agentes a unas determinadas exigencias; que, en caso de que la
empresa de inversión ejerza una actividad transfronteriza, el Estado
miembro de acogida tratará a dichos agentes como si fueran la propiaempresa; que, además, la presente Directiva no afecta a la venta devalores negociables a domicilio o ambulante, cuya regulación dependede disposiciones nacionales;
Considerando que por valores negociables se entienden las categorías
de valores habitualmente negociados en el mercado de capitales, por
ejemplo, deuda del Estado, acciones, valores que den derecho a
adquirir acciones mediante suscripción o canje, recibos de depósito,obligaciones emitidas en serie, certificados de opción de compra coníndice y los títulos que den derecho a adquirir tales obligacionesmediante suscripción;
Considerando que por instrumentos del mercado monetario se
entienden las categorías de instrumentos habitualmente negociados enel mercado monetario, como, por ejemplo, los bonos del tesoro, los
certificados de depósito y los bonos de tesorería;
Considerando que las definiciones, muy amplias, de valores negocia-
bles y de instrumentos del mercado monetario que figuran en la
presente Directiva sólo serán válidas para la presente Directiva que,por consiguiente no afectará en absoluto a las distintas definiciones deinstrumentos financieros adoptadas en las legislaciones nacionales conotros fines y, en particular, con fines fiscales; que por lo demás, ladefinición de valores negociables se refiere únicamente a los instru-
mentos negociables y, por consiguiente, no están incluidos en dicha
definición las acciones o los valores asimilables a acciones, emitidospor organismos tales como las «Building societies» o las «Industrialand Provident societies» cuya propiedad, de hecho, solamente puedetransferirse mediante su recompra por parte del organismo emisor;
Considerando que por instrumentos equivalentes a un contrato finan-
ciero a plazo se deben entender los contratos que son objeto de unpago en efectivo calculado con referencia a las fluctuaciones de alguno
de los siguientes elementos: los tipos de interés o de cambio, el valor
de cualquiera de los instrumentos enumerados en la sección B delAnexo, un índice relativo a alguna de esos instrumentos;
Considerando que a efectos de la presente Directiva, la actividad de
recepción y transmisión de órdenes incluye también la actividad de1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 3
(1)D O noL 386 de 30.12.1989, p.1; Directiva modificada por última vez por
la Directiva 92/30/CEE (DO noL 110 de 28.4.1992, p.52).
▼B
poner en contacto a dos o más inversores, permitiendo con ello la reali-
zación de operaciones entre esos inversores;
Considerando que ninguna de las disposiciones de la presente Directiva
afectará a las disposiciones comunitarias o, en su defecto, nacionalesque regulan la oferta pública de los instrumentos contemplados en la
presente Directiva; que lo mismo se aplica a la comercialización y la
distribución de estos instrumentos;
Considerando que los Estados miembros siguen siendo plenamente
responsables de la ejecución de las medidas de su política monetaria,
sin perjuicio de las medidas necesarias para fortalecer el SistemaMonetario Europeo;
Considerando que procede excluir a las compañías de seguros, cuyas
actividades están sometidas a un control adecuado por parte de autori-dades competentes en materia de control prudencial y estáncoordinadas a escala comunitaria, así como a las empresas que ejercenactividades de reaseguro y de retrocesión;
Considerando que no deben estar reguladas en la presente Directiva las
empresas que no prestan servicios a terceros, cuya activida consista enprestar servicios de inversión únicamente a su empresa matriz, a sus
filiales o a otra filial de su empresa matriz;
Considerando que la presente Directiva pretende abarcar las empresas
cuya actividad habitual consista en prestar a terceros servicios de inver-
sión con carácter profesional y que, por tanto, conviene excluir de su
ámbito de aplicación a toda persona cuya actividad profesional seaotra (por ejemplo, abogados, notarios) y que preste servicios de inver-sión únicamente con carácter accesorio en el marco de su actividadprofesional, siempre que dicha actividad esté regulada por una norma-
tiva que no excluya la prestación de servicios de inversión con carácter
accesorio; que, por idénticos motivos, también conviene excluir delámbito de aplicación a las personas que sólo prestan servicios de inver-sión a productores o usuarios de materias primas y en la medidanecesaria para realizar las transacciones sobre estos productos cuandodichas transacciones constituyan su actividad principal;
Considerando que las empresas cuyos servicios de inversión consistan
exclusivamente en la gestión de un sistema de participación de trabaja-
dores y que, como tales, no presten servicios de inversión a terceros, no
deben estar reguladas por las disposiciones de la presente Directiva;
Considerando que se debe excluir del ámbito de aplicación de la Direc-
tiva a los bancos centrales y demás organismos que se dediquen al
ejercicio de funciones similares así como a los organismos públicosque se encarguen o intervengan en la gestión de la deuda pública —concepto que engloba la colocación de la misma; que, en particular,no están cubiertos por dicha exclusión los organismos con capitalespúblicos cuya misión sea comercial o esté relacionada con adquisi-
ciones de participación;
Considerando que se debe excluir del ámbito de aplicación de la
presente Directiva a las empresas o personas cuya actividad se limite
a recibir y transmitir órdenes a determinadas contrapartes, sin entraren posesión de fondos o títulos pertenecientes a sus clientes; que, porconsiguiente, no se beneficiarán de la libertad de establecimiento ni dela libertad de prestación de servicios en las condiciones previstas por lapresente Directiva y, por tanto, estarán reguladas, cuando deseen
ejercer en otro Estado miembro, por las disposiciones pertinentes adop-
tadas por dicho Estado;
Considerando que se debe excluir del ámbito de aplicación de la
presente Directiva a los organismos de inversión colectiva, estén o no
coordinados a escala comunitaria, así como a los depositarios ygerentes de tales organismos, ya que están sujetos a una normativaespecífica directamente adaptada a sus actividades;
Considerando que, si las asociaciones creadas por los fondos de
pensiones de un Estado miembro para posibilitar la gestión de susactivos se limitan a dicha gestión sin prestar servicios de inversión aterceros y si los fondos de pensión están a su vez sometidos al control1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 4
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de las autoridades encargadas de la supervisión de las compañías de
seguros, no parece necesario someter a dichas asociaciones a las condi-ciones de acceso y de ejercicio establecidas en la presente Directiva;
Considerando que no es conveniente aplicar la presente Directiva a los
«agenti di cambio» tal como se definen en la legislación italiana, yaque pertenecen a una categoría para la que no hay prevista una nueva
autorización puesto que su actividad se limita al territorio nacional y no
presenta riesgos de distorsión de competencia;
Considerando que los derechos otorgados a las empresas de inversión
en la presente Directiva no serán obstáculo para el derecho de los
Estados miembros, de los bancos centrales y de los otros organismosnacionales que tengan una misión similar en los Estados miembros, deescoger a sus contrapartes sobre la base de criterios objetivos y nodiscriminatorios;
Considerando que la responsabilidad de supervisar la solvencia finan-
ciera de una empresa de inversión recaerá sobre las autoridadescompetentes de su Estado miembro de origen, en aplicación de la
Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la
adecuación del capital de las empresas de inversión y los entidades decrédito (
1), que coordina las normas aplicables en el ámbito del riesgo
de mercado;
Considerando que, por regla general, los Estados miembros de origen
podrán dictar normas más rigurosas que las establecidas en la presenteDirectiva, en particular, en lo que respecta a las condiciones de auto-rización, las exigencias prudenciales y las normas de declaración ytransparencia;
Considerando que el ejercicio de las actividades no contempladas en la
presente Directiva está regulado por las disposiciones generales delTratado relativas al derecho de establecimiento y a la libre prestación
de servicios;
Considerando que conviene velar por la protección de los derechos de
propiedad y otros derechos de carácter análogo del inversor sobre sus
valores, así como sus derechos sobre los fondos confiados a la
empresa, mediante una distinción respecto de los fondos de la empresa;que, no obstante, dicho principio no será obstáculo para que la empresaactúe en nombre propio en interés del inversor, cuando así lo exija eltipo mismo de operación y el inversor consienta en ello, como en elcaso del préstamo de valores;
Considerando que los procedimientos vigentes en materia de autoriza-
ción de sucursales de empresas de inversión autorizadas en paísesterceros continuarán aplicándose a las mismas; que dichas sucursales
no se beneficiarán de la libre prestación de servicios en virtud de lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 59 del Tratado, ni de lalibertad de establecimiento en Estados miembros distintos de aquél enque se hallen establecidas; que, no obstante, las solicitudes de autoriza-ción de filiales o de adquisición de participaciones por empresas que serijan por el Derecho de terceros países están sujetas a un procedimiento
cuyo propósito es garantizar que se conceda reciprocidad de trato a las
empresas de inversión de la Comunidad en los países terceros de que setrate;
Considerando que las autorizaciones concedidas por las autoridades
nacionales competentes a las empresas de inversión, de conformidadcon las disposiciones de la presente Directiva, no serán ya simplementede alcance nacional sino comunitario; que las cláusulas de reciprocidadexistentes quedarán, en lo sucesivo, sin efecto; que, en consecuencia, es
necesario un procedimiento flexible que permita evaluar la reciprocidad
sobre una base comunitaria; que el objetivo de dicho procedimiento noes cerrar los mercados financieros de la Comunidad sino, por elcontrario, dado que el propósito de la Comunidad es mantener susmercados financieros abiertos al resto del mundo, ampliar la liberaliza-ción del conjunto de los mercados financieros en países terceros; que,1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 5
(1) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.
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para ello, la presente Directiva establece procedimientos de negocia-
ción con países terceros y, en última instancia, la posibilidad deadoptar medidas consistentes en la suspensión de nuevas solicitudes
de autorización o en la limitación de nuevas autorizaciones;
Considerando que uno de los objetivos de la presente Directiva es
garantizar la protección de los inversores; que, a tal efecto, resulta
conveniente tener en cuenta las distintas necesidades de protección delas diversas categorías de inversores y de su grado de especializaciónprofesional;
Considerando que los Estados miembros deben velar por que no exista
ningún obstáculo para que las actividades que se benefician del recono-cimiento mutuo puedan ser ejercidas del mismo modo que en el Estadomiembro de origen, siempre que no estén en contradicción con las
disposiciones legales de protección del interés general vigentes en el
Estado miembro de acogida;
Considerando que ningún Estado miembro podrá limitar el derecho de
los inversores residentes habitualmente o establecidos en dicho Estadomiembro a que les sea prestado cualquier servicio de inversión porparte de una empresa de inversión objeto de la presente Directivasituada fuera del mencionado Estado miembro y que actúe fuera deeste último;
Considerando que, en determinados Estados miembros, la función de
compensación y liquidación puede ser efectuada por organismos
distintos de los mercados en los que se realizan las operaciones y que,
por consiguiente, cada vez que en la presente Directiva se mencionenen el acceso a los mercados regulados o la condición de miembro delos mismos, se entenderá que ambos conceptos incluyen el acceso alos organismos que efectúen las funciones de compensación y liquida-ción para los mercados regulados, así como la condición de miembro
de dichos organismos;
Considerando que cada Estado miembro debe velar por que se reserve
un trato no discriminatorio en su territorio a todas las empresas de
inversión que hayan sido autorizadas en un Estado miembro, así comoa todos los instrumentos financieros que se coticen en un mercadoregulado de un Estado miembro; que con arreglo a lo antedicho todaslas empresas de inversión deben gozar de las mismas posibilidades deser miembros de los mercados regulados o de tener acceso a los
mismos y que, por consiguiente, cualesquiera que sean los modos de
organización de las operaciones existentes en los Estados miembros,procede suprimir, de acuerdo con las condiciones fijadas en la presenteDirectiva las limitaciones técnicas y jurídicas al acceso a los mercadosregulados, en el marco de las disposiciones de la presente Directiva;
Considerando que determinados Estados miembros autorizan a las enti-
dades de crédito a ser miembros de sus mercados regulados únicamentede forma indirecta, mediante la creación de una filial especializada;
que la posibilidad que ofrece la presente Directiva a las entidades de
crédito de poder convertirse en miembros de un mercado reguladodirectamente, sin tener que crear una filial especializada, constituyepara esos Estados miembros una reforma importante, cuyas consecuen-cias merecen una revisión a la vista de la evolución de los mercados
financieros; que, habida cuenta de estos elementos, el informe que
presentará la Comisión al Consejo a este respecto, a más tardar el 31de diciembre de 1998, deberá tener en cuenta todos los factores quepermitan a este último volver a valorar las consecuencias para esosEstados miembros y, en especial, el riesgo de que surjan conflictos deintereses y el grado de protección del inversor;
Considerando que es de la mayor importancia que la armonización de
los sistemas de indemnización sea aplicable en la misma fecha que la
presente Directiva; que, por otra parte, hasta la fecha en que sea apli-
cable una Directiva que armonice los sistemas de indemnización, losEstados miembros de acogida conservan la facultad de imponer la apli-cación de su sistema de indemnización también a las empresas deinversión, incluidas las entidades de crédito, autorizadas por los demásEstados miembros cuando el Estado miembro de origen carezca de1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 6
▼B
sistema de indemnización o éste no ofrezca un nivel de protección
equivalente;
Considerando que la estructura de los mercados regulados debe seguir
siendo competencia del Derecho nacional, sin que por ello pueda cons-
tituir un obstáculo para la liberalización del acceso a los mercadosregulados de los Estados miembros de acogida para las empresas deinversión autorizadas a prestar los servicios de que se trate en suEstado miembro de origen; que, en aplicación de este principio, el
derecho de la República Federal de Alemania y el de los Países Bajos
regulan respectivamente la actividad de «Kursmakler» y de «hoekman»para impedirles ejercitar sus funciones en paralelo con otras funciones;que, por consiguiente, conviene dejar constancia de que ni «Kurs-makler» ni «hoekman» están en condiciones de prestar sus serviciosen los restantes Estados miembros; que nadie, sea cual fuese su Estado
miembro de origen, podría pretender actuar como «Kursmakler» o
«hoekman» sin que se le impusieran las mismas normas relativas aincompatibilidad que las resultantes del estatuto de «Kursmakler» o de«hoekman»;
Considerando que la presente Directiva no debe obstaculizar las dispo-
siciones de la Directiva 79/279/CEE del Consejo, de 5 de marzo de
1979, sobre la coordinación de las condiciones de admisión de valoresmobiliarios a cotización oficial en una bolsa de valores (
1);
Considerando que la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema
financiero y la protección del inversor implican, para el Estadomiembro de acogida, el derecho y la responsabilidad de prevenir y
sancionar aquellas actuaciones de la empresa de inversión en su terri-
torio que sean contrarias a las normas de conducta y a las demásdisposiciones legales y reglamentarias que haya adoptado por razonesde interés general, y de actuar en casos de emergencia; considerandoademás que las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida, en el ejercicio de sus responsabilidades, deben poder contar
con la mayor cooperación posible por parte de las autoridades compe-tentes del Estado miembro de origen, sobre todo para la actividadejercida en régimen de libre prestación de servicios; que las autoridadescompetentes del Estado miembro de origen tienen derecho a ser infor-madas por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida
de las medidas que incluyan sanciones a una empresa o restricciones a
las actividades de una empresa y que hayan sido adoptadas por dichasautoridades con respecto a las empresas de inversión por ellas autori-zadas, con objeto de cumplir eficazmente su misión en el ámbito dela supervisión prudencial; que para ello, conviene garantizar la coope-
ración entre las autoridades competentes de los Estados miembros de
origen y de acogida;
Considerando que, con el doble objetivo de proteger a los inversores y
garantizar un funcionamiento correcto de los mercados de valores,conviene garantizar la transparencia de las operaciones y la aplicaciónde las normas previstas al efecto en la presente Directiva para los
mercados regulados, tanto a las empresas de inversión como a las enti-
dades de crédito cuando actúen en el mercado;
Considerando que el examen de los problemas que se plantean en los
asuntos contemplados en las directivas del Consejo relativas a losservicios de inversión y a los valores mobiliarios, tanto en la aplicaciónde las medidas existentes como en la perspectiva de una mejor coordi-
nación, exige la cooperación de las autoridades competentes y de la
Comisión en el seno de un comité; que la creación de dicho comiténo obsta para que existan otras formas de cooperación entre autori-dades de control en este ámbito;
Considerando que puede ser necesario introducir periódicamente modi-
ficaciones técnicas en las normas detalladas contenidas en la presente
Directiva para adaptarlas a la evolución del sector de servicios deinversión; que, en consecuencia, la Comisión deberá efectuar cuantas1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 7
(1)D O noL 66 de 16.3.1979, p.21; Directiva modificada por última vez por
el Acta de adhesión de España y de Portugal.
▼B
modificaciones sean necesarias, previa presentación de las mismas al
Comité que se creará en el ámbito de los mercados de valores,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
TÍTULO I
Definicionesyámbitodeaplicación
Artículo 1
A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
1)servicios de inversión: cualquiera de los servicios que se indican
en la sección A del Anexo en relación con cualquiera de los instru-mentos que se especifican en la sección B del Anexo, prestados aterceros;
2)empresa de inversión: toda persona jurídica cuya profesión o acti-
vidad habituales consisten en prestar cualquier servicio de
inversión de carácter profesional a terceros.
A efectos de la presente Directiva, los Estados miembros podrán
incluir en el concepto de empresa de inversión a las empresas queno sean personas jurídicas, si:
— su régimen jurídico garantiza a los intereses de los terceros un
nivel de protección equivalente al que ofrecen las personas
jurídicas, y
— son objeto de una supervisión prudencial equivalente y adap-
tada a sus estructuras jurídicas.
No obstante, cuando dichas personas físicas presten servicios rela-
cionados con la tenencia de fondos o valores negociables deterceros, sólo podrán considerarse empresas de inversión conarreglo a la presente Directiva si, sin perjuicio de las restantesexigencias de la presente Directiva y de la Directiva 93/6/CEE,
— que los derechos de propiedad de terceros sobre sus fondos y
valores negociables esten protegidos, en particular en caso deinsolvencia de la empresa o de sus propietarios, embargo,compensación o cualquier otra acción emprendida por acree-dores de la empresa o de sus propietarios;
— que la empresa de inversión esté sujeta a normas que tengan
por objeto supervisar su solvencia y la de sus propietarios;
— que las cuentas anuales de la empresa de inversión estén
controladas por una o varias personas facultadas para auditar
cuentas con arreglo a la legislación nacional;
— cuando una empresa tenga un solo propietario, que éste adopte
medidas para la protección de los inversores en caso de cese de
las actividades de la empresa por causa de fallecimiento, inca-pacidad o circunstancias similares.
Antes del 31 de diciembre de 1997, la Comisión informará de
la aplicación de los párrafos segundo y tercero del presente
punto y, en su caso, propondrá su modificación o supresión.
Cuando una persona ejerza una de las actividades contempladas
en la letra a) del punto 1 de la sección A del Anexo de la
presente Directiva y dicha actividad se ejerza únicamente porcuenta y bajo la responsabilidad plena e incondicional de unaempresa de inversión, esta actividad se considerará actividadde la propia empresa de inversión y no de esa persona;
3)entidad de crédito: las entidades de crédito según la definición del
primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE (
1),
excluidas las entidades a que se refiere el apartado 2 del artículo2 de dicha Directiva;1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 8
(1)D O noL 322 de 17.12.1977, p.30; Directiva modificada por última vez
por la Directiva 89/646/CEE (DO noL 386 de 30.12.1989, p.1. )
▼B
4)valores negociables:
— las acciones y otros valores asimilables a acciones,
— las obligaciones y otros títulos de crédito negociables en el
mercado de capitales, y
— cualesquiera otros valores habitualmente negociados que
permitan adquirir esos valores por suscripción o canje, o den
lugar a un pago en metálico.
Con exclusión de los instrumentos de pago.
5)instrumentos del mercado monetario: las categorías de instru-
mentos habitualmente negociadas en el mercado monetario;
6)Estado miembro de origen:
a) cuando la empresa de inversión sea una persona física, el
Estado miembro en el que dicha persona tenga su administra-
ción central;
b) cuando la empresa de inversión sea una persona jurídica, el
Estado miembro en donde tenga su domicilio social o, en casode que de conformidad con su Derecho nacional no lo tuviere,
el Estado miembro en el que tenga su administración central;
c) cuando se trate de un mercado, el Estado miembro en donde
esté el domicilio social del organismo que realice las negocia-ciones o, en caso de que de conformidad con su derecho
nacional no lo tuviere, el Estado miembro donde esté la admi-
nistración central de dicho organismo.
7)Estado miembro de acogida: el Estado miembro en el cual una
empresa de inversión tenga una sucursal o preste servicios;
8)sucursal: un establecimiento que constituya una parte sin persona-
lidad jurídica de una empresa de inversión y que preste serviciosde inversión para cuyo ejercicio la empresa de inversión haya reci-bido la oportuna autorización; todos los establecimientos creadosen un mismo Estado miembro por una empresa de inversión que
tenga su domicilio social en otro Estado miembro se considerarán
como una sola sucursal;
9)autoridades competentes: las autoridades que cada Estado
miembro designe en virtud del artículo 22;
10)participación significativa: la participación, directa o indirecta, en
una empresa de inversiones que represente al menos el 10 % delcapital o de los derechos de voto o que permita el ejercicio deuna influencia notable en la gestión de la empresa en la que se
posea la participación.
A efectos de la aplicación de la anterior definición, en el contexto
de los artículos 4y9yd el o s otros niveles de participación
contemplados en el artículo 9 se tomarán en consideración los
derechos de voto mencionados en el artículo 7 de la Directiva 88/
627/CEE (
1);
11)empresa matriz: una empresa matriz según la definición de los
artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE (2);
12)filial: una empresa filial según la definición de los artículos 1 y 2
de la Directiva 83/349/CEE; toda filial de una empresa filial seconsiderará también filial de la empresa matriz que estuviere a lacabeza de esas empresas;
13)mercado regulado: el mercado de instrumentos financieros
contemplados en la sección B del Anexo,
— incluido en la lista contemplada en el artículo 16 por el Estado
miembro que sea el Estado miembro de origen a efectos de la
letra c) del punto 6 del artículo 1;
— de funcionamiento regular;1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 9
(1)D O noL 348 de 17.12.1988, p.62.
(2)D O noL 193 de 18.7.1983, p.1; Directiva modificada por última vez por
la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16.11.1990, p.60).
▼B
— caracterizado por el hecho de que las disposiciones establecidas
o aprobadas por las autoridades competentes definen las condi-ciones de funcionamiento del mercado y de accesos al
mercado, así como, cuando sea de aplicación la Directiva 79/
279/CEE, las condiciones de admisión a la negociación fijadaspor dicha Directiva, y cuando ésta no es aplicable, las que debecumplir un instrumento financiero para poder ser efectivamentenegociado en el mercado;
— que imponga el cumplimiento de todas las obligaciones de
declaración y de transparencia establecidas con arreglo a losartículos 20 y 21;
14)control: lo definido como control en el artículo 1 de la Directiva
83/349/CEE;
15)vínculos estrechos se entenderá todo conjunto de dos o más
personas físicas o jurídicas unidas mediante:
a) una participación, es decir, el hecho de poseer, de manera
directa o mediante un vínculo de control, el 20 % o más de
los derechos de voto o del capital de una empresa, o bien
b) un vínculo de control, es decir, el vínculo existente entre una
empresa matriz y una filial, en todos los casos contempladosen los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE (
1), o toda relación análoga entre cualquier persona física
o jurídica y una empresa; toda empresa filial de una empresafilial se considerará también filial de la empresa matriz a la
cabeza de dichas empresas.
Se considerará también constitutiva de un vínculo estrecho entre
dos o varias personas físicas o jurídicas, una situación en la que
éstas estén vinculadas, de forma duradera, a una misma personapor un vínculo de control.
Artículo 2
1.La presente Directiva será aplicable a todas las empresas de
inversión.No obstante, se aplicarán solamente el apartado 4 delpresente artículo, el apartado 2 del artículo 8, los artículos 10, 11 ypárrafo primero del artículo 12, los apartados 3 y 4 del artículo 14 ylos artículos 15, 19 y 20, a las entidades de crédito cuya autorización,con arreglo a las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE, incluya uno o
más servicios de inversión de los que figuran en la sección A del
Anexo de la presente Directiva.
2.La presente Directiva no se aplicará:
a) a las empresas de seguros en el sentido del artículo 1 de la Directiva
73/239/CEE (
2) o del artículo 1 de la Directiva 79/267/CEE (3)n ia
las empresas que ejerzan las actividades de reaseguro y de retroce-sión contempladas en la Directiva 64/225/CEE (
4);
b) a las empresas que presten un servicio de inversión exclusivamente
a su empresa matriz, a sus filiales o a otra filial de su empresamatriz;
c) a las personas que presten un servicio de inversión siempre que
dicha actividad se ejerza de forma accesoria en el marco de unaactividad profesional, y siempre que esta última esté regulada pordisposiciones legales o reglamentarias o por un código deontológicoprofesional y éstas no excluyen la prestación de dicho servicio;1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 10
(1)D O noL 193 de 18.7.1983, p.1.Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16.11.1990, p.60).
(2)D O noL 228 de 16.8.1973, p.3; Directiva modificada por última vez por
la Directiva 90/619/CEE (DO noL 330 de 29.11.1990, p.50).
(3)D O noL 63 de 13.3.1979, p.1; Directiva modificada por última vez por la
Directiva 90/618/CEE (DO noL 330 de 29.11.1990, p.44).
(4)D O no56 de 4.4.1964, p.878/64.▼M1
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d) a las empresas cuyos servicios de inversión consistan exclusiva-
mente en la gestión de un sistema de participación de lostrabajadores;
e) a las empresas cuyos servicios de inversión consistan en prestar los
servicios a que se hace referencia en las anteriores letras b) y d);
f) a los bancos centrales de los Estados miembros y demás organismos
nacionales que se dediquen al ejercicio de funciones similares yotros organismos públicos encargados de la gestión de la deudapública o que intervengan en dicha gestión;
g) a las empresas:
— que no puedan tener en depósito fondos ni títulos pertenecientes
a sus clientes y que, por tal motivo, nunca puedan hallarse en
situación deudora respecto a sus clientes; y
— que puedan únicamente prestar un servicio de inversión consis-
tente en recibir y transmitir órdenes relativas a valoresnegociables y a participaciones de organismos de inversióncolectiva; y
— que, cuando presten dicho servicio, puedan transmitir órdenes
exclusivamente
i) a las empresas de inversión autorizadas de conformidad con
la presente Directiva;
ii) a entidades de crédito autorizadas de conformidad con las
Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE;
iii) a sucursales de empresas de inversión o de entidades de
crédito que hayan sido autorizadas en un país tercero y queestén sometidas a normas prudenciales que las autoridadescompetentes consideren al menos tan estrictas como las que
se incluyen en la presente Directiva o en las Directivas 89/
646/CEE y 93/6/CEE y se ajusten a ellas;
iv) a organismos de inversión colectiva autorizados por la legis-
lación de un Estado miembro a colocar participaciones en elpúblico, así como a los gestores de tales organismos;
v) a sociedades de inversión de capital fijo, con arreglo al apar-
tado 4 del artículo 15 de la Directiva 77/91/CEE (
1) cuyos
valores se negocien en un mercado regulado en un Estadomiembro;
— cuya actividad esté sometida a nivel nacional a una reglamenta-
ción o a un código deontológico;
h) a los organismos de inversión colectiva, independientemente de que
estén o no estén armonizados a nivel comunitario, así como a losdepositarios y gestores de dichos organismos;
i) a las personas cuya actividad principal consista en negociar materias
primas entre ellas mismas o bien con productores o usuarios dedichos productos con fines profesionales y que únicamente prestenservicios de inversión a dichas contrapartes y en la medida en que
lo requiera su ocupación principal;
j) a las empresas cuyos servicios de inversión consistan exclusiva-
mente en negociar por cuenta propia en un mercado deinstrumentos financieros a plazo o de opciones, o que operen por
cuenta de otros miembros del mismo mercado o actúen como crea-
dores de mercado frente a éstos, y que están avaladas por unacámara de compensación del mismo mercado.El cumplimiento delos contratos celebrados por dichas empresas estará garantizado poruna cámara de compensación del mismo mercado;
k) a las asociaciones creadas por fondos de pensiones daneses con el
fin exclusivo de gestionar los activos de los fondos de pensionesparticipantes;
l) a los «agenti di cambio» cuyas actividades y funciones están regu-
ladas en el real decreto italiano n
o222 de 7 de marzo de 1925 y en1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 11
(1)D O noL 26 de 31.1.1977.Directiva modificada por última vez por el Acta
de adhesión de España y de Portugal.
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las disposiciones ulteriores que lo modifican y que han sido autori-
zados a proseguir su actividad en virtud del artículo 19 de la leyitaliana n
o1 de 2 de enero de 1991.
3.A más tardar el 31 de diciembre de 1998 y posteriormente a inter-
valos regulares, la Comisión elaborará un informe sobre la aplicaciónconjunta del apartado 2 y la sección A del Anexo y, si procede,propondrá modificaciones de la definición de las exclusiones y de losservicios incluidos, a la vista del funcionamiento de la presente Direc-tiva.
4.Los derechos conferidos por la presente Directiva no se harán
extensivos a la prestación de servicios como contraparte al Estado, albanco central o a los otros organismos nacionales que ejerzanfunciones similares en el marco de las políticas del Estado miembroconsiderado en los ámbitos monetario, cambiario, de deuda pública yde las reservas del Estado miembro de que se trate.
TÍTULO II
Condicionesdeaccesoalaactividad
Artículo 3
1.Cada Estado miembro deberá supeditar a una autorización el
acceso a la actividad de las empresas de inversión para las que seaEstado miembro de origen.Concederán dicha autorización las autori-dades competentes de dicho Estado designadas con arreglo al artículo22.En la autorización se especificará qué servicios de inversión de
los contemplados en la sección A del Anexo podrá prestar la empresa.
La autorización también podrá abarcar uno o más de los servicios auxi-liares contemplados en la sección C.En ningún caso podrá concedersela autorización, en el sentido de la presente Directiva, para serviciosque sólo figuren en la sección C del Anexo.
2.Los Estados miembros exigirán:
— a las empresas de inversión que sean personas jurídicas y que
tengan un domicilio social conforme a su Derecho nacional, quetengan su administración central en el mismo Estado miembro enque tengan su domicilio social;
— a las demás empresas de inversión, que su administración central
esté situada en el Estado miembro que haya expedido la autoriza-
ción y en el que ejerzan realmente sus actividades.
3.Sin perjuicio de otras condiciones generales establecidas por el
correspondiente Derecho nacional, las autoridades competentes sólopodrán conceder la autorización cuando:
— la empresa de inversión tenga un capital inicial suficiente, con
arreglo a lo establecido en la Directiva 93/6/CEE, en función de
las características del servicio de inversión de que se trate;
— las personas que dirijan de hecho las operaciones de la empresa de
inversión cumplan los requisitos de honorabilidad y experiencia.
La orientación de la actividad de la empresa deberá ser determinada
por, como mínimo, dos personas que cumplan estas mismas condi-ciones.No obstante, cuando exista un mecanismo adecuado quegarantice un resultado equivalente, en particular por lo que se refiere
al último guión del párrafo tercero del punto 2 del artículo 1, las auto-
ridades competentes podrán conceder también la autorización aempresas de inversión que sean personas físicas o, habida cuenta delcarácter y del volumen de su actividad, a empresas de inversión quesean personas jurídicas y que, de conformidad con sus estatutos y leyes
nacionales, estén dirigidas por una sola persona física.
Además, cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de inver-
sión y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentesconcederán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstacu-lizan el buen ejercicio de su misión de supervisión.1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 12
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Las autoridades competentes también denegarán la autorización cuando
el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado porlas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del derecho
de un tercer país que regulen una o varias de las personas físicas o
jurídicas con las que la entidad mantenga vínculos estrechos, o porproblemas relacionados con su aplicación.
Las autoridades competentes exigirán a las empresas de inversión el
suministro de la información que requieran para garantizar el cumpli-
miento permanente de las condiciones contempladas en el presente
apartado.
4.Los Estados miembros impondrán además la obligación de que
las solicitudes de autorización vayan acompañadas de un plan de actua-
ción en el que se especifiquen, entre otros aspectos, el tipo de
operaciones que se proyecta realizar y la estructura organizativa de laempresa de inversión.
5.En los seis meses siguientes a la presentación de una solicitud
completa, deberá notificarse al solicitante si se concede o no la autori-zación.En el caso de que no se conceda dicha autorización, la negativa
deberá ser motivada.
6.En caso de que se conceda la autorización, la empresa de inver-
sión podrá comenzar su actividad inmediatamente.
7.Las autoridades competentes sólo podrán retirar la autorización
concedida a una empresa de inversión regida por la presente Directivacuando dicha empresa:
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie
a ésta expresamente o haya dejado de prestar servicios de inversióndurante un período superior a seis meses, si en el correspondienteEstado miembro no existieren disposiciones que establezcan lacaducidad de la autorización en dichos supuestos;
b) haya obtenido la autorización valiéndose de declaraciones falsas o
de cualquier otro medio irregular;
c) deje de reunir las condiciones bajo las cuales se haya concedido la
autorización;
d) deje de cumplir las disposiciones de la Directiva 93/6/CEE;
e) infrinja seria y sistemáticamente las disposiciones adoptadas en
cumplimiento de los artículos 10 y 11;
f) incurra en alguno de los otros supuestos que con arreglo al corres-
pondiente Derecho nacional motiven la retirada de la autorización.
Artículo 4
Las autoridades competentes no concederán la autorización que permita
el inicio de la actividad de una empresa de inversión antes de que leshaya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, ya seandirectos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una parti-
cipación cualificada en la empresa, y el importe de dicha participación.
Las autoridades competentes denegarán la autorización si, atendiendo a
la necesidad de garantizar una gestión correcta y prudente de laempresa de inversión, no estuvieren convencidas de la idoneidad dedichos accionistas o socios.
Artículo 5
Los Estados miembros no aplicarán a las sucursales de las empresas de
inversión que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad, ni en
el momento de iniciar su actividad ni posteriormente, en el desarrollode su ejercicio, disposiciones que supongan un trato más favorable paradichas sucursales que para las sucursales de empresas de inversióncuyo domicilio social esté situado en un Estado miembro.1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 13
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Artículo 6
Las autoridades competentes del otro Estado miembro afectado deberán
ser consultadas con anterioridad a la concesión de autorización a unaempresa de inversión cuando ésta sea:
— bien una filial de una empresa de inversión o de una entidad de
crédito autorizada en otro Estado miembro,
o
— bien una filial de la empresa matriz de una empresa de inversión o
de una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro,
o
— bien esté bajo control de las mismas personas físicas o jurídicas que
controlen una empresa de inversión o una entidad de crédito auto-rizada en otro Estado miembro.
La autoridad competente del Estado miembro interesado responsable de
la supervisión de las entidades de crédito o empresas de seguros será
consultada antes de conceder una autorización a una empresa de inver-sión que sea
a) filial de una entidad de crédito o empresa de seguros autorizada en
la Comunidad, o
b) filial de la empresa matriz de una entidad de crédito o empresa de
seguros autorizada en la Comunidad, o
c) controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una
entidad de crédito o empresa de seguros autorizada en la Comu-nidad.
Las autoridades competentes pertinentes mencionadas en los apartados
1y2s e consultarán entre ellas, en especial, a la hora de evaluar la
idoneidad de los accionistas y la reputación y experiencia de los direc-tores que participen en la dirección de otra entidad del mismo grupo.
Se facilitarán entre sí toda la información referente a la idoneidad de
los accionistas y la reputación y experiencia de los directores que searelevante para las demás autoridades competentes interesadas, para laconcesión de una autorización, así como para la evaluación continuadel cumplimiento de las condiciones de funcionamiento.
TÍTULO III
Relaciones conpaísesterceros
Artículo 7
1.Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán
a la Comisión:
a) de toda autorización concedida a una filial directa o indirecta, en el
caso de que una o varias de sus empresas matrices se rijan por elDerecho de un país tercero;
b) de toda adquisición, por parte de las mencionadas empresas
matrices, de participaciones en una empresa de inversión comuni-
taria, de forma que hiciera de esta última su filial.
En ambos casos, la Comisión informará al Consejo, hasta tanto el
Consejo, a propuesta de la Comisión, cree un Comité en materia de
valores negociables.
Cuando se conceda autorización a una filial, directa o indirecta, de una
o varias empresas matrices regidas por el Derecho de un país tercero,
deberá especificarse la estructura del grupo en la notificación que las
autoridades competentes remitan a la Comisión.
2.Los Estados miembros informarán a la Comisión de las dificul-
tades de carácter general que sus empresas de inversión encuentren
para establecerse o prestar servicios de inversión en un país tercero.
3.La Comisión, por primera vez, a más tardar, seis meses antes de
la puesta en aplicación de la presente Directiva y posteriormente de1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 14
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forma periódica, elaborará un informe en que se examine el trato
concedido a las empresas de inversión comunitarias en países terceros,con arreglo a lo dispuesto en los apartados 4 y 5, en lo que respecta al
establecimiento y al ejercicio de actividades de servicios de inversión,
así como a la adquisición de participaciones en empresas de inversiónde países terceros.La Comisión presentará dichos informes al Consejoacompañados, en su caso, de las propuestas que se estimen oportunas.
4.Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que un país tercero noconcede a las empresas de inversión comunitarias un acceso efectivoal mercado equiparable al que la Comunidad concede a las empresasde inversión de dicho país, podrá presentar al Consejo propuestas paraque se le otorgue el oportuno mandato de negociación con vistas a
obtener condiciones de competencia equiparables para las empresas de
inversión comunitarias.El Consejo decidirá por mayoría cualificada.
5.Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que las empresas deinversión comunitarias que operan en un país tercero no gozan en éste
de un trato nacional que les confiera las mismas posibilidades de
competencia de que disfrutan las empresas de inversión nacionales yque no se cumplen las condiciones de acceso efectivo al mercado,podrá entablar negociaciones con vistas a remediar la situación.
En el supuesto contemplado en el párrafo primero, podrá decidirse
además, en cualquier momento y como complemento de la apertura
de negociaciones, de conformidad con el procedimiento establecido enla Directiva por la que el Consejo creará el Comité mencionado en elapartado 1, que las autoridades competentes de los Estados miembroslimiten o suspendan sus decisiones acerca de las solicitudes de autori-
zación pendientes o futuras y acerca de la adquisición de
participaciones por empresas matrices, directas o indirectas, sujetas alderecho del país de que se trate.La duración de las medidas mencio-nadas no podrá ser superior a tres meses.
Antes de que venza el plazo de tres meses, y a la vista de los resultados
de las negociaciones, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada
y a propuesta de la Comisión, si deben seguir aplicándose las citadasmedidas.
La limitación o suspensión anteriormente mencionadas no podrán apli-
carse a la creación de filiales por empresas de inversión debidamente
autorizadas en la Comunidad o por filiales de éstas, ni a la adquisición
de participaciones en empresas de inversión comunitarias por parte dedichas empresas o de sus filiales.
6.Cuando la Comisión considere que se da alguno de los supuestos
descritos en los apartados 4 y 5, los Estados miembros, a petición de la
Comisión, facilitarán a ésta información sobre:
a) cualquier solicitud de autorización de una filial, directa o indirecta,
de una o varias empresas matrices que se rijan por el Derecho delpaís tercero de que se trate;
b) cualquier proyecto de adquisición de participaciones del que tengan
conocimiento con arreglo al artículo 9, por alguna de dichasempresas matrices en una empresa de inversión comunitaria de
forma que esta última se convierta en su filial.
Dejará de ser obligatoria dicha información tan pronto como se celebre
un acuerdo con el país contemplado en los apartados 4 o 5, o cuandolas medidas contempladas en los párrafos segundo y tercero del apar-tado 5 dejen de ser de aplicación.
7.Las medidas que se adopten en virtud del presente artículo habrán
de ajustarse a las obligaciones contraídas por la Comunidad en virtudde acuerdos internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, queregulen el acceso a la actividad de las empresas de inversión y su ejer-cicio.1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 15
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TÍTULO IV
Condicionesdeejercicio
Artículo 8
1.Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
impondrán la obligación de que las empresas de inversión por ellasautorizadas cumplan las condiciones a las que se refiere el apartado 3del artículo 3.
2.Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
impondrán la obligación de que las empresas de inversión por ellas
autorizadas cumplan las normas previstas en la Directiva 93/6/CEE.
3.La supervisión prudencial de una empresa de inversión corres-
ponderá a las autoridades competentes del Estado miembro de origen,
independientemente de que la empresa de inversión establezca o no unasucursal o preste servicios en otro Estado miembro, sin perjuicio de lasdisposiciones de la presente Directiva que establezcan la competenciade las autoridades del Estado miembro de acogida.
Artículo 9
1.Los Estados miembros impondrán la obligación de que toda
persona que tenga intención de adquirir, directa o indirectamente, unaparticipación cualificada en una empresa de inversión informe de ello
previamente a las autoridades competentes, indicando el volumen de
dicha participación.Asimismo, deberá informar a las autoridadescompetentes toda persona que se proponga incrementar su participacióncualificada de manera tal que la proporción de derechos de voto o decapital en su poder alcance o supere los umbrales del 20 %, el 33 % oel 50 %, o que la empresa de inversión se convierta en su filial.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades compe-
tentes dispondrán de un plazo máximo de tres meses, a partir de la
fecha de la notificación prevista en el párrafo primero, para oponerseal mencionado proyecto si, atendiendo a la necesidad de garantizaruna gestión prudente y saneada de la empresa de inversión, conside-raren que la persona contemplada en el párrafo primero no reúne lascondiciones adecuadas.Caso de no oponerse, las autoridades podrán
fijar un plazo máximo para la realización de dicho proyecto.
2.Si el adquirente de la participación mencionada en el apartado 1
es una empresa de inversión, una entidad de crédito o una empresa deseguros autorizada en otro Estado miembro, o la empresa matriz de unaempresa de inversión, entidad de crédito o empresa de seguros autori-zada en otro Estado miembro, o una persona jurídica o física que
controle una empresa de inversión, entidad de crédito o empresa de
seguros autorizada en otro Estado miembro, y si, como consecuenciade esa adquisición, la empresa en la que el adquirente tiene intenciónde poseer una participación se convirtiera en filial o quedara sujeta alcontrol del adquirente, la evaluación de la adquisición deberá ser objetode la consulta previa mencionada en el artículo 6.
3.Los Estados miembros impondrán la obligación de que toda
persona que pretenda ceder, directa o indirectamente, una participación
cualificada en una empresa de inversión, informe de ello previamente alas autoridades competentes, indicando el volumen de dicha participa-ción.Asimismo, deberá informar a las autoridades competentes todapersona que se proponga reducir su participación cualificada de maneratal que la proporción de derechos de voto o de capital en su poder
descienda por debajo de los umbrales del 20 %, el 33 % o el 50 %, o
que la empresa de inversión deje de ser su filial.
4.Las empresas de inversión comunicarán a las autoridades compe-
tentes, en cuanto tengan conocimiento de ello, toda adquisición ocesión de participaciones en su capital cuyo resultado sea que se supereo deje de alcanzarse alguno de los umbrales contemplados en los apar-tados 1 y 3.1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 16
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Las empresas de inversión comunicarán asimismo a las autoridades, al
menos una vez al año, la identidad de los accionistas y socios queposean participaciones cualificadas, así como el volumen de dichas
participaciones, de acuerdo, por ejemplo, con los datos obtenidos en
la junta general anual de accionistas o socios, o con los que seobtengan como consecuencia del cumplimiento de las normas a queestán sujetas las sociedades cuyos títulos se negocien en mercados devalores.
5.Los Estados miembros impondrán la obligación de que, cuando
las personas a que se refiere el apartado 1 utilicen su influencia de tal
manera que pueda ir en detrimento de una gestión prudente y saneadade las actividades de la empresa de inversión, las autoridades compe-tentes adopten las medidas oportunas para poner fin a esta situación.Dichas medidas podrán consistir, en particular, en requerimientos,sanciones a los administradores y directivos o la suspensión del ejer-
cicio de los derechos de voto correspondientes a las acciones o
participaciones que posean los accionistas o socios de que se trate.
Se aplicarán medidas similares a las personas que incumplan la obliga-
ción de proporcionar información previa, tal como dispone el apartado1.En el caso de que se adquiera una participación a pesar de la oposi-ción de las autoridades competentes, los Estados miembros, con
independencia de cualquier otra sanción que pueda imponerse,
dispondrán, bien la suspensión del ejercicio de los correspondientesderechos de voto, bien la nulidad de los votos emitidos o la posibilidadde anularlos.
Artículo 10
El Estado miembro de origen establecerá las normas prudenciales que
deberá observar, en todo momento, la empresa de inversión.Dichasnormas impondrán en particular la obligación de que la empresa deinversión:
— cuente con una buena organización administrativa y contable, meca-
nismos de control y de seguridad en el ámbito informático, asícomo con procedimientos de control interno adecuados, incluidoen particular un régimen de operaciones personales de los asala-
riados de la empresa;
— tome las medidas adecuadas en lo que se refiere a los valores perte-
necientes a los inversores a fin de proteger sus derechos de
propiedad, en particular en caso de insolvencia de la empresa, yevitar que la empresa de inversión utilice por cuenta propia losvalores de los inversores sin el consentimiento explícito de losmismos;
— tome las medidas adecuadas en lo que se refiere a los fondos perte-
necientes a los inversores a fin de proteger sus derechos, y evitar,salvo en el caso de las entidades de crédito, que la empresa de
inversión utilice por cuenta propia los fondos de los inversores;
— tome las medidas necesarias para que el registro de las operaciones
realizadas permita, como mínimo, que las autoridades del Estado
miembro de origen puedan verificar el cumplimiento de las normasprudenciales de cuya aplicación son responsables; dichos registrosdeberán conservarse durante el tiempo que determinen las autori-dades competentes;
— se estructure y organice a fin de reducir al máximo el riesgo de que
los posibles conflictos de intereses que surjan entre la empresa ysus clientes, o entre los propios clientes, redunden en perjuicio de
los intereses de éstos.No obstante, las modalidades de organización
en caso de creación de una sucursal no podrán resultar incompati-bles con las normas de conducta establecidas por el Estadomiembro de acogida en materia de conflictos de intereses.
Artículo 11
1.Los Estados miembros establecerán normas de conducta que las
empresas de inversión deberán observar en todo momento.Dichasnormas deberán imponer la ejecución, como mínimo, de los principiosque se enuncian en los guiones que figuran a continuación y, en su1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 17
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aplicación, deberá tenerse en cuenta el carácter profesional de la
persona a la que se preste el servicio.Los Estados miembros aplicarántambién dichas normas, cuando sea conveniente, a los servicios auxi-
liares mencionados en la sección C del Anexo.Estas normas obligarán
a la empresa de inversión:
— a operar, en el ejercicio de su actividad, leal y equitativamente,
defendiendo al máximo los intereses de sus clientes y la integridaddel mercado;
— a proceder con la competencia, el esmero y la diligencia debidos,
defendiendo al máximo los intereses de sus clientes y la integridaddel mercado;
— a poseer y utilizar con eficacia los recursos y los procedimientos
necesarios para llevar a buen término su actividad;
— a informarse de la situación financiera de sus clientes, su expe-
riencia en materia de inversiones y sus objetivos en lo que serefiere a los servicios solicitados;
— a transmitir de forma adecuada la información que proceda en el
marco de las negociaciones con sus clientes;
— a esforzarse por evitar los conflictos de intereses y, cuando éstos no
puedan evitarse, a velar por que sus clientes reciban un trato equi-
tativo;
— a ajustarse a todas las normativas aplicables al ejercicio de sus acti-
vidades de forma que se fomenten al máximo los intereses de susclientes y la integridad del mercado.
2.Sin perjuicio de las decisiones que se adopten en el marco de una
armonización de las normas de conducta, la puesta en práctica y elcontrol del cumplimiento de las mismas seguirán siendo competencia
del Estado miembro en el que se preste el servicio.
3.Cuando una empresa de inversión ejecute una orden, el criterio
del carácter profesional del inversor, para la aplicación de las normas
contempladas en el apartado 1, se apreciará con respecto al inversor
que originó la orden con independencia de que la orden sea transmitidadirectamente por el propio inversor o indirectamente a través de unaempresa de inversión que ofrezca el servicio contemplado en la letraa) del punto 1 de la sección A del Anexo.
Artículo 13
Las disposiciones de la presente Directiva no impedirán que las
empresas de inversión autorizadas en otro Estado miembro haganpublicidad de sus servicios por todos los medios de comunicacióndisponibles en el Estado miembro de acogida, siempre que respetenlas normas reguladoras de la forma y el contenido de dicha publicidad
que hayan sido adoptadas por razones de interés general.
TÍTULO V
Libertadesdeestablecimiento ydeprestacióndeservicios
Artículo 14
1.Los Estados miembros velarán por que puedan prestarse en su
territorio, de conformidad con las disposiciones de los artículos 17, 18
y 19, los servicios de inversión y los demás servicios enumerados en la
sección C del Anexo, tanto por medio del establecimiento de unasucursal como mediante la prestación de servicios, y ello por cualquierempresa de inversión autorizada y supervisada por las autoridadescompetentes de otro Estado miembro con arreglo a las disposicionesde la presente Directiva, siempre que la autorización abarque dichos
servicios.
La presente Directiva no afectará a las competencias de los Estados
miembros de acogida por lo que respecta a las participaciones en orga-1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 18
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nismos de inversión colectiva que no entren en el ámbito de aplicación
de la Directiva 85/611/CEE (1).
2.2. Los Estados miembros no podrán condicionar el estableci-
miento de sucursales o la prestación de servicios a que se refiere alapartado 1 a la obligación de obtener autorización, ni a la de aportarun fondo de dotación, o a cualquier otra medida de efecto equivalente.
3.Un Estado miembro podrá exigir que las operaciones relativas a
los servicios contemplados en el apartado 1 se efectúen en un mercado
regulado, cuando respondan al conjunto de los criterios siguientes:
— que el inversor resida habitualmente o esté establecido en dicho
Estado miembro;
— que la empresa de inversión efectúe la operación bien a través de
un establecimiento principal o de una sucursal situados en dicho
Estado miembro, bien en el marco de la libre prestación de servi-cios en dicho Estado miembro;
— que la operación se refiera a un instrumento negociado en un
mercado regulado de dicho Estado miembro.
4.Cuando un Estado miembro aplique el anterior apartado 3 deberá
otorgar a los inversores residentes habitualmente o establecidos en
dicho Estado miembro el derecho de no observar la obligación
impuesta en virtud del apartado 3 y de hacer efectuar las transaccionesa que se refiere el apartado 3 fuera de los mercados regulados.LosEstados miembros podrán supeditar el ejercicio de dicho derecho auna autorización explícita, habida cuenta de las distintas necesidadesde los inversores en materia de protección y, en particular, de la capa-
cidad de los inversores profesionales e institucionales de actuar lo
mejor posible en favor de sus intereses.En cualquier caso, dicha auto-rización deberá poder concederse en unas condiciones que no impidanla rápida ejecución de las órdenes del inversor.
5.La Comisión presentará un informe sobre el funcionamiento de
las disposiciones que figuran en los apartados 3 y 4 a más tardar el
31 de diciembre de 1998 y, si lo considera pertinente, propondrá lasmodificaciones que deben introducirse en ellas.
Artículo 15
1.Sin perjuicio del ejercicio de las libertades de establecimiento y
de prestación de servicios contempladas en el artículo 14, los Estadosmiembros de acogida velarán por que las empresas de inversión auto-
rizadas por las autoridades competentes de su Estado miembro de
origen a prestar los servicios mencionados en los puntos 1 b) y 2 dela sección A del Anexo puedan tener acceso o hacerse miembros,directa o indirectamente, de los mercados regulados de los Estadosmiembros de acogida, siempre que los servicios prestados sean simi-
lares, y, asimismo, velarán por que puedan tener acceso o hacerse
miembros de los sistemas de compensación y liquidación allí existentespara uso de los miembros de los mercados regulados.
Los Estados miembros derogarán cualesquiera reglamentos o leyes
nacionales o estatutos de mercados regulados que limiten el númerode personas admitidas.Cuando, debido a su estructura jurídica o su
capacidad técnica, el acceso a un mercado regulado sea limitado, los
Estados miembros velarán por que dicha estructura y dicha capacidadvayan adaptándose de forma regular.
2.La condición de miembro de un mercado regulado o el acceso al
mismo implica el cumplimiento de las exigencias de adecuación del
capital por parte de las empresas de inversión y el control de dicho
cumplimiento por parte del Estado miembro de origen, de conformidadcon la Directiva 93/6/CEE.1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 19
(1)D O noL 375 de 31.12.1985, p.3; Directiva modificada por última vez por
la Directiva 88/220/CEE (DO noL 100 de 19.4.1988, p.31).
▼B
Los Estados miembros de acogida sólo estarán facultados para imponer
requisitos adicionales en materia de capital en los ámbitos no cubiertospor dicha Directiva.
El acceso a un mercado regulado, la admisión como miembro y el
mantenimiento de ambas prerrogativas estarán supeditados al cumpli-
miento de las normas de dicho mercado regulado en lo que respecta ala constitución y administración del mercado regulado y al cumpli-miento de las normas relativas a las operaciones de dicho mercado,las normas profesionales impuestas al personal que trabaja en esemercado o en conexión con él y las normas y procedimientos de los
sistemas de compensación y liquidación.Las normas de desarrollo de
dichas normas y procedimientos podrán adaptarse de modo adecuado,especialmente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones quede ellos se derivan, aunque velando por que se respete lo dispuesto enel artículo 28.
3.Con objeto de cumplir con la obligación establecida en el apar-
tado 1, los Estados miembros de acogida deberán dar a las empresas
de inversión contempladas en dicho apartado la opción de hacerse
miembros de sus mercados regulados o de tener acceso a ellos:
— bien directamente, mediante la creación de una sucursal en el
Estado miembro de acogida, o
— bien de forma indirecta, mediante la creación de una filial en el
Estado miembro de acogida o la adquisición de alguna empresaexistente en el Estado de acogida que ya sea miembro o que tengaacceso a dichos mercados.
No obstante, los Estados miembros que apliquen, en el momento de la
adopción de la presente Directiva, una legislación que sólo autorice a
las entidades de crédito a ser miembros de un mercado regulado o aacceder al mismo por mediación de una filial especializada, podránseguir aplicando hasta el 31 de diciembre de 1996 esta misma obliga-ción de manera no discriminatoria a las entidades de crédito originariasde otros Estados miembros para el acceso a dicho mercado regulado.
El Reino de España, la República Helénica y la República Portuguesa
podrán prolongar este período hasta el 31 de diciembre de 1999.Un
año antes de dicha fecha, la Comisión elaborará un informe teniendo
en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del presente artículoy, si procede, presentará una propuesta.El Consejo, pronunciándosepor mayoría cualificada sobre dicha propuesta, podrá decidir la revisiónde este régimen.
4.Salvo lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 cuando, para operar
en un mercado regulado del Estado miembro de acogida, no se exija
como requisito la presencia física, las empresas de inversión a que se
refiere el apartado 1 podrán adquirir la calidad de miembros o accederen las mismas condiciones, sin tener un establecimiento en el Estadomiembro de acogida.Para permitir que sus empresas de inversiónsean miembros o admitidas en un mercado regulado de un Estado
miembro de acogida con areglo al presente apartado, los Estados
miembros de origen permitirán a los mercados regulados del Estadomiembro de acogida establecer en aquellos las instalaciones apropiadas.
5.Las disposiciones del presente artículo no afectarán a la facultad
de los Estados miembros de autorizar o prohibir la creación de nuevosmercados en su territorio.
6.El presente artículo no afectará:
— en la República Federal de Alemania, a la normativa que regula la
actividad de «Kursmakler»;
— en los Países Bajos, la normativa que regula la actividad de
«hoekman».
Artículo 16
A efectos del reconocimiento mutuo y de la aplicación de la presente
Directiva, cada Estado miembro elaborará la lista de mercados regu-lados de acuerdo con su legislación respecto a los cuales sea Estadode origen y comunicará dicha lista, a efectos de información, a los1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 20
▼B
demás Estados miembros y a la Comisión, así como las normas de
organización y de funcionamiento de dichos mercados regulados.Secomunicará de la misma forma toda modificación de la lista o de las
normas anteriormente mencionadas.Al menos una vez al año, la Comi-
sión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas las
listas de los mercados regulados y sus actualizaciones.
Antes del 31 de diciembre de 1996, la Comisión hará un informe sobre
los datos así recibidos y, en su caso, propondrá modificaciones de la
definición de mercado regulado a efectos de la presente Directiva.
Artículo 17
1.Además de cumplir las condiciones que se establecen en el
artículo 3, toda empresa de inversión que desee establecer una sucursalen el territorio de otro Estado miembro deberá notificarlo a las autori-dades competentes del Estado miembro de origen.
2.Los Estados miembros exigirán que toda empresa de inversión
que desee establecer una sucursal en otro Estado miembro adjunte a la
notificación a que se refiere el apartado 1 los siguientes datos:
a) el Estado miembro en cuyo territorio se proponga establecer la
sucursal;
b) un plan de actuación en el que se determinen, entre otros aspectos,
el tipo de actividad que se desee ejercer y la estructura organizativade la sucursal;
c) la dirección en el Estado miembro de acogida en la que se le
puedan solicitar documentos;
d) los nombres de los directivos de la sucursal.
3.Salvo que tengan razones para dudar de la idoneidad de la estruc-
tura administrativa o de la situación financiera de la empresa de
inversión, habida cuenta de las actividades que ésta se propongaejercer, las autoridades competentes del Estado miembro de origentransmitirán a las autoridades competentes del Estado miembro deacogida la información contemplada en el apartado 2, en un plazo detres meses a partir de la recepción del total de dicha información, e
informarán de ello a la empresa de inversión de que se trate.
Además, comunicarán datos pormenorizados sobre cualquier sistema de
garantía cuyo objeto sea asegurar la protección de los inversores de lasucursal.
En el caso de que las autoridades competentes del Estado miembro de
origen se nieguen a transmitir a las autoridades competentes del Estado
miembro de acogida la información contemplada en el apartado 2,comunicarán las razones de la negativa a la empresa de inversión deque se trate, en el plazo de tres meses a partir de la recepción de latotalidad de la información.La negativa o la ausencia de respuestapodrá ser objeto de recurso judicial en el Estado miembro de origen.
4.Antes de que la sucursal de una empresa de inversión comience a
ejercer su actividad, las autoridades competentes del Estado miembrode acogida dispondrán de dos meses, a partir de la recepción de lainformación a que se refiere el apartado 3, para organizar la supervi-sión de la empresa de inversión conforme a lo dispuesto en el artículo19 y para indicar, en su caso, las condiciones, incluidas las reglas de
conducta, que deberán presidir por razones de interés general el ejer-
cicio de dichas actividades en el Estado miembro de acogida.
5.A partir de la recepción de una comunicación de las autoridades
competentes del Estado miembro de acogida, o en el caso de que,transcurrido el plazo previsto en el apartado 4, no se haya recibido
comunicación alguna, la sucursal podrá establecerse y comenzar a
ejercer su actividad.
6.En caso de modificación de alguno de los datos comunicados con
arreglo a las letras b), c) o d) del apartado 2, la empresa de inversiónnotificará por escrito dicha modificación a las autoridades competentesdel Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida, como1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 21
▼B
mínimo un mes antes de llevarla a efecto, para que las autoridades
competentes del Estado miembro de origen puedan pronunciarse sobredicha modificación con arreglo al apartado 3, y las autoridades compe-
tentes del Estado miembro de acogida, con arreglo al apartado 4.
7.En caso de modificación de los datos comunicados con arreglo al
párrafo segundo del apartado 3, las autoridades del Estado miembro deorigen informarán de ello a las autoridades del Estado miembro deacogida.
Artículo 18
1.Toda empresa de inversión que desee ejercer por primera vez su
actividad en el territorio de otro Estado miembro al amparo de la libreprestación de servicios, notificará a las autoridades competentes delEstado miembro de origen:
— el Estado miembro en el que tenga previsto operar;
— un programa de actividad en el que se indique, en particular, qué
servicio o servicios de inversión se propone prestar.
2.Las autoridades competentes del Estado miembro de origen remi-
tirán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida lanotificación a que se refiere el apartado 1 en el plazo de un mes apartir de la recepción de la misma.Seguidamente la empresa de inver-
sión podrá empezar a prestar en el Estado miembro de acogida el
servicio o servicios de inversión de que se trate.
Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida indicarán
a la empresa de inversión, si procede, una vez recibida la notificación aque se refiere el apartado 1, las condiciones, incluidas las normas de
conducta, que deben cumplir los prestadores de los servicios de inver-
sión de que se trate en el Estado miembro de acogida, por razones deinterés general.
3.En caso de modificación del contenido de la información notifi-
cada de conformidad con el segundo guión del apartado 1 la empresade inversión notificará por escrito esta modificación a las autoridades
competentes del Estado miembro de origen y del Estado miembro de
acogida antes de efectuar el cambio, para que las autoridades compe-tentes del Estado miembro de acogida puedan, en su caso, indicar a laempresa cualquier cambio o complemento relativo a la informacióncomunicada con arreglo al apartado 2.
Artículo 19
1.Los Estados miembros de acogida podrán exigir, con fines
estadísticos, que todas las empresas de inversión que cuenten consucursales en su territorio informen periódicamente a las correspon-dientes autoridades competentes sobre las operaciones que hayandesarrollado en dicho territorio.
Para el ejercicio de las responsabilidades que les incumben en la
conducción de la política monetaria y sin perjuicio de las medidas que
sean necesarias para reforzar el Sistema Monetario Europeo, losEstados miembros de acogida podrán exigir en su territorio que todaslas sucursales de empresas de inversión originarias de otros Estadosmiembros suministren la información que, con este fin, exigen a las
empresas de inversión nacionales.
2.Para el ejercicio de las responsabilidades que les corresponden
con arreglo a la presente Directiva, los Estados miembros de acogidapodrán exigir a las sucursales de las empresas de inversión la mismainformación que exigen, para este fin, a las empresas nacionales.
Los Estados miembros de acogida podrán exigir a las empresas de
inversión que operen en libre prestación de servicios sobre su territorio
la información que sea necesaria para controlar el cumplimiento porparte de estas empresas de las normas de los Estados miembros deacogida que les sean aplicables, sin que estas exigencias puedan sobre-pasar las que estos mismos Estados miembros imponen, para controlarel cumplimiento de esas mismas normas, a las empresas establecidas.1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 22
▼B
3.Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida comprueben que una empresa de inversión que tenga unasucursal o preste servicios en su territorio no cumple las disposiciones
legales o reglamentarias adoptadas en dicho Estado en aplicación de las
disposiciones de la presente Directiva que confieren facultades a lasautoridades competentes del Estado miembro de acogida, exigirán a laempresa de inversión de que se trate que ponga fin a la situación deirregularidad.
4.Si la empresa de inversión no adoptara las medidas oportunas, las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán deello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen.Éstastomarán, en el más breve plazo posible, todas las medidas necesariaspara que la empresa de inversión de que se trate ponga fin a la situa-ción de irregularidad.Las autoridades competentes del Estado miembro
de acogida deberán ser informadas sobre la naturaleza de las medidas
adoptadas.
5.Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado miembro de
origen, o debido a que estas medidas resultan inadecuadas o no estánprevistas en dicho Estado, la empresa de inversión continuare violandolas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contem-
pladas en el apartado 3, vigentes en el Estado miembro de acogida,
este último, tras informar a las autoridades competentes del Estadomiembro de origen, podrá tomar las medidas oportunas a fin de evitaro sancionar nuevas irregularidades y, en la medida en que sea nece-sario, prohibir a la empresa de inversión efectuar nuevas operaciones
en su territorio.Los Estados miembros velarán por que en su territorio
sea posible notificar a las empresas de inversión los documentoslegales necesarios para la adopción de tales medidas.
6.Las disposiciones precedentes no afectarán a la facultad de los
Estados miembros de acogida de tomar las medidas oportunas a fin deprevenir o sancionar en su territorio, los actos que sean contrarios a las
normas de conducta adoptadas en aplicación del artículo 11 o a las
demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas quehayan adoptado por razones de interés general.Entre esas medidas seincluye la posibilidad de impedir que las empresas infractoras efectúennuevas operaciones en su territorio.
7.Toda medida adoptada en aplicación de lo dispuesto en los apar-
tados 4, 5 y 6 que implique sanciones o restricciones a las actividades
de una empresa de inversión deberá ser debidamente motivada y comu-nicada a la empresa de inversión afectada.Cada medida de este tipopodrá ser objeto de recurso judicial en el Estado miembro cuyas auto-ridades la hayan adoptado.
8.Antes de aplicar el procedimiento previsto en los apartados 3, 4 y
5 las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán,en situaciones de emergencia, adoptar las medidas preventivas queconsideraren necesarias para proteger los intereses de los inversores uotros destinatarios de los servicios.Tanto la Comisión como las auto-ridades competentes de los demás Estados miembros afectados deberán
ser informados de dichas medidas con la mayor brevedad posible.La
Comisión podrá decidir, previa consulta con las autoridades compe-tentes de los Estados miembros afectados, que el Estado miembro deque se trate modifique o anule tales medidas.
9.Si la autorización fuere retirada, se informará de ello a las auto-
ridades competentes del Estado miembro de acogida, que tomarán las
medidas oportunas a fin de evitar que la empresa de inversión afectada
inicie nuevas operaciones en su territorio y de salvaguardar los inte-reses de los inversores.Cada dos años, la Comisión presentará uninforme sobre estos casos a un Comité que se constituirá con posterio-ridad en el ámbito de los valores negociables.
10.Los Estados miembros informarán a la Comisión del número y
naturaleza de aquellos casos en que se hayan producido negativas, envirtud de lo dispuesto en el artículo 17, o se hayan adoptado medidasde acuerdo con lo previsto en el apartado 5.Cada dos años, la Comi-sión presentará un informe sobre estos casos a un Comité que seconstituirá con posterioridad en el ámbito de los valores negociables.1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 23
▼B
Artículo 20
1.A fin de garantizar que las autoridades competentes en lo relativo
al mercado y a la supervisión puedan disponer de la información nece-saria para el ejercicio de sus cometidos, los Estados miembros deorigen exigirán por lo menos:
a) sin perjuicio de las disposiciones tomadas en aplicación del artículo
10 que las empresas de inversión conserven a disposición de lasautoridades durante cinco años como mínimo los datos pertinentesacerca de las operaciones relativas a los servicios mencionados enel apartado 1 del artículo 14 que hayan efectuado sobre instru-
mentos negociados en un mercado regulado, con independencia de
que dichas operaciones se hayan realizado en un mercado reguladoo no;
b) que las empresas de inversión declaren a una autoridad competente
del Estado miembro de origen todas las operaciones mencionadas enla letra a), cuando dichas operaciones se refieran a:
— acciones u otros instrumentos que den acceso al capital;
— obligaciones u otros instrumentos equivalentes a obligaciones;
— contratos a plazo normalizados referentes a acciones;— opciones normalizadas referentes a acciones.
Esta declaración deberá estar a disposición de la autoridad lo antes
posible, en un plazo que fijará la autoridad.Dicho plazo podráampliarse hasta el final del siguiente día laborable cuando así lo dictenmotivos de índole práctica o de funcionamiento, pero en ningún casorebasará dicho límite.
La declaración deberá incluir, en particular, el nombre y el número de
los instrumentos comprados o vendidos, la fecha y la hora de la opera-ción, los precios de la operación y la posibilidad de identificar a la
empresa de inversión.
Los Estados miembros de origen podrán disponer que el requisito esta-
blecido en la letra presente del anterior apartado 1 únicamente seaplicará, en lo que se refiere a las obligaciones u otros instrumentos
equivalentes, al conjunto de operaciones que se refieran al mismo
instrumento.
2.Cuando una empresa de inversión efectúe una operación en un
mercado regulado de un Estado miembro de acogida, el Estado
miembro de origen podrá renunciar a sus propios requisitos en materiade declaración cuando la empresa de inversión esté sometida a requi-sitos equivalentes de declaración sobre la misma operación por lasautoridades de las que depende ese mercado.
3.Los Estados miembros establecerán que sea la empresa de inver-
sión la que realice las declaraciones contempladas en la letra b) delapartado 1, bien por la propia empresa de inversión, o mediante unsistema de confrontación de las órdenes («trade matching system»),bien por mediación de las autoridades de una bolsa de valores o de
otro mercado regulado.
4.Los Estados miembros velarán por que la información disponible
en virtud del presente artículo también esté disponible para una
correcta aplicación del artículo 23.
5.En el ámbito regulado por el presente artículo, cada Estado
miembro podrá, de manera no discriminatoria, adoptar o mantenerdisposiciones más estrictas por lo que se refiere al fondo y a la forma
sobre la conservación y declaración de datos relativos a las opera-
ciones:
— efectuadas en un mercado regulado para el que sea Estado miembro
de origen, o
— realizadas por las empresas de inversión para las que sea Estado
miembro de origen.1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 24
▼B
Artículo 21
1.A fin de permitir que los inversores evalúen en cualquier
momento los términos de una operación que se propongan efectuar y
comprobar después las condiciones de su ejecución, cada autoridad
competente tomará, para cada uno de los mercados regulados quehaya incluido en la lista contemplada en el artículo 16 medidas paraproporcionar a los inversores la información que cita el apartado 2.De conformidad con las obligación que figuran en el apartado 2, lasautoridades competentes fijarán la forma y el plazo exacto en que se
deba proporcionar la información, así como los medios por los que se
pondrá a disposición teniendo en cuenta la naturaleza, el volumen y lasnecesiades del mercado de que se trate, así como los inversores queoperen en dicho mercado.
2.Para cada instrumento, las autoridades competentes exigirán por
lo menos:
a) la publicación, al principio de cada jornada bursátil, del precio
medio ponderado, de los precios más alto y más bajo y del volumen
negociado en el mercado regulado en cuestión en el transcurso detoda la jornada bursátil precedente;
b) además, para los mercados continuos basados en la confrontación de
órdenes y para los mercados dirigidos por precio, la publicación,
— al final de cada hora de funcionamiento del mercado, del precio
medio ponderado y del volumen negociado en el mercado regu-lado en cuestión durante un período de funcionamiento de seis
horas que terminará de forma que, antes de la publicación, haya
un intervalo de dos horas de funcionamiento del mercado, y
— cada veinte minutos, del precio medio ponderado, del precio más
alto y del precio más bajo, en el mercado regulado en cuestión,calculado en un período de funcionamiento de dos horas queterminará de forma que, antes de la publicación, haya un inter-valo de una hora de funcionamiento del mercado.
Cuando los inversores tengan previamente acceso a la información
sobre los precios y las cantidades en los que se pueden efectuar las
operaciones:
i) la citada información deberá estar disponible en cualquier momento
durante las horas de funcionamiento del mercado;
ii) los términos anunciados para un precio y un volumen determinados
deberán ser los términos con los cuales el inversor pueda efectuar
dicha operación.
Las autoridades competentes podrán retrasar o suspender la publicación
cuando dicha acción se justifique por la existencia de condiciones demercado excepcionales o incluso, en el caso de mercados de pequeñaenvergadura para preservar el anonimato de empresas e inversores.Las autoridades competentes podrán aplicar disposiciones especiales
en los casos de operaciones excepcionales de gran envergadura en rela-
ción al tamaño medio de las operaciones sobre el valor de que se trateen este mercado o en el caso de valores de escasa liquidez definidos deacuerdo con criterios objetivos y publicados.Además, las autoridadescompetentes podrán aplicar disposiciones más flexibles, por lo que
respecta principalmente a los plazos de publicación, en lo relativo a
las operaciones sobre obligaciones o instrumentos similares.
3.En el ámbito regulado por el presente artículo, cada Estado
miembro podrá adoptar o mantener disposiciones más restrictivas odisposiciones adicionales sobre el fondo y la forma por lo que respectaa la información que se facilitará a los inversores sobre las operacionesefectuadas en los mercados regulados para los cuales sea el Estado de
origen, siempre que dichas disposiciones se apliquen independiente-
mente de cual sea el Estado miembro en donde esté situado el emisordel instrumento financiero o el Estado miembro en cuyo mercado regu-lado se haya negociado por primera vez dicho instrumento.
4.A más tardar el 31 de diciembre de 1997, la Comisión deberá
informar sobre la aplicación del presente artículo.El Consejo, a1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 25
▼B
propuesta de la Comisión y por mayoría cualificada, podrá decidir la
modificación del presente artículo.
TÍTULO VI
Autoridadesresponsablesdelaconcesióndelaautorizaciónydela
supervisión
Artículo 22
1.Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes
que deban desempeñar las funciones previstas en la presente Directivae informarán de ello a la Comisión, indicando si existe reparto de
competencias.
2.Las autoridades a que se refiere el apartado 1 deberán ser o bien
autoridades públicas o bien organismos reconocidos en el ordenamiento
jurídico nacional o por las autoridades públicas que hayan sido expre-samente facultadas para dicho fin por la legislación nacional.
3.Se dotará a dichas autoridades de las facultades necesarias para el
desempeño de su misión.
Artículo 23
1.Cuando existan varias autoridades competentes en un mismo
Estado miembro éstas colaborarán estrechamente para supervisar lasactividades de las empresas de inversión que en él operen.
2.Los Estados miembros velarán por que se establezca dicha cola-
boración entre las mencionadas autoridades competentes y lasautoridades públicas responsables de la supervisión de los mercadosfinancieros, de las entidades de crédito y otras instituciones financieras
y de las empresas de seguros, en lo que se refiere a las respectivas enti-
dades por ellas supervisadas.
3.Cuando las empresas de inversión operen en régimen de presta-
ción de servicios o mediante el establecimiento de sucursales en uno omás Estados miembros distintos del Estado miembro de origen, lasautoridades competentes de todos los Estados miembros interesadoscolaborarán estrechamente para cumplir más eficazmente con susrespectivas responsabilidades en los ámbitos cubiertos por la presente
Directiva.
Dichas autoridades se proporcionarán previa solicitud, toda aquella
información relativa a la gestión y estructura de propiedad de dichasempresas de inversión que pueda facilitar su supervisión y toda lainformación que pueda facilitar el control de tales empresas.En parti-cular, las autoridades del Estado miembro de origen cooperarán paragarantizar que las autoridades del Estado miembro de acogida obtengan
la información a que se refiere el apartado 2 del artículo 19.
Siempre que resulte necesario para ejercer sus facultades de control, las
autoridades competentes del Estado miembro de origen serán infor-
madas, por las autoridades competentes del Estado miembro deacogida, de cualquier medida que implique sanciones para una empresade inversión o restricciones en las actividades de una empresa de inver-sión, y que haya sido adoptada por el Estado miembro de acogida en
aplicación del apartado 6 del artículo 19.
Artículo 24
1.El Estado miembro de acogida velará por que, cuando una
empresa de inversión autorizada en otro Estado miembro ejerza en el
Estado miembro de acogida su actividad a través de una sucursal, las
autoridades competentes del Estado miembro de origen puedan realizarverificaciones in situ de la información a que se hace referencia en el
apartado 3 del artículo 23, por sí mismas o a través de personas desig-nadas a tal efecto, habiendo informado previamente a las autoridadescompetentes del Estado miembro de acogida.
2.Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
podrán asimismo solicitar a las autoridades competentes del Estado1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 26
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miembro de acogida la realización de dicha verificación.Las autori-
dades que hayan recibido tal solicitud deberán, en el ejercicio de suscompetencias, obrar en consecuencia, realizando ellas mismas la verifi-
cación, permitiendo que ésta sea realizada por las autoridades que lo
solicitaron o autorizando a un auditor o a un experto para que la llevea cabo.
3.El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho que
asiste a las autoridades competentes de los Estados miembros deacogida de realizar verificaciones in situ de las sucursales establecidasen su territorio, en el ejercicio de las competencias que se les asignanen la presente Directiva.
Artículo 25
1.Los Estados miembros dispondrán que todas aquellas personas
que estén o hayan estado al servicio de las autoridades competentes,así como los auditores o expertos que actúen en nombre de dichasautoridades, estén sujetas al secreto profesional.Ello significará queninguna información confidencial que puedan recibir en el ejercicio de
sus funciones podrá ser divulgada a persona o autoridad alguna, a no
ser de forma genérica o colectiva, de tal manera que no sea posibleidentificar a empresas de inversión concretas, sin perjuicio de laresponsabilidad penal.
No obstante, cuando una empresa de inversión haya sido declarada en
quiebra o esté en proceso de liquidación obligatoria decretada por untribunal, toda aquella información confidencial que no ataña a tercerosque tomen parte en los intentos de salvar la empresa de inversión podrá
ser divulgada en el curso de procedimientos civiles o mercantiles.
2.El apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades compe-
tentes de los diferentes Estados miembros realicen los intercambios de
información previstos en la presente y otras Directivas aplicables a lasempresas de inversión.Dicha información estará sujeta al secretoprofesional contemplado en el apartado 1.
3.Los Estados miembros únicamente podrán celebrar acuerdos de
cooperación en los que se prevea el intercambio de información conlas autoridades competentes de terceros países o con las autoridades uórganos de estos países, según se definen en los apartados 5 y 5 bis,s i
la información comunicada queda protegida por garantías de secreto
profesional al menos equivalentes a las contempladas en el presente
artículo.Dicho intercambio de información deberá tener por objeto elcumplimiento de la labor de supervisión de las autoridades u órganosen cuestión.
Cuando la información tenga su origen en otro Estado miembro, no
podrá ser revelada sin la conformidad expresa de las autoridadescompetentes que la hayan facilitado y, en su caso, únicamente con lafinalidad para la que dichas autoridades hayan dado su conformidad.
4.Las autoridades competentes que reciban información confiden-
cial de conformidad con los apartados 1 o 2 sólo podrán utilizarla en
el ejercicio de sus funciones:
— para verificar el cumplimiento de las condiciones que regulen el
acceso a la actividad de las empresas de inversión y facilitar elcontrol, ya sea en base individual o consolidada, del ejercicio dedicha actividad, especialmente en lo que respecta a las exigenciasde adecuación del capital establecidas en la Directiva 93/6/CEE, ala organización administrativa y contable y a los mecanismos de
control interno; o
— para imponer sanciones; o
— en caso de recurso administrativo contra una decisión de la auto-
ridad competente; o
— en procedimientos judiciales iniciados con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 26.1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 27
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▼B
▼B
5.Los apartados 1 y 4 no serán óbice para el intercambio de infor-
mación:
a) dentro de un Estado miembro, cuando existan varias autoridades
competentes; o
b) dentro de un Estado miembro o entre Estados miembros, entre las
autoridades competentes, y
— las autoridades a quienes corresponda la función pública de
supervisión de entidades de crédito, de las demás institucionesfinancieras y de las empresas de seguros, así como las autori-dades encargadas de la supervisión de los mercados financieros,
— los órganos responsables de la liquidación y la quiebra de las
empresas de inversión y de otros procedimientos similares, o
— las personas encargadas de la auditoría de las cuentas de las
empresas de inversión y de las demás entidades financieras,
en el desempeño de sus funciones de supervisión.Tampoco serán
óbice para que se transmita a los organismos que administran
sistemas de indemnización la información necesaria para el desem-peño de sus funciones.Dicha información estará sujeta al secretoprofesional que se contempla en el apartado 1.
5bis.No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros podrán autorizar intercambios de información entre las auto-
ridades competentes y
— las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que
participen en la liquidación y quiebra de las empresas de inversión
y otros procedimientos similares; o
— las autoridades encargadas de la supervisión de las personas encar-
gadas del control legal de las cuentas de las empresas de seguros,las entidades de crédito, las empresas de inversión y otras empresas
de inversión.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de lassiguientes condiciones:
— la información se destinará a la realización de la misión de supervi-
sión establecida en el párrafo primero;
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1;
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta no
podrá divulgarse sin el acuerdo expreso de las autoridades compe-tentes que hayan comunicado dicha información y, en ese caso,exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan autori-
zado.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás
Estados miembros la identidad de las autoridades que podrán recibirinformación con arreglo al presente apartado.
5ter.No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros, con el fin de reforzar la estabilidad del sistema financiero,incluida su integridad, podrán autorizar el intercambio de informaciónentre las autoridades competentes y las autoridades y los órganos
encargados en virtud de la legislación nacional de detectar las infrac-
ciones al derecho de sociedades y de investigar dichas infracciones.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las
siguientes condiciones:
— la información se destinará a la realización de la misión establecida
en el párrafo primero;
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1;
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo
podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridadescompetentes que hayan comunicado dicha información y, en su1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 28
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caso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan
autorizado.
Cuando, en un Estado miembro, las autoridades y los órganos a que se
refiere el párrafo primero realicen su misión de detección o investiga-ción recurriendo, dada su competencia específica, a personas con unmandato a tal fin que no pertenezcan a la función pública, la posibi-
lidad de intercambiar información prevista en el párrafo primero podrá
ampliarse a estas personas en las condiciones expuestas en el párrafosegundo.
Para la aplicación del último guión del párrafo segundo, las autoridades
y los órganos a que se refiere el párrafo primero comunicarán a lasautoridades competentes que hayan facilitado la información la iden-tidad y el mandato preciso de las personas a las que se transmitirádicha información.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás
Estados miembros la identidad de las autoridades y de los órganosque podrán recibir información con arreglo al presente apartado.
La Comisión elaborará, antes del 31 de diciembre del año 2000, un
informe sobre la aplicación de las disposiciones del presente apartado.
6.Las disposiciones del presente artículo no obstarán para que una
autoridad competente transmita:
— a los bancos centrales y organismos de función similar en tanto que
autoridades monetarias y,
— en su caso, a otras autoridades públicas encargadas de la supervi-
sión de los sistemas de pago,
la información destinada al cumplimiento de su misión ni para que
estas autoridades u organismos comuniquen a las autoridades compe-tentes la información que precisen a los efectos del apartado 4.Lainformación recibida en este contexto estará sujeta al secreto profe-
sional contemplado en el presente artículo.
7.Lo dispuesto en el presente artículo no será obstáculo para que las
autoridades competentes comuniquen la información a que hacen refe-rencia los apartados 1 a 4 a una cámara de compensación o a otroorganismo similar reconocido por el Derecho nacional para llevar a
cabo servicios de compensación o liquidación de los contratos en uno
de los mercados del Estado miembro, en casos de que dichas autori-dades consideren que tal comunicación resulta necesaria con objeto degarantizar el funcionamiento regular de los organismos mencionados enrelación con incumplimientos, incluso potenciales, de quienes inter-
vienen en dicho mercado.La información que se reciba por ese
concepto estará sujeta al secreto profesional a que se refiere el apartado1.No obstante, los Estados miembros velarán por que la informaciónrecibida con arreglo al apartado 2 no pueda divulgarse en el supuestocontemplado en el presente apartado sin el consentimiento expreso delas autoridades competentes que hayan divulgado la información.
8.Asimismo, y no obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 4, los
Estados miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales,la divulgación de determinada información a otros servicios de su
administración central, responsables de la legislación en materia de
supervisión de entidades de crédito, instituciones financieras, empresasde inversión y empresas de seguros, así como también a los inspectoresque actúen en nombre de dichos servicios.
Ello no obstante, la información sólo podrá ser divulgada cuando
resulte necesario por razones de supervisión prudencial.
En cualquier caso, los Estados miembros dispondrán que la informa-
ción recibida en virtud de lo dispuesto en los apartados 2y5yl a
obtenida en la verificación in situ contemplada en el artículo 24 no
sea nunca divulgada en los casos previstos en el presente apartado,salvo con el consentimiento expreso de las autoridades competentesque divulgaron la información o de las autoridades competentes delEstado miembro en que tuvo lugar la verificación in situ .1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 29
▼B
▼B
9.Si en el momento de la adopción de la presente Directiva un
Estado miembro ha previsto intercambios de información de una auto-ridad a otra a efectos de control del incumplimiento de las leyes en
materia de supervisión prudencial, en materia de organización, funcio-
namiento y comportamiento de las sociedades comerciales y de lasreglamentaciones de los mercados financieros, dicho Estado miembropodrá seguir autorizando dicha transmisión hasta la coordinación delconjunto de las disposiciones que regulan el intercambio de informa-
ción entre autoridades para todo el sector financiero y en todo caso, a
más tardar el 1 de julio de 1996.
No obstante, los Estados miembros velarán por que, cuando la informa-
ción proceda de otro Estado miembro, no pueda divulgarse en lascondiciones contempladas en el párrafo anterior sin el consentimientoexpreso de las autoridades competentes que hayan divulgado dichainformación y sólo pueda utilizarse para los fines para los que dichasautoridades hayan dado su acuerdo.
El Consejo llevará a cabo la coordinación mencionada en el párrafo
primero, sobre la base de propuestas de la Comisión.El Consejo toma
nota del hecho de que la Comisión ha indicado que presentará
propuestas a dicho efecto a más tardar el 31 de julio de 1993.ElConsejo se pronunciará a la mayor brevedad, siendo el objetivo que lanormativa objeto de dichas propuestas sea aplicable en la fecha depuesta en aplicación de la presente Directiva.
Artículo 25 bis
1.Los Estados miembros dispondrán, como mínimo que:
a) toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 84/253/CEE (
1)
que ejerza en una empresa de inversión la función descrita en el
artículo 51 de la Directiva 78/660/CEE (2), en el artículo 37 de la
Directiva 83/349/CEE o en el artículo 31 de la Directiva 85/611/CEE o cualquier otra función legal tendrá la obligación de señalarrápidamente a las autoridades competentes cualquier hecho o deci-sión sobre dicha entidad del que haya tenido conocimiento en elejercicio de dicha función y que pueda:
— constituir una violación del contenido de las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas que establecen lascondiciones de autorización o que regulan de manera específicael ejercicio de la actividad de las empresas de inversión, o
— perjudicar la continuidad de la explotación de la empresa de
inversión, o
— implicar la denegación de la certificación de cuentas o la
emisión de reservas;
b) se impondrá la misma obligación a esa misma persona por lo que
respecta a los hechos y decisiones que llegara a conocer en elcontexto de una función como la descrita en la letra a) ejercida enuna empresa que tenga un vínculo estrecho resultante de un vínculode control con la empresa de inversión en la que esta persona lleve
a cabo la mencionada función.
2.La divulgación de buena fe de hechos o decisiones mencionados
en el apartado 1 a las autoridades competentes, por parte de las
personas autorizadas con arreglo a la Directiva 84/253/CEE, no consti-tuirá violación de las restricciones sobre divulgación de informaciónimpuesta por vía contractual o por cualquier disposición legal, regla-mentaria o administrativa ni implicará para dichas personas ningúntipo de responsabilidad.1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 30
(1)D O noL 126 de 12.5.1984, p.20.
(2)D O noL 222 de 14.8.1978, p.11.Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16.11.1990, p.60).▼M1
▼B
Artículo 26
Los Estados miembros velarán por que las decisiones tomadas con
respecto a una empresa de inversión en virtud de las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas adoptadas en aplicación de lodispuesto en la presente Directiva puedan ser objeto de recurso judicial;lo anterior será igualmente de aplicación cuando no haya recaído reso-lución, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la solicitud,
sobre una petición de autorización que contenga todos los elementos
requeridos por las disposiciones vigentes.
Artículo 27
Sin perjuicio tanto de los procedimientos para la retirada de autoriza-
ciones como de las disposiciones de Derecho penal, los Estadosmiembros dispondrán que sus respectivas autoridades competentes, enlo que se refiere a las empresas de inversión que infrinjan las disposi-ciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a lasupervisión o al ejercicio de sus actividades o a quienes ejerzan el
control efectivo de las operaciones de dichas empresas, puedan adoptar
medidas o imponer sanciones orientadas específicamente a ponertérmino a las infracciones observadas o con las causas de éstas.
Artículo 28
Los Estados miembros velarán por que en la aplicación de las disposi-
ciones de la presente Directiva no se efectúe discriminación alguna.
TÍTULO VII
Disposicionesfinales
Artículo 29
El Consejo, hasta tanto se adopte una Directiva que establezca las
disposiciones de adaptación de la presente Directiva al progreso técnico
en los sectores indicados a continuación y de conformidad con la Deci-sión 87/373/CEE del Consejo (
1) adoptará por mayoría cualificada y a
propuesta de la Comisión, aquellas adaptaciones que puedan ser nece-sarias en lo relativo a:
— la ampliación del contenido de la lista que figura en la sección C
del Anexo;
— la adaptación de la terminología de las listas que figuran en el
Anexo con el fin de tener en cuenta la evolución de los mercadosfinancieros;
— las materias en las cuales las autoridades competentes deban inter-
cambiarse información, según se enuncian en el artículo 23;
— la clarificación de las definiciones, con objeto de lograr que la apli-
cación de la presente Directiva se haga de manera uniforme en todala Comunidad;
— la clarificación de las definiciones, con objeto de que en la aplica-
ción de la presente Directiva se tenga en cuenta la evolución de losmercados financieros;
— la adaptación de la terminología y formulación de las definiciones
en función de posteriores medidas relativas a las empresas de inver-sión y materias conexas;
— las demás tareas previstas en el apartado 5 del artículo 7.
Artículo 30
1.Las empresas de inversión que hayan recibido autorización en su
Estado miembro de origen para prestar servicios de inversión antes del31 de diciembre de 1995 se considerarán autorizadas a efectos de lapresente Directiva si la normativa del citado Estado ha subordinado su1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 31
(1)D O noL 197 de 18.7.1987, p.33.
▼B
acceso a la actividad al cumplimiento de condiciones equivalentes a las
establecidas en el apartado 3 del artículo 3 y en el artículo 4.
2.Las empresas de inversión que el 31 de diciembre de 1995 estu-
viesen operando, distintas de las empresas a que se refiere el apartado
1, podrán seguir operando siempre que obtengan, en el plazo de un añoa partir del 31 de diciembre de 1996, con arreglo a las disposicionesdel Estado miembro de origen, la autorización para proseguir la acti-vidad de conformidad con las disposiciones adoptadas en aplicaciónde la presente Directiva.
La concesión de dicha autorización es indispensable para que estas
empresas puedan acogerse a las disposiciones de la presente Directiva
en materia de libertad de establecimiento y de prestación de servicios.
3.Cuando las empresas de inversión hayan iniciado sus actividades
en otros Estados miembros por medio de sucursales o en régimen deprestación de servicios antes de la fecha de adopción de la presenteDirectiva, las autoridades del Estado miembro de origen comunicarán
entre el 1 de julio de 1995 y el 31 de diciembre de 1995 a las autori-
dades de cada uno de los demás Estados miembros interesados, conarreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 17 y al artículo 18 y la listade las empresas que cumplen las disposiciones de la presente Directivaque operan en dichos Estados miembros, e indicarán las actividadesque llevan a cabo.
4.Las personas físicas que en el momento de la adopción de la
presente Directiva estén autorizadas en un Estado miembro a ofrecer
servicios de inversión serán consideradas personas autorizadas conarreglo a la presente Directiva, siempre que cumplan las obligacionesque se citan en el segundo guión del párrafo segundo del punto 2 delartículo 1 y en los cuatro guiones del párrafo tercero del punto 2 del
artículo 1.
Artículo 31
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido
en la presente Directiva a más tardar el 1 de julio de 1995.
Dichas disposiciones entrarán en vigor, a más tardar, el 31 de
diciembre de 1995.Los Estados miembros informarán de ello inmedia-tamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a que se
refiere el párrafo primero 1, éstas harán referencia a la presente Direc-tiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada
referencia.
Artículo 32
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 32
▼B
ANEXO
SECCIÓN A
Servicios
1.a) Recepción y transmisión de órdenes, por cuenta de los inversores, en rela-
ción con uno o varios instrumentos de la sección B.
b) Ejecución de dichas órdenes por cuenta de terceros.
2.Negociación por cuenta propia de cualquier instrumento de la sección B.
3.Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a
los mandatos conferidos por los inversores, siempre que dichas carteras
incluyan uno o varios instrumentos de la sección B.
4.Aseguramiento en relación con las emisiones de todos o de parte de los
instrumentos a que se refiere la sección B y/o colocación de tales emisiones.
SECCIÓN B
Instrumentos
1.a) Valores negociables.
b) Participaciones de un organismo de inversión colectiva.
2.Instrumentos de mercado monetario.
3.Los contratos financieros a plazo (futuros), incluidos los instrumentos equiva-
lentes que requieran pago en efectivo.
4.Los contratos a plazo sobre tipos de interés (FRA).
5.Los contratos de permuta (swaps) sobre tipos de interés, sobre divisas o los
contratos de intercambios ligados a acciones o a un índice sobre acciones
(«equity swaps»).
6.Opciones destinadas a la compra o venta de cualquiera de los instrumentos
que se contemplan en la presente sección del Anexo, incluidos los instru-
mentos equivalentes que requieran pago en efectivo.Concretamente, se
incluyen en esta categoría las opciones sobre divisas y sobre tipos de interés.
SECCIÓN C
Servicios auxiliares
1.Custodia y administración de uno o varios instrumentos de la sección B.
2.Alquiler de cajas de seguridad.
3.Concesión de créditos o de préstamos a inversores para que puedan realizar
una operación sobre uno o más instrumentos de la sección B, operación en la
que debe intervenir la empresa que concede el crédito o el préstamo.
4.Asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y
cuestiones afines y asesoramiento y servicios en relación con las fusiones y
la adquisición de empresas.
5.Servicios relacionados con las operaciones de aseguramiento.
6.Asesoramiento sobre inversión acerca de uno o varios instrumentos de la
sección B.
7.Servicio de cambio cuando dicho servicio esté relacionado con la prestación
de servicios de inversión.1993L0022 — ES — 11.02.2003 — 004.001 — 33