2014L0051 — ES — 22.05.2014 — 000.001

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DIRECTIVA 2014/51/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 16 de abril de 2014

por la que se modifican las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE y los Reglamentos (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 y (UE) no 1095/2010 en lo que respecta a los poderes de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados)







EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 50, 53, 62 y 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Banco Central Europeo ( 1 ), Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 2 ), De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ( 3 ), Considerando lo siguiente: (1) La crisis financiera de 2007 y 2008 puso al descubierto graves deficiencias en la supervisión financiera, tanto en casos concretos como en relación con el sistema financiero en su conjunto. Los sistemas de supervisión de alcance nacional han quedado superados por la globalización financiera y por la integración e interconexión de los mercados financieros europeos, donde muchas entidades financieras desarrollan su actividad de forma transfronteriza. La crisis ha puesto de relieve carencias en la cooperación, la coordinación, la coherencia en la aplicación del Derecho de la Unión y la confianza entre las autoridades competentes nacionales. (2) En varias resoluciones adoptadas antes de la crisis financiera y durante esta, el Parlamento Europeo ha venido pidiendo que se avance hacia una supervisión europea más integrada con el fin de garantizar una verdadera igualdad de condiciones para todos los agentes que actúan a escala de la Unión, y que esa supervisión refleje la integración creciente de los mercados financieros en la Unión, en particular, en sus Resoluciones de 13 de abril de 2000 sobre la Comunicación de la Comisión: Aplicación del marco para los mercados financieros: Plan de acción, de 21 de noviembre de 2002 sobre las normas de supervisión prudencial en la Unión Europea, de 11 de julio de 2007 sobre la política de los servicios financieros (2005-2010) — Libro Blanco, de 23 de septiembre de 2008 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión, de 9 de octubre de 2008 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el seguimiento del proceso Lamfalussy: futura estructura de supervisión, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), y de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las agencias de calificación crediticia. (3) En noviembre de 2008, la Comisión encargó a un grupo de alto nivel presidido por Jacques de Larosière la elaboración de recomendaciones sobre la forma de reforzar el dispositivo europeo de supervisión con miras a proteger mejor a los ciudadanos de la Unión y restablecer la confianza en el sistema financiero. En su informe final presentado el 25 de febrero de 2009 («Informe de Larosière») el grupo de expertos de alto nivel recomendó que se reforzara el marco de supervisión, a fin de reducir el riesgo y la gravedad de futuras crisis financieras. El grupo recomendaba reformas de gran calado en la estructura de supervisión del sector financiero dentro de la Unión. El Informe de Larosière también recomendaba la creación de un sistema europeo de supervisión financiera, integrado por tres Autoridades Europeas de Supervisión -una para cada uno de los sectores bancario, de valores, y de seguros y pensiones de jubilación-, y un consejo europeo de riesgo sistémico. (4) La estabilidad financiera es un requisito previo para que la economía real pueda crear empleo, conceder créditos y generar crecimiento. La crisis financiera ha puesto al descubierto graves deficiencias de la supervisión financiera, que no ha anticipado la evolución negativa desde el punto de vista macroprudencial y no ha evitado la acumulación de riesgos excesivos en el sistema financiero. (5) En las conclusiones que siguieron a la reunión del 18 y 19 de junio de 2009, el Consejo Europeo recomendó la creación de un sistema europeo de supervisión financiera, formado por tres nuevas autoridades europeas de supervisión. Recomendó asimismo que el sistema se orientara a mejorar la calidad y la coherencia de la supervisión nacional, a reforzar el control de los grupos transfronterizos y a establecer un código normativo único europeo aplicable a todas las entidades financieras del mercado interior. Destacó que las autoridades europeas de supervisión (AES) deberían gozar también de facultades de supervisión respecto de las agencias de calificación crediticia e invitó a la Comisión a presentarle propuestas concretas sobre la manera en que el Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) podría desempeñar un papel importante en situaciones de crisis. (6) En 2010, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron tres Reglamentos por los que se crean las tres AES: el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 4 ) por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), el Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 5 ) por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) («AESPJ»), y el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 6 ) por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) («AEVM»)como parte del SESF. (7) Para que el SESF funcione con eficacia es necesario modificar los actos legislativos de la Unión en lo que respecta al ámbito de actuación de las tres AES. Estas modificaciones se refieren a la definición del alcance de determinados poderes de las AES, la integración de determinados poderes en los actuales procedimientos establecidos en los actos legislativos de la Unión aplicables y modificaciones destinadas a garantizar un funcionamiento adecuado y eficaz de las AES en el contexto del SESF. (8) La creación de las AES debe ir, por lo tanto, acompañada de la elaboración de un código normativo único que garantice una armonización coherente y una aplicación uniforme, y contribuya así a un funcionamiento aún más eficaz del mercado interior y a una aplicación más eficaz de la supervisión microprudencial. Los Reglamentos por los que se crea el SESF prevén que las AES puedan elaborar proyectos de normas técnicas en los ámbitos que especifique la legislación aplicable; estos proyectos deben presentarse a la Comisión para su adopción, de conformidad con los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en forma de actos delegados o de ejecución. La Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 7 ) ha definido un primer conjunto de tales ámbitos y resulta oportuno que la presente Directiva defina un conjunto adicional, en particular en relación con las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 8 ), el Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 9 ) y los Reglamentos (UE) no 1094/2010 y (UE) no 1095/2010. (9) Los actos legislativos pertinentes han de determinar los ámbitos en los que las AES están facultadas para elaborar proyectos de normas técnicas y la forma en que deben adoptarse tales normas. Resulta oportuno que los actos legislativos pertinentes establezcan los elementos, condiciones y especificaciones, según se precisa en el artículo 290 del TFUE, en lo que respecta a los actos delegados. (10) Al determinar los ámbitos de las normas técnicas que se han de adoptar debe buscarse un equilibrio adecuado entre el objetivo de elaborar un conjunto único de normas armonizadas y la conveniencia de evitar que la normativa y su aplicación resulten excesivamente complicadas. Los únicos ámbitos seleccionados deben ser aquellos en los que unas normas técnicas coherentes sean susceptibles de contribuir de manera significativa y efectiva a la realización de los objetivos de los actos legislativos pertinentes, dejando que las decisiones estratégicas sean adoptadas por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión con arreglo a sus procedimientos habituales. (11) Los ámbitos cubiertos por las normas técnicas deben ser realmente técnicos, por lo que conviene que sean los expertos en materia de supervisión los que se encarguen de elaborar dichas normas. Las normas técnicas de regulación que se adopten en forma de actos delegados en virtud del artículo 290 del TFUE deben desarrollar, especificar y determinar las condiciones para una armonización coherente de las disposiciones que figuran en los actos legislativos adoptados por el Parlamento Europeo y el Consejo, completando o modificando ciertos elementos no esenciales de los mismos. Por otro lado, las normas técnicas de ejecución que se adopten en forma de actos de ejecución deben establecer condiciones en virtud del artículo 291 del TFUE para una aplicación uniforme de los actos legislativos. Las normas técnicas no deben implicar decisiones estratégicas. (12) En relación con las normas técnicas de regulación, es conveniente aplicar el procedimiento previsto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1093/2010, del Reglamento (UE) no 1094/2010 y del Reglamento (UE) no 1095/2010, según proceda. Las normas técnicas de ejecución deben adoptarse de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1093/2010, del Reglamento (UE) no 1094/2010 y del Reglamento (UE) no 1095/2010, según proceda. (13) Las normas técnicas de regulación y de ejecución deben contribuir a que haya una regulación única en materia de servicios financieros, como preconizó el Consejo Europeo en sus conclusiones de junio de 2009. En la medida en que algunos de los requisitos contenidos en los actos legislativos de la Unión no están plenamente armonizados, y de conformidad con el principio de precaución en materia de supervisión, las normas técnicas de regulación y de ejecución que desarrollen, especifiquen o determinen las condiciones de aplicación de dichos requisitos no deben impedir a los Estados miembros exigir información adicional o imponer requisitos más estrictos. Por consiguiente, conviene que las normas técnicas de regulación y de ejecución permitan a los Estados miembros exigir información adicional o imponer requisitos más estrictos en determinados ámbitos, cuando los citados actos legislativos les confieran esa facultad discrecional. (14) De conformidad con los Reglamentos (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 y (UE) no 1095/2010, antes de presentar las normas técnicas de regulación o de ejecución a la Comisión, las AES deben, cuando proceda, celebrar consultas públicas abiertas sobre estas normas y analizar los costes y beneficios potenciales vinculados a ellas. (15) Las normas técnicas de regulación o de ejecución han de poder prever medidas transitorias sujetas a plazos adecuados, en el supuesto de que los costes de aplicación inmediata fuesen excesivos en comparación con los beneficios derivados. (16) En el momento de adoptar la presente Directiva, el trabajo relacionado con la preparación y la consulta acerca del primer conjunto de medidas para aplicar la normativa marco en virtud de la Directiva 2009/138/CE está muy avanzado. En aras de la pronta finalización de dichas medidas, resulta conveniente habilitar a la Comisión para que, durante un período transitorio, adopte las normas técnicas de regulación previstas en la presente Directiva, con arreglo al procedimiento de adopción de los actos delegados. Cualquier modificación de dichos actos delegados o, una vez vencido el período transitorio, cualquier norma técnica de regulación dirigida a aplicar la Directiva 2009/138/CE se debe adoptar de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1094/2010. (17) Además, conviene permitir a la AESPJ que, después de un período transitorio de dos años, proponga actualizaciones de una serie de actos delegados en forma de normas técnicas de regulación. Estas actualizaciones deben limitarse a los aspectos técnicos de los actos delegados relevantes y no entrañarán decisiones estratégicas ni opciones políticas. (18) Cuando la AESPJ prepare y elabore normas técnicas de regulación para adaptar los actos delegados a los progresos técnicos de los mercados financieros, la Comisión debe garantizar que estas propuestas de normas técnicas de regulación se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. (19) Los Reglamentos (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 y (UE) no 1095/2010 prevén un mecanismo destinado a solucionar las diferencias que surjan entre las autoridades nacionales de supervisión. Si una autoridad nacional de supervisión discrepa del procedimiento o el contenido de una acción u omisión de otra autoridad nacional de supervisión en ámbitos que se especifiquen en actos legislativos de la Unión con arreglo a dichos Reglamentos, y el acto legislativo aplicable exige cooperación, coordinación o una decisión conjunta por parte de las autoridades nacionales de supervisión de varios Estados miembros, la AES afectada, a instancias de una de las autoridades nacionales de supervisión de que se trate, debe estar en condiciones de ayudar a las autoridades a llegar a un acuerdo dentro del plazo fijado por la AES, que debe tener en cuenta cualquier plazo pertinente previsto en la legislación aplicable, así como la urgencia y la complejidad del desacuerdo. En caso de que este desacuerdo persista, las AES deben estar facultadas para resolver el asunto. (20) Los Reglamentos (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 y (UE) no 1095/2010 exigen que los casos en que pueda aplicarse el mecanismo de solución de diferencias entre las autoridades nacionales de supervisión se especifiquen en la legislación sectorial. Procede que la presente Directiva determine una primera serie de tales casos en el sector de los seguros y reaseguros, sin perjuicio de que se añadan otros en el futuro. La presente Directiva no debe impedir a las AES ejercer otras facultades o desempeñar tareas especificadas en los Reglamentos (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 y (UE) no 1095/2010, entre ellas la de mediación no vinculante y la de contribuir a una aplicación coherente, eficaz y efectiva del Derecho de la Unión. Por otra parte, en los ámbitos en los que la normativa pertinente ya prevé alguna forma de procedimiento de mediación no vinculante o en los que existen plazos para la adopción de decisiones conjuntas por parte de una o varias autoridades nacionales de supervisión, son necesarias modificaciones para garantizar la claridad y entorpecer lo mínimo posible el proceso encaminado a la adopción de una decisión conjunta, pero también para garantizar que, en caso necesario, las AES puedan resolver las diferencias. El procedimiento vinculante para la solución de diferencias está destinado a solventar situaciones en las que las autoridades nacionales de supervisión no pueden resolver, entre ellas, cuestiones procedimentales o de fondo referentes al cumplimiento del Derecho de la Unión. (21) Resulta, por tanto, oportuno que la presente Directiva prevea los supuestos en que puede ser necesario resolver una cuestión procedimental o de fondo relativa a la observancia del Derecho de la Unión sin que las autoridades nacionales de supervisión sean capaces de solventar el asunto por sí solas. En tal caso, una de las autoridades nacionales de supervisión afectadas ha de poder plantear el asunto a la AES afectada. Esa AES debe actuar de conformidad con el reglamento por el que se haya creado y con la presente Directiva. Debe tener la facultad de exigir a las autoridades nacionales de supervisión en cuestión, con efectos vinculantes sobre las mismas, que tomen medidas específicas o se abstengan de toda actuación a fin de resolver el asunto y garantizar la observancia del Derecho de la Unión. En los casos en que el acto legislativo aplicable de la Unión confiera facultades discrecionales a los Estados miembros, las decisiones que adopte una AES no deben impedir el ejercicio de las facultades discrecionales por las autoridades nacionales de supervisión, siempre que este se ajuste al Derecho de la Unión. (22) La Directiva 2009/138/CE prevé decisiones conjuntas en lo que respecta a la aprobación de las solicitudes de uso de modelos internos en grupos y filiales, a la aprobación de solicitudes de aplicación a una filial de los artículos 238 y 239 de dicha Directiva y a la determinación de un supervisor de grupo con arreglo a criterios distintos de los fijados en el artículo 247 de la misma. En todos estos ámbitos, resulta oportuna una modificación que precise con claridad que, en caso de desacuerdo, la AESPJ podrá resolverlo recurriendo al proceso establecido en el Reglamento (UE) no 1094/2010. Con dicho enfoque queda claro que, si bien la AESPJ no está facultada para sustituir las decisiones discrecionales de las autoridades nacionales de supervisión, los desacuerdos deben poder resolverse y la cooperación reforzarse antes de que la autoridad nacional de supervisión adopte una decisión definitiva o de que esta se dirija a una entidad. La AESPJ debe resolver los desacuerdos mediando entre las opiniones divergentes de las autoridades nacionales de supervisión. (23) El nuevo marco de supervisión que establece el SESF exigirá que las autoridades nacionales de supervisión cooperen estrechamente con las AES. Las modificaciones de la legislación pertinente deben garantizar la ausencia de obstáculos legales para las obligaciones en materia de intercambio de información previstas en los Reglamentos (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 y (UE) no 1095/2010 y que la aportación de datos no dé lugar a cargas administrativas innecesarias. (24) Las empresas de seguros y de reaseguros solo deben aportar a sus autoridades nacionales de supervisión información que sea relevante a efectos de supervisión teniendo en cuenta los objetivos de supervisión contemplados en la Directiva 2009/138/CE. Solo se exigirá información sobre una lista completa de activos en la que se detallen uno por uno todos sus elementos y otra información que se haya de aportar con una frecuencia mayor a la anual si el conocimiento adicional obtenido por las autoridades nacionales de supervisión a efectos de control de la salud financiera de las empresas o teniendo en cuenta las posibles repercusiones de sus decisiones sobre la estabilidad financiera, es superior a la carga asociada al cálculo y presentación de dicha información. Después de evaluar la naturaleza, el volumen y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de la empresa, las autoridades nacionales de supervisión deben tener la competencia de autorizar limitaciones de la frecuencia y el alcance de la información por comunicar o de eximir de informar detallando uno por uno todos los elementos solo si la empresa no supera unos umbrales específicos. Hay que garantizar que las empresas más pequeñas puedan beneficiarse de esas limitaciones y exenciones y que no representen más del 20 % del mercado de seguros de vida y no vida de un Estado miembro o de su mercado de reaseguro. (25) Para garantizar que la información comunicada por las empresas de seguros y reaseguros participantes o las sociedades de cartera de seguros a nivel de grupo es exacta y completa, las autoridades nacionales de supervisión no deben autorizar limitaciones en relación con la información que debe comunicarse ni eximir de la obligación de informar detallando uno por uno todos los elementos a empresas que pertenezcan a un grupo, a no ser que la autoridad nacional de supervisión considere que la información sería inapropiada teniendo en cuenta la naturaleza, el volumen y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad del grupo. (26) En aquellos ámbitos en los que la Comisión esté actualmente facultada por la Directiva 2009/138/CE para adoptar medidas de ejecución y cuando tales medidas constituyan actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales de dicha Directiva, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 290 del TFUE, resulta oportuno facultar a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el citado artículo, o normas técnicas de regulación de regulación de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1094/2010. (27) A fin de velar por que todas las empresas de seguros y de reaseguros estén en igualdad de condiciones a la hora de calcular el capital de solvencia obligatorio de conformidad con la Directiva 2009/138/CE a partir de la fórmula estándar, o para tener en cuenta la evolución del mercado, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados en relación con el cálculo del capital de solvencia obligatorio a partir de la fórmula estándar. (28) Cuando los riesgos no estén suficientemente cubiertos por un submódulo, la AESPJ debe estar facultada para desarrollar proyectos de normas técnicas de regulación en relación con límites cuantitativos y criterios de admisibilidad de los activos para el capital de solvencia obligatorio a partir de la fórmula estándar. (29) Para posibilitar un cálculo uniforme de las provisiones técnicas por las empresas de seguros y de reaseguros conforme a la Directiva 2009/138/CE, es necesario que un organismo central obtenga, publique y actualice determinada información técnica relativa a la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo, de forma periódica y teniendo en cuenta la información disponible en los mercados financieros. La manera de obtener la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo debe ser transparente. Dado que dichas tareas son de índole técnica y guardan relación con los seguros, conviene que sea la AESPJ quien las lleve a cabo. (30) La estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo debe evitar una volatilidad artificial de las provisiones técnicas y los fondos propios admisibles y ofrecer un incentivo para una buena gestión de los riesgos. La elección de los puntos de partida para la extrapolación de los tipos de interés sin riesgo debe permitir que las empresas casen con bonos y obligaciones los flujos de caja que se descuentan con tipos de interés no extrapolados para el cálculo de la mejor estimación. En condiciones de mercado similares a las existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, el punto de partida para la extrapolación de los tipos de interés sin riesgo, en particular para el euro, debe ser el año 20. En condiciones de mercado similares a las existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, la parte extrapolada de la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo debe converger de tal modo hacia el tipo de interés futuro último que, para los vencimientos a partir de 40 años después del punto de partida para la extrapolación, los tipos futuros extrapolados no se desvíen en más de tres puntos básicos del tipo de interés futuro último. Para divisas distintas del euro, debentenerse en cuenta las características de los mercados locales de bonos y permutas para determinar el punto de partida para la extrapolación de los tipos de interés sin riesgo y el período de convergencia apropiado para el tipo de interés futuro último. (31) Si las empresas de seguros y de reaseguros poseen bonos y obligaciones u otros activos con características de flujos de caja similares hasta el vencimiento, no están expuestas al riesgo de cambio de diferenciales sobre esos activos. Con el fin de evitar que los cambios de los diferenciales de los activos repercutan en el importe de los fondos propios de esas empresas, se les debe permitir ajustar la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo para el cálculo de la mejor estimación en consonancia con los movimientos de los diferenciales de sus activos. La aplicación de tal ajuste por casamiento debe estar supeditada a la aprobación de las autoridades de supervisión y los estrictos requisitos sobre activos y pasivos deben garantizar que las empresas de seguros y de reaseguros puedan mantener sus activos hasta su vencimiento. En particular, los flujos de caja de los activos y pasivos deben estar casados y los activos deben sustituirse únicamente para mantener el casamiento en caso de que los flujos de caja esperados hayan cambiado de forma sustancial, como en el caso de la rebaja de calificación o del impago de un bono. Las empresas de seguros y de reaseguros deben hacer pública la incidencia del ajuste por casamiento en su situación financiera, a fin de garantizar la adecuada transparencia. (32) Para evitar un comportamiento procíclico de los inversores, las empresas de seguros y de reaseguros deben tener la posibilidad de adaptar la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo para el cálculo de la mejor estimación de las provisiones técnicas para mitigar el efecto de exageraciones en los diferenciales de bonos. Tal ajuste por volatilidad debe basarse en las carteras de referencia para las divisas correspondientes de dichas empresas y, si fuere necesario para asegurar la representatividad, las carteras de referencia de los mercados de seguros nacionales. Las empresas de seguros y de reaseguros deben hacer pública la incidencia del ajuste por volatilidad en su situación financiera, a fin de garantizar la adecuada transparencia. (33) En vista de la importancia que tiene el descuento para el cálculo de las provisiones técnicas, la Directiva 2009/138/CE debe garantizar unas condiciones uniformes para la elección de los tipos de descuento por parte de las empresas de seguros y de reaseguros. A fin de garantizar tales condiciones uniformes, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para establecer estructuras temporales de tipos de interés sin riesgo pertinente para calcular la mejor estimación, los diferenciales fundamentales para el cálculo del ajuste por casamiento y los ajustes por volatilidad. Esas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 10 ). Dichos actos de ejecución deben hacer uso de la información técnica procedente de publicada por la AESPJ. Debe utilizarse el procedimiento consultivo para la adopción de dichos actos de ejecución. (34) La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamente justificados relacionados con la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo, lo exijan razones imperiosas de urgencia. (35) Para mitigar posibles efectos procíclicos indebidos, el plazo para restablecer el cumplimiento con respecto al capital de solvencia obligatorio debería prorrogarse en situaciones adversas excepcionales, incluidos los casos de grandes caídas en los mercados financieros, situaciones prolongadas de bajos niveles de tipos de interés, catástrofes de gran impacto que afecten a las empresas de seguros y de reaseguros que representen una cuota de mercado significativa o líneas de negocio afectadas. La AESPJ ha de asumir la responsabilidad de declarar la existencia de situaciones adversas excepcionales y la Comisión debe estar facultada para adoptar medidas, a través de actos delegados y de ejecución, que especifiquen los criterios y los procedimientos adecuados. (36) En el contexto del ajuste por casamiento a la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo establecida en virtud de la presente Directiva, debe entenderse en un sentido económico la obligación de que la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro a la que se aplica el ajuste por casamiento y la cartera de activos asignada estén identificadas, organizadas y gestionadas por separado respecto de otras actividades de las empresas, y que esos activos no podrán utilizarse para cubrir pérdidas derivadas de otras actividades de las empresas. Para los Estados miembros no debe suponer una obligación de contar en su legislación nacional con un concepto jurídico de «fondo de disponibilidad limitada». Las empresas que utilizan el ajuste por casamiento deben determinar, organizar y gestionar la cartera de activos y obligaciones por separado respecto de otras partes de sus actividades, y, por lo tanto, no deben estar autorizadas a cubrir riesgos derivados de otra parte del negocio utilizando lacartera de activos asignada. Aunque esto permita una gestión eficiente de la cartera, la transferibilidad y el alcance reducidos de la diversificación entre la cartera asignada y el resto de necesidades de la empresa deben reflejarse, a efectos de ajuste por casamiento, en ajustes de los fondos propios y del capital de solvencia obligatorio. (37) El diferencial de la cartera de referencia a que se refiere la presente Directiva debe determinarse de forma transparente utilizando índices adecuados cuando se disponga de ellos. (38) Para garantizar la transparencia en la aplicación del ajuste por volatilidad, el ajuste por casamiento y las medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo y sobre provisiones técnicas previstas con arreglo a la presente Directiva, las empresas de seguros y de reaseguros deben hacer pública la incidencia de no aplicar estas medidas en su situación financiera, incluyendo la incidencia en el importe de las provisiones técnicas, el capital de solvencia obligatorio, el capital mínimo obligatorio de conformidad con la Directiva 2009/138/CE, los fondos propios básicos y los importes de fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio. (39) En su normativa nacional, los Estados miembros deben poder conferir a sus autoridades nacionales de supervisión la facultad de admitir, y, en circunstancias excepcionales, rechazar, el uso del ajuste por volatilidad. (40) A fin de garantizar que determinados datos técnicos utilizados para el cálculo del capital de solvencia obligatorio según la fórmula estándar estén armonizados, por ejemplo, para hacer posibles los enfoques armonizados de cara al uso de calificaciones, resulta oportuno que se asignen tareas específicas a la AESPJ. El reconocimiento de las agencias de calificación crediticia debe ponerse en consonancia y ser coherente con el Reglamento (CE) no 1060/2009 y el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 11 ) y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 12 ). Debe evitarse el solapamiento con el Reglamento (CE) no 1060/2009, y a tal efecto el papel del Comité Mixto de las autoridades de supervisión establecido por los Reglamentos (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 y (UE) no 1095/2010 está justificado. La AESPJ debe hacer el mejor uso posible de las competencias y experiencia de la AEVM. Conviene que la forma precisa en que se desempeñen tales tareas se especifique mediante disposiciones que se adopten mediante actos delegados o de ejecución. (41) Las listas de administraciones regionales y autoridades locales publicadas por la AESPJ no deben ser más detalladas de lo necesario para garantizar que dichas administraciones o autoridades reciban el mismo trato solo cuando los riesgos de la exposición sean los mismos que para sus administraciones centrales. (42) Con miras a un enfoque armonizado, al amparo de la Directiva 2009/138/CE, para determinar si está permitida una prórroga del período de recuperación otorgado en caso de incumplimiento con respecto al capital de solvencia obligatorio, conviene especificar las condiciones que constituyen una situación adversa excepcional. La AESPJ ha de asumir la responsabilidad de declarar la existencia de tales situaciones adversas excepcionales y la Comisión debe estar facultada para adoptar medidas, a través de actos delegados y de ejecución, que especifiquen los criterios y los procedimientos aplicables en tales situaciones adversas excepcionales. (43) Para garantizar la coherencia intersectorial y eliminar la discrepancia entre los intereses de las empresas que «empaquetan» préstamos en forma de valores negociables y otros instrumentos financieros (empresas originadoras o promotoras) y los intereses de las empresas de seguros o reaseguros que invierten en estos valores o instrumentos, procede facultar a la Comisión para que adopte medidas en relación con las inversiones en préstamos reempaquetados contempladas en la Directiva 2009/138/CE, a través de actos delegados en los que se especifiquen no solo los requisitos, sino también las consecuencias de incumplirlos. (44) Con miras a una mayor convergencia de los procedimientos de aprobación por parte de las autoridades de supervisión, previstos en la Directiva 2009/138/CE, de los parámetros específicos de empresas, políticas de modificación de modelos, entidades con cometido especial, y fijación y supresión de adiciones de capital, resulta oportuno que la Comisión esté facultada para adoptar medidas, a través de actos delegados, en los que se especifiquen los correspondientes procedimientos. (45) El desarrollo, por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, de una norma de solvencia internacional basada en el riesgo, está en curso y sigue fomentando una mayor coordinación y cooperación de la supervisión internacional. Las disposiciones de la Directiva 2009/138/CE sobre los actos delegados de la Comisión que establecen la equivalencia de los regímenes prudenciales y de solvencia de terceros países son coherentes con el objetivo de fomentar la convergencia internacional hacia la introducción de los regímenes prudenciales y de solvencia basados en el riesgo. Atendiendo a la posible necesidad, por parte de algunos terceros países, de disponer de tiempo adicional para adaptarse e implementar regímenes prudenciales y de solvencia que satisfagan plenamente los requisitos para ser considerados equivalentes, es preciso establecer condiciones sobre la consideración de dichos regímenes de terceros países, para que puedan ser reconocidos como temporalmente equivalentes. Los actos delegados de la Comisión que establecen la equivalencia temporal deben tener en cuenta, en su caso, la evolución de la situación internacional. Si la Comisión establece que el régimen prudencial de un tercer país para la supervisión de grupo es temporalmente equivalente, debe permitirse hacer informes de supervisión adicionales para garantizar la protección de los tomadores y beneficiarios de seguros en la Unión. (46) Dada la particular naturaleza del mercado de los seguros, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones para las empresas de seguros y de reaseguros establecidas en terceros países, independientemente de si su empresa matriz esté establecido en la Unión o no, la Comisión debe poder decidir que un tercer país es temporalmente equivalente a efectos del cálculo de los requisitos de solvencia del grupo y de los fondos propios admisibles para satisfacer dichos requisitos. (47) A fin de garantizar que las partes interesadas estén debidamente informadas sobre la estructura de los grupos de seguros y de reaseguros, es necesario publicar la información sobre su estructura jurídica, de gobernanza y organizativa. Esa información debe incluir al menos información sobre la razón social, el tipo de negocio y el país de establecimiento de las filiales, empresas vinculadas relevantes y sucursales importantes. (48) Las decisiones de la Comisión en el sentido de que el régimen de solvencia o prudencial de un tercer país sea plena o temporalmente equivalente deben tener en cuenta, en su caso, la existencia, la duración y la naturaleza de las medidas transitorias en los regímenes de esos terceros países. (49) Con objeto de permitir a la sociedad cooperativa europea, instituida mediante el Reglamento (CE) no 1435/2003 del Consejo ( 13 ), prestar servicios de seguro y reaseguro, es preciso ampliar la lista de formas jurídicas admitidas de empresas de seguros y reaseguros contenida en la Directiva 2009/138/CE para incluir en ella a la sociedad cooperativa europea. (50) Resulta oportuno adaptar el importe mínimo en euros del capital mínimo obligatorio correspondiente a las empresas de seguro y reaseguro. Esta adaptación se deriva del ajuste periódico, en función de la inflación, de los requisitos mínimos de capital vigentes en lo que respecta a tales empresas. (51) El cálculo del capital de solvencia obligatorio para los seguros de enfermedad debe reflejar los sistemas nacionales de nivelación y tener en cuenta asimismo los cambios en la legislación sanitaria nacional, ya que constituyen una parte fundamental del sistema de seguros dentro de dichos mercados sanitarios nacionales. (52) Ciertas competencias de ejecución conferidas en virtud del artículo 202 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea deben sustituirse por las disposiciones adecuadas en virtud del artículo 290 del TFUE. (53) La adaptación de los procedimientos de comitología al TFUE y, en particular, a su artículo 290 debe efectuarse caso por caso. A fin de tener en cuenta los progresos técnicos de los mercados financieros y de precisar los requisitos establecidos en las Directivas que la presente Directiva modifica, procede facultar a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE. En particular, procede adoptar actos delegados que regulen los pormenores relativos a los requisitos de gobernanza, la valoración, la información presentada a efectos de supervisión y la publicación de información, la determinación y clasificación de los fondos propios, la fórmula estándar para calcular el capital de solvencia obligatorio (junto con toda modificación consiguiente en lo referente a las adiciones de capital), y la elección de los métodos e hipótesis para el cálculo de las provisiones técnicas. (54) En la Declaración 39 relativa al artículo 290 del TFUE, aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa, la Conferencia toma nota de la intención de la Comisión de seguir consultando a expertos nombrados por los Estados miembros para la elaboración de sus proyectos de actos delegados en el ámbito de los servicios financieros, conforme a su práctica establecida. (55) Resulta oportuno que el Parlamento Europeo y el Consejo dispongan de tres meses a partir de la fecha de notificación para formular objeciones a un acto delegado. Por iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo, dicho plazo debe ser prorrogable tres meses con respecto a ámbitos problemáticos importantes. El Parlamento Europeo y el Consejo deben, asimismo, tener la posibilidad de informar a las demás instituciones de su intención de no formular objeciones. Esta aprobación anticipada de los actos delegados es particularmente apropiada en el supuesto de que deban cumplirse determinados plazos, por ejemplo, si el acto de base contiene un calendario para la adopción por la Comisión de actos delegados. (56) A la luz de la crisis financiera y de los mecanismos procíclicos que contribuyeron a provocarla y agravaron sus efectos, el Consejo de Estabilidad Financiera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) y el G20 formularon recomendaciones para mitigar los efectos procíclicos de la regulación financiera. Estas recomendaciones inciden directamente en las empresas de seguros y de reaseguros dada su condición de elementos importantes del sistema financiero. (57) A fin de conseguir una aplicación coherente de la presente Directiva y de asegurar la supervisión macroprudencial en toda la Unión, conviene que la Junta Europea de Riesgo Sistémico, establecida por el Reglamento (UE) no 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 14 ), elabore principios adaptados a la economía de la Unión. (58) La crisis financiera puso de manifiesto que las entidades financieras subestimaban en gran medida el nivel de riesgo de crédito de la contraparte asociado a los instrumentos derivados negociados fuera de los mercados organizados (over the counter, OTC). Esto llevó a que, en septiembre de 2009, el G20 pidiera que se liquidaran más derivados negociados fuera de los mercados organizados a través de una contraparte central. Se pidió asimismo que aquellos derivados negociados fuera de los mercados organizados que no pudieran compensarse centralmente quedaran sujetos a unas exigencias más elevadas de capital a fin de reflejar adecuadamente los riesgos más altos asociados a los mismos. (59) El cálculo de la fórmula estándar del capital de solvencia obligatorio debe tratar las exposiciones frente a las contrapartes centrales cualificadas de manera coherente con el tratamiento de estas exposiciones en las necesidades de capital de las entidades de crédito y de las entidades financieras, como se define en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) no 575/2013, en particular por lo que respecta a las diferencias de trato entre las contrapartes centrales cualificadas y otras contrapartes. (60) Para garantizar que se sigan cumpliendo el objetivo de la Unión de un crecimiento sostenible a largo plazo y los principales objetivos de la Directiva 2009/138/CE, consistentes en proteger a los tomadores de seguros y también en garantizar la estabilidad financiera, la Comisión debe examinar la idoneidad de los métodos, hipótesis y parámetros generales utilizados en la fórmula estándar de cálculo del capital de solvencia obligatorio en un plazo de cinco años a partir de la aplicación de la Directiva 2009/138/CE. La revisión debe basarse en particular en la experiencia general de las empresas de seguros y de reaseguros que utilicen la fórmula estándar del capital de solvencia obligatorio durante el período transitorio. La revisión deberá tener en cuenta la rentabilidad de toda clase de activos e instrumentos financieros, el comportamiento de los inversores respecto de ellos, así como los avances en la regulación internacional en el ámbito de los servicios financieros. Podrá otorgarse una mayor prioridad a la revisión de los parámetros generales de determinadas clases de activos, tales como los valores de renta fija y las infraestructuras a largo plazo. (61) A fin de garantizar una transición fluida al nuevo régimen, conforme a la Directiva 2009/138/CE, es necesario establecer medidas de integración gradual y medidas transitorias específicas. Resulta oportuno que las medidas transitorias estén orientadas a evitar cualquier perturbación del mercado y a limitar las interferencias con los productos existentes, así como a garantizar la disponibilidad de los productos de seguros. Las medidas transitorias deben alentar a las empresas a comenzar a cumplir lo antes posible los requisitos específicos del nuevo régimen. (62) Es necesario prever un régimen transitorio para los fondos de pensiones de empleo de las empresas de seguros en virtud del artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 15 ), al tiempo que la Comisión lleva a cabo su revisión de dicha Directiva. El régimen transitorio debería finalizar tan pronto como entren en vigor las modificaciones de la Directiva 2003/41/CE. (63) No obstante la aplicación anticipada de la Directiva 2009/138/CE, en particular por lo que respecta a las evaluaciones relativas a la aprobación de modelos internos, los fondos propios complementarios, la clasificación de los fondos propios, los parámetros específicos de las empresas, las entidades con cometido especial, el submódulo de riesgo de renta variable basado en la duración, y la disposición transitoria sobre el cálculo de la mejor estimación en lo que se refiere a las obligaciones de seguro o reaseguro correspondientes a primas desembolsadas en relación con los contratos en vigor, las Directivas del Consejo 64/225/CEE ( 16 ), 73/239/CEE ( 17 ), 73/240/CEE ( 18 ), 76/580/CEE ( 19 ), 78/473/CEE ( 20 ), 84/641/CEE ( 21 ), 87/344/CEE ( 22 ), 88/357/CEE ( 23 ) y 92/49/CEE ( 24 ), y de las Directivas 98/78/CE ( 25 ), 2001/17/CE ( 26 ), 2002/83/CE ( 27 ) y 2005/68/CE ( 28 ) del Parlamento Europeo y del Consejo (en lo sucesivo conocidas colectivamente como «Solvencia I»), modificadas por los actos indicados en la parte A del anexo VI de la Directiva 2009/138/CE, deben seguir aplicándose hasta el final de 2015. (64) De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva y a la Directiva 2009/138/CE, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada. (65) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, mejorar el funcionamiento del mercado interior garantizando un nivel elevado, efectivo y coherente de regulación y supervisión prudencial, proteger a los tomadores de seguros y a los beneficiarios, y, por tanto, a las empresas y a los consumidores, proteger la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros, mantener la estabilidad del sistema financiero y reforzar la coordinación internacional de la supervisión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. (66) Procede modificar las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE y los Reglamentos (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 y (UE) no 1095/2010 en consecuencia. Considerando lo siguiente: HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:







Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 2003/71/CE

La Directiva 2003/71/CE queda modificada como sigue:

1) En el artículo 5, apartado 4, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente: « ► Si las condiciones finales de la oferta no figuran ni en el folleto de base ni en un suplemento, se facilitarán las mismas a los inversores, se presentarán a la autoridad competente del Estado miembro de origen, y serán comunicadas, asimismo, por dicha autoridad competente a la autoridad competente del Estado o Estados miembros de acogida, tan pronto como sea factible al realizar cada oferta pública, y, de ser posible, antes del lanzamiento de la oferta o de la admisión a cotización. La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará las condiciones finales a la AEVM. Las condiciones finales solo contendrán información relacionada con la nota sobre los valores y no servirán para completar el folleto de base. En esos casos será de aplicación el artículo 8, apartado 1, letra a). ◄ ».

2) En el artículo 11, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: «3. A fin de asegurar la armonización coherente del presente artículo, la AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen la información que habrá de incorporarse por referencia. La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el 1 de julio de 2015. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en lo referente a las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1095/2010.».

3) En el artículo 13, el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: «7. A fin de asegurar una armonización coherente en relación con la aprobación de los folletos, la AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar los procedimientos para la aprobación de los folletos y las condiciones con arreglo a las cuales podrán adaptarse los plazos. La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el 1 de julio de 2015. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en lo referente a las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1095/2010.».

4) En el artículo 14, el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: «8. A fin de asegurar la armonización coherente del presente artículo, la AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que precisen las disposiciones relativas a la publicación del folleto de los apartados 1 a 4. La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el 1 de julio de 2015. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en lo referente a las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1095/2010.».

5) En el artículo 15, el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: «7. A fin de asegurar la armonización coherente del presente artículo, la AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para precisar las disposiciones relativas a la difusión de publicidad que anuncie la intención de ofertar valores al público o la admisión a cotización en un mercado regulado, en particular antes de que el folleto se haya hecho público o antes de la apertura de la suscripción, así como para precisar lo dispuesto en el apartado 4. La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el 1 de julio de 2015. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en lo referente a las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1095/2010.».

6) Se añade el artículo siguiente: «Artículo 31 bis Personal y recursos de la AEVM La AESPJ evaluará las necesidades de personal y recursos derivadas de la asunción de sus poderes y obligaciones de conformidad con la presente Directiva y presentará un informe al respecto al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.».

Artículo 2

Modificaciones de la Directiva 2009/138/CE

La Directiva 2009/138/CE queda modificada como sigue:

1) El artículo 13 queda modificado como sigue: a) tras el punto 32 se añade el punto siguiente: «32 bis) “contraparte central cualificada”: una contraparte central que haya sido autorizada de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 29 ) o reconocida de conformidad con el artículo 25 de dicho Reglamento. b) se añade el punto siguiente: «40) “agencia de calificación crediticia externa” o “ECAI”: una agencia de calificación crediticia registrada o certificada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 30 ) o un banco central que emita calificaciones crediticias exentas de la aplicación de dicho Reglamento.

2) En el artículo 17, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: «3. La Comisión podrá adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 301 bis relativos a la lista de formas jurídicas contenida en el anexo III, excluidos los puntos 28 a 29 de las partes A, B y C.».

3) Se inserta el artículo siguiente: «Artículo 25 bis Notificación y publicación de autorizaciones y revocación de las mismas Toda autorización o revocación será notificada a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación — AESPJ), creada por el Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 31 ). La denominación de cada empresa de seguros o de reaseguros a la que se haya concedido autorización se consignará en una lista. La AESPJ publicará dicha lista en su sitio web y la mantendrá actualizada.

4) En el artículo 29, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: «4. Los actos delegados y las normas técnicas de regulación y de ejecución adoptadas por la Comisión tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad, asegurando de esta manera la aplicación proporcionada de la presente Directiva, en particular en lo que concierne a las pequeñas empresas de seguros. Los proyectos de normas técnicas de regulación, presentados por la AESPJ de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1094/2010, los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados de conformidad con el artículo 15 de dicho Reglamento, y las directrices y recomendaciones emitidas de conformidad con el artículo 16 de dicho Reglamento tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad, asegurando de esta manera la aplicación proporcionada de la presente Directiva, en particular en lo que concierne a las pequeñas empresas de seguros.».

5) En el artículo 31, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: «4. Sin perjuicio de los artículos 35, 51, 254, apartado 2, y 256, la Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 301 bis actos delegados en relación con el apartado 2 del presente artículo en los que se especifiquen los aspectos fundamentales con respecto a los cuales se divulgarán datos estadísticos agregados, así como el contenido y la fecha de publicación de la información. 5. A fin de garantizar condiciones de aplicación uniformes del apartado 2 del presente artículo, y sin perjuicio de los artículos 35, 51, 254, apartado 2, y 256, la AESPJ elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que especifiquen las plantillas y la estructura de la información que se debe divulgar prevista en el presente artículo. La AESPJ presentará dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión a más tardar el 30 de septiembre de 2015. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) no 1094/2010.».

6) En el artículo 33 se añaden los párrafos siguientes: «Cuando una autoridad de supervisión haya comunicado a las autoridades de supervisión del Estado miembro de acogida que tiene la intención de realizar verificaciones in situ de conformidad con el apartado 1, y cuando se prohíba a dicha autoridad de supervisión el ejercicio de su derecho de realizar dichas verificaciones in situ, o cuando en la práctica estas autoridades de supervisión del Estado miembro de acogida no puedan ejercer en la práctica su derecho a la participación con arreglo al apartado 2, las autoridades de supervisión podrán remitir el asunto a la AESPJ y solicitar su asistencia de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) no 1094/2010. En tal caso, la AESPJ podrá actuar con arreglo a los poderes que le confiere dicho artículo. De conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) no 1094/2010, la AESPJ podrá participar en inspecciones in situ cuando sean efectuadas de forma conjunta por dos o más autoridades de supervisión.».

7) El artículo 35 se modifica como sigue: a) en el apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: «1. Los Estados miembros exigirán a las empresas de seguros y de reaseguros que presenten a las autoridades de supervisión la información que sea necesaria a efectos de supervisión, teniendo en cuenta los objetivos de supervisión contemplados en los artículos 27 y 28. Dicha información incluirá, al menos, la que resulte necesaria para las siguientes actuaciones en el marco del proceso a que se refiere el artículo 36:»; b) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: «6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129, apartado 4, cuando los períodos predefinidos a que se hace referencia en el apartado 2, letra a), inciso i), sean de duración inferior a un año, las autoridades de supervisión podrán limitar la información regular a efectos de supervisión, si: a) la presentación de dicha información es excesivamente gravosa en relación con la naturaleza, dimensión y complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de la empresa; b) la información se comunica al menos una vez al año. Las autoridades de supervisión no limitarán la presentación regular de información a efectos de supervisión a intervalos de menos de un año en el caso de las empresas de seguros o de reaseguros que formen parte de un grupo en el sentido del artículo 212, apartado 1, letra c), a menos que la empresa pueda demostrar, a satisfacción de la autoridad de supervisión, que la presentación regular de información a intervalos de menos de un año a efectos de supervisión es inadecuada, habida cuenta de la naturaleza, el volumen y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad del grupo. La limitación de la presentación regular de información a efectos de supervisión solo se permitirá a las empresas que no representen más del 20 % del mercado de seguros y reaseguros de vida y distintos de los de vida de un Estado miembro respectivamente, si la cuota de mercado de los seguros distintos de los de vida se basa en las primas brutas emitidas y la cuota de mercado se base en provisiones técnicas brutas. Las autoridades de supervisión establecerán un orden de prioridad entre las empresas más pequeñas a la hora de determinar la admisibilidad de las empresas para esas limitaciones. 7. Las autoridades de supervisión interesadas podrán limitar la presentación regular de información a efectos de supervisión o eximir a las empresas de seguros y de reaseguros de la obligación de informar detallando todos los elementos uno por uno, en los casos siguientes: a) la presentación de dicha información es excesivamente gravosa en relación con la naturaleza, dimensión y complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de la empresa; b) la presentación de dicha información no es necesaria para la supervisión efectiva de la empresa; c) la exención no vulnera la estabilidad de los sistemas financieros en cuestión en la Unión, y d) la empresa es capaz de proporcionar la información con carácter ad hoc. Las autoridades de supervisión no eximirán de informar detallando uno por uno todos los elementos a las empresas de seguros o de reaseguros que formen parte de un grupo, en el sentido del artículo 212, apartado 1, letra c), a menos que la empresa pueda demostrar, a satisfacción de la autoridad de supervisión, que la información detallando uno por uno todos los elementos es inapropiada teniendo en cuenta la naturaleza, el volumen y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad del grupo y teniendo en cuenta el objetivo de la estabilidad financiera. La exención de la obligación de informar detallando uno por uno todos los elementos solo se concederá a las empresas que no representen más del 20 % del mercado de seguros y reaseguros de vida y distintos de los de vida de un Estado miembro respectivamente, si la cuota de mercado de los seguros distintos de los de vida se basa en las primas brutas emitidas y la cuota de mercado se base en provisiones técnicas brutas. Las autoridades de supervisión establecerán un orden de prioridad entre las empresas más pequeñas a la hora de determinar la admisibilidad de las empresas para esas exenciones. 8. A efectos de los apartados 6 y 7, como parte del proceso de revisión supervisora, las autoridades de supervisión evaluarán si la presentación de dicha información es excesivamente gravosa en relación con la naturaleza, dimensión y complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de la empresa, teniendo en cuenta al menos: a) el volumen de las primas, las provisiones técnicas y los activos de la empresa; b) la volatilidad de las reclamaciones y prestaciones cubiertas por la empresa; c) los riesgos de mercado que las inversiones de la empresa originen; d) el nivel de las concentraciones de riesgo; e) el número total de clases de seguros de vida y distintos del seguro de vida para las que se ha concedido la autorización; f) los posibles efectos de la gestión de los activos de la empresa sobre la estabilidad financiera; g) los sistemas y estructuras de la empresa destinados a proporcionar información, con fines de supervisión, y las políticas escritas a que se refiere el apartado 5; h) la adecuación del sistema de gobernanza de la empresa; i) el nivel de los fondos propios para cubrir el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio; j) si la empresa es una empresa de seguros o de reaseguros cautiva que solo cubre riesgos asociados al grupo industrial o comercial al que pertenece. 9. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 301 bis, en los que se especifique la información a que se refieren los apartados 1 a 4 del presente artículo y los plazos para la presentación de dicha información, con vistas a garantizar el oportuno grado de convergencia de la información presentada a efectos de supervisión. 10. A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente artículo, la AESPJ elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que especifiquen la presentación regular de información a efectos de supervisión por lo que se refiere a las plantillas de presentación de información a las autoridades de supervisión a que se hace referencia en los apartados 1 y 2. La AESPJ presentará dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión a más tardar el 30 de junio de 2015. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) no 1094/2010. 11. A fin de asegurar una aplicación coherente y congruente de los apartados 6 y 7, la AESPJ emitirá directrices, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) no 1094/2010, para especificar los métodos que deberán aplicarse para determinar las cuotas de mercado a las que se hace referencia en el tercer párrafo de los apartados 6 y 7.».

8) El artículo 37 queda modificado como sigue: a) el apartado 1 queda modificado como sigue: i) la letra b) se sustituye por el texto siguiente: «b) las autoridades de supervisión llegan a la conclusión de que el perfil de riesgo de la empresa de seguros o de reaseguros se aparta significativamente de las hipótesis en que se basa el capital de solvencia obligatorio, calculado mediante un modelo interno completo o parcial de conformidad con el capítulo VI, sección 4, subsección 3, porque ciertos riesgos cuantificables no se tienen suficientemente en cuenta, y el modelo con vistas a reflejar mejor el perfil de riesgo considerado no se ha adaptado en un plazo adecuado;»; ii) se añade lo siguiente: «d) la empresa de seguros o de reaseguros aplica el ajuste por casamiento al que se refiere el artículo 77 ter, el ajuste por volatilidad contemplado en el artículo 77 quinquies o las medidas transitorias contempladas en los artículos 308 quater y 308 quinquies y la autoridad de supervisión llega a la conclusión de que el perfil de riesgo de la empresa se aparta significativamente de las hipótesis en que se basan dichos ajustes y medidas transitorias.»; b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. En las circunstancias señaladas en el apartado 1, letras a) y b), la adición de capital se calculará de tal forma que la empresa cumpla lo dispuesto en el artículo 101, apartado 3. En las circunstancias señaladas en el apartado 1, letra c), la adición de capital será proporcional a los riesgos significativos derivados de las deficiencias que dieron pie a la decisión de las autoridades de supervisión de imponer dicha adición de capital. En las circunstancias señaladas en el apartado 1, letra d), la adición de capital será proporcional a los riesgos significativos derivados de la desviación a que se hace referencia en dicho apartado.»; c) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: «6. La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 301 bis, actos delegados en los que se precisen las circunstancias en las que podrá imponerse una adición de capital. 7. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 301 bis por el que se establecen especificaciones adicionales para las metodologías para el cálculo de las adiciones de capital. 8. A fin de garantizar condiciones de aplicación uniformes del presente artículo, la AESPJ elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que especifiquen los procedimientos para adoptar las decisiones relativas a la imposición, el cálculo y la supresión de las adiciones de capital. La AESPJ presentará dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión a más tardar el 30 de septiembre de 2015. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) no 1094/2010.».

9) En el artículo 38, apartado 2, se añaden los párrafos siguientes: «Cuando una autoridad de supervisión haya comunicado a la autoridad competente del Estado miembro del prestador de servicio que se propone realizar una inspección in situ con arreglo al presente apartado, o cuando lleve a cabo una inspección in situ de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero si esa autoridad de supervisión no puede ejercer en la práctica su derecho a realizar dicha inspección in situ, la autoridad de supervisión podrá remitir el asunto a la AESPJ y solicitar su asistencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (UE) no 1094/2010. En tal caso, la AESPJ podrá actuar con arreglo a los poderes que le confiere dicho artículo. De conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) no 1094/2010, la AESPJ tendrá derecho a participar en las inspecciones in situ cuando sean efectuadas de forma conjunta por dos o más autoridades de supervisión.».

10) El artículo 44 queda modificado como sigue: a) en el apartado 2 se añade el párrafo siguiente: «Cuando las empresas de seguros y reaseguros apliquen el ajuste por casamiento contemplado en el artículo 77 ter o el ajuste por volatilidad contemplado en el artículo 77 quinquies, se establecerá un plan de liquidez que proyecte los flujos de caja entrantes y salientes en relación con los activos y pasivos sujetos a estos ajustes.»; b) se añade el apartado siguiente: «2 bis. Por lo que se refiere a la gestión de activos y pasivos, las empresas de seguros y de reaseguros, evaluarán periódicamente: a) la sensibilidad de sus provisiones técnicas y fondos propios admisibles para las hipótesis en las que se base la extrapolación de la pertinente estructura temporal de tipos de interés sin riesgo a que se refiere el artículo 77 bis; b) en caso de que se aplique el ajuste por casamiento al que se refiere el artículo 77 ter: i) la sensibilidad de sus provisiones técnicas y fondos propios admisibles para las hipótesis en las que se basa el cálculo del ajuste por casamiento, incluido el cálculo del diferencial fundamental a que se refiere el artículo 77 quater, apartado 1, letra b), y el posible efecto de una venta forzada de activos sobre sus fondos propios admisibles, ii) la sensibilidad de sus provisiones técnicas y fondos propios admisibles para los cambios en la composición de la cartera de activos asignada, iii) el impacto de la reducción del ajuste por casamiento a cero; c) en caso de que se aplique el ajuste por volatilidad al que se refiere el artículo 77 quinquies: i) la sensibilidad de sus provisiones técnicas y fondos propios admisibles para las hipótesis en las que se basa el cálculo del ajuste por volatilidad y el posible efecto de una venta forzada de activos en sus fondos propios admisibles, ii) el impacto de la reducción del ajuste por volatilidad a cero. Las empresas de seguros y reaseguros presentarán dichas evaluaciones contempladas en el párrafo primero, letras a), b) y c), anualmente a la autoridad de supervisión como parte de la información a que se refiere el artículo 35. Cuando la reducción a cero del ajuste por volatilidad dé lugar al incumplimiento del capital de solvencia obligatorio la empresa presentará también un análisis de las medidas que podría aplicar en tal situación para restablecer el nivel de fondos propios admisibles correspondiente a la cobertura del capital de solvencia obligatorio o para reducir su perfil de riesgo con el fin de cubrir el capital de solvencia obligatorio. Cuando se aplique el ajuste por volatilidad a que se refiere el artículo 77 quinquies, la política escrita en materia de gestión de riesgos a que se refiere el artículo 41, apartado 3, comprenderá una política sobre los criterios para la aplicación del ajuste por volatilidad.»; c) se inserta el apartado siguiente: «4 bis. Con el fin de evitar la excesiva dependencia de las agencias de calificación crediticia externa, cuando utilicen la calificación crediticia externa en el cálculo de las provisiones técnicas y el capital de solvencia obligatorio, las empresas de seguros y reaseguros evaluarán la adecuación de estas evaluaciones crediticias externas como parte de su gestión de riesgos por medio de evaluaciones adicionales, siempre que sea posible, con el fin de evitar la dependencia automática de evaluaciones externas. Con el fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente apartado, la AESPJ elaborará normas técnicas de ejecución que especifiquen los procedimientos para comprobar las evaluaciones de crédito externas. La AESPJ presentará dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión a más tardar el 30 de junio de 2015. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo segundo con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) no 1094/2010.».

11) En el artículo 45 se inserta el apartado siguiente: «2 bis. Cuando la empresa de seguros o reaseguros aplique el ajuste por casamiento al que se refiere el artículo 77 ter, el ajuste por volatilidad contemplado en el artículo 77 quinquies o las medidas transitorias a que se refieren los artículos 308 quater y 308 quinquies, realizará la evaluación del cumplimiento de los requisitos de capital a que se refiere el apartado 1, letra b), con y sin tener en cuenta estas adaptaciones y medidas transitorias.».

12) El artículo 50 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 50 Actos delegados y normas técnicas de regulación 1. La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 301 bis, actos delegados en los que se especificará más pormenorizadamente lo siguiente: a) los elementos de los sistemas a que se refieren los artículos 41, 44, 46 y 47, y en particular las áreas que deberá englobar la política de gestión de activos y pasivos y de inversiones, según lo previsto en el artículo 44, apartado 2, de las empresas de seguros y de reaseguros; b) las funciones a que se refieren los artículos 44, 46, 47 y 48. 2. A fin de asegurar la armonización coherente de la presente sección, la AESPJ elaborará, sin perjuicio del artículo 301 ter, proyectos de normas técnicas de regulación para especificar lo siguiente: a) los requisitos establecidos en el artículo 42 y las funciones sujetas a los mismos; b) las condiciones en las que podrá recurrirse a la externalización, en particular con proveedores de servicios situados en terceros países. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados relativos a las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1094/2010. 3. A fin de asegurar una armonización coherente en relación con la evaluación a que se refiere el artículo 45, apartado 1, letra a), la AESPJ elaborará, sin perjuicio del artículo 301 ter, proyectos de normas técnicas de regulación para especificar más pormenorizadamente los elementos de dicha evaluación. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados relativos a las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero con arreglo a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1094/2010.».

13) El artículo 51 queda modificado como sigue: a) se inserta el apartado siguiente: «1 bis. En caso de que se aplique el ajuste por casamiento al que se refiere el artículo 77 ter, la descripción a que se refiere el apartado 1, letra d), incluirá una descripción del ajuste por casamiento y de la cartera de obligaciones y activos asignados a la que se aplique el ajuste por casamiento, así como una cuantificación del efecto de un cambio a cero del ajuste por casamiento en la situación financiera de la empresa. La descripción a que se refiere el apartado 1, letra d), comprenderá también una declaración sobre si el ajuste por volatilidad al que se refiere el artículo 77 quinquies es utilizado por la empresa, así como una cuantificación del efecto de un cambio a cero del ajuste por volatilidad en la posición financiera de la empresa.»; b) en el apartado 2, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente: «No obstante, y sin perjuicio de la información que obligatoriamente deba publicarse en virtud de cualesquiera otros requisitos legales o reglamentarios, los Estados miembros podrán disponer que, a pesar de que se haya publicado el capital de solvencia obligatorio total al que se hace referencia en el apartado 1, letra e), inciso ii), la indicación separada de la adición de capital o del impacto de los parámetros específicos que la empresa de seguros o reaseguros debe utilizar de conformidad con el artículo 110, no sea obligatoria durante un período transitorio que finalizará el 31 de diciembre de 2020 a más tardar.».

14) El artículo 52 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 52 Información a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación e informes de la misma 1. Sin perjuicio del artículo 35 del Reglamento (UE) no 1094/2010, los Estados miembros exigirán a las autoridades de supervisión que faciliten anualmente la siguiente información a la AESPJ: a) la adición de capital media por empresa y la distribución de las adiciones de capital impuestas por las autoridades de supervisión durante el año anterior, en porcentaje del capital de solvencia obligatorio, para las categorías siguientes: i) las empresas de seguros y de reaseguros, ii) las empresas de seguros de vida, iii) las empresas de seguros distintos del seguro de vida, iv) las empresas de seguros que realizan actividades de seguro de vida y de seguros distintos del seguro de vida, v) las empresas de reaseguros; b) en relación con cada una de las indicaciones contempladas en la letra a) del presente apartado, la proporción de las adiciones de capital impuestas de conformidad con el artículo 37, apartado 1, letras a), b) y c), respectivamente; c) el número de empresas de seguros y reaseguros que se benefician de la limitación de la obligación de presentar información regular a efectos de supervisión y el número de empresas de seguros y reaseguros que se benefician de la exención de notificación detallando uno por uno todos los elementos a que se refiere el artículo 35, apartados 6 y 7, junto con su volumen de requisitos de capital, primas, provisiones técnicas y activos, medidos respectivamente como porcentajes del volumen total de los requisitos de capital, primas, provisiones técnicas y activos de las empresas de seguros y reaseguros del Estado miembro; d) el número de grupos que se benefician de la limitación de la obligación de presentar información regular a efectos de supervisión y el número de grupos que se benefician de la exención de notificación detallando uno por uno todos los elementos a que se refiere el artículo 254, apartado 2, junto con su volumen de requisitos de capital, primas, provisiones técnicas y activos, medidos respectivamente como porcentajes del volumen total de los requisitos de capital, primas, provisiones técnicas y activos de las empresas de seguros y reaseguros de todos los grupos. 2. La AESPJ publicará anualmente la siguiente información: a) para todos los Estados miembros conjuntamente, la distribución total de adiciones de capital, en porcentaje del capital de solvencia obligatorio, en relación con cada una de las siguientes categorías: i) las empresas de seguros y de reaseguros, ii) las empresas de seguros de vida, iii) las empresas de seguros distintos del seguro de vida, iv) las empresas de seguros que realizan actividades de seguro de vida y de seguros distintos del seguro de vida, v) las empresas de reaseguros; b) para cada Estado miembro por separado, la distribución de las adiciones de capital, en porcentaje del capital de solvencia obligatorio, referida a todas las empresas de seguros y de reaseguros en dicho Estado miembro; c) en relación con cada una de las indicaciones contempladas en las letras a) y b) del presente apartado, la proporción de las adiciones de capital impuestas de conformidad con el artículo 37, apartado 1, letras a), b) y c), respectivamente; d) para todos los Estados miembros colectivamente, el número total de empresas y grupos de seguros y reaseguros que se benefician de la limitación de la obligación de presentar información regular a efectos de supervisión y el número total de empresas y grupos de seguros y reaseguros que se benefician de la exención de notificación detallando uno por uno todos los elementos a que se refieren el artículo 35, apartados 6 y 7, y el artículo 254, apartado 2, junto con su volumen de requisitos de capital, primas, provisiones técnicas y activos, medidos respectivamente como porcentajes del volumen total de los requisitos de capital, primas, provisiones técnicas y activos de todas las empresas y grupos de seguros y reaseguros; e) para cada Estado miembro por separado, el número de empresas y grupos de seguros y reaseguros que se benefician de la limitación de la obligación de presentar información regular a efectos de supervisión y el número de empresas y grupos de seguros y reaseguros que se benefician de la exención de notificación detallando uno por uno todos los elementos a que se refieren el artículo 35, apartados 6 y 7, y el artículo 254, apartado 2, junto con su volumen de requisitos de capital, primas, provisiones técnicas y activos, medidos respectivamente como porcentajes del volumen total de los requisitos de capital, primas, provisiones técnicas y activos de las empresas y grupos de seguros y reaseguros del Estado miembro. 3. La AESPJ facilitará la información a que se refiere el apartado 2 al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, junto con un informe en el que se presente el grado de convergencia en el recurso a la imposición de adiciones de capital entre las autoridades de supervisión de los diferentes Estados miembros.».

15) El artículo 56 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 56 Informe sobre la situación financiera y de solvencia: Actos delegados y normas técnicas de ejecución La Comisión adoptará con arreglo al artículo 301 bis actos delegados en los que se especificará más pormenorizadamente la información que deberá publicarse y los plazos de publicación anual de la información de conformidad con la sección 3. A fin de asegurar condiciones uniformes de aplicación de esta sección, la AESPJ elaborará normas técnicas de ejecución para especificar los procedimientos, formatos y plantillas. La AESPJ presentará estos proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión a más tardar el 30 junio de 2015. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el apartado 2 de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1094/2010.».

16) En el artículo 58, el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: «8. A fin de asegurar una armonización coherente de la presente sección, la AESPJ podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para establecer una lista exhaustiva de la información mencionada en el artículo 59, apartado 4, que los adquirentes propuestos deberán incluir en su notificación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58, apartado 2. A fin de asegurar una armonización coherente de la presente sección y para tener en cuenta los futuros acontecimientos, la AESPJ elaborará, sin perjuicio del artículo 301 ter, proyectos de normas técnicas de regulación para establecer los ajustes de los criterios fijados en el artículo 59, apartado 1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados relativos a las normas técnicas de regulación a que se refieren los párrafos primero y segundo, con arreglo a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1094/2010. 9. A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación de la presente Directiva, la AESPJ podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución en relación con los procedimientos, formularios y plantillas para el proceso de consulta entre las autoridades competentes pertinentes a que se refiere el artículo 60. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) no 1094/2010.».

17) Se inserta el artículo siguiente: «Artículo 65 bis Cooperación con la AESPJ Los Estados miembros garantizarán que las autoridades de supervisión cooperan con la AESPJ a efectos de la presente Directiva, de conformidad con el Reglamento (UE) no 1094/2010. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades de supervisión proporcionan sin demora toda la información necesaria a la AESPJ para que esta cumpla sus obligaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) no 1094/2010.».

18) Se inserta el artículo siguiente: «Artículo 67 bis Competencias de investigación del Parlamento Europeo Las disposiciones de los artículos 64 y 67 se entenderán sin perjuicio de las competencias de investigación conferidas al Parlamento Europeo en el artículo 226 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).».

19) En el artículo 69, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: «Dichas comunicaciones solo podrán realizarse cuando sea necesario por razones de supervisión prudencial. Sin embargo, los Estados miembros establecerán que la información recibida con arreglo al artículo 65 y al artículo 68, apartado 1, y la obtenida por medio de las verificaciones in situ contempladas en el artículo 33 solo pueda ser comunicada con el acuerdo expreso de la autoridad de supervisión de la que proceda la información o de la autoridad de supervisión del Estado miembro en el que se haya efectuado la verificación in situ.».

20) El artículo 70 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 70 Transmisión de información a los bancos centrales, las autoridades monetarias, los supervisores de sistemas de pagos y la Junta Europea de Riesgo Sistémico 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 64 a 69, las autoridades de supervisión podrán transmitir información destinada al cumplimiento de su misión a los siguientes organismos y autoridades: a) a los bancos centrales del Sistema Europeo de Bancos Centrales (ESCB), incluidos el Banco Central Europeo (BCE) y otros organismos de función similar en su calidad de autoridades monetarias, en caso de que la información sea pertinente para el desempeño de sus respectivas funciones legales, tales como la aplicación de la política monetaria y la correspondiente provisión de liquidez, la supervisión de los sistemas de pago, de compensación y de liquidación de valores, y la defensa de la estabilidad del sistema financiero; b) en su caso, a otras autoridades públicas nacionales encargadas de la supervisión de los sistemas de pago, y c) a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), creada por el Reglamento (UE) no 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 32 ), cuando esta información sea pertinente para el desempeño de sus tareas. 2. En una situación de emergencia, incluida una situación de emergencia como la que se define en el artículo 18 del Reglamento (UE) no 1094/2010, los Estados miembros permitirán que las autoridades de supervisión competentes comuniquen sin demora la información a los bancos centrales del Sistema Europeo de Bancos Centrales, incluido el BCE, en caso de que dicha información sea pertinente para el desempeño de sus funciones legales, tales como la aplicación de la política monetaria y la correspondiente provisión de liquidez, la supervisión de los sistemas de pago, de compensación y de liquidación de valores, y la defensa de la estabilidad del sistema financiero, y a la JERS, en la medida en que dicha información sea pertinente para sus cometidos. 3. Dichas autoridades u organismos podrán comunicar, asimismo, a las autoridades de supervisión la información que precisen a efectos del artículo 67. La información recibida en este contexto estará sujeta a las disposiciones sobre secreto profesional establecidas en la presente sección.

21) El artículo 71 queda modificado como sigue: a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. Los Estados miembros velarán por que, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades de supervisión presten atención a la convergencia, en términos de instrumentos y prácticas de supervisión, en la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva. A tal fin, los Estados miembros velarán por que: a) las autoridades de supervisión participen en las actividades de la AESPJ; b) las autoridades de supervisión hagan todo lo posible para cumplir las directrices y recomendaciones emitidas por la AESPJ de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) no 1094/2010 e indiquen sus razones en caso de no hacerlo; c) los mandatos nacionales otorgados a las autoridades de supervisión no les impidan ejercer sus funciones en calidad de miembros de la AESPJ o en virtud de la presente Directiva.»; b) se suprime el apartado 3.

22) En el artículo 75, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 301 bis, actos delegados en los que se establecerán los métodos y las hipótesis a utilizar en la valoración de los activos y pasivos, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1. 3. Con el fin de garantizar una armonización coherente en relación con la valoración de los activos y los pasivos, la AESPJ elaborará, sin perjuicio del artículo 301 ter, proyectos de normas técnicas de regulación para especificar: a) en la medida en que los actos delegados a que se refiere el apartado 2 exigen la utilización de las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002, la coherencia de las normas contables con el planteamiento en materia de valoración de los activos y pasivos, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2; b) los métodos y las hipótesis que se deben utilizar cuando los precios de cotización en el mercado no estén disponibles o en caso de que las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 no sean coherentes, de manera temporal o permanente, con el planteamiento en materia de valoración de los activos y pasivos, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2; c) los métodos y las hipótesis a utilizar en la valoración de los activos y pasivos, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, cuando los actos delegados mencionados en el apartado 2 permiten el uso de otros métodos de valoración alternativos. Se delegan competencias a la Comisión para que adopte las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1094/2010.».

23) Se insertan los artículos siguientes: «Artículo 77 bis Extrapolación de la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo La determinación de la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo a que se hace referencia en el artículo 77, apartado 2, se basará en la información procedente de los instrumentos financieros pertinentes y será coherente con la misma. Dicha determinación tendrá en cuenta los pertinentes instrumentos financieros correspondientes a vencimientos para los que los mercados de dichos instrumentos financieros así como los de bonos y obligaciones sean profundos, líquidos y transparentes. Con respecto a los vencimientos para los que los mercados de los instrumentos financieros pertinentes o de los bonos y obligaciones ya no sean profundos, líquidos y transparentes, se extrapolará la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo. La parte extrapolada de la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo se basará en tipos de interés futuros que converjan progresivamente desde uno o una serie de tipos futuros relativos a los vencimientos más largos para los cuales el pertinente instrumento financiero y los bonos y obligaciones puedan observarse en un mercado profundo, líquido y transparente hasta un último tipo de interés futuro. Artículo 77 ter Ajuste por casamiento de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo 1. Las empresas de seguros y de reaseguros pueden aplicar un ajuste por casamiento a la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo para calcular la mejor estimación de una cartera de obligaciones de seguro o reaseguro de vida, incluidas las prestaciones en forma de renta procedentes de contratos de seguro o reaseguro distintos del seguro de vida condicionados a la aprobación previa de las autoridades de supervisión cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) la empresa de seguros o de reaseguros ha asignado una cartera de activos, compuesta por bonos y obligaciones y otros activos con unas características similares de flujos de caja, para cubrir la mejor estimación de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro, y mantiene esa asignación durante toda la vida de las obligaciones, excepto para mantener la replicación de los flujos de caja esperados entre los activos y los pasivos cuando estos flujos de caja hayan cambiado de forma sustancial; b) la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro a la que se aplica el ajuste por casamiento y la cartera de activos asignada están identificadas, organizadas y gestionadas por separado respecto de otras actividades de las empresas, y la cartera de activos asignada no puede utilizarse para cubrir pérdidas derivadas de otras actividades de las empresas; c) los flujos de caja esperados de la cartera de activos asignada replican cada uno de los flujos de caja esperados de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro en la misma moneda y ninguna falta de casamiento da lugar a riesgos significativos en relación con los riesgos inherentes a las actividades de seguros o reaseguros a las que se les aplica un ajuste por casamiento; d) los contratos en los que se basa la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro no dan lugar al pago de primas futuras; e) los únicos riesgos de suscripción vinculados a la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro son los riesgos de longevidad, de gastos, de revisión y de mortalidad; f) si el riesgo de suscripción vinculado a la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro incluye el riesgo de mortalidad, la mejor estimación de dicha cartera no aumenta en más de un 5 % en el caso de una repercusión del riesgo de mortalidad evaluada según los principios establecidos en el artículo 101, apartados 2 a 5; g) los contratos en los que se basan las carteras obligaciones de seguro o de reaseguro no incluyen opción alguna para el tomador del seguro o incluyen únicamente la opción del rescate del seguro cuando el valor de dicho rescate no exceda el valor de los activos, determinado con arreglo al artículo 75, asignados a las obligaciones de seguro o de reaseguro en el momento en que se ejerce dicha opción de rescate; h) los flujos de caja de la cartera de activos asignada son fijos y no pueden ser modificados por los emisores de los activos ni por terceros; i) las obligaciones de seguro o de reaseguro de un contrato de seguro o de reaseguro no se dividen en varias partes cuando forman la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro a los efectos del presente apartado. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la letra h), las empresas de seguros o de reaseguros podrán utilizar activos cuyos flujos de caja sean fijos, excepto por su dependencia de la inflación, siempre que esos activos repliquen los flujos de caja de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro que dependan de la inflación. En caso de que los emisores o terceros tengan derecho a modificar los flujos de caja de un activo de modo que el inversor reciba una compensación suficiente que le permita obtener los mismos flujos de caja mediante la reinversión en activos de una calidad crediticia equivalente o superior, el derecho a modificar los flujos de caja no impedirá que el activo sea admisible en la cartera asignada con arreglo al párrafo primero, letra h). 2. Las empresas de seguros o de reaseguros que apliquen el ajuste por casamiento a una cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro no podrán volver a adoptar sin más el enfoque que no incluye dicho ajuste. Cuando una empresa de seguros o reaseguros que aplique el ajuste por casamiento deje de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1, informará inmediatamente de ello a la autoridad de supervisión y tomará las medidas necesarias para volver a cumplir dichos requisitos. Cuando dicha empresa no sea capaz de volver a cumplir dichos requisitos en el plazo de dos meses a partir de la fecha de incumplimiento, dejará de aplicar el ajuste por casamiento a todas sus obligaciones de seguro o de reaseguro y no podrá aplicarlo de nuevo hasta que hayan transcurrido veinticuatro meses. 3. El ajuste por casamiento no se aplicará respecto a las obligaciones de seguro o de reaseguro cuando la pertinente estructura temporal de los tipos de interés sin riesgo para calcular la mejor estimación sobre dichas obligaciones incluya un ajuste por volatilidad de conformidad con el artículo 77 quinquies o una medida transitoria sobre los tipos de interés sin riesgo con arreglo al artículo 308 quater. Artículo 77 quater Cálculo del ajuste por casamiento 1. Para cada moneda, el ajuste por casamiento contemplado en el artículo 77 ter se calculará de conformidad con los principios siguientes: a) el ajuste por casamiento será igual a la diferencia entre los elementos siguientes: i) el tipo efectivo anual, calculado como el tipo de descuento único que, aplicado a los flujos de caja de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro, da lugar a un valor igual al valor de la cartera de activos asignados determinado conforme al artículo 75, ii) el tipo efectivo anual, calculado como el tipo de descuento único que, aplicado a los flujos de caja de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro, da lugar a un valor igual al valor de la mejor estimación de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro teniendo en cuenta el valor temporal del dinero y utilizando para ello la estructura temporal básica de los tipos de interés sin riesgo; b) el ajuste por casamiento no incluirá el diferencial fundamental que refleja los riesgos asumidos por la empresa de seguros o de reaseguros; c) no obstante lo dispuesto en la letra a), el diferencial fundamental se incrementará cuando sea necesario para asegurar que el ajuste por casamiento de los activos con una calidad crediticia inferior a la categoría de inversión no excede los ajustes por casamiento de los activos con calidad crediticia de categoría de inversión de igual duración y clase; d) la utilización de evaluaciones de crédito externas en el cálculo del ajuste por casamiento se realizará de conformidad con el artículo 111, apartado 1, letra n). 2. A efectos del apartado 1, letra b), el diferencial fundamental será: a) igual a la suma de: i) el diferencial de crédito correspondiente a la probabilidad de impago de los activos, ii) el diferencial de crédito correspondiente a la pérdida esperada resultante de la rebaja de calificación de los activos; b) para las exposiciones frente a las administraciones y los bancos centrales de los Estados miembros, no será inferior al 30 % de la media a largo plazo del diferencial con respecto al tipo de interés sin riesgo correspondiente a activos de la misma duración, calidad crediticia y clase, conforme a lo observado en los mercados financieros; c) para activos distintos de las exposiciones de las administraciones y los bancos centrales de los Estados miembros, no será inferior al 35 % de la media a largo plazo del diferencial con respecto al tipo de interés sin riesgo correspondiente a activos de la misma duración, calidad crediticia y clase, conforme a lo observado en los mercados financieros. La probabilidad de impago contemplada en el primer párrafo, letra a), inciso i), se basará en las estadísticas de impago a largo plazo que sean pertinentes para el activo en cuestión en relación con su duración, calidad crediticia y clase. Cuando no pueda obtenerse un diferencial de crédito fiable a partir de las estadísticas de impago mencionadas en el párrafo segundo, el diferencial fundamental será igual al porcentaje de la media a largo plazo del diferencial con respecto al tipo de interés sin riesgo establecido en las letras b) y c). Artículo 77 quinquies Ajuste por volatilidad de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo 1. Los Estados miembros podrán exigir la aprobación previa de las autoridades de supervisión de la aplicación por parte de las empresas de seguros y de reaseguros de un ajuste por volatilidad a la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo para calcular la mejor estimación a que se refiere el artículo 77, apartado 2. 2. Para cada moneda relevante, el ajuste por volatilidad de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo se basará en el diferencial entre los tipos de interés que pudieran obtenerse de los activos incluidos en una cartera de referencia para dicha moneda y los tipos de la estructura temporal pertinente de tipos de interés básicos sin riesgo para dicha moneda. La cartera de referencia para una moneda será representativa de los activos denominados en dicha moneda y en los que inviertan las empresas de seguros y de reaseguros para cubrir la mejor estimación de las obligaciones de seguro y de reaseguro denominadas en dicha moneda. 3. El importe del ajuste por volatilidad para los tipos de interés sin riesgo será igual al 65 % del diferencial para la moneda corregido según el riesgo. El diferencial para la moneda corregido según el riesgo será el resultado de la resta entre el diferencial mencionado en el apartado 2 y la parte de dicho diferencial atribuible a una evaluación realista de las pérdidas esperadas, los riesgos de crédito imprevistos o cualquier otro riesgo de los activos. El ajuste por volatilidad se aplicará solamente a la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo que no se obtengan mediante extrapolación con arreglo al artículo 77 bis. La extrapolación de la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo se basará en dichos tipos de interés sin riesgo ajustados. 4. Para cada país pertinente, el ajuste por volatilidad para los tipos de interés sin riesgo contemplado en el apartado 3 para la moneda de dicho país se incrementará, antes de la aplicación