2008R0450 — ES — 19.06.2013 — 001.001

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►B REGLAMENTO (CE) No 450/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2008 por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) (DO L 145, 4.6.2008, p.1)

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REGLAMENTO (CE) No 450/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 23 de abril de 2008

por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado)







EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 26, 95, 133 y 135, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 1 ), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado ( 2 ), Considerando lo siguiente: (1) La Comunidad Europea se basa en una unión aduanera. En interés de los operadores económicos y de las autoridades aduaneras de la Comunidad, es aconsejable reunir la legislación aduanera actual en un código aduanero comunitario (denominado en lo sucesivo «el código»). Partiendo del concepto de un mercado interior, dicho código debe contener las disposiciones y procedimientos generales necesarios para garantizar la aplicación de las medidas arancelarias y de las demás políticas comunes que se establezcan a nivel comunitario para regular —habida cuenta de los requisitos de esas políticas— el comercio de mercancías entre la Comunidad y los países y territorios situados fuera del territorio aduanero de esta. La normativa aduanera debe ajustarse mejor a las disposiciones que regulan la recaudación de los gravámenes a la importación, sin por ello alterar el alcance de las normas fiscales vigentes. (2) De conformidad con la Comunicación de la Comisión que lleva por título «Protección de los intereses financieros de las Comunidades. Lucha contra el fraude. Plan de Acción 2004-2005», es oportuno adaptar el marco jurídico para la protección de esos intereses. (3) El Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario ( 3 ), se basó en la integración de los regímenes aduaneros que se habían aplicado por separado en cada Estado miembro durante la década de los años ochenta. Desde su adopción, dicho Reglamento ha sido modificado sustancialmente en repetidas ocasiones a fin de atender a necesidades concretas tales como la protección de la buena fe o la consideración de los requisitos de seguridad. Hoy, de nuevo, es preciso modificar el código para responder a los importantes cambios legales que han tenido lugar en los últimos años en los ámbitos comunitario e internacional, entre ellos, la expiración del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la entrada en vigor de las Actas de adhesión de 2003 y 2005 o el Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (denominado en lo sucesivo «Convenio de Kioto revisado»), Protocolo al que se adhirió la Comunidad por la Decisión 2003/231/CE del Consejo ( 4 ). Ha llegado el momento de racionalizar los regímenes aduaneros y de tener en cuenta el hecho de que las declaraciones y la tramitación electrónicas son ya la norma, y las declaraciones y la tramitación en papel la excepción. Por todos estos motivos, no basta con modificar nuevamente el actual código, sino que se necesita una revisión total. (4) Es conveniente introducir en el código un marco jurídico para la aplicación de determinadas disposiciones de la legislación aduanera al comercio de mercancías entre partes del territorio aduanero a las que sean aplicables las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido ( 5 ), y partes de ese territorio a las que no sean aplicables, así como al comercio entre partes a las que no sean aplicables dichas disposiciones. Teniendo en cuenta que las mercancías en cuestión son mercancías comunitarias y el carácter fiscal de las medidas en juego en dicho comercio intracomunitario, está justificado introducir, a través de medidas de aplicación, procedimientos simplificados adecuados en las formalidades aduaneras que se deban aplicar a dichas mercancías. (5) La facilitación del comercio legítimo y la lucha contra el fraude exigen adoptar unos regímenes aduaneros y unos procedimientos simples, rápidos y uniformes. Por tanto, de conformidad con la Comunicación de la Comisión titulada «Un entorno simplificado y sin soporte de papel para el comercio y las aduanas», es oportuno simplificar la legislación aduanera para posibilitar el uso de las tecnologías e instrumentos modernos y para impulsar con más fuerza la aplicación uniforme de esa legislación y modernizar los enfoques aplicables al control aduanero, contribuyendo así a sentar las bases de unos procedimientos de despacho sencillos y eficaces. Los regímenes aduaneros deben fundirse o alinearse, y su número reducirse al que esté económicamente justificado, a fin de aumentar con ello la competitividad de las empresas. (6) La realización del mercado interior, la reducción de los obstáculos al comercio y a la inversión internacionales y la necesidad cada vez mayor de garantizar la seguridad y protección de las fronteras exteriores de la Comunidad son factores, todos ellos, que han transformado el papel de las autoridades aduaneras, otorgándoles un protagonismo dentro de la cadena de suministros y, merced al seguimiento y gestión del comercio internacional que realizan, haciendo de ellas un importante catalizador de la competitividad de los países y de las empresas. La normativa aduanera debe, pues, reflejar la nueva realidad económica y la nueva función que han de desempeñar las autoridades aduaneras. (7) Un factor esencial para garantizar la facilitación del comercio al tiempo que la efectividad de los controles aduaneros es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con arreglo a la futura Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un entorno sin soporte de papel en las aduanas y el comercio, que reducen los costes de las empresas y los riesgos para la sociedad. Por consiguiente, debe establecerse en el código el marco jurídico en el que poder aplicar dicha Decisión, en particular, el principio jurídico de que todas las transacciones aduaneras y comerciales han de tramitarse electrónicamente y que los sistemas de información y comunicación utilizados para las operaciones aduaneras tienen que ofrecer iguales facilidades a los operadores económicos de todos los Estados miembros. (8) Dicho uso de tecnologías de la información y la comunicación debe acompañarse de una aplicación armonizada y normalizada de los controles aduaneros por parte de los Estados miembros, con el fin de garantizar un nivel de control aduanero similar en toda la Comunidad que no dé pie a conductas anticompetitivas en los distintos puntos de entrada y salida de la Comunidad. (9) Con el fin de facilitar la actividad de las empresas, garantizando al mismo tiempo un nivel adecuado de control de las mercancías que entren o salgan del territorio aduanero de la Comunidad, es conveniente que, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de protección de datos, la información que suministren los operadores económicos sea intercambiada por las autoridades aduaneras y por los demás cuerpos u organismos que participen en ese control (por ejemplo, policía, guardia de fronteras o autoridades veterinarias y medioambientales) y que se armonicen los controles efectuados por las distintas autoridades, de forma que el operador económico solo tenga que presentar la información una vez y que las mercancías sean controladas por esas autoridades al mismo tiempo y en el mismo lugar. (10) Con el fin de facilitar la actividad de ciertos tipos de empresas, toda persona debe conservar el derecho a nombrar a un representante en sus relaciones con las autoridades aduaneras. Ninguna ley de un Estado miembro debe poder reservar este derecho de representación. Además, el representante aduanero que cumpla los criterios para la concesión del estatuto de operador económico autorizado debe estar autorizado a prestar sus servicios en un Estado miembro distinto de aquel en que esté establecido. (11) Es preciso también que los operadores económicos rectos y fiables, en su calidad de «operadores económicos autorizados», puedan aprovechar al máximo la simplificación administrativa y, sin menoscabo de las necesidades de seguridad y protección, beneficiarse de unos niveles de control aduanero más reducidos. De este modo podrán acogerse al estatuto de operadores económicos autorizados en el ámbito de la «simplificación aduanera» y al de operadores económicos autorizados en el ámbito de la «seguridad y protección», de manera independiente o acumulativa. (12) Es necesario sujetar a unas mismas disposiciones todas las decisiones, es decir, los actos oficiales de las autoridades aduaneras que, enmarcándose en la legislación aduanera, tengan efectos jurídicos en una o más personas, incluida la información vinculante emitida por dichas autoridades. Tales decisiones han de considerarse válidas en toda la Comunidad y deben poder ser anuladas, modificadas —salvo disposición en contrario— o revocadas si no se ajustan a la legislación aduanera o a sus disposiciones interpretativas. (13) De acuerdo con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es preciso que, además del derecho de recurso contra las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras, se reconozca a todas las personas el derecho a ser oídas antes de la adopción de una decisión que les afecte negativamente. (14) La racionalización de los regímenes aduaneros en un entorno electrónico exige que las autoridades aduaneras de los distintos Estados miembros compartan responsabilidades. Es necesario garantizar en todo el mercado interior un nivel adecuado de sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas. (15) Con el fin de garantizar un equilibrio entre el deber de las autoridades aduaneras de garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria y el derecho de los operadores económicos a recibir un trato equitativo, es preciso que esas autoridades gocen de amplios poderes de control y que los operadores económicos puedan ejercer el derecho de recurso. (16) Con objeto de minimizar los riesgos para la Comunidad, para sus ciudadanos y para sus socios comerciales, la aplicación armonizada de los controles aduaneros en los Estados miembros debe basarse en un marco común de gestión de riesgos, provisto de un sistema electrónico para su aplicación. No obstante, el establecimiento de ese marco común a todos los Estados miembros no debe impedir a estos sujetar las mercancías a controles aleatorios. (17) Deben determinarse, por otra parte, los factores que hayan de servir de base para aplicar al comercio de mercancías derechos de importación y de exportación y otras medidas. Procede, asimismo, establecer disposiciones claras para la expedición de pruebas de origen en la Comunidad en caso de que las necesidades del comercio así lo requieran. (18) Para evitar dificultades en la determinación del marco jurídico en el que nazcan las deudas aduaneras de importación, es aconsejable agrupar todos los casos de nacimiento de esas deudas, salvo los derivados de la presentación de una declaración en aduana de despacho a libre práctica o de importación temporal con exención parcial. La misma medida debe aplicarse también a las deudas aduaneras de exportación. (19) Teniendo en cuenta que el nuevo papel de las autoridades aduaneras requiere que las aduanas interiores y fronterizas cooperen y compartan responsabilidades, procede que en la mayoría de los casos la deuda aduanera nazca en el lugar donde se halle establecido el deudor, dado que la aduana competente en ese lugar puede supervisar mejor las actividades de aquel. (20) Además, de conformidad con el Convenio de Kioto revisado, es pertinente prever un número reducido de casos en los que se imponga la cooperación administrativa entre dos o más Estados miembros para determinar el lugar de nacimiento de la deuda aduanera y recaudar los derechos. (21) En el caso de los regímenes especiales, deben establecerse disposiciones que permitan el uso para todos ellos de una sola garantía y la cobertura por esta de varias transacciones (garantía global). (22) Con el fin de garantizar mejor la protección de los intereses financieros de la Comunidad y de los Estados miembros, la garantía debe cubrir las mercancías no declaradas o declaradas incorrectamente que formen parte del envío o de la declaración por los que se haya prestado. Con igual fin, es preciso que el compromiso del fiador cubra también el importe de los derechos de importación o exportación que corresponda pagar a raíz de controles realizados con posterioridad al levante. (23) Para salvaguardar esos mismos intereses financieros y para frenar las prácticas fraudulentas, es aconsejable establecer disposiciones que permitan una aplicación graduada de la garantía global. En caso de alto riesgo de fraude, debe poder prohibirse temporalmente el uso de esa garantía en función de la situación concreta de los operadores económicos de que se trate. (24) Es oportuno, por otra parte, tener en cuenta la buena fe de los operadores en el caso de las deudas aduaneras que nazcan por incumplimiento de la legislación aduanera, a la vez que se reducen todo lo posible las consecuencias de la negligencia del deudor. (25) Es necesario establecer el modo de determinar el estatuto de mercancías comunitarias y las circunstancias que causen su pérdida, así como la forma de decidir los casos en que ese estatuto no se verá alterado aunque las mercancías salgan temporalmente del territorio aduanero de la Comunidad. (26) Procede velar por la agilización del levante de las mercancías en los casos en que los operadores económicos presenten por anticipado la información necesaria para efectuar controles de admisibilidad basados en el riesgo. Los controles fiscales y comerciales deben incumbir primordialmente a la aduana competente respecto del lugar en donde tenga sus locales el operador. (27) Es preciso que las disposiciones aplicables a las declaraciones en aduana y a la inclusión de mercancías en un régimen aduanero se modernicen y racionalicen, exigiendo en particular que las declaraciones en aduana se realicen, como regla general, por medios electrónicos y estableciendo un solo tipo de declaración simplificada. (28) Dado que el Convenio de Kioto revisado favorece no solo que la declaración en aduana se presente, registre y controle antes de la llegada de las mercancías, sino también que el lugar donde se presente la declaración pueda disociarse de aquel en el que se encuentren físicamente las mercancías, es oportuno centralizar el despacho en el lugar donde se halle establecido el operador económico. En el marco de ese despacho centralizado, deben permitirse el uso de declaraciones simplificadas, el aplazamiento de la fecha de presentación de la declaración completa y de los demás documentos requeridos, la presentación de declaraciones periódicas y el aplazamiento de pagos. (29) Para contribuir a garantizar en toda la Comunidad unas condiciones de competencia neutras, es oportuno establecer a nivel comunitario normas que regulen la destrucción u otras modalidades de cesión de mercancías por las autoridades aduaneras, aspectos estos para los que se requería anteriormente una legislación nacional. (30) En el caso de los regímenes especiales (tránsito, depósito, destino especial y perfeccionamiento), es pertinente establecer unas normas comunes y sencillas, complementadas con unas pocas específicas para cada uno de ellos, a fin de simplificar al operador la elección del régimen adecuado, evitar errores y reducir el número de recaudaciones y reembolsos posteriores al levante de las mercancías. (31) Es necesario facilitar la concesión de autorizaciones que cubran varios regímenes especiales y conlleven una sola garantía y una sola aduana de vigilancia, así como establecer para estos casos normas sencillas que regulen el nacimiento de las deudas aduaneras. El principio básico ha de ser que las mercancías incluidas en un régimen especial, o los productos resultantes de ellas, han de valorarse en el momento en que nazca la deuda aduanera. No obstante, cuando haya motivos económicos que así lo justifiquen, debe ser posible también valorar las mercancías en el momento en que se incluyan en el régimen especial. Estos principios han de aplicarse asimismo a las formas usuales de manipulación. (32) En vista de las mayores medidas de seguridad introducidas en el código por el Reglamento (CE) no 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, que modifica el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario ( 6 ), es preciso que la inclusión de mercancías en una zona franca pase a convertirse en un régimen aduanero y que tales mercancías se sujeten a controles aduaneros de entrada y a control de registros. (33) Dado que el propósito de reexportar ha dejado de ser necesario, el régimen de suspensión del perfeccionamiento activo debe fundirse con el régimen de transformación bajo control aduanero, y el régimen de reintegro del perfeccionamiento activo ha de suprimirse. Este régimen único de perfeccionamiento activo debe cubrir también la destrucción, salvo cuando esta sea efectuada por las aduanas o bajo vigilancia aduanera. (34) Es preciso, por otra parte, que las medidas de seguridad aplicables a las mercancías comunitarias que salen del territorio aduanero de la Comunidad afecten igualmente a la reexportación de mercancías no comunitarias. En esta materia deben aplicarse a todos los tipos de mercancías las mismas disposiciones básicas, con la posibilidad, sin embargo, de admitir excepciones en casos necesarios, entre ellos, el de las mercancías que solo transiten por el territorio aduanero de la Comunidad. (35) Las medidas de aplicación necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ( 7 ). (36) Conviene establecer la adopción de medidas de aplicación del presente código. Dichas normas deben adoptarse con arreglo a los procedimientos de gestión y reglamentación previstos en los artículos 4 y 5 de la Decisión 1999/468/CE. (37) Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que defina las condiciones y criterios necesarios para la aplicación eficaz del presente código. Dado que dichas medidas son de alcance general, y están destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento o a completarlo añadiendo nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. (38) Con objeto de garantizar un proceso eficaz de toma de decisiones, es oportuno estudiar cuestiones relativas a la preparación de la posición que ha de adoptar la Comunidad en los comités y grupos de trabajo o de expertos constituidos al amparo o en virtud de acuerdos internacionales relacionados con la legislación aduanera. (39) En aras de la transparencia, es preciso simplificar y racionalizar la normativa aduanera incorporando al código cierto número de disposiciones que están contenidas actualmente en actos comunitarios autónomos. Procede, pues, derogar además del Reglamento (CEE) no 2913/92 los siguientes Reglamentos: Reglamento (CEE) no 3925/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativo a la supresión de los controles y formalidades aplicables a los equipajes de mano y a los equipajes facturados de las personas que efectúen un vuelo intracomunitario, así como a los equipajes de las personas que efectúen una travesía marítima intracomunitaria ( 8 ), y Reglamento (CE) no 1207/2001 del Consejo, de 11 de junio de 2001, relativo a los procedimientos destinados a facilitar la expedición o la extensión en la Comunidad de pruebas de origen y la expedición de determinadas autorizaciones de exportador autorizado en aplicación de las disposiciones que regulan los intercambios preferenciales entre la Comunidad Europea y determinados países ( 9 ). (40) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, establecer disposiciones y procedimientos aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad o que salgan del mismo para posibilitar un eficaz funcionamiento de la unión aduanera como base fundamental del mercado interior, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. Considerando lo siguiente: HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:







ÍNDICE TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO 1 Ámbito de aplicación de la legislación aduanera, misión de las aduanas y definiciones CAPÍTULO 2 Derechos y obligaciones de las personas en el marco de la legislación aduanera Sección 1 Suministro de información Sección 2 Representación aduanera Sección 3 Operador económico autorizado Sección 4 Decisiones relativas a la aplicación de la legislación aduanera Sección 5 Sanciones Sección 6 Recursos Sección 7 Control de las mercancías Sección 8 Conservación de documentos y datos. Gravámenes y costes CAPÍTULO 3 Conversión de divisas y plazos TÍTULO II ELEMENTOS EN QUE SE BASA LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN Y OTRAS MEDIDAS EN EL COMERCIO DE MERCANCÍAS CAPÍTULO 1 Arancel aduanero común y clasificación arancelaria de las mercancías CAPÍTULO 2 Origen de las mercancías Sección 1 Origen no preferencial Sección 2 Origen preferencial CAPÍTULO 3 Valor en aduana de las mercancías TÍTULO III DEUDA ADUANERA Y GARANTÍAS CAPÍTULO 1 Origen de la deuda aduanera Sección 1 Deuda aduanera de importación Sección 2 Deuda aduanera de exportación Sección 3 Disposiciones comunes a las deudas aduaneras nacidas en el momento de la importación y de la exportación CAPÍTULO 2 Garantía de una deuda aduanera potencial o existente CAPÍTULO 3 Cobro y pago de los derechos y devolución y condonación del importe de los derechos de importación y de exportación Sección 1 Determinación del importe de los derechos de importación o de exportación, notificación de la deuda aduanera y contracción Sección 2 Pago del importe de los derechos de importación o de exportación Sección 3 Devolución y condonación del importe de los derechos de importación o de exportación CAPÍTULO 4 Extinción de la deuda aduanera TÍTULO IV MERCANCÍAS INTRODUCIDAS EN EL TERRITORIO ADUANERO DE LA COMUNIDAD CAPÍTULO 1 Declaración sumaria de entrada CAPÍTULO 2 Llegada de las mercancías Sección 1 Introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad Sección 2 Presentación, descarga y examen de las mercancías Sección 3 Formalidades posteriores a la presentación Sección 4 Mercancías que han circulado al amparo de un régimen de tránsito TÍTULO V NORMAS GENERALES SOBRE EL ESTATUTO ADUANERO, LA INCLUSIÓN DE MERCANCÍAS EN UN RÉGIMEN ADUANERO, LA VERIFICACIÓN, EL LEVANTE Y LA CESIÓN DE LAS MERCANCÍAS CAPÍTULO 1 Estatuto aduanero de las mercancías CAPÍTULO 2 Inclusión de mercancías en un régimen aduanero Sección 1 Disposiciones generales Sección 2 Declaraciones aduaneras normales Sección 3 Declaraciones aduaneras simplificadas Sección 4 Disposiciones aplicables a todas las declaraciones en aduana Sección 5 Otras simplificaciones CAPÍTULO 3 Comprobación y levante de las mercancías Sección 1 Comprobación Sección 2 Levante CAPÍTULO 4 Cesión de las mercancías TÍTULO VI DESPACHO A LIBRE PRÁCTICA Y EXENCIÓN DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN CAPÍTULO 1 Despacho a libre práctica CAPÍTULO 2 Exención de derechos de importación Sección 1 Mercancías de retorno Sección 2 Pesca marítima y productos extraídos del mar Sección 3 Medidas de aplicación TÍTULO VII REGÍMENES ESPECIALES CAPÍTULO 1 Disposiciones generales CAPÍTULO 2 Tránsito Sección 1 Tránsito externo e interno Sección 2 Tránsito comunitario CAPÍTULO 3 Depósito Sección 1 Disposiciones comunes Sección 2 Depósito temporal Sección 3 Depósito aduanero Sección 4 Zonas francas CAPÍTULO 4 Destinos especiales Sección 1 Importación temporal Sección 2 Destino final CAPÍTULO 5 Perfeccionamiento Sección 1 Disposiciones generales Sección 2 Perfeccionamiento activo Sección 3 Perfeccionamiento pasivo TÍTULO VIII SALIDA DE LAS MERCANCÍAS DEL TERRITORIO ADUANERO DE LA COMUNIDAD CAPÍTULO 1 Mercancías que salen del territorio aduanero CAPÍTULO 2 Exportación y reexportación CAPÍTULO 3 Exención de derechos de exportación TÍTULO IX COMITÉ DEL CÓDIGO ADUANERO Y DISPOSICIONES FINALES CAPÍTULO 1 Comité del código aduanero CAPÍTULO 2 Disposiciones finales ANEXO TABLAS DE CORRESPONDENCIAS







TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES







CAPÍTULO 1

Ámbito de aplicación de la legislación aduanera, misión de las aduanas y definiciones

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece el código aduanero comunitario, denominado en lo sucesivo el «código», que contiene las disposiciones y procedimientos generales aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad o que salen del mismo.

Sin perjuicio del Derecho y de los convenios internacionales y de la normativa comunitaria aplicable a otros ámbitos, el código se aplicará de manera uniforme en todo el territorio aduanero de la Comunidad.

2. Se podrán aplicar determinadas disposiciones de la legislación aduanera fuera del territorio aduanero de la Comunidad cuando así se prevea en normas reguladoras de ámbitos específicos o en convenios internacionales.

3. Determinadas disposiciones de la legislación aduanera, incluidos los procedimientos simplificados contemplados, serán aplicables al comercio de mercancías entre partes del territorio aduanero de la Comunidad a las que sean aplicables las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE y partes de ese territorio a las que no sean aplicables, así como al comercio entre partes de ese territorio a las que no sean aplicables dichas disposiciones.

Las medidas destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, completándolo, y que establezcan las disposiciones a que se refiere el párrafo primero y las formalidades simplificadas para su aplicación, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 184, apartado 4. Dichas medidas tembién tendrán en cuenta las circunstancias particulares correspondientes al comercio de mercancías en que solo interviene un Estado miembro.

Artículo 2

Misión de las autoridades aduaneras

Las autoridades aduaneras serán responsables de supervisar el comercio internacional de la Comunidad, debiendo contribuir a un comercio justo y abierto, a la aplicación de los aspectos externos del mercado interior y a la ejecución de la política comercial común y de las restantes políticas comunes relacionadas con el comercio, así como a la seguridad global de la cadena de suministros. Las autoridades aduaneras adoptarán medidas destinadas, en particular, a:

a) proteger los intereses financieros de la Comunidad y de sus Estados miembros;

b) proteger a la Comunidad del comercio desleal e ilegal, apoyando al mismo tiempo las actividades comerciales legítimas;

c) garantizar la seguridad y protección de la Comunidad y de sus residentes y la protección del medio ambiente, actuando, cuando proceda, en estrecha cooperación con otras autoridades;

d) mantener un equilibrio adecuado entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo.

Artículo 3

Territorio aduanero

1. El territorio aduanero de la Comunidad comprenderá los territorios siguientes, incluidos su mar territorial, sus aguas interiores y su espacio aéreo:

— el territorio del Reino de Bélgica,

— el territorio de la República de Bulgaria,

— el territorio de la República Checa,

— el territorio del Reino de Dinamarca, salvo las Islas Feroe y Groenlandia,

— el territorio de la República Federal de Alemania, salvo la isla de Heligoland y el territorio de Buesingen (Tratado de 23 de noviembre de 1964 entre la República Federal de Alemania y la Confederación Suiza),

— el territorio de la República de Estonia,

— el territorio de Irlanda,

— el territorio de la República Helénica,

— el territorio del Reino de España, salvo Ceuta y Melilla,

— el territorio de la República Francesa, salvo Nueva Caledonia, Mayotte, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna, la Polinesia Francesa y los Territorios Australes y Antárticos Franceses,

— el territorio de la República Italiana, salvo los municipios de Livigno y Campione d’Italia y las aguas nacionales del lago de Lugano comprendidas entre la orilla y la frontera política de la zona situada entre Ponte Tresa y Porto Ceresio,

— el territorio de la República de Chipre, de acuerdo con las disposiciones del Acta de adhesión de 2003,

— el territorio de la República de Letonia,

— el territorio de la República de Lituania,

— el territorio del Gran Ducado de Luxemburgo,

— el territorio de la República de Hungría,

— el territorio de Malta,

— el territorio europeo del Reino de los Países Bajos,

— el territorio de la República de Austria,

— el territorio de la República de Polonia,

— el territorio de la República Portuguesa,

— el territorio de Rumanía,

— el territorio de la República de Eslovenia,

— el territorio de la República Eslovaca,

— el territorio de la República de Finlandia,

— el territorio del Reino de Suecia,

— el territorio del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de las Islas Anglonormandas y de la Isla de Man.

2. Habida cuenta de los convenios y tratados que les son aplicables, se considerarán parte integrante del territorio aduanero de la Comunidad los territorios situados fuera del territorio de los Estados miembros que se indican a continuación, incluidos su mar territorial, sus aguas interiores y su espacio aéreo:

a) FRANCIA El territorio de Mónaco, tal y como se define en el Convenio aduanero firmado en París el 18 de mayo de 1963 (Journal officiel de la République française de 27 de septiembre de 1963, p. 8679);

b) CHIPRE El territorio de las zonas de soberanía del Reino Unido de Akrotiri y Dhekelia, tal como se definen en el Tratado relativo al Establecimiento de la República de Chipre, firmado en Nicosia el 16 de agosto de 1960 [United Kingdom Treaty Series no 4 (1961), Cmnd. 1252].

Artículo 4

Definiciones

A los efectos del presente código, se entenderá por:

1) «autoridades aduaneras»: las administraciones de aduanas de los Estados miembros competentes para aplicar la legislación aduanera, así como cualquier otra autoridad que esté facultada por la legislación nacional para aplicar determinadas disposiciones de esa legislación;

2) «legislación aduanera»: el cuerpo legal integrado por: a) el código y las disposiciones de aplicación de este que se adopten a nivel comunitario y, en su caso, nacional; b) el arancel aduanero común; c) la legislación relativa al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras; d) los acuerdos internacionales que contengan disposiciones aduaneras aplicables en la Comunidad;

3) «controles aduaneros»: los actos específicos efectuados por las autoridades aduaneras para garantizar que se apliquen correctamente la legislación aduanera y las demás disposiciones sobre entrada, salida, tránsito, transferencia, depósito y destino final de las mercancías que circulen entre el territorio aduanero de la Comunidad y otros territorios, así como sobre la presencia y la circulación en el territorio aduanero de mercancías no comunitarias y de mercancías incluidas en el régimen de destino final;

4) «persona»: las personas físicas o jurídicas, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por la legislación comunitaria o por las legislaciones nacionales;

5) «operador económico»: una persona que, en el ejercicio de su actividad profesional, intervenga en actividades cubiertas por la legislación aduanera;

6) «representante aduanero»: toda persona nombrada por otra persona para ejecutar los actos y formalidades necesarios en virtud de la legislación aduanera en sus relaciones con las autoridades aduaneras;

7) «riesgo»: la probabilidad de que se produzca un hecho en relación con la entrada, salida, tránsito, transferencia o destino final de las mercancías que circulen entre el territorio aduanero de la Comunidad y otros países o territorios situados fuera de aquel, o con la presencia de mercancías que no tengan estatuto comunitario, que lleve a cualquiera de los resultados siguientes: a) impedir la correcta aplicación de disposiciones comunitarias o nacionales; b) comprometer los intereses financieros de la Comunidad y de sus Estados miembros; c) constituir una amenaza para la seguridad y protección de la Comunidad y de sus residentes, para la salud pública, la sanidad animal o la fitosanidad, para el medio ambiente o para los consumidores;

8) «formalidades aduaneras»: todas las operaciones que tengan que ser efectuadas por una persona determinada y por las autoridades aduaneras para cumplir con la legislación aduanera;

9) «declaración sumaria» (declaración sumaria de entrada y declaración sumaria de salida): el acto por el que una persona informa antes o en el momento mismo a las autoridades aduaneras, en la forma y el modo establecidos, de que determinadas mercancías van a entrar o salir del territorio aduanero de la Comunidad;

10) «declaración en aduana»: el acto por el que una persona expresa en la forma y el modo establecidos la voluntad de incluir las mercancías en un determinado régimen aduanero, con mención, en su caso, de las disposiciones particulares que deban aplicarse;

11) «declarante»: la persona que presenta una declaración sumaria o una notificación de reexportación o efectúa una declaración en aduana en nombre propio, o la persona en cuyo nombre se realiza dicha declaración;

12) «régimen aduanero»: cualquiera de los regímenes en los que puedan incluirse las mercancías con arreglo al presente código, a saber: a) despacho a libre práctica; b) regímenes especiales; c) exportación;

13) «deuda aduanera»: la obligación de una persona de pagar el importe de los derechos de importación o exportación aplicables a mercancías específicas con arreglo a la legislación aduanera vigente;

14) «deudo»: toda persona responsable de una deuda aduanera;

15) «derechos de importación»: los derechos de aduana que deben pagarse por la importación de mercancías;

16) «derechos de exportación»: los derechos de aduana que deben pagarse por la exportación de mercancías;

17) «estatuto aduanero»: el estatuto de una mercancía como mercancía comunitaria o no comunitaria;

18) «mercancías comunitarias»: las que respondan a alguno de los criterios siguientes: a) se obtengan enteramente en el territorio aduanero de la Comunidad y no incorporen ninguna mercancía importada de países o territorios situados fuera del territorio aduanero de aquella. Las mercancías que se obtengan enteramente en el territorio aduanero de la Comunidad no tendrán estatuto de mercancías comunitarias si se han obtenido a partir de mercancías incluidas bajo un régimen de tránsito externo, de depósito, de importación temporal o de perfeccionamiento activo, en los casos determinados con arreglo al artículo 101, apartado 2, letra c); b) se introduzcan en el territorio aduanero de la Comunidad procedentes de países o territorios situados fuera de dicho territorio y se despachen a libre práctica; c) se obtengan o produzcan en el territorio aduanero de la Comunidad solo con las mercancías a las que se refiere la letra b) o con mercancías que respondan a los criterios indicados en las letras a) y b);

19) «mercancías no comunitarias»: las mercancías no recogidas en el punto 18 o que hayan perdido su estatuto aduanero de mercancías comunitarias;

20) «gestión de riesgos»: la detección sistemática de los riesgos y la aplicación de todas las medidas que sean necesarias para reducir la exposición a ellos. Incluye actividades tales como la recogida de datos e información, el análisis y la evaluación de riesgos, la prescripción y adopción de medidas, y el seguimiento y la revisión periódicos del proceso y sus resultados, a partir de fuentes y estrategias internacionales, comunitarias y nacionales;

21) «levante de las mercancías»: el acto por el que las autoridades aduaneras pongan las mercancías a disposición de los fines concretos del régimen aduanero en el que se hayan incluido;

22) «vigilancia aduanera»: las tareas desempeñadas generalmente por las autoridades aduaneras para garantizar el cumplimiento de la legislación aduanera y, en su caso, el de otras disposiciones aplicables a las mercancías sujetas a dichas tareas;

23) «devolución»: el reembolso de los derechos de importación o de exportación que han sido pagados;

24) «condonación»: la dispensa de la obligación de pagar derechos de importación o de exportación que no han sido pagados;

25) «productos transformados»: los productos resultantes de las operaciones de transformación en el marco de los regímenes de perfeccionamiento;

26) «persona establecida en el territorio aduanero de la Comunidad»: a) en el caso de las personas físicas, cualquier persona que tenga su domicilio habitual en el territorio aduanero de la Comunidad; b) en el caso de las personas jurídicas y de las asociaciones de personas, cualquier persona que tenga su domicilio social, su sede o un establecimiento comercial permanente en el territorio aduanero de la Comunidad;

27) «presentación en aduana»: la notificación a las autoridades aduaneras de la llegada de las mercancías a la aduana, o a cualquier otro lugar designado o autorizado por aquellas, y de su disponibilidad para los controles aduaneros;

28) «titular de las mercancías»: la persona que ostente su propiedad o un derecho similar de disposición de ellas o que tenga el control físico de ellas;

29) «titular del régimen»: la persona que haga la declaración en aduana o en cuyo nombre se haga esta, o la persona a la que se hayan cedido los derechos y obligaciones de esa persona en el marco de un régimen aduanero;

30) «medidas de política comercial»: las medidas no arancelarias que se establezcan en el ámbito de la política comercial común en forma de disposiciones comunitarias para regular el comercio internacional de mercancías;

31) «operaciones de transformación»: cualquiera de las siguientes: a) la manipulación de mercancías, incluidos su montaje o ensamblaje o su incorporación a otras mercancías; b) la transformación de mercancías; c) la destrucción de mercancías; d) la reparación de mercancías, incluidas su restauración y su puesta a punto; e) el uso de mercancías que no formen parte del producto transformado pero que permitan o faciliten la producción de este, incluso aunque se consuman total o parcialmente en el proceso (ayudas a la producción);

32) «coeficiente de rendimiento»: la cantidad o el porcentaje de productos transformados que se obtengan de la transformación de una determinada cantidad de mercancías incluidas en un régimen de perfeccionamiento;

33) «mensaje»: una comunicación en un formato establecido que contenga datos que se transmiten de una persona, oficina o autoridad a otra, utilizando la tecnología de la información y redes de ordenadores.







CAPÍTULO 2

Derechos y obligaciones de las personas en el marco de la legislación aduanera







Sección 1

Suministro de información

Artículo 5

Intercambio y almacenamiento de datos

1. Todo intercambio de datos, documentos de acompañamiento, decisiones y notificaciones entre las autoridades aduaneras y entre estas y los operadores económicos que sea necesario con arreglo a la legislación aduanera y el almacenamiento de esos datos necesario con arreglo a la legislación aduanera deberán efectuarse por medios electrónicos.

Las medidas destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, completándolo, y que establezcan excepciones a lo dispuesto en el párrafo primero, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 184, apartado 4.

Dichas medidas definirán los casos en los que se podrá recurrir a una comunicación mediante documentos en papel o por cualquier otro medio en lugar de un intercambio electrónico de datos y las condiciones en las que se producirá dicha comunicación, teniendo en cuenta, en particular, lo siguiente:

a) la posibilidad de que fallen temporalmente los sistemas informáticos de las autoridades aduaneras;

b) la posibilidad de que fallen temporalmente los sistemas informáticos de los operadores económicos;

c) los convenios y acuerdos internacionales que disponen el uso de documentos en papel;

d) los viajeros sin acceso directo a sistemas informáticos y sin medios para obtener información electrónica;

e) los requisitos prácticos de que las declaraciones se hagan verbalmente o mediante cualquier otro acto.

2. Salvo disposición expresa en contrario en la legislación aduanera, la Comisión adoptará con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 184, apartado 2, las medidas que sean necesarias a fin de establecer:

a) los mensajes que deban intercambiarse las aduanas para la aplicación de la legislación aduanera;

b) un conjunto de datos y un formato comunes para los mensajes que hayan de intercambiarse por disposición de la legislación aduanera.

Los datos que se mencionan en la letra b) del párrafo primero ofrecerán la información necesaria para los análisis de riesgos y la correcta realización de los controles aduaneros; tales datos se ajustarán, cuando proceda, a las normas y prácticas comerciales internacionales.

Artículo 6

Protección de los datos

1. Toda información obtenida por las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones que sea confidencial por naturaleza o que se haya facilitado con ese carácter estará protegida por el deber de secreto profesional. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26, apartado 2, las autoridades competentes no podrán difundir esa información sin el consentimiento expreso de la persona o autoridad que la haya facilitado.

Dicha información, sin embargo, podrá difundirse sin ese consentimiento cuando las autoridades aduaneras estén obligadas o autorizadas a hacerlo así en el marco de un procedimiento judicial o en virtud de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de protección de datos.

2. La comunicación de datos confidenciales a las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes de países o territorios situados fuera del territorio aduanero de la Comunidad solo estará permitida en el marco de acuerdos internacionales que garanticen un nivel de protección de datos adecuado.

3. La difusión o comunicación de cualquier información deberá efectuarse con pleno respeto de las disposiciones vigentes en materia de protección de datos.

Artículo 7

Intercambio de información complementaria entre las autoridades aduaneras y los operadores económicos

1. En particular a efectos de la cooperación mutua en la detección y prevención de riesgos, las autoridades aduaneras y los operadores económicos podrán intercambiarse cualquier información que no esté exigida expresamente por la legislación aduanera. Tal intercambio podrá tener lugar en el marco de un acuerdo escrito e incluir el acceso de las autoridades aduaneras a los sistemas informáticos del operador económico.

2. Toda información que facilite una parte a la otra en el marco de cooperación previsto en el apartado 1 se considerará de carácter confidencial a menos que ambas partes acuerden lo contrario.

Artículo 8

Suministro de información por las autoridades aduaneras

1. Cualquier persona interesada podrá solicitar a las autoridades aduaneras información relativa a la aplicación de la legislación aduanera. Tal solicitud podrá rechazarse si no se relaciona con una actividad que se prevea realizar en el ámbito del comercio internacional de mercancías.

2. Las autoridades aduaneras mantendrán un diálogo regular con los operadores económicos y con otras autoridades que intervengan en el comercio internacional de mercancías. Promoverán, asimismo, la necesaria transparencia divulgando sin restricciones y, siempre que sea factible, sin gastos y a través de Internet, la legislación aduanera, las resoluciones administrativas generales y los formularios de solicitud.

Artículo 9

Suministro de información a las autoridades aduaneras

1. A requerimiento de las autoridades aduaneras y dentro del plazo fijado, toda persona que intervenga directa o indirectamente en la realización de las formalidades aduaneras o en los controles aduaneros deberá facilitar a dichas autoridades toda la información y documentación exigida, en una forma adecuada, y toda la asistencia que sea precisa para la realización de esas formalidades o controles.

2. Toda persona que presente una declaración sumaria o una declaración en aduana, una notificación o una solicitud de autorización o de cualquier otra decisión será responsable de lo siguiente:

a) la exactitud e integridad de la información que contenga la declaración, notificación o solicitud;

b) la autenticidad de los documentos presentados a las autoridades o puestos a su disposición;

c) en su caso, el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del régimen en el que se incluyan las mercancías o de la realización de las operaciones aduaneras que se hayan autorizado.

Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará también al suministro de cualquier otra información en cualquier otra forma exigida por las autoridades aduaneras o en que se haya presentado a estas.

En caso de que sea el representante aduanero de la persona interesada quien presente la declaración, notificación o solicitud o facilite la información, dicho representante aduanero quedará también sujeto a la responsabilidad establecida en el párrafo primero.

Artículo 10

Sistemas electrónicos

1. Los Estados miembros cooperarán con la Comisión en el desarrollo, mantenimiento y utilización de sistemas electrónicos para el intercambio de información entre aduanas y para el registro y la conservación comunes de información referente, en particular, a:

a) los operadores económicos que intervengan directa o indirectamente en la cumplimentación de las formalidades aduaneras;

b) las solicitudes y autorizaciones relativas a un régimen aduanero o al estatuto de operador económico autorizado;

c) las solicitudes y decisiones especiales con arreglo al artículo 20;

d) la gestión común de riesgos que se menciona en el artículo 25.

2. Las medidas destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, completándolo, y que establezcan lo siguiente:

a) el formato y contenido normalizados de la información que deba registrarse;

b) el mantenimiento de dicha información por las autoridades aduaneras de los Estados miembros;

c) las normas de acceso a dicha información por parte de: i) los operadores económicos, ii) otras autoridades competentes,

se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 184, apartado 4.







Sección 2

Representación aduanera

Artículo 11

Representante aduanero

1. Toda persona podrá nombrar a un representante aduanero.

Esta representación podrá ser directa, en cuyo caso el representante aduanero actuará en nombre y por cuenta de la persona que lo haya designado, o indirecta, en cuyo caso actuará en su propio nombre pero por cuenta de esa persona.

Los representantes aduaneros deberán estar establecidos en el territorio aduanero de la Comunidad.

2. Los Estados miembros podrán determinar, de conformidad con el Derecho comunitario, las condiciones en las que un representante aduanero podrá prestar servicios en el Estado miembro en que esté establecido. No obstante, sin perjuicio de la aplicación de criterios menos estrictos por parte de los Estados miembros en cuestión, todo representante aduanero que cumpla los criterios establecidos en el artículo 14, letras a) a d), estará autorizado a prestar tales servicios en otro Estado miembro distinto de aquel en que esté establecido.

3. Las medidas destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, completándolo, y que establezcan lo siguiente:

a) las condiciones con arreglo a las cuales podrá dispensarse del requisito contemplado en el apartado 1, párrafo tercero;

b) las condiciones con arreglo a las cuales podrá concederse y probarse la autorización contemplada en el apartado 2;

c) cualquier otra norma de desarrollo del presente artículo,

se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 184, apartado 4.

Artículo 12

Poder de representación

1. En su relación con las autoridades aduaneras, el representante aduanero declarará estar actuando por cuenta de la persona representada e indicará si la representación es directa o indirecta.

En caso de que una persona se abstenga de declarar que está actuando como representante aduanero o si declara estar actuando en tal condición sin poseer un poder de representación para ello, se considerará que esa persona está actuando en su propio nombre y por cuenta propia.

2. Las autoridades aduaneras podrán exigir a cualquier persona que declare estar actuando como representante aduanero la presentación de la prueba del poder de representación que le haya otorgado la persona representada.

Las medidas destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, completándolo, y que establezcan excepciones a lo dispuesto en el párrafo primero, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 184, apartado 4.







Sección 3

Operador económico autorizado

Artículo 13

Solicitud y autorización

1. Todo operador económico establecido en el territorio aduanero de la Comunidad que cumpla las condiciones dispuestas en los artículos 14 y 15 podrá solicitar el estatuto de «operador económico autorizado».

Dicho estatuto será concedido por las autoridades aduaneras, en su caso tras evacuar consultas con otras autoridades competentes, y se someterá a supervisión.

2. El estatuto de operador económico autorizado consistirá en dos tipos de autorización: la de operador económico autorizado en el ámbito de la «simplificación aduanera» y la de operador económico autorizado en el ámbito de la «seguridad y protección».

El primer tipo de autorización permitirá a los operadores económicos beneficiarse de determinados procedimientos simplificados en virtud de la legislación aduanera. El segundo tipo de autorización concederá a su titular facilidades en materia de seguridad y protección.

Ambos tipos de autorización son acumulables.

3. Con sujeción a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 y sin perjuicio de los controles aduaneros pertinentes, el estatuto de operador económico autorizado será reconocido por las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros.

4. Una vez reconocido el estatuto de operador económico autorizado y siempre que se cumplan las condiciones fijadas por la legislación aduanera para un tipo específico de procedimiento simplificado, las autoridades aduaneras autorizarán al operador a beneficiarse de dicho procedimiento.

5. El estatuto de operador económico autorizado podrá ser suspendido o revocado de acuerdo con las condiciones que se establezcan en virtud del artículo 15, apartado 1, letra g).

6. Los operadores económicos autorizados deberán informar a las autoridades aduaneras de todas las circunstancias posteriores a la concesión de dicho estatuto que puedan afectar a su continuación o a su contenido.

Artículo 14

Concesión del estatuto

Los criterios para la concesión del estatuto de operador económico autorizado serán los siguientes:

a) una trayectoria adecuada de cumplimiento de los requisitos aduaneros y fiscales;

b) un sistema satisfactorio de gestión de los registros comerciales y, en su caso, de los registros de transporte, que permita la correcta realización de los controles aduaneros;

c) una solvencia acreditada;

d) de conformidad con el artículo 13, apartado 2, cuando un operador económico autorizado quiera beneficiarse de los procedimientos simplificados previstos en la legislación aduanera, un nivel adecuado de competencia o de cualificaciones profesionales directamente relacionadas con la actividad que ejerza;

e) de conformidad con el artículo 13, apartado 2, cuando un operador económico autorizado quiera beneficiarse de las facilidades en materia de controles aduaneros relacionadas con la seguridad, unos niveles de seguridad y protección apropiados.

Artículo 15

Medidas de aplicación

1. Las medidas destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, completándolo, y que establezcan normas en relación con lo siguiente:

a) la concesión del estatuto de operador económico autorizado;

b) los casos en que deberá revisarse el estatuto de operador económico autorizado;

c) la concesión de autorizaciones para el uso de procedimientos simplificados por operadores económicos autorizados;

d) la identificación de la autoridad aduanera competente para la concesión del estatuto y de esas autorizaciones;

e) el tipo y el alcance de las facilidades que pueden concederse a los operadores económicos autorizados en lo que se refiere a controles aduaneros en materia de seguridad y protección;

f) las consultas con otras autoridades aduaneras y el suministro a ellas de información;

g) las condiciones en que pueda suspenderse o revocarse el estatuto de operador económico autorizado;

h) las condiciones en que, teniendo especialmente en cuenta los acuerdos internacionales, pueda dispensarse del requisito de establecimiento en el territorio aduanero de la Comunidad a categorías concretas de operadores económicos autorizados,

se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 184, apartado 4.

2. Dichas medidas tendrán en cuenta lo siguiente:

a) las normas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 25, apartado 3;

b) la participación profesional en actividades cubiertas por la legislación aduanera;

c) el nivel adecuado de competencia o de cualificaciones profesionales directamente relacionadas con la actividad que ejerza;

d) la posesión por el operador económico de un certificado reconocido internacionalmente, expedido con arreglo a los convenios internacionales pertinentes.







Sección 4

Decisiones relativas a la aplicación de la legislación aduanera

Artículo 16

Disposiciones generales

1. Toda persona que solicite una decisión a las autoridades aduaneras relacionada con la aplicación de la legislación aduanera deberá facilitarles la información por ellas requerida para poder adoptar esa decisión.

La decisión podrá también ser solicitada por varias personas y adoptarse para todas ellas, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación aduanera.

2. Salvo que la legislación aduanera disponga lo contrario, las decisiones a las que se refiere el apartado 1 se adoptarán y notificarán a su solicitante sin demora y a más tardar en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha en que las autoridades aduaneras hayan recibido toda la información por ellas requerida para poder adoptar dicha decisión.

No obstante, en caso de no poder cumplir ese plazo y antes de su expiración, las autoridades aduaneras informarán al solicitante de los motivos de tal imposibilidad, indicándole el plazo suplementario que consideren necesario para adoptar la decisión solicitada.

3. Salvo que se disponga lo contrario en la legislación aduanera o en la propia decisión que se adopte, esta surtirá efecto desde la fecha en que el solicitante reciba, o se considere que ha recibido, la notificación de su adopción. Salvo en los casos previstos en el artículo 24, apartado 2, las decisiones adoptadas serán ejecutables por las autoridades aduaneras desde esa misma fecha.

4. Antes de adoptar una decisión que afecte negativamente a la persona o personas a la que vaya dirigida, las autoridades aduaneras comunicarán los motivos en los que pretenden basar su decisión a los interesados, los cuales tendrán la oportunidad de expresar sus observaciones dentro de un plazo prescrito, que comenzará a contar a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.

Tras la expiración de ese plazo, los interesados serán debidamente notificados de la decisión adoptada y de los motivos en los que se base. La decisión que se adopte mencionará el derecho de recurso que dispone el artículo 23.

5. Las medidas destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento completándolo, y que establezcan lo siguiente:

a) los casos en los que no se aplicará el párrafo primero del apartado 4 y las condiciones de su no aplicación;

b) el plazo mencionado en el párrafo primero del apartado 4,

se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 184, apartado 4.

6. Sin perjuicio de las disposiciones que regulan en otros ámbitos los casos y las condiciones de invalidez o de nulidad de las decisiones, las autoridades aduaneras que hayan adoptado una decisión podrán anularla, modificarla o revocarla en cualquier momento cuando no se ajuste a la legislación aduanera.

7. Excepto cuando una autoridad aduanera actúe en calidad de autoridad judicial, las disposiciones de los apartados 3, 4 y 6 del presente artículo y de los artículos 17, 18 y 19 se aplicarán también a las decisiones que tomen las autoridades aduaneras sin solicitud previa del interesado y, en particular, a los casos en que, por disposición del artículo 67, apartado 3, sea preciso notificar la deuda aduanera.

Artículo 17

Validez comunitaria de las decisiones

A menos que se requiera o especifique lo contrario, las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras basadas en la aplicación de la legislación aduanera o relacionadas con ella serán válidas en todo el territorio aduanero de la Comunidad.

Artículo 18

Anulación de decisiones favorables

1. Las autoridades aduaneras anularán las decisiones que sean favorables a las personas a las que se hayan dirigido en caso de que concurran las tres circunstancias siguientes:

a) que la decisión adoptada se haya basado en información incorrecta o incompleta;

b) que el solicitante supiera o debiera razonablemente haber sabido que la información era incorrecta o incompleta, y

c) que la decisión habría sido diferente si la información hubiese sido correcta y completa.

2. La anulación de una decisión será notificada al destinatario de dicha decisión.

3. Salvo que se disponga lo contrario en la decisión conforme a la legislación aduanera, la anulación será efectiva desde la misma fecha en que haya comenzado a surtir efectos la decisión inicial.

4. La Comisión podrá adoptar, por el procedimiento de gestión contemplado en el artículo 184, apartado 3, medidas de aplicación del presente artículo y, en especial, relativas a los casos en que una decisión se dirija a varias personas.

Artículo 19

Revocación y modificación de decisiones favorables

1. Una decisión favorable al interesado será revocada o modificada cuando, en casos distintos de los previstos en el artículo 18, no se hubieren cumplido o dejaren de cumplirse una o varias de las condiciones establecidas para su adopción.

2. Salvo que la legislación aduanera disponga lo contrario, la revocación de una decisión favorable a varias personas podrá afectar únicamente a aquella que haya incumplido las obligaciones impuestas por esa decisión.

3. La revocación o modificación de una decisión será notificada al destinatario de dicha decisión.

4. El artículo 16, apartado 3, se aplicará a la revocación o modificación de la decisión.

No obstante, en casos excepcionales en que así lo requieran los intereses legítimos deldestinatario de la decisión, las autoridades aduaneras podrán aplazar la fecha en que la revocación o modificación deba comenzar a surtir efectos.

5. La Comisión podrá adoptar, con arreglo al procedimiento de gestión contemplado en el artículo 184, apartado 3, medidas de aplicación del presente artículo y, en especial, las relativas a los casos en que una decisión se dirija a varias personas.

Artículo 20

Decisiones relativas a la información vinculante

1. Cuando se les solicite formalmente, las autoridades aduaneras emitirán decisiones relativas a información arancelaria vinculante (denominadas en lo sucesivo «decisiones IAV») o decisiones relativas a información vinculante en materia de origen (denominadas en lo sucesivo «decisiones IVO»).

Dicha solicitud se denegará en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) cuando se efectúe o se haya efectuado ya en la misma aduana o en otra diferente, por el titular o por una persona que actúe en nombre del titular, la solicitud de una decisión relativa a las mismas mercancías, y tratándose de decisiones IVO, cuando se den las mismas circunstancias que determinaron la adquisición del origen;

b) cuando la solicitud no esté relacionada con ninguno de los fines previstos para las decisiones IAV o IVO ni con ninguno de los destinos previstos de un régimen aduanero.

2. Las decisiones IAV e IVO solo serán vinculantes en materia de clasificación arancelaria y de determinación del origen de las mercancías.

Dichas decisiones vincularán a las autoridades aduaneras, respecto del titular de la decisión, únicamente con relación a las mercancías cuyas formalidades aduaneras se cumplimenten después de la fecha en que la decisión surta efecto.

Las decisiones vincularán al titular de la decisión, respecto de las autoridades aduaneras, únicamente desde la fecha en que reciba, o se considere que ha recibido, la notificación de la decisión.

3. Las decisiones IAV e IVO tendrán una validez de tres años a partir de la fecha en la que la decisión surta efecto.

4. Para aplicar una decisión IAV o IVO en el marco de un régimen aduanero concreto, el titular de la decisión tendrá que probar lo siguiente:

a) en el caso de las decisiones IAV, que las mercancías declaradas se corresponden en todos sus aspectos con las descritas en la decisión;

b) en el caso de las decisiones IVO, que las mercancías en cuestión y las circunstancias determinantes de la adquisición del origen se corresponden en todos sus aspectos con las mercancías y las circunstancias descritas en la decisión.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, apartado 6, y en el artículo 18, las decisiones IAV e IVO serán anuladas cuando se hayan basado en información incorrecta o incompleta facilitada por los solicitantes.

6. Las decisiones IAV e IVO se revocarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, apartado 6, y en el artículo 19.

No podrán, en cambio, modificarse.

7. La Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 184, apartado 2, medidas de aplicación de los apartados 1 a 5 del presente artículo.

8. Sin perjuicio del artículo 19, las medidas destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, completándolo, y que establezcan lo siguiente:

a) las condiciones y el momento en que una decisión IAV o IVO perderá su validez;

b) las condiciones y el plazo en que la decisión mencionada en la letra a) puede seguir siendo utilizada en contratos vinculantes basados en ella y celebrados antes de la expiración de su validez;

c) las condiciones en las que la Comisión podrá emitir decisiones en las que solicite a los Estados miembros que revoquen o modifiquen una decisión relativa a información vinculante que ofrece una información vinculante diferente en comparación con otras decisiones sobre el mismo tema,

se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 184, apartado 4.

9. Las medidas destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, completándolo, que establezcan las condiciones en las que deben emitirse otras decisiones relativas a información vinculante, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 184, apartado 4.







Sección 5

Sanciones

Artículo 21

Imposición de sanciones

1. Cada Estado miembro establecerá sanciones en caso de incumplimiento de la legislación aduanera comunitaria. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Cuando se impongan sanciones administrativas, estas podrán adoptar, inter alia, una de las dos formas siguientes o ambas:

a) una carga pecuniaria impuesta por las autoridades aduaneras, incluido, cuando proceda, un pago suplementario que sustituya a la sanción penal aplicable;

b) la revocación, suspensión o modificación de cualquier autorización de la que se beneficie la persona sancionada.

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión, en el plazo de seis meses a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento que se determine con arreglo al artículo 188, apartado 2, las disposiciones nacionales vigentes contempladas en el apartado 1 y comunicarán sin demora cualquier modificación posterior que les afecte.







Sección 6

Recursos

Artículo 22

Decisiones adoptadas por la autoridad judicial

Los artículos 23 y 24 no se aplicarán a los recursos que puedan presentarse para la anulación, revocación o modificación de decisiones relativas a la aplicación de la legislación aduanera adoptadas por una autoridad judicial o por autoridades aduaneras que actúen en calidad de autoridades judiciales.

Artículo 23

Derecho de recurso

1. Toda persona tendrá derecho a recurrir una decisión de las autoridades aduaneras relativa a la aplicación de la legislación aduanera, cuando esta le afecte directa e individualmente.

De igual modo, toda persona que haya solicitado una decisión a las autoridades aduaneras y no la haya obtenido dentro del plazo dispuesto en el artículo 16, apartado 2, estará legitimada para ejercer el derecho de recurso.

2. El derecho de recurso podrá ejercerse en al menos dos fases:

a) inicialmente, ante las autoridades aduaneras o ante una autoridad judicial u otro órgano designado a tal efecto por los Estados miembros;

b) subsiguientemente, ante un órgano superior independiente, que podrá ser, según las disposiciones vigentes en los Estados miembros, una autoridad judicial o un órgano especializado equivalente.

3. El recurso deberá interponerse en el Estado miembro en que se haya adoptado o solicitado la decisión.

4. Los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de recurso aplicados hagan posible la rápida confirmación o corrección de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras.

Artículo 24

Suspensión de decisiones

1. La presentación de un recurso no determinará la suspensión de la decisión recurrida.

2. No obstante, las autoridades aduaneras ordenarán la suspensión total o parcial de la ejecución de dicha decisión cuando tengan razones fundadas para dudar de la conformidad de la decisión impugnada con la legislación aduanera o cuando pueda temerse un daño irreparable para el interesado.

3. En los casos mencionados en el apartado 2, cuando la decisión recurrida determine la obligación de pagar derechos de importación o de exportación, la suspensión de la decisión estará supeditada a la prestación de una garantía, salvo que se determine, basándose en una evaluación documentada, que esta podría causar al deudor graves dificultades económicas o sociales.

La Comisión podrá adoptar, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 184, apartado 2, medidas de aplicación del párrafo primero del presente apartado.







Sección 7

Control de las mercancías

Artículo 25

Controles aduaneros

1. Las autoridades aduaneras podrán efectuar cuantos controles aduaneros consideren necesarios.

Dichos controles podrán consistir, en particular, en examinar las mercancías, tomar muestras, verificar los datos contenidos en las declaraciones y la existencia y autenticidad de los documentos, revisar la contabilidad de los operadores económicos y otros registros, inspeccionar los medios de transporte y las mercancías y equipajes que transporten las personas facturados o como bulto de mano y realizar investigaciones oficiales y otros actos similares.

2. Los controles aduaneros que no sean aleatorios se basarán, principalmente, en un análisis de riesgos que, haciendo uso de las técnicas de tratamiento electrónico de datos, permita identificar y evaluar los riesgos y desarrollar las medidas necesarias para afrontarlos, sobre la base de criterios establecidos a nivel nacional, comunitario y, en su caso, internacional.

Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, desarrollarán, mantendrán y utilizarán un marco común de gestión de riesgos basado en el intercambio de información y de análisis de riesgos entre las administraciones aduaneras que establezca entre otras cosas, criterios comunes de evaluación de riesgos, medidas de control y ámbitos prioritarios de control.

Los controles basados en dicha información y criterios se llevarán a cabo sin perjuicio de los demás controles realizados de conformidad con el apartado 1 y el presente apartado o con otras disposiciones en vigor.

3. La Comisión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, adoptará por el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 184, apartado 2, medidas de aplicación que establezcan:

a) un marco común de gestión de riesgos;

b) criterios comunes y unos ámbitos de control prioritarios;

c) la información y el análisis de riesgos que habrá de intercambiarse entre administraciones aduaneras.

Artículo 26

Cooperación entre autoridades

1. Cuando las mercancías sujetas a controles aduaneros sean sometidas a otros controles por autoridades competentes distintas de las aduaneras, las autoridades aduaneras procurarán, en estrecha cooperación con esas otras autoridades, que dichos controles se efectúen, siempre que sea posible, en el mismo momento y en el mismo lugar que los controles aduaneros (controles centralizados); serán las autoridades aduaneras las que cumplan la función de coordinación para lograrlo.

2. En el marco de los controles objeto de la presente sección, las autoridades aduaneras y no aduaneras competentes podrán, cuando ello sea necesario para minimizar los riesgos y combatir el fraude, intercambiarse entre sí y con la Comisión los datos de los que dispongan sobre la entrada, salida, tránsito, transferencia, depósito y destino final de las mercancías, incluido el tráfico postal, que circulen entre el territorio aduanero de la Comunidad y otros territorios, sobre la presencia y la circulación en el territorio aduanero de mercancías no comunitarias y de mercancías incluidas en el régimen de destino final, y sobre los resultados de todos los controles. Las autoridades aduaneras y la Comisión también podrán intercambiarse entre sí los datos a efectos de garantizar una aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria.

Artículo 27

Control posterior al levante

Con el fin de determinar la exactitud de la información contenida en las declaraciones en aduana o en las declaraciones sumarias, las autoridades aduaneras podrán, tras el levante de una mercancía, verificar cualesquiera datos y documentos de las operaciones relativas a esa mercancía o de otras operaciones comerciales anteriores o posteriores que la afecten. Dichas autoridades podrán también examinar dichas mercancías y tomar muestras de ellas en el caso de que todavía fuese posible.

Las inspecciones podrán realizarse en los locales del titular de las mercancías o de su representante, en los de otra persona que, de forma directa o indirecta, haya actuado o actúe comercialmente en esas operaciones o en los de cualquier otra persona que esté en posesión de esos datos y documentos comerciales.

Artículo 28

Vuelos y cruceros intracomunitarios

1. Se someterán a controles o formalidades aduaneros el equipaje facturado y de mano de las personas que realicen un vuelo intracomunitario o que realicen un crucero marítimo intracomunitario, únicamente cuando la legislación aduanera así lo disponga.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará sin perjuicio de:

a) los controles de seguridad y protección;

b) los controles enmarcados en prohibiciones o restricciones.

3. La Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 184, apartado 2, medidas de aplicación del presente artículo en las que establecerá los casos y condiciones en los que podrán aplicarse los controles y formalidades aduaneros a:

a) el equipaje de mano y los equipajes facturados de las siguientes personas: i) personas que efectúen un vuelo en una aeronave procedente de un aeropuerto no comunitario y que vayan a continuar, previa escala en un aeropuerto comunitario, dicho vuelo con destino a otro aeropuerto comunitario, ii) personas que efectúen un vuelo a bordo de una aeronave que realice escala en un aeropuerto comunitario antes de continuar dicho vuelo con destino a un aeropuerto no comunitario, iii) personas que utilicen un servicio marítimo efectuado por el mismo buque y que comprenda trayectos sucesivos que hayan comenzado, incluyan escala o terminen en un puerto no comunitario, iv) personas a bordo de una embarcación de recreo y de una aeronave turística o comercial;

b) el equipaje de mano y facturado: i) que llegue a un aeropuerto comunitario a bordo de una aeronave procedente de un aeropuerto no comunitario y sea transbordado, en este aeropuerto comunitario, a otra aeronave que realice un vuelo intracomunitario, ii) embarcado en un aeropuerto comunitario en una aeronave que efectúe un vuelo intracomunitario con el fin de ser transbordado, en otro aeropuerto comunitario, a una aeronave cuyo destino sea un aeropuerto no comunitario.







Sección 8

Conservación de documentos y datos. Gravámenes y costes

Artículo 29

Conservación de documentos y datos

1. Con el fin de posibilitar los controles aduaneros, las personas interesadas deberán conservar, al menos durante tres años naturales, toda la documentación e información prevista en el artículo 9, apartado 1, en una forma que sea accesible y aceptable para las autoridades aduaneras.

En el caso de las mercancías despachadas a libre práctica en circunstancias distintas de las indicadas en el párrafo tercero, o en el de las declaradas para la exportación, ese plazo se iniciará a partir del final del año en el que se acepten las declaraciones en aduana de despacho a libre práctica o de exportación.

En el caso de las mercancías que, en razón de su destino final, se despachen a libre práctica con exención de derechos o con un tipo reducido de derecho de importación, el plazo se iniciará a partir del final del año en el que dejen de estar sujetas a la vigilancia aduanera.

En el caso de las mercancías incluidas en otros regímenes aduaneros, el plazo comenzará a contar a partir del final del año en el que concluya el régimen en cuestión.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, apartado 4, cuando el control aduanero de una deuda aduanera ponga de manifiesto la necesidad de corregir la contracción de esta, y siempre que la persona interesada sea informada de tal necesidad, el plazo previsto en el apartado 1 del presente artículo para la conservación de la documentación y de la información se prolongará tres años más.

Cuando se haya interpuesto un recurso o haya dado comienzo un proceso judicial, la documentación y la información deberán conservarse durante el plazo de tiempo previsto en el apartado 1 del presente artículo o hasta que concluya el recurso o el procedimiento judicial, si se trata de una fecha posterior.

Artículo 30

Gravámenes y costes

1. Las autoridades aduaneras no impondrán gravámenes por los controles aduaneros y demás actos de aplicación de la normativa aduanera efectuados durante el horario oficial de sus aduanas competentes.

No obstante, podrán imponer gravámenes o recuperar costes cuando se presten servicios especiales, en particular, los costes derivados:

a) de la presencia que pueda solicitarse del personal de aduanas fuera del horario oficial o en locales que no sean los de aduanas;

b) de los análisis e informes de expertos sobre las mercancías y de las tarifas postales que deban pagarse en caso de devolución de aquellas a un solicitante, particularmente en el marco de las decisiones contempladas en el artículo 20 o en el del suministro de información previsto en el artículo 8, apartado 1;

c) del examen o muestreo de las mercancías para fines de verificación, o de la destrucción de estas, en caso de que se produzcan gastos que no sean los de la utilización del personal de aduanas;

d) de las medidas de control excepcionales que sean necesarias debido a la naturaleza de las mercancías o a los riesgos potenciales existentes.

2. Las medidas destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, completándolo, y que establezcan excepciones a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 184, apartado 4.







CAPÍTULO 3

Conversión de divisas y plazos

Artículo 31

Conversión de divisas

1. Las autoridades competentes publicarán y/o divulgarán en Internet, el tipo de cambio aplicable, cuando sea necesaria la conversión de divisas por algunas de las razones siguientes:

a) porque los factores utilizados para determinar el valor en aduana de una mercancía estén expresados en una moneda distinta de la del Estado miembro donde ese valor se determine, o

b) porque se requiera calcular el valor del euro en una moneda nacional a fin de determinar la clasificación arancelaria de la mercancía y el importe de los derechos de importación o exportación, incluidos los umbrales de valor en el arancel aduanero comunitario.

2. Cuando la conversión de divisas sea necesaria por motivos distintos de los indicados en el apartado 1, el valor del euro en monedas nacionales que deba aplicarse en el marco de la normativa aduanera se fijará, al menos, una vez al año.

3. La Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 184, apartado 2, medidas de aplicación del presente artículo.

Artículo 32

Plazos

1. En el caso en que las disposiciones de la legislación aduanera establezcan plazos, fechas o fechas límite, tales plazos no podrán prolongarse o reducirse ni las fechas o fechas límite diferirse o adelantarse a menos que esas disposiciones prevean expresamente lo contrario.

2. Serán de aplicación las normas aplicables a los plazos, fechas y términos que establece el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos ( 10 ), salvo que se disponga lo contrario en la legislación aduanera comunitaria.







TÍTULO II

ELEMENTOS EN QUE SE BASA LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN Y OTRAS MEDIDAS EN EL COMERCIO DE MERCANCÍAS







CAPÍTULO 1

Arancel aduanero común y clasificación arancelaria de las mercancías

Artículo 33

Arancel aduanero común

1. Los derechos de importación y de exportación adeudados se basarán en el arancel aduanero común.

Otras medidas establecidas por la legislación comunitaria que regule ámbitos específicos relacionados con el comercio de mercancías se aplicarán, en su caso, de conformidad con la clasificación arancelaria de estas.

2. El arancel aduanero común comprenderá lo siguiente:

a) la nomenclatura combinada de las mercancías establecida en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común ( 11 );

b) cualquier otra nomenclatura que se base total o parcialmente en la nomenclatura combinada, o que introduzca en esta nuevas subdivisiones, y que sea establecida por un acto comunitario de ámbito específico con el fin de aplicar medidas arancelarias en el comercio de mercancías;

c) los derechos de aduana autónomos, convencionales o normales, aplicables a las mercancías cubiertas por la nomenclatura combinada;

d) las medidas arancelarias preferenciales contenidas en acuerdos que haya celebrado la Comunidad con países o territorios situados fuera de su territorio aduanero o con grupos de esos países o territorios;

e) las medidas arancelarias preferenciales que adopte unilateralmente la Comunidad para países o territorios situados fuera de su territorio aduanero o para grupos de esos países o territorios;

f) las medidas autónomas que establezcan una reducción o una exención de los derechos de aduana por ciertas mercancías;

g) las disposiciones que prevean un trato arancelario favorable para ciertas mercancías en razón de su naturaleza o de su destino final en el marco de las medidas indicadas en las letras c) a f) o h);

h) otras medidas arancelarias contenidas en la normativa comunitaria de la agricultura, del comercio o de otros ámbitos.

3. En el caso de las mercancías que cumplan las condiciones incluidas en las medidas indicadas en el apartado 2, letras d) a g), dichas medidas se aplicarán, a solicitud del declarante, en lugar de los derechos mencionados en la letra c) de ese mismo apartado. Tal aplicación podrá hacerse con carácter retroactivo siempre que se cumplan los plazos y condiciones fijados en las disposiciones pertinentes o en el código.

4. Cuando la aplicación de las medidas indicadas en el apartado 2, letras d) a g), o la exención de las de la letra h) del mismo apartado se limite a un determinado volumen de importaciones o exportaciones, tal aplicación o exención cesará, en el caso de los contingentes arancelarios, tan pronto como se alcance el volumen de importaciones o exportaciones fijado.

En el caso de los límites máximos arancelarios, tal aplicación cesará en virtud de un acto normativo de la Comunidad.

5. La Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento de gestión contemplado en el artículo 184, apartado 3, medidas de aplicación de los apartados 1 y 4 del presente artículo.

Artículo 34

Clasificación arancelaria de las mercancías

1. Para la aplicación del arancel aduanero común, la «clasificación arancelaria» de una mercancía consistirá en determinar la subpartida o subdivisión de la nomenclatura combinada en la que deba clasificarse.

2. Para la aplicación de medidas no arancelarias, la «clasificación arancelaria» de una mercancía consistirá en determinar la subpartida o subdivisión en la que deba clasificarse dentro de la nomenclatura combinada o de cualquier otra nomenclatura que esté establecida por actos comunitarios y que se base total o parcialmente en la nomenclatura combinada o que introduzca en esta más subdivisiones.

3. La subpartida o subdivisión que, según lo previsto en los apartados 1 o 2, se determine para una mercancía servirá de base para aplicarle las medidas correspondientes a esa subpartida.







CAPÍTULO 2

Origen de las mercancías







Sección 1

Origen no preferencial

Artículo 35

Ámbito de aplicación

Los artículos 36, 37 y 38 contienen disposiciones para determinar el origen no preferencial de las mercancías a efectos de la aplicación de las medidas siguientes:

a) el arancel aduanero común, salvo las medidas indicadas en el artículo 33, apartado 2, letras d) y e);

b) las medidas no arancelarias establecidas por actos comunitarios que regulen ámbitos específicos relacionados con el comercio de mercancías;

c) otras medidas comunitarias relacionadas con el origen de las mercancías.

Artículo 36

Adquisición del origen

1. Se considerará que las mercancías obtenidas enteramente en un solo país o territorio tienen su origen en este.

2. Se considerará que las mercancías en cuya producción intervengan dos o más países o territorios tienen su origen en aquel en el que se haya producido su última transformación sustancial.

Artículo 37

Prueba de origen

1. Cuando en la declaración en aduana se indique un origen de acuerdo con la legislación aduanera, las autoridades aduaneras podrán exigir que el declarante pruebe el origen de las mercancías.

2. En caso de plantearse dudas razonables sobre la prueba de origen que se haya presentado en virtud de la legislación aduanera o de otras disposiciones comunitarias de ámbitos específicos, las autoridades aduaneras podrán exigir cualquier otra prueba complementaria necesaria para cerciorarse de que la indicación del origen cumpla la legislación comunitaria aplicable.

3. Si las necesidades del comercio así lo requieren, se podrán expedir en la Comunidad documentos que prueben el origen.

Artículo 38

Medidas de aplicación

La Comisión adoptará, con arregloal procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 184, apartado 2, medidas de aplicación de los artículos 36 y 37.







Sección 2

Origen preferencial

Artículo 39

Origen preferencial de las mercancías

1. Para poder beneficiarse de las medidas indicadas en el artículo 33, apartado 2, letras d) o e), o de medidas preferenciales no arancelarias, las mercancías deberán cumplir las normas de origen preferencial previstas en los apartados 2 a 5 del presente artículo.

2. En el caso de las mercancías que se acojan a medidas preferenciales contenidas en acuerdos que haya suscrito la Comunidad con países o territorios situados fuera de su territorio aduanero o con grupos de esos países o territorios, las normas de origen preferencial se establecerán en dichos acuerdos.

3. En el caso de las mercancías que se acojan a medidas preferenciales adoptadas unilateralmente por la Comunidad para países o territorios situados fuera de su territorio aduanero o para grupos de esos países o territorios que no sean los indicados en el apartado 5, las normas de origen preferencial se establecerán mediante medidas que adoptará la Comisión con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 184, apartado 2.

4. En el caso de las mercancías que se acojan a las medidas preferenciales que establece el Protocolo no 2 del Acta de adhesión de 1985 para el comercio entre el territorio aduanero de la Comunidad y Ceuta y Melilla, las normas de origen preferencial se adoptarán de conformidad con el artículo 9 de dicho Protocolo.

5. En el caso de las mercancías que se acojan a medidas preferenciales de regímenes preferenciales establecidos en favor de los países y territorios de ultramar asociados a la Comunidad, las normas de origen preferencial se adoptarán de acuerdo con el artículo 187 del Tratado.

6. La Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 184, apartado 2, medidas de aplicación de las normas previstas en los apartados 2 a 5 del presente artículo.







CAPÍTULO 3

Valor en aduana de las mercancías

Artículo 40

Ámbito de aplicación

Para la aplicación del arancel aduanero común y de las medidas no arancelarias establecidas por disposiciones comunitarias que regulen ámbitos específicos relacionados con el comercio de mercancías, el valor en aduana de estas se determinará de conformidad con los artículos 41, 42 y 43.

Artículo 41

Método de valoración en aduana basado en el valor de transacción

1. La base principal para determinar el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción, que es el precio realmente pagado o que debe pagarse por ellas cuando se vendan para su exportación al territorio aduanero de la Comunidad, ajustado, en su caso, de acuerdo con las medidas que se adopten en virtud del artículo 43.

2. El precio realmente pagado o que debe pagarse será el pago total que el comprador haya efectuado o deba efectuar al vendedor o a un tercero en favor del vendedor, por las mercancías importadas, e incluirá todos los pagos efectuados o por efectuar como condición de la venta de esas mercancías.

3. El valor de transacción se aplicará siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a) que no afecten al uso o disposición de las mercancías por parte del comprador más restricciones que cualquiera de las siguientes: i) restricciones impuestas o exigidas por las normas o por las autoridades públicas de la Comunidad, ii) limitaciones de la zona geográfica en la que las mercancías puedan ser objeto de reventa, iii) restricciones que no afecten sustancialmente al valor en aduana de las mercancías;

b) que ni la venta ni el precio estén sujetos a condiciones o consideraciones que impidan determinar el valor de las mercancías que deban valorarse;

c) que ninguno de los beneficios derivados de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías por el comprador repercuta directa o indirectamente en el vendedor, salvo que el valor pueda ajustarse convenientemente de conformidad con las medidas previstas en el artículo 43;

d) que no exista vinculación entre comprador y vendedor o la vinculación no tenga influencia en el precio.

Artículo 42

Métodos secundarios de valoración en aduana

1. En caso de que la determinación del valor en aduana de las mercancías no sea posible en el marco del artículo 41, se irán aplicando sucesivamente las letras a) a d) del apartado 2 del presente artículo hasta llegar a aquella que permita en primer lugar determinar dicho valor.

El orden de aplicación de las letras c) y d) se invertirá si el declarante así lo solicita.

2. En el marco del apartado 1, el valor en aduana será:

a) el valor de transacción de mercancías idénticas que se vendan para su exportación al territorio aduanero de la Comunidad y se exporten a ella al mismo tiempo que las mercancías que deban valorarse o en una fecha próxima;

b) el valor de transacción de mercancías similares que se vendan para su exportación al territorio aduanero de la Comunidad y se exporten a ella al mismo tiempo que las mercancías que deban valorarse o en una fecha próxima;

c) el valor basado en el precio unitario al que se venda en el territorio aduanero de la Comunidad a personas no vinculadas con los vendedores la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías idénticas o similares también importadas;

d) el valor calculado.

3. En caso de que no sea posible determinar el valor en aduana con arreglo al apartado 1, la determinación de dicho valor se efectuará basándose en la información disponible en el territorio aduanero de la Comunidad y utilizando medios adecuados que se ajusten a los principios y disposiciones generales contenidos en:

a) el Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio;

b) el artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio;

c) el presente capítulo.

Artículo 43

Medidas de aplicación

La Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 184, apartado 2, las medidas pertinentes para regular:

a) los elementos que, a fin de determinar el valor en aduana, deban añadirse al precio realmente pagado o que debe pagarse, o puedan excluirse de este;

b) los elementos que tienen que utilizarse para determinar el valor calculado;

c) el método de determinación del valor en aduana en casos específicos y con respecto a las mercancías que den nacimiento a una deuda aduanera tras el uso de un régimen especial;

d) cualesquiera otras condiciones, disposiciones y normas necesarias para la aplicación de los artículos 41 y 42.







TÍTULO III

DEUDA ADUANERA Y GARANTÍAS







CAPÍTULO 1

Origen de la deuda aduanera







Sección 1

Deuda aduanera de importación

Artículo 44

Despacho a libre práctica e importación temporal

1. Una deuda aduanera de importación nacerá al ser incluidas las mercancías no comunitarias sujetas a derechos de importación en uno de los regímenes aduaneros siguientes:

a) el despacho a libre práctica, incluso con arreglo a las disposiciones del destino final;

b) la importación temporal con exención parcial de derechos de importación.

2. La deuda aduanera se originará en el momento de la admisión de la declaración en aduana.

3. El declarante será el deudor. En caso de representación indirecta, será también deudora la persona por cuya cuenta se haga la declaración en aduana.

Cuando una declaración en aduana relativa a uno de los regímenes mencionados en el apartado 1 sea formulada sobre la base de una información que lleve a no percibir la totalidad o parte de los derechos exigibles, la persona que suministró la información requerida para la realización de la declaración y que supiera o debiera razonablemente haber sabido que dicha información era falsa será también un deudor.

Artículo 45

Disposiciones especiales relativas a las mercancías no originarias

1. Cuando se aplique una prohibición de devolución o de exención de derechos de importación a mercancías no originarias utilizadas en la fabricación de productos para los que se expida o se establezca una prueba de origen en el marco de un acuerdo preferencial entre la Comunidad y determinados países o territorios situados fuera del territorio aduanero de la Comunidad o grupos de dichos países o territorios, nacerá una deuda aduanera de importación respecto de dichas mercancías no originarias mediante la admisión de la notificación de reexportación relativa a los productos en cuestión.

2. Cuando nazca una deuda aduanera con arreglo al apartado 1, el importe de los derechos de importación correspondiente a esta deuda se determinará con arreglo a las mismas condiciones que en el caso de una deuda aduanera derivada de la admisión, en la misma fecha, de la declaración en aduana de despacho a libre práctica de las mercancías no originarias utilizadas en la fabricación de los productos en cuestión a efectos de finalizar el perfeccionamiento activo.

3. Se aplicará, mutatis mutandis, el artículo 44, apartados 2 y 3. No obstante, en el caso de las mercancías no comunitarias mencionadas en el artículo 179, el deudor será la persona que presente la notificación de reexportación. En caso de representación indirecta, será también deudora la persona por cuya cuenta se presente la notificación.

Artículo 46

Deuda aduanera nacida por incumplimiento

1. Respecto de las mercancías sujetas a derechos de importación, nacerá una deuda aduanera de importación por incumplimiento de alguna de las siguientes circunstancias:

a) una de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera relativa a la introducción de mercancías no comunitarias en el territorio aduanero de la Comunidad, a la retirada de estas de la vigilancia aduanera o a la circulación, transformación, depósito, importación temporal o disposición de tales mercancías en ese territorio;

b) una de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera relativa al destino final de las mercancías dentro del territorio aduanero de la Comunidad;

c) una condición que regule la inclusión de mercancías no comunitarias en un régimen aduanero o la concesión, en virtud del destino final de las mercancías, de una exención de derechos o de una reducción del tipo de los derechos de importación.

2. El momento en que nacerá la deuda aduanera será uno de los siguientes:

a) el momento en que no se cumpla o deje de cumplirse la obligación cuyo incumplimiento dé origen a la deuda aduanera;

b) el momento en que se acepte una declaración en aduana para que las mercancías se incluyan en un régimen aduanero, cuando posteriormente se compruebe que de hecho no se había cumplido una de las condiciones que regulan la inclusión de las mercancías en ese régimen o la concesión de una exención de derechos o una reducción del tipo de los derechos de importación en virtud del destino final de las mercancías.

3. En los casos mencionados en las letras a) y b) del apartado 1, el deudor será una de las siguientes personas:

a) toda persona a la que se exigiera el cumplimiento de las obligaciones en cuestión;

b) toda persona que supiera o debiera razonablemente haber sabido que no se había cumplido una obligación con arreglo a la legislación aduanera y que actuara por cuenta de la persona que estaba obligada a cumplir la obligación, o que participara en el acto que condujo al incumplimiento de la obligación;

c) toda persona que adquiriera o poseyera las mercancías en cuestión y que supiera o debiera razonablemente haber sabido en el momento de adquirir o recibir las mercancías que no se había cumplido una obligación prescrita por la legislación aduanera.

4. En los casos mencionados en el apartado 1, letra c), el deudor será la persona que deba cumplir las condiciones que regulan la inclusión de las mercancías en un régimen aduanero, que declaran las mercancías en cuestión en dicho régimen o que conceden una exención de derechos o una reducción del tipo de los derechos de importación en virtud del destino final de las mercancías.

Cuando se presente una declaración en aduana respecto de uno de los regímenes mencionados en el apartado 1, o se suministre a las autoridades aduaneras cualquier información requerida con arreglo a la legislación aduanera y relativa a las condiciones que regulan la inclusión de las mercancías en un régimen aduanero, de modo que ello conduzca a la no percepción de la totalidad o parte de los derechos exigibles, el deudor será la persona que suministró la información requerida para formular la declaración y que sabía o debería razonablemente haber sabido que dicha información era falsa.

Artículo 47

Deducción de un importe de derechos de importación ya pagado

1. Cuando nazca una deuda aduanera, con arreglo al artículo 46, apartado 1, respecto de mercancías despachadas a libre práctica con una reducción del tipo de los derechos de importación debido a su destino final, el importe de derechos de importación pagados al ser despachadas las mercancías a libre práctica será deducido del importe de los derechos de importación correspondiente a la deuda aduanera.

El párrafo primero se aplicará mutatis mutandis cuando nazca una deuda aduanera respecto de los residuos y desechos resultantes de la destrucción de dichas mercancías.

2. Cuando nazca una deuda aduanera, con arreglo al artículo 46, apartado 1, respecto de mercancías incluidas en un régimen de importación temporal con exención parcial de derechos de importación, el importe de derechos de importación pagado con arreglo a la exención parcial será deducido del importe de los derechos de importación correspondiente a la deuda aduanera.







Sección 2

Deuda aduanera de exportación

Artículo 48

Exportación y tráfico de perfeccionamiento pasivo

1. Una deuda aduanera de exportación nacerá al incluirse las mercancías sujetas a derechos de exportación en el régimen de exportación o en el régimen de perfeccionamiento pasivo.

2. La deuda aduanera nacerá en el momento de la admisión de la declaración en aduana.

3. El declarante será el deudor. En caso de representación indirecta, será también deudora la persona por cuya cuenta se haga la declaración en aduana.

Cuando se presente una declaración en aduana sobre la base de una información que lleve a la no percepción de la totali