1998L0027 — ES — 09.10.2002 — 003.001 — 1
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►B DIRECTIVA98/27/CEDELPARLAMENTOEUROPEOYDELCONSEJO
de19demayode1998
relativa alasacciones decesaciónenmateriadeproteccióndelosinteresesdelosconsumidores
(DO L 166 de 11.6.1998, p. 51)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
mayo de 1999L 171 12 7.7.1999
►M2Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de
junio de 2000L 178 1 17.7.2000
►M3Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
septiembre de 2002L 271 16 9.10.2002
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DIRECTIVA 98/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO
de19demayode1998
relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los
interesesdelosconsumidores
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular,su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión(
1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B
del Tratado(3),
(1)Considerando que determinadas Directivas, que figuran en lalista aneja a la presente Directiva, establecen normas en materiade protección de los intereses de los consumidores;
(2)Considerando que los mecanismos que existen actualmente paragarantizar el cumplimiento de dichas Directivas no siemprepermiten poner fin a su debido tiempo a las infracciones perjudi-ciales para los intereses colectivos de los consumidores; que porintereses colectivos se entiende los intereses que no son una
acumulación de intereses de particulares que se hayan visto
perjudicados por una infracción; que esto no obsta a las accionesparticulares ejercitadas por particulares que se hayan visto perju-dicados por una infracción;
(3)Considerando que la eficacia de las medidas nacionales de trans-posición de dichas Directivas a los efectos de obtener la cesaciónde prácticas que sean ilícitas con arreglo a la legislaciónnacional aplicable, incluidas aquellas medidas de protección que
vayan más allá del nivel exigido por dichas Directivas, siempre
y cuando sean compatibles con el Tratado y permitidas pordichas Directivas, puede verse contrarrestada cuando talesprácticas surten su efecto en un Estado miembro distinto deaquel en el que se hayan originado;
(4)Considerando que estas dificultades pueden perjudicar al buenfuncionamiento del mercado interior, al tener por consecuenciaque baste con trasladar el punto de partida de una práctica ilícita
a otro país para sustraerse a cualquier tipo de aplicación; que
ello constituye una distorsión de la competencia;
(5)Considerando que estas mismas dificultades pueden hacer quedisminuya la confianza de los consumidores en el mercado inte-rior y limitar el margen de acción de las organizaciones derepresentación de los intereses colectivos de los consumidores ode organismos públicos independientes encargados de la protec-ción de los intereses colectivos de los consumidores,
perjudicados por prácticas que violan el Derecho comunitario;
(6)Considerando que dichas prácticas sobrepasan a menudo lasfronteras entre los Estados miembros; que es necesario y urgente
aproximar en cierta medida las disposiciones nacionales quepermiten hacer cesar las prácticas ilícitas antes mencionadas,con independencia de cuál sea el país en el que la práctica ilícitaproduce sus efectos; que, por lo que se refiere a la jurisdicción,esto no obsta a que se apliquen las normas del Derecho interna-1998L0027 — ES — 09.10.2002 — 003.001 — 2
(1) DO C 107 de 13. 4. 1996, p. 3, y DO C 80 de 13. 3. 1997, p. 10.
(2) DO C 30 de 30. 1. 1997, p. 112.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de noviembre de 1996 (DO C 362
de 2. 12. 1996, p. 236), Posición común del Consejo de 30 de octubre de
1997 (DO C 389 de 22. 12. 1997, p. 51), y Decisión del Parlamento
Europeo de 12 de marzo de 1998 (DO C 104 de 6. 4. 1998). Decisión del
Consejo de 23 de abril de 1998.
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cional privado y de los convenios en vigor entre los Estados
miembros, y respeta las obligaciones generales de los Estadosmiembros que se derivan del Tratado, en particular las relacio-
nadas con el adecuado funcionamiento del mercado interior;
(7)Considerando que los objetivos de la acción pretendida solo
pueden ser alcanzados por la Comunidad; que por lo tanto lecorresponde a ésta intervenir;
(8)Considerando que el párrafo tercero del artículo 3 B del Tratadoestablece que el legislador comunitario no excederá de lo nece-sario para alcanzar los objetivos del Tratado; que en aplicaciónde esta disposición, deben tenerse en cuenta, en la medida de loposible, las especificidades de los ordenamientos jurídicos nacio-
nales concediendo a los Estados miembros la posibilidad de
elegir entre diferentes opciones cuyos efectos sean equivalentes;que las autoridades judiciales o administrativas competentes pararesolver en lo que respecta a los procedimientos mencionados enel artículo 2 de la presente Directiva deberían tener derecho aexaminar los efectos derivados de resoluciones anteriores;
(9)Considerando que una de estas opciones debería prever que unoo más organismos públicos independientes, específicamenteencargados de la protección de los intereses colectivos de losconsumidores, ejerza los derechos a ejercitar las acciones
contempladas en la presente Directiva; que la otra opción debe
prever el ejercicio de estos derechos por las organizacionescuyo objeto consiste en proteger los intereses colectivos de losconsumidores, según los criterios establecidos por las legisla-ciones nacionales;
(10)Considerando que, los Estados miembros deben poder elegirentre ambas opciones o combinarlas designando a nivel nacionallos organismos u organizaciones autorizados a efectos de lapresente Directiva;
(11)Considerando que a los efectos de las infracciones intracomuni-
tarias, debería aplicarse a tales organismos y/o organizaciones el
principio de reconocimiento mutuo; que los Estados miembrosdeberían comunicar a la Comisión, a instancia de sus entidadesnacionales, la denominación y finalidad de sus entidades nacio-nales habilitadas para ejercer una acción en su propio país conarreglo a lo dispuesto en la presente Directiva;
(12)Considerando que corresponde a la Comisión velar por que sepublique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una
lista de dichas entidades habilitadas; que, salvo declaración encontrario, se presumirá que una entidad habilitada tiene capa-
cidad jurídica si su denominación figura en dicha lista;
(13)Considerando que los Estados miembros deberían poder prever
una obligación de consulta previa a cargo de la parte que seproponga interponer una acción de cesación, con el fin depermitir al demandado poner fin a la infracción litigiosa; que
los Estados miembros deberían poder establecer que dicha
consulta previa se efectúe conjuntamente con un organismopúblico independiente designado por dichos Estados miembros;
(14)Considerando que, cuando los Estados miembros hayan estable-cido una obligación de consulta previa, debería establecerse un
plazo de dos semanas a partir de la recepción de la solicitud de
consulta tras el cual, si no hubiera cesado la infracción, el inte-resado podrá ejercitar una acción ante las autoridades judicialeso administrativas competentes sin más trámite;
(15)Considerando que conviene que la Comisión informe sobre el
funcionamiento de la presente Directiva y en particular sobre su
alcance y la aplicación del mecanismo de consulta previa;
(16)Considerando que la aplicación de la presente Directiva nodebería prejuzgar la aplicación de las normas comunitarias decompetencia,1998L0027 — ES — 09.10.2002 — 003.001 — 3
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
Ámbitodeaplicación
1. La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros rela-tivas a las acciones de cesación a las que se refiere el artículo 2,destinadas a la protección de los intereses colectivos de los consumi-
dores que se contemplan en las Directivas que aparecen enumeradas
en el anexo, objeto de garantizar el buen funcionamiento del mercadointerior.
2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por infracción
cualquier acto contrario a las Directivas que figuran en el anexo, tal ycomo estén incorporadas al ordenamiento jurídico interno de losEstados miembros, que atente contra los intereses colectivos a que serefiere el apartado 1.
Artículo 2
Accionesdecesación
1. Los Estados miembros designarán las autoridades judiciales o
administrativas competentes para resolver en las acciones ejercitadaspor las entidades habilitadas con arreglo al artículo 3 a fin de obtenerque:
a) se ordene, con toda la diligencia debida, en su caso mediante proce-
dimiento de urgencia, la cesación o la prohibición de todainfracción;
b) se adopten, en su caso, medidas como la publicación, total o parcial,
y en la forma que se estime conveniente, de la resolución, o que se
publique una declaración rectificativa con vistas a suprimir losefectos duraderos derivados de la infracción;
c) en la medida en que el ordenamiento jurídico del Estado miembro
interesado lo permita, se condene a la parte demandada perdedoraa abonar al Tesoro público o al beneficiario designado por la legis-
lación nacional, o en virtud de la misma, en caso de inejecución de
la resolución en el plazo establecido por las autoridades judiciales oadministrativas, una cantidad fa por cada día de retraso o cualquierotra cantidad prevista en la legislación nacional, al objeto de garan-tizar el cumplimiento de las resoluciones.
2. La presente Directiva no obstará a la aplicación de las normas de
Derecho internacional privado relativas a la ley aplicable, lo que,normalmente, supondrá la aplicación, bien de la ley del Estadomiembro en que se haya originado la infracción, bien de la ley del
Estado miembro en el que la infracción surta efectos.
Artículo 3
Entidadeshabilitadasparaejercitar unaacción
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «entidad habili-
tada» cualquier organismo u organización, correctamente constituido
con arreglo a la legislación de un Estado miembro, que posea un
interés legítimo en hacer que se respeten las disposiciones contem-pladas en el artículo 1, y en particular:
a) uno o más organismos públicos independientes específicamente
encargados de la protección de los intereses a los que se refiere elartículo 1, en los Estados miembros en los que existan tales orga-nismos, y/o
b) las organizaciones cuya finalidad consista en la protección de los
intereses a los que se refiere el artículo 1, según los criterios esta-blecidos por su legislación nacional.1998L0027 — ES — 09.10.2002 — 003.001 — 4
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Artículo 4
Infraccionesintracomunitarias
1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que,
cuando una infracción tenga su origen en ese Estado miembro, todaentidad habilitada de otro Estado miembro donde los intereses prote-gidos por esa entidad habilitada se vean afectados por dicha infracciónpueda interponer una demanda ante las autoridades judiciales o unasolicitud ante las autoridades administrativas a que hace referencia el
artículo 2, previa presentación de la lista contemplada en el apartado
3. Las autoridades judiciales o administrativas aceptarán dicha listacomo prueba de la capacidad jurídica de la entidad habilitada sinperjuicio de su derecho de examinar si la finalidad de la entidad habi-litada justifica que ejercite acciones en un caso concreto.
2. A efectos de las infracciones intracomunitarias, y sin perjuicio de
los derechos reconocidos a otras entidades con arreglo a la legislaciónnacional, cuando las entidades habilitadas así lo soliciten, los Estados
miembros comunicarán a la Comisión que dichas entidades están habi-
litadas para ejercitar las acciones previstas en el artículo 2. Los Estadosmiembros informarán a la Comisión de la denominación y finalidad dedichas entidades habilitadas.
3. La Comisión elaborará una lista de las entidades habilitadas
contempladas en el apartado 2, precisando su finalidad. Esta lista sepublicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas ; las modi-
ficaciones de dicha lista se publicarán sin dilación, y cada seis meses se
publicará una lista actualizada.
Artículo 5
Consultaprevia
1. Los Estados miembros podrán establecer o mantener disposi-
ciones por las que la parte que se proponga ejercitar una acción de
cesación únicamente pueda ejercerla después de que haya procuradoobtener la cesación de la infracción previa consulta, bien con la partedemandada, bien tanto con la parte demandada como con una entidadhabilitada a tenor de la letra a) del artículo 3 del Estado miembro en
que se ejercite la acción de cesación. Corresponderá al Estado miembro
decidir si la parte que pretende entablar la acción de cesación deberáconsultar a la entidad habilitada. Si no se hubiera obtenido la cesaciónde la infracción dentro de un plazo de dos semanas después de recibidala petición de consulta, la parte afectada podrá entablar una acción decesación sin más trámite.
2. Las normas reguladoras de la consulta previa que adopten los
Estados miembros serán notificadas a la Comisión y publicadas en elDiario Oficial de las Comunidades Europeas .
Artículo 6
Informes
1. Cada tres años y, por primera vez, dentro de un plazo máximo de
cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Direc-
tiva, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo uninforme sobre la aplicación de la misma.
2. En su primer informe, la Comisión examinará, en particular:
— el ámbito de aplicación de la presente Directiva en relación con la
protección de los intereses colectivos de las personas que ejerzanuna actividad comercial, industrial, artesanal o una profesiónliberal;
— el ámbito de aplicación de la presente Directiva tal y como lo
definen las Directivas enumeradas en el anexo;
— si la consulta previa establecida en el artículo 5 ha contribuido a la
protección eficaz de los consumidores.
En su caso, dicho informe irá acompañado de propuestas de modifica-
ción de la presente Directiva.1998L0027 — ES — 09.10.2002 — 003.001 — 5
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Artículo 7
Disposicionesrelativasaunamásampliafacultaddeactuación
La presente Directiva no impedirá el mantenimiento o a la adopción
por los Estados miembros de disposiciones que tengan por objeto
garantizar, a escala nacional, una facultad de actuación más amplia a
las entidades habilitadas y a cualquier persona afectada.
Artículo 8
Aplicación
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a loestablecido en la presente Directiva a más tardar 30 meses después desu entrada en vigor. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas
harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha
referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros estable-
cerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito reguladopor la presente Directiva.
Artículo 9
Entradaenvigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
Artículo 10
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.1998L0027 — ES — 09.10.2002 — 003.001 — 6
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ANEXO
LISTADEDIRECTIVASCONTEMPLADASENELARTÍCULO1 (*)
1) Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administra-
tivas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (DO L
250 de 19. 9. 1984, p. 17).
2) Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a
la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera
de los establecimientos comerciales (DO L 372 de 31. 12. 1985, p. 31).
3) Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administra-
tivas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (DO L 42
de 12. 2. 1987, p. 48), cuya última modificación la constituye la Directiva
98/7/CE (DO L 101 de 1. 4. 1998, p. 17).
4) Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coor-
dinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades
de radiodifusión televisiva: artículos 10 a 21 (DO L 298 de 17. 10. 1989, p.
23), modificada por la Directiva 97/36/CE (DO L 202 de 30. 7. 1997, p.
60).
5) Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los
viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados
(DO L 158 de 23. 6. 1990, p. 59).
6) Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la
publicidad de los medicamentos para uso humano (DO L 113 de 30. 4.
1992, p. 13).
7) Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21. 4.
1993, p. 29).
8) Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo
a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de
utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (DO L 280 de
29. 10. 1994, p. 83).
9) Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo
de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de
contratos a distancia (DO L 144 de 4. 6. 1997, p. 19).
10) Directiva 99/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo
de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los
bienes de consumo (DO L 171 de 7.7.1999, p. 12).
11) Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio
de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la
sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el
mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO L 178
de 17.7.2000, p.1).
12) Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de
septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la
Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/
CE(**).1998L0027 — ES — 09.10.2002 — 003.001 — 7
(*) Las Directivas nos1, 6, 7 y 9 contienen disposiciones específicas sobre las acciones de
cesación.
(**) DO L 271 de 9.10.2002, p. 16.▼M1
▼M2
▼M3