1994R1681 — ES — 01.01.2006 — 001.001

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REGLAMENTO (CE) No 1681/94 DE LA COMISIÓN

de 11 de julio de 1994

relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente abonadas en el marco de la financiación de las políticas estructurales, así como a la organización de un sistema de información en esta materia







LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88 en lo que relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes ( 1 ), modificado por el Reglamento (CEE) no 2082/93 ( 2 ), y, en particular, el párrafo cuarto del apartado 1 de su artículo 23, Previas consultas al Comité consultivo para el desarrollo y la reconversión de las regiones y al Comité del artículo 124 del Tratado, Considerando que el artículo 23 del Reglamento (CEE) no 4253/88 definió los principios que regulan en la Comunidad la lucha contra las irregularidades y la recuperación de las cantidades perdidas como consecuencia de abusos o de negligencias en el ámbito de los Fondos estructurales; Considerando que, dado que el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 792/93 del Consejo, de 30 de marzo de 1993, por el que se establece un instrumento financiero de cohesión ( 3 ), modificado por el Reglamento (CE) no 566/94 ( 4 ), ha hecho aplicable, mutatis mutandis, el artículo 23 del Reglamento (CEE) no 4253/88, el presente Reglamento se refiere igualmente al instrumento financiero de cohesión; Considerando que las disposiciones del presente Reglamento deben aplicarse a todas las formas de intervención financiera previstas en los Reglamentos (CEE) no 4254/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88 en lo que respecta al Fondo Europeo de Desarrollo Regional ( 5 ), modificado por el Reglamento (CEE) no 2083/93 ( 6 ), (CEE) no 4255/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88 en lo relativo al Fondo Social Europeo ( 7 ), modificado por el Reglamento (CEE) no 2084/93 ( 8 ), (CEE) no 4256/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88 en lo relativo al FEOGA, sección Orientación ( 9 ), modificado por el Reglamento (CEE) no 2085/93 ( 10 ) y (CEE) no 2080/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88 en lo referente al instrumento financiero de orientación de la pesca ( 11 ), así como en el Reglamento (CEE) no 792/93; Considerando que el presente Reglamento únicamente regula determinados aspectos de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud de los párrafos primero y segundo del apartado 1 del artículo 23 del Reglamento (CEE) no 4253/88, por lo que el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las demás obligaciones derivadas de la aplicación del citado artículo 23; Considerando que, con objeto de garantizar a la Comunidad un mejor conocimiento de las disposiciones adoptadas por los Estados miembros para luchar contra las irregularidades, conviene precisar las disposiciones nacionales que deben comunicarse a la Comisión; Considerando que, para conocer la naturaleza de las prácticas irregulares y los efectos financieros de las irregularidades, así como para recuperar las sumas indebidamente abonadas, es necesario prever que los Estados miembros comuniquen trimestralmente a la Comisión los casos de irregularidades descubiertos; que dicha comunicación debe completarse mediante indicaciones referentes a la evolución de los procedimientos judiciales o administrativos; Considerando que resulta oportuno que la Comisión sea informada sistemáticamente de los procedimientos judiciales o administrativos encaminados a sancionar a las personas que hayan cometido irregularidades; que resulta igualmente oportuno garantizar una información sistemática sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para proteger los intereses financieros de la Comunidad; Considerando que conviene precisar los procedimientos aplicables entre los Estados miembros y la Comisión en los casos en que las cantidades perdidas como consecuencia de una irregularidad resulten ser irrecuperables; Considerando que conviene fijar un importe mínimo a partir del cual los Estados miembros deban comunicar automáticamente los casos de irregularidades; Considerando que las normas nacionales relativas al procedimiento penal y a la cooperación judicial entre Estados miembros en materia penal no deben verse afectadas por las disposiciones del presente Reglamento; Considerando que es oportuno prever la posibilidad de una participación comunitaria en los gastos judiciales y en los gastos relacionados directamente con el procedimiento judicial; Considerando que, para prevenir los casos de irregularidad, procede reforzar la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión, procurando que dicha cooperación se atenga a las normas de confidencialidad; Considerando que conviene precisar que las disposiciones del presente Reglamento serán igualmente aplicables en el supuesto de que un pago que hubiera debido efectuarse en el marco de los Fondos estructurales o de un instrumento financiero con finalidad estructural, no lo haya sido como consecuencia de una irregularidad; Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de las estructuras agrarias y del desarrollo rural y del Comité de gestión permanente de las estructuras pesqueras, HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:







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Artículo 1

1. Sin perjuicio de las obligaciones que se desprenden directamente de la aplicación del artículo 23 del Reglamento (CEE) no 4253/88 y del artículo 38 del Reglamento (CE) no 1260/1999, el presente Reglamento afectará a todas las formas de intervención financiera previstas en los Reglamentos (CEE) no 4254/88, (CEE) no 4255/88, (CEE) no 4256/88 y (CEE) no 2080/93, así como a los Reglamentos (CE) no 1783/1999, (CE) no 1784/1999 y (CE) no 1263/1999. El presente Reglamento se aplicará también a las intervenciones financiadas en aplicación del artículo 35, apartado 2, primer guión, del Reglamento (CE) no 1257/1999 (Sección Orientación).

2. La comunicación de irregularidades correspondientes a los programas Interreg previstos en el artículo 20, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1260/1999, así como a cualquier otro programa de carácter transnacional, deberá ser efectuada por el Estado miembro en el que se realizaron los gastos. El Estado miembro informará al mismo tiempo a la autoridad de gestión y a la autoridad pagadora del programa, así como a la persona o servicio designados para realizar la declaración al término de la intervención, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 438/2001.

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Artículo 1 bis

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «irregularidad»: cualquier infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades Europeas por la imputación al presupuesto comunitario de un gasto indebido;

2) «agente económico»: cualquier entidad que participa en la ejecución de intervenciones de los Fondos, a excepción de los Estados miembros en el ejercicio de sus prerrogativas de autoridad pública;

3) «primer acto de comprobación administrativa o judicial»: primera evaluación por escrito, por parte de una autoridad competente, ya sea administrativa o judicial, que concluya, sobre la base de hechos concretos, la existencia de una irregularidad sin perjuicio de la posibilidad de que esta conclusión sea revisada o retirada posteriormente a raíz de la evolución del procedimiento administrativo o judicial;

4) «sospecha de fraude»: irregularidad que da lugar a la incoación de un procedimiento administrativo y/o judicial a nivel nacional con el fin de determinar la existencia de un comportamiento intencional, en particular de un fraude en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas;

5) «quiebra»: los procedimientos de insolvencia según lo dispuesto en el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo ( 12 ).

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Artículo 3

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1. En el transcurso de los dos meses siguientes al final de cada trimestre, los Estados miembros comunicarán a la Comisión un estadillo en el que se indiquen los supuestos de irregularidades que hayan sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa y/o judicial. A estos efectos, facilitarán las precisiones relativas a:

a) el o los Fondos estructurales o el instrumento financiero implicados, el objetivo, la identificación de la forma de intervención y de la operación de que se trate y el número ARINCO o el código CCI (Código Común de Identificación);

b) la disposición que se haya transgredido;

c) la fecha y la fuente de la primera información que haya permitido sospechar la existencia de la irregularidad;

d) las prácticas llevadas a cabo para cometer la irregularidad;

e) en su caso, si dicha práctica revela sospechas de fraude;

f) la forma en que se haya descubierto la irregularidad;

g) en su caso, los Estados miembros y los países terceros afectados;

h) el momento o período durante los cuales se cometió la irregularidad;

i) los servicios u organismos nacionales que hayan procedido a la comprobación de la irregularidad y los servicios encargados del seguimiento administrativo y/o judicial;

j) la fecha del primer acto de constatación administrativa o judicial de la irregularidad;

k) la identificación de las personas físicas y/o jurídicas implicadas o de otras entidades participantes, salvo en los casos en que esta indicación no pueda resultar útil en el marco de la lucha contra las irregularidades debido al carácter de la irregularidad;

l) el importe total del presupuesto aprobado para la operación y el reparto de su cofinanciación entre contribución comunitaria, nacional, privada u otra;

m) el importe afectado por la irregularidad y su reparto entre contribución comunitaria, nacional, privada u otra en los casos en que no se hubiera efectuado ningún pago de la contribución pública a las personas y otras entidades identificadas en la letra k), y las sumas que habrían sido indebidamente pagadas si no se hubiera constatado la irregularidad;

n) en su caso, la paralización de los pagos y las posibilidades de recuperación;

o) la naturaleza del gasto irregular.

Como excepción al párrafo primero, los casos siguientes no deberán ser comunicados:

— los casos en que el único aspecto de irregularidad consista en una falta en la ejecución parcial o total de la operación cofinanciada por el presupuesto comunitario como consecuencia de la quiebra del beneficiario final o del destinatario último. No obstante, deberán comunicarse las irregularidades que precedan a una quiebra y cualquier sospecha de fraude,

— los casos señalados a la autoridad administrativa por el beneficiario final o el destinatario último sin haber sido requerido o antes del descubrimiento por la autoridad competente, bien antes o después, de la concesión de la contribución pública,

— los casos en que la autoridad administrativa constate un error sobre la posibilidad de financiación del proyecto y proceda a su corrección antes del pago de la contribución pública.

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2. Si los Estados miembros no dispusieren de algunas de las informaciones contempladas en el apartado 1, sobre todo las referentes a las prácticas utilizadas para cometer la irregularidad y a la forma en que ésta se haya descubierto, las completarán en la medida de lo posible con ocasión de la transmisión a la Comisión de los estadillos siguientes.

3. Si las disposiciones nacionales prevén el secreto de la instrucción, la comunicación de las informaciones estará supeditada a la autorización de la autoridad judicial competente.

Artículo 4

Cada Estado miembro comunicará a la mayor brevedad a la Comisión y, en su caso, a los demás Estados miembros interesados las irregularidades cuya existencia haya comprobado o presuma si de ellas cabe temer:

— que tengan efectos rápidos fuera de su territorio — y/o

— que pongan de manifiesto el empleo de una nueva práctica irregular.

Artículo 5

1. Dentro de los dos meses siguientes al término de cada trimestre, los Estados miembros informarán a la Comisión, haciendo referencia a cualquier comunicación anterior efectuada en virtud del artículo 3, de los procedimientos incoados como consecuencia de las irregularidades comunicadas así como de los cambios significativos que se hayan producido en dichos procedimientos, y en particular, acerca de los siguientes extremos:

— importe de las recuperaciones efectuadas o previstas,

— medidas cautelares adoptadas por los Estados miembros para salvaguardar la recuperación de las cantidades indebidamente abonadas,

— procedimientos administrativos y judiciales que se hayan incoado con vistas a la recuperación de las cantidades indebidamente abonadas y a la aplicación de las sanciones,

— razones del eventual abandono de los procedimientos de recuperación; en la medida de lo posible, se informará a la Comisión antes de tomar esta decisión,

— eventual abandono de las acciones penales.

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Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las decisiones administrativas o judiciales, o los elementos fundamentales de las mismas, relativas a la conclusión de dichos procedimientos y, en particular, indicarán si los elementos constatados revelan o no una sospecha de fraude.

2. Cuando un Estado miembro considere que la recuperación de un importe no es posible o previsible, indicará a la Comisión, mediante comunicación especial, el importe no recuperado y las razones por las que, a su juicio, dicho importe queda a cargo de la Comunidad o del Estado miembro.

Dichas informaciones deberán ser suficientemente detalladas, con objeto de que la Comisión pueda adoptar, a la mayor brevedad posible y tras concertación con las autoridades del Estado miembro de que se trate, una decisión sobre la imputabilidad:

— de las consecuencias financieras a efectos del artículo 23, apartado 1, tercer guión, del Reglamento (CE) no 4253/88,

— de los importes implicados con respecto a las formas de intervención reguladas por el Reglamento (CE) no 1260/1999.

La comunicación deberá incluir, al menos:

a) una copia del acto de concesión de la ayuda;

b) la fecha del último pago al beneficiario final y/o al destinatario último;

c) una copia de la orden de recuperación;

d) en su caso, una copia del documento que certifique la insolvencia del beneficiario final o del destinatario último;

e) una breve descripción de las medidas adoptadas por el Estado miembro para recuperar el importe afectado, especificando las fechas de adopción.

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3. En el supuesto previsto en el apartado 2, la Comisión podrá pedir expresamente al Estado miembro que prosiga el procedimiento de recuperación.

Artículo 6

Si en el curso de un período de referencia no procediere mencionar ningún caso de irregularidad, los Estados miembros informarán igualmente de ello a la Comisión dentro del mismo plazo previsto en el apartado 1 del artículo 3.

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Artículo 6 bis

La información requerida por los artículos 3 y 4 y por el artículo 5, apartado 1, se transmitirán por vía electrónica, utilizando el módulo establecido por la Comisión a tal efecto y mediante una conexión segura, excepto en caso de acuerdo previo entre la Comisión y el Estado miembro.

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Artículo 7

En el supuesto de que, a solicitud expresa de la Comisión, las autoridades competentes de un Estado miembro decidieren iniciar o preseguir una acción judicial para la recuperación de importes pagados indebidamente, la Comisión podrá comprometerse a reembolsar total o parcialmente a dicho Estado miembro, previa presentación de los correspondientes justificantes, los gastos judiciales y los gastos directamente relacionados con el procedimiento judicial, aun cuando en el mismo no se alcance resultado alguno.

Artículo 8

1. La Comisión mantendrá con los Estados miembros interesados los contactos apropiados con el fin de completar las informaciones facilitadas sobre las irregularidades contempladas en el artículo 3 y los procedimientos previstos en el artículo 5, en especial en lo que se refiere a las posibilidades de recuperación.

2. Independientemente de los contactos contemplados en el apartado 1, la Comisión informará a los Estados miembros cuando la naturaleza de la irregularidad permita presumir que en otros Estados miembros puedan darse prácticas idénticas o similares.

3. La Comisión organizará reuniones de información a escala comunitaria dirigidas a los representantes de los Estados miembros interesados, con el fin de examinar con ellos las informaciones obtenidas en virtud de los artículos 3, 4 y 5 y del apartado 1 del presente artículo, en particular en lo que se refiere a las posibles enseñanzas que puedan extraerse sobre las irregularidades, medidas preventivas y diligencias oportunas.

4. En el supuesto de que en aplicación de determinadas disposiciones vigentes se descubriese alguna insuficiencia perjudicial para los intereses de la Comunidad, los Estados miembros y la Comisión evacuarán consultas entre sí para subsanarla, a petición de alguno de ellos o de la Comisión.

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Artículo 8 bis

La Comisión podrá utilizar toda la información de carácter general u operativo comunicada por los Estados miembros en aplicación del presente Reglamento para efectuar análisis de riesgos con ayuda de herramientas informáticas adecuadas y para elaborar, sobre la base de la información obtenida, informes y dispositivos de alerta destinados a comprender mejor los riesgos identificados.

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Artículo 9

La Comisión informará regularmente a los Estados miembros en el marco del Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude, sobre la importancia de las cantidades a las que se refieran las irregularidades descubiertas y sobre sus diversas categorías según su naturaleza, así como del número de las mismas. ►M1 Los Comités previstos en los artículos 48, 49, 50 y 51 del Reglamento (CE) no 1260/99 serán informados igualmente. ◄

Artículo 10

1. Los Estados miembros y la Comisión adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias para que las informaciones intercambiadas entre sí se mantengan confidenciales.

2. Las informaciones a que se refiere el presente Reglamento no podrán facilitarse sino a las personas que deban conocerlas en razón de sus funciones en los Estados miembros o en las instituciones comunitarias, a menos que el Estado miembro que las haya comunicado dé su expreso consentimiento para ello.

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3. Cuando traten datos de carácter personal en aplicación del presente Reglamento, la Comisión y los Estados miembros velarán por el cumplimiento de las disposiciones comunitarias y nacionales relativas a la protección de estos datos, en particular las previstas por la Directiva 95/46/CE y, en su caso, por el Reglamento (CE) no 45/2001.

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4. Toda información comunicada o conocida, por cualquier procedimiento, en virtud del presente Reglamento, quedará amparada por el secreto profesional y gozará de la protección otorgada a las informaciones análogas por la legislación nacional del Estado miembro que las haya recibido y por las correspondientes disposiciones aplicables a las instituciones comunitarias.

Además, tales informaciones no podrán utilizarse para fines distintos de los previstos en el presente Reglamento, a menos que las autoridades que las hayan facilitado hayan dado expresamente su consentimiento para ello, y siempre y cuando las disposiciones vigentes en el Estado miembro en el que se encuentre la autoridad que las haya recibido no se opongan a dicha comunicación o utilización.

5. Los apartados 1 a 4 no serán obstáculo para utilizar los datos obtenidos en aplicación del presente Reglamento en acciones judiciales o diligencias incoadas por incumplimiento de la normativa comunitaria relativa a los Fondos estructurales y a los instrumentos financieros con finalidad estructural. Se informará de dicha utilización a la autoridad competente del Estado miembro que haya proporcionado tales datos.

6. Cuando un Estado miembro notifique a la Comisión que se ha demostrado, tras las oportunas investigaciones, que una persona física o jurídica cuyo nombre le hubiera sido facilitado en virtud de lo dispuesto en el presente Reglamento, no se ha visto efectivamente implicada en una irregularidad, la Comisión informará de ello a la mayor brevedad a quienes hubiere comunicado dicho nombre con arreglo al presente Reglamento. Dicha persona no podrá seguir siendo considerada como implicada en la irregularidad de que se trate a tenor de la primera notificación.

Artículo 11

En los casos de cofinanciación entre un Fondo estructural o un instrumento financiero con finalidad estructural y un Estado miembro, los importes recuperados se repartirán entre la Comunidad y dicho Estado miembro, proporcionalmente a los respectivos gastos efectuados.

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Artículo 12

1. Si las irregularidades cometidas no alcanzan la cifra de 10 000 EUR a cargo del presupuesto comunitario, los Estados miembros remitirán a la Comisión la información contemplada en los artículos 3 y 5 sólo en el caso de que la misma lo solicite expresamente.

2. Los Estados miembros que no hayan adoptado el euro como divisa en la fecha de comprobación de la irregularidad deberán convertir en euros el importe, en moneda nacional, de los gastos afectados, utilizando el tipo contable mensual de la Comisión correspondiente al mes durante el cual el gasto haya sido registrado o habría sido registrado en las cuentas de la autoridad que efectúe los pagos del programa operativo afectado. La Comisión publica este tipo mensualmente en formato electrónico.

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Artículo 13

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El período comprendido entre el día de la entrada en vigor y la finalización del trimestre natural en curso se considerará un trimestre, a los efectos contemplados en los artículos 3 y 5.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.