02020XC0320(03) — ES — 29.06.2020 — 003.001

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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19

2020/C 91 I/01

1. EL BROTE DE COVID-19, SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA Y LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS TEMPORALES

1.1. El brote de COVID-19 y su impacto en la economía

1. El brote de COVID-19 es una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos y las sociedades, pues ha infectado a personas en todos los Estados miembros de la Unión. Además, también es una gran perturbación de las economías mundiales y de la Unión, y una respuesta económica coordinada de las instituciones de la UE y de los Estados miembros es esencial para mitigar estas repercusiones negativas en la economía de la Unión.

2. Esta perturbación afecta a la economía por diferentes vías: una perturbación de la oferta como consecuencia de la interrupción de las cadenas de suministro, una perturbación de la demanda provocada por una menor demanda de los consumidores, el efecto negativo de la incertidumbre sobre los planes de inversión y el impacto de las restricciones de liquidez para las empresas.

3. Las diferentes medidas de contención adoptadas por los Estados miembros, como las medidas de distanciamiento social, las restricciones de viaje, las cuarentenas y el confinamiento, tienen por objeto garantizar que la perturbación sea lo más breve y limitada posible. Estas medidas tienen un impacto inmediato tanto en la oferta como en la demanda, y afectan a las empresas y los trabajadores, especialmente en los sectores de la salud, el turismo, la cultura, el comercio minorista y el transporte. Más allá de los efectos inmediatos en la movilidad y el comercio, el brote de COVID-19 está afectando de manera creciente a empresas de todos los sectores y de todo tipo, tanto a pequeñas y medianas empresas (pymes) como a grandes empresas. El impacto también se percibe en los mercados financieros mundiales, en particular en lo que se refiere a la liquidez. Estos efectos no se circunscribirán a un Estado miembro concreto; tendrán un impacto negativo en la economía de la Unión en su conjunto.

4. En las circunstancias excepcionales creadas por el brote de COVID-19, empresas de todo tipo pueden verse enfrentadas a una grave falta de liquidez. Puede que no solo las empresas solventes sino también las menos solventes padezcan una súbita escasez o incluso la falta de disponibilidad de liquidez. Las pymes están particularmente en riesgo. Por lo tanto, todo ello puede afectar seriamente a la situación económica de muchas empresas saneadas y de sus empleados a corto y medio plazo, al tiempo que también tiene efectos más duraderos, al poner en peligro su supervivencia.

5. Los bancos y otros intermediarios financieros tienen un papel clave que desempeñar a la hora de abordar los efectos del brote de COVID-19, manteniendo el flujo de crédito a la economía. Si el flujo de crédito se viera perturbado de forma grave, la actividad económica se desaceleraría considerablemente, ya que las empresas tendrían dificultades para pagar a sus proveedores y empleados. En este contexto, conviene que los Estados miembros puedan adoptar medidas para incentivar a las entidades de crédito y a otros intermediarios financieros a que sigan desempeñando su papel y continúen apoyando la actividad económica en la UE.

6. Las ayudas concedidas por los Estados miembros a las empresas en virtud del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE en el marco de la presente Comunicación, que se canalizan a través de los bancos en su calidad de intermediarios financieros, benefician directamente a dichas empresas. Estas ayudas no tienen por objeto preservar o restablecer la viabilidad, la liquidez o la solvencia de los bancos. Del mismo modo, las ayudas concedidas por los Estados miembros a los bancos en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE para indemnizarlos por los daños y perjuicios directos sufridos como resultado del brote de COVID-19 ( 1 ) no tienen por objeto preservar o restablecer la viabilidad, la liquidez o la solvencia de una institución o entidad. Como consecuencia de ello, dichas ayudas no reunirían los requisitos para ser consideradas ayuda financiera pública extraordinaria con arreglo a la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias) ( 2 ) ni al amparo del Reglamento n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (el Reglamento MUR) ( 3 ) y tampoco se evaluarían con arreglo a las normas sobre ayudas estatales ( 4 ) aplicables al sector bancario ( 5 ).

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7. Si, debido al brote de COVID-19, los bancos necesitan apoyo financiero público extraordinario [(véase el artículo 2, apartado 1, punto 28, de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias y el artículo 3, apartado 1, punto 29, del Reglamento MUR)] en forma de liquidez, recapitalización o medidas relacionadas con activos deteriorados, habrá que evaluar si las medidas cumplen las condiciones del artículo 32, apartado 4, letra d), incisos i), ii) o iii), de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias y del artículo 18, apartado 4, letra d), incisos i), ii) o iii), del Reglamento MUR. En caso de que se cumplan dichas condiciones, debe considerarse que el banco que reciba ese apoyo financiero público extraordinario no es una entidad inviable o con probabilidad de llegar a serlo. En la medida en que estas medidas aborden problemas relacionados con el brote de COVID-19, se consideraría que se encuadran en el ámbito de aplicación del punto 45 de la Comunicación bancaria de 2013 ( 6 ), que establece una excepción al requisito de reparto de cargas entre los accionistas y los acreedores de deuda subordinada.

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8. Es posible que las empresas no solo experimenten un nivel de liquidez insuficiente, sino que también sufran un perjuicio significativo a causa del brote de COVID-19. El carácter excepcional de este brote significa que tales perjuicios no podrían haberse previsto, son de importancia significativa y, por tanto, colocan a las empresas en condiciones que difieren considerablemente de las condiciones normales de mercado en las que operan. Incluso las empresas saneadas, bien preparadas para los riesgos inherentes al curso normal de la actividad empresarial, pueden tener dificultades en estas circunstancias excepcionales, hasta el punto de que su viabilidad se vea menoscabada.

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9. La pandemia de COVID-19 supone el riesgo de una severa ralentización de toda la economía de la UE, afectando a las empresas, el empleo y los hogares. Son necesarias medidas de apoyo bien orientadas para garantizar que los mercados cuenten con liquidez suficiente, contrarrestar los daños sufridos por empresas viables y preservar la continuidad de la actividad económica durante y después de la pandemia. Además, los Estados miembros pueden optar por apoyar a los operadores de la industria de los viajes y el turismo para garantizar que las solicitudes de reembolso causadas por la pandemia de COVID-19 sean abonadas con vistas garantizar la protección de los derechos de los pasajeros y los consumidores, y un trato igual de pasajeros y viajeros. En vista del tamaño limitado del presupuesto de la UE, el grueso de la respuesta provendrá de los presupuestos nacionales de los Estados miembros. Las normas sobre ayudas estatales de la UE permiten a los Estados miembros tomar medidas rápidas y eficaces para apoyar a ciudadanos y empresas, en particular a las pymes, que se enfrenten a dificultades económicas debido a la pandemia de COVID-19.

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1.2. Necesidad de que haya una estrecha coordinación europea de las medidas nacionales de ayuda

10. La aplicación específica y proporcionada del control de las ayudas estatales por parte de la UE sirve para garantizar que las medidas nacionales de apoyo sean eficaces de cara a ayudar a las empresas afectadas durante el brote de COVID-19, pero también para que puedan recuperarse de la situación actual, teniendo en cuenta la importancia de cumplir con la doble transición ecológica y digital con arreglo a los objetivos de la UE. Del mismo modo, el control de las ayudas estatales por parte de la UE garantiza que no se fragmente el mercado interior de la UE y se mantengan intactas las condiciones de competencia equitativas. La integridad del mercado interior también conducirá a una recuperación más rápida. Asimismo, evita las competiciones por conseguir mayores subvenciones, en las que aquellos Estados miembros con mayores recursos pueden consagrar fondos más cuantiosos que sus vecinos, en detrimento de la cohesión dentro de la Unión.

1.3. Necesidad de adoptar medidas adecuadas de ayuda estatal

11. En el esfuerzo general de los Estados miembros para abordar los efectos del brote de COVID-19 en su economía, la presente Comunicación establece las posibilidades de que disponen los Estados miembros en virtud de las normas de la UE para garantizar la liquidez y el acceso a la financiación para las empresas, especialmente las pymes que se enfrentan a una súbita escasez en este período, a fin de que puedan recuperarse de la situación actual.

12. En la Comunicación relativa a la respuesta económica coordinada al brote de COVID-19, de 13 de marzo de 2020 ( 7 ), la Comisión estableció las diferentes opciones disponibles para los Estados miembros al margen del ámbito de aplicación del control de las ayudas estatales de la UE, las cuales pueden aplicar sin la participación de la Comisión. Entre ellas se incluyen medidas aplicables a todas las empresas en relación con los subsidios salariales, la suspensión del pago de los impuestos sobre sociedades y el valor añadido o las cotizaciones sociales, o la concesión de ayudas financieras directas a los consumidores por los servicios cancelados o los billetes no reembolsados por los operadores correspondientes.

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13. Los Estados miembros también podrán diseñar medidas de apoyo en consonancia con los Reglamentos de exención por categorías ( 8 ) sin la participación de la Comisión.

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14. Además, sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE y tal como se especifica en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración, los Estados miembros pueden notificar a la Comisión regímenes de ayuda para satisfacer necesidades de liquidez agudas y apoyar a las empresas que se enfrentan a dificultades financieras, también debidas al brote de COVID-19 o agravadas por él ( 9 ).

15. Además, sobre la base del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, los Estados miembros también pueden indemnizar a las empresas de los sectores especialmente afectados por el brote (por ejemplo, el transporte, el turismo, la cultura, la hostelería y el comercio minorista) y/o los organizadores de eventos cancelados por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del brote y provocados directamente por él. Los Estados miembros podrán notificar dichas medidas compensatorias y la Comisión las evaluará directamente en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE ( 10 ). El principio de «ayuda única» ( 11 ) de las Directrices de salvamento y de reestructuración no abarca las ayudas que la Comisión declare compatibles con arreglo al artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, dado que este tipo de ayuda no es «ayuda de salvamento, ayuda de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración» en el sentido del punto 71 de las Directrices de salvamento y reestructuración. Por consiguiente, los Estados miembros podrán indemnizar, en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, los daños y perjuicios directamente causados por el brote de COVID-19 a las empresas que hayan recibido ayudas con arreglo a las Directrices de salvamento y reestructuración.

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15 bis. No obstante, la ayuda en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, debe compensar los daños y perjuicios directamente causados por el brote de COVID-19, tales como los daños y perjuicios directamente causados por las medidas de cuarentena que hayan impedido al beneficiario ejercer su actividad económica. En cambio, otro tipo de ayuda dirigida más en general a la recesión económica ocasionada por la pandemia de COVID-19, debe evaluarse con arreglo a otra base de compatibilidad diferente, la del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, y, por tanto, en principio sobre la base del presente Marco Temporal.

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16. Para complementar las posibilidades antes mencionadas, la Comisión establece en esta Comunicación medidas temporales adicionales de ayuda estatal que considera compatibles con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, que pueden aprobarse muy rápidamente tras la notificación por parte del Estado miembro de que se trate. Además, la notificación de planteamientos alternativos, tanto regímenes de ayuda como medidas individuales, sigue siendo posible. El objetivo de la presente Comunicación es establecer un marco que permita a los Estados miembros hacer frente a las dificultades que están encontrando las empresas, al tiempo que mantienen la integridad del mercado interior de la UE y garantizan la igualdad de condiciones.

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16 bis. Por otra parte, la Comisión considera que, más allá de las medidas de ayuda permitidas en virtud del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, y de las posibilidades existentes en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, es asimismo esencial acelerar la investigación y el desarrollo relacionados con la COVID-19, apoyar las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala que contribuyen al desarrollo de productos relacionados con la COVID-19, así como respaldar la producción de los productos necesarios para responder al brote. Por consiguiente, la presente Comunicación establece las condiciones en las que la Comisión considerará tales medidas compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. La Comisión tuvo debidamente en cuenta el objetivo común perseguido por dichas medidas de ayuda y sus efectos positivos a la hora de hacer frente a la crisis de emergencia sanitaria provocada por el brote de COVID-19 al ponderarlos con los potenciales efectos negativos de tales medidas en el mercado interior.

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16ter. La ayuda concedida en virtud de la presente Comunicación sobre la base del artículo 107, apartado 3, letras b) o c), del TFUE, no estará condicionada al traslado de una actividad de producción o de otra actividad del beneficiario desde otro país perteneciente al EEE al territorio del Estado miembro que concede la ayuda. Esta condición parece que sería perniciosa para el mercado interior. Ello con independencia del número de puestos de trabajo perdidos realmente con el establecimiento inicial del beneficiario en el EEE.

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2. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 107, APARTADO 3, LETRA B), DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA

17. Con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, la Comisión puede declarar compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro». En este contexto, los órganos jurisdiccionales de la Unión han dictaminado que la perturbación debe afectar a la totalidad o a una parte importante de la economía del Estado miembro de que se trate, y no solo a la de una de las regiones o partes de su territorio. Esto, además, está en consonancia con la necesidad de hacer una interpretación estricta de cualquier disposición excepcional como el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE ( 12 ). Esta interpretación ha sido aplicada sistemáticamente por la Comisión en su toma de decisiones ( 13 ).

18. Dado que el brote de COVID-19 afecta a todos los Estados miembros y que las medidas de contención adoptadas por estos afectan a las empresas, la Comisión considera que las ayudas estatales están justificadas y pueden declararse compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, durante un período de tiempo limitado, para poner remedio a la escasez de liquidez a la que se enfrentan las empresas y garantizar que las perturbaciones ocasionadas por el brote de COVID-19 no socaven su viabilidad, especialmente la de las pymes.

19. La Comisión expone en esta Comunicación las condiciones de compatibilidad que aplicará, en principio, a las ayudas concedidas por los Estados miembros en virtud del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE. Por ello, los Estados miembros deben demostrar que las medidas de ayuda estatal notificadas a la Comisión en el marco de la presente Comunicación son necesarias, adecuadas y proporcionadas para poner remedio a una gran perturbación de la economía de un Estado miembro afectado y que se respetan plenamente todas las condiciones indicadas en esta Comunicación.

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20. Las medidas de ayuda temporales adoptadas al amparo de la presente Comunicación podrán acumularse entre sí con arreglo a las disposiciones de las secciones específicas de la presente Comunicación. Las medidas de ayuda temporales adoptadas al amparo de la presente Comunicación pueden acumularse con las ayudas concedidas en virtud de los Reglamentos de minimis ( 14 ) o con ayudas concedidas con arreglo a Reglamentos de exención por categorías ( 15 ), siempre y cuando se respeten las reglas en materia de acumulación contempladas en dichos Reglamentos.

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20 bis. Las ayudas a las entidades de crédito y financieras no se evaluarán con arreglo a la presente Comunicación, con las siguientes excepciones: i) ventajas indirectas para las entidades de crédito y financieras que canalizan las ayudas en forma de préstamos o garantías de las secciones 3.1 a 3.3, de conformidad con las salvaguardias de la sección 3.4, y ii) ayudas con arreglo a la sección 3.10, siempre y cuando el régimen no esté destinado exclusivamente a trabajadores del sector financiero.

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3. MEDIDAS TEMPORALES DE AYUDA ESTATAL

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3.1. Importes limitados de ayuda

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21. Más allá de las posibilidades existentes en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, las ayudas temporales de importe limitado a empresas que se enfrentan a una súbita escasez o, incluso, a una falta de liquidez, pueden ser una solución adecuada, necesaria y específica mientras duren las actuales circunstancias.

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22. La Comisión considerará tales ayudas estatales compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, siempre que se cumpla la totalidad de las condiciones siguientes (las disposiciones específicas relativas a los sectores de la agricultura primaria, la pesca y la acuicultura se establecen en el punto 23):

a. la ayuda global no supera los 800 000 EUR por empresa. La ayuda puede concederse en forma de subvenciones directas, ventajas fiscales y de pago u otras formas, como anticipos reembolsables, garantías, préstamos y capital, siempre que el valor nominal total de tales medidas se mantenga por debajo del límite máximo global de 800 000 EUR por empresa; todas las cifras utilizadas constituyen importes brutos, es decir, antes de impuestos y otras retenciones;

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b. las ayudas se otorgan con arreglo a un régimen con presupuesto estimado;

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c. no puede concederse ayuda a las empresas que ya estaban en crisis (a tenor de lo dispuesto en el Reglamento general de exención por categorías ( 16 )) el 31 de diciembre de 2019. ▼M3 Como excepción a lo anterior, se podrán conceder ayudas a microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del Reglamento general de exención por categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019 siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal con arreglo a su Derecho nacional y no hayan recibido una ayuda de salvamento ( 17 ) o de reestructuración ( 18 ).

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d. las ayudas se conceden, a más tardar, el 31 de diciembre de 2020 ( 19 );

e. las ayudas concedidas a las empresas que operan en la transformación y comercialización de productos agrícolas ( 20 ) están supeditadas a que no se repercutan total o parcialmente a los productores primarios y no se fijan en función del precio o la cantidad de los productos adquiridos a los productores primarios o comercializados por las empresas interesadas;

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23. No obstante lo dispuesto en el punto 22, letra a), en los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura se aplicarán las siguientes condiciones específicas a las ayudas concedidas a empresas, además de las condiciones establecidas en el punto 22, letras b. a e.:

a. la ayuda global no supera los 120 000 EUR por empresa activa en los sectores de la pesca y la acuicultura ( 21 ) o los 100 000 EUR por empresa activa en la producción primaria de productos agrícolas ( 22 ); la ayuda puede concederse en forma de subvenciones directas, ventajas fiscales y de pago u otras formas, como anticipos reembolsables, garantías, préstamos y capital, siempre que el valor nominal total de tales medidas no supere el límite máximo global de 120 000 EUR o de 100 000 EUR por empresa; todas las cifras utilizadas constituyen importes brutos, es decir, antes de impuestos y otras retenciones;

b. las ayudas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas no deben establecerse en función del precio o la cantidad de los productos comercializados;

c. las ayudas a las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura no afectan a ninguna de las categorías de ayuda a las que hace referencia el artículo 1, apartado 1, letras a) a k), del Reglamento (UE) n.o 717/2014 de la Comisión ( 23 ).

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23 bis. Cuando una empresa opera en varios sectores a los que se aplican distintos importes máximos de conformidad con el punto 22, letra a), y el punto 23, letra a), el Estado miembro de que se trate garantizará, mediante medidas adecuadas, como la separación de la contabilidad, que el límite máximo correspondiente se respete para cada una de esas actividades y que no se supere el importe máximo total de 800 000 EUR por empresa. Cuando una empresa opere en los sectores contemplados en el punto 23, letra a), no debe superarse el importe máximo total de 120 000 EUR por empresa.

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3.2. Ayudas en forma de garantías de préstamos

24. A fin de garantizar el acceso a la liquidez para las empresas que se enfrenten a una súbita escasez, las garantías públicas de préstamos por un período de tiempo y un importe de préstamo limitados pueden ser una solución adecuada, necesaria y específica mientras duren las actuales circunstancias.

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24 bis. Las ayudas concedidas en virtud de la sección 3.2 no se acumularán con ayudas concedidas para el mismo principal del préstamo subyacente en virtud de la sección 3.3 y viceversa. Las ayudas concedidas en virtud de las secciones 3.2 y 3.3 pueden acumularse para otros préstamos, siempre y cuando el importe global de los préstamos por beneficiario no supere los límites máximos establecidos en el punto 25, letra d), o en el punto 27, letra d). Un beneficiario puede beneficiarse al mismo tiempo de múltiples medidas en virtud de la sección 3.2, siempre y cuando el importe global de los préstamos por beneficiario no supere los límites máximos establecidos en el punto 25, letras d) y e).

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25. La Comisión considerará tales ayudas estatales concedidas en forma de nuevas garantías públicas de préstamos individuales en respuesta al brote de COVID-19 compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a. las primas de garantía se establecen por préstamos individuales en un nivel mínimo, que aumentará progresivamente a medida que aumente la duración de los préstamos garantizados, tal como se indica en el cuadro siguiente:



Tipo de beneficiario Para el 1.er año Para los años 2.o y 3.o Para los años 4.o, 5.o y 6.o Pymes 25 pb 50 pb 100 pb Grandes empresas 50 pb 100 pb 200 pb

b. alternativamente, los Estados miembros pueden notificar regímenes, tomando el cuadro anterior como base, pero en los cuales la duración, las primas de garantía y la cobertura de garantía puedan modularse para el principal de cada préstamo individual subyacente, fijando, por ejemplo, una cobertura de garantía más baja para compensar una mayor duración o para permitir la aplicación de primas de garantía menos elevadas, o recurriendo a una prima fija para toda la duración de la garantía, siempre que esta prima sea superior a las primas mínimas para el primer año que se indican en el cuadro anterior para cada tipo de beneficiario, ajustadas en función de la duración y la cobertura de la garantía en virtud del presente apartado;

c. la garantía se concede a más tardar el 31 de diciembre de 2020;

d. en el caso de los préstamos con un vencimiento posterior al 31 de diciembre de 2020, el importe global de los préstamos por beneficiario no superará: i. el doble de los costes salariales anuales del beneficiario (incluidas las cargas sociales y el coste del personal que trabaje en el recinto de la empresa pero figure formalmente en la nómina de un subcontratista) correspondientes a 2019 o al último año disponible; en el caso de empresas creadas después del 1 de enero de 2019, el importe máximo del préstamo no podrá superar la estimación de los costes salariales anuales para los dos primeros años de actividad; o ii. el 25 % del volumen de negocios total del beneficiario en 2019; o ▼M2 iii. con la justificación adecuada, aportada a la Comisión por el Estado miembro (por ejemplo, en cuanto a las características de determinado tipo de empresas), el importe del préstamo puede incrementarse para cubrir las necesidades de liquidez de los dieciocho meses siguientes al momento de la concesión en el caso de las pymes ( 24 ) y de los 12 meses siguientes al momento de la concesión en el caso de las grandes empresas. Las necesidades de liquidez deben establecerse mediante una autocertificación por parte del beneficiario ( 25 );

e. para los préstamos con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020, el importe del principal del préstamo puede ser superior al establecido en el punto 25, letra d), si existe una justificación adecuada, presentada a la Comisión por el Estado miembro, y siempre que esté asegurada la proporcionalidad de la ayuda y así lo demuestre el Estado miembro a la Comisión;

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f. la duración de la garantía está limitada a un máximo de seis años, a menos que esté modulada con arreglo al punto 25, letra b., y la garantía pública no supera: i. el 90 % del principal del préstamo cuando las pérdidas se imputen proporcionalmente y en condiciones idénticas a la entidad de crédito y al Estado; o ii. el 35 % del principal del préstamo cuando las pérdidas se imputen primero al Estado y solo después a las entidades de crédito (es decir, una garantía de primera pérdida); y iii. en los dos casos antes mencionados, cuando el préstamo disminuye a lo largo del tiempo —por ejemplo, porque se empieza a devolver—, el importe garantizado ha de disminuir proporcionalmente;

g. la garantía deberá estar relacionada con préstamos para inversiones o con préstamos para el capital circulante;

h. la garantía no puede concederse a empresas que ya estaban en crisis (a tenor del Reglamento general de exención por categorías ( 26 )) a 31 de diciembre de 2019. ▼M3 Como excepción a lo anterior, se podrán conceder ayudas a microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del Reglamento general de exención por categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019 siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal con arreglo a su Derecho nacional y no hayan recibido una ayuda de salvamento ( 27 ) o de reestructuración ( 28 ).

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3.3. Ayudas en forma de bonificación de los tipos de interés de préstamos

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26. A fin de garantizar el acceso a la liquidez para las empresas que se enfrenten a una súbita escasez, la bonificación de los tipos de interés por un período de tiempo y un importe de préstamo limitados puede ser una solución adecuada, necesaria y específica mientras duren las actuales circunstancias. Además, la deuda subordinada, que está subordinada a los acreedores ordinarios preferentes en caso de procedimiento de insolvencia, también puede ser una solución adecuada, necesaria y específica mientras duren las actuales circunstancias. Este tipo de deuda es un instrumento menos falseador que el capital o el capital híbrido, puesto que no puede convertirse automáticamente en capital cuando la empresa es una empresa en funcionamiento. Por consiguiente, las ayudas en forma de deuda subordinada ( 29 ) deben cumplir las condiciones respectivas en virtud de la sección 3.3, que trata de los instrumentos de deuda. No obstante, puesto que estas ayudas aumentan la capacidad de las empresas para contraer deuda preferente de forma similar al apoyo en forma de capital, se aplicará además un incremento del riesgo de crédito y una mayor limitación en cuanto al importe con respecto a la deuda preferente [un tercio para las grandes empresas y la mitad del importe para las pymes, tal como se define en el punto 27, letra d), incisos i) o ii)]. Por encima de estos límites máximos, la deuda subordinada debe evaluarse con arreglo a las condiciones establecidas para las medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19 expuestas en la sección 3.11, con el fin de garantizar la igualdad de trato.

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26 bis. Las ayudas concedidas en virtud de la sección 3.3 no se acumularán con ayudas concedidas para el mismo principal del préstamo subyacente en virtud de la sección 3.2 y viceversa. Las ayudas concedidas en virtud de las secciones 3.2 y 3.3 pueden acumularse para otros préstamos, siempre y cuando el importe global de los préstamos por beneficiario no supere los umbrales establecidos en el punto 25, letra d), o en el punto 27, letra d). Un beneficiario puede beneficiarse al mismo tiempo de múltiples medidas en virtud de la sección 3.3, siempre y cuando el importe global de los préstamos por beneficiario no supere los límites máximos establecidos en el punto 27, letras d) y e).

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27. La Comisión considerará las ayudas estatales en forma de bonificaciones a los préstamos públicos en respuesta al brote de COVID-19 compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a. ▼M3 los préstamos se pueden conceder a tipos de interés reducidos que sean al menos idénticos al tipo base [IBOR a 1 año o equivalente, según lo publicado por la Comisión ( 30 )] disponible o bien el 1 de enero de 2020, o bien en el momento de la notificación, más los márgenes de riesgo de crédito establecidos en el siguiente cuadro: ▼M1



Tipo de beneficiario Margen de riesgo de crédito para el 1.er año Margen de riesgo de crédito para los años 2.o y 3.o Margen de riesgo de crédito para los años 4.o, 5.o y 6.o Pymes 25 pb (1) 50 pb (1) 100 pb Grandes empresas 50 pb 100 pb 200 pb (1) El tipo de interés global mínimo (tipo base más márgenes de riesgo de crédito) debe ser de al menos 10 pb anuales. (2) El tipo de interés global mínimo (tipo base más márgenes de riesgo de crédito) debe ser de al menos 10 pb anuales.

b. como alternativa, los Estados miembros pueden notificar regímenes, tomando el cuadro anterior como base, pero en los cuales el vencimiento de los préstamos y el nivel de márgenes de riesgo de crédito puedan modularse, fijando, por ejemplo, un margen de riesgo de crédito a tanto alzado para toda la duración del préstamo, siempre que este margen sea superior al margen de riesgo de crédito mínimo para el primer año para cada tipo de beneficiario, ajustado en función del vencimiento del préstamo en virtud del presente apartado ( 31 );

c. los contratos de préstamo se firman a más tardar el 31 de diciembre de 2020 y se limitan a un máximo de seis años, a menos que estén modulados con arreglo al punto 27, letra b.;

d. en el caso de los préstamos con un vencimiento posterior al 31 de diciembre de 2020, el importe global de los préstamos por beneficiario no superará: i. el doble de los costes salariales anuales del beneficiario (incluidas las cargas sociales y el coste del personal que trabaje en el recinto de la empresa pero figure formalmente en la nómina de un subcontratista) correspondientes a 2019 o al último año disponible; en el caso de las empresas creadas el 1 de enero de 2019 o con posterioridad a esa fecha, el préstamo máximo no debe superar la estimación de los costes salariales anuales para los dos primeros años de actividad; o ii. el 25 % del volumen de negocios total del beneficiario en 2019; o ▼M2 iii. con la justificación adecuada, aportada a la Comisión por el Estado miembro (por ejemplo, en cuanto a las características de determinado tipo de empresas), el importe del préstamo puede incrementarse para cubrir las necesidades de liquidez de los dieciocho meses siguientes al momento de la concesión en el caso de las pymes ( 32 ) y de los 12 meses siguientes al momento de la concesión en el caso de las grandes empresas; Las necesidades de liquidez deben establecerse mediante una autocertificación por parte del beneficiario ( 33 );

e. para los préstamos con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020, el importe del principal del préstamo puede ser superior al establecido en el punto 27, letra d), si existe una justificación adecuada, presentada a la Comisión por el Estado miembro, y siempre que esté asegurada la proporcionalidad de la ayuda y así lo demuestre el Estado miembro a la Comisión;

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f. el préstamo cubrirá las necesidades de inversión o las de capital circulante;

g. el préstamo no puede concederse a empresas que ya estaban en crisis (a tenor del Reglamento general de exención por categorías ( 34 )) el 31 de diciembre de 2019. ▼M3 Como excepción a lo anterior, se podrán conceder ayudas a microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del Reglamento general de exención por categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019 siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal con arreglo a su Derecho nacional y no hayan recibido una ayuda de salvamento ( 35 ) o de reestructuración ( 36 ).

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27 bis. Los instrumentos de deuda, que están subordinados a los acreedores ordinarios preferentes en caso de procedimiento de insolvencia, pueden concederse a tipos de interés reducidos que sean al menos idénticos al tipo base y a los márgenes de riesgo de crédito que figuran en el cuadro del punto 27, letra a), más 200 puntos básicos para las grandes empresas y 150 puntos básicos para las pymes. La posibilidad alternativa contemplada en el punto 27, letra b), se aplica a estos instrumentos de deuda. También deben cumplirse las letras c), f), y g), del punto 27. Si el importe de deuda subordinada supera los dos límites máximos siguientes ( 37 ), la compatibilidad del instrumento con el mercado interior se determinará con arreglo a la sección 3.11:

i) dos tercios de los costes salariales del beneficiario para las grandes empresas y el coste salarial anual del beneficiario para las pymes, definidos en el punto 27, letra d), inciso i), y

ii) el 8,4 % del volumen de negocios total del beneficiario en 2019 para las grandes empresas y el 12,5 % del volumen de negocios total del beneficiario para las pymes.

▼B

3.4. Ayudas en forma de garantías y préstamos canalizados a través de entidades de crédito u otras entidades financieras

▼M2

28. Podrán concederse ayudas en forma de garantías y préstamos de conformidad con las secciones 3.1, 3.2 y 3.3 de la presente Comunicación a empresas que se enfrentan a una súbita escasez de liquidez, directamente o a través de entidades de crédito y otras entidades financieras como intermediarios financieros. En este último caso, deben cumplirse las condiciones que se establecen a continuación.

▼B

29. Aunque estas ayudas están dirigidas directamente a las empresas que se enfrentan a una súbita escasez de liquidez y no a las entidades de crédito u otras entidades financieras, también pueden constituir una ventaja indirecta para estas últimas. Sin embargo, esta ayuda indirecta no tiene por objeto preservar o restablecer la viabilidad, la liquidez o la solvencia de las entidades de crédito. En consecuencia, la Comisión considera que dicha ayuda no debe considerarse ayuda financiera pública extraordinaria con arreglo al artículo 2, apartado 1, punto 28, de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias y al artículo 3, apartado 1, punto 29, del Reglamento MUR, y no debe evaluarse con arreglo a las normas sobre ayudas estatales aplicables al sector bancario ( 38 ).

30. En cualquier caso, conviene introducir determinadas salvaguardias en relación con la posible ayuda indirecta en favor de las entidades de crédito u otras entidades financieras, con el fin de limitar los falseamientos indebidos a la competencia.

▼M2

31. Las entidades de crédito u otras entidades financieras deben, en la medida de lo posible, repercutir las ventajas de la garantía pública o de las bonificaciones de los tipos de interés de préstamos a los beneficiarios finales. El intermediario financiero debe poder demostrar que aplica un mecanismo que garantiza la repercusión de las ventajas, en la mayor medida posible, a los beneficiarios finales en forma de mayores volúmenes de financiación, carteras con un mayor grado de riesgo, menores requisitos en materia de garantías, primas de garantía menos elevadas o tipos de interés más bajos de lo que cabría sin tales garantías o préstamos públicos.

▼M1

3.5. Seguro de crédito a la exportación a corto plazo

32. En la Comunicación de la Comisión sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo («STEC») se establece que los riesgos negociables no podrán ser cubiertos mediante un seguro de crédito a la exportación con el apoyo de los Estados miembros. Como consecuencia del actual brote de COVID-19 y tras haber llevado a cabo la consulta pública sobre la disponibilidad del seguro de crédito a la exportación a corto plazo para las exportaciones a todos los países cuyos riesgos son actualmente negociables, la Comisión constató que existe una insuficiente capacidad de seguro privado para los créditos a la exportación a corto plazo en general y que la cobertura de los riesgos negociables no está disponible temporalmente.

33. En este contexto, la Comisión considera todos los riesgos comerciales y políticos asociados a las exportaciones a los países enumerados en el anexo de la STEC temporalmente no negociables hasta el 31 de diciembre de 2020 ( 39 ).

▼M1

3.6. Ayuda a la investigación y desarrollo relacionada con la COVID-19

34. Más allá de las posibilidades existentes basadas en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, es esencial facilitar la investigación y desarrollo (I+D) relacionada con la COVID-19 a fin de hacer frente a la emergencia de la actual crisis sanitaria.

35. La Comisión considerará compatibles con el mercado interior la ayuda a proyectos de I+D que lleven a cabo investigación relacionada con la COVID-19 y otros antivirales ( 40 ), incluidos los proyectos que hayan recibido una etiqueta de calidad Sello de Excelencia concerniente específicamente al COVID-19 en el marco del instrumento para las pymes de Horizonte 2020, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a. la ayuda se concede en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales a más tardar el 31 de diciembre de 2020;

b. en el caso de los proyectos de I+D iniciados a partir del 1 de febrero de 2020 o de los proyectos que hayan recibido un Sello de Excelencia concerniente específicamente al COVID-19, se considerará que la ayuda tiene un efecto incentivador; para los proyectos iniciados antes del 1 de febrero de 2020, se considerará que la ayuda tiene un efecto incentivador si es necesaria para acelerar o ampliar el alcance el proyecto. En tales casos, solo se podrá solicitar ayuda para sufragar los costes adicionales relacionados con los esfuerzos de aceleración o la ampliación del alcance;

c. los costes subvencionables pueden referirse a todos los costes necesarios para el proyecto de I+D mientras este siga en curso, incluidos, entre otros, los costes de personal, los costes en concepto de equipos digitales e informáticos, de herramientas de diagnóstico, de herramientas de recogida y tratamiento de datos, de servicios de I+D, y de ensayos preclínicos y clínicos (fases de ensayo I-IV), los relacionados con la obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales, la obtención de las evaluaciones de la conformidad o las autorizaciones necesarias para la comercialización de vacunas y medicamentos, productos sanitarios, equipos hospitalarios y médicos, desinfectantes y equipos de protección individual nuevos y mejorados; los ensayos de fase IV son subvencionables siempre que permitan nuevos avances científicos o tecnológicos;

d. la intensidad de ayuda para cada beneficiario puede cubrir el 100 % de los costes subvencionables para la investigación fundamental y no podrá superar el 80 % de los costes subvencionables para la investigación industrial y el desarrollo experimental ( 41 );

e. la intensidad de ayuda para la investigación industrial y el desarrollo experimental puede incrementarse en quince puntos porcentuales si más de un Estado miembro apoya el proyecto de investigación o si este se lleva a cabo en colaboración transfronteriza con organizaciones de investigación u otras empresas;

f. la ayuda en el marco de esta medida puede combinarse con el respaldo procedente de otras fuentes para los mismos costes subvencionables, siempre que la ayuda combinada no supere los límites máximos definidos en las letras d. y e.;

g. el beneficiario de la ayuda deberá comprometerse a conceder licencias no exclusivas en condiciones de mercado no discriminatorias a terceros en el EEE;

h. no puede concederse ayuda a las empresas que ya estaban en crisis (a tenor de lo dispuesto en el Reglamento general de exención por categorías ( 42 )) el 31 de diciembre de 2019. ▼M3 Como excepción a lo anterior, se podrán conceder ayudas a microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del Reglamento general de exención por categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019 siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal con arreglo a su Derecho nacional y no hayan recibido una ayuda de salvamento ( 43 ) o de reestructuración ( 44 ).

▼M1

3.7. Ayuda a la inversión destinada a las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala

36. Más allá de las posibilidades existentes basadas en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, es esencial apoyar las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala que contribuyen al desarrollo de productos relacionados con la COVID-19.

37. Por consiguiente, la Comisión considerará compatibles con el mercado interior las ayudas a la inversión para la construcción o mejora de las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala necesarias para el desarrollo, el ensayo y el cambio de escala, hasta el primer despliegue industrial previo a la producción en masa de productos relacionados con la COVID-19, como se indica en la sección 3.8, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a. la ayuda se concede para la construcción o mejora de las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala necesarias para el desarrollo, el ensayo y la ampliación de escala, hasta el primer despliegue industrial previo a la producción en masa, de medicamentos (incluidas las vacunas) y tratamientos, sus productos intermedios, ingredientes farmacéuticos activos y materias primas relacionados con la COVID-19; los productos sanitarios, los equipos hospitalarios y médicos (incluidos los respiradores y la ropa y el equipo de protección, así como las herramientas de diagnóstico) y las materias primas necesarias; los desinfectantes y sus productos intermedios y las materias primas químicas necesarias para su producción; así como las herramientas de recogida/tratamiento de datos;

b. la ayuda se concede en forma de subvenciones directas, ventajas fiscales o anticipos reembolsables a más tardar el 31 de diciembre de 2020;

c. para los proyectos iniciados a partir del 1 de febrero de 2020, se considerará que la ayuda tiene un efecto incentivador; para los proyectos iniciados antes del 1 de febrero de 2020, se considerará que la ayuda tiene un efecto incentivador si es necesaria para acelerar o ampliar el alcance el proyecto. En tales casos, solo se podrá solicitar ayuda para sufragar los costes adicionales relacionados con los esfuerzos de aceleración o la ampliación del alcance;

d. El proyecto de inversión se completará en los seis meses siguientes a la fecha de concesión de la ayuda. Un proyecto de inversión se considera completado cuando las autoridades nacionales lo aceptan como tal. En caso de que no se cumpla el plazo de seis meses, por cada mes de retraso se reembolsará el 25 % del importe de la ayuda concedida en forma de subvenciones directas o ventajas fiscales, a menos que el retraso se deba a factores ajenos al control del beneficiario de la ayuda. Si se respeta el plazo, las ayudas en forma de anticipos reembolsables se transformarán en subvenciones; en caso contrario, el anticipo reembolsable se reembolsará en tramos anuales iguales en un plazo de cinco años a partir de la fecha de concesión de la ayuda;

e. los costes subvencionables son los costes de inversión necesarios para la creación de las infraestructuras de prueba y ampliación de escala necesarias para desarrollar los productos enumerados en la letra a. La intensidad de ayuda no superará el 75 % de los costes subvencionables;

f. la intensidad máxima de ayuda admisible de la subvención directa o de la ventaja fiscal puede incrementarse en quince puntos porcentuales adicionales si la inversión concluye en los dos meses siguientes a la fecha de concesión de la ayuda o la fecha de solicitud de la ventaja fiscal, o si el respaldo procede de más de un Estado miembro. Si la ayuda se concede en forma de anticipo reembolsable y la inversión se completa en un plazo de dos meses, o si el apoyo procede de más de un Estado miembro, pueden concederse quince puntos porcentuales adicionales;

g. la ayuda concedida en el marco de esta medida no podrá combinarse con otras ayudas a la inversión por los mismos costes subvencionables;

h. una garantía para cubrir pérdidas puede concederse además de una subvención directa, una ventaja fiscal o un anticipo reembolsable, o como medida de ayuda independiente; la garantía para cubrir pérdidas se constituye en el plazo de un mes a partir del momento en que la empresa haya presentado su solicitud; el importe de las pérdidas que deben compensarse se establece cinco años después de la finalización de la inversión; El importe de la compensación se calcula como la diferencia entre la suma de los costes de inversión, el beneficio razonable del 10 % anual del coste de la inversión a lo largo de un período de cinco años, y el coste de explotación, por una parte, y la suma de la subvención directa recibida, los ingresos a lo largo del período de cinco años, y el valor final del proyecto.

i. el precio cobrado por los servicios prestados por las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala deberá corresponder al precio de mercado;

▼M2

j. las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala estarán abiertas a varios usuarios y el acceso a las mismas se concederá de forma transparente y no discriminatoria. Se podrá conceder un acceso preferencial en condiciones más favorables a las empresas que hayan financiado al menos el 10 % de los costes de inversión;

▼M1

k. no puede concederse ayuda a las empresas que ya estaban en crisis (a tenor de lo dispuesto en el Reglamento general de exención por categorías ( 45 )) el 31 de diciembre de 2019. ▼M3 Como excepción a lo anterior, se podrán conceder ayudas a microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del Reglamento general de exención por categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019 siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal con arreglo a su Derecho nacional y no hayan recibido una ayuda de salvamento ( 46 ) o de reestructuración ( 47 ).

▼M1

3.8. Ayuda a la inversión para la producción de productos relacionados con la COVID-19

38. Más allá de las posibilidades existentes basadas en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, es esencial facilitar la producción de productos relacionados con la COVID-19. Se incluyen en este concepto: los medicamentos (incluidas las vacunas) y los tratamientos, sus productos intermedios, los ingredientes farmacéuticos activos y las materias primas; los productos sanitarios, los equipos hospitalarios y médicos (incluidos los respiradores, la ropa y el equipo de protección, y las herramientas de diagnóstico) y las materias primas necesarias; los desinfectantes y sus productos intermedios y las materias primas químicas necesarias para su producción; y las herramientas de recogida/tratamiento de datos.

39. La Comisión considerará las ayudas a la inversión para la producción de productos relacionados con la COVID-19 que sean compatibles con el mercado interior siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a. la ayuda a la inversión se concede para la producción de productos relacionados con la COVID-19, como los medicamentos (incluidas las vacunas) y tratamientos, sus productos intermedios, los ingredientes farmacéuticos activos y las materias primas; los productos sanitarios, los equipos hospitalarios y médicos (incluidos los respiradores, la ropa y el equipo de protección, así como las herramientas de diagnóstico) y las materias primas necesarias; los desinfectantes y sus productos intermedios y las materias primas químicas necesarias para su producción; y las herramientas de recogida/tratamiento de datos;

b. la ayuda se concede en forma de subvenciones directas, ventajas fiscales o anticipos reembolsables a más tardar el 31 de diciembre de 2020;

c. para los proyectos iniciados a partir del 1 de febrero de 2020, se considerará que la ayuda tiene un efecto incentivador; para los proyectos iniciados antes del 1 de febrero de 2020, se considerará que la ayuda tiene un efecto incentivador si es necesaria para acelerar o ampliar el alcance el proyecto. En tales casos, solo se podrá solicitar ayuda para sufragar los costes adicionales relacionados con los esfuerzos de aceleración o la ampliación del alcance;

d. El proyecto de inversión se completa en los seis meses siguientes a la fecha de concesión de la ayuda. Un proyecto de inversión se considera completado cuando las autoridades nacionales lo aceptan como tal. En caso de que no se cumpla el plazo de seis meses, por cada mes de retraso se reembolsará el 25 % del importe de la ayuda concedida en forma de subvenciones directas o ventajas fiscales, a menos que el retraso se deba a factores ajenos al control del beneficiario de la ayuda. Si se respeta el plazo, las ayudas en forma de anticipos reembolsables se transformarán en subvenciones; en caso contrario, el anticipo reembolsable se reembolsará en tramos anuales iguales en un plazo de cinco años a partir de la fecha de concesión de la ayuda;

e. los costes subvencionables se refieren a todos los costes de inversión necesarios para la producción de los productos enumerados en la letra a. y a los costes de los ensayos en línea de las nuevas instalaciones de producción. La intensidad de ayuda no superará el 80 % de los costes subvencionables;

f. la intensidad máxima de ayuda admisible de la subvención directa o de la ventaja fiscal puede incrementarse en quince puntos porcentuales adicionales si la inversión concluye en los dos meses siguientes a la fecha de concesión de la ayuda o la fecha de solicitud de la ventaja fiscal, o si el respaldo procede de más de un Estado miembro. Si la ayuda se concede en forma de anticipo reembolsable y la inversión se completa en un plazo de dos meses, o si el apoyo procede de más de un Estado miembro, pueden concederse quince puntos porcentuales adicionales;

g. la ayuda en el marco de esta medida no podrá combinarse con otras ayudas a la inversión por los mismos costes subvencionables;

h. una garantía para cubrir pérdidas puede concederse además de una subvención directa, una ventaja fiscal o un anticipo reembolsable, o como medida de ayuda independiente; la garantía para cubrir pérdidas se constituye en el plazo de un mes a partir del momento en que la empresa haya presentado su solicitud; el importe de las pérdidas que deben compensarse se establece cinco años después de la finalización de la inversión; El importe de la compensación se calcula como la diferencia entre la suma de los costes de inversión, el beneficio razonable del 10 % anual del coste de la inversión a lo largo de un período de cinco años, y el coste de explotación, por una parte, y la suma de la subvención directa recibida, los ingresos a lo largo del período de cinco años, y el valor final del proyecto.

i. no puede concederse ayuda a las empresas que ya estaban en crisis (a tenor de lo dispuesto en el Reglamento general de exención por categorías ( 48 )) el 31 de diciembre de 2019. ▼M3 Como excepción a lo anterior, se podrán conceder ayudas a microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del Reglamento general de exención por categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019 siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal con arreglo a su Derecho nacional y no hayan recibido una ayuda de salvamento ( 49 ) o de reestructuración ( 50 ).

▼M1

3.9. Ayuda en forma de aplazamientos del pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social

40. Los aplazamientos del pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social pueden ser una valiosa herramienta para reducir las dificultades de liquidez de las empresas (incluidas las personas que trabajan por cuenta propia) y preservar el empleo. Cuando tales aplazamientos son de aplicación general y no favorecen a determinadas empresas o la producción de determinados bienes, no entran en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE. Si se circunscriben, por ejemplo, a determinados sectores, regiones o tipos de empresas, constituyen ayudas en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE ( 51 ).

41. La Comisión considerará compatible con el mercado interior, sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, los regímenes de ayuda que consistan en aplazamientos temporales del pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social aplicables a las empresas (incluidas las personas que trabajan por cuenta propia) especialmente afectadas por el brote de COVID-19, por ejemplo en sectores o regiones específicos o en función de su tamaño. Esto se aplica también a las medidas previstas en relación con las obligaciones fiscales y de seguridad social destinadas a aliviar las dificultades de liquidez a las que se enfrentan los beneficiarios, incluidos, entre otros, el aplazamiento de los pagos a plazos, un acceso más fácil a los planes de pago de la deuda tributaria y la concesión de períodos sin devengo de intereses, la suspensión de la recaudación de la deuda tributaria y las devoluciones de impuestos aceleradas. La ayuda se concederá antes del 31 de diciembre de 2020 y la fecha límite para el aplazamiento no podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2022.

3.10. Ayuda en forma de subsidios salariales para los empleados a fin de evitar las reducciones de plantilla durante el brote de COVID-19

▼M3

42. Con el fin de preservar el empleo, los Estados miembros pueden contemplar la posibilidad de contribuir a los costes salariales de las empresas que, debido al brote de COVID-19, se verían abocadas, de no ser así, a reducir personal o a los ingresos equivalentes al salario de las personas que trabajan por cuenta propia para las que la adopción de medidas nacionales en respuesta a la pandemia de COVID-19 ha supuesto la suspensión o la reducción de su actividad empresarial. Si estos regímenes de apoyo se aplican al conjunto de la economía, no entran dentro del ámbito de aplicación del control de las ayudas estatales de la Unión, puesto que no son selectivos. Por el contrario, se considerará que estos regímenes conceden a las empresas una ventaja selectiva si están restringidos a determinados sectores, regiones o tipos de empresa.

▼M1

43. Si tales medidas constituyen ayudas, la Comisión las considerará compatibles con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

▼M3

a. la ayuda está destinada a evitar las reducciones de plantilla durante la pandemia de COVID-19 (y a garantizar la continuidad de las actividades empresariales de las personas que trabajan por cuenta propia);

▼M1

b. la ayuda se concede en forma de regímenes a empresas de sectores, regiones y tamaños específicos especialmente afectadas por el brote de COVID-19;

▼M3

c. el subsidio salarial se concede por un período máximo de doce meses después de la solicitud de la ayuda a los empleados que, de otro modo, habrían sido despedidos como consecuencia de la suspensión o reducción de las actividades empresariales debido al brote de COVID-19 (o de las personas que trabajan por cuenta propia cuya actividad empresarial se haya visto negativamente afectada por la pandemia de COVID-19), y sujeto a la condición de que el personal beneficiario permanezca empleado de manera continua durante la totalidad del período para el que se concede la ayuda (o sujeto a la condición de que se mantenga la actividad empresarial relevante de la persona que trabaja por cuenta propia durante la totalidad del período para el que se concede la ayuda);

d. el subsidio salarial mensual no deberá superar el 80 % del salario bruto mensual (incluidas las cotizaciones patronales a la seguridad social) del personal beneficiario (o el 80 % de los ingresos equivalentes al salario mensual medio de la persona que trabaja por cuenta propia). Los Estados miembros también pueden notificar, en particular en interés de las categorías de salarios bajos, métodos de cálculo de la intensidad de la ayuda alternativos, por ejemplo el uso de la media salarial nacional o el salario mínimo, siempre que se mantenga la proporcionalidad de la ayuda;

▼M1

e. el subsidio salarial puede combinarse con otras medidas de apoyo al empleo generalmente disponibles o selectivas, siempre que el apoyo combinado no suponga una compensación excesiva de los costes salariales del personal afectado. Los subsidios salariales pueden combinarse además con aplazamientos del pago de impuestos y aplazamientos de los pagos a la seguridad social.

▼M2

43 bis. En la medida en que ese régimen incluya también a trabajadores de entidades de crédito o financieras, cualquier ayuda a dichas entidades no tiene por objeto preservar o restablecer la viabilidad, la liquidez o la solvencia de las mismas, dado el objetivo predominantemente social de dicha ayuda ( 52 ). En consecuencia, la Comisión considera que dicha ayuda no debe considerarse ayuda financiera pública extraordinaria con arreglo al artículo 2, apartado 1, punto 28, de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias y al artículo 3, apartado 1, punto 29, del Reglamento MUR, y no debe evaluarse con arreglo a las normas sobre ayudas estatales aplicables al sector bancario ( 53 ).

3.11. Medidas de recapitalización

44. El presente Marco Temporal expone los criterios con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en virtud de los cuales los Estados miembros pueden aportar apoyo público en forma de instrumentos de capital y/o de instrumentos híbridos de capital a las empresas que atraviesan dificultades financieras debido a la pandemia de COVID-19. ( 54 ). Su objetivo es garantizar que la perturbación de la economía no tenga como resultado la salida innecesaria del mercado de empresas que eran viables antes del brote de COVID-19. Por tanto, las recapitalizaciones no deben superar el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario, ni exceder del restablecimiento de la estructura de capital del beneficiario a la situación anterior al brote de COVID-19. Las grandes empresas deben informar de cómo apoya sus actividades la ayuda recibida, en consonancia con los objetivos de la UE y las obligaciones nacionales vinculadas a la transformación ecológica y digital, incluido el objetivo de la UE de neutralidad climática para 2050.

45. Al mismo tiempo, la Comisión subraya que solo debe contemplarse aportar apoyo público nacional en forma de instrumentos de capital y/o de instrumentos híbridos de capital como parte de regímenes, o en casos individuales específicos, si no puede encontrarse otra solución adecuada. Por otra parte, la emisión de tales instrumentos debe estar sujeta a condiciones estrictas, ya que falsean considerablemente la competencia entre empresas. Estas intervenciones deben, por tanto, estar supeditadas a unas condiciones claras respecto a la entrada, la remuneración y la salida del Estado del capital de las empresas afectadas, a unas disposiciones en materia de gobernanza y a la adopción de unas medidas adecuadas para limitar falseamientos de la competencia. En estas circunstancias, la Comisión señala que diseñar medidas nacionales de apoyo de forma que cumplan los objetivos estratégicos de la UE en relación con la transformación ecológica y digital de sus economías permitirá un crecimiento más sostenible a largo plazo y fomentará la transformación hacia el objetivo acordado por la UE de alcanzar la neutralidad climática para 2050.

3.11.1. Aplicabilidad

46. Las siguientes condiciones serán de aplicación a los regímenes de recapitalización y a las medidas individuales de recapitalización de los Estados miembros para las empresas no financieras (denominadas colectivamente medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19) en virtud de la presente Comunicación, que no entran en el ámbito de aplicación de la sección 3.1 de la presente Comunicación. Se aplican a las medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19 para grandes empresas y pymes ( 55 ).

47. Las siguientes condiciones también serán de aplicación a los instrumentos de deuda subordinada que superen los dos límites máximos contemplados en el punto 27 bis, incisos i) y ii), de la sección 3.3 de la presente Comunicación.

48. No se concederán medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19 con posterioridad al 30 de junio de 2021.

3.11.2. Condiciones de subvencionabilidad y entrada

49. Las medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19 deben cumplir las siguientes condiciones:

a) sin la intervención estatal, el beneficiario cesaría en su actividad o tendría graves dificultades para mantenerse en funcionamiento. Estas dificultades podrán demostrarse por el deterioro, en particular, del coeficiente deuda/capital del beneficiario o por indicadores similares;

b) la intervención responde al interés común. Este interés común puede referirse a evitar problemas sociales y deficiencias del mercado debido a una pérdida significativa de empleo, la salida de una empresa innovadora, la salida de una empresa de importancia sistémica, el riesgo de perturbación de un servicio importante, o situaciones similares debidamente fundamentadas por el Estado miembro en cuestión;

c) el beneficiario no puede conseguir financiación en los mercados en condiciones asequibles y las medidas horizontales existentes en el Estado miembro en cuestión para cubrir las necesidades de liquidez son insuficientes para garantizar su viabilidad, y

d) el beneficiario no es una empresa que ya estaba en crisis el 31 de diciembre de 2019 (a tenor del Reglamento general de exención por categorías ( 56 )). ▼M3 Como excepción a lo anterior, se podrán conceder ayudas a microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del Reglamento general de exención por categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019 siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal con arreglo a su Derecho nacional y no hayan recibido una ayuda de salvamento ( 57 ) o de reestructuración ( 58 ). ▼M2

50. Los Estados miembros solo concederán medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19 en virtud de un régimen de ayudas aprobado por la Comisión después de que las futuras empresas beneficiarias hayan presentado una solicitud por escrito de dicha ayuda. En cuanto a las ayudas notificables individualmente, los Estados miembros presentarán pruebas de esta solicitud por escrito como parte de la notificación a la Comisión de la medida de ayuda individual.

51. Los requisitos de la presente sección y de las secciones 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 y 3.11.7 se aplican tanto a los regímenes de medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19 como a las medidas de ayuda individual. Al aprobar un régimen, la Comisión solicitará una notificación separada de las ayudas individuales que superen el umbral de 250 millones EUR. En relación con estas notificaciones, la Comisión evaluará si la financiación en el mercado o las medidas horizontales existentes para cubrir las necesidades de liquidez son insuficientes para garantizar la viabilidad del beneficiario; que los instrumentos de recapitalización elegidos y las condiciones a las que están supeditados son adecuados para resolver las graves dificultades del beneficiario; que la ayuda es proporcionada; y que se cumplen las condiciones establecidas en la presente sección y en las secciones 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 y 3.11.7.

3.11.3. Tipos de medidas de recapitalización

52. Los Estados miembros pueden tomar medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19 utilizando dos conjuntos distintos de instrumentos de recapitalización:

a) instrumentos de capital, en particular la emisión de nuevas acciones ordinarias o preferentes, y/o

b) instrumentos con un componente de capital (denominados «instrumentos híbridos de capital») ( 59 ), en particular los derechos de participación en beneficios, las participaciones sin voto y las obligaciones convertibles garantizadas o no garantizadas.

53. La intervención estatal puede adoptar la forma de cualquier variación de los instrumentos antes citados o de una combinación de instrumentos de capital e instrumentos híbridos de capital. Asimismo, los Estados miembros pueden suscribir los instrumentos mencionados en el contexto de una oferta de mercado, a condición de que cualquier intervención estatal en un beneficiario resultante cumpla las condiciones establecidas en esta sección 3.11 de la Comunicación. El Estado miembro debe garantizar que los instrumentos de recapitalización seleccionados y las condiciones impuestas sean adecuados para satisfacer las necesidades de recapitalización del beneficiario y, al mismo tiempo, que sean los que menos falseen la competencia.

3.11.4. Importe de la recapitalización

54. A fin de garantizar la proporcionalidad de la ayuda, el importe de la recapitalización en el contexto de la COVID-19 no puede superar el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario, y no debe ir más allá del restablecimiento de la estructura de capital del beneficiario previa a la pandemia de COVID-19, es decir, de la situación a 31 de diciembre de 2019. Al evaluar la proporcionalidad de la ayuda, se tendrá en cuenta la ayuda estatal recibida o prevista en el contexto de la pandemia COVID-19.

3.11.5. Remuneración y salida del Estado

Principios generales

55. El Estado recibirá una remuneración adecuada por su inversión. Cuanto más se aproxime su remuneración a lo que habría sido posible obtener en condiciones de mercado, menor será el falseamiento potencial de la competencia causado por la intervención estatal.

56. La recapitalización en el contexto de la COVID-19 debe amortizarse cuando la economía se estabilice. La Comisión considera apropiado conceder al beneficiario tiempo suficiente para amortizar la recapitalización. El Estado miembro debe instaurar un mecanismo para incentivar la amortización gradual.

57. La remuneración de la medida de recapitalización en el contexto de la COVID-19 debe incrementarse para que converja con los precios de mercado y dé incentivos al beneficiario y a los demás accionistas para amortizar la medida de recapitalización estatal, y para minimizar el riesgo de falseamiento de la competencia.

58. De ello se deduce que las medidas estatales de recapitalización en el contexto de la COVID-19 deben incluir incentivos adecuados para que las empresas amorticen la recapitalización y busquen capital alternativo cuando las condiciones de mercado lo permitan, y para ello deben exigir una remuneración lo suficientemente elevada por la recapitalización.

59. Como alternativa a las metodologías de remuneración que figuran a continuación, los Estados miembros pueden notificar regímenes o medidas individuales en los que el método de remuneración se adapte en función de las características y la prelación del instrumento de capital, siempre y cuando estos conduzcan, en términos globales, a un resultado similar en lo que se refiere a los efectos incentivadores para la salida del Estado y tengan una incidencia global similar en la remuneración del Estado.

Remuneración de los instrumentos de capital

60. La aportación de capital por parte del Estado —o intervención equivalente— debe realizarse a un precio no superior al precio medio de la acción del beneficiario durante los quince días anteriores a la solicitud de aportación de capital. Si el beneficiario no es una sociedad cotizada, debe realizarse una estimación de su valor de mercado recurriendo a un experto independiente o mediante otros medios proporcionados.

61. Toda medida de recapitalización ha de incluir un mecanismo de ajuste al alza que incremente la remuneración del Estado con el fin de incentivar al beneficiario a recomprar las aportaciones de capital del Estado. Este incremento en la remuneración puede adoptar la forma de acciones adicionales ( 60 ) concedidas al Estado o de otros mecanismos, y debe consistir en un aumento mínimo del 10 % de la remuneración del Estado (por la participación resultante de la aportación estatal de capital en el contexto de la COVID-19 que no se haya reembolsado) en cada una de las fases del ajuste al alza:

a) En caso de que, transcurridos cuatro años desde la aportación de capital en el contexto de la COVID-19, el Estado no haya vendido al menos el 40 % de su participación en el capital resultante de su aportación de capital en el contexto de la COVID-19, se activará el mecanismo de ajuste al alza.

b) En caso de que, transcurridos seis años desde la aportación de capital en el contexto de la COVID-19, el Estado no haya vendido la totalidad de su participación en el capital resultante de su aportación de capital en el contexto de la COVID-19, se activará de nuevo el mecanismo de ajuste al alza ( 61 ).

Si el beneficiario no es una sociedad cotizada, los Estados miembros pueden decidir aplicar cada una de las dos fases un año más tarde, es decir, cinco años y siete años después de la concesión de la aportación de capital en el contexto de la COVID-19, respectivamente.

62. La Comisión puede aceptar mecanismos alternativos, siempre y cuando estos conduzcan, en términos globales, a un resultado similar en lo que se refiere a los efectos incentivadores para la salida del Estado y tengan una incidencia global similar en la remuneración del Estado. El beneficiario debe tener en todo momento la posibilidad de recomprar la participación en el capital que el Estado haya adquirido.

63. El beneficiario debe tener en todo momento la posibilidad de recomprar la participación en el capital que el Estado haya adquirido. Para garantizar que el Estado reciba una remuneración adecuada por la inversión, el precio de recompra debe ser el más alto de los dos importes siguientes: i) la inversión nominal del Estado incrementada por una remuneración anual por intereses 200 puntos básicos superior a la que se presenta en el cuadro 1 ( 62 ), o ii) el precio de mercado en el momento de la recompra.

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64. Alternativamente, el Estado puede vender en cualquier momento su participación en el capital a precios de mercado a compradores distintos del beneficiario. Tal venta requiere, en principio, una consulta abierta y no discriminatoria de los compradores potenciales o una venta en bolsa. El Estado puede conceder a los accionistas existentes, es decir, los accionistas anteriores a la recapitalización en el contexto de la COVID-19, derechos de adquisición preferente al precio que resulte de la consulta pública. Si el Estado vende su participación en el capital a un precio inferior al precio mínimo establecido en el punto 63, seguirán aplicándose las normas de gobernanza establecidas en la sección 3.11.6 durante al menos hasta cuatro años después de la concesión de la medida de aportación de capital en el contexto de la COVID-19.

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Remuneración de los instrumentos híbridos de capital

65. La remuneración global de los instrumentos híbridos de capital debe tener en cuenta adecuadamente los elementos siguientes:

a) las características del instrumento elegido, incluido su nivel de subordinación, riesgo y todas las modalidades de pago;

b) incentivos de salida incorporados (como cláusulas de ajuste al alza y reembolso), y

c) un tipo de interés de referencia adecuado.

66. La remuneración mínima de los instrumentos híbridos de capital hasta que sean convertidos en instrumentos asimilables a acciones será, como mínimo, idéntica al tipo básico (IBOR a 1 año o equivalente publicado por la Comisión ( 63 )), más la prima que figura en el cuadro siguiente.

Remuneración de los instrumentos híbridos de capital: IBOR a 1 año +







Tipo de beneficiario 1.er año 2.° y 3.er año 4.° y 5.° año 6.° y 7.° año 8.° año y siguientes Pymes 225 pb 325 pb 450 pb 600 pb 800 pb Grandes empresas 250 pb 350 pb 500 pb 700 pb 950 pb

67. La conversión de instrumentos híbridos de capital en capital se efectuará a un nivel inferior en un 5 % o más al precio teórico sin derechos de suscripción en el momento de la conversión.

68. Tras la conversión en capital, se ha de aplicar un mecanismo de ajuste al alza que incremente la remuneración del Estado con el fin de incentivar a los beneficiarios a recomprar las aportaciones de capital del Estado. En caso de que, transcurridos dos años desde la conversión en capital, el capital resultante de la intervención del Estado en el contexto de la COVID-19 siga siendo propiedad del Estado, este recibirá una. participación adicional en el capital del beneficiario, que se añadirá a su participación restante resultante de la conversión de los instrumentos híbridos de capital relacionados con la COVID-19 en favor del Estado. Esta participación adicional en el capital del beneficiario será como mínimo del 10 % de la participación restante resultante de la conversión de los instrumentos híbridos de capital relacionados con la COVID-19 en favor del Estado. La Comisión puede aceptar mecanismos de ajuste al alza alternativos siempre que estos tengan los mismos efectos incentivadores y una incidencia global similar en la remuneración del Estado

69. Los Estados miembros pueden optar por una fórmula de fijación de precios que incluya cláusulas adicionales de ajuste al alza o devolución. Tales características deben determinarse de manera que incentiven la finalización temprana del apoyo estatal a la recapitalización del beneficiario. La Comisión puede también aceptar metodologías alternativas de fijación de precios, siempre que estas den lugar a remuneraciones superiores o similares a las resultantes de la metodología antes descrita.

70. Dado que la naturaleza de los instrumentos híbridos varía considerablemente, la Comisión no ofrece orientaciones para todos los tipos de instrumentos. Los instrumentos híbridos se regirán en cualquier caso por los principios antes mencionados, con una remuneración que refleje el riesgo inherente a cada instrumento.

3.11.6. Gobernanza y prevención de los falseamientos indebidos de la competencia

71. A fin de evitar falseamientos indebidos de la competencia, no se permite a los beneficiarios ni practicar una expansión comercial agresiva financiada por las ayudas estatales ni asumir riesgos excesivos. Como principio general, cuanto menor sea la participación en el capital del Estado miembro y cuanto mayor sea la remuneración, menor será la necesidad de salvaguardias.

72. Si el beneficiario de una medida de recapitalización en el contexto de la COVID-19 de más de 250 millones EUR es una empresa con poder de mercado significativo en al menos uno de los mercados de referencia en los que opera, los Estados miembros deben proponer medidas adicionales para proteger la competencia efectiva en dichos mercados. Al proponer tales medidas, los Estados miembros pueden, en particular, ofrecer compromisos estructurales o de comportamiento previstos en la Comunicación de la Comisión relativa a las soluciones admisibles con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo y al Reglamento (CE) n.o 802/2004 de la Comisión.

73. Los beneficiarios de medidas recapitalización en el contexto de la COVID-19 tienen prohibido anunciarlo con fines comerciales.

74. Mientras no se haya amortizado al menos el 75 % de las medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19, se impedirá a los beneficiarios que no sean pymes la adquisición de participaciones de más del 10 % en competidores u otros operadores en la misma línea de actividad, incluidos los que operen en fases anteriores o posteriores a la actividad del beneficiario.

75. En circunstancias excepcionales, y sin perjuicio del control de las operaciones de concentración, estos beneficiarios pueden adquirir una participación de más del 10 % en operadores activos en fases anteriores o posteriores a su ámbito de actividad, siempre que la adquisición sea necesaria para mantener la viabilidad del beneficiario. La Comisión puede autorizar la adquisición cuando sea necesario para mantener la viabilidad del beneficiario. La adquisición no puede llevarse a cabo antes de que la Comisión haya adoptado una decisión al respecto.

76. Las ayudas estatales no se utilizarán para la subvención cruzada de actividades económicas de empresas integradas que ya estuviesen experimentando dificultades económicas a 31 de diciembre de 2019. Se establecerá en las empresas integradas una separación clara de cuentas para garantizar que la medida de recapitalización no beneficie a tales actividades.

77. Mientras las medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19 no hayan sido amortizadas íntegramente, los beneficiarios no pueden ni distribuir dividendos, ni efectuar pagos de cupones no obligatorios, ni recomprar acciones, salvo en relación con el Estado.

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78. Mientras no se haya amortizado al menos el 75 % de las medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19, la remuneración de cada miembro de la dirección de los beneficiarios no podrá exceder de la parte fija de su remuneración a 31 de diciembre de 2019. Para las personas que se conviertan en miembros de la dirección en el momento de la recapitalización o con posterioridad a ella, el límite aplicable es la remuneración fija de los miembros de la dirección con el mismo nivel de responsabilidad a 31 de diciembre de 2019. Bajo ningún concepto se abonarán primas u otros elementos de remuneración variables o comparables.

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78 bis. Cuando el Estado sea un accionista existente, es decir, anterior a la aportación de capital en el contexto de la COVID-19 y:

a) el Estado aporte nuevo capital en las mismas condiciones que los inversores privados y a prorrata de su participación existente (o inferior) y

b) la participación privada sea considerable (en principio, del 30 % como mínimo del nuevo capital aportado) y

c) la aportación de nuevo capital por parte del Estado constituya ayuda estatal por sus circunstancias particulares, por ejemplo, por otra medida de la que se beneficie la empresa,

no es necesario imponer condiciones específicas por lo que se refiere a la salida del Estado y será de aplicación lo siguiente:

i. los puntos 61 y 62 no son de aplicación a las medidas de aportación de capital en el contexto de la COVID-19 de este tipo;

ii. como excepción a los puntos 74, 75 y 78, la prohibición de adquisición y el límite máximo de la remuneración de los gestores se limitan a tres años;

iii. como excepción al punto 77, se levanta la prohibición de dividendos para los titulares de las nuevas acciones. Para las acciones existentes, se levanta la prohibición de dividendos, siempre y cuando los titulares de dichas acciones existentes en total queden diluidos por debajo del 10 % de la empresa. Si los titulares de acciones existentes no quedan en total diluidos a una participación en la empresa inferior al 10 %, la prohibición de dividendos será de aplicación a los titulares existentes durante tres años. En cualquier caso, la remuneración correspondiente a los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada relacionados con la COVID-19 de titularidad estatal se pagarán antes que cualquier dividendo a los accionistas en un ejercicio dado;

iv. no son de aplicación los requisitos contemplados en la sección 3.11.7, excepto en el caso de las obligaciones de información con arreglo al punto 83, que serán de aplicación durante tres años; y

v. todas las demás condiciones expuestas en la sección 3.11 son de aplicación mutatis mutandis.

78 ter. Cuando el Estado aporte capital a una empresa de la que no sea un accionista existente (es decir, anterior a la medida de aportación de capital en el contexto de la COVID-19), y

a) aporte nuevo capital en las mismas condiciones que los inversores privados, y

b) la participación privada sea considerable (en principio, del 30 % como mínimo del nuevo capital aportado), y

c) cuando la aportación de capital del Estado constituya ayuda estatal por sus circunstancias particulares, por ejemplo, por otra medida de la que se beneficie la empresa,

será de aplicación lo siguiente:

i. como excepción al punto 77, se levanta la prohibición de dividendos para todos los titulares de nuevas acciones. Para las acciones existentes, se levanta la prohibición de dividendos, siempre y cuando los titulares de dichas acciones existentes en total queden diluidos a una participación en la empresa inferior al 10 %. En cualquier caso, la remuneración correspondiente a los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada relacionados con la COVID-19 de titularidad estatal se pagarán antes que cualquier dividendo a los accionistas en un ejercicio dado; y

ii. todas las demás condiciones expuestas en la sección 3.11 son de aplicación mutatis mutandis.

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3.11.7. Estrategia de salida del Estado de la participación resultante de la recapitalización y obligaciones de información

79. Los beneficiarios que no sean pymes y que hayan recibido una recapitalización en el contexto de la COVID-19 de más del 25 % del capital en el momento de la intervención han de acreditar que cuentan con una estrategia de salida creíble para la participación del Estado miembro, a no ser que la intervención del Estado miembro se reduzca a un nivel inferior al 25 % del capital en un plazo de 12 meses desde la fecha de concesión de la ayuda ( 64 ).

80. La estrategia de salida deberá indicar:

a) el plan del beneficiario para la continuación de su actividad y la utilización de los fondos invertidos por el Estado, incluido un calendario de pago de la remuneración y de amortización de la inversión estatal (denominados de forma conjunta «el calendario de reembolsos»), y

b) las medidas que adoptarán el beneficiario y el Estado para respetar el calendario de reembolsos.

81. La estrategia de salida debe ser preparada y presentada al Estado miembro en un plazo de 12 meses desde la concesión de la ayuda y debe ser aprobada por el Estado miembro.

82. Además de la obligación establecida en los puntos 79 a 81, los beneficiarios deben informar al Estado miembro sobre sus avances en la aplicación del calendario de reembolsos y sobre el cumplimiento de las condiciones fijadas en la sección 3.11.6 en un plazo de 12 meses desde la presentación del calendario y, posteriormente, de forma periódica cada 12 meses.

83. Mientras las medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19 no hayan sido amortizadas íntegramente, los beneficiarios de dichas medidas de recapitalización que no sean pymes publicarán información sobre la utilización de la ayuda recibida en un plazo de 12 meses desde la fecha de concesión de la ayuda y, posteriormente, de forma periódica cada 12 meses. En particular, esto debe incluir información sobre la forma en que la utilización de la ayuda recibida apoya sus actividades en consonancia con los objetivos de la UE y las obligaciones nacionales relacionadas con la transformación ecológica y digital, incluido el objetivo de la UE de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050.

84. El Estado miembro debe informar anualmente a la Comisión sobre la aplicación del calendario de reembolsos y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la sección 3.11.6. Cuando el beneficiario haya recibido una recapitalización en el contexto de la COVID-19 superior a 250 millones EUR, el informe incluirá información sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el punto 54.

85. En caso de que, transcurridos seis años desde la recapitalización en el contexto de la COVID-19, la intervención del Estado no se haya reducido a menos del 15 % del capital del beneficiario, deberá notificarse a la Comisión para su aprobación un plan de reestructuración con arreglo a las Directrices de salvamento y reestructuración. La Comisión evaluará si las medidas previstas en el plan de reestructuración garantizan la viabilidad del beneficiario —teniendo también en cuenta los objetivos de la UE y las obligaciones nacionales relacionados con la transformación ecológica y digital— y la salida del Estado sin afectar negativamente al comercio en una medida contraria al interés común. Cuando el beneficiario no sea una sociedad cotizada, o cuando sea una pyme, los Estados miembros podrán optar por notificar un plan de reestructuración únicamente si la intervención del Estado no ha sido reducida a menos del 15 % del capital siete años después de la recapitalización en el contexto de la COVID-19.

▼B

4. CONTROL Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

▼M3

86. Salvo en caso de la ayuda concedida en virtud de las secciones 3.9, 3.10 y 3.11, los Estados miembros han de publicar información pertinente sobre cada ayuda individual superior a 100 000 EUR ( 65 ) concedida al amparo de la presente Comunicación, y superior a 10 000 EUR ( 66 ) en el sector de la agricultura y la pesca, en el sitio web general sobre ayudas estatales o en la herramienta informática de la Comisión ( 67 ) en un plazo de 12 meses desde el momento de la concesión. Los Estados miembros han de publicar información pertinente ( 68 ) sobre cada recapitalización individual concedida al amparo de la sección 3.11 en el sitio web general de ayudas estatales o en la herramienta informática de la Comisión en un plazo de tres meses desde el momento de la recapitalización. El valor nominal de la recapitalización se indicará por beneficiario.

▼B

►M2 87. ◄ Los Estados miembros deben presentar informes anuales a la Comisión ( 69 ).

►M2 88. ◄ A más tardar el 31 de diciembre de 2020, los Estados miembros deben facilitar a la Comisión una lista de las medidas que adopten al amparo de los regímenes aprobados en virtud de la presente Comunicación.

►M2 89. ◄ Los Estados miembros deben asegurarse de que se conservan registros detallados de las ayudas concedidas en virtud de la presente Comunicación. Dichos registros, que han de contener toda la información necesaria para determinar el cumplimiento de las condiciones establecidas, debe conservarse durante diez años a contar desde la concesión de la ayuda y entregarse a la Comisión cuando esta lo pida.

►M2 90. ◄ La Comisión puede exigir información adicional relativa a la ayuda concedida para comprobar que se respetan las condiciones establecidas en la decisión de la Comisión por la que se aprueba la medida de ayuda.

5. DISPOSICIONES FINALES

▼M2

91. La Comisión aplicará la presente Comunicación desde el 19 de marzo de 2020, habida cuenta del impacto económico del brote de COVID-19, que requería una acción inmediata. La presente Comunicación está justificada por las actuales circunstancias, de carácter excepcional, y no se aplicará después del 31 de diciembre de 2020, con excepción de la sección 3.11, que se aplicará hasta el 1 de julio de 2021. La Comisión puede revisar la presente Comunicación antes del 31 de diciembre de 2020 en función de consideraciones importantes de índole económica o relacionadas con la política de competencia. Cuando resulte útil, la Comisión puede también facilitar otras aclaraciones sobre su planteamiento en asuntos concretos.

▼B

►M2 92. ◄ La Comisión aplicará las disposiciones de la presente Comunicación a todas las medidas notificadas pertinentes a partir del 19 de marzo de 2020, incluso en el caso de que las medidas hayan sido notificadas con anterioridad a dicha fecha.

►M2 93. ◄ De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales ( 70 ), la Comisión aplicará lo siguiente sobre las ayudas no notificadas:

a. la presente Comunicación, si la ayuda se hubiera concedido después del 1 de febrero de 2020;

b. en todos los demás casos, las normas aplicables en el momento de concesión de la ayuda.

►M2 94. ◄ La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros afectados, garantizará la rápida adopción de decisiones tras la notificación clara y completa de las medidas contempladas en la presente Comunicación. Los Estados miembros deberán informar a la Comisión de sus intenciones y notificar los planes para la introducción de tales medidas de la forma más rápida y exhaustiva posible. La Comisión prestará orientación y asistencia a los Estados miembros en este proceso.