1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B DIRECTIVA92/96/CEEDELCONSEJO
de10denoviembrede1992
sobrecoordinacióndelasdisposicioneslegales,reglamentariasyadministrativasrelativasalseguro
directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera
Directivadesegurosdevida)
(DO L 360 de 9.12.1992, p. 1)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio
de 1995 L 168 7 18.7.1995
►M2Directiva 2000/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de
noviembre de 2000 L 290 27 17.11.2000
NB: Esta versión consolidada contiene referencias a la unidad de cuenta europea y/o al ecu que a partir del 1 enero 1999 deberán
entenderse como referencias al euro — Reglamento (CEE) no3308/80 del Consejo (DO L 345 de 20.12.1980, p. 1) y
Reglamento (CE) no1103/97 del Consejo (DO L 162 de 19.6.1997, p. 1).
▼B
DIRECTIVA92/96/CEEDELCONSEJO
de10denoviembrede1992
sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativasrelativasalsegurodirectodevida,yporlaquesemodifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera
Directivadesegurosdevida)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, enparticular, el apartado 2 de su artículo 57 y su artículo 66,
Vista la propuesta de la Comisión(
1),
En cooperación con el Parlamento Europeo(2).
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3),
(1)Considerando que es necesario llevar a término el mercado
interior en materia de seguro directo de vida, en su doble vertientede libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, alobjeto de facilitar a las empresas de seguros con domicilio socialen la Comunidad la suscripción de compromisos dentro de laComunidad;
(2)Considerando que la segunda Directiva (90/619/CEE) delConsejo, de 8 de noviembre de 1990, sobre la coordinación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen lasdisposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libreprestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE(
4) ha contribuido en gran medida a la realización del
mercado interior en materia de seguro directo de vida, al conceder
a aquellos tomadores de seguro que, por el hecho de tomar lainiciativa de suscribir un compromiso con una empresa de segurosen otro Estado miembro, no necesitan una protección específicaen el Estado miembro del compromiso, la completa libertad deacceso al mercado más amplio posible de seguros;
(3)Considerando que la Directiva 90/619/CEE constituye, por tanto,una etapa importante del proceso de aproximación de los
mercados nacionales para la instauración de un sólo mercado
integrado, etapa que deberá completarse con otros instrumentoscomunitarios al objeto de permitir que todos los tomadores deseguro, tanto si toman ellos mismos la iniciativa como si no,puedan recurrir a cualquier asegurador con domicilio social en laComunidad y que ejerza su actividad en régimen de derecho de
establecimiento o de libre prestación de servicios, garantizán-
doles, al mismo tiempo, una protección adecuada;
(4)Considerando que la presente Directiva se inscribe en el marco dela labor legislativa ya realizada por la Comunidad, en particularpor medio de la primera Directiva (79/267/CEE) del Consejo, de5 de marzo de 1979, sobre coordinación de las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a laactividad del seguro directo sobre la vida, y a su ejercicio(
5), así
como por la Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de
diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y cuentasconsolidadas de las empresas de seguros(
6);
(5)Considerando que se ha optado por llevar a cabo la armonizaciónbásica, necesaria y suficiente para lle gar al reconocimiento1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 2
(1)D O noC 99 de 16. 4. 1991, p. 2.
(2)D O noC 176 de 13. 7. 1992, p. 93; y Decisión de 28 de octubre de 1992 (no
publicada aún en el Diario Oficial)
(3)D O noC 14 de 20. 1. 1992, p. 11.
(4)D O noL 330 de 29. 11. 1990, p. 50.
(5)D O noL 63 de 13. 3. 1979, p. 1; Directiva modificada en último lugar por la
segunda Directiva 90/619/CEE (DO noL 330 de 29. 11. 1990, p. 50)
(6)D O noL 374 de 31. 12. 1991, p. 7
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mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión
cautelar, que permita la concesión de una única autorizaciónválida en toda la Comunidad y la aplicación del principio de
control por el Estado miembro de origen;
(6)Considerando que, por consiguiente, el acceso a la actividad de
seguros y su ejercicio quedan en adelante supeditados a laconcesión de una única autorización administrativa, concedidapor las autoridades del Estado miembro en el que la empresa de
seguros tenga su domicilio social; que dicha autorización
permitirá a la empresa ejercer su actividad en toda la Comunidad,en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación deservicios; que el Estado miembro de la sucursal o de la libreprestación de servicios no podrá exigir una nueva autorización a
las empresas de seguros que deseen ejercer en él la actividad de
seguros y ya estén autorizadas en el Estado miembro de origen;que, para tener en cuenta esto, procede introducir las oportunasmodificaciones en las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE;
(7)Considerando que corresponde en adelante a las autoridades
competentes del Estado miembro de origen garantizar la
vigilancia de la solidez financiera de la empresa de seguros, y,en particular, del estado de solvencia y de la constitución deprovisiones técnicas suficientes, así como de la representación deéstas por activos congruentes;
(8)Considerando que la realización de las operaciones a que serefiere la letra c) del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 79/267/CEE no podrá, en ningún caso, afectar a las competenciasatribuidas a las autoridades respectivas con respecto a lasentidades titulares de los activos contempladas en dichadisposición;
(9)Considerando que determinadas disposiciones de la presenteDirectiva definen normas mínimas; que el Estado miembro deorigen puede dictar reglas más estrictas respecto de las empresasde seguros autorizadas por sus propias autoridades competentes;
(10)Considerando que las autoridades competentes de los Estadosmiembros deben disponer de los medios de control necesariospara velar por el ejercicio ordenado de las actividades de laempresa de seguros en el conjunto de la Comunidad, ya seefectúen en régimen de establecimiento o en régimen de libreprestación de servicios; que, en particular, dichas autoridades
deben poder adoptar las medidas de salvaguarda adecuadas o
imponer sanciones a fin de evitar que se produzcan irregulari-dades, así como posibles infracciones contra las disposiciones enmateria de control de la actividad de seguros;
(11)Considerando que resulta necesario adaptar las disposiciones
relativas a la transferencia de la cartera de contratos al régimen
jurídico de autorización única que establece la presente Directiva;
(12)Considerando que conviene disponer una flexibilización de laregla de especialización establecida por la Directiva 79/267/CEE,de modo que los Estados miembros que lo deseen puedan
conceder a una misma empresa autorizaciones para los ramos
contemplados en el Anexo de la Directiva 79/267/CEE y para lasoperaciones de seguros comprendidas en los ramos 1 y 2 delAnexo de la Directiva 73/239/CEE(
1); que, no obstante, dicha
facultad puede estar sujeta a determinadas condiciones sobre
cumplimiento de reglas contables y de reglas de liquidación;
(13)Considerando que, para la protección de los asegurados, es
necesario que cada empresa de seguros constituya provisiones1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 3
(1) Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de
vida, y a su ejercicio (DO noL 228 de 16. 8. 1973, p. 3). Directiva modificada
en último lugar por la Directiva 90/618/CEE (DO noL 330 de 29. 11. 1990, p.
44).
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técnicas suficientes; que el cálculo de dichas provisiones se basa
esencialmente en principios actuariales; que conviene coordinardichos principios a fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las
disposiciones prudenciales aplicables en los diferentes Estados
miembros;
(14)Considerando que es deseable, por razones de prudencia,establecer una coordinación mínima de las reglas de limitacióndel tipo de interés utilizado en el cálculo de las provisiones
técnicas y que, habida cuenta de que todos los métodos
actualmente existentes para proceder a dicha limitación sonigualmente correctos, prudenciales y equivalentes, parece conve-niente que a los Estados miembros se les ortogue la posibilidad deelegir libremente el método que deba utilizarse;
(15)Considerando que procede coordinar las reglas relativas alcálculo, la diversificación, la localización y la congruencia delos activos representativos de las provisiones técnicas, con el finde facilitar el reconocimiento mutuo de las disposiciones de losEstados miembros; que para dicha coordinación habrán de tenerseen cuenta las medidas adoptadas en materia de liberalización de
los movimientos de capitales en la Directiva 88/361/CEE del
Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artículo 67del Tratado(
1), así como los progresosde la Comunidad con miras
a la plena realización de la Unión Económica y Monetaria;
(16)Considerando, no obstante, que el Estado miembro de origen no
puede exigir a las empresas de seguros que inviertan los activos
representativos de sus provisiones técnicas en determinadascategorías de activos, puesto que estas exigencias son incompati-bles con las medidas previstas en materia de liberalización de losmovimientos de capitales en la Directiva 88/361/CEE;
(17)Considerando que, en espera de una directiva sobre los serviciosde inversiones que armonice, entre otras, la definición de lanoción de mercado regulado, es necesario, por necesidades de lapresente Directiva y sin perjuicio de dicha armonización futura,dar una definición provisional de esta noción, que será sustituidapor la definición que sea objeto de una armonización comunitaria
que otorgará al Estado miembro de origen del mercado las
responsabilidades confiadas en la materia y de manera transitoriapor la presente Directiva al Estado miembro de origen de laempresa de seguros;
(18)Considerando que resulta oportuno completar la lista de
elementos que pueden entrar en la composición del margen de
solvencia exigido por la Directiva 79/267/CEE, para tener encuenta los nuevos instrumentos financieros y las facilidadesotorgadas a otras instituciones financieras para nutrir sus fondospropios;
(19)Considerando que la armonización del derecho del contrato deseguro no es una condición previa para la realización del mercadointerior de los seguros; que, en consecuencia, la posibilidadotorgada a los Estados miembros de imponer la aplicación de sulegislación a los contratos de seguros en virtud de los cuales secontraigan compromisos en su territorio puede proporcionar las
suficientes garantías a los tomadores de seguro;
(20)Considerando que, en el marco del mercado interior, interesa al
tomador de seguro poder tener acceso a la gama más ampliaposible de productos de seguros ofrecidos en la Comunidad, demanera que pueda elegir de entre todos ellos el más adecuado a
sus necesidades; que, por consiguiente, incumbe al Estado
miembro del compromiso velar para que en su territorio nohaya obstáculo alguno a la comercialización de todos losproductos de seguros ofrecidos en la Comunidad, siempre queéstos no sean contrarios a las disposiciones legales de interésgeneral vigentes en el Estado miembro del compromiso y en la1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 4
(1)D O noL 178 de 8. 7. 1988, p. 5.
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medida en que el interés general no quede salvaguardado por las
normas del Estado miembro de origen, quedando entendido quetales disposiciones deberán aplicarse de forma no discriminatoria
a toda empresa que opere en dicho Estado miembro y ser
objetivamente necesarias y proporcionadas al objetivo perse-guido;
(21)Considerando que los Estados miembros deben estar en medidade velar para que los productos de seguros y la documentación
contractual utilizada para la cobertura de los compromisos
contraídos en su territorio, en régimen de derecho de estableci-miento o de libre prestación de servicios, respeten lasdisposiciones legales específicas de interés general aplicables;que los sistemas de control que se empleen deben adaptarse a lasexigencias del mercado interior sin que puedan constituir un
requisito previo al ejercicio de la actividad de seguros; que, desde
esta óptica, los sistemas de aprobación previa de las condicionesde los seguros no se justifican; que en consecuencia, resultaoportuno prever otros sistemas más apropiados a las exigenciasdel mercado interior y que permitan a los Estados miembros
garantizar la adecuada protección de los tomadores de seguros;
(22)Considerando, no obstante, que se admite que, para la aplicación
de los principios actuariales conformes a la presente Directiva, elEstado miembro de origen podrá exigir la comunicaciónsistemática de las bases técnicas aplicables al cálculo de lastarifas de los contratos y de las provisiones técnicas, sin que dicha
comunicación de bases técnicas incluya la notificación de las
condiciones generales y especiales de los contratos ni la de lastarifas comerciales de la empresa;
(23)Considerando que, en el marco de un mercado único de seguros,el consumidor dispondrá de una oferta mayor y más diversificadade contratos; que, para beneficiarse plenamente de tal diversidad
y de una competencia más intensa, debe disponer de la
información necesaria para elegir el contrato que mejor se ajustea sus necesidades; que esta necesidad de información es aún másimportante si se tiene en cuenta que los compromisos pueden serde muy larga duración; que conviene, por consiguiente, coordinar
las disposiciones mínimas para que el consumidor reciba
información clara y precisa sobre las características esencialesde los productos que le son propuestos y la denominación ydirección de los organismos facultados para tramitar lasreclamaciones de los tomadores, los asegurados o los beneficia-rios del contrato;
(24)Considerando que la publicidad de los productos de seguro esesencial para facilitar el ejercicio efectivo de las actividades deseguros en la Comunidad; que resulta oportuno dar a las empresasde seguros la posibilidad de recurrir a todos los medios normalesde publicidad en el Estado miembro de la sucursal o de laprestación de servicios; que, no obstante, los Estados miembros
pueden exigir que se respeten aquellas de sus reglas que regulen
la forma y el contenido de tal publicidad y que se deriven, bien delos actos comunitarios adoptados en materia de publicidad, biende las disposiciones adoptadas por los Estados miembros pormotivos de interés general;
(25)Considerando que en el mercado interior ningún Estado miembropuede ya prohibir el ejercicio simultáneo de la actividad deseguros en su territorio en régimen de establecimiento y enrégimen de libre prestación de servicios; que, por consiguiente,resulta oportuno suprimir la facultad que, a este respecto, otorga alos Estados miembros la Directiva 90/619/CEE;
(26)Considerando que conviene establecer un régimen de sancionesaplicables en los casos en que la empresa de seguros no se ajuste,en el Estado miembro en el que se contraiga el compromiso, a lasdisposiciones de interés general que le sean de aplicación;
(27)Considerando que determinados Estados miembros no sometenlas operaciones de seguros a ningún tipo de imposición indirecta,1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 5
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mientras que la mayoría de ellos les aplican impuestos especiales
y otras formas de contribución; que, en los Estados miembros enlos que se perciben tales impuestos y contribuciones, la estructura
delos mismos y los tipos aplicados varían considerablemente; que
es necesario impedir que las diferencias existentes originendistorsiones de la competencia en los servicios de segurosprestados entre los Estados miembros; que, sin perjuicio de unaposterior armonización, la aplicación del régimen fiscal y otras
formas de contribución previstas en el Estado miembro en el que
se contraiga el compromiso pueden poner remedio a talinconveniente y que corresponde a los Estados miembrosestablecer las modalidades que garanticen la percepción de losmencionados impuestos y contribuciones;
(28)Considerando que es importante llevar a cabo una coordinacióncomunitaria en materia de liquidación de empresas de seguros;que, desde ahora, es esencial disponer que, en caso de liquidaciónde una empresa de seguros, el sistema de garantía establecido en
cada Estado miembro asegure una igualdad de trato a todos los
acreedores de un seguro, sin distinción de nacionalidad eindependientemente de las modalidades de suscripción delcompromiso;
(29)Considerando que, a intervalos regulares, puede ser necesarioefectuar modificaciones técnicas de las reglas detalladas esta-blecidas en la presente Directiva, para tener en cuenta lasinnovaciones que se produzcan en el sector de seguros; que la
Comisión procederá a efectuar tales modificaciones, en la medida
en que así resulte necesario, previa consulta al Comité de seguros,creado por la Directiva 91/675/CEE(
1), en uso de las compe-
tencias de ejecución conferidas a la Comisión por lasdisposiciones del Tratado;
(30)Considerando que resulta oportuno establecer disposicionesespecíficas que garanticen el paso del régimen jurídico existenteen el momento en que empiece a aplicarse la presente Directiva alrégimen establecido por ésta; que dichas disposiciones deben
tener por objeto evitar una carga adicional de trabajo para las
autoridades competentes de los Estados miembros;
(31)Considerando que, a efectos de lo dispuesto en el artículo 8 C del
Tratado, conviene tener en cuenta la importancia del esfuerzo que
determinadas economías, que presenten un nivel de desarrollodiferente, tendrán que realizar; que, por tanto, conviene concedera determinados Estados miembros un régimen transitorio quepermita la aplicación gradual de la presente Directiva,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
TÍTULO I
DEFINICIONESYÁMBITODEAPLICACIÓN
Artículo 1
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a)«empresa de seguros:» cualquier empresa que haya recibido
autorización administrativa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
6 de la Directiva 79/267/CEE;
b)«sucursal:» cualquier agencia o sucursal de una empresa de seguros,
habida cuenta del artículo 3 de la Directiva 90/619/CEE;
c)«compromiso:» un compromiso materializado en una de las formas
de seguros u operaciones contempladas en el artículo 1 de laDirectiva 79/267/CEE;1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 6
(1)D O noL 374 de 31. 12. 1991, p. 32.
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d)«Estado miembro de origen:» el Estado miembro en que esté situado
el domicilio social de la empresa de seguros que contraiga elcompromiso;
e)«Estado miembro de la sucursal:» el Estado miembro en que esté
situada la sucursal que contraiga el compromiso;
f)«Estado miembro de prestación de servicios:» el Estado miembro
del compromiso con arreglo a lo dispuesto en la letra e) del artículo2 de la Directiva 90/619/CEE, cuando el compromiso haya sidocontraído por alguna empresa de seguros o sucursal situada en otroEstado miembro;
g)«control»: la relación existente entre una empresa matriz y una filial,
tal y como se establece en el artículo 1 de la Directiva 83/349/
CEE(
1), o una relación de la misma naturaleza entre cualquier
persona física o jurídica y una empresa;
h)«participación cualificada:» el hecho de poseer en una empresa,
directa o indirectamente, al menos un 10 % del capital o de losderechos de voto o cualquier otra posibilidad de ejercer unainfluencia notable en la gestión de la empresa en la cual se posea una
participación.
A efectos de la aplicación de la presente definición en los artículos 7
y 14 y para la aplicación de los otros porcentajes de participaciónindicados en el artículo 14, se tomarán en consideración los derechosde voto a que se refiere el artículo 7 de la Directiva 88/627/CEE(
2);
i)«empresa matriz:» ein Mutterunternehmen im Sinne der Artikel 1
und 2 der Richtlinie 83/349/EWG;
j)«filial:» la empresa filial definida en los artículos 1 y 2 de la
Directiva 83/349/CEE; cualquier empresa filial de una empresa filial
se considerará también filial de la empresa matriz que esté al frentede dichas empresas;
k)«mercado regulado:» un mercado Financiero considerado por el
Estado miembro de origen de la empresa como mercado regulado enespera de una definición a dar en el marco de una directiva sobre losservicios de inversiones y caracterizado por:
— un funcionamiento regular, y
— el hecho de que las disposiciones establecidas o aprobadas por
las autoridades apropiadas definan las condiciones de funciona-miento del mercado, las condiciones de acceso al mercado, asícomo, cuando se aplique la Directiva 79/279/CEE del Consejo,
de 5 de marzo de 1979, sobre coordinación de las condiciones de
admisión de valores mobiliarios a cotización oficial en una bolsade valores(
3), las condiciones de admisión a la cotización fijadas
por esta Directiva, y cuando dicha Directiva no se aplique, lascondiciones que deban reunir dichos instrumentos financierospara poder ser efectivamente negociados en el mercado.
A efectos de la presente Directiva, un mercado regulado podrá estar
situado en un Estado miembro o en un país tercero. En este último
caso, dicho mercado deberá ser reconocido por el Estado miembrode origen de la empresa y satisfacer unas exigencias comparables.Los instrumentos financieros negociados en el mismo deberán teneruna calidad comparable a la de los instrumentos negociados en elmercado o mercados regulados del Estado miembro en cuestión;1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 7
(1) Séptima Directiva (83/349/CEE) del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada
en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas
consolidadas (DO noL 193 de 18. 7. 1983, p. 1). Directiva modificada en
último lugar por la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16. 11. 1990, p.
60).
(2) Directiva 88/627/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1988, sobre las
informaciones que han de publicarse en el momento de la adquisición y de la
cesión de una participación importante en una sociedad cotizada en bolsa
(DO noL 348 de 17. 12. 1988, p. 62).
(3)D O noL 66 de 13. 3. 1979, p. 21; Directiva modificada en último lugar por la
Directiva 82/148/CEE (DO noL 62 de 5. 3. 1982, p. 22).
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l)«autoridades competentes:» las autoridades nacionales facultadas,
en virtud de una ley o de una reglamentación, para controlar lasempresas de seguros;
m) por «vínculos estrechos» se entenderá todo conjunto de dos o más
personas físicas o jurídicas unidas mediante:
a) una participación, es decir, el hecho de poseer, de manera directa
o mediante un vínculo de control, el 20 % o más de los derechos
de voto o del capital de una empresa, o bien
b) un vínculo de control, es decir, el vínculo existente entre una
empresa matriz y una filial, en todos los casos contemplados enlos apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE(
1),
o toda relación análoga entre cualquier persona física o jurídica y
una empresa; toda empresa filial de una empresa filial seconsiderará también filial de la empresa matriz a la cabeza dedichas empresas.
Se considerará también constitutiva de un vínculo estrecho entre dos
o varias personas físicas o jurídicas, una situación en la que éstas
estén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona por unvínculo de control.
Artículo 2
1. La presente Directiva se aplicará a los compromisos y a las
empresas contemplados en el artículo 1 de la Directiva 79/267/CEE.
2. En el punto 2 del artículo 1 de la Directiva 79/267/CEE se
suprimirán las palabras «y sean autorizadas en el país de actividad».
3. La presente Directiva no se aplicará a los seguros y operaciones ni
a las empresas e instituciones a los que no les sea aplicable la Directiva79/267/CEE, ni a los organismos contemplados en el artículo 4 de esamisma Directiva.
TÍTULO II
ACCESOALAACTIVIDADDESEGURO
Artículo 3
El artículo 6 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 6
El acceso a las actividades contempladas en la presente Directiva
estará supeditado a la concesión de una autorización administrativaprevia.
Esta autorización será solicitada a las autoridades del Estado
miembro de origen, por:
a) la empresa que fije su domicilio social en el territorio de dicho
Estado miembro;
b) la empresa que, tras haber recibido la autorización contemplada
en el párrafo primero, extienda sus actividades al conjunto de un
ramo o a otros ramos.»
Artículo 4
El artículo 7 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 8
(1)D OnoL 193 de 18. 7. 1983, p. 1. Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16. 11. 1990, p. 60).▼M1
▼B
▼B
«Artículo 7
1. La autorización será válida para toda la Comunidad. Permitirá
a la empresa ejercer en ella actividades, en régimen de derecho de
establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
2. La autorización se concederá por ramos cuya clasificación
figura en el Anexo. Abarcará el ramo completo, salvo que elsolicitante sólo desee cubrir una parte de los riesgos correspon-dientes a dicho ramo.
Las autoridades competentes podrán limitar la autorización solici-
tada para un ramo exclusivamente a las actividades contenidas en elprograma de actividades contemplado en el artículo 9.
Cada Estado miembro tendrá la facultad de conceder la autorización
para varios ramos, siempre que la legislación nacional admita elejercicio simultáneo de tales ramos.»
Artículo 5
El artículo 8 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 8
1. El Estado miembro de origen exigirá que las empresas de
seguros que soliciten autorización:
a) adopten una de las formas siguientes:
— en el Reino de Bélgica: “société anonyme”/“naamloze
vennootschap”, “société en commandite par actions”/
“commanditaire vennootschap op aandelen”, “association
d'assurance mutuelle”/“onderlinge verzekeringsvereniging”,“société coopérative”/“coöperatieve vennootschap”;
— en el Reino de Dinamarca: “aktieselskaber”, “gensidige
selskaber”, “pensionskasser omfattet af lov em forsikrings-virksomhed (tværgående pensionskasser)”;
— en la República Federal de Alemania: “Aktiengesellschaft”,
“Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Öffentlich-rech-
tliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen”;
— en la República Francesa: “Société anonyme”, “société
d'assurance mutuelle”, “institution de prévoyance régie par
le code de la sécurité sociale”, “institution de prévoyancerégie par le code rural”, “mutuelles régies par le code de lamutualité”;
— en Irlanda: “incorporated companies limited by shares or by
guarantee or unlimited, societies registred under the Industrialand Provident Societies Acts, societies registred under theFriendly Societies Acts”;
— en la República Italiana: “società per azioni”, “società
cooperativa”, “mutua di assicurazione”;
— en el Gran Ducado de Luxemburgo: “société anonyme”,
“société en commandite par actions”, “association d'assu-rances mutuelles”, “société coopérative”;
— en el Reino de los Países Bajos: “naamloze vennootschap”,
“onderlinge waarborgmaatschappij”;
— en el Reino Unido: “incorporated companies limited by shares
or by guarantee or unlimited”, “societies registered under the
Industrial and Provident Societies Acts”, “societies registered
or incorporated under the Friendly Societies Acts”, “theassociation of underwriters known als Lloyd's”;
— en la República Helénica: “ ανώνζµη εταιρ íα”;
— en el Reino de España: “sociedad anónima”, “sociedad
mutua”, “sociedad cooperativa”;
— en la República Portuguesa: “sociedade anónima”, “mútua de
seguros”.
La empresa de seguros también podrá adoptar la forma de sociedad
europea cuando ésta haya sido creada.1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 9
▼B
Además, los Estados miembros podrán crear, en su caso, empresas
que adopten cualquier forma de Derecho público, siempre quedichos organismos tengan por objeto la realización de operaciones
de seguro en condiciones equivalentes a las de las empresas de
Derecho privado;
b) limiten su objeto social a las actividades previstas por la presente
Directiva y a las operaciones que se deriven directamente de ella,
con exclusión de cualquier otra acvtividad comercial;
c) presenten un programa de actividades con arreglo al artículo 9;
d) posean el mínimo del fondo de garantía previsto en el apartado 2
del artículo 20;
e) estén dirigidas de manera efectiva por personas que reúnan las
condiciones necesarias de honorabilidad y de cualificación oexperiencia profesionales.
2. La empresa que solicite autorización para extender sus
actividades a otros ramos o para la ampliación de una autorización
que abarque sólo una parte de los riesgos comprendidos en un ramo
deberá presentar un programa de actividades de conformidad con elartículo 9.
Además, deberá aportar la prueba de que dispone del margen de
solvencia establecido en el artículo 19 y de que posee el fondo degarantía contemplado en los apartados 1 y 2 del artículo 20.
3. Los Estados miembros no establecerán disposiciones que
exijan la aprobación previa o la comunicación sistemática de las
condiciones generales y especiales de las pólizas de seguro, de las
tarifas, de las bases técnicas, utilizadas en particular para calcular lastarifas y las provisiones técnicas, y de los formularios y otrosimpresos que la empresa tenga previsto utilizar en sus relaciones conlos tomadores de seguro.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, con el solo fin de
controlar si se respetan las disposiciones nacionales relativas a los
principios actuariales, el Estado miembro de origen podrá exigir la
comunicación sistemática de las bases técnicas utilizadas para elcálculo de las tarifas y de las provisiones técnicas, sin que dichaexigencia pueda constituir para la empresa una condición previa parael ejercicio de su actividad.
La presente Directiva no será obstáculo para que los Estados
miembros mantengan o introduzcan disposiciones legales, regla-
mentarias o adminstrativas que estipulen la aprobación de estatutos y
la transmisión de todo documento necesario para el ejercicio normaldel control.
Como muy tarde cinco años después de la puesta en aplicación de la
Directiva 92/96/CEE(*) la Comisión presentará al Consejo uninforme sobre la aplicación del presente apartado.
4. Las anteriores disposiciones no podrán establecer que la
solicitud de autorización sea examinada en función de las
necesidades económicas del mercado.»
Artículo 6
El artículo 9 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 9
El programa de actividades contemplado en la letra c) del apartado 1
del artículo 8 y en el apartado 2 del mismo artículo deberá contener
indicaciones o justificaciones relativas a:
a) la naturaleza de los compromisos que la empresa se propone
contraer;
b) los principios rectores en materia de reaseguro;1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 10
(*) DO noL 360 de 9. 12. 1992, p. 1
▼B
c) los elementos constitutivos del fondo de garantía mínimo;
d) las previsiones relativas a los gastos de instalación de los
servicios administrativos y de la red de producción; los mediosfinancieros destinados a hacer frente a dichos gastos;y, además,para los tres primeros ejercicios sociales:
e) un plan en el que se indiquen de forma detallada las previsiones
de ingresos y gastos tanto para las operaciones directas y lasaceptaciones de reaseguro como para las cesiones de reaseguro;
f) la situación probable de tesorería;
g) las previsiones relativas a los medios financieros destinados a la
cobertura de los compromisos y del margen de solvencia.»
Artículo 7
Las autoridades competentes del Estado miembro de origen no
concederán la autorización que permita el acceso de una empresa a laactividad de seguros antes de que les haya sido comunicada la identidadde los accionistas o socios, directos o indirectos, personas físicas ojurídicas, que posean una participación cualificada en una empresa de
seguros para la cual se ha solicitado la autorización, y el importe de
dicha participación.
Dichas autoridades denegarán la autorización si, habida cuenta de la
necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la empresa deseguros, no estuvieran satisfechas de la idoneidad de dichos accionistas
o socios.
TÍTULO III
ARMONIZACIÓNDELASCONDICIONESDEEJERCICIO
Capítulo1
Artículo 8
El artículo 15 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 15
1. El control financiero de una empresa de seguros, incluido el
control de las actividades que ejerza a través de sucursales y en
régimen de prestación de servicios, será de la exclusiva competencia
del Estado miembro de origen. Si las autoridades competentes delEstado miembro del compromiso tienen motivos para considerar quelas actividades de una empresa de seguros podrían afectar a susolidez financiera, informarán de ello a las autoridades competentesdel Estado miembro de origen de dicha empresa. Las autoridades
competentes del Estado miembro de origen comprobarán que la
empresa observa los principios prudenciales definidos en la presenteDirectiva.
2. El control financiero consistirá, en particular, en la compro-
bación, para el conjunto de actividades de la empresa de seguros, delestado de solvencia y de la constitución de provisiones técnicas,incluidas las provisiones matemáticas, así como de los activos quelas representan con arreglo a las normas o a las prácticas
establecidas en el Estado miembro de origen, en virtud de las
disposiciones adoptadas a nivel comunitario.
3. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
exigirán que las empresas de seguros dispongan de una buena
organización administrativa y contable y de procedimientos decontrol interno adecuados.»
Artículo 9
El artículo 16 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 11
▼B
«Artículo 16
Los Estados miembros de la sucursal dispondrán que, cuando una
empresa de seguros autorizada en otro Estado miembro ejerza suactividad a través de una sucursal, las autoridades competentes delEstado miembro de origen, tras haber informado previamente a las
autoridades competentes del Estado miembro de la sucursal, puedan
proceder, por sí mismas o por medio de personas a quienes hayanotorgado un mandato para ello, a la verificación in situ de lainformación necesaria para poder realizar el control financiero de laempresa. Las autoridades del Estado miembro de la sucursal podrán
participar en dicha verificación.»
Artículo 10
Los apartados 2 y 3 del artículo 23 de la Directiva 79/267/CEE se
sustituyen por el texto siguiente:
«2. Los Estados miembros exigirán a las empresas de seguros que
tengan su domicilio social en su territorio la presentación periódicade los documentos que sean necesarios para ejercer el control, así
como de los documentos estadísticos. Las autoridades competentes
se comunicarán los documentos e informaciones útiles para elejercicio del control.
3. Cada Estado miembro adoptará todas las disposiciones
oportunas para que las autoridades competentes dispongan de lospoderes y de los medios necesarios para la vigilancia de lasactividades de las empresas de seguros cuyo domicilio social se halleen su territorio, incluidas las actividades ejercidas fuera de dicho
territorio, de conformidad con las directivas del Consejo relativas a
tales actividades y con miras a la aplicación de éstas.
Dichos poderes y medios deberán en particular proporcionar a las
autoridades competentes la posibilidad:
a) de informarse de manera detallada sobre la situación de la
empresa y sobre el conjunto de sus actividades, en especial:
— recabando información o exigiendo la presentación de los
documentos relativos a la actividad de seguro,
— procediendo a comprobaciones in situ en los locales de la
empresa;
b) de adoptar, respecto de la empresa, de sus directivos responsables
o de las personas que controlen la empresa, todas las medidas
adecuadas y necesarias para garantizar que las actividades de laempresa cumplan de forma permanente las disposiciones legales,reglamentarias y administrativas que la empresa tenga obligaciónde observar en los distintos Estados miembros y, en especial, elprograma de actividades, en caso de que sea obligatorio, así como
para evitar o eliminar cualquier irregularidad que pudiera afectar
a los intereses de los asegurados;
c) de garantizar la aplicación de dichas medidas, por vía de
ejecución forzosa si fuere necesario y, en su caso, medianterecurso a las instancias judiciales.
Los Estados miembros también podrán prever la posibilidad de que
las autoridades competentes obtengan cualquier información relativaa los contratos que obren en poder de los intermediarios.»
Artículo 11
1. Quedan suprimidos los apartados 2 a 7 del artículo 6 de la
Directiva 90/619/CEE.
2. En las condiciones dispuestas por el derecho nacional, cada Estado
miembro autorizará a las empresas de seguros cuyo domicilio social esté
situado en su territorio para ceder, en su totalidad o en parte, la cartera
de contratos, suscritos en régimen de derecho de establecimiento o enrégimen de libre prestación de servicios, a un cesionario establecido enla Comunidad, si las autoridades competentes del Estado miembro deorigen del cesionario certifican que éste posee, habida cuenta de lacesión, el margen de solvencia necesario.1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 12
▼B
3. Cuando una sucursal tenga previsto ceder la totalidad o una parte
de su cartera de contratos, suscritos en régimen de derecho deestablecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, deberá
ser consultado el Estado miembro de la sucursal.
4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, las autoridades
del Estado miembro de origen de la empresa cedente autorizarán la
cesión, una vez recibida la conformidad de las autoridades competentes
de los Estados miembros del compromiso.
5. En el curso de los tres meses siguientes a la recepción de la
solicitud de dictamen las autoridades competentes de los Estados
miembros consultados darán a conocer su dictamen a las autoridadescompetentes del Estado miembro de origen de la empresa de seguroscedente; en caso de silencio de estas autoridades a la expiración de dichoplazo, ese silencio equivaldrá a un dictamen favorable o a un acuerdo
tácito.
6. La cesión autorizada con arreglo al presente artículo será publicada
en el Estado miembro del compromiso, en las condiciones previstas enel derecho nacional. Dicha cesión será oponible de pleno derecho a los
tomadores de seguros, a los asegurados y a toda persona que posea
derechos u obligaciones derivados de los contratos cedidos.
Dicha disposición no afectará al derecho de los Estados miembros de
establecer la facultad de que los tomadores de seguros rescindan el
contrato en un plazo determinado a partir de la cesión.
Artículo 12
1. El artículo 24 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 24
1. Si una empresa no se ajustare a las disposiciones del artículo
17, la autoridad competente del Estado miembro de origen de laempresa podrá prohibir la libre disposición de los activos, una vezhaya informado de su intención a las autoridades competentes de losEstados miembros del compromiso.
2. Para restablecer la situación financiera de una empresa cuyo
margen de solvencia no alcance el mínimo prescrito en el artículo
19, la autoridad competente del Estado miembro de origen exigiráun plan de saneamiento, que deberá ser sometido a su aprobación.
En circunstancias excepcionales, si la autoridad competente
considera que la posición financiera de la empresa va a seguirdeteriorándose, podrá también restringir o prohibir la libredisposición de los activos de la empresa. Informará a las autoridades
de los demás Estados miembros en cuyo territorio la empresa ejerza
su actividad de toda medida adoptada y éstas, a petición de laprimera autoridad, adoptarán las mismas medidas que aquella hayaadoptado.
3. Si el margen de solvencia no alcanzase el fondo de garantía
mínimo definido en el artículo 20, la autoridad competente delEstado miembro de origen exigirá a la empresa un plan de
financiación a corto plazo, que deberá ser sometido a su aprobación.
Podrá, además, restringir o prohibir la libre disposición de los
activos de la empresa. Informará de ello a las autoridades de losEstados miembros en cuyo territorio la empresa ejerza algunaactividad, las cuales, a instancia suya, adoptarán idénticas medidas.
4. En los supuestos previstos en los apartados 1, 2 y 3, las
autoridades competentes podrán adoptar, asimismo, cualquier otra
medida apropiada para salvaguardar los intereses de los asegurados.
5. Cada Estado miembro adoptará las disposiciones necesarias
para poder prohibir, de conformidad con su derecho nacional, lalibre disposición de los activos localizados en su territorio, apetición, en los casos previstos en los apartados 1, 2 y 3, del Estadomiembro de origen de la empresa, que deberá designar los activosque deban ser objeto de estas medidas.»1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 13
▼B
Artículo 13
El artículo 26 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 26
1. La autorización concedida a la empresa de seguros por la
autoridad competente del Estado miembro de origen podrá ser
retirada por esta autoridad cuando la empresa:
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses,
renuncie a ella expresamente o cese de ejercer su actividaddurante un período superior a seis meses, a menos que el Estadomiembro haya previsto la caducidad de la autorización en estos
supuestos;
b) no cumpla ya las condiciones de acceso:
c) no haya podido llevar a efecto, en el plazo fijado, las medidas
previstas en el plan de saneamiento o en el plan de financiacióncontemplados en el artículo 24;
d) incumpla de manera grave las obligaciones que le incumban en
virtud de la regulación que le sea aplicable.
En caso de revocación o de caducidad de la autorización, la
autoridad competente del Estado miembro de origen informará deello a las autoridades competentes de los restantes Estadosmiembros, que adoptarán las medidas oportunas para impedir quela empresa inicie nuevas operaciones en su territorio, tanto enrégimen de derecho de establecimiento como en régimen de libre
prestación de servicios. Asimismo, en colaboración con las
mencionadas autoridades, la autoridad competente del Estadomiembro de origen adoptará las medidas que resulten oportunaspara salvaguardar los intereses de los asegurados y, en particular,restringirá la libre disposición de los activos de la empresa, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 24, apartado 1, apartado 2,
párrafo segundo y apartado 3, párrafo segundo.
2. Toda decisión de revocar una autorización deberá motivarse de
manera precisa y notificarse a la empresa interesada.»
Artículo 14
1. Los Estados miembros establecerán que toda persona física o
jurídica que se proponga tener, directa o indirectamente, en una empresade seguros, una participación cualificada deba informar de ellopreviamente a las autoridades competentes del Estado miembro deorigen y comunicar la cuantía de dicha participación. Cualquier persona
física o jurídica deberá asimismo informar a las autoridades competentes
del Estado miembro de origen si sepropone incrementar suparticipacióncualificada de tal manera que la proporción de derechos de voto o departicipaciones de capital poseídas por la misma sea igual o superior alos límites del 20 %, 33 % o 50 %, o que la empresa de seguros se
convierta en su filial.
Las autoridades competentes del Estado miembro de origen dispondrán
de un plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha de informaciónprevista en el párrafo primero, para oponerse a dicho proyecto, si, a finde tener en cuenta la necesidad de garantizar una gestión sana y prudentede la empresa de seguros, no se hallaren satisfechas de la idoneidad de la
persona contemplada en el párrafo primero. Cuando no haya oposición,
las autoridades podrán fijar un plazo máximo para la ejecución delproyecto en cuestión.
2. Los Estados miembros dispondrán que toda persona física o
jurídica que se proponga dejar de tener, directa o indirectamente, una
participación cualificada en alguna empresa de seguros, deberá informar
previamente de ello a las autoridades competentes del Estado miembrode origen y comunicar la cuantía prevista de su participación. Cualquierpersona física o jurídica deberá también informar a las autoridadescompetentes si se propone disminuir su participación cualificada de talmanera que la proporción de derechos, de voto o de participaciones de1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 14
▼B
capital poseídas por la misma sea inferior a los límites del 20 %, 33 % o
50 %, o que la empresa deje de ser su filial.
3. Las empresas de seguros comunicarán a las autoridades compe-
tentes del Estado miembro de origen, tan pronto como tenganconocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de participación en
su capital que hagan ascender o descender alguno de los límites
contemplados en los apartados 1 y 2.
Asimismo, comunicarán, al menos una vez al año, la identidad de los
accionistas o socios que posean participaciones cualificadas, así como la
cuantía de dichas participaciones, tal como resulte, en particular, de losdatos obtenidos en la junta general anual de accionistas o socios, o de lainformación recibida en virtud de la obligación a que están sujetas lassociedades admitidas a negociación en una bolsa de valores.
4. Los Estados miembros dispondrán que, cuando las personas a las
que se refiere el apartado 1 ejerzan su influencia de manera tal que vayaen detrimento de una gestión prudente y sana de la empresa de seguros,las autoridades competentes del Estado miembro de origen adopten las
medidas oportunas para poner fin a dicha situación. Dichas medidas
podrán consistir, en particular, en requerimientos, sanciones a losdirectivos o la suspensión del ejercicio de los derechos de votocorrespondientes a las acciones o participaciones que posean losaccionistas o socios en cuestión.
Medidas similares se aplicarán a las personas físicas o jurídicas que
incumplan la obligación de proporcionar información previa, tal comodispone el apartado 1. En el caso de que se adquiera una participación a
pesar de la oposición de las autoridades competentes, los Estados
miembros, con independencia de cualquier otra sanción que puedaimponerse, dispondrán, bien la suspensión del ejercicio de loscorrespondientes derechos de voto, bien la nulidad de los votos emitidoso la posibilidad de anularlos.
Artículo 15
1. Los Estados miembros establecerán que todas las personas que
ejerzan o hayan ejercido una actividad para las autoridades competentes,
así como los auditores o expertos encargados por las autoridadescompetentes, tengan que guardar el secreto profesional. Este secretoimplica que las informaciones confidenciales que reciban a títuloprofesional no podrán ser divulgadas a ninguna persona o autoridad,
salvo en forma sumaria o agregada, de manera que las empresas de
seguros individuales no puedan ser identificadas, sin perjuicio de lossupuestos regulados por el Derecho penal.
No obstante, cuando se trate de empresas de seguros que se hayan
declarado en quiebra o cuya liquidación forzosa haya sido ordenada porun tribunal, las informaciones confidenciales que no se refieran aterceras partes implicadas en intentos de reflotar la empresa podrán serdivulgadas en el marco de procedimientos civiles o mercantiles.
2. El apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades
competentes de los diferentes Estados miembros procedan a losintercambios de información previstos en las directivas aplicables alas empresas de seguros. Dichas informaciones estarán sujetas al secreto
profesional contemplado en el apartado 1.
3. Los Estados miembros únicamente podrán celebrar acuerdos de
cooperación en los que se prevea el intercambio de información con las
autoridades competentes de terceros países o con las autoridades u
órganos de estos países, según se definen en los apartados 5 y 5 bis,s il a
información comunicada queda protegida por garantías de secretoprofesional al menos equivalentes a las contempladas en el presenteartículo. Dicho intercambio de información deberá tener por objeto elcumplimiento de la labor de supervisión de las autoridades u órganos en
cuestión.
Cuando la información tenga su origen en otro Estado miembro, no
podrá ser revelada sin la conformidad expresa de las autoridades1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 15
▼M2
▼M2
competentes que la hayan facilitado y, en su caso, únicamente con la
finalidad para la que dichas autoridades hayan dado su conformidad.
4. La autoridad competente que, en virtud de los apartados 1 o 2,
reciba información confidencial podrá solamente utilizarla en el
ejercicio de sus funciones:
— para el examen de las condiciones de acceso a la actividad de seguro
y para facilitar el control de las condiciones del ejercicio de la
actividad, en particular en materia de supervisión de las provisionestécnicas, del margen de solvencia, de la organización administrativay contable y del control interno, o
— para la imposición de sanciones, o
— en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la
autoridad competente, o
— en el marco de procedimientos jurisdiccionales entablados en virtud
del artículo 50 o de disposiciones especiales previstas en lasdirectivas adoptadas en el ámbito de las empresas de seguros.
5. Los apartados 1 y 4 no serán obstáculo para el intercambio de
información, dentro de un mismo Estado miembro, cuando existanvarias autoridades competentes, o entre Estados miembros, entreautoridades competentes y:
— las autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión
de las entidades de crédito y de las otras instituciones financieras, asícomo las autoridades encargadas de la supervisión de los mercadosfinancieros,
— los órganos implicados en la liquidación y la quiebra de las empresas
de seguros y otros procedimientos similares, y
— las personas encargadas del control legal de las cuentas de las
empresas de seguros y de las demás entidades financieras,
para el cumplimiento de su misión de vigilancia, así como para la
transmisión, a los órganos encargados de la gestión de procedimientos(obligatorios) de liquidación o de fondos de garantía, de la informaciónnecesaria para el cumplimiento de su función. La información recibidapor dichas autoridades, órganos y personas quedará sujeta al secretoprofesional contemplado en el apartado 1.
5bis. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros podrán autorizar intercambios de información entre las
autoridades competentes y
— las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que
participen en la liquidación y quiebra de las empresas de seguros yotros procedimientos similares; o
— las autoridades encargadas de la supervisión de las personas
encargadas del control legal de las cuentas de las empresas de
seguros, las entidades de crédito, las empresas de inversión y otras
entidades financieras; o
— los actuarios independientes de las empresas de seguros que, en
virtud de la ley, ejerzan una función de control sobre éstas y losórganos encargados de la supervisión de estos actuarios.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de lassiguientes condiciones:
— la información se destinará a la realización de la misión de
supervisión o de la función de control establecidas en el párrafoprimero;
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1;
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo
podrá divulgarse con el acuerdo expreso de las autoridadescompetentes que hayan comunicado dicha información y, en sucaso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayanautorizado.1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 16
▼B
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Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás
Estados miembros la identidad de las autoridades, personas u órganosque podrán recibir información con arreglo al presente apartado.
5ter. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros, con el fin de reforzar la estabilidad del sistema financiero,incluida su integridad, podrán autorizar el intercambio de informaciónentre las autoridades competentes y las autoridades y los órganosencargados en virtud de la legislación nacional de detectar las
infracciones al derecho de sociedades y de investigar dichas infrac-
ciones.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de lassiguientes condiciones:
— la información se destinará a la realización de la misión establecida
en el párrafo primero;
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1;
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo
podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridadescompetentes que hayan comunicado dicha información y, en su caso,exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayanautorizado.
Cuando, en un Estado miembro, las autoridades y los órganos a que se
refiere el párrafo primero realicen su misión de detección oinvestigación recurriendo, dada su competencia específica, a personascon un mandato a tal fin que no pertenezcan a la función pública, laposibilidad de intercambiar información prevista en el párrafo primeropodrá ampliarse a estas personas en las condiciones expuestas en el
párrafo segundo.
Para la aplicación del último guión del párrafo segundo, las autoridades
y los órganos a que se refiere el párrafo primero comunicarán a lasautoridades competentes que hayan facilitado la información laidentidad y el mandato preciso de las personas a las que se transmitirá
dicha información.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás
Estados miembros la identidad de las autoridades y de los órganos quepodrán recibir información con arreglo al presente apartado.
La Comisión elaborará, antes del 31 de diciembre del año 2000, un
informe sobre la aplicación de las disposiciones del presente apartado.
5quater. Los Estados miembros podrán autorizar a las autoridades
competentes a transmitir:
— a los bancos centrales y organismos de función similar en tanto que
autoridades monetarias y,
— en su caso, a otras autoridades públicas encargadas de la supervisión
de los sistemas de pago,
la información destinada a la realización de su misión y podrán autorizar
a dichas autoridades u organismos a comunicar a las autoridadescompetentes la información que precisen a los efectos del apartado 4. Lainformación recogida en este contexto estará sujeta al secretoprofesional contemplado en el presente artículo.
6. Además, no obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 4, los
Estados miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales,la comunicación de ciertas informaciones a otros departamentos de susadministraciones centrales responsables de la aplicación de la legisla-
ción de supervisión de las entidades de crédito, las entidades financieras,
los servicios de inversión y las empresas de seguros, así como a losinspectores designados por dichos departamentos.
No obstante, dichas comunicaciones sólo podrán facilitarse cuando ello
sea necesario por razones de supervisión prudencial.1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 17
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▼B
Sin embargo, los Estados miembros establecerán que las informaciones
recibidas con arreglo a los apartados 2 y 5 y las obtenidas por medio delas verificaciones in situ contempladas en el artículo 16 de la Directiva
79/267/CEE no puedan en ningún caso ser objeto de las comunicaciones
contempladas en el presente apartado, salvo acuerdo expreso de laautoridad competente que haya comunicado las informaciones o de laautoridad competente del Estado miembro en el que se haya efectuado laverificación in situ.
Artículo 15 bis
1. Los Estados miembros dispondrán, como mínimo que:
a) toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 84/253/CEE(
1) que
ejerza en una empresa de seguros la función descrita en el artículo 51
de la Directiva 78/660/CEE(2), en el artículo 37 de la Directiva 83/
349/CEE o en el artículo 31 de la Directiva 85/611/CEE o cualquierotra función legal tendrá la obligación de señalar rápidamente a lasautoridades competentes cualquier hecho o decisión sobre dichaentidad del que haya tenido conocimiento en el ejercicio de dicha
función y que pueda:
— constituir una violación del contenido de las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas que establecen las
condiciones de autorización o que regulan de manera específicael ejercicio de la actividad de las empresas de seguros, o
— perjudicar la continuidad de la explotación de la empresa de
seguros, o
— implicar la denegación de la certificación de cuentas o la emisión
de reservas;
b) se impondrá la misma obligación a esa misma persona por lo que
respecta a los hechos y decisiones que llegara a conocer en elcontexto de una función como la descrita en la letra a) ejercida enuna empresa que tenga un vínculo estrecho resultante de un vínculode control con la empresa de seguros en la que esta persona lleve a
cabo la mencionada función.
2. La divulgación de buena fe de hechos o decisiones mencionados en
el apartado 1 a las autoridades competentes, por parte de las personasautorizadas con arreglo a la Directiva 84/253/CEE, no constituirá
violación de las restricciones sobre divulgación de información impuesta
por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria oadministrativa ni implicará para dichas personas ningún tipo deresponsabilidad.
Artículo 16
El artículo 13 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 13
1. Sin perjuicio de los apartados 3 y 7, ninguna empresa podrá ser
autorizada a la vez con arreglo a la presente Directiva y a la
Directiva 73/239/CEE.
2. No obstante, los Estados miembros podrán establecer que:
— las empresas que posean una autorización con arreglo a la
presente Directiva puedan obtener asimismo autorización, de
conformidad con el artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE, para
los riesgos mencionados en los puntos 1 y 2 del Anexo de lamisma Directiva;
— las empresas autorizadas en virtud del artículo 6 de la Directiva
73/239/CEE, exclusivamente para los riesgos contemplados en1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 18
(1)D O noL 126 de 12. 5. 1984, p. 20.
(2)D O noL 222 de 14. 8. 1978, p. 11. Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16. 11. 1990, p. 60).▼M1
▼B
▼B
los puntos 1 y 2 del Anexo de dicha Directiva, puedan obtener
una autorización con arreglo a la presente Directiva.
3. Sin perjuicio del apartado 6, las empresas citadas en el
apartado 2 y aquellas que en el momento de la notificación de lapresente Directiva practiquen la acumulación de las dos actividadesa que se refieren la presente Directiva y la Directiva 73/239/CEE,podrán continuar practicándola siempre que adopten una gestión
separada para cada una de tales actividades, de conformidad con el
artículo 14.
4. Los Estados miembros podrán establecer que las empresas
contempladas en el apartado 2 deban respetar las normas contables
que rigen para las empresas autorizadas con arreglo a la presente
Directiva para el conjunto de su actividad. Además, los Estadosmiembros podrán establecer, en espera de una coordinación en lamateria, que en lo que se refiere a las reglas de liquidación, lasactividades relativas a los riesgos mencionados en los puntos 1 y 2
del Anexo de la Directiva 73/239/CEE ejercidas por las empresas
contempladas en el apartado 2, se rijan igualmente por las reglasaplicables a las actividades del seguro de vida.
5. Cuando una empresa que ejerza las actividades contempladas
en el Anexo de la Directiva 73/239/CEE tenga relaciones
financieras, comerciales o administrativas con una empresa queejerza las actividades a que se refiere la presente Directiva, lasautoridades competentes de los Estados miembros en cuyo territorioesté situado el domcilio social de dichas empresas velarán para quesus cuentas no sean falseadas mediante acuerdos celebrados entre
ellas, o mediante cualquier arreglo capaz de influir en la distribución
de gastos e ingresos.
6. Cualquier Estado miembro podrá imponer a las empresas cuyo
domicilio social esté situado en su territorio la obligación de poner
fin, en los plazos que determine, a la acumulación de las actividades
que practiquen en el momento de la notificación de la presenteDirectiva.
7. Las disposiciones del presente artículo serán examinadas de
nuevo sobre la base de un informe de la Comisión al Consejo a la luz
de la futura armonización de las reglas de liquidación y, en cualquiercaso, antes del 31 de diciembre de 1999.»
Artículo 17
Quedan suprimidos el artículo 35 de la Directiva 79/267/CEE y el
artículo 18 de la Directiva 90/619/CEE.
Capítulo2
Artículo 18
El artículo 17 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 17
1. El Estado miembro de origen impondrá a cada empresa de
seguros la obligación de constituir provisiones técnicas suficientes,incluidas las provisiones matemáticas, para el conjunto de susactividades.
La cuantía de dichas provisiones se determinará con arreglo a los
principios siguientes:
A. i) Las provisiones técnicas del seguro de vida deberán
calcularse con arreglo a un método actuarial prospectivosuficientemente prudente, teniendo en cuenta todas las
obligaciones futuras conforme a las condiciones establecidas
para cada contrato en curso, y en particular:
— todas las prestaciones garantizadas, incluidos los valores
de rescate garantizados;
— las participaciones en los beneficios adquiridos a que
tengan derecho los asegurados colectiva o individual-1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 19
▼B
mente, con independencia de la calificación de dichas
participaciones: devengadas, declaradas o asignadas;
— todas las opciones a las que el asegurado tenga derecho
según las condiciones del contrato;
— los gastos de la empresa, incluidas las comisiones;
para lo cual se tendrán en cuenta las primas futuras por
cobrar.
ii) Podrá utilizarse un método retrospectivo cuando pueda
demostrarse que las provisiones técnicas obtenidas en base
al mismo no son inferiores a las resultantes de un métodoprospectivo suficientemente prudente, o cuando no puedautilizarse un método prospectivo para el tipo de contratoconsiderado.
iii) Un cálculo prudente no significa un cálculo basado en las
hipótesis consideradas más probables, sino un cálculo que
tenga en cuenta un margen razonable de desviaciones
desfavorables de los diferentes factores en juego.
iv) El método de cálculo de las provisiones técnicas no sólo
deberá ser prudente en sí mismo, sino igualmente cuando setenga en cuenta el método de cálculo de los activosrepresentantes de dichas provisiones.
v) Las provisiones técnicas deberán ser calculadas separada-
mente para cada contrato. No obstante, se podrán utilizaraproximaciones razonables o generalizaciones siempre que
sea posible suponer que darán aproximadamente los mismos
resultados que en los cálculos individuales. El principio decálculo individual no impedirá que se constituyan provi-siones suplementarias para riesgos generales noindividualizados.
vi) Cuando el valor de rescate de un contrato esté garantizado, el
importe de las provisiones matemáticas para dicho contrato
deberá ser, en todo momento, al menos igual al valor
garantizado en el mismo momento.
B. El tipo de interés utilizado deberá elegirse prudentemente. Se
determinará según las reglas de la autoridad competente del
Estado miembro de origen, en aplicación de los principios
siguientes:
a) Para todos los contratos, la autoridad competente del Estado
miembro de origen de la empresa fijará el tipo o tiposmáximos de interés, en particular según las reglas siguientes:
i) Cuando los contratos comprendan una garantía de tipo de
interés, la autoridad competente del Estado miembro deorigen de la empresa fijará un tipo de interés máximoúnico. Este tipo podrá ser diferente según la divisa en quese haya denominado el contrato, siempre que no sea
superior al 60 % del tipo de interés de los empréstitos
materializados en obligaciones del Estado en cuya divisase haya denominado el contrato. Cuando se trate de uncontrato en ecus, este límite se fijará con referencia a losempréstitos en obligaciones de las instituciones comuni-
tarias expresados en ecus.
Si, en aplicación de la segunda frase del párrafo
precedente, el Estado miembro decidiera fijar un tipo de
interés máximo para los contratos denominados en unadivisa de un Estado miembro, consultará previamente a laautoridad competente del Estado miembro en cuya divisaesté denominado el contrato.
ii) No obstante, cuando los activos de la empresa no sean
evaluados a su valor de adquisición, un Estado miembro
podrá disponer que el tipo o los tipos máximos puedan
calcularse teniendo en cuenta el rendimiento de los activoscorrespondientes actualmente en cartera, disminuido de unmargen prudencial y, en particular para los contratos aprima periódica, tomando además en cuenta el rendi-miento anticipado de los activos futuros. El margen1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 20
▼B
prudencial y el tipo o los tipos de interés que se apliquen al
rendimiento anticipado de los activos futuros serán fijadospor la autoridad competente del Estado miembro de
origen.
b) La fijación de un tipo de interés máximo no implicará que la
empresa esté obligada a utilizar un tipo tan elevado.
c) El Estado miembro de origen podrá decidir que no se aplique
la letra a) para las categorías de contratos siguientes:
— contratos en unidades de cuenta,
— contratos a prima única de una duración máxima de ocho
años,
— contratos sin participación en beneficios, así como
contratos de renta sin valor de rescate.
En los casos contemplados en los dos últimos guiones del
párrafo primero, se podrá tener en cuenta, al elegir un tipo de
interés prudencial, la moneda en que esté denominado elcontrato, los activos correspondientes actualmente en carteray, en caso de que los activos de la empresa se evalúen a suvalor actual, el rendimiento anticipado de los activos futuros.
El tipo de interés utilizado no podrá ser en ningún caso
superior al rendimiento de los activos, calculado según lasreglas relativas a la confección del balance del Estadomiembro de origen, tras una deducción adecuada.
d) El Estado miembro exigirá que la empresa constituya en sus
cuentas una provisión destinada a hacer frente a loscompromisos derivados del tipo de interés garantizado a losasegurados, cuando el rendimiento actual o previsible del
activo de la empresa no sea suficiente para cubrir dichos
compromisos.
e) Los tipos máximos fijados en aplicación de la letra a) serán
notificados anualmente a la Comisión, así como a las
autoridades competentes de los Estados miembros que losoliciten.
C. Los elementos estadísticos del cálculo y los relativos a los gastos
deberán ser elegidos prudentemente teniendo en cuenta el Estado
miembro del compromiso, el tipo de póliza, así como los gastosde administración y las comisiones previstos.
D. En los contratos con participación en los beneficios, el método de
cálculo de las provisiones técnicas podrá tener en cuenta,implícita o explícitamente, las participaciones de toda clase enlos beneficios futuros, de manera coherente con las demáshipótesis utilizadas sobre la evolución futura y con el métodoactual de participación en los beneficios.
E. La provisión para gastos futuros podrá ser implícita, por ejemplo
teniendo en cuenta las primas futuras netas de gastos de gestión.Sin embargo, la provisión total, implícita o explícita, no podrá
ser inferior a la que un cálculo prudente habría determinado.
F. El método de cálculo de las provisiones técnicas no deberá
cambiar de un año a otro de forma discontinua comoconsecuencia de cambios arbitrarios en el método o en los
elementos de cálculo y deberá ser tal que la participación en los
beneficios sea calculada de una manera razonable durante laduración del contrato.
2. La empresa de seguros deberá poner a disposición del público
las bases y los métodos utilizados para el cálculo de las provisiones
técnicas, incluida la provisión para participaciones en los beneficios.
3. El Estado miembro de origen exigirá a cada empresa de
seguros que sus provisiones técnicas relativas al conjunto de sus
actividades estén representadas por activos congruentes, de confor-midad con el artículo 24 de la Directiva 92/96/CEE. Para lasactividades ejercidas en la Comunidad, dichos activos deberán estarlocalizados en ésta. Los Estados miembros no exigirán a lasempresas de seguros que sitúen sus activos en un Estado miembro1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 21
▼B
determinado. El Estado miembro de origen podrá permitir, no
obstante, una cierta flexibilidad de las reglas relativas a lalocalización de los activos.
4. Si el Estado miembro de origen admite la representación de las
provisiones técnicas con créditos frente a los reaseguradores, fijaráel porcentaje admitido. En ese caso, no podrá exigir la localizaciónde dichos créditos.»
Artículo 19
Las primas para las nuevas operaciones deberán ser suficientes, según
hipótesis actuariales razonables, para permitir a la empresa de segurossatisfacer el conjunto de sus compromisos, y en particular constituir lasprovisiones técnicas adecuadas.
A tal efecto, se podrán tener en cuenta todos los aspectos de la situación
financiera de la empresa de seguros, sin que la aportación de recursos
ajenos a estas primas y a sus productos tenga un carácter sistemático y
permanente que pudiera poner en peligro en el tiempo la solvencia dedicha empresa.
Artículo 20
Los activos representativos de las provisiones técnicas deberán tener en
cuenta el tipo de operaciones efectuadas por la empresa a fin de
garantizar la seguridad, el rendimiento y la liquidez de las inversiones dela empresa, que velará por una diversificación y una dispersión adecuadade dichas inversiones.
Artículo 21
1. El Estado miembro de origen no podrá autorizar a las empresas de
seguros que representen sus provisiones técnicas más que con lassiguientes categorías de activos:
A. Inversiones
a) bonos, obligaciones y otros instrumentos del mercado monetario
y de capitales;
b) préstamos;
c) acciones y otras participaciones de renta variable;
d) participaciones en organismos de inversión colectiva en valores
mobiliarios y otros fondos de inversión;
e) terrenos y construcciones, así como derechos reales inmobiliarios;
B. Créditos
f) créditos frente a los reaseguradores, incluida la parte de los
reaseguradores en las provisiones técnicas;
g) depósitos en empresas cedentes, créditos frente a éstas;h) créditos frente a los tomadores de seguros e intermediarios
surgidos de operaciones de seguro directo y reaseguro;
i) anticipos sobre pólizas;
j) créditos de impuestos;
k) créditos contra fondos de garantía;
C. Otros activos
l) inmovilizado material, que no se trate de terrenos ni construc-
ciones, sobre la base de una amortización prudente;
m) haberes en bancos y en caja; depósitos en establecimientos de
crédito y en cualquier otro organismo autorizado para recibir
depósitos;
n) gastos de adquisición diferidos;o) intereses y rentas devengados no vencidos y otras cuentas de
regularización;
p) intereses reversibles.1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 22
▼B
Para la asociación de suscriptores denominada «Lloyd's», las categorías
de activos incluyen tambiém las garantías y las letras de crédito emitidaspor entidades de crédito con arreglo a la Directiva 77/780/CEE(
1) o por
empresas de seguros, así como las cantidades que pueden ser verificadas
procedentes de pólizas de seguros de vida, en la medida en querepresenten fondos pertenecientes a los miembros.
La inclusión de un activo o de una categoría de activos en la lista que
figura en el párrafo primero no significa que todos esos activos debanser autorizados automáticamente para cobertura de las provisiones
técnicas. El Estado miembro de origen establecerá normas más
detalladas que fijen las condiciones de utilización de los activosadmisibles. Para ello podrá exigir garantías reales u otras garantías, enparticular para los créditos frente a los reaseguradores.
Para la determinación y aplicación de las reglas que establezca, el
Estado miembro de origen velará en particular para que se respeten lossigiuentes principios:
i) los activos representativos de las provisiones técnicas se evaluarán
netos de las deudas contraídas para la adquisición de esos mismosactivos;
ii) todos los activos deberán evaluarse sobre una base prudente,
teniendo en cuenta el riesgo de no realización. En particular, losinmovilizados materiales, que no sean terrenos ni construcciones,sólo serán admitidos como cobertura de las provisiones técnicas si
se evalúan sobre la base de una amortización prudente;
iii) los préstamos, tanto si están concedidos a empresas, como a un
Estado, a una institución internacional, a una administración local o
regional o a personas físicas, sólo serán admisibles como coberturade las provisiones técnicas si ofrecen garantías suficientes respectoa su seguridad, tanto si dichas garantías se basan en la calidad delprestatario, como en hipotecas, garantías bancarias o garantías
acordadas por empresas de seguro o en otras forma de seguridad;
iv) los instrumentos derivados tales como opciones, futuros y swaps
relacionados con activos representativos de las provisiones técnicas
podrán utilizarse en la medida en que contribuyan a reducir el
riesgo de inversión o permitan una gestión eficaz de la cartera.Estos instrumentos deberán evaluarse sobre una base prudente ypodrán tenerse en cuenta en la evaluación de los activossubyacentes;
v) los valores mobiliarios que no sean negociados en un mercado
regulado solamente serán admitidos como cobertura de lasprovisiones técnicas en la medida en que sean realizables a corto
plazo o cuando se trate de títulos de participación en entidades de
créditos, en empresas de seguros, en la medida permitida por elartículo 8 de la Directiva 79/267/CEE, y en empresas de inversiónestablecidas en un Estado miebro;
vi) los créditos frente a terceros sólo admitidos en representación de
las provisiones técnicas previa deducción de las deudas correspon-dientes hacia ese mismo tercero;
vii) el importe de los créditos admitidos en representación de las
provisiones técnicas deberá calcularse sobre una base prudente,teniendo en cuenta el riesgo de no realización. En particular, los
créditos contra los tomadores de seguro y los intermediarios
surgidos de operaciones en seguro directo y de reaseguro seránautorizados únicamente en la medida en que sólo sean efectiva-mente exigibles en un plazo máximo de tres meses;
viii) cuando se trate de activos que representen una inversión en una
empresa filial que, por cuenta de la empresa de seguro, gestione latotalidad o una parte de las inversiones de la empresa de seguro, elEstado miembro de origen tomará en cuenta para la aplicación de1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 23
(1) Primera Directiva 77/780/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977,
sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito
y a su ejercicio (DO noL 332 de 17. 12. 1977, p. 30). Directiva modificada en
último lugar porla Directiva 89/646/CEE (DOnoL 386de 30. 12. 1989,p.1).
▼B
las reglas y de los principios mencionados en el presente artículo,
los activos subyacentes detentados por la empresa filial; el Estadomiembro de origen podrá aplicar el mismo trato a los activos de
otras filiales;
ix) los gastos de adquisición diferidos sólo serán admitidos como
cobertura de las provisiones técnicas si ello resulta coherente con
los métodos de cálculo de las provisiones matemáticas.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en circunstancias
excepcionales y a petición de la empresa de seguros, el Estado miembrode origen podrá autorizar, para un período limitado y mediante decisióndebidamente motivada, otras categorías de activos como cobertura de las
provisiones técnicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20.
Artículo 22
1. El Estado miembro de origen exigirá a cada empresa, en lo relativo
a los activos representativos de sus provisiones técnicas, que ésta no
invierta más de:
a) 10 % del total de sus provisiones técnicas brutas en un terreno o en
una construcción o en varios terrenos o construcciones suficiente-mente próximos para que puedan considerarse de hecho como unaúnica inversión;
b) 5 % del total de sus proviones técnicas brutas en acciones y otros
valores negociables asimilables a las acciones, en bonos, obliga-ciones y otros instrumentos del mercado monetario y de capitales deuna misma empresa o en préstamos concedidos al mismo prestatario,
considerados en su conjunto, siendo los préstamos distintos de los
concedidos a una autoridad estatal, regional o local o a unaorganización internacional en la que participen uno o varios Estadosmiembros. Este límite podrá aumentarse al 10 % si la empresa noinvierte más del 40 % de susprovisionestécnicas brutas en préstamoso títulos correspondientes a emisores y a prestatarios en los cuales
coloque más del 5 % de sus activos;
c) 5 % del importe total de sus provisiones técnicas brutas en préstamos
no garantizados, de los cuales el 1 % por un solo préstamos nogarantizado, distintos de los préstamos concedidos a las entidades de
crédito, a las empresas de seguros, en la medida permitida por el
artículo 8 de la Directiva 79/267/CEE, y a las empresas deinversiones establecidos en un Estado miembro. Dichos límitespodrán elevarse a 8 % y 2 %, respectivamente, a raíz de una decisiónque adopte la autoridad competente del Estado miembro de origenpara cada caso;
d) 3 % del importe total de las provisiones técnicas brutas en caja;
e) 10 % del importe total de las provisiones técnicas brutas en acciones,
otros títulos asimilables a las acciones, y obligaciones, que no se
negocien en un mercado regulado.
2. La ausencia de limitación en el apartado 1 a la inversión en una
categoría de activos determinada no seentenderá en el sentido de que losactivos incluidos en dicha categoría deban admitirse sin limitación parala representación de las provisiones técnicas. El Estado miembro deorigen establecerá reglas más detalladas que fijen las condiciones de
utilización de los activos admisibles. Dicho Estado miembro velará en
particular para que, en el momento de determinar y de aplicar dichasreglas, se respeten los principios siguientes:
i) los activos representantivos de la provisiones técnicas deberán estar
lo suficientemente diversificados y dispersos para garantizar que no
existe dependencia excesiva de una categoría de activos determi-nados, de un sector de inversión particular o de una inversiónparticular;
ii) las inversiones en activo que presenten un nivel elevado de riesgo,
ya sea debido a su naturaleza o a la calidad del emisor, deberánlimitarse a niveles prudentes;
iii) las limitaciones a categorías particulares de activos tendrán en
cuenta el trato concedido al reaseguro para el cálculo de lasprovisiones técnicas;1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 24
▼B
iv) cuando se trate de activos que representen una inversión en una
empresa filial que, por cuenta de la empresa de seguros, gestione latotalidad o una parte de las inversiones de dicha empresa de seguros,
el Estado miembro de origen tendrá en cuenta, para la aplicación de
las reglas y de los principios enunciados en el presente artículo, losactivos subyacentes en posesión de la empresa filial; el Estadomiembro de origen podrá aplicar el mismo trato a los activos enposesión de otras filiales;
v) se deberá a un nivel prudente el porcentaje de los activos
representativos de las provisiones técnicas que sean objeto deinversiones no líquidas;
vi) cuando los activos incluyan préstamos a determinadas entidades de
crédito u obligaciones emitidas por determinadas entidades decrédito, el Estado miembro de origen podrá tener en cuenta, para laaplicación de las reglas y de los principios contenidos en el presenteartículo, los activos subyacentes en posesión de dichas entidades decréditos. No se podrá aplicar este trato sino en la medida en que la
entidad de crédito tenga su domicilio social en uno de los Estados
miembros, sea propiedad exclusiva del Estado miembro en cuestióny/o de sus autoridades locales y cuando sus actividades, deconformidad con sus estatutos, consistan en la concesión, por suintermediario, de préstamos al Estado miembro o a las autoridades
locales o de préstamos garantizados por estos últimos o incluso de
préstamos a organismos estrechamente vinculados al Estadomiembro o a las autoridades locales.
3. En el marco de las reglas detalladas por las que se fijen las
condiciones de utilización de los activos admisibles, el Estado miembro
tratará de forma más limitativa:
— los préstamos que no estén acompañados de una garantía bancaria,
de una garantía concedida por empresas de seguros, de una hipotecao de cualquier otra forma de seguridad, respecto a los préstamos quesí lo están:
— los OICVM que no estén coordinados de conformidad con la
Directiva 85/611/CEE(
1) y cualquier otro fondo de inversión, en
relación con los OICVM coordinados de conformidad con la mismaDirectiva;
— los títulos no negociables en un mercado regulado en relación con
aquellos que lo sean;
— los bonos, obligaciones y cualquier otro instrumento del mercado
monetario y de capitales cuyos emisores no sean Estados, una de sus
administraciones regionales o locales o empresas que pertenezcan a
la zona A de conformidad con la Directiva 89/647/CEE(
2) o cuyos
emisores sean organizaciones internacionales a las que no pertenezcaun Estado miembro de la Comunidad, en relación con los mismosinstrumentos financieros cuyos emisores presenten dichas caracterís-
ticas.
4. Los Estados miembros podrán elevar el límite contemplado en la
letra b) del apartado 1 hasta el 40 % para determinadas obligaciones,
cuando sean emitidas por una entidad de crédito con domicilio social en
un Estado miembro y sujeta, en virtud de una ley, a un control públicoparticular destinado a proteger a los poseedores de dichas obligaciones.En particular, las sumas procedentes de la emisión de dichasobligaciones deberán invertirse, conforme a la ley, en activos quecubran de manera suficiente, durante todo el período de validez de las
obligaciones, los compromisos derivados de ellas y que se asignan por
privilegio al reembolso del capital y al pago de los intereses corridos encaso de incumplimiento del emisor.1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 25
(1) Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se
coordinan las disposiciones legales reglamentarias y administrativas sobre
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios(OICVM) (DO n
oL 375 de 31. 12. 1985, p. 3). Directiva modificada por la
Directiva 88/220/CEE (DO noL 100 de 19. 4. 1988, p. 31)
(2) Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre el
coeficiente de solvencia de las entidades de crédito (DO noL 386 de 30. 12.
1989, p. 14).
▼B
5. Los Estados miembros no podrán exigir a las empresas de seguros
que inviertan en determinadas categorías de activos.
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en circunstancias
excepcionales, y a instancia de la empresa de seguros, el Estadomiembro de origen podrá autorizar, por un período limitado y mediante
decisión debidamente motivada, excepciones a las reglas establecidas en
las letras a) a e) del apartado 1, sin perjuicio de lo dispuesto en elartículo 20.
Artículo 23
1. Cuando las prestaciones estipuladas en un contrato estén
directamente vinculadas al valor de las participaciones en un OICVMo al valor de los activos contenidos en un fondo interno en posesión de
la empresa de seguros, generalmente dividido en partes, las provisiones
técnicas correspondientes a dichas prestaciones deberán estar represen-tadas lo más estrechamente posible por dichas partes o, si éstas no sehubieren determinado, por dichos activos.
2. Cuando las prestaciones estipuladas en un contrato estén
directamente vinculadas a un índice de acciones o a un valor dereferencia distinto de los valores contemplados en el apartado 1, lasprovisiones técnicas respecto de dichas prestaciones deberán estarrepresentadas lo más estrechamente posible por las partes que se
considere que representan el valor de referencia o, en el caso en que las
partes no se hubieran determinado, por activos de una seguridad y deuna negociabilidad adecuadas que correspondan lo más estrechamenteposible a aquéllos sobre los que se fundamenta el valor de referenciaparticular.
3. Los artículos 20 y 22 no se aplicarán a los activos que se posean
para representar a compromisos que estén directamente vinculados a lasprestaciones contempladas en los apartados 1 y 2. Cualquier referencia a
las provisiones técnicas contempladas en al artículo 22 designa las
provisiones técnicas con exclusión de las relativas a este tipo decompromisos.
4. Cuando las prestaciones a que se refieren los apartados 1 y 2
incluyan una garantía de resultado de la inversión o cualquier otraprestación garantizada, las provisiones técnicas adicionales correspon-dientes estarán sujetas a las disposiciones de los artículos 20, 21 y 22.
Artículo 24
1. A efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 17 y del
artículo 28 de la Directiva 79/267/CEE, los Estados miembros
observarán el Anexo I de la presente Directiva en lo que respecta a
las reglas de congruencia.
2. El presente artículo no se aplicará a los compromisos a que se
refiere el artículo 23 de la presente Directiva.
Artículo 25
El punto 1 del párrafo segundo del artículo 18 de la Directiva 79/267/
CEE se sustituye por el texto siguiente:
«1. Por el patrimonio de la empresa, libre de todo compromiso
previsible, con deducción de los elementos inmateriales. Dichopatrimonio comprenderá, en particular:
— el capital social desembolsado o, si se trata de mutuas, el
fondo inicial efectivo desembolsado, al que se sumarán las
cuentas de los socios que cumplan el conjunto de loscriterios siguientes:
a) que los estatutos establezcan que sólo podrán realizarse
pagos a partir de dichas cuentas a favor de los miembrossi esto no da como resultado un descenso del margen desolvencia por debajo del nivel exigido o, tras ladisolución de la empresa, si todas las demás deudas dela empresa se han pagado;1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 26
▼B
b) que los estatutos establezcan, en lo relativo a todos los
pagos efectuados con fines distintos a la rescisiónindividual de la afiliación, que éstos se notifiquen a la
autoridad competente al menos con un mes de antelación
y que ésta pueda, durante dicho plazo, prohibir el pago;
c) que las disposiciones pertinentes de los estatutos sólo
puedan modificarse previa declaración de la autoridadcompetente de que no se opone a la modificación sin
perjuicio de los criterios enumerados en las letras a) y b);
— la mitad de la fracción no desembolsada del capital social o
del fondo inicial, cuando la parte desembolsada alcance el25 % de dicho capital o fondo;
— las reservas (legales o libres) que no estén adscritas al
cumplimiento de los compromisos;
— los beneficios acumulados;
— podrán incluirse las acciones acumulativas preferentes y los
préstamos subordinados, pero únicamente hasta un límite
máximo del 50 % del margen, de los cuales un 25 % como
máximo comprenda préstamos subordinados a plazo fijo oacciones acumulativas preferentes de duración determinada,siempre y cuando se cumplan al menos los criteriossiguientes:
a) que exista acuerdo vinculante en virtud del cual, en caso
de quiebra o liquidación de la empresa de seguros, lospréstamos subordinados o las acciones preferentes tengan
un rango inferior al de los créditos de todos los demás
acreedores y no sea reembolsado hasta tanto no se hayanpagado todas las restantes deudas pendientes en esemomento;
además, los préstamos subordinados deberán cumplir los
siguientes requisitos:
b) que únicamente se tomen en consideración los fondos
efectivamente desembolsados;
c) para los préstamos a plazo fijo, que el vencimiento inicial
sea de cinco años como mínimo. A más tardar un añoantes del vencimiento, la empresa de seguros someterá ala aprobación de las autoridades competentes un plan
indicando cómo el margen de solvencia será mantenido y
reconducido al nivel deseado en la fecha de vencimiento,a menos que la cuantía hasta la cual los préstamentossubordinados pueden incluirse en los componentes delmargen de solvencia no sea objeto de una reducción
progresiva durante al menos los últimos cinco años
anteriores a la fecha de vencimiento. Las autoridadescompetentes podrán autorizar el reembolso anticipado detales préstamos siempre que la solicitud haya sido hechapor la empresa de seguros emisora y que su margen desolvencia no se sitúe por debajo del nivel requerido;
d) para los préstamos para los que no se haya fijado el
vencimiento de la deuda no serán reembolsables más quemediante un preaviso de cinco años, salvo en el caso deque hayan dejado de considerarse como un competentedel margen de solvencia o cuando, para su reembolso
anticipado, se exija expresamente la autorización previa
de las autoridades competentes. En este último caso, laempresa de seguros informará a las autoridades compe-tentes al menos seis meses antes de la fecha delreembolso propuesto, con indicación del margen desolvencia efectivo y requerido antes y después de dicho
reembolso. Las autoridades competentes autorizarán el
reembolso siempre y cuando no exista riesgo de que elmargen de solvencia se sitúe por debajo del nivelrequerido;
e) que el contrato de préstamo no incluya cláusulas que
prevean que, en determinadas circunstancias que no sean1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 27
▼B
la liquidación de la empresa de seguros, la deuda deberá
reembolsarse antes de la fecha de reembolso acordada;
f) que el contrato de préstamo sólo se pueda modificar una
vez que las autoridades competentes hayan declarado queno se oponen a la modificación:
— títulos de duración indeterminada y otros instrumentos que
cumplan las condiciones siguientes, incluidas las acciones
acumulativas preferentes distintas de las mecionadas en el
guión precedente, hasta un 50 % del margen para el total dedichos títulos y de los préstamos subordinados mencionadosen el guión precedente:
a) no podrán reembolsarse por iniciativa del portador o sin
el acuerdo previo de la autoridad competente;
b) el contrato de emisión deberá dar a la empresa de seguros
la posibilidad de diferir el pago de los intereses delpréstamo;
c) los créditos del prestamista sobre la empresa de seguros
deberán estar enteramente subordinados a los de todos losacreedores no subordinados;
d) los documentos que regulan la emisión de títulos deberán
prever la capacidad de la deuda y de los intereses nodesembolsados para absorber las pérdidas, a la vez quepermitan a la empresa de seguros continuar sus
actividades;
e) sólo se tendrán en cuenta los importes efectivamente
desembolsados.»
Artículo 26
A más tardar tres años después de la puesta en aplicación de la presente
Directiva, la Comisión presentará al Comité de seguros un informe sobrela necesidad de una armonización ulterior del margen de solvencia.
Artículo 27
El artículo 21 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 21
1. Los Estados miembros no establecerán regla alguna en lo que
se refiere a la elección de los activos que superen aquellos que
representen las provisiones técnicas contempladas en el artículo 17.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 17,
en los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 24 y en el párrafo segundodel apartado 1 del artículo 26, los Estados miembros no restringirán
la libre disposición de los activos mobiliarios o inmobiliarios que
formen parte del patrimonio de las empresas de seguros autorizadas.
3. Los apartados 1 y 2 no constituirán un obstáculo para las
medidas que los Estados miembros, al mismo tiempo que
salvaguardan los intereses de los asegurados, estén autorizados aadoptar en su calidad de propietarios o socios de las empresas encuestión.»
Capítulo3
Artículo 28
El Estado miembro del compromiso no podrá impedir que el tomador
del seguro suscriba un contrato celebrado con una empresa de segurosautorizada en las condiciones enunciadas en el artículo 6 de la Directiva79/267/CEE, siempre que no contravenga las disposiciones legales deinterés generales vigentes en el Estado miembro del compromiso.1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 28
▼B
Artículo 29
Los Estados miembros no establecerán disposiciones por las cuales se
requiera la aprobación previa o la comunicación sistemática de las
condiciones generales y especiales de las pólizas de seguro, de las
tarifas, de las bases técnicas, utilizadas en particular para el cálculo delas tarifas y de las provisiones técnicas, de los formularios y demásimpresos que la empresa de seguros se proponga utilizar en susrelaciones con los tomadores de seguros.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero y con el solo fin de
controlar el cumplimiento de las disposiciones nacionales relativas a losprincipios actuariales, el Estado miembro de origen podrá exigir lacomunicación sistemática de las bases técnicas utilizadas para el cálculode las tarifas y de las provisiones técnicas, sin que dicha exigencia puedaconstituir para la empresa una condición previa al ejercicio de su
actividad.
A más tardar cinco años después de la fecha de puesta en aplicación de
la presente Directiva, la Comisión presentará al Consejo un informesobre la aplicación de estas disposiciones.
Artículo 30
1. En el párrafo primero del apartado 1 del artículo 15 de la Directiva
90/619/CEE se suprimirán las palabras «suscrito en uno de los casos
contemplados en el título III».
2. El apartado 2 del artículo 15 de la Directiva 90/619/CEE se
sustituye por el texto siguiente:
«2. Los Estados miembros podrán no aplicar las disposiciones del
apartado 1 a los contratos de una duración igual o inferior a seismeses, ni cuando en razón de la situación del tomador de seguro o delas condiciones en las cuales se celebra el contrato, el tomador nonecesite beneficiarse de esta protección especial. Los Estadosmiembros especificarán en su legislación los casos en los que el
apartado 1 no será aplicable.»
Artículo 31
1. Antes de la celebración del contrato de seguro, deberán haberse
comunicado al tomador, como mínimo, las informaciones enumeradasen el punto A del Anexo II.
2. El tomador de seguro deberá ser informado, durante todo el
período de vigencia del contrato, de cualquier modificación relativa a las
informaciones enumeradas en el punto B del Anexo II.
3. El Estado miembro del compromiso no podrá exigir de las
empresas de seguros que faciliten informaciones suplementarias a lasenumeradas en el Anexo II más que si tales informaciones resultannecesarias para la comprensión efectiva por parte del tomador de los
elementos esenciales del compromiso.
4. Las normas de desarrollo del presente artículo y del Anexo II serán
adoptadas por el Estado miembro del compromiso.
TÍTULO IV
DISPOSICIONESSOBRELALIBERTADDEESTABLECIMIENTOYLA
LIBREPRESTACIÓNDESERVICIOS
Artículo 32
El artículo 10 de la Directiva 79/267/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 10
1. Toda empresa de seguros que se proponga establecer una
sucursal en el territorio de otro Estado miembro lo notificará a laautoridad competente del Estado miembro de origen.1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 29
▼B
2. Los Estados miembros exigirán que la empresa de seguros que
se proponga establecer una sucursal en otro Estado miembropresente, junto con la notificación a que se refiere el apartado 1,
la siguiente información:
a) el nombre del Estado miembro en cuyo territorio se propone
establecer la sucursal;
b) su programa de actividades, en el que se indicarán, en particular,
el tipo de operaciones previstas y la estructura orgánica de lasucursal;
c) la dirección en el Estado miembro de la sucursal en la que pueden
reclamarle y entregarle los documentos, dándose por supuestoque tal dirección será la misma a la que se remitirán lascomunicaciones dirigidas al apoderado general;
d) el nombre del apoderado general de la sucursal, que deberá estar
dotado de poderes suficientes para obligar a la empresa frente a
terceros y para representarla ante las autoridades y órganos
jurisdiccionales del Estado miembro de la sucursal. En lo que serefiere a Lloyd's, un eventual litigio en el Estado miembro de lasucursal derivado de compromisos suscritos no deberá suponerpara los asegurados dificultades mayores que en el caso de loslitigios entre empresas de tipo clásico. A tal fin, entre las
facultades del apoderado general deberá figurar, en particular, la
de intervenir en juicio en calidad de tal con poder de obligar a lossuscriptores interesados de Lloyd's.
3. A menos que, a la vista del correspondiente proyecto, la
autoridad competente del Estado miembro de origen tenga razonespara dudar de la idoneidad de las estructuras administrativas, o de lasituación financiera de la empresa de seguros, o de la honorabilidady cualificación o experiencia profesional de los directivos responsa-
bles o del apoderado general, dicha autoridad comunicará las
informaciones contempladas en el apartado 2, en el plazo de tresmeses a partir de la fecha de recepción de dicha información, a laautoridad competente del Estado miembro de la sucursal, einformará de ello a la empresa de que se trate.
La autoridad competente del Estado miembro de origen certificará,
asimismo, que la empresa de seguros dispone del mínimo delmargen de solvencia calculado con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 19 y 20.
Cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen se
niegue a comunicar las informaciones contempladas en el apartado 2
a la autoridad competente del Estado miembro de la sucursal, deberá
poner en conocimiento de la empresa correspondiente, en el plazo delos tres meses siguientes a la recepción de toda la información, lasrazones de dicha negativa. Esta negativa o la falta de respuestapodrán dar lugar a un recurso ante un órgano jurisdiccional delEstado miembro de origen.
4. Antes de que la sucursal de la empresa de seguros comience a
ejercer sus actividades, la autoridad competente del Estado miembro
de la sucursal dispondrá de un plazo de dos meses, a partir de la
recepción de la comunicación contemplada en el apartado 3, paraindicar a la autoridad competente del Estado miembro de origen, ensu caso, las condiciones en las que, por razones de interés generaldeberán ser ejercidas dichas actividades en el Estado miembro de lasucursal.
5. A partir del momento en que se reciba la comunicación de la
autoridad competente del Estado miembro de la sucursal o, en caso
de silencio por parte de ésta, a partir de la fecha de vencimiento del
plazo previsto en el apartado 4, la sucursal podrá establecerse ycomenzar sus actividades.
6. En caso de modificación del contenido de alguno de los datos
notificados con arreglo a lo dispuesto en las letras b), c) o d) delapartado 2, la empresa de seguros notificará por escrito dichamodificación a las autoridades competentes del Estado miembro deorigen y del Estado miembro de la sucursal, al menos un mes antesde efectuar la modificación, a fin de que la autoridad competente del1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 30
▼B
Estado miembro de origen y la autoridad competente del Estado
miembro de la sucursal puedan cumplir sus respectivos cometidos deconformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4.»
Artículo 33
Queda suprimido el artículo 11 de la Directiva 79/267/CEE.
Artículo 34
El artículo 11 de la Directiva 90/619/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 11
Toda empresa que se proponga efectuar por vez primera, en uno o
más Estados miembros, actividades en régimen de libre prestaciónde servicios deberá informar previamente de ello a las autoridades
competentes del Estado miembro de origen, indicando la naturaleza
de los compromisos que se proponga cubrir.»
Artículo 35
El artículo 14 de la Directiva 90/619/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 14
1. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen, en
el plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación prevista en
el artículo 11, comunicarán al Estado o a los Estados miembros encuyo territorio se proponga la empresa desarrollar sus actividades enrégimen de libre prestación de servicios:
a) un certificado que indique que la empresa dispone del mínimo del
margen de solvencia, calculado con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 19 y 20 de la Directiva 79/267/CEE;
b) los ramos en que la empresa está autorizada a operar;
c) la naturaleza de los compromisos que la empresa se proponga
cubrir en el Estado miembro de la prestación de servicios.
Al mismo tiempo, informarán de ello a dicha empresa.
2. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de
origen no comuniquen la información contemplada en el apartado 1en el plazo previsto, deberán poner en conocimiento de la empresa,en ese mismo plazo, las razones de la negativa. Esta negativa podrádar lugar a un recurso ante los órganos jurisdiccionales del Estadomiembro de origen.
3. La empresa podrá iniciar su actividad a partir de la fecha
certificada en que haya sido informada de la comunicación previstaen el párrafo primero del apartado 1.»
Artículo 36
El artículo 17 de la Directiva 90/619/CEE se sustituye por el texto
siguiente:
«Artículo 17
Toda modificación que la empresa se proponga introducir en las
indicaciones contempladas en el artículo 11 estará sujeta alprocedimiento previsto en los artículos 11 y 14.»
Artículo 37
Quedan suprimidos los artículos 10, 12, 13, 16, 22 y 24 de la Directiva
90/619/CEE.
Artículo 38
Las autoridades competentes del Estado miembro de la sucursal o del
Estado miembro de la prestación de servicios podrán exigir que aquella1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 31
▼B
información que, con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva,
tienen derecho a solicitar en lo relativo a la actividad de las empresas deseguros que operen en el territorio de dicho Estado miembro se facilite
en la lengua o lenguas oficiales de éste.
Artículo 39
1. Queda suprimido el artículo 19 de la Directiva 90/619/CEE.2. El Estado miembro de la sucursal o de la prestación de servicios no
establecerá disposiciones que exijan la aprobación previa o lacomunicación sistemática de las condiciones generales y especiales delas pólizas de seguro, de las tarifas, de las bases técnicas, utilizadas enparticular para el cálculo de las tarifas y de las provisiones técnicas, delos formularios y demás impresos que la empresa se proponga utilizar en
sus relaciones con los tomadores de seguros. Con el fin de controlar el
cumplimiento de las disposiciones nacionales relativas a los contratos deseguros, sólo podrá exigir a toda empresa que desee realizar en suterritorio actividades de seguro, en régimen de establecimiento o enrégimen de libre prestación de servicios, en su territorio, lacomunicación no sistemática de dichas condiciones y de los demás
impresos que se proponga utilizar, sin que esta exigencia pueda
constituir para la empresa un requisito previo al ejercicio de suactividad.
Artículo 40
1. Queda suprimido el artículo 20 de la Directiva 90/619/CEE.2. Toda empresa que efectúe operaciones en régimen de derecho de
establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios deberápresentar a las autoridades competentes del Estado miembro de lasucursal y/o del Estado miembro de la prestación de servicios todos los
documentos que le sean exigidos para la aplicación del presente artículo,
en la medida en que dicha obligación se aplique asimismo a lasempresas que tengan su domicilio social en dichos Estados miembros.
3. Si las autoridades competentes de un Estado miembro comprueban
que una empresa que tiene una sucursal o que opera en régimen de libreprestación de servicios en su territorio no respeta las normas jurídicas deeste Estado que le son aplicables, dichas autoridades invitarán a dicha
empresa a que ponga fin a esta situación irregular.
4. Si la empresa en cuestión no adopta las medidas necesarias, las
autoridades competentes del Estado miembro interesado informarán deello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. Estasúltimas adoptarán con la mayor brevedad todas las medidas oportunaspara que la empresa ponga fin a esta situación irregular. La naturaleza de
dichas medidas será comunicada a las autoridades competentes del
Estado miembro interesado.
5. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado miembro de
origen o debido a que estas medidas no resultan adecuadas, o enausencia de tales medidas en dicho Estado miembro, la empresa sigueinfringiendo las normas jurídicas en vigor en el Estado miembrointeresado, este último podrá adoptar, tras informar de ello a las
autoridades competentes del Estado miembro de origen, las medidas
apropiadas para prevenir o reprimir nuevas irregularidades y, si fuereabsolutamente necesario, impedir que la empresa siga celebrandonuevos contratos de seguros en su territorio. Los Estados miembrosvelarán para que sea posible efectuar en su territorio las notificaciones a
las empresas de seguros.
6. Los apartados 3, 4 y 5 no afectarán a la facultad de los Estados
miembros interesados de adoptar, en casos de urgencia, las medidasapropiadas para prevenir las irregularidades cometidas en su territorio.Ello implicada la posibilidad de impedir que una empresa de segurossiga celebrando nuevos contratos de seguros en su territorio.
7. Los apartados 3, 4 y 5 no afectarán a la facultad de los Estados
miembros de sancionar las infracciones en su territorio.1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 32
▼B
8. Si la empresa que ha cometido la infracción posee un
establecimiento o bienes en el Estado miembro interesado, lasautoridades competentes de este último podrán proceder, con arreglo a
la legislación nacional, a la ejecución de las sanciones administrativas
previstas para tal infracción, en lo que se refiere a dicho establecimientoo a dichos bienes.
9. Toda medida que se adopte en aplicación de los apartados 4 a 8 y
que implique sanciones o restricciones al ejercicio de la actividad deseguros deberá estar debidamente motivada y se notificará a la empresaafectada.
10. Cada dos años, la Comisión presentará al Comité de seguros un
informe en el que se resuman el número y el tipo de casos en que, encada Estado miembro, se haya registrado una negativa con arreglo alartículo 10 de la Directiva 79/267/CEE o del artículo 14 de la Directiva90/619/CEE, tal y como han sido modificadas por la presente Directiva,
o en que se hayan adoptado medidas en virtud de lo dispuesto en el
apartado 5 del presente artículo. Los Estados miembros cooperarán conla Comisión facilitándole los datos necesarios para la elaboración dedicho informe.
Artículo 41
La presente Directiva no será obstáculo para que las empresas de
seguros con domicilio social en un Estado miembro hagan publicidad desus servicios por todos los medios de comunicación disponibles en elEstado miembro de la sucursal o de prestación de servicios, siempre y
cuando se respeten las reglas eventuales que regulen la forma y el
contenido de dicha publicidad, adoptadas por razones de interés general.
Artículo 42
1. Queda suprimido el artículo 21 de la Directiva 90/619/CEE.
2. En caso de liquidación de una empresa de seguros, los
compromisos derivados de los contratos suscritos a través de una
sucursal o en régimen de libre prestación de servicios se ejecutarán de la
misma forma que los compromisos dervidados de los demás contratos deseguros de dicha empresa, sin distinción en cuanto a la nacionalidad delos asegurados y beneficiarios.
Artículo 43
1. Queda suprimido el artículo 23 de la Directiva 90/619/CEE.
2. Cada empresa de seguros deberá comunicar a la autoridad
competente del Estado miembro de origen, separadamente para las
operaciones realizadas en régimen de derecho de establecimiento y lasrealizadas en régimen de libre prestación de servicios, el importe de lasprimas, sin deducción del reaseguro, por Estado miembro y por cadagrupo de los ramos I a IX tal como se definen en el Anexo de la
Directiva 79/267/CEE.
La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará, en
un plazo razonable y sobre una base agregada, dicha información a lasautoridades competentes de los Estados miembros interesados que así lo
soliciten.
Artículo 44
1. Queda suprimido el artículo 25 de la Directiva 90/619/CEE.
2. Sin prejuicio de una posterior armonización, los contratos de
seguros estarán sujetos exclusivamente a los impuestos indirectos yexacciones parafiscales que graven las primas de seguro en el Estado
miembro del compromiso definido en la letra e) del artículo 2 de la
Directiva 90/619/CEE, así como, en el caso de España, a los recargoslegalmente establecidos en favor del organismo español «Consorcio decompensación de seguros»para susfines en materia de compensación delas pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos endicho Estado miembro.1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 33
▼B
La ley aplicable al contrato en virtud del artículo 4 de la Directiva 90/
619/CEE no afectará al régimen fiscal aplicable.
Sin perjuicio de una armonización posterior, los Estados miembros
aplicarán a las empresas que adquieran compromisos en su territorio sus
disposiciones nacionales relativas a las medidas destinadas a garantizar
la percepción de los impuestos indirectos y las exacciones parafiscalesdebidas en virtud del párrafo primero.
TÍTULO V
DISPOSICIONESTRANSITORIAS
Artículo 45
Los Estados miembros podrán conceder a las compañías de seguro cuyo
domicilio social esté situado en su territorio y cuyos terrenos yconstrucciones representativos de sus provisiones técnicas superen, en el
momento de la notificación de la presente Directiva, el porcentaje
contemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo 22, un plazoadicional para que se ajusten a la disposición anterior que expirará, amás tardar, el 31 de diciembre de 1998.
Artículo 46
1. Queda suprimido el artículo 26 de la Directiva 90/619/CEE.2. España y Portugal, hasta el 31 de diciembre de 1995, así como
Grecia, hasta el 31 de diciembre de 1998, disfrutarán del régimentransitorio siguiente para los contratos en los cuales uno de estos Estadosmiembros sea el Estado miembro del compromiso:
a) No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la
Directiva 79/267/CEE y en los artículos 29 y 39 de la presente
Directiva, las autoridades competentes de dichos Estados miembrospodrán exigir que se les comuniquen las condiciones generales yespeciales de seguro antes de proceder a su utilización.
b) El importe de las provisiones técnicas correspondientes a los
contratos contemplados en el presente artículo se determinará, bajo
la supervisión del Estado miembro de que se trate, de acuerdo con lasreglas que dicho Estado haya fijado o, en su defecto, de conformidadcon las prácticas establecidas en el mismo y con lo dispuesto en lapresente Directiva. La presentación de dichas provisiones mediante
activos equivalentes y congruentes, así como la localización de
dichos activos, se llevarán a cabo bajo la supervisión de dicho Estadomiembro y de acuerdo con sus normas o prácticas, adoptadas deconformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.
TÍTULO VI
DISPOSICIONESFINALES
Artículo 47
Las adaptaciones técnicas siguientes que hayan de efectuarse en las
Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE, así como en la presenteDirectiva, se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en la
Directiva 91/675/CEE:
— ampliación de las formas jurídicas previstas en la letra a) del
apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 79/267/CEE;
— modificaciones de la lista contemplada en el Anexo de la Directiva
79/267/CEE, adaptación de la terminología de dicha lista para teneren cuenta la evolución de los mercados de seguros;
— clarificación de los elementos constitutivos del margen de solvencia,
enumerados en el artículo 18 de la Directiva 79/267/CEE, para teneren cuenta la creación de nuevos instrumentos financieros;
— modificación de la cuantía mínima del fondo de garantía, previsto en
el apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 79/267/CEE, para teneren cuenta la evolución económica y financiera;1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 34
▼B
— modificación, destinada a tener en cuenta la creación de nuevos
instrumentos financieros, de la lista de los activos admitidos comocobertura de las provisiones técnicas, prevista en el artículo 21 de la
presente Directiva, y de las normas sobre dispersión, establecidas en
el artículo 22 de la presente Directiva;
— modificación de las flexibilidades para las normas de congruencia,
previstas en el Anexo I de la presente Directiva, para tener en cuenta
el desarrollo de nuevos instrumentos de cobertura del riesgo de
cambio o los progresos realizados en la Unión Económica yMonetaria;
— clarificación de las definiciones con miras a asegurar la aplicación
uniforme de las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE, así como de
la presente Directiva, en el conjunto de la Comunidad;
— las adaptaciones técnicas que impongan las reglas de fijación de los
máximos aplicables a los tipos de interés, en aplicación del artículo17 de la Directiva 79/267/CEE, tal como ha sido modificado por lapresente Directiva, en particular para tener en cuenta los progresos
realizados en la Unión Económica y Monetaria.
Artículo 48
1. Las sucursales que hayan iniciado su actividad, con arreglo a las
disposiciones del Estado miembro de establecimiento, antes de la
entrada en vigor de las disposiciones de aplicación de la presenteDirectiva, se considerarán como ya sujetas al procedimiento previsto enlos apartados 1 a 5 del artículo 10 de la Directiva 79/267/CEE. A partirdel momento en que se produzca la mencionada entrada en vigor, se
regirán por las disposiciones de los artículos 17, 23, 24 y 26 de la
Directiva 79/267/CEE, así como por el artículo 40 de la presenteDirectiva.
2. Los artículos 11 y 14 de la Directiva 90/619/CEE, tal como han
sido modificados por la presente Directiva, no afectarán a los derechos
adquiridos de las empresas de seguros que operen en régimen de libreprestación de servicios antes de la entrada en vigor de las disposicionesde aplicación de la presente Directiva.
Artículo 49
En la Directiva 79/267/CEE se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 31 bis
1. En las condiciones establecidas por el derecho nacional, cada
Estado miembro autorizará a las agencias y sucursales establecidas
en su territorio y a las que se hace mención en el presente título, atransferir la totalidad o una parte de su cartera de contratos a uncesionario establecido en el mismo Estado miembro, si lasautoridades competentes de dicho Estado miembro, o en su caso,
las del Estado miembro a que hace referencia el artículo 30,
certifican que el cesionario tiene, habida cuenta de la transferencia,el margen de solvencia necesario.
2. En las condiciones establecidas por el derecho nacional, cada
Estado miembro autorizará a las agencias o sucursales establecidasen su territorio y a las que se hace mención en el presente título, atransferir la totalidad o una parte de su cartera de contratos a una
empresa de seguros con domicilio social en otro Estado miembro, si
las autoridades competentes de dicho Estado miembro certifican queel cesionario tiene, habida cuenta de la transferencia, el margen desolvencia necesario.
3. Si un Estado miembro autoriza, en las condiciones establecidas
por el derecho nacional, a las agencias y sucursales establecidas ensu territorio y a la que se hace mención en el presente título, a
transferir la totalidad o una parte de su cartera de contratos a una
agencia o sucursal mencionada en el presente título y creada en elterritorio de otro Estado miembro, se asegurará de que lasautoridades competentes del Estado miembro del cesionario, o, ensu caso, las del Estado miembro mencionado en el artículo 30,certifiquen que el cesionario tiene, habida cuenta de la transferencia,1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 35
▼B
el margen de solvencia necesario, de que la ley del Estado miembro
del cesionario dispone la posibilidad de dicha transferencia y de queel Estado en cuestión aprueba la transferencia.
4. En los casos mencionados en los apartados 1, 2 y 3, el Estado
miembro en el que esté situada la agencia o la sucursal cedenteautorizará la transferencia después de haber recibido la aprobaciónde las autoridades competentes del Estado miembro del compro-
miso, cuando éste no sea el Estado miembro en el que está situada la
agencia o sucursal cedente.
5. Las autoridades competentes de los Estados miembros
consultados comunicarán su dictamen o su acuerdo a las autoridades
competentes del Estado miembro de origen de la empresa de seguros
cedente, dentro de los tres meses siguientes a la recepción de laconsulta. En caso de silencio por parte de las autoridadesconsultadas, dicho silencio equivaldrá, una vez transcurrido el plazomencionado, a un dictamen favorable o a un acuerdo tácito.
6. La transferencia autorizada con arreglo al presente artículo será
objeto, en el Estado miembro del compromiso, de una medida depublicidad en las condiciones establecidas por el derecho nacional.Dicha transferencia será oponible de pleno derecho a los tomadoresde seguro, a los asegurados y a toda persona que tenga derechos u
obligaciones derivados de los contratos transferidos.
Esta disposición no afectará al derecho de los Estados miembros a
establecer la facultad, para los tomadores de seguro, de rescindir elcontrato en un plazo determinado a partir de la transferencia..»
Artículo 50
Los Estados miembros velarán para que las decisiones adoptadas en
relación con una empresa de seguros, en aplicación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas adoptadas con arreglo a lo
dispuesto en la presente Directiva, puedan ser objeto de un recursojurisdiccional.
Artículo 51
1. Los Estados miembros adoptarán, a más tardar el 31 de diciembre
de 1993, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativasnecesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Direcitvay las pondrán en vigor el 1 de julio de 1994 como muy tarde. Informarán
de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dichareferencia en su publicación oficial. Los Estados miembros estableceránlas modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbitoregulado por la presente Directiva.
Artículo 52
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 36
▼B
ANEXO I
REGLASDECONGRUENCIA
La moneda en la que serán exigibles los compromisos del asegurador se
determinará de conformidad con las siguientes reglas:
1. Cuando las garantías de un contrato vengan expresadas en una determinada
moneda, se considerará que los compromisos del asegurador son exigibles en
esa misma moneda.
2. Los Estados miembros podrán autorizar que las empresas no respresenten las
provisones técnicas, y, en particular, las provisiones matemáticas, con activos
congruentes, cuando, como consecuencia de la aplicación de las normas
precedentes, resulte que la empresa, para cumplir con el principio de
congruencia, debería contar con elementos de activos en una determinada
moneda por un importe no superior al 7 % de los activos existentes en otras
monedas.
3. Los Estados miembros podrán no exigir a las empresas la aplicación del
principio de congruencia cuando los compromisos sean exigibles en una
moneda que nosea de losEstados miembros de la Comunidad, siempre que las
inversiones en dicha moneda estén reglamentadas, que la moneda esté sujeta a
restricciones de transferencia o que, por análogas razones, no sea apta para
representación de las provisiones técnicas.
4. La empresas estarán autorizadas a no cubrir con congruentes un importe no
superior al 20 % de sus compromisos en una determinada moneda.
No obstante, el total de los activos, tomando todas las monedas en su conjunto,
deberá ser como mínimo igual al total de los compromisos, tomando todas las
monedas en su conjunto.
5. Cada Estado miembro podrá establecer que, cuando, en virtud de las
modalidades precedentes, los compromisos deban estar representados por
activos expresados en la moneda de un Estado miembro, se considere que se
cumple, igualmente, esta modalidad cuando los activos estén expresados en
ecus.1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 37
▼B
ANEXO II
INFORMACIÓNDELOSTOMADORESDESEGUROS
Las informaciones que a continuación se enumeran, que deberán comunicarse al
tomador del seguro ya sea antes de la celebración del contrato (A), ya sea durante
el período de vigencia del contrato (B), deberán formularse por escrito, de manera
clara y precisa, en una lengua oficial del Estado miembro del compromiso.
No obstante, dichas informaciones podrán redactarse en otra lengua si el tomador
del seguro lo solicita y el derecho del Estado miembro lo permite o el tomador
tiene libertad para elegir la ley aplicable.
A.Antesdelacelebracióndelcontrato
Información relativa a la empresa de seguros Información relativa al compromiso
a.1 Denominación o razón social, forma
jurídica
a.2 Estado miembro en el que está establecido
el domicilio social y, en su caso, la agencia
o sucursal con la que se vaya a celebrar el
contrato
a.3 Domicilio social y, en su caso, dirección de
la agencia o sucursal con la que se vaya a
celebrar el contratoa.4 Definición de cada garantía y opción
a.5 Período de vigencia del contrato
a.6 Condiciones de rescisión del contratoa.7 Condiciones y duración del pago de las
primas
a.8 Métodos de cálculo y de asignación de las
participaciones en beneficios
a.9 Indicación de los valores de rescate y
reducción y naturaleza de las garantías
correspondientes
a.10 Información sobre las primas relativas a
cada garantía, ya sea principal o comple-
mentaria, cuando dicha información
resulte adecuada
a.11 En los contratos de capital variable,
enumeración de los valores de referencia
utilizados (unidades de cuenta)
a.12 Indicaciones sobre la naturaleza de los
activos representativos de los contratos de
capital variable
a.13 Modalidades de ejercicio del derecho de
renuncia
a.14 Indicaciones generales relativas al régimen
fiscal aplicable al tipo de póliza
a.15 Disposiciones relativas al examen de las
reclamaciones de los tomadores de
seguros, asegurados o beneficiarios del
contrato, incluida, en su caso, la existencia
de una instancia encargada de examinar
las reclamaciones, sin perjuicio de la
posibilidad de entablar una acción judicial
a.16 La ley que se aplicará al contrato cuando
las partes no tengan libertad de elección o,
cuando las partes tengan libertad para
elegir la ley aplicable y, en este caso, la
ley que el asegurador propone que se elija1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 38
▼B
B.Duranteelperíododevigenciadelcontrato
Además de las condiciones generales y especiales que habrán de ser
comunicadas al tomador, éste deberá recibir la información siguiente durante
el período de vigencia del contrato:
Información relativa a la empresa de seguros Información relativa al compromiso
b.1 Toda modificación de la denominación o
razón social, la forma jurídica o el domi-
cilio social y, en su caso, de la dirección de
la agencia o sucursal con la cual se haya
celebrado el contratob.2 Toda información relativa a los puntos a.4 a
a.12 del apartado A en caso de añadirse un
suplemento de póliza o de que se modifique
la legislación aplicable a la póliza
b.3 Cada año, información sobre la situación de
la participación en los beneficios1992L0096 — ES — 17.11.2000 — 002.001 — 39