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"B DIRECTIV A 93/22/CEE DEL CONSEJO
de 10 de mayo de 1993
relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables
(DO L 141 de 11.6.1993, p. 27)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
"M1 Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
junio de 1995 L 168 7 18.7.1995
"M2 Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de
marzo de 1997 L 84 22 26.3.19971993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 1
DIRECTIV A 93/22/CEE DEL CONSEJO
de 10 de mayo de 1993
relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y en
particular el apartado 2 del su artículo 57,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando que la presente Directiva constituye un instrumento esencial
para la realización del mercado interior, conforme a lo dispuesto en el ActaÚnica Europea y de acuerdo con el calendario fijado en el Libro Blanco de la
Comisión, en lo que se refiere a la libertad de establecimiento y a la libre
prestación de servicios, en el ámbito de las empresas de inversión;
Considerando que las empresas que prestan los servicios de inversión
regulados en la presente Directiva deben contar con una autorización
expedida por el Estado miembro de origen de la empresa de inversión, con el
fin de garantizar la protección de los inversores y la estabilidad del sistemafinanciero;
Considerando que el enfoque adoptado está encaminado a lograr únicamente
el grado esencial de armonización que sea necesario y suficiente paragarantizar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y de los sistemas desupervisión prudencial, posibilitando así la concesión de una única
autorización con validez en toda la Comunidad y la aplicación del principio
de supervisión por el Estado miembro de origen; que, en virtud delreconocimiento mutuo, las empresas de inversión autorizadas en su Estadomiembro de origen pueden realizar en toda la Comunidad todas o parte de las
actividades contempladas en su autorización y reguladas en la presente
Directiva, mediante el establecimiento de sucursales o la prestación deservicios;
Considerando que los principios de reconocimiento mutuo y de supervisión
por el Estado miembro de origen exigen que las autoridades competentes decada uno de los Estados miembros no concedan autorización o la retirencuando factores tales como el programa de actividad, la distribución
geográfica o la actividad efectivamente realizada demuestren de forma
inequívoca que la empresa de inversión ha optado por el sistema jurídico deun Estado miembro con el propósito de eludir las normas más estrictasvigentes en el Estado miembro en el que proyecta realizar o realiza la mayor
parte de sus actividades; que, a efectos de la presente Directiva, toda empresa
de inversión que sea persona jurídica deberá ser autorizada en el Estadomiembro en que se encuentre su domicilio social; que toda empresa deinversión que no sea persona jurídica deberá ser autorizada en el Estado
miembro en que se encuentre su administración central; que, por otra parte,
los Estados miembros deben exigir que la administración central de lasempresas de inversión esté siempre situada en el Estado miembro en el que la
empresa ejerza realmente sus actividades y que sea su Estado miembro de
origen;
Considerando que, para proteger a los inversores, es necesario garantizar el
control interno de la empresa mediante una dirección bicéfala o, cuando ésta
no esté exigida en la Directiva, mediante otros mecanismos que garanticen un
resultado equivalente;
Considerando que, para garantizar la igualdad de las condiciones de
competencia, es necesario que las empresas de inversión que no sean
entidades de crédito gocen de la misma libertad para crear sucursales y prestar
servicios a escala transfronteriza que la que se contempla en la segunda!B
(1)D O noC 43 de 22. 2. 1989, p. 7; y
DO noC 42 de 22. 2. 1990, p. 7.
(2)D O noC 304 de 4. 12. 1989, p. 39; y
DO noC 115 de 26. 4. 1993.
(3)D O noC 298 de 27. 11. 1989, p. 6.1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 2
Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, para la
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativasrelativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (
1);
Considerando que una empresa de inversión sólo podrá prevalerse de la
presente Directiva para efectuar operaciones de cambio al contado o a plazofijo cuando se trate de servicios de inversión vinculados a la prestación de
servicios; que, por consiguiente, utilizar una sucursal únicamente para
efectuar operaciones de cambio constituiría una desviación del mecanismo dela Directiva;
Considerando que toda empresa de inversión autorizada en su Estado
miembro de origen podrá realizar sus actividades en el conjunto de la
Comunidad por los medios que estime adecuados; que, a tal efecto y si lo
considera necesario, puede recurrir a agentes de la empresa de inversión quereciban y transmitan órdenes por cuenta propia y por su cuenta y bajo suresponsabilidad total e incondicional; que, en estas condiciones, la actividad
de dichos agentes debería considerarse actividad de la empresa; que por lo
demás, la presente Directiva no se opone a que el Estado miembro de origensubordine el estatuto de dichos agentes a unas determinadas exigencias; que,
en caso de que la empresa de inversión ejerza una actividad transfronteriza, el
Estado miembro de acogida tratará a dichos agentes como si fueran la propiaempresa; que, además, la presente Directiva no afecta a la venta de valoresnegociables a domicilio o ambulante, cuya regulación depende de
disposiciones nacionales;
Considerando que por valores negociables se entienden las categorías de
valores habitualmente negociados en el mercado de capitales, por ejemplo,
deuda del Estado, acciones, valores que den derecho a adquirir accionesmediante suscripción o canje, recibos de depósito, obligaciones emitidas enserie, certificados de opción de compra con índice y los títulos que den
derecho a adquirir tales obligaciones mediante suscripción;
Considerando que por instrumentos del mercado monetario se entienden las
categorías de instrumentos habitualmente negociados en el mercadomonetario, como, por ejemplo, los bonos del tesoro, los certificados dedepósito y los bonos de tesorería;
Considerando que las definiciones, muy amplias, de valores negociables y de
instrumentos del mercado monetario que figuran en la presente Directiva sólo
serán válidas para la presente Directiva que, por consiguiente no afectará en
absoluto a las distintas definiciones de instrumentos financieros adoptadas enlas legislaciones nacionales con otros fines y, en particular, con fines fiscales;
que por lo demás, la definición de valores negociables se refiere únicamente a
los instrumentos negociables y, por consiguiente, no están incluidos en dichadefinición las acciones o los valores asimilables a acciones, emitidos pororganismos tales como las «Building societies» o las «Industrial and
Provident societies» cuya propiedad, de hecho, solamente puede transferirse
mediante su recompra por parte del organismo emisor;
Considerando que por instrumentos equivalentes a un contrato financiero a
plazo se deben entender los contratos que son objeto de un pago en efectivocalculado con referencia a las fluctuaciones de alguno de los siguientes
elementos: los tipos de interés o de cambio, el valor de cualquiera de los
instrumentos enumerados en la sección B del Anexo, un índice relativo aalguna de esos instrumentos;
Considerando que a efectos de la presente Directiva, la actividad de recepción
y transmisión de órdenes incluye también la actividad de poner en contacto ados o más inversores, permitiendo con ello la realización de operaciones entre
esos inversores;
Considerando que ninguna de las disposiciones de la presente Directiva
afectará a las disposiciones comunitarias o, en su defecto, nacionales que
regulan la oferta pública de los instrumentos contemplados en la presenteDirectiva; que lo mismo se aplica a la comercialización y la distribución de
estos instrumentos;
Considerando que los Estados miembros siguen siendo plenamente
responsables de la ejecución de las medidas de su política monetaria, sin
perjuicio de las medidas necesarias para fortalecer el Sistema MonetarioEuropeo;!B
(1)D O noL 386 de 30. 12. 1989, p. 1; Directiva modificada por última vez por la
Directiva 92/30/CEE (DO noL 110 de 28. 4. 1992, p. 52).1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 3
Considerando que procede excluir a las compañías de seguros, cuyas
actividades están sometidas a un control adecuado por parte de autoridadescompetentes en materia de control prudencial y están coordinadas a escalacomunitaria, así como a las empresas que ejercen actividades de reaseguro y
de retrocesión;
Considerando que no deben estar reguladas en la presente Directiva las
empresas que no prestan servicios a terceros, cuya activida consista en prestarservicios de inversión únicamente a su empresa matriz, a sus filiales o a otra
filial de su empresa matriz;
Considerando que la presente Directiva pretende abarcar las empresas cuya
actividad habitual consista en prestar a terceros servicios de inversión concarácter profesional y que, por tanto, conviene excluir de su ámbito deaplicación a toda persona cuya actividad profesional sea otra (por ejemplo,
abogados, notarios) y que preste servicios de inversión únicamente con
carácter accesorio en el marco de su actividad profesional, siempre que dichaactividad esté regulada por una normativa que no excluya la prestación deservicios de inversión con carácter accesorio; que, por idénticos motivos,
también conviene excluir del ámbito de aplicación a las personas que sólo
prestan servicios de inversión a productores o usuarios de materias primas yen la medida necesaria para realizar las transacciones sobre estos productos
cuando dichas transacciones constituyan su actividad principal;
Considerando que las empresas cuyos servicios de inversión consistan
exclusivamente en la gestión de un sistema de participación de trabajadores yque, como tales, no presten servicios de inversión a terceros, no deben estarreguladas por las disposiciones de la presente Directiva;
Considerando que se debe excluir del ámbito de aplicación de la Directiva a
los bancos centrales y demás organismos que se dediquen al ejercicio de
funciones similares así como a los organismos públicos que se encarguen ointervengan en la gestión de la deuda pública — concepto que engloba la
colocación de la misma; que, en particular, no están cubiertos por dicha
exclusión los organismos con capitales públicos cuya misión sea comercial oesté relacionada con adquisiciones de participación;
Considerando que se debe excluir del ámbito de aplicación de la presente
Directiva a las empresas o personas cuya actividad se limite a recibir y
transmitir órdenes a determinadas contrapartes, sin entrar en posesión de
fondos o títulos pertenecientes a sus clientes; que, por consiguiente, no sebeneficiarán de la libertad de establecimiento ni de la libertad de prestaciónde servicios en las condiciones previstas por la presente Directiva y, por tanto,
estarán reguladas, cuando deseen ejercer en otro Estado miembro, por las
disposiciones pertinentes adoptadas por dicho Estado;
Considerando que se debe excluir del ámbito de aplicación de la presente
Directiva a los organismos de inversión colectiva, estén o no coordinados a
escala comunitaria, así como a los depositarios y gerentes de tales
organismos, ya que están sujetos a una normativa específica directamenteadaptada a sus actividades;
Considerando que, si las asociaciones creadas por los fondos de pensiones de
un Estado miembro para posibilitar la gestión de sus activos se limitan a dicha
gestión sin prestar servicios de inversión a terceros y si los fondos de pensión
están a su vez sometidos al control de las autoridades encargadas de lasupervisión de las compañías de seguros, no parece necesario someter a
dichas asociaciones a las condiciones de acceso y de ejercicio establecidas en
la presente Directiva;
Considerando que no es conveniente aplicar la presente Directiva a los
«agenti di cambio» tal como se definen en la legislación italiana, ya quepertenecen a una categoría para la que no hay prevista una nueva autorización
puesto que su actividad se limita al territorio nacional y no presenta riesgos de
distorsión de competencia;
Considerando que los derechos otorgados a las empresas de inversión en la
presente Directiva no serán obstáculo para el derecho de los Estadosmiembros, de los bancos centrales y de los otros organismos nacionales que
tengan una misión similar en los Estados miembros, de escoger a sus
contrapartes sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios;!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 4
Considerando que la responsabilidad de supervisar la solvencia financiera de
una empresa de inversión recaerá sobre las autoridades competentes de suEstado miembro de origen, en aplicación de la Directiva 93/6/CEE delConsejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las
empresas de inversión y los entidades de crédito (
1), que coordina las normas
aplicables en el ámbito del riesgo de mercado;
Considerando que, por regla general, los Estados miembros de origen podrán
dictar normas más rigurosas que las establecidas en la presente Directiva, enparticular, en lo que respecta a las condiciones de autorización, las exigenciasprudenciales y las normas de declaración y transparencia;
Considerando que el ejercicio de las actividades no contempladas en la
presente Directiva está regulado por las disposiciones generales del Tratado
relativas al derecho de establecimiento y a la libre prestación de servicios;
Considerando que conviene velar por la protección de los derechos de
propiedad y otros derechos de carácter análogo del inversor sobre sus valores,
así como sus derechos sobre los fondos confiados a la empresa, mediante unadistinción respecto de los fondos de la empresa; que, no obstante, dicho
principio no será obstáculo para que la empresa actúe en nombre propio en
interés del inversor, cuando así lo exija el tipo mismo de operación y elinversor consienta en ello, como en el caso del préstamo de valores;
Considerando que los procedimientos vigentes en materia de autorización de
sucursales de empresas de inversión autorizadas en países terceroscontinuarán aplicándose a las mismas; que dichas sucursales no se
beneficiarán de la libre prestación de servicios en virtud de lo dispuesto en
el párrafo segundo del artículo 59 del Tratado, ni de la libertad deestablecimiento en Estados miembros distintos de aquél en que se hallenestablecidas; que, no obstante, las solicitudes de autorización de filiales o de
adquisición de participaciones por empresas que se rijan por el Derecho de
terceros países están sujetas a un procedimiento cuyo propósito es garantizarque se conceda reciprocidad de trato a las empresas de inversión de laComunidad en los países terceros de que se trate;
Considerando que las autorizaciones concedidas por las autoridades
nacionales competentes a las empresas de inversión, de conformidad con
las disposiciones de la presente Directiva, no serán ya simplemente de alcance
nacional sino comunitario; que las cláusulas de reciprocidad existentesquedarán, en lo sucesivo, sin efecto; que, en consecuencia, es necesario un
procedimiento flexible que permita evaluar la reciprocidad sobre una base
comunitaria; que el objetivo de dicho procedimiento no es cerrar losmercados financieros de la Comunidad sino, por el contrario, dado que elpropósito de la Comunidad es mantener sus mercados financieros abiertos al
resto del mundo, ampliar la liberalización del conjunto de los mercados
financieros en países terceros; que, para ello, la presente Directiva estableceprocedimientos de negociación con países terceros y, en última instancia, laposibilidad de adoptar medidas consistentes en la suspensión de nuevas
solicitudes de autorización o en la limitación de nuevas autorizaciones;
Considerando que uno de los objetivos de la presente Directiva es garantizar
la protección de los inversores; que, a tal efecto, resulta conveniente tener en
cuenta las distintas necesidades de protección de las diversas categorías deinversores y de su grado de especialización profesional;
Considerando que los Estados miembros deben velar por que no exista ningún
obstáculo para que las actividades que se benefician del reconocimientomutuo puedan ser ejercidas del mismo modo que en el Estado miembro de
origen, siempre que no estén en contradicción con las disposiciones legales de
protección del interés general vigentes en el Estado miembro de acogida;
Considerando que ningún Estado miembro podrá limitar el derecho de los
inversores residentes habitualmente o establecidos en dicho Estado miembro aque les sea prestado cualquier servicio de inversión por parte de una empresa
de inversión objeto de la presente Directiva situada fuera del mencionado
Estado miembro y que actúe fuera de este último;
Considerando que, en determinados Estados miembros, la función de
compensación y liquidación puede ser efectuada por organismos distintosde los mercados en los que se realizan las operaciones y que, porconsiguiente, cada vez que en la presente Directiva se mencionen en el
acceso a los mercados regulados o la condición de miembro de los mismos, se!B
(1) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 5
entenderá que ambos conceptos incluyen el acceso a los organismos que
efectúen las funciones de compensación y liquidación para los mercadosregulados, así como la condición de miembro de dichos organismos;
Considerando que cada Estado miembro debe velar por que se reserve un trato
no discriminatorio en su territorio a todas las empresas de inversión que hayansido autorizadas en un Estado miembro, así como a todos los instrumentosfinancieros que se coticen en un mercado regulado de un Estado miembro;
que con arreglo a lo antedicho todas las empresas de inversión deben gozar de
las mismas posibilidades de ser miembros de los mercados regulados o detener acceso a los mismos y que, por consiguiente, cualesquiera que sean losmodos de organización de las operaciones existentes en los Estados
miembros, procede suprimir, de acuerdo con las condiciones fijadas en la
presente Directiva las limitaciones técnicas y jurídicas al acceso a losmercados regulados, en el marco de las disposiciones de la presente Directiva;
Considerando que determinados Estados miembros autorizan a las entidades
de crédito a ser miembros de sus mercados regulados únicamente de formaindirecta, mediante la creación de una filial especializada; que la posibilidad
que ofrece la presente Directiva a las entidades de crédito de poder convertirse
en miembros de un mercado regulado directamente, sin tener que crear unafilial especializada, constituye para esos Estados miembros una reformaimportante, cuyas consecuencias merecen una revisión a la vista de la
evolución de los mercados financieros; que, habida cuenta de estos
elementos, el informe que presentará la Comisión al Consejo a este respecto,a más tardar el 31 de diciembre de 1998, deberá tener en cuenta todos losfactores que permitan a este último volver a valorar las consecuencias para
esos Estados miembros y, en especial, el riesgo de que surjan conflictos de
intereses y el grado de protección del inversor;
Considerando que es de la mayor importancia que la armonización de los
sistemas de indemnización sea aplicable en la misma fecha que la presente
Directiva; que, por otra parte, hasta la fecha en que sea aplicable unaDirectiva que armonice los sistemas de indemnización, los Estados miembrosde acogida conservan la facultad de imponer la aplicación de su sistema de
indemnización también a las empresas de inversión, incluidas las entidades de
crédito, autorizadas por los demás Estados miembros cuando el Estadomiembro de origen carezca de sistema de indemnización o éste no ofrezca un
nivel de protección equivalente;
Considerando que la estructura de los mercados regulados debe seguir siendo
competencia del Derecho nacional, sin que por ello pueda constituir un
obstáculo para la liberalización del acceso a los mercados regulados de los
Estados miembros de acogida para las empresas de inversión autorizadas aprestar los servicios de que se trate en su Estado miembro de origen; que, enaplicación de este principio, el derecho de la República Federal de Alemania y
el de los Países Bajos regulan respectivamente la actividad de «Kursmakler»
y de «hoekman» para impedirles ejercitar sus funciones en paralelo con otrasfunciones; que, por consiguiente, conviene dejar constancia de que ni«Kursmakler» ni «hoekman» están en condiciones de prestar sus servicios en
los restantes Estados miembros; que nadie, sea cual fuese su Estado miembro
de origen, podría pretender actuar como «Kursmakler» o «hoekman» sin quese le impusieran las mismas normas relativas a incompatibilidad que las
resultantes del estatuto de «Kursmakler» o de «hoekman»;
Considerando que la presente Directiva no debe obstaculizar las disposiciones
de la Directiva 79/279/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1979, sobre lacoordinación de las condiciones de admisión de valores mobiliarios a
cotización oficial en una bolsa de valores (
1);
Considerando que la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema
financiero y la protección del inversor implican, para el Estado miembro de
acogida, el derecho y la responsabilidad de prevenir y sancionar aquellas
actuaciones de la empresa de inversión en su territorio que sean contrarias alas normas de conducta y a las demás disposiciones legales y reglamentarias
que haya adoptado por razones de interés general, y de actuar en casos de
emergencia; considerando además que las autoridades competentes delEstado miembro de acogida, en el ejercicio de sus responsabilidades, debenpoder contar con la mayor cooperación posible por parte de las autoridades
competentes del Estado miembro de origen, sobre todo para la actividad
ejercida en régimen de libre prestación de servicios; que las autoridadescompetentes del Estado miembro de origen tienen derecho a ser informadas!B
(1)D O noL 66 de 16. 3. 1979, p. 21; Directiva modificada por última vez por el Acta
de adhesión de España y de Portugal.1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 6
por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de las
medidas que incluyan sanciones a una empresa o restricciones a lasactividades de una empresa y que hayan sido adoptadas por dichas autoridadescon respecto a las empresas de inversión por ellas autorizadas, con objeto de
cumplir eficazmente su misión en el ámbito de la supervisión prudencial; que
para ello, conviene garantizar la cooperación entre las autoridadescompetentes de los Estados miembros de origen y de acogida;
Considerando que, con el doble objetivo de proteger a los inversores y
garantizar un funcionamiento correcto de los mercados de valores, convienegarantizar la transparencia de las operaciones y la aplicación de las normas
previstas al efecto en la presente Directiva para los mercados regulados, tanto
a las empresas de inversión como a las entidades de crédito cuando actúen enel mercado;
Considerando que el examen de los problemas que se plantean en los asuntos
contemplados en las directivas del Consejo relativas a los servicios deinversión y a los valores mobiliarios, tanto en la aplicación de las medidas
existentes como en la perspectiva de una mejor coordinación, exige la
cooperación de las autoridades competentes y de la Comisión en el seno de uncomité; que la creación de dicho comité no obsta para que existan otras
formas de cooperación entre autoridades de control en este ámbito;
Considerando que puede ser necesario introducir periódicamente modifica-
ciones técnicas en las normas detalladas contenidas en la presente Directiva
para adaptarlas a la evolución del sector de servicios de inversión; que, en
consecuencia, la Comisión deberá efectuar cuantas modificaciones seannecesarias, previa presentación de las mismas al Comité que se creará en el
ámbito de los mercados de valores,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIV A:
TÍTULO I
Definiciones y ámbito de aplicación
Artículo 1
A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
1) servicios de inversión: cualquiera de los servicios que se indican en la
sección A del Anexo en relación con cualquiera de los instrumentos que
se especifican en la sección B del Anexo, prestados a terceros;
2) empresa de inversión: toda persona jurídica cuya profesión o actividad
habituales consisten en prestar cualquier servicio de inversión decarácter profesional a terceros.
A efectos de la presente Directiva, los Estados miembros podrán incluir
en el concepto de empresa de inversión a las empresas que no seanpersonas jurídicas, si:
— su régimen jurídico garantiza a los intereses de los terceros un
nivel de protección equivalente al que ofrecen las personas
jurídicas, y
— son objeto de una supervisión prudencial equivalente y adaptada a
sus estructuras jurídicas.
No obstante, cuando dichas personas físicas presten servicios
relacionados con la tenencia de fondos o valores negociables de
terceros, sólo podrán considerarse empresas de inversión con arreglo a
la presente Directiva si, sin perjuicio de las restantes exigencias de lapresente Directiva y de la Directiva 93/6/CEE,
— que los derechos de propiedad de terceros sobre sus fondos y
valores negociables esten protegidos, en particular en caso de
insolvencia de la empresa o de sus propietarios, embargo,
compensación o cualquier otra acción emprendida por acreedoresde la empresa o de sus propietarios;
— que la empresa de inversión esté sujeta a normas que tengan por
objeto supervisar su solvencia y la de sus propietarios;!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 7
— que las cuentas anuales de la empresa de inversión estén
controladas por una o varias personas facultadas para auditarcuentas con arreglo a la legislación nacional;
— cuando una empresa tenga un solo propietario, que éste adopte
medidas para la protección de los inversores en caso de cese de las
actividades de la empresa por causa de fallecimiento, incapacidado circunstancias similares.
Antes del 31 de diciembre de 1997, la Comisión informará de la
aplicación de los párrafos segundo y tercero del presente punto y,en su caso, propondrá su modificación o supresión.
Cuando una persona ejerza una de las actividades contempladas
en la letra a) del punto 1 de la sección A del Anexo de la presente
Directiva y dicha actividad se ejerza únicamente por cuenta y bajo
la responsabilidad plena e incondicional de una empresa deinversión, esta actividad se considerará actividad de la propia
empresa de inversión y no de esa persona;
3) entidad de crédito: las entidades de crédito según la definición del
primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE (
1), excluidas las
entidades a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de dicha Directiva;
4) valores negociables:
— las acciones y otros valores asimilables a acciones,— las obligaciones y otros títulos de crédito negociables en el
mercado de capitales, y
— cualesquiera otros valores habitualmente negociados que permitan
adquirir esos valores por suscripción o canje, o den lugar a unpago en metálico.
Con exclusión de los instrumentos de pago.
5) instrumentos del mercado monetario: las categorías de instrumentos
habitualmente negociadas en el mercado monetario;
6) Estado miembro de origen:
a) cuando la empresa de inversión sea una persona física, el Estado
miembro en el que dicha persona tenga su administración central;
b) cuando la empresa de inversión sea una persona jurídica, el
Estado miembro en donde tenga su domicilio social o, en caso deque de conformidad con su Derecho nacional no lo tuviere, el
Estado miembro en el que tenga su administración central;
c) cuando se trate de un mercado, el Estado miembro en donde esté
el domicilio social del organismo que realice las negociaciones o,
en caso de que de conformidad con su derecho nacional no lo
tuviere, el Estado miembro donde esté la administración centralde dicho organismo.
7) Estado miembro de acogida: el Estado miembro en el cual una empresa
de inversión tenga una sucursal o preste servicios;
8) sucursal: un establecimiento que constituya una parte sin personalidad
jurídica de una empresa de inversión y que preste servicios de inversiónpara cuyo ejercicio la empresa de inversión haya recibido la oportuna
autorización; todos los establecimientos creados en un mismo Estado
miembro por una empresa de inversión que tenga su domicilio social enotro Estado miembro se considerarán como una sola sucursal;
9) autoridades competentes: las autoridades que cada Estado miembro
designe en virtud del artículo 22;
10) participación significativa: la participación, directa o indirecta, en una
empresa de inversiones que represente al menos el 10 % del capital o de
los derechos de voto o que permita el ejercicio de una influencia notable
en la gestión de la empresa en la que se posea la participación.!B
(1)D O noL 322 de 17. 12. 1977, p. 30; Directiva modificada por última vez por la
Directiva 89/646/CEE (DO noL 386 de 30. 12. 1989, p. 1.)1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 8
A efectos de la aplicación de la anterior definición, en el contexto de los
artículos 4 y 9 y de los otros niveles de participación contemplados en elartículo 9 se tomarán en consideración los derechos de votomencionados en el artículo 7 de la Directiva 88/627/CEE (
1);
11) empresa matriz: una empresa matriz según la definición de los artículos
1y2d el a Directiva 83/349/CEE (2);
12) filial: una empresa filial según la definición de los artículos 1 y 2 de la
Directiva 83/349/CEE; toda filial de una empresa filial se considerarátambién filial de la empresa matriz que estuviere a la cabeza de esas
empresas;
13) mercado regulado: el mercado de instrumentos financieros contem-
plados en la sección B del Anexo,
— incluido en la lista contemplada en el artículo 16 por el Estado
miembro que sea el Estado miembro de origen a efectos de la letra
c) del punto 6 del artículo 1;
— de funcionamiento regular;
— caracterizado por el hecho de que las disposiciones establecidas o
aprobadas por las autoridades competentes definen las condicio-nes de funcionamiento del mercado y de accesos al mercado, así
como, cuando sea de aplicación la Directiva 79/279/CEE, las
condiciones de admisión a la negociación fijadas por dichaDirectiva, y cuando ésta no es aplicable, las que debe cumplir uninstrumento financiero para poder ser efectivamente negociado en
el mercado;
— que imponga el cumplimiento de todas las obligaciones de
declaración y de transparencia establecidas con arreglo a los
artículos 20 y 21;
14) control: lo definido como control en el artículo 1 de la Directiva
83/349/CEE;
15) vínculos estrechos se entenderá todo conjunto de dos o más personas
físicas o jurídicas unidas mediante:
a) una participación, es decir, el hecho de poseer, de manera directa
o mediante un vínculo de control, el 20 % o más de los derechos
de voto o del capital de una empresa, o bien
b) un vínculo de control, es decir, el vínculo existente entre una
empresa matriz y una filial, en todos los casos contemplados en
los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE (
3), o
toda relación análoga entre cualquier persona física o jurídica yuna empresa; toda empresa filial de una empresa filial seconsiderará también filial de la empresa matriz a la cabeza de
dichas empresas.
Se considerará también constitutiva de un vínculo estrecho entre dos o
varias personas físicas o jurídicas, una situación en la que éstas estén
vinculadas, de forma duradera, a una misma persona por un vínculo decontrol.
Artículo 2
1. La presente Directiva será aplicable a todas las empresas de inversión.
No obstante, se aplicarán solamente el apartado 4 del presente artículo, elapartado 2 del artículo 8, los artículos 10, 11 y párrafo primero del artículo12, los apartados 3 y 4 del artículo 14 y los artículos 15, 19 y 20, a las
entidades de crédito cuya autorización, con arreglo a las Directivas
77/780/CEE y 89/646/CEE, incluya uno o más servicios de inversión de losque figuran en la sección A del Anexo de la presente Directiva.!B
!M1
!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 9
2. La presente Directiva no se aplicará:
a) a las empresas de seguros en el sentido del artículo 1 de la Directiva
73/239/CEE (1) o del artículo 1 de la Directiva 79/267/CEE (2) ni a las
empresas que ejerzan las actividades de reaseguro y de retrocesión
contempladas en la Directiva 64/225/CEE (3);
b) a las empresas que presten un servicio de inversión exclusivamente a su
empresa matriz, a sus filiales o a otra filial de su empresa matriz;
c) a las personas que presten un servicio de inversión siempre que dicha
actividad se ejerza de forma accesoria en el marco de una actividad
profesional, y siempre que esta última esté regulada por disposicioneslegales o reglamentarias o por un código deontológico profesional yéstas no excluyen la prestación de dicho servicio;
d) a las empresas cuyos servicios de inversión consistan exclusivamente en
la gestión de un sistema de participación de los trabajadores;
e) a las empresas cuyos servicios de inversión consistan en prestar los
servicios a que se hace referencia en las anteriores letras b) y d);
f) a los bancos centrales de los Estados miembros y demás organismos
nacionales que se dediquen al ejercicio de funciones similares y otrosorganismos públicos encargados de la gestión de la deuda pública o queintervengan en dicha gestión;
g) a las empresas:
— que no puedan tener en depósito fondos ni títulos pertenecientes a
sus clientes y que, por tal motivo, nunca puedan hallarse ensituación deudora respecto a sus clientes; y
— que puedan únicamente prestar un servicio de inversión
consistente en recibir y transmitir órdenes relativas a valoresnegociables y a participaciones de organismos de inversión
colectiva; y
— que, cuando presten dicho servicio, puedan transmitir órdenes
exclusivamente
i) a las empresas de inversión autorizadas de conformidad con
la presente Directiva;
ii) a entidades de crédito autorizadas de conformidad con las
Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE;
iii) a sucursales de empresas de inversión o de entidades de
crédito que hayan sido autorizadas en un país tercero y que
estén sometidas a normas prudenciales que las autoridadescompetentes consideren al menos tan estrictas como las quese incluyen en la presente Directiva o en las Directivas
89/646/CEE y 93/6/CEE y se ajusten a ellas;
iv) a organismos de inversión colectiva autorizados por la
legislación de un Estado miembro a colocar participacionesen el público, así como a los gestores de tales organismos;
v) a sociedades de inversión de capital fijo, con arreglo al
apartado 4 del artículo 15 de la Directiva 77/91/CEE (
4)
cuyos valores se negocien en un mercado regulado en unEstado miembro;
— cuya actividad esté sometida a nivel nacional a una reglamenta-
ción o a un código deontológico;
h) a los organismos de inversión colectiva, independientemente de que
estén o no estén armonizados a nivel comunitario, así como a los
depositarios y gestores de dichos organismos;
i) a las personas cuya actividad principal consista en negociar materias
primas entre ellas mismas o bien con productores o usuarios de dichos!B
(1)D O noL 228 de 16. 8. 1973, p. 3; Directiva modificada por última vez por la
Directiva 90/619/CEE (DO noL 330 de 29. 11. 1990, p. 50).
(2)D O noL 63 de 13. 3. 1979, p. 1; Directiva modificada por última vez por la
Directiva 90/618/CEE (DO noL 330 de 29. 11. 1990, p. 44).
(3)D O no56 de 4. 4. 1964, p. 878/64.
(4)D O noL 26 de 31. 1. 1977. Directiva modificada por última vez por el Acta de
adhesión de España y de Portugal.1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 10
productos con fines profesionales y que únicamente presten servicios de
inversión a dichas contrapartes y en la medida en que lo requiera suocupación principal;
j) a las empresas cuyos servicios de inversión consistan exclusivamente en
negociar por cuenta propia en un mercado de instrumentos financieros aplazo o de opciones, o que operen por cuenta de otros miembros del
mismo mercado o actúen como creadores de mercado frente a éstos, y
que están avaladas por una cámara de compensación del mismomercado. El cumplimiento de los contratos celebrados por dichas
empresas estará garantizado por una cámara de compensación del
mismo mercado;
k) a las asociaciones creadas por fondos de pensiones daneses con el fin
exclusivo de gestionar los activos de los fondos de pensionesparticipantes;
l) a los «agenti di cambio» cuyas actividades y funciones están reguladas
en el real decreto italiano n
o222 de 7 de marzo de 1925 y en las
disposiciones ulteriores que lo modifican y que han sido autorizados a
proseguir su actividad en virtud del artículo 19 de la ley italiana no1d e
2 de enero de 1991.
3. A más tardar el 31 de diciembre de 1998 y posteriormente a intervalos
regulares, la Comisión elaborará un informe sobre la aplicación conjunta delapartado 2 y la sección A del Anexo y, si procede, propondrá modificaciones
de la definición de las exclusiones y de los servicios incluidos, a la vista del
funcionamiento de la presente Directiva.
4. Los derechos conferidos por la presente Directiva no se harán
extensivos a la prestación de servicios como contraparte al Estado, al bancocentral o a los otros organismos nacionales que ejerzan funciones similares en
el marco de las políticas del Estado miembro considerado en los ámbitos
monetario, cambiario, de deuda pública y de las reservas del Estado miembrode que se trate.
TÍTULO II
Condiciones de acceso a la actividad
Artículo 3
1. Cada Estado miembro deberá supeditar a una autorización el acceso a la
actividad de las empresas de inversión para las que sea Estado miembro de
origen. Concederán dicha autorización las autoridades competentes de dichoEstado designadas con arreglo al artículo 22. En la autorización seespecificará qué servicios de inversión de los contemplados en la sección A
del Anexo podrá prestar la empresa. La autorización también podrá abarcar
uno o más de los servicios auxiliares contemplados en la sección C. Enningún caso podrá concederse la autorización, en el sentido de la presenteDirectiva, para servicios que sólo figuren en la sección C del Anexo.
2. Los Estados miembros exigirán:— a las empresas de inversión que sean personas jurídicas y que tengan un
domicilio social conforme a su Derecho nacional, que tengan su
administración central en el mismo Estado miembro en que tengan su
domicilio social;
— a las demás empresas de inversión, que su administración central esté
situada en el Estado miembro que haya expedido la autorización y en elque ejerzan realmente sus actividades.
3. Sin perjuicio de otras condiciones generales establecidas por el
correspondiente Derecho nacional, las autoridades competentes sólo podrán
conceder la autorización cuando:
— la empresa de inversión tenga un capital inicial suficiente, con arreglo a
lo establecido en la Directiva 93/6/CEE, en función de las caracterís-
ticas del servicio de inversión de que se trate;
— las personas que dirijan de hecho las operaciones de la empresa de
inversión cumplan los requisitos de honorabilidad y experiencia.!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 11
La orientación de la actividad de la empresa deberá ser determinada por,
como mínimo, dos personas que cumplan estas mismas condiciones. Noobstante, cuando exista un mecanismo adecuado que garantice un resultadoequivalente, en particular por lo que se refiere al último guión del párrafo
tercero del punto 2 del artículo 1, las autoridades competentes podrán
conceder también la autorización a empresas de inversión que sean personasfísicas o, habida cuenta del carácter y del volumen de su actividad, a empresasde inversión que sean personas jurídicas y que, de conformidad con sus
estatutos y leyes nacionales, estén dirigidas por una sola persona física.
Además, cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de inversión y
otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes concederán laautorización únicamente si dichos vínculos no obstaculizan el buen ejercicio
de su misión de supervisión.
Las autoridades competentes también denegarán la autorización cuando el
buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado por lasdisposiciones legales, reglamentarias o administrativas del derecho de un
tercer país que regulen una o varias de las personas físicas o jurídicas con las
que la entidad mantenga vínculos estrechos, o por problemas relacionados consu aplicación.
Las autoridades competentes exigirán a las empresas de inversión el
suministro de la información que requieran para garantizar el cumplimiento
permanente de las condiciones contempladas en el presente apartado.
4. Los Estados miembros impondrán además la obligación de que las
solicitudes de autorización vayan acompañadas de un plan de actuación en el
que se especifiquen, entre otros aspectos, el tipo de operaciones que se
proyecta realizar y la estructura organizativa de la empresa de inversión.
5. En los seis meses siguientes a la presentación de una solicitud completa,
deberá notificarse al solicitante si se concede o no la autorización. En el caso
de que no se conceda dicha autorización, la negativa deberá ser motivada.
6. En caso de que se conceda la autorización, la empresa de inversión
podrá comenzar su actividad inmediatamente.
7. Las autoridades competentes sólo podrán retirar la autorización
concedida a una empresa de inversión regida por la presente Directivacuando dicha empresa:
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie a
ésta expresamente o haya dejado de prestar servicios de inversión
durante un período superior a seis meses, si en el correspondienteEstado miembro no existieren disposiciones que establezcan lacaducidad de la autorización en dichos supuestos;
b) haya obtenido la autorización valiéndose de declaraciones falsas o de
cualquier otro medio irregular;
c) deje de reunir las condiciones bajo las cuales se haya concedido la
autorización;
d) deje de cumplir las disposiciones de la Directiva 93/6/CEE;e) infrinja seria y sistemáticamente las disposiciones adoptadas en
cumplimiento de los artículos 10 y 11;
f) incurra en alguno de los otros supuestos que con arreglo al
correspondiente Derecho nacional motiven la retirada de la autoriza-ción.
Artículo 4
Las autoridades competentes no concederán la autorización que permita el
inicio de la actividad de una empresa de inversión antes de que les haya sidocomunicada la identidad de los accionistas o socios, ya sean directos o
indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participación
cualificada en la empresa, y el importe de dicha participación.
Las autoridades competentes denegarán la autorización si, atendiendo a la
necesidad de garantizar una gestión correcta y prudente de la empresa de
inversión, no estuvieren convencidas de la idoneidad de dichos accionistas o
socios.!B
!M1
!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 12
Artículo 5
Los Estados miembros no aplicarán a las sucursales de las empresas de
inversión que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad, ni en elmomento de iniciar su actividad ni posteriormente, en el desarrollo de su
ejercicio, disposiciones que supongan un trato más favorable para dichas
sucursales que para las sucursales de empresas de inversión cuyo domiciliosocial esté situado en un Estado miembro.
Artículo 6
Las autoridades competentes del otro Estado miembro afectado deberán ser
consultadas con anterioridad a la concesión de autorización a una empresa de
inversión cuando ésta sea:
— bien una filial de una empresa de inversión o de una entidad de crédito
autorizada en otro Estado miembro,
o
— bien una filial de la empresa matriz de una empresa de inversión o de
una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro,
o
— bien esté bajo control de las mismas personas físicas o jurídicas que
controlen una empresa de inversión o una entidad de crédito autorizadaen otro Estado miembro.
TÍTULO III
Relaciones con países terceros
Artículo 7
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán a la
Comisión:
a) de toda autorización concedida a una filial directa o indirecta, en el caso
de que una o varias de sus empresas matrices se rijan por el Derecho deun país tercero;
b) de toda adquisición, por parte de las mencionadas empresas matrices, de
participaciones en una empresa de inversión comunitaria, de forma quehiciera de esta última su filial.
En ambos casos, la Comisión informará al Consejo, hasta tanto el Consejo, a
propuesta de la Comisión, cree un Comité en materia de valores negociables.
Cuando se conceda autorización a una filial, directa o indirecta, de una o
varias empresas matrices regidas por el Derecho de un país tercero, deberá
especificarse la estructura del grupo en la notificación que las autoridadescompetentes remitan a la Comisión.
2. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las dificultades de
carácter general que sus empresas de inversión encuentren para establecerse oprestar servicios de inversión en un país tercero.
3. La Comisión, por primera vez, a más tardar, seis meses antes de la
puesta en aplicación de la presente Directiva y posteriormente de formaperiódica, elaborará un informe en que se examine el trato concedido a lasempresas de inversión comunitarias en países terceros, con arreglo a lo
dispuesto en los apartados 4 y 5, en lo que respecta al establecimiento y al
ejercicio de actividades de servicios de inversión, así como a la adquisición departicipaciones en empresas de inversión de países terceros. La Comisiónpresentará dichos informes al Consejo acompañados, en su caso, de las
propuestas que se estimen oportunas.
4. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en otras
informaciones, la Comisión comprobare que un país tercero no concede a las
empresas de inversión comunitarias un acceso efectivo al mercado
equiparable al que la Comunidad concede a las empresas de inversión dedicho país, podrá presentar al Consejo propuestas para que se le otorgue el
oportuno mandato de negociación con vistas a obtener condiciones de
competencia equiparables para las empresas de inversión comunitarias. ElConsejo decidirá por mayoría cualificada.!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 13
5. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en otras
informaciones, la Comisión comprobare que las empresas de inversióncomunitarias que operan en un país tercero no gozan en éste de un tratonacional que les confiera las mismas posibilidades de competencia de que
disfrutan las empresas de inversión nacionales y que no se cumplen las
condiciones de acceso efectivo al mercado, podrá entablar negociaciones convistas a remediar la situación.
En el supuesto contemplado en el párrafo primero, podrá decidirse además, en
cualquier momento y como complemento de la apertura de negociaciones, deconformidad con el procedimiento establecido en la Directiva por la que elConsejo creará el Comité mencionado en el apartado 1, que las autoridades
competentes de los Estados miembros limiten o suspendan sus decisiones
acerca de las solicitudes de autorización pendientes o futuras y acerca de laadquisición de participaciones por empresas matrices, directas o indirectas,
sujetas al derecho del país de que se trate. La duración de las medidas
mencionadas no podrá ser superior a tres meses.
Antes de que venza el plazo de tres meses, y a la vista de los resultados de las
negociaciones, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada y a
propuesta de la Comisión, si deben seguir aplicándose las citadas medidas.
La limitación o suspensión anteriormente mencionadas no podrán aplicarse a
la creación de filiales por empresas de inversión debidamente autorizadas en
la Comunidad o por filiales de éstas, ni a la adquisición de participaciones enempresas de inversión comunitarias por parte de dichas empresas o de susfiliales.
6. Cuando la Comisión considere que se da alguno de los supuestos
descritos en los apartados 4 y 5, los Estados miembros, a petición de laComisión, facilitarán a ésta información sobre:
a) cualquier solicitud de autorización de una filial, directa o indirecta, de
una o varias empresas matrices que se rijan por el Derecho del paístercero de que se trate;
b) cualquier proyecto de adquisición de participaciones del que tengan
conocimiento con arreglo al artículo 9, por alguna de dichas empresasmatrices en una empresa de inversión comunitaria de forma que esta
última se convierta en su filial.
Dejará de ser obligatoria dicha información tan pronto como se celebre un
acuerdo con el país contemplado en los apartados 4 o 5, o cuando las medidas
contempladas en los párrafos segundo y tercero del apartado 5 dejen de ser de
aplicación.
7. Las medidas que se adopten en virtud del presente artículo habrán de
ajustarse a las obligaciones contraídas por la Comunidad en virtud de
acuerdos internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, que regulen elacceso a la actividad de las empresas de inversión y su ejercicio.
TÍTULO IV
Condiciones de ejercicio
Artículo 8
1. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen impondrán
la obligación de que las empresas de inversión por ellas autorizadas cumplanlas condiciones a las que se refiere el apartado 3 del artículo 3.
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen impondrán
la obligación de que las empresas de inversión por ellas autorizadas cumplanlas normas previstas en la Directiva 93/6/CEE.
3. La supervisión prudencial de una empresa de inversión corresponderá a
las autoridades competentes del Estado miembro de origen, independiente-mente de que la empresa de inversión establezca o no una sucursal o presteservicios en otro Estado miembro, sin perjuicio de las disposiciones de la
presente Directiva que establezcan la competencia de las autoridades del
Estado miembro de acogida.!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 14
Artículo 9
1. Los Estados miembros impondrán la obligación de que toda persona
que tenga intención de adquirir, directa o indirectamente, una participacióncualificada en una empresa de inversión informe de ello previamente a las
autoridades competentes, indicando el volumen de dicha participación.
Asimismo, deberá informar a las autoridades competentes toda persona que seproponga incrementar su participación cualificada de manera tal que laproporción de derechos de voto o de capital en su poder alcance o supere los
umbrales del 20 %, el 33 % o el 50 %, o que la empresa de inversión se
convierta en su filial.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades competentes
dispondrán de un plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha de la
notificación prevista en el párrafo primero, para oponerse al mencionado
proyecto si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión prudente ysaneada de la empresa de inversión, consideraren que la persona contemplada
en el párrafo primero no reúne las condiciones adecuadas. Caso de no
oponerse, las autoridades podrán fijar un plazo máximo para la realización dedicho proyecto.
2. Si las participaciones a que se refiere el apartado 1 fueren adquiridas
por una empresa de inversión autorizada en otro Estado miembro, por la
empresa matriz de una empresa de inversión autorizada en otro Estadomiembro o por una persona que controle una empresa de inversión autorizada
en otro Estado miembro y si, en virtud de la adquisición, la empresa en la que
el adquiriente pretenda obtener una participación se convirtiere en filial suyao quedare bajo su control, la evaluación de la adquisición estará supeditada ala consulta previa contemplada en el artículo 6.
3. Los Estados miembros impondrán la obligación de que toda persona
que pretenda ceder, directa o indirectamente, una participación cualificada enuna empresa de inversión, informe de ello previamente a las autoridades
competentes, indicando el volumen de dicha participación. Asimismo, deberá
informar a las autoridades competentes toda persona que se proponga reducirsu participación cualificada de manera tal que la proporción de derechos devoto o de capital en su poder descienda por debajo de los umbrales del 20 %,
el 33 % o el 50 %, o que la empresa de inversión deje de ser su filial.
4. Las empresas de inversión comunicarán a las autoridades competentes,
en cuanto tengan conocimiento de ello, toda adquisición o cesión de
participaciones en su capital cuyo resultado sea que se supere o deje de
alcanzarse alguno de los umbrales contemplados en los apartados 1 y 3.
Las empresas de inversión comunicarán asimismo a las autoridades, al menos
una vez al año, la identidad de los accionistas y socios que posean
participaciones cualificadas, así como el volumen de dichas participaciones,
de acuerdo, por ejemplo, con los datos obtenidos en la junta general anual deaccionistas o socios, o con los que se obtengan como consecuencia del
cumplimiento de las normas a que están sujetas las sociedades cuyos títulos se
negocien en mercados de valores.
5. Los Estados miembros impondrán la obligación de que, cuando las
personas a que se refiere el apartado 1 utilicen su influencia de tal manera que
pueda ir en detrimento de una gestión prudente y saneada de las actividades
de la empresa de inversión, las autoridades competentes adopten las medidasoportunas para poner fin a esta situación. Dichas medidas podrán consistir, enparticular, en requerimientos, sanciones a los administradores y directivos o la
suspensión del ejercicio de los derechos de voto correspondientes a las
acciones o participaciones que posean los accionistas o socios de que se trate.
Se aplicarán medidas similares a las personas que incumplan la obligación de
proporcionar información previa, tal como dispone el apartado 1. En el caso
de que se adquiera una participación a pesar de la oposición de las autoridadescompetentes, los Estados miembros, con independencia de cualquier otrasanción que pueda imponerse, dispondrán, bien la suspensión del ejercicio de
los correspondientes derechos de voto, bien la nulidad de los votos emitidos o
la posibilidad de anularlos.!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 15
Artículo 10
El Estado miembro de origen establecerá las normas prudenciales que deberá
observar, en todo momento, la empresa de inversión. Dichas normas
impondrán en particular la obligación de que la empresa de inversión:
— cuente con una buena organización administrativa y contable,
mecanismos de control y de seguridad en el ámbito informático, así
como con procedimientos de control interno adecuados, incluido en
particular un régimen de operaciones personales de los asalariados de laempresa;
— tome las medidas adecuadas en lo que se refiere a los valores
pertenecientes a los inversores a fin de proteger sus derechos de
propiedad, en particular en caso de insolvencia de la empresa, y evitar
que la empresa de inversión utilice por cuenta propia los valores de losinversores sin el consentimiento explícito de los mismos;
— tome las medidas adecuadas en lo que se refiere a los fondos
pertenecientes a los inversores a fin de proteger sus derechos, y evitar,
salvo en el caso de las entidades de crédito, que la empresa de inversiónutilice por cuenta propia los fondos de los inversores;
— tome las medidas necesarias para que el registro de las operaciones
realizadas permita, como mínimo, que las autoridades del Estado
miembro de origen puedan verificar el cumplimiento de las normas
prudenciales de cuya aplicación son responsables; dichos registrosdeberán conservarse durante el tiempo que determinen las autoridades
competentes;
— se estructure y organice a fin de reducir al máximo el riesgo de que los
posibles conflictos de intereses que surjan entre la empresa y susclientes, o entre los propios clientes, redunden en perjuicio de losintereses de éstos. No obstante, las modalidades de organización en caso
de creación de una sucursal no podrán resultar incompatibles con las
normas de conducta establecidas por el Estado miembro de acogida enmateria de conflictos de intereses.
Artículo 11
1. Los Estados miembros establecerán normas de conducta que las
empresas de inversión deberán observar en todo momento. Dichas normasdeberán imponer la ejecución, como mínimo, de los principios que seenuncian en los guiones que figuran a continuación y, en su aplicación, deberá
tenerse en cuenta el carácter profesional de la persona a la que se preste el
servicio. Los Estados miembros aplicarán también dichas normas, cuando seaconveniente, a los servicios auxiliares mencionados en la sección C del
Anexo. Estas normas obligarán a la empresa de inversión:
— a operar, en el ejercicio de su actividad, leal y equitativamente,
defendiendo al máximo los intereses de sus clientes y la integridad delmercado;
— a proceder con la competencia, el esmero y la diligencia debidos,
defendiendo al máximo los intereses de sus clientes y la integridad del
mercado;
— a poseer y utilizar con eficacia los recursos y los procedimientos
necesarios para llevar a buen término su actividad;
— a informarse de la situación financiera de sus clientes, su experiencia en
materia de inversiones y sus objetivos en lo que se refiere a los servicios
solicitados;
— a transmitir de forma adecuada la información que proceda en el marco
de las negociaciones con sus clientes;
— a esforzarse por evitar los conflictos de intereses y, cuando éstos no
puedan evitarse, a velar por que sus clientes reciban un trato equitativo;
— a ajustarse a todas las normativas aplicables al ejercicio de sus
actividades de forma que se fomenten al máximo los intereses de susclientes y la integridad del mercado.!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 16
2. Sin perjuicio de las decisiones que se adopten en el marco de una
armonización de las normas de conducta, la puesta en práctica y el control delcumplimiento de las mismas seguirán siendo competencia del Estadomiembro en el que se preste el servicio.
3. Cuando una empresa de inversión ejecute una orden, el criterio del
carácter profesional del inversor, para la aplicación de las normas
contempladas en el apartado 1, se apreciará con respecto al inversor que
originó la orden con independencia de que la orden sea transmitidadirectamente por el propio inversor o indirectamente a través de una empresade inversión que ofrezca el servicio contemplado en la letra a) del punto 1 de
la sección A del Anexo.
Artículo 13
Las disposiciones de la presente Directiva no impedirán que las empresas de
inversión autorizadas en otro Estado miembro hagan publicidad de sus
servicios por todos los medios de comunicación disponibles en el Estadomiembro de acogida, siempre que respeten las normas reguladoras de la forma
y el contenido de dicha publicidad que hayan sido adoptadas por razones de
interés general.
TÍTULO V
Libertades de establecimiento y de prestación de servicios
Artículo 14
1. Los Estados miembros velarán por que puedan prestarse en su territorio,
de conformidad con las disposiciones de los artículos 17, 18 y 19, los
servicios de inversión y los demás servicios enumerados en la sección C del
Anexo, tanto por medio del establecimiento de una sucursal como mediante laprestación de servicios, y ello por cualquier empresa de inversión autorizada ysupervisada por las autoridades competentes de otro Estado miembro con
arreglo a las disposiciones de la presente Directiva, siempre que la
autorización abarque dichos servicios.
La presente Directiva no afectará a las competencias de los Estados miembros
de acogida por lo que respecta a las participaciones en organismos deinversión colectiva que no entren en el ámbito de aplicación de la Directiva85/611/CEE (
1).
2. 2. Los Estados miembros no podrán condicionar el establecimiento de
sucursales o la prestación de servicios a que se refiere al apartado 1 a la
obligación de obtener autorización, ni a la de aportar un fondo de dotación, o
a cualquier otra medida de efecto equivalente.
3. Un Estado miembro podrá exigir que las operaciones relativas a los
servicios contemplados en el apartado 1 se efectúen en un mercado regulado,
cuando respondan al conjunto de los criterios siguientes:
— que el inversor resida habitualmente o esté establecido en dicho Estado
miembro;
— que la empresa de inversión efectúe la operación bien a través de un
establecimiento principal o de una sucursal situados en dicho Estadomiembro, bien en el marco de la libre prestación de servicios en dichoEstado miembro;
— que la operación se refiera a un instrumento negociado en un mercado
regulado de dicho Estado miembro.
4. Cuando un Estado miembro aplique el anterior apartado 3 deberá
otorgar a los inversores residentes habitualmente o establecidos en dichoEstado miembro el derecho de no observar la obligación impuesta en virtud
del apartado 3 y de hacer efectuar las transacciones a que se refiere el
apartado 3 fuera de los mercados regulados. Los Estados miembros podránsupeditar el ejercicio de dicho derecho a una autorización explícita, habida!B
(1)D O noL 375 de 31. 12. 1985, p. 3; Directiva modificada por última vez por la
Directiva 88/220/CEE (DO noL 100 de 19. 4. 1988, p. 31).!M2
!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 17
cuenta de las distintas necesidades de los inversores en materia de protección
y, en particular, de la capacidad de los inversores profesionales einstitucionales de actuar lo mejor posible en favor de sus intereses. Encualquier caso, dicha autorización deberá poder concederse en unas
condiciones que no impidan la rápida ejecución de las órdenes del inversor.
5. La Comisión presentará un informe sobre el funcionamiento de las
disposiciones que figuran en los apartados 3 y 4 a más tardar el 31 de
diciembre de 1998 y, si lo considera pertinente, propondrá las modificacionesque deben introducirse en ellas.
Artículo 15
1. Sin perjuicio del ejercicio de las libertades de establecimiento y de
prestación de servicios contempladas en el artículo 14, los Estados miembros
de acogida velarán por que las empresas de inversión autorizadas por lasautoridades competentes de su Estado miembro de origen a prestar losservicios mencionados en los puntos 1 b) y 2 de la sección A del Anexo
puedan tener acceso o hacerse miembros, directa o indirectamente, de los
mercados regulados de los Estados miembros de acogida, siempre que losservicios prestados sean similares, y, asimismo, velarán por que puedan teneracceso o hacerse miembros de los sistemas de compensación y liquidación allí
existentes para uso de los miembros de los mercados regulados.
Los Estados miembros derogarán cualesquiera reglamentos o leyes nacionales
o estatutos de mercados regulados que limiten el número de personasadmitidas. Cuando, debido a su estructura jurídica o su capacidad técnica, elacceso a un mercado regulado sea limitado, los Estados miembros velarán por
que dicha estructura y dicha capacidad vayan adaptándose de forma regular.
2. La condición de miembro de un mercado regulado o el acceso al mismo
implica el cumplimiento de las exigencias de adecuación del capital por parte
de las empresas de inversión y el control de dicho cumplimiento por parte delEstado miembro de origen, de conformidad con la Directiva 93/6/CEE.
Los Estados miembros de acogida sólo estarán facultados para imponer
requisitos adicionales en materia de capital en los ámbitos no cubiertos por
dicha Directiva.
El acceso a un mercado regulado, la admisión como miembro y el
mantenimiento de ambas prerrogativas estarán supeditados al cumplimiento
de las normas de dicho mercado regulado en lo que respecta a la constitucióny administración del mercado regulado y al cumplimiento de las normas
relativas a las operaciones de dicho mercado, las normas profesionales
impuestas al personal que trabaja en ese mercado o en conexión con él y lasnormas y procedimientos de los sistemas de compensación y liquidación. Lasnormas de desarrollo de dichas normas y procedimientos podrán adaptarse de
modo adecuado, especialmente para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que de ellos se derivan, aunque velando por que se respete lodispuesto en el artículo 28.
3. Con objeto de cumplir con la obligación establecida en el apartado 1,
los Estados miembros de acogida deberán dar a las empresas de inversión
contempladas en dicho apartado la opción de hacerse miembros de sus
mercados regulados o de tener acceso a ellos:
— bien directamente, mediante la creación de una sucursal en el Estado
miembro de acogida, o
— bien de forma indirecta, mediante la creación de una filial en el Estado
miembro de acogida o la adquisición de alguna empresa existente en elEstado de acogida que ya sea miembro o que tenga acceso a dichos
mercados.
No obstante, los Estados miembros que apliquen, en el momento de la
adopción de la presente Directiva, una legislación que sólo autorice a las
entidades de crédito a ser miembros de un mercado regulado o a acceder almismo por mediación de una filial especializada, podrán seguir aplicandohasta el 31 de diciembre de 1996 esta misma obligación de manera no
discriminatoria a las entidades de crédito originarias de otros Estados
miembros para el acceso a dicho mercado regulado.!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 18
El Reino de España, la República Helénica y la República Portuguesa podrán
prolongar este período hasta el 31 de diciembre de 1999. Un año antes dedicha fecha, la Comisión elaborará un informe teniendo en cuenta laexperiencia adquirida en la aplicación del presente artículo y, si procede,
presentará una propuesta. El Consejo, pronunciándose por mayoría cualifi-
cada sobre dicha propuesta, podrá decidir la revisión de este régimen.
4. Salvo lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 cuando, para operar en un
mercado regulado del Estado miembro de acogida, no se exija como requisito
la presencia física, las empresas de inversión a que se refiere el apartado 1podrán adquirir la calidad de miembros o acceder en las mismas condiciones,sin tener un establecimiento en el Estado miembro de acogida. Para permitir
que sus empresas de inversión sean miembros o admitidas en un mercado
regulado de un Estado miembro de acogida con areglo al presente apartado,los Estados miembros de origen permitirán a los mercados regulados delEstado miembro de acogida establecer en aquellos las instalaciones
apropiadas.
5. Las disposiciones del presente artículo no afectarán a la facultad de los
Estados miembros de autorizar o prohibir la creación de nuevos mercados en
su territorio.
6. El presente artículo no afectará:— en la República Federal de Alemania, a la normativa que regula la
actividad de «Kursmakler»;
— en los Países Bajos, la normativa que regula la actividad de «hoekman».
Artículo 16
A efectos del reconocimiento mutuo y de la aplicación de la presente
Directiva, cada Estado miembro elaborará la lista de mercados regulados de
acuerdo con su legislación respecto a los cuales sea Estado de origen y
comunicará dicha lista, a efectos de información, a los demás Estadosmiembros y a la Comisión, así como las normas de organización y de
funcionamiento de dichos mercados regulados. Se comunicará de la misma
forma toda modificación de la lista o de las normas anteriormentemencionadas. Al menos una vez al año, la Comisión publicará en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas las listas de los mercados regulados y
sus actualizaciones.
Antes del 31 de diciembre de 1996, la Comisión hará un informe sobre los
datos así recibidos y, en su caso, propondrá modificaciones de la definición de
mercado regulado a efectos de la presente Directiva.
Artículo 17
1. Además de cumplir las condiciones que se establecen en el artículo 3,
toda empresa de inversión que desee establecer una sucursal en el territorio deotro Estado miembro deberá notificarlo a las autoridades competentes delEstado miembro de origen.
2. Los Estados miembros exigirán que toda empresa de inversión que
desee establecer una sucursal en otro Estado miembro adjunte a lanotificación a que se refiere el apartado 1 los siguientes datos:
a) el Estado miembro en cuyo territorio se proponga establecer la sucursal;
b) un plan de actuación en el que se determinen, entre otros aspectos, el
tipo de actividad que se desee ejercer y la estructura organizativa de la
sucursal;
c) la dirección en el Estado miembro de acogida en la que se le puedan
solicitar documentos;
d) los nombres de los directivos de la sucursal.
3. Salvo que tengan razones para dudar de la idoneidad de la estructura
administrativa o de la situación financiera de la empresa de inversión, habida
cuenta de las actividades que ésta se proponga ejercer, las autoridades
competentes del Estado miembro de origen transmitirán a las autoridadescompetentes del Estado miembro de acogida la información contemplada enel apartado 2, en un plazo de tres meses a partir de la recepción del total de
dicha información, e informarán de ello a la empresa de inversión de que se
trate.!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 19
Además, comunicarán datos pormenorizados sobre cualquier sistema de
garantía cuyo objeto sea asegurar la protección de los inversores de lasucursal.
En el caso de que las autoridades competentes del Estado miembro de origen
se nieguen a transmitir a las autoridades competentes del Estado miembro deacogida la información contemplada en el apartado 2, comunicarán las
razones de la negativa a la empresa de inversión de que se trate, en el plazo de
tres meses a partir de la recepción de la totalidad de la información. Lanegativa o la ausencia de respuesta podrá ser objeto de recurso judicial en elEstado miembro de origen.
4. Antes de que la sucursal de una empresa de inversión comience a
ejercer su actividad, las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida dispondrán de dos meses, a partir de la recepción de la información a
que se refiere el apartado 3, para organizar la supervisión de la empresa deinversión conforme a lo dispuesto en el artículo 19 y para indicar, en su caso,
las condiciones, incluidas las reglas de conducta, que deberán presidir por
razones de interés general el ejercicio de dichas actividades en el Estadomiembro de acogida.
5. A partir de la recepción de una comunicación de las autoridades
competentes del Estado miembro de acogida, o en el caso de que, transcurridoel plazo previsto en el apartado 4, no se haya recibido comunicación alguna,
la sucursal podrá establecerse y comenzar a ejercer su actividad.
6. En caso de modificación de alguno de los datos comunicados con
arreglo a las letras b), c) o d) del apartado 2, la empresa de inversión
notificará por escrito dicha modificación a las autoridades competentes delEstado miembro de origen y del Estado miembro de acogida, como mínimoun mes antes de llevarla a efecto, para que las autoridades competentes del
Estado miembro de origen puedan pronunciarse sobre dicha modificación con
arreglo al apartado 3, y las autoridades competentes del Estado miembro deacogida, con arreglo al apartado 4.
7. En caso de modificación de los datos comunicados con arreglo al
párrafo segundo del apartado 3, las autoridades del Estado miembro de origen
informarán de ello a las autoridades del Estado miembro de acogida.
Artículo 18
1. Toda empresa de inversión que desee ejercer por primera vez su
actividad en el territorio de otro Estado miembro al amparo de la libre
prestación de servicios, notificará a las autoridades competentes del Estado
miembro de origen:
— el Estado miembro en el que tenga previsto operar;
— un programa de actividad en el que se indique, en particular, qué
servicio o servicios de inversión se propone prestar.
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen remitirán a
las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la notificación a
que se refiere el apartado 1 en el plazo de un mes a partir de la recepción de lamisma. Seguidamente la empresa de inversión podrá empezar a prestar en el
Estado miembro de acogida el servicio o servicios de inversión de que se
trate.
Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida indicarán a la
empresa de inversión, si procede, una vez recibida la notificación a que serefiere el apartado 1, las condiciones, incluidas las normas de conducta, quedeben cumplir los prestadores de los servicios de inversión de que se trate en
el Estado miembro de acogida, por razones de interés general.
3. En caso de modificación del contenido de la información notificada de
conformidad con el segundo guión del apartado 1 la empresa de inversión
notificará por escrito esta modificación a las autoridades competentes delEstado miembro de origen y del Estado miembro de acogida antes de efectuarel cambio, para que las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida puedan, en su caso, indicar a la empresa cualquier cambio o
complemento relativo a la información comunicada con arreglo al apartado 2.!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 20
Artículo 19
1. Los Estados miembros de acogida podrán exigir, con fines estadísticos,
que todas las empresas de inversión que cuenten con sucursales en su
territorio informen periódicamente a las correspondientes autoridadescompetentes sobre las operaciones que hayan desarrollado en dicho territorio.
Para el ejercicio de las responsabilidades que les incumben en la conducción
de la política monetaria y sin perjuicio de las medidas que sean necesarias
para reforzar el Sistema Monetario Europeo, los Estados miembros de
acogida podrán exigir en su territorio que todas las sucursales de empresas deinversión originarias de otros Estados miembros suministren la información
que, con este fin, exigen a las empresas de inversión nacionales.
2. Para el ejercicio de las responsabilidades que les corresponden con
arreglo a la presente Directiva, los Estados miembros de acogida podránexigir a las sucursales de las empresas de inversión la misma información queexigen, para este fin, a las empresas nacionales.
Los Estados miembros de acogida podrán exigir a las empresas de inversión
que operen en libre prestación de servicios sobre su territorio la información
que sea necesaria para controlar el cumplimiento por parte de estas empresasde las normas de los Estados miembros de acogida que les sean aplicables, sin
que estas exigencias puedan sobrepasar las que estos mismos Estados
miembros imponen, para controlar el cumplimiento de esas mismas normas, alas empresas establecidas.
3. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de acogida
comprueben que una empresa de inversión que tenga una sucursal o preste
servicios en su territorio no cumple las disposiciones legales o reglamentarias
adoptadas en dicho Estado en aplicación de las disposiciones de la presenteDirectiva que confieren facultades a las autoridades competentes del Estadomiembro de acogida, exigirán a la empresa de inversión de que se trate que
ponga fin a la situación de irregularidad.
4. Si la empresa de inversión no adoptara las medidas oportunas, las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán de ello alas autoridades competentes del Estado miembro de origen. Éstas tomarán, en
el más breve plazo posible, todas las medidas necesarias para que la empresa
de inversión de que se trate ponga fin a la situación de irregularidad. Lasautoridades competentes del Estado miembro de acogida deberán serinformadas sobre la naturaleza de las medidas adoptadas.
5. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado miembro de origen, o
debido a que estas medidas resultan inadecuadas o no están previstas en dicho
Estado, la empresa de inversión continuare violando las disposiciones legales,reglamentarias y administrativas contempladas en el apartado 3, vigentes en el
Estado miembro de acogida, este último, tras informar a las autoridades
competentes del Estado miembro de origen, podrá tomar las medidasoportunas a fin de evitar o sancionar nuevas irregularidades y, en la medida enque sea necesario, prohibir a la empresa de inversión efectuar nuevas
operaciones en su territorio. Los Estados miembros velarán por que en su
territorio sea posible notificar a las empresas de inversión los documentoslegales necesarios para la adopción de tales medidas.
6. Las disposiciones precedentes no afectarán a la facultad de los Estados
miembros de acogida de tomar las medidas oportunas a fin de prevenir o
sancionar en su territorio, los actos que sean contrarios a las normas de
conducta adoptadas en aplicación del artículo 11 o a las demás disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas que hayan adoptado por razones de
interés general. Entre esas medidas se incluye la posibilidad de impedir que
las empresas infractoras efectúen nuevas operaciones en su territorio.
7. Toda medida adoptada en aplicación de lo dispuesto en los apartados 4,
5 y 6 que implique sanciones o restricciones a las actividades de una empresade inversión deberá ser debidamente motivada y comunicada a la empresa de
inversión afectada. Cada medida de este tipo podrá ser objeto de recurso
judicial en el Estado miembro cuyas autoridades la hayan adoptado.
8. Antes de aplicar el procedimiento previsto en los apartados 3, 4 y 5 las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán, ensituaciones de emergencia, adoptar las medidas preventivas que consideraren
necesarias para proteger los intereses de los inversores u otros destinatarios de
los servicios. Tanto la Comisión como las autoridades competentes de los!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 21
demás Estados miembros afectados deberán ser informados de dichas
medidas con la mayor brevedad posible. La Comisión podrá decidir, previaconsulta con las autoridades competentes de los Estados miembros afectados,que el Estado miembro de que se trate modifique o anule tales medidas.
9. Si la autorización fuere retirada, se informará de ello a las autoridades
competentes del Estado miembro de acogida, que tomarán las medidas
oportunas a fin de evitar que la empresa de inversión afectada inicie nuevas
operaciones en su territorio y de salvaguardar los intereses de los inversores.Cada dos años, la Comisión presentará un informe sobre estos casos a un
Comité que se constituirá con posterioridad en el ámbito de los valores
negociables.
10. Los Estados miembros informarán a la Comisión del número y
naturaleza de aquellos casos en que se hayan producido negativas, en virtudde lo dispuesto en el artículo 17, o se hayan adoptado medidas de acuerdo conlo previsto en el apartado 5. Cada dos años, la Comisión presentará un
informe sobre estos casos a un Comité que se constituirá con posterioridad en
el ámbito de los valores negociables.
Artículo 20
1. A fin de garantizar que las autoridades competentes en lo relativo al
mercado y a la supervisión puedan disponer de la información necesaria parael ejercicio de sus cometidos, los Estados miembros de origen exigirán por lo
menos:
a) sin perjuicio de las disposiciones tomadas en aplicación del artículo 10
que las empresas de inversión conserven a disposición de lasautoridades durante cinco años como mínimo los datos pertinentesacerca de las operaciones relativas a los servicios mencionados en el
apartado 1 del artículo 14 que hayan efectuado sobre instrumentos
negociados en un mercado regulado, con independencia de que dichasoperaciones se hayan realizado en un mercado regulado o no;
b) que las empresas de inversión declaren a una autoridad competente del
Estado miembro de origen todas las operaciones mencionadas en la letra
a), cuando dichas operaciones se refieran a:
— acciones u otros instrumentos que den acceso al capital;
— obligaciones u otros instrumentos equivalentes a obligaciones;— contratos a plazo normalizados referentes a acciones;— opciones normalizadas referentes a acciones.
Esta declaración deberá estar a disposición de la autoridad lo antes posible, en
un plazo que fijará la autoridad. Dicho plazo podrá ampliarse hasta el finaldel siguiente día laborable cuando así lo dicten motivos de índole práctica o
de funcionamiento, pero en ningún caso rebasará dicho límite.
La declaración deberá incluir, en particular, el nombre y el número de los
instrumentos comprados o vendidos, la fecha y la hora de la operación, los
precios de la operación y la posibilidad de identificar a la empresa deinversión.
Los Estados miembros de origen podrán disponer que el requisito establecido
en la letra presente del anterior apartado 1 únicamente se aplicará, en lo que
se refiere a las obligaciones u otros instrumentos equivalentes, al conjunto de
operaciones que se refieran al mismo instrumento.
2. Cuando una empresa de inversión efectúe una operación en un mercado
regulado de un Estado miembro de acogida, el Estado miembro de origenpodrá renunciar a sus propios requisitos en materia de declaración cuando la
empresa de inversión esté sometida a requisitos equivalentes de declaración
sobre la misma operación por las autoridades de las que depende ese mercado.
3. Los Estados miembros establecerán que sea la empresa de inversión la
que realice las declaraciones contempladas en la letra b) del apartado 1, bienpor la propia empresa de inversión, o mediante un sistema de confrontaciónde las órdenes («trade matching system»), bien por mediación de las
autoridades de una bolsa de valores o de otro mercado regulado.
4. Los Estados miembros velarán por que la información disponible en
virtud del presente artículo también esté disponible para una correctaaplicación del artículo 23.!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 22
5. En el ámbito regulado por el presente artículo, cada Estado miembro
podrá, de manera no discriminatoria, adoptar o mantener disposiciones másestrictas por lo que se refiere al fondo y a la forma sobre la conservación ydeclaración de datos relativos a las operaciones:
— efectuadas en un mercado regulado para el que sea Estado miembro de
origen, o
— realizadas por las empresas de inversión para las que sea Estado
miembro de origen.
Artículo 21
1. A fin de permitir que los inversores evalúen en cualquier momento los
términos de una operación que se propongan efectuar y comprobar después
las condiciones de su ejecución, cada autoridad competente tomará, para cada
uno de los mercados regulados que haya incluido en la lista contemplada en elartículo 16 medidas para proporcionar a los inversores la información que citael apartado 2. De conformidad con las obligación que figuran en el apartado
2, las autoridades competentes fijarán la forma y el plazo exacto en que se
deba proporcionar la información, así como los medios por los que se pondráa disposición teniendo en cuenta la naturaleza, el volumen y las necesiades delmercado de que se trate, así como los inversores que operen en dicho
mercado.
2. Para cada instrumento, las autoridades competentes exigirán por lo
menos:
a) la publicación, al principio de cada jornada bursátil, del precio medio
ponderado, de los precios más alto y más bajo y del volumen negociadoen el mercado regulado en cuestión en el transcurso de toda la jornada
bursátil precedente;
b) además, para los mercados continuos basados en la confrontación de
órdenes y para los mercados dirigidos por precio, la publicación,
— al final de cada hora de funcionamiento del mercado, del precio
medio ponderado y del volumen negociado en el mercadoregulado en cuestión durante un período de funcionamiento de
seis horas que terminará de forma que, antes de la publicación,
haya un intervalo de dos horas de funcionamiento del mercado, y
— cada veinte minutos, del precio medio ponderado, del precio más
alto y del precio más bajo, en el mercado regulado en cuestión,
calculado en un período de funcionamiento de dos horas queterminará de forma que, antes de la publicación, haya un intervalo
de una hora de funcionamiento del mercado.
Cuando los inversores tengan previamente acceso a la información sobre los
precios y las cantidades en los que se pueden efectuar las operaciones:
i) la citada información deberá estar disponible en cualquier momento
durante las horas de funcionamiento del mercado;
ii) los términos anunciados para un precio y un volumen determinados
deberán ser los términos con los cuales el inversor pueda efectuar dichaoperación.
Las autoridades competentes podrán retrasar o suspender la publicación
cuando dicha acción se justifique por la existencia de condiciones de mercadoexcepcionales o incluso, en el caso de mercados de pequeña envergadura parapreservar el anonimato de empresas e inversores. Las autoridades competen-
tes podrán aplicar disposiciones especiales en los casos de operaciones
excepcionales de gran envergadura en relación al tamaño medio de lasoperaciones sobre el valor de que se trate en este mercado o en el caso devalores de escasa liquidez definidos de acuerdo con criterios objetivos y
publicados. Además, las autoridades competentes podrán aplicar disposicio-
nes más flexibles, por lo que respecta principalmente a los plazos depublicación, en lo relativo a las operaciones sobre obligaciones o instrumentossimilares.
3. En el ámbito regulado por el presente artículo, cada Estado miembro
podrá adoptar o mantener disposiciones más restrictivas o disposicionesadicionales sobre el fondo y la forma por lo que respecta a la información que
se facilitará a los inversores sobre las operaciones efectuadas en los mercados
regulados para los cuales sea el Estado de origen, siempre que dichas!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 23
disposiciones se apliquen independientemente de cual sea el Estado miembro
en donde esté situado el emisor del instrumento financiero o el Estadomiembro en cuyo mercado regulado se haya negociado por primera vez dichoinstrumento.
4. A más tardar el 31 de diciembre de 1997, la Comisión deberá informar
sobre la aplicación del presente artículo. El Consejo, a propuesta de la
Comisión y por mayoría cualificada, podrá decidir la modificación del
presente artículo.
TÍTULO VI
Autoridades responsables de la concesión de la autorización y de la
supervisión
Artículo 22
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes que
deban desempeñar las funciones previstas en la presente Directiva e
informarán de ello a la Comisión, indicando si existe reparto de competencias.
2. Las autoridades a que se refiere el apartado 1 deberán ser o bien
autoridades públicas o bien organismos reconocidos en el ordenamiento
jurídico nacional o por las autoridades públicas que hayan sido expresamentefacultadas para dicho fin por la legislación nacional.
3. Se dotará a dichas autoridades de las facultades necesarias para el
desempeño de su misión.
Artículo 23
1. Cuando existan varias autoridades competentes en un mismo Estado
miembro éstas colaborarán estrechamente para supervisar las actividades delas empresas de inversión que en él operen.
2. Los Estados miembros velarán por que se establezca dicha colaboración
entre las mencionadas autoridades competentes y las autoridades públicasresponsables de la supervisión de los mercados financieros, de las entidades
de crédito y otras instituciones financieras y de las empresas de seguros, en lo
que se refiere a las respectivas entidades por ellas supervisadas.
3. Cuando las empresas de inversión operen en régimen de prestación de
servicios o mediante el establecimiento de sucursales en uno o más Estados
miembros distintos del Estado miembro de origen, las autoridadescompetentes de todos los Estados miembros interesados colaboraránestrechamente para cumplir más eficazmente con sus respectivas responsa-
bilidades en los ámbitos cubiertos por la presente Directiva.
Dichas autoridades se proporcionarán previa solicitud, toda aquella
información relativa a la gestión y estructura de propiedad de dichas
empresas de inversión que pueda facilitar su supervisión y toda la informaciónque pueda facilitar el control de tales empresas. En particular, las autoridadesdel Estado miembro de origen cooperarán para garantizar que las autoridades
del Estado miembro de acogida obtengan la información a que se refiere el
apartado 2 del artículo 19.
Siempre que resulte necesario para ejercer sus facultades de control, las
autoridades competentes del Estado miembro de origen serán informadas, porlas autoridades competentes del Estado miembro de acogida, de cualquiermedida que implique sanciones para una empresa de inversión o restricciones
en las actividades de una empresa de inversión, y que haya sido adoptada por
el Estado miembro de acogida en aplicación del apartado 6 del artículo 19.
Artículo 24
1. El Estado miembro de acogida velará por que, cuando una empresa de
inversión autorizada en otro Estado miembro ejerza en el Estado miembro de
acogida su actividad a través de una sucursal, las autoridades competentes delEstado miembro de origen puedan realizar verificaciones in situ de la
información a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 23, por sí
mismas o a través de personas designadas a tal efecto, habiendo informadopreviamente a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 24
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen podrán
asimismo solicitar a las autoridades competentes del Estado miembro deacogida la realización de dicha verificación. Las autoridades que hayanrecibido tal solicitud deberán, en el ejercicio de sus competencias, obrar en
consecuencia, realizando ellas mismas la verificación, permitiendo que ésta
sea realizada por las autoridades que lo solicitaron o autorizando a un auditoro a un experto para que la lleve a cabo.
3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho que asiste a
las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida de realizar
verificaciones in situ de las sucursales establecidas en su territorio, en el
ejercicio de las competencias que se les asignan en la presente Directiva.
Artículo 25
1. Los Estados miembros dispondrán que todas aquellas personas que
estén o hayan estado al servicio de las autoridades competentes, así como losauditores o expertos que actúen en nombre de dichas autoridades, estén
sujetas al secreto profesional. Ello significará que ninguna información
confidencial que puedan recibir en el ejercicio de sus funciones podrá serdivulgada a persona o autoridad alguna, a no ser de forma genérica ocolectiva, de tal manera que no sea posible identificar a empresas de inversión
concretas, sin perjuicio de la responsabilidad penal.
No obstante, cuando una empresa de inversión haya sido declarada en quiebra
o esté en proceso de liquidación obligatoria decretada por un tribunal, todaaquella información confidencial que no ataña a terceros que tomen parte enlos intentos de salvar la empresa de inversión podrá ser divulgada en el curso
de procedimientos civiles o mercantiles.
2. El apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades competentes de
los diferentes Estados miembros realicen los intercambios de información
previstos en la presente y otras Directivas aplicables a las empresas deinversión. Dicha información estará sujeta al secreto profesional contemplado
en el apartado 1.
3. Los Estados miembros únicamente podrán celebrar acuerdos de
cooperación que prevean intercambios de información con las autoridades
competentes de países terceros si la información transmitida está sujeta agarantías de secreto profesional que sean como mínimo equivalentes a lasmencionadas en el presente artículo.
4. Las autoridades competentes que reciban información confidencial de
conformidad con los apartados 1 o 2 sólo podrán utilizarla en el ejercicio de
sus funciones:
— para verificar el cumplimiento de las condiciones que regulen el acceso
a la actividad de las empresas de inversión y facilitar el control, ya seaen base individual o consolidada, del ejercicio de dicha actividad,
especialmente en lo que respecta a las exigencias de adecuación del
capital establecidas en la Directiva 93/6/CEE, a la organizaciónadministrativa y contable y a los mecanismos de control interno; o
— para imponer sanciones; o— en caso de recurso administrativo contra una decisión de la autoridad
competente; o
— en procedimientos judiciales iniciados con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 26.
5. Los apartados 1 y 4 no serán óbice para el intercambio de información:a) dentro de un Estado miembro, cuando existan varias autoridades
competentes; o
b) dentro de un Estado miembro o entre Estados miembros, entre las
autoridades competentes, y
— las autoridades a quienes corresponda la función pública de
supervisión de entidades de crédito, de las demás instituciones
financieras y de las empresas de seguros, así como las autoridades
encargadas de la supervisión de los mercados financieros,
— los órganos responsables de la liquidación y la quiebra de las
empresas de inversión y de otros procedimientos similares, o!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 25
— las personas encargadas de la auditoría de las cuentas de las
empresas de inversión y de las demás entidades financieras,
en el desempeño de sus funciones de supervisión. Tampoco serán óbice
para que se transmita a los organismos que administran sistemas de
indemnización la información necesaria para el desempeño de sus
funciones. Dicha información estará sujeta al secreto profesional que secontempla en el apartado 1.
5bis.No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados miembros
podrán autorizar intercambios de información entre las autoridadescompetentes y
— las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que
participen en la liquidación y quiebra de las empresas de inversión yotros procedimientos similares; o
— las autoridades encargadas de la supervisión de las personas encargadas
del control legal de las cuentas de las empresas de seguros, las entidades
de crédito, las empresas de inversión y otras empresas de inversión.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el párrafo
primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las siguientescondiciones:
— la información se destinará a la realización de la misión de supervisión
establecida en el párrafo primero;
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1;
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta no podrá
divulgarse sin el acuerdo expreso de las autoridades competentes que
hayan comunicado dicha información y, en ese caso, exclusivamentecon la finalidad que estas autoridades hayan autorizado.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados
miembros la identidad de las autoridades que podrán recibir información con
arreglo al presente apartado.
5ter. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados miembros,
con el fin de reforzar la estabilidad del sistema financiero, incluida su
integridad, podrán autorizar el intercambio de información entre las
autoridades competentes y las autoridades y los órganos encargados en virtudde la legislación nacional de detectar las infracciones al derecho desociedades y de investigar dichas infracciones.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el párrafo
primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de las siguientescondiciones:
— la información se destinará a la realización de la misión establecida en
el párrafo primero;
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1;
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo podrá
ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridades competentes
que hayan comunicado dicha información y, en su caso, exclusivamente
con la finalidad que estas autoridades hayan autorizado.
Cuando, en un Estado miembro, las autoridades y los órganos a que se refiere
el párrafo primero realicen su misión de detección o investigación
recurriendo, dada su competencia específica, a personas con un mandato a
tal fin que no pertenezcan a la función pública, la posibilidad de intercambiarinformación prevista en el párrafo primero podrá ampliarse a estas personasen las condiciones expuestas en el párrafo segundo.
Para la aplicación del último guión del párrafo segundo, las autoridades y los
órganos a que se refiere el párrafo primero comunicarán a las autoridadescompetentes que hayan facilitado la información la identidad y el mandatopreciso de las personas a las que se transmitirá dicha información.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados
miembros la identidad de las autoridades y de los órganos que podrán recibir
información con arreglo al presente apartado.!B
!M11993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 26
La Comisión elaborará, antes del 31 de diciembre del año 2000, un informe
sobre la aplicación de las disposiciones del presente apartado.
6. Las disposiciones del presente artículo no obstarán para que una
autoridad competente transmita:
— a los bancos centrales y organismos de función similar en tanto que
autoridades monetarias y,
— en su caso, a otras autoridades públicas encargadas de la supervisión de
los sistemas de pago,
la información destinada al cumplimiento de su misión ni para que estas
autoridades u organismos comuniquen a las autoridades competentes la
información que precisen a los efectos del apartado 4. La informaciónrecibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contemplado enel presente artículo.
7. Lo dispuesto en el presente artículo no será obstáculo para que las
autoridades competentes comuniquen la información a que hacen referencialos apartados 1 a 4 a una cámara de compensación o a otro organismo similar
reconocido por el Derecho nacional para llevar a cabo servicios de
compensación o liquidación de los contratos en uno de los mercados delEstado miembro, en casos de que dichas autoridades consideren que talcomunicación resulta necesaria con objeto de garantizar el funcionamiento
regular de los organismos mencionados en relación con incumplimientos,
incluso potenciales, de quienes intervienen en dicho mercado. La informaciónque se reciba por ese concepto estará sujeta al secreto profesional a que serefiere el apartado 1. No obstante, los Estados miembros velarán por que la
información recibida con arreglo al apartado 2 no pueda divulgarse en el
supuesto contemplado en el presente apartado sin el consentimiento expresode las autoridades competentes que hayan divulgado la información.
8. Asimismo, y no obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 4, los Estados
miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales, la divulgaciónde determinada información a otros servicios de su administración central,responsables de la legislación en materia de supervisión de entidades de
crédito, instituciones financieras, empresas de inversión y empresas de
seguros, así como también a los inspectores que actúen en nombre de dichosservicios.
Ello no obstante, la información sólo podrá ser divulgada cuando resulte
necesario por razones de supervisión prudencial.
En cualquier caso, los Estados miembros dispondrán que la información
recibida en virtud de lo dispuesto en los apartados 2 y 5 y la obtenida en la
verificación in situ contemplada en el artículo 24 no sea nunca divulgada en
los casos previstos en el presente apartado, salvo con el consentimientoexpreso de las autoridades competentes que divulgaron la información o de
las autoridades competentes del Estado miembro en que tuvo lugar la
verificación in situ .
9. Si en el momento de la adopción de la presente Directiva un Estado
miembro ha previsto intercambios de información de una autoridad a otra a
efectos de control del incumplimiento de las leyes en materia de supervisiónprudencial, en materia de organización, funcionamiento y comportamiento delas sociedades comerciales y de las reglamentaciones de los mercados
financieros, dicho Estado miembro podrá seguir autorizando dicha trans-
misión hasta la coordinación del conjunto de las disposiciones que regulan elintercambio de información entre autoridades para todo el sector financiero y
en todo caso, a más tardar el 1 de julio de 1996.
No obstante, los Estados miembros velarán por que, cuando la información
proceda de otro Estado miembro, no pueda divulgarse en las condicionescontempladas en el párrafo anterior sin el consentimiento expreso de las
autoridades competentes que hayan divulgado dicha información y sólo pueda
utilizarse para los fines para los que dichas autoridades hayan dado suacuerdo.
El Consejo llevará a cabo la coordinación mencionada en el párrafo primero,
sobre la base de propuestas de la Comisión. El Consejo toma nota del hechode que la Comisión ha indicado que presentará propuestas a dicho efecto amás tardar el 31 de julio de 1993. El Consejo se pronunciará a la mayor
brevedad, siendo el objetivo que la normativa objeto de dichas propuestas sea
aplicable en la fecha de puesta en aplicación de la presente Directiva.!M1
!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 27
!M1
Artículo 25 bis
1. Los Estados miembros dispondrán, como mínimo que:
a) toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 84/253/CEE (1) que
ejerza en una empresa de inversión la función descrita en el artículo 51de la Directiva 78/660/CEE (
2), en el artículo 37 de la Directiva
83/349/CEE o en el artículo 31 de la Directiva 85/611/CEE o cualquier
otra función legal tendrá la obligación de señalar rápidamente a lasautoridades competentes cualquier hecho o decisión sobre dicha entidaddel que haya tenido conocimiento en el ejercicio de dicha función y que
pueda:
— constituir una violación del contenido de las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas que establecen las condiciones
de autorización o que regulan de manera específica el ejercicio de
la actividad de las empresas de inversión, o
— perjudicar la continuidad de la explotación de la empresa de
inversión, o
— implicar la denegación de la certificación de cuentas o la emisión
de reservas;
b) se impondrá la misma obligación a esa misma persona por lo que
respecta a los hechos y decisiones que llegara a conocer en el contextode una función como la descrita en la letra a) ejercida en una empresaque tenga un vínculo estrecho resultante de un vínculo de control con la
empresa de inversión en la que esta persona lleve a cabo la mencionada
función.
2. La divulgación de buena fe de hechos o decisiones mencionados en el
apartado 1 a las autoridades competentes, por parte de las personas
autorizadas con arreglo a la Directiva 84/253/CEE, no constituirá violaciónde las restricciones sobre divulgación de información impuesta por víacontractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa
ni implicará para dichas personas ningún tipo de responsabilidad.
Artículo 26
Los Estados miembros velarán por que las decisiones tomadas con respecto a
una empresa de inversión en virtud de las disposiciones legales, reglamen-tarias y administrativas adoptadas en aplicación de lo dispuesto en la presenteDirectiva puedan ser objeto de recurso judicial; lo anterior será igualmente de
aplicación cuando no haya recaído resolución, dentro del plazo de los seis
meses siguientes a la solicitud, sobre una petición de autorización quecontenga todos los elementos requeridos por las disposiciones vigentes.
Artículo 27
Sin perjuicio tanto de los procedimientos para la retirada de autorizaciones
como de las disposiciones de Derecho penal, los Estados miembros
dispondrán que sus respectivas autoridades competentes, en lo que se refierea las empresas de inversión que infrinjan las disposiciones legales,reglamentarias y administrativas relativas a la supervisión o al ejercicio de
sus actividades o a quienes ejerzan el control efectivo de las operaciones de
dichas empresas, puedan adoptar medidas o imponer sanciones orientadasespecíficamente a poner término a las infracciones observadas o con las
causas de éstas.
Artículo 28
Los Estados miembros velarán por que en la aplicación de las disposiciones
de la presente Directiva no se efectúe discriminación alguna.
(1)D O noL 126 de 12. 5. 1984, p. 20.
(2)D O noL 222 de 14. 8. 1978, p. 11. Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16. 11. 1990, p. 60).!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 28
TÍTULO VII
Disposiciones finales
Artículo 29
El Consejo, hasta tanto se adopte una Directiva que establezca las
disposiciones de adaptación de la presente Directiva al progreso técnico en
los sectores indicados a continuación y de conformidad con la Decisión87/373/CEE del Consejo (
1) adoptará por mayoría cualificada y a propuesta de
la Comisión, aquellas adaptaciones que puedan ser necesarias en lo relativo a:
— la ampliación del contenido de la lista que figura en la sección C del
Anexo;
— la adaptación de la terminología de las listas que figuran en el Anexo
con el fin de tener en cuenta la evolución de los mercados financieros;
— las materias en las cuales las autoridades competentes deban
intercambiarse información, según se enuncian en el artículo 23;
— la clarificación de las definiciones, con objeto de lograr que la
aplicación de la presente Directiva se haga de manera uniforme en todala Comunidad;
— la clarificación de las definiciones, con objeto de que en la aplicación
de la presente Directiva se tenga en cuenta la evolución de los mercados
financieros;
— la adaptación de la terminología y formulación de las definiciones en
función de posteriores medidas relativas a las empresas de inversión y
materias conexas;
— las demás tareas previstas en el apartado 5 del artículo 7.
Artículo 30
1. Las empresas de inversión que hayan recibido autorización en su Estado
miembro de origen para prestar servicios de inversión antes del 31 de
diciembre de 1995 se considerarán autorizadas a efectos de la presente
Directiva si la normativa del citado Estado ha subordinado su acceso a laactividad al cumplimiento de condiciones equivalentes a las establecidas en el
apartado 3 del artículo 3 y en el artículo 4.
2. Las empresas de inversión que el 31 de diciembre de 1995 estuviesen
operando, distintas de las empresas a que se refiere el apartado 1, podrán
seguir operando siempre que obtengan, en el plazo de un año a partir del 31 de
diciembre de 1996, con arreglo a las disposiciones del Estado miembro deorigen, la autorización para proseguir la actividad de conformidad con las
disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva.
La concesión de dicha autorización es indispensable para que estas empresas
puedan acogerse a las disposiciones de la presente Directiva en materia de
libertad de establecimiento y de prestación de servicios.
3. Cuando las empresas de inversión hayan iniciado sus actividades en
otros Estados miembros por medio de sucursales o en régimen de prestación
de servicios antes de la fecha de adopción de la presente Directiva, lasautoridades del Estado miembro de origen comunicarán entre el 1 de julio de
1995 y el 31 de diciembre de 1995 a las autoridades de cada uno de los demás
Estados miembros interesados, con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo17 y al artículo 18 y la lista de las empresas que cumplen las disposiciones dela presente Directiva que operan en dichos Estados miembros, e indicarán las
actividades que llevan a cabo.
4. Las personas físicas que en el momento de la adopción de la presente
Directiva estén autorizadas en un Estado miembro a ofrecer servicios de
inversión serán consideradas personas autorizadas con arreglo a la presenteDirectiva, siempre que cumplan las obligaciones que se citan en el segundoguión del párrafo segundo del punto 2 del artículo 1 y en los cuatro guiones
del párrafo tercero del punto 2 del artículo 1.!B
(1)D O noL 197 de 18. 7. 1987, p. 33.1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 29
Artículo 31
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente Directiva a más tardar el 1 de julio de 1995.
Dichas disposiciones entrarán en vigor, a más tardar, el 31 de diciembre de
1995. Los Estados miembros informarán de ello inmediatamente a la
Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a que se refiere el
párrafo primero 1, éstas harán referencia a la presente Directiva o iránacompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 32
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.!B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 30
ANEXO
SECCIÓN A
Servicios
1. a) Recepción y transmisión de órdenes, por cuenta de los inversores, en
relación con uno o varios instrumentos de la sección B.
b) Ejecución de dichas órdenes por cuenta de terceros.
2. Negociación por cuenta propia de cualquier instrumento de la sección B.3. Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los
mandatos conferidos por los inversores, siempre que dichas carteras incluyanuno o varios instrumentos de la sección B.
4. Aseguramiento en relación con las emisiones de todos o de parte de los
instrumentos a que se refiere la sección B y/o colocación de tales emisiones.
SECCIÓN B
Instrumentos
1. a) Valores negociables.
b) Participaciones de un organismo de inversión colectiva.
2. Instrumentos de mercado monetario.3. Los contratos financieros a plazo (futuros), incluidos los instrumentos
equivalentes que requieran pago en efectivo.
4. Los contratos a plazo sobre tipos de interés (FRA).
5. Los contratos de permuta (swaps) sobre tipos de interés, sobre divisas o los
contratos de intercambios ligados a acciones o a un índice sobre acciones(«equity swaps»).
6. Opciones destinadas a la compra o venta de cualquiera de los
instrumentos que se contemplan en la presente sección del Anexo,incluidos los instrumentos equivalentes que requieran pago en efectivo.Concretamente, se incluyen en esta categoría las opciones sobre divisas
y sobre tipos de interés.
SECCIÓN C
Servicios auxiliares
1. Custodia y administración de uno o varios instrumentos de la sección B.
2. Alquiler de cajas de seguridad.3. Concesión de créditos o de préstamos a inversores para que puedan realizar una
operación sobre uno o más instrumentos de la sección B, operación en la quedebe intervenir la empresa que concede el crédito o el préstamo.
4. Asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y
cuestiones afines y asesoramiento y servicios en relación con las fusiones y laadquisición de empresas.
5. Servicios relacionados con las operaciones de aseguramiento.
6. Asesoramiento sobre inversión acerca de uno o varios instrumentos de la
sección B.
7. Servicio de cambio cuando dicho servicio esté relacionado con la prestación de
servicios de inversión.!
B1993L0022 — ES — 26.09.1998 — 002.001 — 31