2010D0320 — ES — 29.04.2011 — 003.001

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DECISIÓN DEL CONSEJO

de 8 de junio de 2010

dirigida a Grecia, con objeto de reforzar y profundizar la supervisión presupuestaria y de formular una advertencia a Grecia a fin de que adopte las medidas para la reducción del déficit, considerada necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo

(2010/320/UE)

Según las previsiones del otoño de 2009 de los servicios de la Comisión, en las que se basaba la advertencia inicial dirigida a Grecia, el PIB se contraería un 0,25 % en 2010, recuperándose a partir de 2011, año para el que se auguraba un crecimiento económico del 0,7 %. Ahora se espera una brusca caída del PIB real para 2010, seguida de una nueva contracción en 2011. A partir de entonces, el crecimiento se reanudaría gradualmente. Este acusado empeoramiento de la situación económica lleva aparejado un deterioro de las perspectivas para las finanzas públicas, en el supuesto de que la política económica no varíe. A ello debe añadirse la revisión al alza del déficit público para 2009 (desde el 12,7 % del PIB estimado en el momento de la Decisión del Consejo en virtud del artículo 126, apartado 9, hasta el 13,6 % del PIB, según la notificación presupuestaria presentada por Grecia el 1 de abril de 2010), con el riesgo de una nueva revisión al alza (comprendida entre el 0,3 % y el 0,5 % del PIB) tras la finalización de las investigaciones que Eurostat está llevando a cabo con las autoridades estadísticas griegas ( 2 ). Por último, la inquietud reinante en los mercados ante las perspectivas de las finanzas públicas ha provocado una brusca subida de las primas de riesgo de la deuda pública, lo que acentúa las dificultades a la hora de controlar la trayectoria de la deuda y el déficit públicos. Según la evaluación preliminar realizada por la Comisión en marzo de 2010, Grecia estaba ejecutando las medidas presupuestarias solicitadas, destinadas a asegurar la consecución del objetivo de déficit previsto para 2010. No obstante, debido al cambio repentino de la situación económica esas medidas ya no pueden considerarse válidas. La amenaza inmediata para la solvencia del Estado requiere una actuación aún más drástica durante el presente año. Al mismo tiempo, la intensidad de la contracción de la economía que cabe esperar hace ahora inviable la senda de reducción del déficit prevista inicialmente. Puede considerarse que han aparecido en Grecia factores económicos adversos e inesperados que tienen importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública, por lo que se justifica la adopción de una recomendación revisada con arreglo al artículo 136 y al artículo 126, apartado 9, del TFUE.

Artículo 1

1. Las autoridades griegas deberán poner fin a su actual situación de déficit excesivo lo más rápidamente posible y, a más tardar, en 2014.

2. La senda del ajuste presupuestario para la corrección del déficit excesivo tendrá como objetivo impedir que el déficit de las administraciones públicas sobrepase la cifra de 18 508 millones EUR (8,0 % del PIB) en 2010, 17 065 millones EUR (7,6 % del PIB) en 2011, 14 916 millones EUR (6,5 % del PIB) en 2012, 11 399 millones EUR (4,9 % del PIB) en 2013 y 6 385 millones EUR (2,6 % del PIB) en 2014. Para ello, deberá lograrse una mejora del saldo estructural de al menos el 10 % del PIB durante el período 2009-2014.

3. La senda de ajuste a que se refiere el apartado 2 exige que la variación anual de la deuda bruta consolidada de las administraciones públicas no sobrepase la cifra de 34 058 millones EUR en 2010, 17 365 millones EUR en 2011, 15 016 millones EUR en 2012, 11 599 millones EUR en 2013 y 7 885 millones EUR en 2014. ►M2 Partiendo de las previsiones del PIB de noviembre de 2010, la senda correspondiente del ratio deuda/PIB no rebasará el 143 % en 2010, el 153 % en 2011, el 157 % en 2012, el 158 % en 2013 y el 156 % en 2014. ◄

Artículo 2

1. Grecia deberá adoptar las siguientes medidas antes de que finalice junio de 2010:

2. Grecia deberá adoptar las siguientes medidas para finales de septiembre de 2010:

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h) Un plan de acción para mejorar la recogida y el tratamiento de los datos de las administraciones públicas, en particular reforzando los mecanismos de control de las autoridades estadísticas y de la Oficina General de Contabilidad, y velando por una efectiva responsabilidad personal, en los casos de mala comunicación de datos, a fin de garantizar el puntual suministro de datos de gran calidad sobre las administraciones públicas, conforme a los Reglamentos (CE) no 2223/96 ( 4 ), (CE) no 264/2000 ( 5 ), (CE) no 1221/2002 ( 6 ), (CE) no 501/2004 ( 7 ), (CE) no 1222/2004 ( 8 ), (CE) no 1161/2005 ( 9 ), (CE) no 223/2009 ( 10 ) y (CE) no 479/2009 ( 11 ).