1980L0723 — ES — 01.10.1993 — 001.001 — 1
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►B DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
de 25 de junio de 1980
relativaalatransparenciadelasrelacionesfinancierasentrelosEstadosmiembrosylasempresas
públicas
(80/723/CEE)
(DO L 195 de 29.7.1980, p. 35)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 85/413/CEE de la Comisión de 24 de julio de 1985 L 229 20 28.8.1985
►M2Directiva 93/84/CEE de la Comisión de 30 de septiembre de 1993 L 254 16 12.10.1993
NB: Esta versión consolidada contiene referencias a la unidad de cuenta europea y/o al ecu que a partir del 1 de enero de 1999
deberán entenderse como referencias al euro — Reglamento (CEE) no3308/80 del Consejo (DO L 345 de 20.12.1980, p. 1)
y Reglamento (CE) no1103/97 del Consejo (DO L 162 de 19.6.1997, p. 1).
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DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
de 25 de junio de 1980
relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los
Estados miembros y las empresas públicas
(80/723/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 90,
Considerando el importante papel que las empresas públicas desem-
peñan en la economía nacional de los Estados miembros;
Considerando que, dado que el Tratado CEE no prejuzga en modo
alguno el régimen de propiedad en los Estados miembros, debe quedargarantizada la igualdad de trato entre las empresas públicas y lasempresas privadas;
Considerando que, en virtud del Tratado CEE, la Comisión tiene el
deber de garantizar que los Estados miembros no conceden a lasempresas, tanto públicas como privadas, ayudas incompatibles con elmercado común;
Considerando, sin embargo, que la complejidad de las relaciones finan-
cieras de los poderes públicos nacionales con las empresas públicaspuede entorpecer el cumplimiento de esta tarea;
Considerando además que la aplicación eficaz y equitativa a las
empresas públicas y privadas de las normas del Tratado CEE relativas alas ayudas sólo puede llevarse a cabo si esas relaciones financieras sehacen transparentes;
Considerando por añadidura que en materia de empresas públicas esta
transparencia debe permitir que se diferencie claramente el papel delEstado como poder público y como propietario;
Considerando que el primer apartado del artículo 90 impone obliga-
ciones a los Estados miembros en lo que se refiere a las empresaspúblicas; que el tercer apartado de ese mismo artículo impone a laComisión velar por el respeto de dichas obligaciones y le proporcionalos medios necesarios para ello; que la definición de las condiciones queresponden a la necesidad de transparencia a que se alude más arriba seinscribe en ese marco;
Considerando que conviene precisar lo que se entiende por «poderes
públicos» y «empresas públicas»;
Considerando que los poderes públicos pueden ejercer una influencia
dominante sobre el comportamiento de las empresas públicas, no sóloen el caso de que sean propietarios o posean una participación mayori-taria en dichas empresas, sino también debido a los poderes que poseanen sus órganos de gestión o de vigilancia, bien por sus estatutos, bienpor el reparto de las acciones;
Considerando que la puesta a disposición de los fondos públicos para
las empresas públicas puede hacerse tanto directa como indirectamente;que conviene, por tanto, que se garantice la transparencia independien-temente de las modalidades según las cuales se efectúa la puesta adisposición de los fondos públicos; que llegado el caso, conviene garan-tizar un conocimiento adecuado de las motivaciones de esa puesta adisposición y de su utilización efectiva;
Considerando que los Estados miembros, mediante sus empresas
públicas, pueden perseguir objetivos distintos de los comerciales; que,en algunos casos, dichas empresas públicas obtienen del Estado unacompensación de las cargas que asumen por ese hecho; que también hayque garantizar la transparencia de las compensaciones;
Considerando que hay que prever exclusiones tanto sectoriales como
cuantitativas; que, en efecto, hay que excluir determinados sectores queno pertenezcan al ámbito competitivo o que ya han sido objeto de
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disposiciones comunitarias particulares que garanticen una transparencia
adecuada, determinados sectores cuya índole particular justifica quesean objeto de disposiciones específicas, así como las empresas públicascuya escasa importancia económica no justifica las cargas administra-tivas que pudieran derivarse de las medidas que hubiera que adoptar;
Considerando que la presente Directiva no prejuzga la aplicación de
otras disposiciones del Tratado CEE, en particular, el apartado 2 de suartículo 90 y sus artículos 93 y 223;
Considerando que tratándose de empresas cuyas actividades se desarro-
llan en competencia con las actividades de otras empresas, convienegarantizar el secreto profesional sobre las informaciones obtenidas;
Considerando que la aplicación de la presente Directiva debe hacerse en
estrecha colaboración con los Estados miembros y que, basándose en laexperiencia adquirida, convendrá, llegado el caso, proceder a una revi-sión de la misma,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
Los Estados miembros garantizarán, en las condiciones previstas por la
presente Directiva, la transparencia de las relaciones financieras entrelos poderes públicos y las empresas públicas, poniendo de relieve:
a) las puestas a disposición de fondos públicos efectuadas directamente
por los poderes públicos a las empresas públicas de que se trate;
b) las puestas a disposición de fondos públicos efectuadas por los
poderes públicos por mediación de empresas públicas o institucionesfinancieras;
c) la utilización efectiva de esos fondos públicos.
Artículo 2
Con arreglo a la presente Directiva, se entiende por:
— poderes públicos:
el Estado, así como otras colectividades territoriales,
— empresa pública:
cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer,
directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de lapropiedad, de la participación financiera o de las normas que larigen.
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— empresas públicas que operan en el sector manufacturero":
todas las empresas cuya principal área de actividad, definida como
aquella que representa al menos el 50 % de su volumen de negociosglobal anual, sean las manufacturas. Estas empresas son aquellascuyas operaciones corresponden a la Secció n D — Industria manu-
facturera (de la subsección DA hast a — e inclusive — la subsección
DN) de la clasificación NACE (Rev. 1) (
1).
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Se presume que hay influencia dominante cuando los poderes públicos,
directa o indirectamente, y respecto de la empresa;
a) poseen la mayoría del capital suscrito de la empresa,
o
b) disponen de la mayoría de los votos inherentes a las participaciones
emitidas por la empresa,
(1)D OnoL 83 de 3. 4. 1993, p. 1.
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o
c) pueden designar a más de la mitad de los miembros del órgano de
administración, de dirección o de vigilancia de la empresa.
Artículo 3
Las relaciones financieras entre los poderes públicos y las empresas
públicas cuya transparencia ha de quedar garantizada de acuerdo con elartículo 1 son, en particular:
a) la compensación de las pérdidas de explotación,
b) las aportaciones en capital o en dotación,
c) las aportaciones a fondo perdido o los préstamos en condiciones
privilegiadas,
d) la concesión de ventajas financieras en forma de no percepción de
beneficios o de no recuperación de créditos,
e) la renuncia a una remuneración normal de los fondos públicos
comprometidos,
f) la compensación de las cargas impuestas por los poderes públicos.
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Artículo 4
La presente Directiva no afecta a las relaciones financieras entre los
poderes públicos y
a) las empresas públicas, en lo que se refiere a las prestaciones de
servicios que no puedan afectar de modo sensible a los intercambiosentre los Estados miembros;
b) los bancos centrales y el Instituto Monetario Luxemburgués;
c) las entidades públicas de crédito en lo que se refiere a los depósitos
por los poderes públicos de fondos públicos en las condicionesnormales del mercado;
d) las empresas públicas cuyo volumen de negocios antes de impuestos
no haya alcanzado un total de 40 millones de ECUS durante los dosejercicios anuales anteriores al de la puesta a disposición o utiliza-ción de los recursos a que se refiere el artículo 1. Sin embargo, porlo que se refiere a las entidades públicas de crédito, este límite seráde 800 millones de ECUS del total del balance.
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Artículo 5
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que
los datos relativos a las relaciones financieras mencionadas en el artí-culo 1 permanezcan a disposición de la Comisión durante cinco añosdesde el final del ejercicio anual durante el cual los fondos públicoshayan sido puestos a disposición de las empresas públicas de que setrate.
No obstante, cuando los fondos públicos sean utilizados durante un
ejercicio ulterior, el plazo de cinco años empezaráa contar a partir delfinal de ese mismo ejercicio.
2. A petición de la Comisión y en caso de que ésta lo estime
necesario, los Estados miembros le transmitirán los datos mencionadosen el apartado 1, así como los elementos de apreciación que fuesennecesarios y en particular, los objetivos que se persiguen.
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Artículo 5 bis
1. Los Estados miembros con empresas públicas que operen en el
sector manufacturero facilitarán, con carácter anual a la Comisión, lainformación financiera contemplada en el apartado 2, en el plazo esta-blecido en el apartado 4.
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2. La información financiera exigida con respecto a cada una de las
empresas públicas del sector manufacturero y de conformidad con elapartado 3 serála siguiente:
i) la memoria anual y las cuentas anuales, según la definición que
consta en la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo (
1). Las
cuentas anuales y la memoria anual incluirán el balance y la cuentade resultados, las notas explicativas, junto con las reglas contablesparticulares de la empresa, las declaraciones de los consejeros y losinformes sectoriales y de actividad. Además, deberán presentarselas actas de las juntas de accionistas y cualquier otra informaciónpertinente.
En la medida en que no figure en la memoria anual y en la documenta-
ción financiera de cada una de las empresas públicas, se facilitaráademás la siguiente información:
ii) la aportación de capital en acciones o cuasicapital, de la misma
naturaleza que las acciones, especificando las condiciones de provi-sión de dichos fondos (es decir, acciones ordinarias, preferentes, dedividendo diferido o convertibles y sus correspondientes tipos deinterés, dividendos o derechos de conversión);
iii) las subvenciones a fondo perdido o subvenciones reembolsables en
determinadas circunstancias;
iv) la conclusión de cualquier préstamo, incluidos los descubiertos y
anticipos sobre ampliaciones de capital, concedido a la empresa,especificando sus tipos de interés, condiciones y, en su caso, lagarantía dada al prestamista por la empresa receptora;
v) las garantías ofrecidas a la empresa por parte de los poderes
públicos con respecto a la financiación del préstamo (especificandolas condiciones y, en su caso, los gastos correspondientes asumidospor la empresa);
vi) los dividendos distribuidos y los beneficios no distribuidos;
vii) cualquier otro tipo de intervención pública, en particular, la condo-
nación de cantidades adeudadas al Estado por la empresa públicaincluidos, entre otros, el reembolso de préstamos, las subvenciones,el pago del impuesto sobre sociedades, las cotizaciones sociales yotros pagos de carácter similar.
3. Lo dispuesto en el apartado 2 seráaplicable a todas las empresas
públicas cuyo volumen de negocios, en el ejercicio más reciente, hayasido superior a 250 millones de ecus.
Los datos a que se refiere el apartado 2 se presentarán por separado con
respecto a cada una de las empresas públicas, incluidas las situadas enotros Estados miembros, e incluirán, en su caso, información detalladasobre todas las transacciones realizadas dentro del grupo y con otrosgrupos de empresas públicas, así como las realizadas directamente entreempresas públicas y el Estado. El capital en acciones a que hacereferencia el inciso ii) del apartado 2 incluiráaquel que sea directa-mente propiedad del Estado y el que sea propiedad de un holding u otraempresa pública (incluidas entidades financieras), sea dentro o fuera delmismo grupo de la empresa pública considerada. Deberáespecificarsesiempre la relación entre el proveedor y el receptor de fondos.Asimismo, los informes a que alude el apartado 2 se facilitarán porseparado con respecto a cada una de las empresas públicas, así comocon respecto al (sub)holding que agrupe a varias empresas públicas, enla medida en que las ventas consolidadas de dicho (sub)holdingpermitan su clasificación como «manufacturera».
Determinadas empresas públicas distribuyen sus actividades entre varias
empresas legalmente constituidas. En lo que respecta a estas empresas,la Comisión podráaceptar un informe consolidado, siempre y cuandodicha consolidación refleje la realidad económica de un grupo deempresas que operan en los mismos sectores o en sectores afines. No sereputarásuficiente la presentación de informes consolidados de variosholdings puramente financieros.
(1)D OnoL 222 de 14. 8. 1978, p. 1.
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4. La información a que se refiere el apartado 2 tendrácará cteranual. La correspondiente al ejercicio de 1992 se presentaráa la Comi-sión en el plazo de dos meses a partir de la publicación de la presenteDirectiva.
A partir del ejercicio 1993, la información se presentaráen el plazo de
quince días laborables a partir de la publicación de la memoria anual dela empresa pública considerada. En cualquier caso, y, específicamente,en el caso de las empresas que no publiquen tales memorias, la informa-ción se presentarácomo má ximo nueve meses después de finalizado elejercicio correspondiente.
Con el fin de determinar el número de empresas al que se aplicaráeste
sistema de información, los Estados miembros proporcionarán a laComisión, en el plazo de dos meses a partir de la publicación de lapresente Directiva, una lista de las empresas que entren dentro delámbito de aplicación del presente artículo, indicando su correspondientevolumen de negocios. Dicha lista deberáactualizarse todos los añosantes del 31 de marzo.
5. El presente artículo sólo seráaplicable a las empresas que sean
propiedad o estén controladas por el Treuhandanstalt a partir de la fechade expiración del sistema especial de información establecido para lasinversiones de dicho organismo.
6. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la informa-
ción adicional que consideren necesaria para completar la detalladaevaluación de los datos suministrados.
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Artículo 6
1. La Comisión estáobligada a no divulgar los datos que posea en
virtud del apartado 2 del artículo 5 y que por su naturaleza estánprotegidos por el secreto profesional.
2. Las disposiciones del apartado 1 no se oponen a la publicación de
informaciones generales o de estudios que no entrañen indicacionesindividuales sobre las empresas públicas contempladas en la presenteDirectiva.
Artículo 7
La Comisión informaráa los Estados miembros con regularidad sobre
los resultados de la aplicación de la presente Directiva.
Artículo 8
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para adecuarse
a la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1981.Informarán a la Comisión sobre el particular.
Artículo 9
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.