1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B PRIMERADIRECTIVADELCONSEJO
de5demarzode1979
sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, referentes al
accesoalaactividaddelsegurodirectosobrelavida,yasuejercicio
(79/267/CEE)
(DO L 63 de 13.3.1979, p. 1)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Segunda Directiva 90/619/CEE del Consejo de 8 de noviembre de 1990 L 330 50 29.11.1990
►M2Directiva 92/96/CEE del Consejo de 10 de noviembre de 1992 L 360 1 9.12.1992
►M3Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
junio de 1995L 168 7 18.7.1995
►M4Directiva 2002/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de
marzo de 2002L 77 11 20.3.2002
Modificada por:
►A1Acta de adhesión de Grecia (*) L 291 17 19.11.1979
►A2Acta de adhesión de España y de Portugal (*) L 302 23 15.11.1985
►A3Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia C 241 21 29.8.1994
(adaptada porDecisión 95/1/CE, Eur atom, CECA del Consejo) L 1 1 1.1.1995
NB: Esta versión consolidada contiene referencias a la unidad de cuenta europea y/o al ecu que a partir del 1 enero 1999
deberán entenderse como referencias al euro — Reglamento (CEE) no3308/80 del Consejo (DO L 345 de 20.12.1980,
p. 1) y Reglamento (CE) no1103/97 del Consejo (DO L 162 de 19.6.1997, p. 1).
(*) No existe versión en español de este acto.
▼B
PRIMERADIRECTIVADELCONSEJO
de5demarzode1979
sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas, referentes al acceso a la actividad del seguro
directosobrelavida,yasuejercicio
(79/267/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,
en particular, sus artículos 49 y 57,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando que, para facilitar el acceso a las actividades de los
seguros sobre la vida y su ejercicio, es necesario eliminar algunasdivergencias existentes entre las legislaciones nacionales en materia de
control; que, para realizar este fin, garantizando una protección
adecuada a los asegurados y a los beneficiarios en todos los Estadosmiembros, conviene coordinar especialmente las disposiciones relativasa las garantías financieras exigidas a las empresas de seguros sobre lavida;
Considerando que es necesaria una clasificación por ramos para deter-
minar, en particular, las actividades sujetas a autorización obligatoria;
Considerando que conviene excluir del ámbito de aplicación de la
presente Directiva algunas mutuas que, en virtud de su régimenjurídico, reúnen condiciones de seguridad y ofrecen garantías finan-cieras específicas; que conviene, además, excluir algunos organismos
cuya actividad sólo se extiende a un sectormuy r educido y se
encuentra estatutariamente limitada;
Considerando que los Estados miembros tienen regulaciones y usos
diferentes a propósito de la acumulación del seguro sobre la vida y el
seguro contra daños; que no debe permitirse la práctica de esta acumu-lación a las nuevas empresas que se constituyan; que, en lo que serefiere a las empresas existentes que practican esta acumulación, sepuede dejar a los Estados miembros la posibilidad de autorizarlas a
continuar con esta práctica, siempre que adopten una gestión separada
para cada una de sus actividades, con el fin de que los intereses respec-tivos de los asegurados sobre la vida y de los asegurados contra dañossean protegidos, y que las obligaciones financieras mínimas referentesa una de esas actividades no sean soportadas por la otra; que, cuandouna de esas empresas desee establecerse en un Estado miembro para
ejercer en él el ramo «vida», conviene que constituya con este fin una
filial que pueda beneficiarse a título transitorio de algunas facilidades;que, en lo que respecta a esas mismas empresas existentes que prac-tican la acumulación, hay que dejartambién a los Estados miembr osla posibilidad de que puedan exigirque esas empr esas, establecidas en
su territorio, pongan fin a su acumulación; que, por otra parte, hay que
sometera una vigilancia especial a las empr esas especializadas, cuandoaseguren «daños»y pertenezcan al mismo grupo financiero que unaempresa «vida».
Considerando que, en cada Estado miembro, el seguro sobre la vida
está sometido a una autorización y a un control administrativo, peroque hace falta precisar las condiciones para otorgar o retirar esta auto-rización; que es indispensable prever un recurso jurisdiccional contralas decisiones de rechazo o de retirada;1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 2
(1)D O noC 35 de 28. 3. 1974, p. 9.
(2)D O noC 140 de 13. 11. 1974, p. 44.
(3)D O noC 109 de 19. 9. 1974, p. 1.
▼B
Considerando que, en lo que se refiere a las reservas técnicas, incluidas
las reservas matemáticas, se pueden adoptar las mismas normas quepara los seguros contra daños: localización en el país de explotación,
regulación de este país para los métodos de cálculo, determinación de
las categorías de inversión y evaluación de activos; que, aunqueparezca oportuno coordinar esas distintas materias, ello no es sinembargo indispensable en el marco de la presente Directiva y puederealizarse posteriormente;
Considerando que es necesario que las empresas de seguros dispongan,
además de reservas técnicas incluidas las reservas matemáticas, sufi-cientes para hacer frente a las obligaciones contraídas, de una reservacomplementaria, denominada «margen de solvencia», representada porel patrimonio libre y, con la aprobación de la autoridad de control, por
elementos implícitos del patrimonio para hacer frente a los riesgos de
la explotación; que, para asegurar a este respecto que las obligacionesimpuestas sean determinadas en función de criterios objetivos,mediante los que se sitúe en pie de igualdad de competencia a lasempresas de una misma importancia, conviene prever que este margensea proporcional al conjunto de obligaciones contractuales de la
empresa y a la naturaleza y gravedad de los riesgos que presentan las
diversas actividades que entran en el ámbito de aplicación, de lapresente Directiva; que este margen debe ser pues distinto según setrate de riesgo de inversión, de riesgo de mortalidad o únicamente deriesgo de gestión; que debe ser así determinado, bien en función delas reservas matemáticas y de los capitales sujetos al riesgo adquirido
por la empresa, bien en función de las primas o contribuciones
cobradas, bien en función únicamente de las reservas, o bien en funciónde los activos de las asociaciones tontinas;
Considerando que es necesario exigir un fondo de garantía cuyo
importe y composición sean tales que dé la garantía de que las
empresas disponen, desde el momento de su constitución, de medios
adecuados y que en ningún caso el margen de solvencia disminuyadurante su actividad por debajo de un mínimo de seguridad; que talfondo de garantía debe estar constituido, en su totalidad, o en una partedeterminada, por elementos explícitos del patrimonio;
Considerando que es necesario prever medidas para el caso en el que la
situación financiera de la empresa llegase a ser tal que le fuera difícilcumplirsus obligaciones;
Considerando que las normas coordinadas referentes al ejercicio de las
actividades de seguro directo dentro de la Comunidad deben, en prin-cipio, aplicarse a todas las empresas que intervengan en el mercado, así
como, igualmente, a las agencias y sucursales de las empresas cuya
sede social esté situada fuera de la Comunidad; que conviene sinembargo prever, en cuanto a las modalidades de control, disposicionesespeciales para esas agencias y sucursales, por el hecho de que el patri-monio de las empresas de las que dependen se encuentra fuera de la
Comunidad;
Considerando que es conveniente prever la celebración de acuerdos de
reciprocidad con uno o más países terceros, con el fin de suavizar esascondiciones especiales, y respetando el principio de que las agencias ysucursales de esas empresas no deben tener un tratamiento más favo-
rable que las empresas de la Comunidad;
Considerando que son necesarias algunas disposiciones transitorias con
el objeto de permitir, en particular a las pequeñas y medianas empresasexistentes, adaptarse a las normas que deben ser tomadas por losEstados miembros en virtud de la presente Directiva, sin perjuicio deaplicar el artículo 53 del Tratado;1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 3
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Considerando que el artículo 52 del Tratado es directamente aplicable
desde el final del período de transición y que, en consecuencia, no espreciso desde ese momento adoptar directivas sobre supresión de las
restricciones a la libertad de establecimiento; que, sin embargo, las
disposiciones relativas a las pruebas de honorabilidad y de ausenciade quiebra que figuran en la Directiva 73/240/CEE del Consejo, de 24de julio de 1973, dirigidas a suprimir, en materia de seguro directodistinto del seguro sobre la vida, las restricciones a la libertad de esta-
blecimiento (
1), por una parte no constituyen propiamente hablando
restricciones y, por otra parte, son igualmente necesarias en materiade seguros sobre la vida; que, en consecuencia, deben ser incluídas enla presente Directiva de coordinación;
Considerando que es importante garantizar la aplicación uniforme de
las normas coordinadas y prever, a este fin, una estrecha colaboraciónentre la Comisión y los Estados miembros en esta materia,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONESGENERALES
Artículo 1
La presente Directiva se refiere al acceso a la actividad por cuenta
propia del seguro directo, practicada por las empresas que están esta-blecidas en un Estado miembro o que deseen establecerse, y suejercicio, para las actividades definidas a continuación:
1. Los seguros siguientes, cuando deriven de un contrato:
a) el ramo «vida», es decir el que comprende especialmente el
seguro en caso de vida, en caso de muerte, el seguro mixto, elseguro sobre la vida con contraseguro, el seguro de «nupcia-
lidad» el seguro de «natalidad»,
b) el seguro de renta;
c) los seguros complementarios practicados por las empresas de
seguros sobre la vida, es decir, en especial los seguros de
«lesiones corporales, incluida la incapacidad para el trabajoprofesional», los seguros de «muerte por accidente», los segurosde «invalidez por accidente y enfermedad», siempre que estasvariedades de seguros sean suscritas como complementarias delos seguros de vida;
d) el seguro practicado en Irlanda y en el Reino Unido, denominado
«permanent health insurance» (seguro de enfermedad, de largaduración, no rescindible).
2. Las siguientes operaciones, cuando deriven de un contrato, siempre
que sean intervenidas por las autoridades administrativas compe-tentes para el control de los seguros privados►
M2 ◄:
a) las operaciones tontinas que lleven consigo la constitución de
asociaciones que reúnan participantes para capitalizar en comúnsus contribuciones y para repartir el activo así constituido entre
los supervivientes, o entre sus herederos;
b) las operaciones de capitalización basadas en una técnica actuarial
que suponga, a cambio de pagos únicos o periódicos fijados poradelantado, compromisos determinados en cuanto a su duración y
a su importe;
c) las operaciones de gestión de fondos colectivos de pensiones, es
decir, operaciones que supongan para la empresa en cuestión,administrar las inversiones y en especial los activos representa-tivos de las reservas de los organismos que suministran las1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 4
(1)D O noL 228 de 16. 8. 1973, p. 20.
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prestaciones en caso de muerte, en caso de vida o en caso de
cese o reducción de actividades;
d) las operaciones mencionadas en la letra c), cuando lleven consigo
una garantía de seguro, sea sobre la conservación del capital, seasobre el servico de un interés mínimo;
e) las operaciones efectuadas por sociedades de seguros, tales como
las mencionadas en el Capítulo 1 del Título 4 del Libro IV del«Code français des assurances».
3. Las operaciones que dependan de la duración de la vida humana,
definidas o previstas por la legislación de los seguros sociales,
cuando sean practicadas o administradas de conformidad con la
legislación de un Estado miembro por empresas de seguro a supropio riesgo.
Artículo 2
La presente Directiva no se refiere:
1. Sin perjuicio de la aplicación de la letra c) del punto 1 del artículo 1
de la presente Directiva, a los ramos definidos en el Anexo de laprimera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973,sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias yadministrativas referentes al acceso a la actividad del seguro directo
distinto del seguro sobre la vida, y su ejercicio (
1), en lo sucesivo
denominada «primera Directiva de coordinación “daños”».
2. A las operaciones de los organismos de previsión y de asistencia que
concedan prestaciones variables según los recursos disponibles y
determinen a tanto alzado la contribución de sus partícipes.
3. A las operaciones efectuadas por organismos distintos de las
empresas referidas en el artículo 1, cuyo objeto sea suministrar alos trabajadores (por cuenta ajena o por cuenta propia, agrupadosen el marco de una empresa o de un grupo de empresas o de unsector profesional o interprofesional) prestaciones en caso demuerte, en caso de vida o en caso de cese o de reducción de activi-
dades, independientemente de si los compromisos que resulten de
estas operaciones estén o no cubiertos íntegramente y en todomomento por reservas matemáticas.
4. A los seguros incluidos en un régimen legal de seguridad social, sin
perjuicio de la aplicación del punto 3 del artículo 1.
Artículo 3
La presente Directiva no se refiere a:
1. Los organismos que garanticen únicamente prestaciones en caso de
muerte, cuando el importe de estas prestaciones no exceda del valormedio de los gastos funerarios por un fallecimiento, o cuando estasprestaciones se sirvan en especie.
2. Las mutuas de seguros, cuando:
— prevean en sus estatutos la posibilidad de exigir derramas
pasivas, o de reducir las prestaciones, o de solicitar contribu-ciones de otras personas que hayan suscrito un compromiso con
este fin, y
— el importe anual de las cuotas correspondientes a las actividades
contempladas en la presente Directiva no supere 5 000 000 deeuros durante tres años consecutivos. En caso de que se superedicho importe durante tres años consecutivos, la presente Direc-tiva se aplicará con efecto a partir del cuarto año.
No obstante, las disposiciones del presente artículo no impedirán
que una mutua de seguros solicite una autorización, o siga mante-niéndola, con arreglo a la presente Directiva.1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 5
(1)D O noL 228 de 16. 8. 1973, p. 3.▼M4
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Artículo 4
La presente Directiva no se aplicará, salvo modificación de sus esta-
tutos en cuanto a la competencia, en la República Federal deAlemania, al «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisa-
tionen» y, en Luxemburgo, a la «Caisse d'épargne de l'Etat».
La presente Directiva no afectará a las actividades sobre pensiones de
las empresas de seguros de pensión señaladas en la Ley de pensionesde los trabajadores por cuenta ajena (TEL) y demás legislación finlan-desa relacionada con ella, siempre que:
a) las empresas de seguros de pensión que, con arreglo a la legislación
finlandesa ya están obligadas a utilizarsistemas de contabilidad y de
gestión separados para sus actividades relativas a las pensiones,
establecerán además, a partir de la fecha de adhesión, entidadesjurídicas independientes para llevar a cabo dichas actividades;
b) las autoridades finlandesas permitirán de forma no discriminatoria
que todos los ciudadanos y empresas de los Estados miembros
lleven a cabo, de conformidad con la normativa finlandesa, todaslas actividades señaladas en el artículo 1 en relación con esta excep-ción
— bien mediante la propiedad o la participación en una empresa o
grupo de seguros existente;
— bien mediante la creación o la participación en nuevas empresas
o grupos de seguros, incluidas las empresas de seguros depensión;
c) las autoridades finlandesas presentarán a la Comisión, para su apro-
bación y dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha de
adhesión, un informe en el que se indiquen las medidas que se hanadoptado para separar las actividades TEL de las actividades deseguros habituales de las empresas de seguros finlandesas para ajus-tarse a los requisitos de la tercera Directiva de seguros de vida.
Artículo 5
Con arreglo a la presente Directiva, se entiende por:
a) unidad de cuenta: la unidad de cuenta europea (UCE) definida por
el artículo 10 del Reglamento financiero, de 21 de diciembre de
1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Euro-
peas (
1); cada vez que la presente Directiva hace referencia a la
unidad de cuenta, el contravalor en moneda nacional que se habráde tomar en consideración a partir del 31 de diciembre de cadaaño, será aquél del último día del mes de octubre precedente, para
el cual sean disponibles los contravalores de la unidad de cuenta
europea en todas las monedas de la Comunidad;
b) congruencia: la representación de los compromisos exigibles en una
moneda, por los activos expresados o realizables en esta misma
moneda;
c) localización de los activos: la existencia de activos mobiliarios o
inmobilarios en un Estado miembro, sin que, sin embargo, losactivos mobiliarios deban ser depositados y los activos inmobiliariosdeban estar sujetos a medidas restrictivas, como la inscripción de
hipotecas; los activos representados por créditos serán considerados
como situados en el Estado miembro donde fueren realizables;
d) capital a riesgo: la cantidad indemnizable por muerte, menos la
reserva matemática del riesgo principal.1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 6
(1)D O noL 356 de 31. 12. 1977, p. 1.▼A3
▼B
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TITULO II
NORMAS APLICABLES A LAS EMPRESAS CUYA SEDE SOCIAL
ESTEDENTRODELACOMUNIDAD
SECCIÓN A
Condicionesdeacceso
Artículo 6
El acceso a las actividades contempladas en la presente Directiva estará
supeditado a la concesión de una autorización administrativa previa.
Esta autorización será solicitada a las autoridades del Estado miembro
de origen, por:
a) la empresa que fije su domicilio social en el territorio de dicho
Estado miembro;
b) la empresa que, tras haber recibido la autorización contemplada en
el párrafo primero, extienda sus actividades al conjunto de un ramoo a otros ramos.
Artículo 7
1. La autorización será válida para toda la Comunidad. Permitirá a
la empresa ejercer en ella actividades, en régimen de derecho de esta-blecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
2. La autorización se concederá por ramos cuya clasificación figura
en el Anexo. Abarcará el ramo completo, salvo que el solicitante sólo
desee cubrir una parte de los riesgos correspondientes a dicho ramo.
Las autoridades competentes podrán limitar la autorización solicitada
para un ramo exclusivamente a las actividades contenidas en elprograma de actividades contemplado en el artículo 9.
Cada Estado miembro tendrá la facultad de conceder la autorización
para varios ramos, siempre que la legislación nacional admita el ejer-cicio simultáneo de tales ramos.
Artículo 8
1. El Estado miembro de origen exigirá que las empresas de seguros
que soliciten autorización:
a) adopten una de las formas siguientes:
— en el Reino de Bélgica: «société anonyme»/«naamloze vennoots-
chap», «société en commandite paractions»/«commanditair e
vennootschap op aandelen», «association d'assurance mutuelle»/
«onderlinge verzekeringsvereniging», «société coopérative»/«coöperatieve vennootschap»;
— en el Reino de Dinamarca: «aktieselskaber», «gensidige sels-
kaber», «pensionskasser omfattet af lov emforsikringsvirksomhed (tværgående pensionskasser)»;
— en la República Federal de Alemania: «Aktiengesellschaft»,
«Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Öffentlich-rechtli-ches Wettbewerbsversicherungsunternehmen»;
— en la República Francesa: «Société anonyme», «société d'assu-
rance mutuelle», «institution de prévoyance régie par le code dela sécurité sociale», «institution de prévoyance régie par le coderural», «mutuelles régies par le code de la mutualité»;
— en Irlanda: «incorporated companies limited by shares or by
guarantee or unlimited, societies registred under the Industrialand Provident Societies Acts, societies registred under the
Friendly Societies Acts»;
— en la República Italiana: «società perazioni», «società cooper a-
tiva», «mutua di assicurazione»;1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 7
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— en el Gran Ducado de Luxemburgo: «société anonyme», «société
en commandite paractions», «association d'assur ances mutue-lles», «société coopérative»;
— en el Reino de los Países Bajos: «naamloze vennootschap»,
«onderlinge waarborgmaatschappij»;
— en el Reino Unido: «incorporated companies limited by shares or
by guarantee or unlimited», «societies registered under theIndustrial and Provident Societies Acts», «societies registered orincorporated under the Friendly Societies Acts», «the association
of underwriters known als Lloyd's»;
— en la República Helénica: « ανώνζµη εταιρ íα»;
— en el Reino de España: «sociedad anónima», «sociedad mutua»,
«sociedad cooperativa»;
— en la República Portuguesa: «sociedade anónima», «mútua de
seguros»;
— en el caso de la República de Austria: «Aktiengesellschaft»,
«Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»;
— en el caso de la República de Finlandia: «keskinäinen vakuu-
tusyhtiö»/«ömsesidigt försäkringsbolag»/«vakuutusosakeyhtiö»/«försäkringsaktiebolag»/«vakuutusyhdistys»/«försäkringsföre-
ning»;
— en el caso del Reino de Suecia: «försäkringsaktiebolag»,
«ömsesidiga försäkringsbolag», «understödsföreningar».
La empresa de seguros también podrá adoptar la forma de sociedad
europea cuando ésta haya sido creada.
Además, los Estados miembros podrán crear, en su caso, empresas que
adopten cualquier forma de Derecho público, siempre que dichos orga-nismos tengan por objeto la realización de operaciones de seguro encondiciones equivalentes a las de las empresas de Derecho privado;
b) limiten su objeto social a las actividades previstas por la presente
Directiva y a las operaciones que se deriven directamente de ella,
con exclusión de cualquier otra acvtividad comercial;
c) presenten un programa de actividades con arreglo al artículo 9;
d) posean el mínimo del fondo de garantía previsto en el apartado 2
del artículo 20;
e) estén dirigidas de manera efectiva por personas que reúnan las
condiciones necesarias de honorabilidad y de cualificación o expe-
riencia profesionales.
Además, cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de seguros
y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes conce-derán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstaculizan elbuen ejercicio de su misión de supervisión.
Las autoridades competentes también denegarán la autorización cuando
el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado porlas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del derecho
de un tercer país que regulen una o varias de las personas físicas o
jurídicas con las que la entidad mantenga vínculos estrechos, o porproblemas relacionados con su aplicación.
Las autoridades competentes exigirán a las empresas de seguros el
suministro de la información que requieran para garantizar el cumpli-miento permanente de las condiciones contempladas en el presenteapartado.
1bis. Los Estados miembros exigirán a las empresas de seguros que
su administración central esté situada en el mismo Estado miembro quesu domicilio social.
2. La empresa que solicite autorización para extender sus activi-
dades a otros ramos o para la ampliación de una autorización que1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 8
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abarque sólo una parte de los riesgos comprendidos en un ramo deberá
presentar un programa de actividades de conformidad con el artículo 9.
Además, deberá aportar la prueba de que dispone del margen de
solvencia establecido en el artículo 19 y de que posee el fondo degarantía contemplado en los apartados 1 y 2 del artículo 20.
3. Los Estados miembros no establecerán disposiciones que exijan la
aprobación previa o la comunicación sistemática de las condiciones
generales y especiales de las pólizas de seguro, de las tarifas, de lasbases técnicas, utilizadas en particular para calcular las tarifas y lasprovisiones técnicas, y de los formularios y otros impresos que laempresa tenga previsto utilizar en sus relaciones con los tomadores deseguro.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, con el solo fin de
controlar si se respetan las disposiciones nacionales relativas a los prin-cipios actuariales, el Estado miembro de origen podrá exigir lacomunicación sistemática de las bases técnicas utilizadas para el
cálculo de las tarifas y de las provisiones técnicas, sin que dicha
exigencia pueda constituir para la empresa una condición previa parael ejercicio de su actividad.
La presente Directiva no será obstáculo para que los Estados miembros
mantengan o introduzcan disposiciones legales, reglamentarias o
adminstrativas que estipulen la aprobación de estatutos y la transmisión
de todo documento necesario para el ejercicio normal del control.
Como muy tarde cinco años después de la puesta en aplicación de la
Directiva 92/96/CEE (
1) la Comisión presentará al Consejo un informe
sobre la aplicación del presente apartado.
4. Las anteriores disposiciones no podrán establecer que la solicitud
de autorización sea examinada en función de las necesidades econó-micas del mercado.
Artículo 9
El programa de actividades contemplado en la letra c) del apartado 1
del artículo 8 y en el apartado 2 del mismo artículo deberá contenerindicaciones o justificaciones relativas a:
a) la naturaleza de los compromisos que la empresa se propone
contraer;
b) los principios rectores en materia de reaseguro;
c) los elementos constitutivos del fondo de garantía mínimo;
d) las previsiones relativas a los gastos de instalación de los servicios
administrativos y de la red de producción; los medios financierosdestinados a hacer frente a dichos gastos;y, además, para los tres
primeros ejercicios sociales:
e) un plan en el que se indiquen de forma detallada las previsiones de
ingresos y gastos tanto para las operaciones directas y las acep-taciones de reaseguro como para las cesiones de reaseguro;
f) la situación probable de tesorería;
g) las previsiones relativas a los medios financieros destinados a la
cobertura de los compromisos y del margen de solvencia.
Artículo 10
1. Toda empresa de seguros que se proponga establecer una sucursal
en el territorio de otro Estado miembro lo notificará a la autoridadcompetente del Estado miembro de origen.
2. Los Estados miembros exigirán que la empresa de seguros que se
proponga establecer una sucursal en otro Estado miembro presente,1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 9
(1)D O noL 360 de 9. 12. 1992, p. 1
▼M2
junto con la notificación a que se refiere el apartado 1, la siguiente
información:
a) el nombre del Estado miembro en cuyo territorio se propone esta-
blecerla sucur sal;
b) su programa de actividades, en el que se indicarán, en particular, el
tipo de operaciones previstas y la estructura orgánica de la sucursal;
c) la dirección en el Estado miembro de la sucursal en la que pueden
reclamarle y entregarle los documentos, dándose por supuesto quetal dirección será la misma a la que se remitirán las comunicacionesdirigidas al apoderado general;
d) el nombre del apoderado general de la sucursal, que deberá estar
dotado de poderes suficientes para obligar a la empresa frente aterceros y para representarla ante las autoridades y órganos jurisdic-cionales del Estado miembro de la sucursal. En lo que se refiere a
Lloyd's, un eventual litigio en el Estado miembro de la sucursal
derivado de compromisos suscritos no deberá suponer para losasegurados dificultades mayores que en el caso de los litigios entreempresas de tipo clásico. A tal fin, entre las facultades del apode-rado general deberá figurar, en particular, la de intervenir en juicioen calidad de tal con poder de obligar a los suscriptores interesados
de Lloyd's.
3. A menos que, a la vista del correspondiente proyecto, la autoridad
competente del Estado miembro de origen tenga razones para dudar dela idoneidad de las estructuras administrativas, o de la situación finan-
ciera de la empresa de seguros, o de la honorabilidad y cualificación o
experiencia profesional de los directivos responsables o del apoderadogeneral, dicha autoridad comunicará las informaciones contempladas enel apartado 2, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de recep-ción de dicha información, a la autoridad competente del Estadomiembro de la sucursal, e informará de ello a la empresa de que se
trate.
La autoridad competente del Estado miembro de origen certificará,
asimismo, que la empresa de seguros dispone del mínimo del margende solvencia calculado con arreglo a lo dispuesto en los artículos 19 y
20.
Cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen se
niegue a comunicar las informaciones contempladas en el apartado 2 ala autoridad competente del Estado miembro de la sucursal, deberáponer en conocimiento de la empresa correspondiente, en el plazo de
los tres meses siguientes a la recepción de toda la información, las
razones de dicha negativa. Esta negativa o la falta de respuesta podrándar lugar a un recurso ante un órgano jurisdiccional del Estadomiembro de origen.
4. Antes de que la sucursal de la empresa de seguros comience a
ejercer sus actividades, la autoridad competente del Estado miembro
de la sucursal dispondrá de un plazo de dos meses, a partir de la recep-ción de la comunicación contemplada en el apartado 3, para indicar ala autoridad competente del Estado miembro de origen, en su caso, lascondiciones en las que, por razones de interés general deberán ser ejer-
cidas dichas actividades en el Estado miembro de la sucursal.
5. A partir del momento en que se reciba la comunicación de la
autoridad competente del Estado miembro de la sucursal o, en caso desilencio por parte de ésta, a partir de la fecha de vencimiento del plazoprevisto en el apartado 4, la sucursal podrá establecerse y comenzar sus
actividades.
6. En caso de modificación del contenido de alguno de los datos
notificados con arreglo a lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apar-tado 2, la empresa de seguros notificará por escrito dicha modificación
a las autoridades competentes del Estado miembro de origen y del
Estado miembro de la sucursal, al menos un mes antes de efectuar lamodificación, a fin de que la autoridad competente del Estado miembrode origen y la autoridad competente del Estado miembro de la sucursalpuedan cumplir sus respectivos cometidos de conformidad con lodispuesto en los apartados 3 y 4.1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 10
▼M2
Artículo 12
Cualquier decisión denegatoria deberá ser motivada de modo preciso y
notificada a la empresa interesada.
Cada Estado miembro preverá un recurso jurisdicional contra las deci-
siones denegatorias.
Se preverá el mismo recurso para el caso en el que las autoridades
competentes no se hubieran pronunciado sobre la petición de autoriza-ción, transcurrido un plazo de seis meses a partir del día de recepción.
Artículo 13
1. Sin perjuicio de los apartados 3 y 7, ninguna empresa podrá ser
autorizada a la vez con arreglo a la presente Directiva y a la Directiva
73/239/CEE.
2. No obstante, los Estados miembros podrán establecer que:
— las empresas que posean una autorización con arreglo a la presente
Directiva puedan obtener asimismo autorización, de conformidadcon el artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE, para los riesgosmencionados en los puntos 1 y 2 del Anexo de la misma Directiva;
— las empresas autorizadas en virtud del artículo 6 de la Directiva 73/
239/CEE, exclusivamente para los riesgos contemplados en lospuntos 1 y 2 del Anexo de dicha Directiva, puedan obtener unaautorización con arreglo a la presente Directiva.
3. Sin perjuicio del apartado 6, las empresas citadas en el apartado 2
y aquellas que en el momento de la notificación de la presente Direc-tiva practiquen la acumulación de las dos actividades a que se refieren
la presente Directiva y la Directiva 73/239/CEE, podrán continuar prac-
ticándola siempre que adopten una gestión separada para cada una detales actividades, de conformidad con el artículo 14.
4. Los Estados miembros podrán establecer que las empresas
contempladas en el apartado 2 deban respetar las normas contablesque rigen para las empresas autorizadas con arreglo a la presenteDirectiva para el conjunto de su actividad. Además, los Estados miem-bros podrán establecer, en espera de una coordinación en la materia,
que en lo que se refiere a las reglas de liquidación, las actividades rela-
tivas a los riesgos mencionados en los puntos 1 y 2 del Anexo de laDirectiva 73/239/CEE ejercidas por las empresas contempladas en elapartado 2, se rijan igualmente por las reglas aplicables a las activi-dades del seguro de vida.
5. Cuando una empresa que ejerza las actividades contempladas en
el Anexo de la Directiva 73/239/CEE tenga relaciones financieras,
comerciales o administrativas con una empresa que ejerza las activi-
dades a que se refiere la presente Directiva, las autoridadescompetentes de los Estados miembros en cuyo territorio esté situadoel domcilio social de dichas empresas velarán para que sus cuentas nosean falseadas mediante acuerdos celebrados entre ellas, o mediantecualquier arreglo capaz de influir en la distribución de gastos e
ingresos.
6. Cualquier Estado miembro podrá imponer a las empresas cuyo
domicilio social esté situado en su territorio la obligación de poner
fin, en los plazos que determine, a la acumulación de las actividadesque practiquen en el momento de la notificación de la presente Direc-tiva.
7. Las disposiciones del presente artículo serán examinadas de
nuevo sobre la base de un informe de la Comisión al Consejo a la luzde la futura armonización de las reglas de liquidación y, en cualquiercaso, antes del 31 de diciembre de 1999.1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 11
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Artículo 14
1. La gestión separada mencionada en el apartado 3 del artículo 13,
deberá ser organizada de tal forma que las actividades recogidas en lapresente directiva y las contempladas por la primera Directiva de coor-dinación «daños», sean separadas, con el fin de que:
— no se perjudique los intereses respectivos de los asegurados «vida»y
«daños» y, en particular, que los beneficios procedentes del seguro
sobre la vida, aprovechen a los asegurados sobre la vida como si la
empresa practicara únicamente el seguro-vida.
— las obligaciones financieras mínimas, en especial los márgenes de
solvencia referidos a una de las actividades, en el sentido bien dela presente Directiva, bien de la primera Directiva de coordinación
«daños», no sean soportadas por la otra actividad.
Sin embargo, una vez cumplidas las obligaciones financieras mínimas
en las condiciones previstas en el segundo guión del primer párrafo, ysiempre que se informe a la autoridad competente, la empresa podrá
utilizar para una u otra actividad los elementos explícitos del margen
de solvencia todavía disponibles.
Las autoridades de control cuidarán, mediante el análisis de los resul-
tados de las dos actividades, del cumplimiento del presente apartado.
2. a) Los datos contables deberán establecerse de forma que muestren
las fuentes de los resultados para cada una de las dos actividades«vida»y «daños». A tal fin, el conjunto de los ingresos (en espe-
cial, primas, pagos de reaseguradores, ingresos financieros) y de
los gastos (en especial prestaciones de seguro, adiciones a lasreservas técnicas, primas de reaseguro, gastos de funcionamientopara las operaciones de seguro) serán desglosados en función desu origen. Los elementos comunes a las dos actividades se clasi-
ficarán según una clave de reparto que deberá ser adoptada por la
autoridad de control competente.
b) Las empresas deberán establecer, sobre la base de los datos
contables, un documento que muestre de forma clara loselementos correspondientes a cada uno de los márgenes desolvencia, de conformidad con el artículo 18 de la presenteDirectiva y el apartado 1 del artículo 16 de la primera Directiva
de coordinación «daños».
3. En caso de insuficiencia de uno de los márgenes de solvencia, las
autoridades de control aplicarán a la actividad deficitaria las medidasprevistas por la directiva correspondiente con independencia de los
resultados obtenidos en la otra actividad. No obstante lo dispuesto en
el segundo guión del primer párrafo del apartado 1, estas medidaspueden suponer la autorización de un traspaso de una actividad a otra.
SECCIÓN B
Condicionesdeejercicio
Artículo 15
1. El control financiero de una empresa de seguros, incluido el
control de las actividades que ejerza a través de sucursales y enrégimen de prestación de servicios, será de la exclusiva competenciadel Estado miembro de origen. Si las autoridades competentes delEstado miembro del compromiso tienen motivos para considerar quelas actividades de una empresa de seguros podrían afectar a su solidez
financiera, informarán de ello a las autoridades competentes del Estado
miembro de origen de dicha empresa. Las autoridades competentes delEstado miembro de origen comprobarán que la empresa observa losprincipios prudenciales definidos en la presente Directiva.
2. El control financiero consistirá, en particular, en la comprobación,
para el conjunto de actividades de la empresa de seguros, del estado desolvencia y de la constitución de provisiones técnicas, incluidas lasprovisiones matemáticas, así como de los activos que las representancon arreglo a las normas o a las prácticas establecidas en el Estado1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 12
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miembro de origen, en virtud de las disposiciones adoptadas a nivel
comunitario.
3. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
exigirán que las empresas de seguros dispongan de una buena organi-zación administrativa y contable y de procedimientos de control internoadecuados.
Artículo 16
Los Estados miembros de la sucursal dispondrán que, cuando una
empresa de seguros autorizada en otro Estado miembro ejerza su acti-vidad a través de una sucursal, las autoridades competentes del Estadomiembro de origen, tras haber informado previamente a las autoridadescompetentes del Estado miembro de la sucursal, puedan proceder, por
sí mismas o por medio de personas a quienes hayan otorgado un
mandato para ello, a la verificación in situ de la información necesariapara poder realizar el control financiero de la empresa. Las autoridadesdel Estado miembro de la sucursal podrán participar en dicha verifica-ción.
Artículo 17
1. El Estado miembro de origen impondrá a cada empresa de
seguros la obligación de constituir provisiones técnicas suficientes,incluidas las provisiones matemáticas, para el conjunto de sus activi-dades.
La cuantía de dichas provisiones se determinará con arreglo a los prin-
cipios siguientes:
A. i) Las provisiones técnicas del seguro de vida deberán calcularse
con arreglo a un método actuarial prospectivo suficientementeprudente, teniendo en cuenta todas las obligaciones futuras
conforme a las condiciones establecidas para cada contrato en
curso, y en particular:
— todas las prestaciones garantizadas, incluidos los valores de
rescate garantizados;
— las participaciones en los beneficios adquiridos a que tengan
derecho los asegurados colectiva o individualmente, conindependencia de la calificación de dichas participaciones:devengadas, declaradas o asignadas;
— todas las opciones a las que el asegurado tenga derecho
según las condiciones del contrato;
— los gastos de la empresa, incluidas las comisiones;
para lo cual se tendrán en cuenta las primas futuras por cobrar.
ii) Podrá utilizarse un método retrospectivo cuando pueda demos-
trarse que las provisiones técnicas obtenidas en base al mismono son inferiores a las resultantes de un método prospectivo
suficientemente prudente, o cuando no pueda utilizarse un
método prospectivo para el tipo de contrato considerado.
iii) Un cálculo prudente no significa un cálculo basado en las hipó-
tesis consideradas más probables, sino un cálculo que tenga encuenta un margen razonable de desviaciones desfavorables delos diferentes factores en juego.
iv) El método de cálculo de las provisiones técnicas no sólo deberá
serpr udente en sí mismo, sino igualmente cuando se tenga en
cuenta el método de cálculo de los activos representantes dedichas provisiones.
v) Las provisiones técnicas deberán ser calculadas separadamente
para cada contrato. No obstante, se podrán utilizar aproxima-ciones razonables o generalizaciones siempre que sea posible
suponer que darán aproximadamente los mismos resultados que
en los cálculos individuales. El principio de cálculo individualno impedirá que se constituyan provisiones suplementarias parariesgos generales no individualizados.
vi) Cuando el valor de rescate de un contrato esté garantizado, el
importe de las provisiones matemáticas para dicho contrato1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 13
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deberá ser, en todo momento, al menos igual al valor garanti-
zado en el mismo momento.
B. El tipo de interés utilizado deberá elegirse prudentemente. Se deter-
minará según las reglas de la autoridad competente del Estadomiembro de origen, en aplicación de los principios siguientes:
a) Para todos los contratos, la autoridad competente del Estado
miembro de origen de la empresa fijará el tipo o tipos máximosde interés, en particular según las reglas siguientes:
i) Cuando los contratos comprendan una garantía de tipo de
interés, la autoridad competente del Estado miembro deorigen de la empresa fijará un tipo de interés máximo único.Este tipo podrá ser diferente según la divisa en que se hayadenominado el contrato, siempre que no sea superior al 60 %del tipo de interés de los empréstitos materializados en obli-
gaciones del Estado en cuya divisa se haya denominado el
contrato. Cuando se trate de un contrato en ecus, este límitese fijará con referencia a los empréstitos en obligaciones delas instituciones comunitarias expresados en ecus.
Si, en aplicación de la segunda frase del párrafo precedente,
el Estado miembro decidiera fijar un tipo de interés máximo
para los contratos denominados en una divisa de un Estado
miembro, consultará previamente a la autoridad competentedel Estado miembro en cuya divisa esté denominado elcontrato.
ii) No obstante, cuando los activos de la empresa no sean
evaluados a su valorde adquisición, un Estado miembr opodrá disponer que el tipo o los tipos máximos puedan calcu-
larse teniendo en cuenta el rendimiento de los activos
correspondientes actualmente en cartera, disminuido de unmargen prudencial y, en particular para los contratos a primaperiódica, tomando además en cuenta el rendimiento antici-pado de los activos futuros. El margen prudencial y el tipo o
los tipos de interés que se apliquen al rendimiento anticipado
de los activos futuros serán fijados por la autoridad compe-tente del Estado miembro de origen.
b) La fijación de un tipo de interés máximo no implicará que la
empresa esté obligada a utilizar un tipo tan elevado.
c) El Estado miembro de origen podrá decidir que no se aplique la
letra a) para las categorías de contratos siguientes:
— contratos en unidades de cuenta,
— contratos a prima única de una duración máxima de ocho
años,
— contratos sin participación en beneficios, así como contratos
de renta sin valor de rescate.
En los casos contemplados en los dos últimos guiones del
párrafo primero, se podrá tener en cuenta, al elegir un tipo de
interés prudencial, la moneda en que esté denominado el
contrato, los activos correspondientes actualmente en cartera y,en caso de que los activos de la empresa se evalúen a su valoractual, el rendimiento anticipado de los activos futuros.
El tipo de interés utilizado no podrá ser en ningún caso superior
al rendimiento de los activos, calculado según las reglas relativasa la confección del balance del Estado miembro de origen, trasuna deducción adecuada.
d) El Estado miembro exigirá que la empresa constituya en sus
cuentas una provisión destinada a hacer frente a los compro-misos derivados del tipo de interés garantizado a losasegurados, cuando el rendimiento actual o previsible del activo
de la empresa no sea suficiente para cubrir dichos compromisos.
e) Los tipos máximos fijados en aplicación de la letra a) serán noti-
ficados anualmente a la Comisión, así como a las autoridades
competentes de los Estados miembros que lo soliciten.
C. Los elementos estadísticos del cálculo y los relativos a los gastos
deberán ser elegidos prudentemente teniendo en cuenta el Estado1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 14
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miembro del compromiso, el tipo de póliza, así como los gastos de
administración y las comisiones previstos.
D. En los contratos con participación en los beneficios, el método de
cálculo de las provisiones técnicas podrá tener en cuenta, implícitao explícitamente, las participaciones de toda clase en los beneficios
futuros, de manera coherente con las demás hipótesis utilizadas
sobre la evolución futura y con el método actual de participaciónen los beneficios.
E. La provisión para gastos futuros podrá ser implícita, por ejemplo
teniendo en cuenta las primas futuras netas de gastos de gestión.Sin embargo, la provisión total, implícita o explícita, no podrá serinferior a la que un cálculo prudente habría determinado.
F. El método de cálculo de las provisiones técnicas no deberá cambiar
de un año a otro de forma discontinua como consecuencia decambios arbitrarios en el método o en los elementos de cálculo y
deberá ser tal que la participación en los beneficios sea calculada
de una manera razonable durante la duración del contrato.
2. La empresa de seguros deberá poner a disposición del público las
bases y los métodos utilizados para el cálculo de las provisionestécnicas, incluida la provisión para participaciones en los beneficios.
3. El Estado miembro de origen exigirá a cada empresa de seguros
que sus provisiones técnicas relativas al conjunto de sus actividadesestén representadas por activos congruentes, de conformidad con elartículo 24 de la Directiva 92/96/CEE. Para las actividades ejercidasen la Comunidad, dichos activos deberán estar localizados en ésta.
Los Estados miembros no exigirán a las empresas de seguros que
sitúen sus activos en un Estado miembro determinado. El Estadomiembro de origen podrá permitir, no obstante, una cierta flexibilidadde las reglas relativas a la localización de los activos.
4. Si el Estado miembro de origen admite la representación de las
provisiones técnicas con créditos frente a los reaseguradores, fijará elporcentaje admitido. En ese caso, no podrá exigir la localización dedichos créditos.
Artículo 18
1. Cada Estado miembro obligará a toda empresa de seguros cuya
sede social esté situada en su territorio a mantener en todo momentoun margen de solvencia disponible suficiente con respecto al conjunto
de sus actividades y que sea, como mínimo, igual a las exigencias de la
presente Directiva.
2. El margen de solvencia disponible estará constituido por el patri-
monio de la empresa de seguros, libre de todo compromiso previsible,
deducidos los elementos intangibles, y comprenderá:
a) el capital social desembolsado o, si se trata de mutuas, el fondo
inicial efectivamente desembolsado más las cuentas de los mutua-listas que cumplan el conjunto de los criterios siguientes:
i) que los estatutos establezcan que sólo podrán realizarse pagos a
favorde los mutualistas con car go a dichas cuentas si dichospagos no ocasionan un descenso del margen de solvencia dispo-
nible por debajo del nivel obligatorio o, tras la disolución de la
empresa, si se han liquidado todas las demás deudas de laempresa,
ii) que los estatutos establezcan, en lo relativo a cualquiera de los
pagos contemplados en el inciso i), efectuados porr azones dife-rentes de la baja del mutualista, que éstos se notifiquen a las
autoridades competentes al menos con un mes de antelación y
que éstas puedan, durante dicho plazo, prohibir el pago,
iii) que las disposiciones pertinentes de los estatutos sólo puedan
modificarse previa declaración de las autoridades competentesde que no se oponen a la modificación, sin perjuicio de loscriterios enumerados en los incisos i) y ii);1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 15
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b) las reservas (legales o libres) que no correspondan a los compro-
misos suscritos;
c) los beneficios o las pérdidas acumuladas una vez deducidos los divi-
dendos a pagar;
d) en la medida en que la legislación nacional lo autorice, las reservas
de beneficios que figuren en el balance, cuando puedan ser utili-zadas para cubrir cualquier pérdida que pueda surgir y no esténdestinadas a la participación de los asegurados.
Del margen de solvencia disponible se deducirán las acciones propias
que posea directamente la empresa de seguros.
3. El margen de solvencia disponible podrá estar constituido
asimismo por:
a) las acciones acumulativas preferentes y los préstamos subordinados
hasta el 50 % del margen de solvencia, el menor entre el disponible
y el obligatorio, si bien sólo se admitirán hasta un 25 % de dichomargen los préstamos subordinados a plazo fijo o las accionesacumulativas preferentes de duración determinada, siempre ycuando existan acuerdos vinculantes en virtud de los cuales, encaso de quiebra o liquidación de la empresa de seguros, los prés-
tamos subordinados o las acciones preferentes tengan un rango
inferior al de los créditos de todos los demás acreedores y no seanreembolsados hasta tanto no se hayan liquidado todas las restantesdeudas pendientes en ese momento.
Además, los préstamos subordinados deberán cumplir los siguientes
requisitos:
i) que únicamente se tomen en consideración los fondos efectiva-
mente desembolsados,
ii) para los préstamos a plazo fijo, que el vencimiento inicial sea de
cinco años como mínimo. Al menos un año antes del venci-miento, la empresa de seguros someterá a la aprobación de lasautoridades competentes un plan indicando cómo el margen desolvencia disponible será mantenido o reconducido al nivel
exigido en la fecha de vencimiento, excepto si la cuantía hasta
la cual el préstamo puede incluirse en los componentes delmargen de solvencia disponible es objeto de una reducciónprogresiva durante al menos los últimos cinco años anteriores ala fecha de vencimiento. Las autoridades competentes podránautorizar el reembolso anticipado de tales préstamos previa soli-
citud de la empresa de seguros emisora y siempre que su
margen de solvencia disponible no se sitúe por debajo del nivelobligatorio,
iii) que los préstamos cuyo vencimiento no se haya fijado sean sola-
mente reembolsables mediante un preaviso de cinco años, salvoen el caso de que hayan dejado de considerarse como uncomponente del margen de solvencia disponible o salvo quepara su reembolso anticipado, se exija expresamente la autoriza-ción previa de las autoridades competentes. En este último caso,
la empresa de seguros deberá notificarlo a las autoridades
competentes al menos seis meses antes de la fecha del reem-bolso propuesto, especificando el margen de solvenciadisponible y el margen de solvencia obligatorio antes y despuésde dicho reembolso. Las autoridades competentes autorizarán el
reembolso siempre y cuando el margen de solvencia disponible
de la empresa de seguros no se sitúe por debajo del nivel obli-gatorio,
iv) que el contrato de préstamo no incluya cláusulas que prevean
que, en determinadas circunstancias que no sean la liquidaciónde la empresa de seguros, la deuda deberá reembolsarse antesde la fecha de reembolso acordada,
v) que el contrato de préstamo sólo se pueda modificar una vez
que las autoridades competentes hayan declarado que no seoponen a la modificación;
b) valores de duración indeterminada y otros instrumentos, incluidas
las acciones acumulativas preferentes distintas de las mencionadas1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 16
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en la letra a), hasta el 50 % del margen de solvencia disponible o, si
es inferior, del margen de solvencia obligatorio, para el total dedichos valores y de los préstamos subordinados mencionados en la
letra a), siempre y cuando cumplan los requisitos siguientes:
i) no podrán reembolsarse a iniciativa del portador o sin el
acuerdo previo de la autoridad competente,
ii) el contrato de emisión deberá dar a la empresa de seguros la
posibilidad de diferir el pago de los intereses del préstamo,
iii) los créditos del prestamista sobre la empresa de seguros deberán
estar completamente subordinados a los de todos los acreedoresno subordinados,
iv) los documentos que regulen la emisión de valores deberán
prever la capacidad de la deuda y de los intereses no liquidadospara absorber las pérdidas, a la vez que permitan a la empresa
de seguros continuar sus actividades,
v) sólo se tendrán en cuenta los importes efectivamente desembol-
sados.
4. A petición debidamente justificada de la empresa ante la auto-
ridad competente del Estado miembro de origen y con el acuerdo dedicha autoridad competente, el margen de solvencia disponible podrá
estarconstituido asimismo por :
a) hasta el 31 de diciembre de 2009, un importe igual al 50 % de los
beneficios futuros de la empresa, sin que exceda del 25 % delmargen de solvencia disponible o, si es inferior, del margen desolvencia obligatorio. El importe de los beneficios futuros se
obtendrá multiplicando el beneficio anual estimado por un factor
que represente la duración residual media de los contratos. Estefactor no podrá ser superior a 6. El beneficio anual estimado noexcederá de la media aritmética de los beneficios obtenidos durantelos cinco últimos ejercicios económicos en las actividades enume-radas en el punto 1 del artículo 1.
Las autoridades competentes sólo podrán aceptar la inclusión de
esta cantidad para el margen de solvencia disponible:
i) cuando se presente un informe actuarial a las autoridades compe-
tentes justificando la probabilidad de que se produzcan estosbeneficios en el futuro, y
ii) siempre que la parte de los beneficios futuros que surja de las
plusvalías latentes netas mencionadas en la letra c) no haya sido
ya tenida en cuenta;
b) en caso de no haberse diferido la imputación de los gastos de adqui-
sición (zillmerización) o en el caso de haberse diferido por importe
inferior al que se deduce de los recargos para gastos de adquisición
incluidos en las primas, la diferencia entre la provisión matemáticano zillmerizada o parcialmente zillmerizada, y la provisión matemá-tica zillmerizada a una tasa de zillmerización igual al recargo paragastos de adquisición contenido en la prima. Esta diferencia no
podrá sin embargo exceder del 3,5 % de la diferencia entre los capi-
tales asegurados de las operaciones de seguro de vida y lasprovisiones matemáticas correspondientes para el conjunto de loscontratos en los que la zillmerización sea posible. El importe resul-tante será minorado con el importe de los gastos de adquisicióndiferidos que se reflejen en el activo;
c) las plusvalías latentes netas resultantes de la valoración de
elementos del activo, en la medida en que tales plusvalías latentesnetas no tengan un carácter excepcional;
d) la mitad de la fracción no desembolsada del capital social o del
fondo inicial, sólo si la parte desembolsada alcanza el 25 % dedicho capital o fondo, computándose como máximo el 50 % del
margen de solvencia disponible o, si es inferior, del margen de
solvencia obligatorio.
5. Las modificaciones de los apartados 2, 3 y 4, a fin de tener en
cuenta la evolución que justifique un ajuste técnico de los elementosque puedan integrar el margen de solvencia disponible, se adoptarán1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 17
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de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 2 de la
Directiva 91/675/CEE (1).
Artículo 19
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, el margen de
solvencia obligatorio estará determinado con arreglo a lo establecido
en los apartados 2 a 7, según los ramos de seguro suscritos.
2. Para los tipos de seguros contemplados en las letras a) y b) del
apartado 1 del artículo 1, distintos de los seguros ligados a fondos deinversión y para las operaciones contempladas en el apartado 3 del
artículo 1, el margen de solvencia obligatorio deberá ser igual a la
suma de los dos resultados siguientes:
a) primer resultado:
el resultado de multiplicar el 4 % de las provisiones matemáticas,
relativas a las operaciones de seguro directo y a las aceptacionesen reaseguro sin deducción de las cesiones en reaseguro por la rela-ción existente, en el último ejercicio, entre el importe total de lasprovisiones matemáticas, con deducción de las cesiones en rease-
guro, y el importe bruto de las provisiones matemáticas. Esta
relación no podrá ser en ningún caso inferior al 85 %;
b) segundo resultado:
para los contratos cuyos capitales en riesgo no sean negativos, el
resultado de multiplicar el 0,3 % de dichos capitales asumidos por
la empresa de seguros por la relación existente, en el último ejer-
cicio, entre el importe de los capitales en riesgo que subsistencomo compromiso de la empresa después de la cesión y retrocesiónen reaseguro, y el importe de los capitales en riesgo sin deduccióndel reaseguro. Esta relación no podrá ser en ningún caso inferior al50 %.
Para los seguros temporales en caso de muerte de una duración
máxima de tres años, dicho porcentaje será del 0,1 %. Para aquéllos
de una duración superior a tres años y no más de cinco, será del
0,15 %.
3. Para los seguros complementarios a que se refiere la letra c) del
apartado 1 del artículo 1, el margen de solvencia obligatorio deberá ser
igual al margen de solvencia obligatorio para las empresas de seguros,previsto en el artículo 16 bisde la Directiva 73/239/CEE, excluyendo
lo dispuesto en el artículo 17 de dicha Directiva.
4. Para el seguro permanente de enfermedad no sujeto a la anulación
mencionada en la letra d) del apartado 1 del artículo 1, el margen desolvencia obligatorio será igual a:
a) el 4 % de las provisiones matemáticas, calculadas de acuerdo con la
letra a) del apartado 2 del presente artículo, más
b) el margen de solvencia obligatorio para las empresas de seguros
previsto en el artículo 16 bisde la Directiva 73/239/CEE, exclu-
yendo lo dispuesto en el artículo 17 de dicha Directiva. Noobstante, la condición contemplada en la letra b) del apartado 6 delartículo 16 bisde dicha Directiva de que se cree una provisión de
envejecimiento se podrá sustituir por el requisito de que la actividad
se realice sobre bases colectivas.
5. Para las operaciones de capitalización a que se refiere la letra b)
del apartado 2 del artículo 1, el margen de solvencia obligatorio deberáser igual al 4 % de las provisiones matemáticas, calculadas de acuerdo
con la letra a) del apartado 2 del presente artículo.
6. Para las operaciones tontinas a que se refiere la letra a) del apar-
tado 2 del artículo 1, el margen de solvencia obligatorio deberá serigual al 1 % de sus activos.1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 18
(1) DO L 374 de 31.12.1991, p. 32.
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7. Para los seguros previstos en las letras a) y b) del apartado 1 del
artículo 1, ligados con fondos de inversión, y para las operacionesprevistas en las letras c), d) y e) del apartado 2 del artículo 1, el
margen de solvencia obligatorio deberá ser igual a la suma de lo
siguiente:
a) en la medida en que la empresa de seguros asuma un riesgo de
inversión, el 4 % de las provisiones técnicas, calculadas de acuerdocon la letra a) del apartado 2 del presente artículo;
b) en la medida en que la empresa de seguros no asuma ningún riesgo
de inversión, pero el importe destinado a cubrir los gastos degestión se fije para un período superior a cinco años, el 1 % de lasprovisiones técnicas, calculadas de acuerdo con la letra a) del apar-
tado 2 del presente artículo;
c) en la medida en que la empresa no asuma ningún riesgo de inver-
sión y la asignación para cubrir los gastos de gestión no se fije por
un período superior a cinco años, una cantidad equivalente al 25 %
de los gastos de administración netos de dicha actividad correspon-dientes al último ejercicio presupuestario;
d) en la medida en que la empresa asuma un riesgo de mortalidad, el
0,3 % de los capitales en riesgo, calculados de acuerdo con la letra
b) del apartado 2 del presente artículo.
Artículo 20
1. El fondo de garantía estará constituido por un tercio del margen
de solvencia obligatorio regulado en el artículo 19. Dicho fondo estarácompuesto por los elementos enumerados en los apartados 2 y 3 delartículo 18 y, con el acuerdo de las autoridades competentes del Estado
miembro de origen, por el elemento incluido en la letra c) del apartado
4 del artículo 18.
2. El fondo de garantía será como mínimo de 3 000 000 de euros.Cada Estado miembro podrá prever la reducción de un cuarto del
mínimo del fondo de garantía en el caso de mutuas y sociedadesmutuas y de tontinas.
Artículo 20 bis
1. Las cantidades en euros establecidas en el apartado 2 del artículo
20 serán objeto de una revisión anual que se iniciará el 20 deseptiembre de 2003, a fin de tener en cuenta los cambios en el índiceeuropeo de precios al consumo referido a todos los Estados miembros,con arreglo a lo publicado por Eurostat.
Las cantidades se adaptarán automáticamente aumentando su importe
inicial en euros en el cambio porcentual de dicho índice durante el
período transcurrido entre la entrada en vigor de la presente Directivay la fecha de revisión, redondeado hasta un múltiplo de 100 000 euros.
Si el cambio porcentual desde la última actualización es inferior al 5 %
no se efectuará actualización alguna.
2. La Comisión informará anualmente al Parlamento Europeo y al
Consejo acerca de la revisión y de las cantidades actualizadas según
lo contemplado en el apartado 1.
Artículo 21
1. Los Estados miembros no establecerán regla alguna en lo que se
refiere a la elección de los activos que superen aquellos que repre-
senten las provisiones técnicas contempladas en el artículo 17.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 17, en
los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 24 y en el párrafo segundo delapartado 1 del artículo 26, los Estados miembros no restringirán la libredisposición de los activos mobiliarios o inmobiliarios que formen partedel patrimonio de las empresas de seguros autorizadas.1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 19
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3. Los apartados 1y2n o constituirán un obstáculo para las medidas
que los Estados miembros, al mismo tiempo que salvaguardan los inte-reses de los asegurados, estén autorizados a adoptar en su calidad de
propietarios o socios de las empresas en cuestión.
Artículo 22
1. Los Estados miembros no podrán obligar a las empresas a ceder
una parte de sus suscripciones relativas a las actividades enumeradas enel artículo 1, a uno o varios de los organismos determinados por laregulación nacional.
2.►
M1La República italiana tomará todas las disposiciones nece-
sarias para que la obligación impuesta a las empresas establecidas ensu territorio de ceder una parte de sus suscripciones al «Istituto nazio-
nale di assicurazioni» quede suprimida, a más tardar, el 20 de
noviembre de 1994. ◄
Artículo 23
1. Cada Estado miembro obligará a las empresas que tengan su sede
social en su territorio, al rendir cuentas anualmente de todas sus opera-ciones, de su situación y de su solvencia.
2. Los Estados miembros exigirán a las empresas de seguros que
tengan su domicilio social en su territorio la presentación periódica delos documentos que sean necesarios para ejercer el control, así como de
los documentos estadísticos. Las autoridades competentes se comuni-
carán los documentos e informaciones útiles para el ejercicio delcontrol.
3. Cada Estado miembro adoptará todas las disposiciones oportunas
para que las autoridades competentes dispongan de los poderes y de losmedios necesarios para la vigilancia de las actividades de las empresasde seguros cuyo domicilio social se halle en su territorio, incluidas lasactividades ejercidas fuera de dicho territorio, de conformidad con lasdirectivas del Consejo relativas a tales actividades y con miras a la
aplicación de éstas.
Dichos poderes y medios deberán en particular proporcionar a las auto-
ridades competentes la posibilidad:
a) de informarse de manera detallada sobre la situación de la empresa
y sobre el conjunto de sus actividades, en especial:
— recabando información o exigiendo la presentación de los docu-
mentos relativos a la actividad de seguro,
— procediendo a comprobaciones in situ en los locales de la
empresa;
b) de adoptar, respecto de la empresa, de sus directivos responsables o
de las personas que controlen la empresa, todas las medidas
adecuadas y necesarias para garantizar que las actividades de laempresa cumplan de forma permanente las disposiciones legales,reglamentarias y administrativas que la empresa tenga obligaciónde observar en los distintos Estados miembros y, en especial, el
programa de actividades, en caso de que sea obligatorio, así como
para evitar o eliminar cualquier irregularidad que pudiera afectar alos intereses de los asegurados;
c) de garantizar la aplicación de dichas medidas, por vía de ejecución
forzosa si fuere necesario y, en su caso, mediante recurso a lasinstancias judiciales.
Los Estados miembros también podrán prever la posibilidad de que las
autoridades competentes obtengan cualquier información relativa a loscontratos que obren en poder de los intermediarios.1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 20
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Artículo 24 bis
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades compe-
tentes estén facultadas para exigir un plan de recuperación financieraa aquellas empresas de seguros en las que, a juicio de las autoridadescompetentes, estén amenazados los derechos de los asegurados. El plan
de recuperación financiera deberá, por lo menos, contener indicaciones
o justificaciones correspondientes a los próximos tres ejercicios, rela-tivas a:
a) las estimaciones de los gastos de gestión, en especial las comisiones
y los gastos generales corrientes;
b) un plan que establezca estimaciones detalladas de los ingresos y
gastos relativos a las operaciones de seguro directo, a las acep-taciones en reaseguro y a las cesiones en reaseguros;
c) los balances de situación previstos;
d) estimaciones de los recursos financieros con los que se pretenda
cubrir los compromisos contraídos y el margen de solvencia obliga-
torio;
e) la política global de reaseguro.
2. En los casos en que los derechos de los asegurados estén amena-
zados debido al deterioro de la situación financiera de la empresa, losEstados miembros velarán por que las autoridades competentes esténfacultadas para obligar a las empresas de seguros a tener un margende solvencia obligatorio más alto, a fin de garantizar que la empresade seguros pueda cumplir en un futuro próximo los requisitos de
solvencia. El nivel de este margen de solvencia obligatorio más
elevado se basará en el plan de recuperación financiera contempladoen el apartado 1.
3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades compe-
tentes estén facultadas para revisar a la baja todos los elementos quepuedan integrar el margen de solvencia disponible, en particular cuandose haya producido un cambio significativo en el valor de mercado deestos elementos desde el fin del ejercicio anterior.
4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades compe-
tentes estén facultadas para disminuir la reducción basada en elreaseguro del margen de solvencia determinado con arreglo al artículo
19 cuando:
a) la naturaleza o la calidad de los contratos de reaseguro haya
cambiado significativamente desde el ejercicio anterior;
b) en los contratos de reaseguro no se produzca, o sea insignificante, la
transferencia del riesgo.
5. En caso de que las autoridades competentes hayan requerido un
plan de recuperación financiera a la empresa de seguros con arreglo alapartado 1, se abstendrán de emitir el certificado a que se refiere elsegundo párrafo del apartado 3 del artículo 10 de la presente Directiva,la letra a) del apartado 1 del artículo 14 de la Directiva 90/619/CEE delConsejo (
1) (segunda Directiva de seguros de vida) y el apartado 2 del
artículo 11 de la Directiva 92/96/CEE del Consejo (2) (tercera Directiva
de seguros de vida) en tanto considere que los derechos de los asegu-rados están amenazados en el sentido del apartado 1.
Artículo 24
1. Si una empresa no se ajustare a las disposiciones del artículo 17,
la autoridad competente del Estado miembro de origen de la empresapodrá prohibir la libre disposición de los activos, una vez haya infor-1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 21
(1) DO L 330 de 29.11.1990, p. 50; Directiva cuya última modificación la cons-
tituye la Directiva 92/96/CEE (DO L 360 de 9.12.1992, p. 1).
(2) DO L 360 de 9.12.1992, p. 1. Directiva cuya última modificación la consti-
tuye la Directiva 2000/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L
290 de 17.11.2000, p. 27).▼M2
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mado de su intención a las autoridades competentes de los Estados
miembros del compromiso.
2. Para restablecer la situación financiera de una empresa cuyo
margen de solvencia no alcance el mínimo prescrito en el artículo 19,la autoridad competente del Estado miembro de origen exigirá un plande saneamiento, que deberá ser sometido a su aprobación.
En circunstancias excepcionales, si la autoridad competente considera
que la posición financiera de la empresa va a seguir deteriorándose,podrá también restringir o prohibir la libre disposición de los activos
de la empresa. Informará a las autoridades de los demás Estados miem-
bros en cuyo territorio la empresa ejerza su actividad de toda medidaadoptada y éstas, a petición de la primera autoridad, adoptarán lasmismas medidas que aquella haya adoptado.
3. Si el margen de solvencia no alcanzase el fondo de garantía
mínimo definido en el artículo 20, la autoridad competente del Estadomiembro de origen exigirá a la empresa un plan de financiación a cortoplazo, que deberá ser sometido a su aprobación.
Podrá, además, restringir o prohibir la libre disposición de los activos
de la empresa. Informará de ello a las autoridades de los Estadosmiembros en cuyo territorio la empresa ejerza alguna actividad, lascuales, a instancia suya, adoptarán idénticas medidas.
4. En los supuestos previstos en los apartados 1, 2 y 3, las autori-
dades competentes podrán adoptar, asimismo, cualquier otra medidaapropiada para salvaguardar los intereses de los asegurados.
5. Cada Estado miembro adoptará las disposiciones necesarias para
poder prohibir, de conformidad con su derecho nacional, la libre dispo-sición de los activos localizados en su territorio, a petición, en los
casos previstos en los apartados 1, 2 y 3, del Estado miembro de origen
de la empresa, que deberá designar los activos que deban ser objeto deestas medidas.
SECCIÓN C
Retiradadelaautorización
Artículo 26
1. La autorización concedida a la empresa de seguros por la auto-
ridad competente del Estado miembro de origen podrá ser retirada por
esta autoridad cuando la empresa:
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie
a ella expresamente o cese de ejercer su actividad durante un
período superior a seis meses, a menos que el Estado miembro
haya previsto la caducidad de la autorización en estos supuestos;
b) no cumpla ya las condiciones de acceso:
c) no haya podido llevara efecto, en el plazo fijado, las medidas
previstas en el plan de saneamiento o en el plan de financiacióncontemplados en el artículo 24;
d) incumpla de manera grave las obligaciones que le incumban en
virtud de la regulación que le sea aplicable.
En caso de revocación o de caducidad de la autorización, la autoridad
competente del Estado miembro de origen informará de ello a las auto-ridades competentes de los restantes Estados miembros, que adoptarán
las medidas oportunas para impedir que la empresa inicie nuevas
operaciones en su territorio, tanto en régimen de derecho de estableci-miento como en régimen de libre prestación de servicios. Asimismo, encolaboración con las mencionadas autoridades, la autoridad competentedel Estado miembro de origen adoptará las medidas que resulten opor-tunas para salvaguardar los intereses de los asegurados y, en particular,1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 22
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restringirá la libre disposición de los activos de la empresa, en aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 24, apartado 1, apartado 2, párrafosegundo y apartado 3, párrafo segundo.
2. Toda decisión de revocar una autorización deberá motivarse de
manera precisa y notificarse a la empresa interesada.
TÍTULO III A
NORMAS APLICABLES A LAS AGENCIAS O SUCURSALES ESTA-
BLECIDASEN LA COMUNIDADY DEPENDIENTESDE EMPRESAS
CUYASEDESOCIALESTÉSITUADAFUERADELACOMUNIDAD
Artículo 27
1. Cada Estado miembro hará depender de una autorización admi-
nistrativa el acceso a su territorio de las actividades relacionadas en el
artículo 1, para cualquier empresa cuya sede social estuviera fuera de la
Comunidad.
2. El Estado miembro podrá conceder la autorización si la empresa
satisface al menos las condiciones siguientes:
a) estar autorizada, en virtud de la legislación nacional de la que
depende, a practicar las actividades relacionadas en el artículo 1;
b) crear una agencia o sucursal en el territorio de ese Estado miembro;
c) comprometerse a establecer, en la sede de la agencia o sucursal, una
contabilidad específica de la actividad que ejerza, así como a
conservar en ella todos los documentos relativos a los asuntos
tratados;
d) designar un mandatario general, que deberá ser aceptado por la
autoridad competente;
e) disponeren el Estado miembr o de la explotación, de activos porun
importe al menos igual a la mitad del mínimo prescrito en la letra a)del apartado 2 del artículo 20 para el fondo de garantía, y depositarel cuarto de este mínimo con carácter de fianza;
f) comprometerse a mantener un margen de solvencia de conformidad
con el artículo 29;
g) presentar un programa de actividades de conformidad con los apar-
tados 1 y 2 del artículo 11.
Artículo 28
Los Estados miembros requerirán que las empresas constituyan las
reservas suficientes previstas en el artículo 17, que correspondan a lasobligaciones sucritas en su territorio. Controlarán que esas reservassean representadas por la agencia o sucursal mediante activos equiva-lentes y, en la medida fijada por el Estado miembro, congruentes.
La legislación de los Estados miembros será aplicable para el cálculo
de esas reservas, la determinación de las categorías de inversión y lavaloración de los activos, así como, llegado el caso, para la fijaciónde los límites en los que los activos pueden ser admitidos como repre-
sentación de esas reservas.
El Estado miembro interesado exigirá que los activos admitidos en
representación de esas reservas estén localizados en su territorio. Sin
embargo, será aplicable el apartado 3 del artículo 17.
Artículo 29
1. Cada Estado miembro obligará a las agencias o sucursales creadas
en su territorio, a disponer de un margen de solvencia constituido por
los elementos enumerados en el artículo 18. El mínimo del margen serácalculado de conformidad con el artículo 19. Unicamente se tomaránen consideración para ese cálculo las operaciones realizadas por laagencia o sucursal.1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 23
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2. Un tercio del mínimo del margen de solvencia constituirá el
fondo de garantía.
No obstante, el importe de ese fondo no puede ser inferior a la mitad
del mínimo previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 20. Le
será imputada la fianza inicial depositada de conformidad con la letrae) del apartado 2 del artículo 27.
El fondo de garantía y el mínimo de este fondo estarán constituidos de
conformidad con el artículo 20.
3. Los activos que constituyan la contrapartida del mínimo del
margen de solvencia, deben estar localizados dentro del Estado
miembro de explotación hasta el importe del fondo de garantía y, en
cuanto al exceso, dentro de la Comunidad.
Artículo 30
1. Las empresas que hayan solicitado u obtenido la autorización de
varios Estados miembros, pueden pedir las mejoras siguientes, que sólopodrán ser concedidas conjuntamente:
a) el margen de solvencia previsto en el artículo 29 estará calculado en
función del conjunto de la actividad global que ejerzan dentro de laComunidad; en ese caso, unicamente se tendrán en consideración
para ese cálculo las operaciones realizadas por el conjunto de las
agencias o sucursales establecidas en la Comunidad;
b) la fianza prevista en la letra e) del apartado 2 del artículo 27 sólo se
depositará en uno de esos Estados;
c) los activos que constituyan la contrapartida del fondo de garantía,
estarán localizados en uno cualquiera de los Estados miembros endonde ejerzan su actividad.
2. La solicitud de beneficiarse de las ventajas previstas en el apar-
tado 1, se hará ante las autoridades competentes de los Estados
miembros interesados. En esta solicitud se indicará la autoridad encar-gada de verificar, en lo sucesivo, la solvencian de las agencias osucursales establecidas en el seno de la Comunidad para el conjuntode sus operaciones. La elección de la autoridad hecha por la empresadeberá ser motivada. La fianza se depositará en el Estado miembro
correspondiente.
3. Las ventajas previstas en el apartado 1 sólo podrán ser concedidas
con el consentimiento de las autoridades competentes de todos losEstados miembros ante los que ha sido presentada la solicitud. Surtiránefecto a partir de la fecha en que la autoridad de control elegida se hacomprometido, ante las demás autoridades de control, a verificar la
solvencia de las agencias o sucursales establecidas en la Comunidad
para el conjunto de sus operaciones.
La autoridad de control elegida obtendrá de los otros Estados miembros
las informaciones necesarias para verificar la solvencia global de lasagencias y sucursales establecidas en su territorio.
4. A iniciativa de uno a varios Estados miembros afectados, las
ventajas concedidas en virtud del presente artículo serán suprimidas
simultáneamente para el conjunto de los Estados miembros interesados.
Artículo 31
1. a) Sin perjuicio de la letra b), las agencias o sucursales a que se
refiere el presente título no podrán acumular en el territorio deun Estado miembro, el ejercicio de las actividades previstas enel Anexo de la primera Directiva de coordinación «daños», conel ejercicio de las cubiertas por la presente Directiva.
b) Sin perjuicio de la letra c), los Estados miembros podrán prever
que las agencias y sucursales citadas en el presente título que, enel momento de la notificación de la presente Directiva, practi-quen simultáneamente las dos actividades en el territorio de unEstado miembro, puedan continuar practicando esa acumulación1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 24
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siempre que adopten una gestión separada para cada una de ellas,
de conformidad con el artículo 14.
c) Todo Estado miembro que, en virtud de las letras a) y b) del
apartado 6 del artículo 13, haya impuesto a las empresas estable-cidas en su territorio la obligación de poner fin a la acumulaciónde las actividades que practiquen en el momento de la notifica-ción de la presente Directiva, deberá igualmente imponer estaobligación a las agencias o sucursales a que se refiere el presente
título, establecidas en su territorio y que practiquen esa acumula-
ción.
d) Los Estados miembros pueden prever que las agencias y sucur-
sales a que se refiere en el presente título, cuya sede socialpractique la acumulación y que, en el momento de la notificación
de la presente Directiva, lleven a cabo en el territorio de un
Estado miembro únicamente las actividades referidas en lapresente Directiva, puedan proseguir allí sus actividades. Cuandola empresa quiera ejercer las actividades relacionadas en laprimera Directiva de coordinación «daños» en ese territorio,sólo podrá ejercer las actividades contempladas en la presente
Directiva por medio de un filial.
2. Los artículos 23 y 24 serán aplicables «mutatis mutandis» a las
agencias y surcursales a que se refiere el presente título.
Para la aplicación del artículo 24, la autoridad de control que efectúe la
verificación de la solvencia global de esas agencias o sucursales estará
asimilada a la autoridad de control des Estado miembro de la sedesocial.
3. En caso de retirada de la autorización por la autoridad prevista en
el apartado 2 del artículo 30, ésta informará a las autoridades decontrol de los otros Estados miembros en donde la empresa ejerza suactividad, las cuales tomarán las medidas oportunas. Si la decisión de
retirada estuviera motivada por la insuficiencia del margen de solvencia
calculado de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 30,la autoridades de control de los otros Estados miembros afectadostambién retirarán su autorización.
Artículo 31 bis
1. En las condiciones establecidas porel der echo nacional, cada
Estado miembro autorizará a las agencias y sucursales establecidas ensu territorio y a las que se hace mención en el presente título, a trans-ferir la totalidad o una parte de su cartera de contratos a un cesionarioestablecido en el mismo Estado miembro, si las autoridades compe-
tentes de dicho Estado miembro, o en su caso, las del Estado
miembro a que hace referencia el artículo 30, certifican que el cesio-nario tiene, habida cuenta de la transferencia, el margen de solvencianecesario.
2. En las condiciones establecidas porel der echo nacional, cada
Estado miembro autorizará a las agencias o sucursales establecidas ensu territorio y a las que se hace mención en el presente título, a trans-ferir la totalidad o una parte de su cartera de contratos a una empresa
de seguros con domicilio social en otro Estado miembro, si las autori-
dades competentes de dicho Estado miembro certifican que elcesionario tiene, habida cuenta de la transferencia, el margen desolvencia necesario.
3. Si un Estado miembro autoriza, en las condiciones establecidas
por el derecho nacional, a las agencias y sucursales establecidas en suterritorio y a la que se hace mención en el presente título, a transferir la
totalidad o una parte de su cartera de contratos a una agencia o sucursal
mencionada en el presente título y creada en el territorio de otro Estadomiembro, se asegurará de que las autoridades competentes del Estadomiembro del cesionario, o, en su caso, las del Estado miembro mencio-nado en el artículo 30, certifiquen que el cesionario tiene, habidacuenta de la transferencia, el margen de solvencia necesario, de que la1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 25
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ley del Estado miembro del cesionario dispone la posibilidad de dicha
transferencia y de que el Estado en cuestión aprueba la transferencia.
4. En los casos mencionados en los apartados 1, 2 y 3, el Estado
miembro en el que esté situada la agencia o la sucursal cedente auto-rizará la transferencia después de haber recibido la aprobación de lasautoridades competentes del Estado miembro del compromiso, cuandoéste no sea el Estado miembro en el que está situada la agencia o
sucursal cedente.
5. Las autoridades competentes de los Estados miembros consul-
tados comunicarán su dictamen o su acuerdo a las autoridadescompetentes del Estado miembro de origen de la empresa de seguroscedente, dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la
consulta. En caso de silencio por parte de las autoridades consultadas,
dicho silencio equivaldrá, una vez transcurrido el plazo mencionado, aun dictamen favorable o a un acuerdo tácito.
6. La transferencia autorizada con arreglo al presente artículo será
objeto, en el Estado miembro del compromiso, de una medida de publi-
cidad en las condiciones establecidas porel der echo nacional. Dicha
transferencia será oponible de pleno derecho a los tomadores de seguro,a los asegurados y a toda persona que tenga derechos u obligacionesderivados de los contratos transferidos.
Esta disposición no afectará al derecho de los Estados miembros a esta-
blecer la facultad, para los tomadores de seguro, de rescindir elcontrato en un plazo determinado a partir de la transferencia..
Artículo 32
La Comunidad podrá, mediante acuerdos celebrados de conformidad
con el Tratado con uno o más terceros países, convenir la aplicaciónde disposiciones diferentes a las previstas en el presente título, con elfin de asegurar, bajo condición de reciprocidad, una protección sufi-
ciente de los asegurados de los Estados miembros.
TÍTULO III B
NORMAS APLICABLES A LAS FILIALES O ADQUISICIONES DE
PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA MATRIZ SOMETIDA AL
DERECHODEUNPAÍSTERCERO
Artículo 32 bis
Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán a la
Comisión:
a) de cualquier autorización de una filial, directa o indirecta, de una o
varias empresas matrices que se rijan por el Derecho de un país
tercero. La Comisión informará de ello al comité mencionado en elapartado 6 del artículo 32 ter;
b) de cualquier adquisición, por parte de dichas empresas matrices, de
participaciones en una empresa de seguros de la Comunidad quehiciera de esta última su filial. La Comisión informará de ello elComité mencionado en el apartado 6 del artículo 32 ter.
Cuando se concede la autorización a una filial directa o indirecta de
una o varias empresas matrices sujetas al Derecho de un país tercero,
deberá especificarse la estructura del grupo en la notificación que lasautoridades competentes dirijan a la Comisión.
Artículo 32 ter
1. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las dificul-
tades de carácter general que encuentren sus empresas de seguros paraestablecerse o desarrollar sus actividades en un país tercero.
2. La Comisión elaborará por primera vez seis meses antes de la
fecha contemplada en el párrafo segundo del artículo 30 de la Directiva1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 26
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90/619/CEE (1) a más tardar, y posteriormente de forma periódica, un
informe en que se examine el trato concedido en los países terceros alas empresas de seguros de la Comunidad, tal como dicho trato se
entiende en los apartados 3 y 4 siguientes, en lo que se refiere al esta-
blecimiento y ejercicio de actividades de seguros, así como a laadquisición de participaciones de empresas de seguros de paísesterceros. La Comisión presentará dichos informes al Consejo acompa-ñados, en su caso, de propuestas adecuadas.
3. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 2 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que un país tercero noconcede a las empresas de seguros de la Comunidad un acceso efectivoal mercado comparable al que la Comunidad ofrece a las empresas deseguros de dicho país tercero, podrá presentar al Consejo propuestaspara que se le otorgue un mandato de negociación adecuado para
obtener condiciones de competencia comparables para las empresas de
seguros de la Comunidad. El Consejo decidirá por mayoría cualificada.
4. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 2 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que las empresas deseguros de la Comunidad no se benefician en un país tercero del trato
nacional que ofrezca las mismas posibilidades de competencia que a las
empresas de seguros nacionales y que no se cumplen las condicionesde acceso efectivo al mercado, podrá iniciar negociones con vistas asolucionardicha situación.
En los supuestos del párrafo primero del presente apartado 4, como
complemento al inicio de negociaciones, también podrá, en cualquier
momento, decidirse, de conformidad con el procedimiento establecido
en el apartado 6 del artículo 32 ter,que las autoridades competentes
de los Estados miembros deben limitar o suspender sus decisiones;
— en relación con las solicitudes de autorización presentadas en el
momento en que se tome la decisión o con posterioridad, y
— sobre las adquisiciones de participaciones por parte de empresas
matrices directas o indirectas que se rijan por el Derecho del paístercero en cuestión.
La vigencia de las medidas citadas no podrá ser superior a tres meses.Antes de que venza dicho plazo de tres meses y a la vista de los resul-
tados de la negociación, el Consejo podrá decidir, por mayoría
cualificada y a propuesta de la Comisión, que continúen aplicándose
las medidas adoptadas.
Dicha limitación o suspensión no podrá aplicarse a la creación de
filiales por empresas de seguros o por sus filiales debidamente autori-zadas en la Comunidad, ni a la adquisición de participaciones por talesempresas o filiales en una empresa de seguros de la Comunidad.
5. Cuando la Comisión realice una de las comprobaciones a que se
refieren los apartados 3 y 4, los Estados miembros le informarán, apetición suya:
a) de cualquier solicitud de autorización de una filial, directa o indi-
recta, de una o varias empresas matrices que se rijan por el
Derecho del país tercero de que se trate;
b) de cualquier proyecto que les presente una de tales empresas para
adquirir participaciones en una empresa de seguros de la Comu-nidad que convirtiera a ésta en filial de la primera.
Dejará de ser obligatoria dicha información tan pronto como se celebre
un acuerdo con el país tercero contemplado en el apartado 3 o en elapartado 4 o cuando dejen de ser aplicables las medidas contempladasen los párrafos segundo y tercero del apartado 4.
6. Asistirá a la Comisión un comité compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el Representante de la Comisión.1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 27
(1)D O noL 330 de 29. 11. 1990, p. 50.
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El Representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de
las medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobredicho proyecto en un plazo que el Presidente podrá establecer en
función de la urgencia de la cuestión. El dictamen se emitirá con
arreglo a la mayoría establecida en el apartado 2 del artículo 148 delTratado para la adopción de las decisiones que deba tomar el Consejoa propuesta de la Comisión. Para las votaciones que se efectúen en elComité, los votos de los representantes de los Estados miembros se
ponderarán del modo definido en dicho artículo. El Presidente no parti-
cipará en la votación.
La Comisión adoptará las medidas propuestas si las mismas se ajus-
taren al dictamen del Comité.
Si las medidas propuestas no se ajustaren al dictamen del Comité, o a
falta de dictamen, la Comisión presentará al Consejo sin tardanza unapropuesta relativa a las medidas que deban adoptarse. El Consejo sepronunciará por mayoría cualificada.
Si transcurrido un plazo que se fijará en cada acto que el Consejo
adopte con arreglo al presente apartado, pero que en ningún casopodrá exceder de tres meses a partir del momento en que la propuestase haya sometido al Consejo, éste no se hubiera pronunciado, la Comi-sión adoptará las medidas propuestas, excepto en el caso en que el
Consejo se haya pronunciado por mayoría simple contra dichas
medidas.
7. Las medidas que se adopten en virtud del presente artículo
deberán ajustarse a las obligaciones contraídas por la Comunidad con
arreglo a cualquier acuerdo internacional, tanto bilateral como multila-
teral, que regule el acceso a la actividad de las empresas de seguros ysu ejercicio.
TITULO IV
DISPOSICIONESTRANSITORIASYDIVERSAS
Artículo 33
1. Los Estados miembros dejarán a las empresas a que se refiere el
título II y que, en el momento de la entrada en vigor de las medidas deejecución de la presente Directiva, practiquen en su territorio uno ovarios de los ramos previstos en el Anexo, un plazo de cinco años, apartir de la notificación de la presente Directiva, para acomodarse alos artículos 18, 19 y 20.
2. Además, los Estados miembros podrán:
a) Conceder a las empresas contempladas en el apartado 1 que, al fina-
lizarel plazo de cinco años, no hayan constituido íntegr amente el
margen de solvencia, un plazo suplementario que no podrá exceder
de dos años, siempre que, de conformidad con el artículo 24, talesempresas hayan sometido a la autoridad de control la aprobación delas disposiciones que se propongan tomar a tal fin.
b) Dispensar, con la excepción de las mutuas de seguros a que se
refiere la segunda frase del segundo guión del punto 2 del artículo3, a las empresas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo
y cuyo importe del margen de solvencia que se ha de constituir en
virtud del artículo 19, sin deducción del reaseguro al finalizar elplazo de cinco años, no alcance el mínimo del fondo de garantíaprevisto en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 20, de laobligación de constituir el fondo antes de acabar el ejercicio parael cual el importe precitado alcance ese mínimo.
El plazo máximo así concedido a estas empresas para constituir ese
mínimo no podrá en ningún caso sobrepasar diez años a partir de la
notificación de la presente Directiva.
3. Las empresas que deseen ampliar su actividad con arreglo al
apartado 2 del artículo 8 o al artículo 10, sólo podrán hacerlo si seadaptan inmediatamente a las normas de la presente Directiva.1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 28
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4. Las empresas que tengan una forma distinta a las indicadas en el
artículo 8, podrán continuar ejerciendo durante tres años, a partir de lanotificación de la presente Directiva, su actividad actual bajo la forma
jurídica que revistan en el momento de esta notificación. Las empresas
creadas en el Reino Unido «by Royal Charter» o «by private Act» o«by special public Act», podrán proseguir su actividad bajo su formaactual sin limitación de tiempo.
Los Estados miembros interesados harán la lista de esas empresas y la
comunicarán a los otros Estados miembros, así como a la Comisión.
5. La empresas que practiquen, de conformidad con su objeto social,
el seguro sobre la vida y efectúen operaciones de ahorro, podrán prose-guir esas actividades con exclusión de las operaciones de ahorro quedeban cesar en un plazo de tres años a partir de la notificación de lapresente Directiva. Por excepción, la «Caisse générale d'épargne et
retraite (CGER)» en Bélgica, las sociedades «registered under the
Friendly Societies Acts» en el Reino Unido y la «Banca nazionale dellecomunicazioni» en Italia, podrán proseguir las actividades que practi-quen en el momento de la notificación de la presente Directiva.
6. Las empresas que practiquen la acumulación en las condiciones
previstas en el artículo 13, dispondrán de un plazo de cinco años a
partir de la notificación de la presente Directiva para adecuarse al
artículo 14.
7. A petición de las empresas que cumplan las obligaciones de los
artículos 17 al 20, los Estados miembros suprimirán las medidasrestrictivas tales como hipotecas, depósitos o fianzas constituidos en
virtud de se regulación actual.
Artículo 34
Los Estados miembros dejarán a las agencias o sucursales contem-
pladas en el título III y que, en el momento de la entrada en vigor delas medidas de ejecución de la presente Directiva, practiquen uno amás ramos de los previstos en el Anexo y que no amplíen su actividadcon arreglo al apartado 2 del artículo 10, un plazo máximo de cinco
años a partir de la notificación de la presente Directiva, para adecuarse
al artículo 29.
Artículo 36
Durante un período que finalizará en el momento de la entrada en vigor
de un acuerdo celebrado de conformidad con el artículo 32 con un paístercero y, a más tardar, al finalizar un período de cuatro años despuesde la notificación de la presente Directiva, cada Estado miembro podrá
mantener, en favor de las empresas de ese país establecidas en su terri-
torio, el régimen que se les aplicaba al 1 de enero de 1979 en lo que serefiere a la congruencia y a la localización de las reservas técnicas,incluidas las matemáticas, siempre que informen de ello a los otrosEstados miembros y a la Comisión, y no excedan los límites de las
atenuaciones concedidas en virtud del apartado 2 del artículo 17 a las
empresas de Estados miembros establecidas en su territorio.
Artículo 37
1. Cuando un Estado miembro exija de sus nacionales una prueba de
honorabilidad y de que no han sido declarados anteriormente enquiebra, o una sola de las dos pruebas, aceptará como justificación sufi-ciente, para los nacionales de otros Estados miembros, la presentación
de un extracto del registro de antecedentes penales a falta de ello, de
un documento equivalente expedido poruna autor idad judicial o admi-nistrativa competente del Estado miembro de origen o de procedenciaque acredite que se satisfacen esas exigencias.
2. Cuando el documento mencionado en el apartado 1 no se expide
por el Estado miembro de origen o de procedencia, podrá ser sustituido1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 29
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por una declaración jurada — o, en los Estados donde tal juramento no
exista, por una declaración solemne — hecha per el interesado ante unaautoridad judicial o administrativa competente o, llegado el caso, un
notario del Estado miembro de origen o de procedencia, que expedirá
un certificado que dará fe de ese juramento o de esa declaraciónsolemne. La declaración de ausencia previa de quiebra podrá hacerseigualmente ante un organismo profesional calificado de ese mismoEstado.
3. Los documentos expedidos de conformidad con los apartados 1 y
2 no deberán, desde su expedición, tener más de tres meses.
4. Los Estados miembros designarán, en un plazo de dieciocho
meses a partir desde la notificación de la presente Directiva, las auto-
ridades y organismos competentes para la expedición de los
documentos mencionados en los apartados 1 y 2, e informarán de elloinmediatamente a los demás Estados miembros y a la Comisión.
En el mismo plazo, cada Estado miembro indicará igualmente a los
otros Estados miembros y a la Comisión, las autoridades y organismos
a los cuales deberán ser presentados los documentos previstos en elpresente artículo, en apoyo de la petición de ejercer, en el territorio deeste Estado miembro, las activiades a que se refiere el artículo 1.
TITULO V
DISPOSICIONESFINALES
Artículo 38
La Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros
colaborarán estrechamente para facilitar el control de seguro directodentro de la Comunidad, y para examinar las dificultades que puedansurgir en la aplicación de la presente Directiva.
Artículo 39
1. La Comisión presentará al Consejo, en un plazo de seis años a
partir de la notificación de la presente Directiva, un informe sobre losefectos de las exigencias financieras prescritas por la presente Direc-
tiva, sobre la situación del mercado de seguros de los Estados
miembros. Si es necessario, la Comisión presentará al Consejoinformes provisionales antes de finalizar el período transitorio previstoen el apartado 1 del artículo 33.
2. Transcurridos diez años a partir de la notificación de la presente
Directiva, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre las
operaciones de los dos tipos de empresas que entran en el ámbito deaplicación de la presente Directiva, es decir las que practican la acumu-lación del ejercicio de las actividades previstas en la primera Directivade coordinación «daños» y las previstas en la presente Directiva, y las
empresas que sólo ejercen las actividades mencionadas en la presente
Directiva.
3. El Consejo, a propuesta de la Comisión, examinará cada dos años
y, en su caso, revisará, los importes expresados en unidades de cuentaen la presente Directiva, teniendo en cuento la evolución de la situa-
ción económica y monetaria en la Comunidad. La Comisión someterá
al Consejo su primera propuesta al respecto, al mismo tiempo que unapropuesta relativa a las seguros «daños», tal como está previsto en elartículo 3 de la Directiva 76/580/CEE (
1)y, a más tardar, cuatro años
después de la notificación de la presente Directiva.
Artículo 40
Los Estados miembros modificarán sus disposiciones de conformidad
con la presente Directiva en un plazo de dieciocho meses a partir desu notificación, e informarán inmediatamente de ello a la Comisión.Las disposiciones así modificadas, sin prejuicio de los artículos 33 al1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 30
(1)D O noL 189 de 13. 7. 1976, p. 13.
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36, serán aplicadas en un plazo de treinta meses a partir de esta notifi-
cación.
Artículo 41
Desde la notificación de la presente Directiva, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones fundamentales
de orden legal, reglamentario o administrativo, que adopten en el
ámbito cubierto por la presente Directiva.
Artículo 42
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 31
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ANEXO
CLASIFICACIONPORRAMOS
I. Los seguros previstos en las letras a), b) y c) del punto 1 del artículo 1,
excepto los incluidos en los puntos II y III.
II. El seguro de «nupcialidad», el seguro de «natalidad».
III. Los seguros previstos en las letras a) y b) del punto 1 del artículo 1, que
estén vinculados con fondos de inversión.
IV. El «permanent health insurance», previsto en la letra d) del punto 1 del
artículo 1.
V. Las operaciones tontinas previstas en la letra a) del punto 2 del artículo 1.
VI. Las operaciones de capitalización previstas en la letra b) del punto 2 del
artículo 1.
VII. Las operaciones de gestión de fondos colectivos de pensiones previstas en
las letras c) y d) del punto 2 del artículo 1.
VII. Las operaciones previstas en la letra e) del punto 2 del artículo 1.
IX. Las operaciones previstas en el punto 3 del artículo 1.1979L0267 — ES — 20.03.2002 — 007.001 — 32