1998L0027 — ES — 07.07.1999 — 001.001 — 1
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►B DIRECTIVA98/27/CEDELPARLAMENTOEUROPEOYDELCONSEJO
de19demayode1998
relativaalasaccionesdecesaciónenmateriadeproteccióndelosinteresesdelosconsumidores
(DO L 166 de 11.6.1998, p. 51)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
mayo de 1999L 171 12 7.7.1999
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DIRECTIVA 98/27/CE DELPARL AMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO
de19demayode1998
relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los
interesesdelosconsumidores
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular,su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión(
1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B
del Tratado(3),
(1) Considerando que determinadas Directivas, que figuran en la lista
aneja a la presente Directiva, establecen normas en materia deprotección de los intereses de los consumidores;
(2) Considerando que los mecanismos que existen actualmente para
garantizar el cumplimiento de dichas Directivas no siemprepermiten poner fin a su debido tiempo a las infracciones perjudi-ciales para los intereses colectivos de los consumidores; que por
intereses colectivos se entiende los intereses que no son una
acumulación de intereses de particulares que se hayan vistoperjudicados por una infracción; que esto no obsta a las accionesparticulares ejercitadas por particulares que se hayan visto perju-dicados por una infracción;
(3) Considerando que la eficacia de las medidas nacionales de trans-
posición de dichas Directivas a los efectos de obtener la cesaciónde prácticas que sean ilícitas con arreglo a la legislación nacional
aplicable, incluidas aquellas medidas de protección que vayan
más allá del nivel exigido por dichas Directivas, siempre ycuando sean compatibles con el Tratado y permitidas por dichasDirectivas, puede verse contrarrestada cuando tales prácticassurten su efecto en un Estado miembro distinto de aquel en elque se hayan originado;
(4) Considerando que estas dificultades pueden perjudicar al buen
funcionamiento del mercado interior, al tener por consecuencia
que baste con trasladar el punto de partida de una práctica ilícita
a otro país para sustraerse a cualquier tipo de aplicación; que elloconstituye una distorsión de la competencia;
(5) Considerando que estas mismas dificultades pueden hacer que
disminuya la confianza de los consumidores en el mercado inte-rior y limitar el margen de acción de las organizaciones de repre-sentación de los intereses colectivos de los consumidores o deorganismos públicos independientes encargados de la protección
de los intereses colectivos de los consumidores, perjudicados por
prácticas que violan el Derecho comunitario;
(6) Considerando que dichas prácticas sobrepasan a menudo las fron-
teras entre los Estados miembros; que es necesario y urgente
aproximar en cierta medida las disposiciones nacionales quepermiten hacer cesar las prácticas ilícitas antes mencionadas, conindependencia de cuál sea el país en el que la práctica ilícitaproduce sus efectos; que, por lo que se refiere a la jurisdicción,
(1) DO C 107 de 13. 4. 1996, p. 3, y DO C 80 de 13. 3. 1997, p. 10.
(2) DO C 30 de 30. 1. 1997, p. 112.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de noviembre de 1996 (DO C 362
de 2. 12. 1996, p. 236), Posición común del Consejo de 30 de octubre de
1997 (DO C 389 de 22. 12. 1997, p. 51), y Decisión del Parlamento Europeo
de 12 de marzo de 1998 (DO C 104 de 6. 4. 1998). Decisión del Consejo de
23 de abril de 1998.
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esto no obsta a que se apliquen las normas del Derecho interna-
cional privado y de los convenios en vigor entre los Estadosmiembros, y respeta las obligaciones generales de los Estadosmiembros que se derivan del Tratado, en particular las relacio-nadas con el adecuado funcionamiento del mercado interior;
(7) Considerando que los objetivos de la acción pretendida solo
pueden ser alcanzados por la Comunidad; que por lo tanto lecorresponde a ésta intervenir;
(8) Considerando que el párrafo tercero del artículo 3 B del Tratado
establece que el legislador comunitario no excederáde lo nece-sario para alcanzar los objetivos del Tratado; que en aplicaciónde esta disposición, deben tenerse en cuenta, en la medida de lo
posible, las especificidades de los ordenamientos jurídicos nacio-
nales concediendo a los Estados miembros la posibilidad deelegir entre diferentes opciones cuyos efectos sean equivalentes;que las autoridades judiciales o administrativas competentes pararesolver en lo que respecta a los procedimientos mencionados en
el artículo 2 de la presente Directiva deberían tener derecho a
examinar los efectos derivados de resoluciones anteriores;
(9) Considerando que una de estas opciones debería prever que uno
o más organismos públicos independientes, específicamenteencargados de la protección de los intereses colectivos de losconsumidores, ejerza los derechos a ejercitar las accionescontempladas en la presente Directiva; que la otra opción debe
prever el ejercicio de estos derechos por las organizaciones cuyo
objeto consiste en proteger los intereses colectivos de los consu-midores, según los criterios establecidos por las legislacionesnacionales;
(10) Considerando que, los Estados miembros deben poder elegir
entre ambas opciones o combinarlas designando a nivel nacional
los organismos u organizaciones autorizados a efectos de la
presente Directiva;
(11) Considerando que a los efectos de las infracciones intracomunita-
rias, debería aplicarse a tales organismos y/o organizaciones elprincipio de reconocimiento mutuo; que los Estados miembrosdeberían comunicar a la Comisión, a instancia de sus entidades
nacionales, la denominación y finalidad de sus entidades nacio-
nales habilitadas para ejercer una acción en su propio país conarreglo a lo dispuesto en la presente Directiva;
(12) Considerando que corresponde a la Comisión velar por que se
publique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una
lista de dichas entidades habilitadas; que, salvo declaración encontrario, se presumiráque una entidad habilitada tiene capa-
cidad jurídica si su denominación figura en dicha lista;
(13) Considerando que los Estados miembros deberían poder prever
una obligación de consulta previa a cargo de la parte que seproponga interponer una acción de cesación, con el fin depermitir al demandado poner fin a la infracción litigiosa; que losEstados miembros deberían poder establecer que dicha consulta
previa se efectúe conjuntamente con un organismo público inde-
pendiente designado por dichos Estados miembros;
(14) Considerando que, cuando los Estados miembros hayan estable-
cido una obligación de consulta previa, debería establecerse unplazo de dos semanas a partir de la recepción de la solicitud deconsulta tras el cual, si no hubiera cesado la infracción, el intere-sado podráejercitar una acción ante las autoridades judiciales o
administrativas competentes sin más trámite;
(15) Considerando que conviene que la Comisión informe sobre el
funcionamiento de la presente Directiva y en particular sobre sualcance y la aplicación del mecanismo de consulta previa;
(16) Considerando que la aplicación de la presente Directiva no
debería prejuzgar la aplicación de las normas comunitarias decompetencia,
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
Ámbitodeaplicación
1. La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros rela-
tivas a las acciones de cesación a las que se refiere el artículo 2, desti-nadas a la protección de los intereses colectivos de los consumidoresque se contemplan en las Directivas que aparecen enumeradas en elanexo, objeto de garantizar el buen funcionamiento del mercado inte-
rior.
2. A efectos de la presente Directiva, se entenderápor infracción
cualquier acto contrario a las Directivas que figuran en el anexo, tal ycomo estén incorporadas al ordenamiento jurídico interno de losEstados miembros, que atente contra los intereses colectivos a que se
refiere el apartado 1.
Artículo 2
Accionesdecesación
1. Los Estados miembros designarán las autoridades judiciales o
administrativas competentes para resolver en las acciones ejercitadaspor las entidades habilitadas con arreglo al artículo 3 a fin de obtenerque:
a) se ordene, con toda la diligencia debida, en su caso mediante proce-
dimiento de urgencia, la cesación o la prohibición de toda infrac-
ción;
b) se adopten, en su caso, medidas como la publicación, total o parcial,
y en la forma que se estime conveniente, de la resolución, o que se
publique una declaración rectificativa con vistas a suprimir losefectos duraderos derivados de la infracción;
c) en la medida en que el ordenamiento jurídico del Estado miembro
interesado lo permita, se condene a la parte demandada perdedora aabonar al Tesoro público o al beneficiario designado por la legisla-ción nacional, o en virtud de la misma, en caso de inejecución de laresolución en el plazo establecido por las autoridades judiciales o
administrativas, una cantidad fa por cada día de retraso o cualquier
otra cantidad prevista en la legislación nacional, al objeto de garan-tizar el cumplimiento de las resoluciones.
2. La presente Directiva no obstaráa la aplicación de las normas de
Derecho internacional privado relativas a la ley aplicable, lo que,
normalmente, supondrála aplicación, bien de la ley del Estado miembroen que se haya originado la infracción, bien de la ley del Estadomiembro en el que la infracción surta efectos.
Artículo 3
Entidadeshabilitadasparaejercitarunaacción
A efectos de la presente Directiva, se entenderápor «entidad habilitada»
cualquier organismo u organización, correctamente constituido con
arreglo a la legislación de un Estado miembro, que posea un interéslegítimo en hacer que se respeten las disposiciones contempladas en elartículo 1, y en particular:
a) uno o más organismos públicos independientes específicamente
encargados de la protección de los intereses a los que se refiere elartículo 1, en los Estados miembros en los que existan tales orga-nismos, y/o
b) las organizaciones cuya finalidad consista en la protección de los
intereses a los que se refiere el artículo 1, según los criterios estable-cidos por su legislación nacional.
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Artículo 4
Infraccionesintracomunitarias
1. Cada Estado miembro adoptarálas medidas necesarias para que,
cuando una infracción tenga su origen en ese Estado miembro, toda
entidad habilitada de otro Estado miembro donde los intereses prote-
gidos por esa entidad habilitada se vean afectados por dicha infracciónpueda interponer una demanda ante las autoridades judiciales o una soli-citud ante las autoridades administrativas a que hace referencia elartículo 2, previa presentación de la lista contemplada en el apartado 3.Las autoridades judiciales o administrativas aceptarán dicha lista como
prueba de la capacidad jurídica de la entidad habilitada sin perjuicio de
su derecho de examinar si la finalidad de la entidad habilitada justificaque ejercite acciones en un caso concreto.
2. A efectos de las infracciones intracomunitarias, y sin perjuicio de
los derechos reconocidos a otras entidades con arreglo a la legislaciónnacional, cuando las entidades habilitadas así lo soliciten, los Estados
miembros comunicarán a la Comisión que dichas entidades están habili-
tadas para ejercitar las acciones previstas en el artículo 2. Los Estadosmiembros informarán a la Comisión de la denominación y finalidad dedichas entidades habilitadas.
3. La Comisión elaboraráuna lista de las entidades habilitadas
contempladas en el apartado 2, precisando su finalidad. Esta lista se
publicaráen el DiarioOficial delasComunidadesEuropeas ; las modi-
ficaciones de dicha lista se publicarán sin dilación, y cada seis meses sepublicaráuna lista actualizada.
Artículo 5
Consultaprevia
1. Los Estados miembros podrán establecer o mantener disposiciones
por las que la parte que se proponga ejercitar una acción de cesación
únicamente pueda ejercerla después de que haya procurado obtener lacesación de la infracción previa consulta, bien con la parte demandada,bien tanto con la parte demandada como con una entidad habilitada atenor de la letra a) del artículo 3 del Estado miembro en que se ejercitela acción de cesación. Corresponderáal Estado miembro decidir si la
parte que pretende entablar la acción de cesación deberáconsultar a la
entidad habilitada. Si no se hubiera obtenido la cesación de la infraccióndentro de un plazo de dos semanas después de recibida la petición deconsulta, la parte afectada podráentablar una acción de cesación sinmás trámite.
2. Las normas reguladoras de la consulta previa que adopten los
Estados miembros serán notificadas a la Comisión y publicadas en el
DiarioOficialdelasComunidadesEuropeas .
Artículo 6
Informes
1. Cada tres años y, por primera vez, dentro de un plazo máximo de
cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Direc-
tiva, la Comisión presentaráal Parlamento Europeo y al Consejo un
informe sobre la aplicación de la misma.
2. En su primer informe, la Comisión examinará, en particular:
— el ámbito de aplicación de la presente Directiva en relación con la
protección de los intereses colectivos de las personas que ejerzan
una actividad comercial, industrial, artesanal o una profesiónliberal;
— el ámbito de aplicación de la presente Directiva tal y como lo
definen las Directivas enumeradas en el anexo;
— si la consulta previa establecida en el artículo 5 ha contribuido a la
protección eficaz de los consumidores.
En su caso, dicho informe iráacompañado de propuestas de modifica-
ción de la presente Directiva.
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Artículo 7
Disposicionesrelativasaunamásampliafacultaddeactuación
La presente Directiva no impediráel mantenimiento o a la adopción por
los Estados miembros de disposiciones que tengan por objeto garantizar,a escala nacional, una facultad de actuación más amplia a las entidades
habilitadas y a cualquier persona afectada.
Artículo 8
Aplicación
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo esta-blecido en la presente Directiva a más tardar 30 meses después de suentrada en vigor. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha refe-
rencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán lasmodalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado porla presente Directiva.
Artículo 9
Entradaenvigor
La presente Directiva entraráen vigor el vigésimo día siguiente al de su
publicación en el DiarioOficialdelasComunidadesEuropeas .
Artículo 10
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
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ANEXO
LISTADEDIRECTIVASCONTEMPLADASENELARTÍCULO1(1)
1) Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publi-
cidad engañosa (DO L 250 de 19. 9. 1984, p. 17).
2) Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los
consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales (DO L
372 de 31. 12. 1985, p. 31).
3) Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de
crédito al consumo (DO L 42 de 12. 2. 1987, p. 48), cuya última modificación la constituye la
Directiva 98/7/CE (DO L 101 de 1. 4. 1998, p. 17).
4) Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejer-
cicio de actividades de radiodifusión televisiva: artículos 10 a 21 (DO L 298 de 17. 10. 1989, p. 23),
modificada por la Directiva 97/36/CE (DO L 202 de 30. 7. 1997, p. 60).
5) Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las
vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO L 158 de 23. 6. 1990, p. 59).
6) Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los medica-
mentos para uso humano (DO L 113 de 30. 4. 1992, p. 13).
7) Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21. 4. 1993, p. 29).
8) Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la
protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición
de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (DO L 280 de 29. 10.
1994, p. 83).
9) Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la
protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (DO L 144 de 4. 6. 1997, p. 19).
▼M1
10) Directiva 99/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determi-
nados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO L 171 de 7.7.1999, p.
12).
(1) Las Directivas nos1, 6, 7 y 9 contienen disposiciones específicas sobre las
acciones de cesación.