02011D0172 — ES — 23.03.2019 — 009.001

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▼B

DECISIÓN 2011/172/PESC DEL CONSEJO

de 21 de marzo de 2011

relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto







Artículo 1

1. Se inmovilizarán todos los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas que hayan sido identificadas como responsables de malversación de fondos públicos egipcios y a las personas físicas o jurídicas o entidades vinculadas a aquellas que se enumeran en el anexo.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de capitales o recursos económicos.

3. La autoridad competente de un Estado miembro podrá autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que considere adecuadas, tras haber determinado que los fondos o recursos económicos de que se trata son:

a) necesarios para atender las necesidades básicas de las personas físicas enumeradas en el anexo y de los miembros dependientes de su familia, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b) destinados exclusivamente a pagar honorarios profesionales razonables y reembolsar gastos relacionados con la prestación de servicios jurídicos;

c) destinados exclusivamente a pagar retribuciones o exacciones por servicios de conservación ordinarios o de mantenimiento de fondos o recursos económicos congelados, o

d) necesarios para gastos extraordinarios, siempre que la autoridad competente haya notificado a las autoridades competentes de los otros Estados miembros y a la Comisión los motivos por los que considera que debería concederse una autorización específica, al menos dos semanas antes de la autorización.

Cada Estado miembro informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del presente apartado.

▼M2

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes de un Estado miembro podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, cuando concurran las siguientes condiciones:

a) que los fondos o recursos económicos sean objeto de una resolución arbitral pronunciada antes de la fecha en que se haya incluido en la lista del anexo a la persona física o jurídica, entidad u organismo de los enumerados en el apartado 1 o a una resolución judicial o administrativa pronunciada en la Unión, o a una resolución judicial ejecutable en el Estado miembro de que se trate, antes o después de dicha fecha;

b) que los fondos o recursos económicos de que se trate vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones garantizadas por tal resolución, o reconocidas como válidas en tal resolución, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores;

c) que la resolución no beneficie a una persona física o jurídica, entidad u organismo que figure en la lista del anexo, y

d) que el reconocimiento de la resolución no sea contrario al orden público en el Estado miembro de que se trate.

El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del presente apartado.

▼B

5. El apartado 1 no impedirá a una persona física o jurídica, entidad u organismo de los enumerados, efectuar pagos en virtud de contratos suscritos con anterioridad a su inclusión en el anexo, siempre y cuando el Estado miembro de que se trate haya determinado que el pago no es percibido directa ni indirectamente por una persona, entidad u organismo de los contemplados en el apartado 1.

▼M2

6. El apartado 2 no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:

a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas;

b) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas quedaron sujetas a las medidas establecidas en los apartados 1 y 2, o

c) pagos en virtud de una resolución judicial, administrativa o arbitral emitida en la Unión o con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de que se trate,

siempre y cuando tales intereses, otros beneficios y pagos estén también inmovilizados de acuerdo con el apartado 1.

▼B

Artículo 2

1. El Consejo, a propuesta de un Estado miembro o de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, decidirá sobre el establecimiento y la modificación de la lista que figura en el anexo.

2. El Consejo comunicará la decisión a que se refiere el apartado 1 a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectado, incluidos los motivos de su inclusión en la lista, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, o mediante la publicación de un anuncio, para que la persona, entidad u organismo tenga la oportunidad de presentar sus alegaciones al respecto.

3. Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo reconsiderará la decisión a que se refiere el apartado 1 e informará en consecuencia a la persona, entidad u organismo afectados.

Artículo 3

1. El anexo expondrá los motivos de inclusión en la lista de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el artículo 1, apartado 1.

2. El anexo incluirá también, cuando se disponga de ella, la información necesaria a efectos de reconocer a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos afectados. Respecto de las personas, esa información podrá incluir el nombre y apellidos y los alias, la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, la dirección postal, si se conoce, y el cargo o profesión. Respecto de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, la información podrá incluir el nombre, la fecha y el lugar de registro, el número de registro y la dirección profesional.

Artículo 4

Con el fin de conseguir que las medidas a que se refiere el artículo 1, apartados 1 y 2 consigan las máximas repercusiones, la Unión animará a terceros Estados a que adopten medidas restrictivas similares a las establecidas en la presente Decisión.

▼M1

Artículo 5

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

▼M10

La presente Decisión será aplicable hasta el 22 de marzo de 2020.

▼M1

La presente Decisión estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o modificará, si procede, en caso de que el Consejo estime que no se han cumplido los objetivos de la misma.

▼M10









ANEXO

A. Lista de las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a los que se hace referencia en el artículo 1







Nombre (y alias) Información identificativa Motivos de la inclusión en la lista 1. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak Expresidente de la República Árabe de Egipto Fecha de nacimiento: 4.5.1928 Varón Persona incursa en procedimientos judiciales o en un proceso de recuperación de activos por parte de las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judicial firme por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 2. Suzanne Saleh Thabet Esposa de D. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, expresidente de la República Árabe de Egipto Fecha de nacimiento: 28.2.1941 Mujer Asociada con Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, persona incursa en procedimientos judiciales o en un proceso de recuperación de activos por parte de las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judicial firme por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 3. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak Hijo de D. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, expresidente de la República Árabe de Egipto Fecha de nacimiento: 26.11.1960 Varón Persona incursa en procedimientos judiciales o en un proceso de recuperación de activos por parte de las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judicial firme por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 4. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh Esposa de D. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, hijo del expresidente de la República Árabe de Egipto Fecha de nacimiento: 5.10.1971 Mujer Persona incursa en procedimientos judiciales o en un proceso de recuperación de activos por parte de las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judicial firme por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y asociada con Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak 5. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak Hijo de D. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, expresidente de la República Árabe de Egipto Fecha de nacimiento: 28.12.1963 Varón Persona incursa en procedimientos judiciales o en un proceso de recuperación de activos por parte de las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judicial firme por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 6. Khadiga Mahmoud El Gammal Esposa de D. Gamal Mahamed Hosni Elsayed Mubarak, hijo del expresidente de la República Árabe de Egipto Fecha de nacimiento: 13.10.1982 Mujer Persona incursa en procedimientos judiciales o en un proceso de recuperación de activos por parte de las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judicial firme por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y asociada con Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak 15. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana Exministro de Turismo Fecha de nacimiento: 20.2.1959 Varón Persona incursa en procedimientos judiciales por parte de las autoridades egipcias por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 18. Habib Ibrahim Habib Eladli Exministro del Interior Fecha de nacimiento: 1.3.1938 Varón Persona incursa en procedimientos judiciales por parte de las autoridades egipcias por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 19. Elham Sayed Salem Sharshar Esposa de D. Habib Ibrahim Eladli Fecha de nacimiento: 23.1.1963 Mujer Persona incursa en procedimientos judiciales por malversación de fondos públicos, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y asociada con Habib Ibrahim Eladli

B. Derecho de defensa y derecho a la tutela judicial efectiva con arreglo a la ley egipcia:

Derecho de defensa y derecho a la tutela judicial efectiva

De los artículos 54, 97 y 98 de la Constitución egipcia; de los artículos 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 y 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia y de los artículos 93 y 94 de la Ley de la Abogacía egipcia (Ley n.o 17 de 1983) se deriva que la Ley egipcia garantiza los derechos siguientes:

— a cualquier persona sospechosa o acusada de un delito: — 1. el derecho al control jurisdiccional de cualquier acto o decisión administrativa; 2. l derecho a defenderse por sí misma o a ser asistida por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, a ser asistida gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan;

— a cualquier persona acusada de un delito: — 1. el derecho a ser informada, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra ella; 2. el derecho a disponer del tiempo y de los medios necesarios para la preparación de su defensa; 3. el derecho a interrogar o hacer que se interrogue a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia y el interrogatorio de los testigos de descargo en las mismas condiciones que los testigos de cargo; 4. el derecho a disponer de la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla la lengua utilizada en el tribunal.

Aplicación del derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva

1. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Mubarak fueron respetados en el proceso penal en que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Primer asunto

El 27 de junio de 2013, el Sr. Mubarak fue acusado, junto con otras dos personas, de malversación de fondos públicos, y el 17 de noviembre de 2013 se iniciaron procedimientos ante el Tribunal Penal de El Cairo. El 21 de mayo de 2014, el Tribunal declaró culpables a los tres acusados. Los acusados recurrieron esta sentencia ante el Tribunal de Casación. El 13 de enero de 2015, el Tribunal de Casación anuló la decisión y ordenó que se celebrase un nuevo juicio. En el nuevo juicio, los días 4 y 29 de abril de 2015, se atendió a las alegaciones orales y escritas de las partes. El 9 de mayo de 2015, el Tribunal Penal de El Cairo condenó a los procesados, y ordenó la restitución de los fondos indebidamente apropiados y el pago de una multa. El 24 de mayo de 2015, se presentó un recurso ante el Tribunal de Casación. El 9 de enero de 2016, el Tribunal de Casación confirmó las condenas. El 8 de marzo de 2016, los acusados alcanzaron un arreglo en el marco del Comité de Expertos establecido por el Decreto del Primer Ministro n.o 2873 de 2015. Este arreglo fue aprobado en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2016. El Fiscal General no presentó el arreglo ante el Tribunal de Casación para su aprobación definitiva habida cuenta de que no consideraba que el Comité de Expertos fuera el comité competente. Los acusados tienen la posibilidad de presentar una solicitud para alcanzar un arreglo al comité competente, el Comité Nacional para la Recuperación de Activos Situados en el Extranjero.

Segundo asunto

La investigación relativa a los hechos de apropiación indebida de fondos o activos públicos está todavía en curso. El Consejo no ha encontrado ningún indicio de que no se hayan respetado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Mubarak.

3. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Alaa Mubarak fueron respetados en el proceso penal en que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Resolución de embargo

El 28 de febrero de 2011, el Fiscal General emitió una orden que prohibía al Sr. Alaa Mubarak y a otras personas disponer de sus activos y fondos de conformidad con el artículo 208 bis/a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia, que permite al Fiscal General prohibir al acusado, a su mujer y a sus hijos disponer de sus activos en caso de que existan dudas acerca de si tales activos son productos ilícitos de delitos cometidos por el acusado. El 8 de marzo de 2011, el Tribunal Penal competente confirmó la orden de prohibición. Con arreglo al derecho de la República Árabe de Egipto, los acusados tienen derecho a impugnar la resolución del tribunal sobre la orden de prohibición ante el mismo tribunal. El Sr. Alaa Mubarak no ha impugnado la resolución de 8 de marzo de 2011.

Primer asunto

El acusado fue remitido junto con otra persona al tribunal competente (Tribunal Penal de El Cairo) el 30 de mayo de 2012. El 6 de junio de 2013, el tribunal devolvió el asunto al fiscal para que prosiguieran las investigaciones. Tras la conclusión de las investigaciones, el asunto fue remitido de nuevo al tribunal. El 15 de septiembre de 2018, el Tribunal Penal de El Cairo dictó una resolución en la cual: i) solicitaba al Comité de Expertos que había nombrado que complementara el informe pericial que el comité había presentado al Tribunal en julio de 2018; ii) ordenaba la detención de los acusados; y iii) pedía que se remitiera a los acusados al Comité Nacional para la Recuperación de Activos Situados en el Extranjero con vistas a una posible conciliación. Los acusados impugnaron con éxito la orden de detención y, tras una moción de recusación de la sala jurisdiccional, el asunto se remitió a otro órgano del Tribunal Penal para que lo sometiera a control jurisdiccional.

Segundo asunto

El 27 de junio de 2013, el Sr. Alaa Mubarak fue acusado, junto con otras dos personas, de malversación de fondos públicos, y el 17 de noviembre de 2013 se iniciaron procedimientos ante el Tribunal Penal de El Cairo. El 21 de mayo de 2014, el Tribunal declaró culpables a los tres acusados. Los acusados recurrieron esta sentencia ante el Tribunal de Casación. El 13 de enero de 2015, el Tribunal de Casación anuló la decisión y ordenó que se celebrase un nuevo juicio. En el nuevo juicio, los días 4 y 29 de abril de 2015, se atendió a las alegaciones orales y escritas de las partes.

El 9 de mayo de 2015, el Tribunal Penal de El Cairo condenó a los procesados, y ordenó la restitución de los fondos indebidamente apropiados y el pago de una multa. El 24 de mayo de 2015, se presentó un recurso ante el Tribunal de Casación. El 9 de enero de 2016, el Tribunal de Casación confirmó las condenas. El 8 de marzo de 2016, los acusados alcanzaron un arreglo en el marco del Comité de Expertos establecido por el Decreto del Primer Ministro n.o 2873 de 2015. Este arreglo fue aprobado en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2016. El Fiscal General no presentó el arreglo ante el Tribunal de Casación para su aprobación definitiva habida cuenta de que no consideraba que el Comité de Expertos fuera el comité competente. Los acusados tienen la posibilidad de presentar una solicitud para alcanzar un arreglo al comité competente, el Comité Nacional para la Recuperación de Activos Situados en el Extranjero.

Tercer asunto

La investigación relativa a los hechos de apropiación indebida de fondos o activos públicos está todavía en curso. El Consejo no ha encontrado ningún indicio de que no se hayan respetado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Alaa Mubarak.

4. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de la Sra. Rasekh fueron respetados en el proceso penal en el que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Resolución de embargo

El 28 de febrero de 2011, el Fiscal General emitió una orden que prohibía a la Sra. Rasekh y a otras personas disponer de sus activos y fondos en virtud del artículo 208 bis/a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia, que permite al Fiscal General prohibir al acusado, a su mujer y a sus hijos disponer de sus activos en caso de que existan dudas acerca de si tales activos son productos ilícitos de delitos cometidos por el acusado. El 8 de marzo de 2011, el Tribunal Penal competente confirmó la orden de prohibición. Con arreglo al derecho de la República Árabe de Egipto, los acusados tienen derecho a impugnar la resolución del tribunal sobre la orden prohibición ante ese mismo tribunal. La Sra. Rasekh no ha impugnado la resolución de 8 de marzo de 2011.

Asunto

La investigación relativa a los hechos de apropiación indebida de fondos o activos públicos está todavía en curso. El Consejo no ha encontrado ningún indicio de que no se hayan respetado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva de la Sra. Rasekh.

5. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Gamal Mubarak fueron respetados en el proceso penal en el que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Resolución de embargo

El 28 de febrero de 2011, el Fiscal General emitió una orden que prohibía al Sr. Gamal Mubarak y a otras personas disponer de sus activos y fondos en virtud del artículo 208 bis/a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia, que permite al Fiscal General prohibir al acusado, a su mujer y a sus hijos disponer de sus activos en caso de que existan dudas acerca de si tales activos son productos ilícitos de delitos cometidos por el acusado. El 8 de marzo de 2011, el Tribunal Penal competente confirmó la orden de prohibición. Con arreglo al derecho de la República Árabe de Egipto, los acusados tienen derecho a impugnar la resolución del tribunal sobre la orden prohibición ante ese mismo tribunal. El Sr. Gamal Mubarak no ha impugnado la resolución de 8 de marzo de 2011.

Primer asunto

El Sr. Gamal Mubarak fue remitido junto con otra persona al tribunal competente (Tribunal Penal de El Cairo) el 30 de mayo de 2012. El 6 de junio de 2013, el tribunal devolvió el asunto al fiscal para que prosiguieran las investigaciones. Tras la conclusión de las investigaciones, el asunto fue remitido de nuevo al tribunal. El 15 de septiembre de 2018, el Tribunal Penal de El Cairo dictó una sentencia en la cual: i) solicitaba al Comité de Expertos que había nombrado que complementara el informe pericial que el comité había presentado al tribunal en julio de 2018; ii) ordenaba la detención de los acusados; y iii) pedía que se remitiera a los acusados al Comité Nacional para la Recuperación de Activos Situados en el Extranjero con vistas a una posible conciliación. Los acusados impugnaron con éxito la orden de detención y, tras una moción de recusación de la sala jurisdiccional, el asunto se remitió a otro órgano del Tribunal Penal para que lo sometiera a control jurisdiccional.

Segundo asunto

El 27 de junio de 2013, el Sr. Gamal Mubarak fue acusado, junto con otras dos personas, de malversación de fondos públicos, y el 17 de noviembre de 2013 se iniciaron procedimientos ante el Tribunal Penal de El Cairo. El 21 de mayo de 2014, el Tribunal declaró culpables a los tres acusados. Los acusados recurrieron esta sentencia ante el Tribunal de Casación. El 13 de enero de 2015, el Tribunal de Casación anuló la decisión y ordenó que se celebrase un nuevo juicio. En el nuevo juicio, los días 4 y 29 de abril de 2015, se atendió a las alegaciones orales y escritas de las partes. El 9 de mayo de 2015, el Tribunal Penal de El Cairo condenó a los procesados, y ordenó la restitución de los fondos indebidamente apropiados y el pago de una multa. El 24 de mayo de 2015, se presentó un recurso ante el Tribunal de Casación. El 9 de enero de 2016, el Tribunal de Casación confirmó las condenas. El 8 de marzo de 2016, los acusados alcanzaron un arreglo en el marco del Comité de Expertos establecido por el Decreto del Primer Ministro n.o 2873 de 2015. Este arreglo fue aprobado en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2016. El Fiscal General no presentó el arreglo ante el Tribunal de Casación para su aprobación definitiva habida cuenta de que no consideraba que el Comité de Expertos fuera el comité competente. Los acusados tienen la posibilidad de presentar una solicitud para alcanzar un arreglo al comité competente, el Comité Nacional para la Recuperación de Activos Situados en el Extranjero.

Tercer asunto

La investigación relativa a los hechos de apropiación indebida de fondos o activos públicos está todavía en curso. En el transcurso de las investigaciones se ha interrogado al Sr. Gamal Mubarak. El Consejo no ha encontrado ningún indicio de que no se hayan respetado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Gamal Mubarak.

6. Khadiga Mahmoud El Gammal

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de la Sra. Khadiga El Gammal fueron respetados en el proceso penal en el que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Resolución de embargo

El 28 de febrero de 2011, el Fiscal General emitió una orden que prohibía a la Sra. Khadiga El Gammal y a otras personas disponer de sus activos y fondos en virtud del artículo 208 bis/a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia, que permite al Fiscal General prohibir al acusado, a su mujer y a sus hijos disponer de sus activos en caso de que existan dudas acerca de si tales activos son productos ilícitos de delitos cometidos por el acusado. El 8 de marzo de 2011, el Tribunal Penal competente confirmó la orden de prohibición. Con arreglo al derecho de la República Árabe de Egipto, los acusados tienen derecho a impugnar la resolución del tribunal sobre la orden prohibición ante ese mismo tribunal. La Sra. El Gammal no ha impugnado la resolución de 8 de marzo de 2011.

Asunto

La investigación relativa a los hechos de apropiación indebida de fondos o activos públicos está todavía en curso. El Consejo no ha encontrado ningún indicio de que no se hayan respetado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva de la Sra. El Gammal.

15. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Garrana fueron respetados en el proceso penal en el que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Asunto

La investigación relativa a los hechos de apropiación indebida de fondos o activos públicos está todavía en curso. El Consejo no ha encontrado ningún indicio de que no se hayan respetado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Garrana.

18. Habib Ibrahim Habib Eladli

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Eladli fueron respetados en el proceso penal en el que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Asunto

El juez de instrucción remitió al Sr. Eladli al tribunal competente para que fuera enjuiciado por apropiación indebida de fondos públicos. El 7 de febrero de 2016, dicho tribunal resolvió que procedía embargar los activos del Sr. Eladli, de su esposa y de su hijo menor de edad. Al amparo de dicha resolución del tribunal, el 10 de febrero de 2016 el Fiscal General emitió una orden de embargo en virtud del artículo 208 bis/a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia, que permite al Fiscal General prohibir al acusado, a su mujer y a sus hijos disponer de sus activos en caso de que existan dudas acerca de si tales activos son productos ilícitos de delitos cometidos por el acusado. Con arreglo al derecho de la República Árabe de Egipto, los acusados tienen derecho a impugnar la resolución del tribunal sobre la orden prohibición ante ese mismo tribunal. El 15 de abril de 2017, el Tribunal declaró culpable al acusado. El acusado impugnó la sentencia ante el Tribunal de Casación, que anuló la decisión de 11 de enero de 2018 y ordenó que se celebrase un nuevo juicio. El nuevo juicio está todavía en curso.

19. Elham Sayed Salem Sharshar

La información que consta en el expediente del Consejo pone de manifiesto que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de la Sra. Sharshar fueron respetados en el proceso penal en el que se basó el Consejo. Ello queda demostrado, en particular, por lo siguiente:

Resolución de embargo

El juez de instrucción remitió al esposo de la Sra. Sharshar al tribunal competente para que fuera enjuiciado por apropiación indebida de fondos públicos. El 7 de febrero de 2016 dicho tribunal resolvió que procedía embargar los activos de la Sra. Sharshar, de su esposo y de su hijo menor de edad Al amparo de dicha resolución del tribunal, el 10 de febrero de 2016 el Fiscal General emitió una orden de embargo en virtud del artículo 208 bis/a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal egipcia, que permite al Fiscal General prohibir al acusado, a su mujer y a sus hijos disponer de sus activos en caso de que existan dudas acerca de si tales activos son productos ilícitos de delitos cometidos por el acusado. Con arreglo al derecho de la República Árabe de Egipto, los acusados tienen derecho a impugnar la resolución del tribunal sobre la orden prohibición ante ese mismo tribunal. La Sra. Sharshar no ha impugnado la resolución del Tribunal.