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La política pesquera común (PPC) establece las normas generales en materia de conservación, gestión y explotación responsable, transformación y comercialización de los recursos acuáticos vivos. Los objetivos y las normas específicas en este ámbito se establecen, en particular, en el Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común ( 2 ). La responsabilidad de garantizar que las actividades desarrolladas en el ámbito de la PPC cumplen con las normas vigentes incumbe en primer lugar a los Estados miembros. Los Estados miembros deben contar con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir con sus responsabilidades en lo tocante al control de las actividades pesqueras y la observancia de las normas de la PPC. El Reglamento (CE) no 2371/2002 insiste en la necesidad de seguir mejorando el control de las actividades pesqueras a fin de combatir por todos los medios la pesca ilegal y no declarada, tanto en aguas comunitarias como fuera de ellas. Señala que las tecnologías de control remoto son un instrumento que contribuye a lograr de forma más adecuada los objetivos de control de la PPC y exige que el control remoto mediante sistemas de localización de buques se amplíe a los buques de más de 15 metrosdeeslora total. Las normas de la PPC se aplicarán, a partir de la fecha de la adhesión, a los nuevos Estados miembros, que deben estar en condiciones de cumplir todos los requisitos establecidos en la legislación comunitaria, especialmente en el ámbito del control. Debe dotarse a estos nuevos Estados miembros de los medios necesarios para cumplir sus obligaciones. Desde 1990, la Comunidad concede ayuda financiera a los Estados miembros a fin de incrementar la eficiencia y eficacia de los controles, y, en particular, para introducir y extender la tecnología de control remoto y las redes informáticas, mejorar la capacitación del personal y dotar a las autoridades competentes de buques patrulleros y aeronaves de vigilancia. Las disposiciones financieras vigentes, establecidas en virtud de la Decisión 2001/431/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa a una participación financiera de la Comunidad en determinados gastos realizados por los Estados miembros para la aplicación de los regímenes de control, de inspección y de vigilancia aplicables a la política pesquera común ( 3 ), expiraron a finales de 2003. No obstante, parece evidente que los recursos de los Estados miembros siguen siendo inadecuados. Garantizar la aplicación efectiva de las normas de la PPC en toda la Comunidad es un objetivo de primordial importancia. Algunos de quienes participan en los procedimientos administrativos o penales no son plenamente conscientes en todos los casos de la necesidad de imponer sanciones disuasorias, a fin de evitar la sobreexplotación de las poblaciones de peces. Por consiguiente, es conveniente impulsar medidas para que este aspecto sea objeto de mayor atención. El Reglamento (CE) no 2371/2002 destaca la necesidad de estrechar la cooperación y coordinación entre los Estados miembros y con la Comisión a fin de intensificar el control y desalentar los modos de actuación contrarios a las normas de la PPC. A tal efecto, está previsto que en 2006 entre en funcionamiento una estructura cuyo propósito es organizar la cooperación y la coordinación de las actividades de control y de los medios dedicados a la realización de controles. Por lo tanto, hasta esa fecha es conveniente seguir proporcionando ayuda financiera a los Estados miembros. Los fondos comunitarios deben asignarse de forma eficaz con vistas a subsanar las deficiencias ya conocidas. La utilización de los fondos debe realizarse de acuerdo con los principios de una correcta gestión financiera. En la presente Decisión se introduce un importe de referencia financiera, con arreglo al punto 34 del Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario ( 4 ), para todo el período durante el que va a concederse ayuda financiera, sin que ello afecte a las competencias de la autoridad presupuestaria definidas en el Tratado. Con periodicidad anual y a lo largo de todo el período durante el que son aplicables la presente Decisión y la Decisión 2001/431/CE, los Estados miembros deben evaluar sus programas y la repercusión del gasto que realizan en el ámbito del control, la inspección y la vigilancia. Deben establecerse medidas transitorias para las solicitudes de reembolso de gastos en virtud de la Decisión 2001/431/CE. Para garantizar la continuidad de la Decisión 2001/431/CE, la presente Decisión debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2004.