2006L0048 — ES — 21.03.2008 — 004.001

Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones

►B DIRECTIVA 2006/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2006 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 177, 30.6.2006, p.1)

Modificado por:









▼B

DIRECTIVA 2006/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 14 de junio de 2006

relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición)

(Texto pertinente a efectos del EEE)







EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 47, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 1 ), Visto el dictamen del Banco Central Europeo ( 2 ), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado ( 3 ), Considerando lo siguiente: (1) La Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio ( 4 ) ha sido modificada de forma sustancial en numerosas ocasiones. Con motivo de nuevas modificaciones de dicha Directiva, conviene, en aras de la claridad, proceder a su refundición. (2) A efectos de facilitar el acceso a la actividad de las entidades de crédito y su ejercicio, es necesario eliminar las diferencias más perturbadoras entre las legislaciones de los Estados miembros en lo referente al que estas entidades están sometidas. (3) La presente Directiva constituye el instrumento esencial para la consecución del mercado interior bajo el doble aspecto de la libertad de establecimiento y de la libertad de prestación de servicios, en el sector de las entidades de crédito. (4) En la Comunicación de la Comisión de 11 de mayo de 1999 titulada «Aplicación del marco de acción para los servicios financieros: Plan de acción» ( 5 ), se enumeran varios objetivos que han de lograrse para realizar el mercado interior de los servicios financieros. El Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000 estableció como objetivo llevar a la práctica el Plan de acción para 2005. La refundición de las disposiciones relativas a los fondos propios constituye un elemento fundamental del Plan de acción. (5) Los trabajos de coordinación en materia de entidades de crédito deben aplicarse al conjunto de éstas, tanto para la protección del ahorro como para crear condiciones de igualdad en la competencia entre tales entidades. Es conveniente, sin embargo, tener en cuenta las diferencias objetivas existentes entre sus estatutos y sus propias misiones previstas por las legislaciones nacionales. (6) Por tanto, es necesario que el ámbito de aplicación de los trabajos de coordinación sea lo más amplio posible y contemple todas las entidades cuya actividad consista en captar del público fondos reembolsables, tanto en forma de depósito como bajo otras formas tales como la emisión continua de obligaciones y otros títulos comparables, y en conceder créditos por cuenta propia; conviene prever excepciones relativas a ciertas entidades de crédito a las que la presente Directiva no puede aplicarse; la presente Directiva no debe afectar a la aplicación de las legislaciones nacionales cuando éstas prevean autorizaciones especiales complementarias que permitan a las entidades de crédito ejercer actividades específicas o efectuar tipos específicos de operaciones. (7) Conviene llevar a cabo únicamente la armonización que sea esencial, necesaria y suficiente para llegar a un reconocimiento mutuo de las autorizaciones y de los sistemas de supervisión prudencial, que permita la concesión de una autorización única, válida en toda la Comunidad, y la aplicación del principio de supervisión por el Estado miembro de origen; en consecuencia, la exigencia de un programa de actividades no puede, desde esta perspectiva, sino ser considerada como un elemento que permita a las autoridades competentes resolver sobre la base de una información más precisa, en el marco de criterios objetivos. Una cierta flexibilidad debe, no obstante, ser posible en lo que se refiere a las exigencias relativas a las formas jurídicas de las entidades de crédito en relación con la protección de las denominaciones. (8) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, así como a su supervisión prudencial, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción propuesta, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. (9) Es necesario requerir de las entidades de crédito exigencias financieras equivalentes para asegurar garantías similares a los ahorradores así como condiciones de competencia justas entre entidades de una misma categoría. A la espera de una mejor coordinación, conviene poner a punto relaciones de estructura apropiadas que hagan posible, en el marco de la cooperación entre autoridades nacionales, observar, según métodos unificados, la situación de categorías de entidades de crédito comparables. Esta manera de proceder pretende facilitar la aproximación progresiva de los sistemas de coeficientes definidos y aplicados por los Estados miembros. Es necesario, sin embargo, distinguir los coeficientes encaminados a asegurar la solidez de la gestión de las entidades de crédito, de los que tengan fines de política económica y monetaria. (10) Los principios de reconocimiento mutuo y de supervisión ejercida por el Estado miembro de origen exigen que las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros no concedan una autorización o la retiren cuando factores tales como el programa de actividades, la distribución geográfica de las actividades o las actividades realmente realizadas demuestren de forma inequívoca que la entidad de crédito ha optado por el sistema jurídico de un Estado miembro con el propósito de eludir las normas más estrictas vigentes en el Estado miembro en el que proyecta realizar o realiza la mayor parte de sus actividades. Cuando no exista ninguna indicación clara de este tipo, pero la mayoría de los activos que posean las sociedades de un grupo bancario se encuentren en otro Estado miembro cuyas autoridades competentes se encarguen del ejercicio de la supervisión sobre base consolidada, en el marco de los artículos 125 y 126 la responsabilidad de la supervisión sobre base consolidada debe modificarse con el acuerdo de dichas autoridades competentes. Toda entidad de crédito que sea persona jurídica debe estar autorizada en el Estado miembro en que se encuentre su domicilio social. Toda entidad de crédito que no sea persona jurídica debe tener su administración central en el Estado miembro en el que haya sido autorizada. Por otra parte, los Estados miembros deben exigir que la administración central de una entidad de crédito siempre esté situada en su Estado miembro de origen y que ejerza realmente sus actividades en el mismo. (11) Las autoridades competentes no deben conceder o mantener la autorización a entidades de crédito cuyos vínculos estrechos con otras personas físicas o jurídicas sean de índole tal que obstaculicen el buen ejercicio de su misión de supervisión; las entidades de crédito ya autorizadas deben igualmente ajustarse a lo establecido por las autoridades competentes al respecto. (12) La referencia al buen ejercicio por parte de las autoridades de control de su misión de supervisión abarca la supervisión sobre base consolidada que conviene ejercer sobre una entidad de crédito cuando el Derecho comunitario así lo dispone. En tal caso, las autoridades a las que se haya solicitado la autorización deben poder determinar las autoridades competentes para la supervisión sobre base consolidada de dicha entidad de crédito. (13) La presente Directiva debe permitir a los Estados miembros y/o a las autoridades competentes imponer requisitos de capital sobre base individual y consolidada, y, cuando lo juzguen adecuado, dejar de aplicar la base individual. La supervisión individual, la consolidada y la transfronteriza consolidada constituyen instrumentos útiles para controlar las entidades de crédito. La presente Directiva debe permitir a las autoridades competentes apoyar a las entidades transfronterizas al facilitar la cooperación entre ellas. Deben, en particular, seguir recurriendo a los artículos 42, 131 y 141 para coordinar sus actividades y sus solicitudes de información. (14) Debe permitirse a las entidades de crédito autorizadas en un Estado miembro de origen el ejercicio en toda la Comunidad de todas o parte de las actividades señaladas en la lista del anexo I, mediante el establecimiento de una sucursal, o por vía de prestación de servicios. (15) Para las entidades de crédito autorizadas por sus autoridades competentes, los Estados miembros pueden también establecer unas normas más estrictas que las previstas en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 9, en el apartado 2 del artículo 9 y en los artículos 12, 19 a 21, 44 a 52, 75 y 120 a 122. Los Estados miembros pueden solicitar asimismo que el artículo 123 se aplique con arreglo a una base individual o de otra índole, y que la consolidación parcial descrita en el apartado 2 del artículo 73 se aplique a otros niveles dentro de un grupo. (16) Conviene extender el beneficio del reconocimiento mutuo a las actividades que figuran en el anexo I, cuando sean ejercidas por una entidad financiera filial de una entidad de crédito, con la condición de que esta filial sea incluida en la vigilancia sobre base consolidada a la que está sujeta su empresa matriz y responda a condiciones estrictas. (17) El Estado miembro de acogida debe estar en condiciones, para el ejercicio del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, de imponer el cumplimiento de las disposiciones específicas de su legislación y regulaciones nacionales a las entidades que no estén autorizadas como entidades de crédito en el Estado miembro de origen o a las actividades que no figuren en el anexo I, siempre que, por una parte, estas disposiciones sean compatibles con el Derecho comunitario y estén motivadas por el interés general y que, por otra parte, dichas entidades o actividades no estén sometidas a normas equivalentes en función de la legislación o regulación del Estado miembro de origen. (18) Los Estados miembros deberán velar por que no exista ningún obstáculo para que las actividades que se beneficien del reconocimiento mutuo puedan ser ejercidas del mismo modo que en el Estado miembro de origen, siempre que no se opongan a las disposiciones legales de interés general vigentes en el Estado miembro de acogida. (19) El régimen aplicado a las sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad debe ser análogo en todos los Estados miembros. Interesa prever que este régimen no pueda ser más favorable que el de las sucursales de las entidades procedentes de un Estado miembro. La Comunidad debe poder celebrar acuerdos con terceros países previendo la aplicación de disposiciones que concedan a estas sucursales un trato idéntico en todo su territorio. Las sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad no deben beneficiarse de la libre prestación de servicios en virtud del párrafo segundo del artículo 49 del Tratado, ni de la libertad de establecimiento en Estados miembros distintos de aquél en que se hallen establecidas. (20) Deben celebrarse acuerdos, basados en la reciprocidad, entre la Comunidad y terceros países, a fin de permitir el ejercicio concreto de la supervisión consolidada en el ámbito geográfico más extenso posible. (21) La responsabilidad en materia de supervisión de la solidez financiera de una entidad de crédito y, en particular, de su solvencia, debe corresponder al Estado miembro de origen de la misma. La autoridad competente del Estado miembro de acogida debe ser responsable en materia de supervisión de la liquidez de las sucursales y de políticas monetarias. La supervisión del riesgo de mercado debe ser objeto de una estrecha colaboración entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida. (22) El funcionamiento armonioso del mercado interior bancario requiere, más allá de las normas jurídicas, una cooperación estrecha y regular y una convergencia significativamente mayor de las prácticas de reglamentación y supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros. A tal fin, en particular, el examen individual de los problemas relativos a una entidad de crédito individual y el intercambio mutuo de información deben tener lugar en el Comité de supervisores bancarios europeos establecido por la Decisión 2004/5/CE de la Comisión ( 6 ). En cualquier caso, este procedimiento de información recíproca no debe sustituir la cooperación bilateral. Sin perjuicio de sus propias competencias de control, las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida deben estar en condiciones de verificar, por iniciativa propia en caso de urgencia o por iniciativa de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, que la actividad de una entidad en su territorio es conforme a las leyes, así como a los principios de una buena organización administrativa y contable y de un control interno adecuado. (23) Procede prever la posibilidad de intercambios de información entre las autoridades competentes y determinadas autoridades u organismos que contribuyen, por su función, a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Para garantizar el carácter confidencial de la información transmitida, la lista de sus destinatarios debe ser estrictamente limitada. (24) Determinadas actuaciones, como los fraudes y los delitos de iniciados, aun cuando afecten a empresas distintas de las entidades de crédito, pueden repercutir en la estabilidad del sistema financiero, incluida su integridad. Es preciso establecer las condiciones en las que se autorice el intercambio de información en tales casos. (25) Cuando se prevé que la información sólo podrá divulgarse si cuenta con el acuerdo expreso de las autoridades competentes, éstas deben estar en condiciones, si procede, de subordinar su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas. (26) Procede autorizar, asimismo, los intercambios de información entre las autoridades competentes, por una parte, y por otra parte, los bancos centrales y otros organismos de función similar, en tanto que autoridades monetarias, así como, en su caso, otras autoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemas de pago. (27) Con el fin de reforzar la supervisión prudencial de las entidades de crédito y la protección de los clientes de dichas entidades, los auditores deben informar rápidamente a las autoridades competentes cuando, al desempeñar sus funciones, tengan conocimiento de determinados hechos que puedan afectar gravemente a la situación financiera o a la organización administrativa y contable de una entidad de crédito. Por los mismos motivos, los Estados miembros deben asimismo disponer la aplicación de esta obligación siempre que un auditor observe tales hechos en el ejercicio de su función en una empresa que tenga vínculos estrechos con una entidad de crédito. La obligación impuesta a los auditores de comunicar, en su caso, a las autoridades competentes, determinados hechos y decisiones relativos a una entidad de crédito, comprobados en el ejercicio de su función en una empresa no financiera no debe modificar en sí mismo el carácter de su función en dicha empresa ni la forma de llevar a cabo su función en ella. (28) La presente Directiva precisa que, en el caso de ciertos elementos de los fondos propios, deben establecerse criterios a los que éstos deben ajustarse, sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros apliquen disposiciones más estrictas. (29) La presente Directiva, en función de la calidad de los elementos que constituyen los fondos propios, establece una distinción entre, por un lado, los elementos que constituyen los fondos propios de base y, por otro, los elementos que constituyen los fondos propios complementarios. (30) Con el fin de tener en cuenta el hecho de que los elementos que constituyen los fondos propios complementarios no tienen la misma calidad que los que constituyen los fondos propios de base, aquéllos no deben representar más del 100 % de los fondos propios de base. Además, la inclusión de determinados elementos de los fondos complementarios debe limitarse al 50 % de los fondos propios de base. (31) Para evitar distorsiones de competencia, las entidades públicas de crédito no deben incluir en el cálculo de sus fondos propios las garantías que les concedan los Estados miembros o las autoridades locales. (32) Cuando, por razones de vigilancia, sea necesario determinar la importancia de los fondos propios consolidados de un grupo de entidades de crédito, el cálculo debe efectuarse de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva. (33) La técnica contable precisa que deba utilizarse para el cálculo de los fondos propios, así como su adecuación al riesgo al cual se encuentre expuesta una entidad de crédito, y para la evaluación de los riesgos debe tener en cuenta lo dispuesto en la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras ( 7 ), que incluye determinadas adaptaciones de las disposiciones de la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa a las cuentas consolidadas ( 8 ), o en el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad ( 9 ), según cuál sea la disposición que regule la contabilidad de las entidades de crédito con arreglo al Derecho nacional. (34) Los requisitos mínimos de capital desempeñan un papel fundamental en la supervisión de las entidades de crédito y en el reconocimiento mutuo de las técnicas de supervisión. En ese sentido, las disposiciones relativas a los requisitos mínimos de capital deben contemplarse en relación con otros instrumentos específicos que también armonizan las técnicas fundamentales para el control de las entidades de crédito. (35) A fin de evitar el falseamiento de la competencia y fortalecer el sistema bancario en el mercado interior, es conveniente establecer requisitos mínimos de capital comunes. (36) Para garantizar un nivel de solvencia suficiente, es importante establecer requisitos mínimos de capital que ponderen los activos y las partidas fuera de balance en función del grado de riesgo. (37) En ese sentido, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea aprobó el 26 de junio de 2004 un marco revisado de convergencia internacional de medidas y normas de capital de los bancos que operan a escala internacional. Las disposiciones de la presente Directiva en relación con los requisitos mínimos de capital referidas a las entidades de crédito y las normas de capital establecidas en la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito ( 10 ) son equivalentes a las disposiciones del acuerdo marco de Basilea. (38) Es fundamental atender a la diversidad de entidades de crédito en la Comunidad, ofreciendo, para el cálculo de los requisitos mínimos de capital aplicables al riesgo de crédito, métodos alternativos que incorporen diferentes niveles de sensibilidad al riesgo y requieran diferentes grados de complejidad. El empleo de calificaciones externas y de estimaciones propias de las entidades de crédito para parámetros específicos del riesgo de crédito supone una mejora considerable de la sensibilidad al riesgo y de la solidez prudencial de la normativa sobre riesgo de crédito. Deben ofrecerse a las entidades de crédito los incentivos adecuados para que pasen a aplicar métodos más sensibles al riesgo. Al preparar sus estimaciones para la determinación del riesgo de crédito de acuerdo con los principios de la presente Directiva, las entidades de crédito tendrán que adaptar sus necesidades de tratamiento de datos a los intereses legítimos de protección de datos de sus clientes, con arreglo a la legislación comunitaria en vigor sobre protección de datos; por consiguiente, deben mejorarse los procedimientos de cálculo y gestión del riesgo de crédito de dichas entidades con objeto de disponer de métodos para la determinación de las exigencias de fondos propios que reflejen sus diferencias de procedimiento. El tratamiento de datos debe efectuarse de conformidad con las normas sobre transferencia de datos personales establecidas en le Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ( 11 ). A este respecto, debe considerarse que el tratamiento de datos relativos a casos de exposición y su gestión frente a clientes incluye el desarrollo y validación de sistemas de gestión y de cálculo del riesgo de crédito. Ello es conforme tanto con el legítimo interés de las entidades de crédito como con los objetivos de la presente Directiva de aplicar mejores métodos de gestión y de cálculo del riesgo y de emplearlos asimismo para la regulación de las exigencias de recursos propios. (39) A la hora de emplear estimaciones y calificaciones tanto externas como internas, debe tenerse en cuenta que, hasta la fecha, únicamente estas últimas son resultado de la elaboración realizada por una unidad –la propia entidad de crédito– que está sometida a un proceso de autorización comunitaria. En el caso de las calificaciones externas, se utilizan los productos de las llamadas agencias de calificación reconocidas, que actualmente no están sometidas en la Comunidad a un proceso de autorización. Teniendo en cuenta la importancia de las calificaciones externas para el cálculo de los requisitos de capital en el marco de la presente Directiva, debe seguir sometiéndose a revisión el futuro proceso de autorización y supervisión de las agencias de calificación. (40) Los requisitos mínimos de capital deben ser proporcionales a los riesgos contemplados. En particular, las exigencias deben reflejar la reducción de los niveles de riesgo que puede obtenerse gracias a la presencia de un número elevado de riesgos relativamente bajos. (41) Las disposiciones de la presente Directiva respetan el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta, en particular, la diversidad de tamaño y de escala de las operaciones y la gama de actividades de las entidades de crédito. El respeto del principio de proporcionalidad significa asimismo que, en el caso de riesgos minoristas, se reconocen procedimientos de calificación lo más sencillos posibles, incluso si se trata del método basado en calificaciones internas (método IRB). (42) La naturaleza «evolutiva» de la presente Directiva permite que las entidades de crédito escojan entre tres métodos de complejidad variable. Para permitir a las entidades de crédito más pequeñas, en particular, optar por el método IRB, más sensible al riesgo, las autoridades competentes deben aplicar las disposiciones de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 89 cuando ello sea oportuno. Dichas disposiciones deben interpretarse de manera tal, que las categorías de exposiciones a las que se hace referencia en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 86 incluyan todas las exposiciones que estén equiparadas con ellas, directa o indirectamente, en la presente Directiva. Como regla general, las autoridades competentes no deben discriminar entre los tres métodos en lo relativo al proceso de revisión supervisora; es decir, a las entidades de crédito que operen con arreglo a las disposiciones del método estándar no se las debe supervisar de manera más estricta sólo por esta razón. (43) Debe otorgarse un mayor reconocimiento a las técnicas de reducción del riesgo, siempre dentro de un marco normativo que permita garantizar que la solvencia no se vea perjudicada por un reconocimiento indebido. Los Estados miembros competentes deben reconocer en la medida de lo posible las garantías empleadas normalmente por las entidades de crédito para la reducción del riesgo de crédito no sólo en el método estándar sino también en los otros métodos. (44) A fin de garantizar que los riesgos y las reducciones de riesgos obtenidas merced a las actividades de titulización y las inversiones efectuadas por las entidades de crédito queden adecuadamente reflejados en los requisitos mínimos de capital para las entidades de crédito, es preciso incluir normas que contemplen un tratamiento sensible al riesgo y prudencialmente adecuado de dichas actividades e inversiones. (45) El riesgo operacional es un riesgo importante al que se enfrentan las entidades de crédito, y debe cubrirse mediante fondos propios. Es fundamental atender a la diversidad de entidades de crédito en la Comunidad, ofreciendo, para el cálculo de los requisitos mínimos de capital aplicables al riesgo de crédito, métodos alternativos que incorporen diferentes niveles de sensibilidad al riesgo y requieran diferentes grados de complejidad. Deben ofrecerse a las entidades de crédito los incentivos adecuados para que pasen a aplicar métodos más sensibles al riesgo. Dada la aparición de nuevas técnicas para la medición y gestión del riesgo operacional, la normativa debe someterse a revisión y actualización siempre que sea necesario, incluso en relación con las exigencias aplicables a las distintas líneas de negocio y con el reconocimiento de las técnicas de reducción del riesgo. A este respecto es especialmente importante tener en cuenta los contratos de seguro en los métodos sencillos para calcular las exigencias de capital por lo que respecta al riesgo operacional. (46) A fin de garantizar un grado suficiente de solvencia de las entidades de crédito integradas en un grupo, es fundamental que los requisitos mínimos de capital se apliquen a partir de la situación financiera consolidada del grupo. Para garantizar que los fondos propios se distribuyan adecuadamente dentro del grupo y que, en su caso, permitan proteger el ahorro, las exigencias de capital mínimo deben aplicarse a cada una de las entidades de crédito integrantes del grupo, salvo en caso de que este objetivo pueda alcanzarse eficazmente de otra manera. (47) Conviene armonizar las normas esenciales de supervisión de los grandes riesgos de las entidades de crédito. Es importante que los Estados miembros tengan la facultad de adoptar disposiciones más estrictas que las previstas en la presente Directiva. (48) La supervisión y el control de los riesgos de las entidades de crédito deben ser parte integrante de la supervisión de éstas. Por consiguiente, una concentración excesiva de riesgos en un único cliente o grupo de clientes vinculados entre sí puede suponer una posibilidad inaceptable de pérdidas. Cabe estimar que tal situación perjudica a la solvencia de la entidad de crédito. (49) Al competir directamente las entidades de crédito en el mercado interior, las obligaciones aplicables en materia de supervisión deben ser equivalentes en toda la Comunidad. (50) Si bien resulta oportuno basar la definición de exposiciones a efectos de los límites sobre las grandes exposiciones en la establecida a efectos de los requisitos mínimos de fondos propios para el riesgo de crédito, no resulta oportuno referirse por principio ni a las ponderaciones ni a los grados de riesgo . Tales ponderaciones y grados de riesgo han sido concebidos para establecer un requisito de solvencia general al objeto de cubrir el riesgo de crédito de las entidades de crédito. A fin delimitar el máximo de pérdidas en que puede incurrir una entidad de crédito frente a un cliente o grupo de clientes vinculados entre sí, procede adoptar normas para la determinación de grandes exposiciones que atiendan al valor nominal de la exposición, sin aplicar ponderaciones ni grados de riesgo. (51) Si bien es conveniente, a fin de limitar las exigencias de cálculo y en espera de una futura revisión de las disposiciones en materia de grandes riesgos, permitir el reconocimiento de los efectos de la reducción del riesgo de crédito al igual que ya se permite a efectos de requisitos mínimos de capital, las normas sobre reducción del riesgo de crédito fueron concebidas en relación con el riesgo de crédito general y diversificado que se produce debido a la exposición a un gran número de contrapartes. En consecuencia, el reconocimiento de los efectos de este tipo de técnicas sobre los límites a las grandes exposiciones mediante los que se intenta limitar el máximo de pérdidas en que puede incurrirse frente a un cliente o grupo de clientes vinculados entre sí debe quedar sujeto a garantías prudenciales. (52) Cuando una entidad de crédito contrae exposiciones frente a su propia empresa matriz, o frente a las demás filiales de dicha empresa matriz, se impone una especial prudencia. La gestión de las exposiciones contraídas por las entidades de crédito debe realizarse con absoluta autonomía, dentro del respeto de los principios de una sana gestión bancaria, fuera de cualquier otra consideración. Cuando la influencia ejercida por las personas que posean, directa o indirectamente, una participación cualificada en una entidad de crédito pueda ir en detrimento de una gestión sana y prudente de la entidad, las autoridades competentes deben adoptar las medidas oportunas para poner fin a dicha situación. En lo que se refiere a las operaciones de grandes exposiciones, procede establecer normas específicas, incluidos límites más severos, para las exposiciones contraídas por una entidad de crédito frente a las empresas de su propio grupo. Estas normas no deben aplicarse, no obstante, cuando la empresa matriz sea una sociedad financiera de cartera o una entidad de crédito y las demás filiales sean entidades de crédito, entidades financieras o empresas de servicios auxiliares, siempre que todas estas empresas estén comprendidas en la supervisión consolidada de la entidad de crédito. (53) Las entidades de crédito deben garantizar que poseen un capital interno que, dados los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas, resulta suficiente en cantidad, calidad y distribución. En consecuencia, las entidades de crédito deben disponer de estrategias y procedimientos a fin de evaluar y mantener la suficiencia de su capital interno. (54) Las autoridades competentes son responsables de comprobar que las entidades de crédito poseen una buena organización y fondos propios suficientes para los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas. (55) Con vistas al eficaz funcionamiento del mercado interior bancario, el Comité de supervisores bancarios europeos debe contribuir a la aplicación coherente de la presente Directiva y a la convergencia de las prácticas de supervisión en toda la Comunidad, y debe informar cada año a las instituciones comunitarias acerca de los progresos realizados. (56) Por el mismo motivo, y a fin de garantizar que las entidades de crédito de la Comunidad activas en varios Estados miembros no se vean sometidas a trámites desproporcionados debido al mantenimiento de las responsabilidades de las autoridades competentes de cada Estado miembro en materia de autorización y supervisión, es fundamental que la cooperación entre las autoridades competentes mejore significativamente. A este respecto, debe fortalecerse el papel del supervisor de consolidación. El Comité de supervisores bancarios europeos debe apoyar y potenciar dicha cooperación. (57) La supervisión de las entidades de crédito sobre base consolidada tiene especialmente como objetivo proteger los intereses de los depositantes de las entidades de crédito y garantizar la estabilidad del sistema financiero. (58) Para ser efectiva, la supervisión de forma consolidada debe por tanto poder aplicarse a todos los grupos bancarios, incluidos aquellos cuya empresa matriz no sea una entidad de crédito. Las autoridades competentes deben contar con los instrumentos jurídicos necesarios para el ejercicio de dicha supervisión. (59) En lo que se refiere a los grupos con actividades diversificadas en los que al menos una de las filiales de la empresa matriz sea una entidad de crédito, las autoridades competentes deben poder juzgar la situación financiera de la entidad de crédito en el contexto de tales grupos. Las autoridades competentes deben disponer al menos de los medios para obtener de todas las empresas del grupo las informaciones que requiera el ejercicio de su misión. En el caso de los grupos de empresas que ejerzan actividades financieras diversas, debe establecerse una colaboración entre las autoridades responsables de la supervisión de los diferentes sectores financieros. Hasta una posterior coordinación, los Estados miembros pueden prescribir técnicas de consolidación adecuadas con vistas a la realización del objetivo que persigue la presente Directiva. (60) Los Estados miembros deben poder denegar o retirar la autorización bancaria cuando consideren que la estructura del grupo es inadecuada para el ejercicio de las actividades bancarias, en particular, porque éstas no podrían supervisarse de forma satisfactoria. Las autoridades competentes deben disponer, a este efecto, de los poderes necesarios para garantizar una gestión saneada y prudente de las entidades de crédito. (61) Para que el mercado interior bancario funcione de modo cada vez más satisfactorio y los ciudadanos de la Comunidad puedan disfrutar de niveles adecuados de transparencia, es preciso que las autoridades competentes divulguen públicamente y de forma tal que permita una comparación precisa el modo en que se dará cumplimiento a la presente Directiva. (62) A fin de impulsar la disciplina en el mercado y animar a las entidades de crédito a perfeccionar su estrategia de mercado, su control de riesgos y su organización interna, debe regularse una divulgación pública adecuada por parte de las entidades de crédito. (63) El examen de los problemas que se plantean en los ámbitos regulados en la presente Directiva así como en otras Directivas en relación igualmente con la actividad de las entidades de crédito, y especialmente con la perspectiva de una mejor coordinación, exige la cooperación de las autoridades competentes y de la Comisión. (64) Procede adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ( 12 ). (65) En su Resolución, de 5 de febrero de 2002, sobre la aplicación de la legislación en el marco de los servicios financieros ( 13 ) el Parlamento Europeo solicitó que se le dotara de un papel comparable al del Consejo en la supervisión de la manera en que la Comisión ejerce sus competencias de ejecución, para que se reflejen las competencias legislativas del Parlamento con arreglo al artículo 251 del Tratado. El Presidente de la Comisión, en su declaración solemne ante el Parlamento durante la sesión de ese mismo día, apoyó dicha solicitud. El 11 de diciembre de 2002, la Comisión presentó enmiendas a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, y posteriormente, el 22 de abril de 2004 presentó una propuesta modificada. El Parlamento considera que dicha propuesta no garantiza sus prerrogativas legislativas. En opinión del Parlamento, éste y el Consejo deberían tener la ocasión de evaluar la atribución de competencias de ejecución a la Comisión dentro de un plazo determinado. Por consiguiente, conviene limitar el período durante el que la Comisión puede adoptar medidas de ejecución. (66) El Parlamento debe disponer de un período de tres meses a partir de la primera transmisión de los proyectos de enmiendas y medidas de ejecución para poder examinarlas y emitir su dictamen al respecto. No obstante, en casos urgentes y debidamente justificados, debe existir la posibilidad de reducir dicho plazo. Si el Parlamento Europeo aprueba una resolución en este plazo, la Comisión debería reexaminar el proyecto de enmiendas o medidas de ejecución. (67) A fin de evitar perturbaciones en los mercados y garantizar la continuidad de los niveles globales de fondos propios, es preciso establecer acuerdos transitorios específicos. (68) Dada la sensibilidad al riesgo de las normas relativas a los requisitos mínimos de capital, es conveniente atender en todo momento a sus posibles efectos significativos en el ciclo económico. La Comisión, teniendo en cuenta la contribución del Banco Central Europeo, informará de estos aspectos al Parlamento Europeo y al Consejo. (69) Deben armonizarse asimismo los instrumentos necesarios para el control de los riesgos de liquidez. (70) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en especial por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en tanto que principios generales del Derecho comunitario. (71) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyen una modificación de fondo respecto de las Directivas anteriores. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de las Directivas anteriores. (72) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición a la legislación nacional de las Directivas indicadas en la parte B del anexo XIII. Considerando lo siguiente: HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:







ÍNDICE TÍTULO I OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES TÍTULO II CONDICIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y DE SU EJERCICIO TÍTULO III DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y A LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Sección 1 Entidades de crédito Sección 2 Entidades financieras Sección 3 Ejercicio del derecho de establecimiento Sección 4 Ejercicio de la libertad de prestación de servicios Sección 5 Poderes de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida TÍTULO IV RELACIONES CON TERCEROS PAÍSES Sección 1 Notificación en relación con empresas de terceros países y de las condiciones de acceso de los mercados de estos países Sección 2 Cooperación en materia de supervisión sobre una base consolidada con las autoridades competentes de terceros países TÍTULO V PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL Y DIVULGACIÓN CAPÍTULO 1 PRINCIPIOS DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL Sección 1 Competencias del Estado miembro de origen y de acogida Sección 2 Intercambios de información y secreto profesional Sección 3 Obligaciones de las personas encargadas de la auditoría legal de las cuentas anuales y consolidadas Sección 4 Facultad sancionadora y recurso jurisdiccional CAPÍTULO 2 INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE LA SUPERVISIÓN PRUDENCIAL Sección 1 Fondos propios Sección 2 Cobertura de riesgos Subsección 1 Nivel de aplicación Subsección 2 Cálculo de los requisitos Subsección 3 Nivel mínimo de los fondos propios Sección 3 Requisitos mínimos de fondos propios para el riesgo de crédito Subsección 1 Método estándar Subsección 2 Método basado en las evaluaciones internas Subsección 3 Reducción del riesgo de crédito Subsección 4 Titulización Sección 4 Requisitos mínimos de fondos propios para el riesgo operacional Sección 5 Grandes riesgos Sección 6 Participaciones cualificadas no financieras CAPÍTULO 3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO CAPÍTULO 4 SUPERVISIÓN Y DIVULGACIÓN POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES Sección 1 Supervisión Sección 2 Divulgación por las autoridades competentes CAPÍTULO 5 DIVULGACIÓN POR LAS ENTIDADES DE CRÉDITO TÍTULO VI PODERES DE EJECUCIÓN TÍTULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES TRANSITORIAS CAPÍTULO 2 DISPOSICIONES FINALES ANEXO I LISTA DE ACTIVIDADES QUE SE BENEFICIAN DEL RECONOCIMIENTO MUTUO ANEXO II CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE ORDEN ANEXO III TRATAMIENTO DE RIESGO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE DE INSTRUMENTOS DERIVADOS, OPERACIONES DE RECOMPRA, OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES O DE MATERIAS PRIMAS, OPERACIONES CON LIQUIDACIÓN DIFERIDA Y OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE LAS GARANTÍAS Parte 1 Definiciones Parte 2 Elección del método Parte 3 Método de valoración a precios de mercado Parte 4 Método de riesgo original Parte 5 Método estándar Parte 6 Método de los modelos internos Parte 7 Compensación contractual ANEXO IV Tipos de derivados ANEXO V CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS ANEXO VI MÉTODO ESTÁNDAR Parte 1 Ponderaciones del riesgo Parte 2 Reconocimiento de las ECAI y asociación de sus calificaciones crediticias Parte 3 Utilización de las evaluaciones de crédito de las ECAI para la determinación de las ponderaciones del riesgo ANEXO VII MÉTODO BASADO EN LAS EVALUACIONES INTERNAS Parte 1 Exposiciones ponderadas por riesgo y pérdidas esperadas Parte 2 PD, LGD y vencimiento Parte 3 Valor de la exposición Parte 4 Requisitos mínimos para el método IRB ANEXO VIII REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO Parte 1 Elegibilidad Parte 2 Requisitos mínimos Parte 3 Cálculo de los efectos de la reducción del riesgo de crédito Parte 4 Desfases de vencimientos Parte 5 Combinaciones de reducciones del riesgo de crédito en el Método estándar Parte 6 Técnicas CRM en cestas ANEXO IX TITULIZACIÓN Parte 1 Definiciones a efectos del anexo IX Parte 2 Requisitos mínimos para el reconocimiento de la transferencia de riesgo de crédito significativa y el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo y los importes de las pérdidas esperadas para las exposiciones de titulización Parte 3 Calificaciones externas de crédito Parte 4 Cálculo ANEXO X RIESGO OPERACIONAL Parte 1 Método del indicador básico Parte 2 Método estándar Parte 3 Métodos de medición avanzada Parte 4 Uso combinado de diferentes metodologías Parte 5 Clasificación por tipo de evento generador de pérdida ANEXO XI CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES ANEXO XII CRITERIOS TÉCNICOS SOBRE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Parte 1 Criterios generales Parte 2 Requisitos generales Parte 3 Criterios de selección para el uso de instrumentos o metodologías particulares ANEXO XIII Parte A DIRECTIVAS DEROGADAS CON SUS MODIFICACIONES SUCESIVAS (contempladas en el artículo 158) ANEXO XIII Parte B PLAZOS DE TRANSPOSICIÓN (contemplados en el artículo 158) ANEXO XIV TABLA DE CORRESPONDENCIAS







TÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

1. La presente Directiva establece normas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y su ejercicio, así como a su supervisión prudencial.

2. El artículo 39 y la sección 1 del capítulo 4 del título V serán aplicables a las sociedades financieras de cartera y a las sociedades mixtas de cartera que tengan su sede en la Comunidad.

3. Las entidades excluidas con carácter permanente con arreglo al artículo 2, a excepción, no obstante, de los bancos centrales de los Estados miembros, se considerarán entidades financieras a efectos de la aplicación del artículo 39 y la sección 1 del capítulo 4 del título V.

Artículo 2

La presente Directiva no se refiere a las actividades:

— de los bancos centrales de los Estados miembros,

— de las oficinas de cheques postales,

— en Bélgica, del «Institut de réescompte et de garantie/Heridscontering- en Waarborginstituut»,

▼M1

— en Dinamarca, del «Dansk Eksportfinansieringsfond», del «Danmarks Skibskredit A/S» y del «KommuneKredit»,

▼B

— en Alemania, de la «Kreditanstalt für Wiederaufbau», de los organismos que en virtud de la «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz» (Ley sobre la utilidad pública en materia de vivienda) son reconocidos como órganos de la política nacional en materia de vivienda y cuyas operaciones bancarias no constituyen la actividad preponderante, así como de los organismos que, en virtud de dicha Ley, se reconocen como organismos de vivienda de interés público,

— en Grecia, de la «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Tamio Parakatathikon kai Danion)»,

— en España, del «Instituto de Crédito Oficial»,

— en Francia, de la «Caisse de dépôts et consignations»,

— en Irlanda, de las «credits unions» y de las «friendly societies»,

— en Italia, de la «Cassa depositi e prestiti»,

— en Letonia, de las «krājaizdevu sabiedrības», empresas reconocidas en virtud de los «Krājaizdevu sabiedrību likums» como empresas cooperativas que prestan servicios financieros únicamente a sus miembros,

— en Lituania, de las «kredito unijos», que no sea el «Centrinė kredito unija»,

— en Hungría, del «Magyar Fejlesztési Bank Rt.» y del «Magyar Export-Import Bank Rt.»,

— en los Países Bajos, de la «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», de la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», de la «NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering» y de la «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»,

— en Austria, de empresas reconocidas como asociaciones de construcción de interés público y del «Österreichische Kontrollbank AG»,

— en Polonia, del «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» y del «Bank Gospodarstwa Krajowego».

— en Portugal, de las «Caixas Económicas» que existieran a 1 de enero de 1986, excepto las que tengan estructura de sociedad anónima y de la «Caixa Económica Montepio Geral»,

— en Finlandia, de la «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab», y de la «Finnvera Oyi/Finnvera Abp»,

— en Suecia, de la «Svenska Skeppshypotekskassan»,

— en el Reino Unido, del «National Savings Bank», de la «Commonwealth Development Finance Company Ltd», de la «Agricultural Mortgage Corporation Ltd», de la «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», de los «Crown Agents for overseas governments and administrations», de las «credit unions» y de los «municipal banks».

Artículo 3

1. Una o varias de las entidades de crédito que existían el 15 de diciembre de 1977 en un mismo Estado miembro y que, en esta fecha, estaban afiliadas de forma permanente a un organismo central que las controle y esté establecido en el mismo Estado miembro podrán ser eximidas de las condiciones que figuran en el artículo 7 el apartado 1 del artículo 11 si el 15 de diciembre de 1979, a más tardar, el Derecho nacional ha previsto que:

a) las obligaciones del organismo central y de las entidades afiliadas constituyen obligaciones solidarias o que las obligaciones de las entidades afiliadas estén completamente garantizadas por el organismo central,

b) la solvencia y liquidez del organismo central y de todas las entidades afiliadas estén supervisadas en su conjunto sobre una base consolidada,

c) la dirección del organismo central esté habilitada para dar instrucciones a la dirección de las entidades afiliadas.

Las entidades de crédito con radio de acción local permanentemente afiliadas con posterioridad a 15 de diciembre de 1977 a un organismo central a efectos del párrafo primero podrán beneficiarse de las condiciones fijadas en el mismo si constituyen una extensión normal de la red dependiente del organismo central.

Siempre que se trate de entidades de crédito distintas de las creadas en regiones recientes ganadas al mar, o resultantes de la fusión o escisión de entidades existentes dependientes del organismo central, la Comisión, con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 151, apartado 2, podrá fijar reglas suplementarias para la aplicación del párrafo segundo, incluido la revocación de las exenciones previstas en el párrafo primero, cuando entienda que la afiliación de las nuevas entidades que disfruten del régimen previsto en el párrafo segundo podría afectar a la competencia de manera negativa.

2. Las entidades de crédito contempladas en el párrafo primero del apartado 1 podrán también estar exentas de la aplicación de los artículos 9 y 10 y de las secciones 2, 3, 4, 5 y 6 del capítulo 2 y del capítulo 3 del título V, siempre que, sin perjuicio de la aplicación de dichas disposiciones al organismo central, el conjunto constituido por el organismo central y las entidades afiliadas al mismo estén sometidos a dichas disposiciones sobre una base consolidada.

En caso de exención, los artículos 16, 23, 24 y 25, los apartados 1 a 3 del artículo 26 y los artículos 28 a 37 se aplicarán al conjunto formado por el organismo central y las entidades afiliadas al mismo.

Artículo 4

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

(1) «entidad de crédito»: a) una empresa cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia, o b) una entidad de dinero electrónico con arreglo a la Directiva 2000/46/CE ( 14 );

(2) «autorización»: acto de las autoridades, cualquiera que sea su forma, del que deriva la facultad de ejercer la actividad de entidad de crédito;

(3) «sucursal»: una sede de explotación que constituya una parte, desprovista de personalidad jurídica, de una entidad de crédito, que efectúe directamente, de modo total o parcial, las operaciones inherentes a la actividad de una entidad de crédito;

(4) «autoridades competentes»: las autoridades nacionales facultadas, en virtud de una ley o reglamento, para controlar las entidades de crédito;

(5) «entidad financiera»: una empresa, distinta de una entidad de crédito, cuya actividad principal consiste en adquirir y tener participaciones o en ejercer una o varias actividades de las que se enumeran en los puntos 2 a 12 del anexo I;

(6) «instituciones»: a efectos de las Secciones 2 y 3 del capítulo 2 del título V, las instituciones definidas en la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2006/49/CE;

(7) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el cual una entidad de crédito ha sido autorizada con arreglo a los artículos 6 a 9 y 11 a 14;

(8) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en el cual una entidad de crédito tiene una sucursal o presta servicios;

(9) «control»: la relación existente entre una empresa matriz y una filial, prevista en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, o una relación de la misma naturaleza entre cualquier persona física o jurídica y una empresa;

(10) «participación a los efectos de los puntos o) y p) de los artículos 57, 71 a 73 y el capítulo 4 del título V»: una participación a los efectos de la primera frase del artículo 17 de la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad ( 15 ), o la tenencia, directa o indirecta, del 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa;

(11) «participación cualificada»: el hecho de poseer en una empresa, directa o indirectamente, al menos un 10 % del capital o de los derechos de voto o la posibilidad de ejercer una influencia notable en la gestión de dicha empresa;

(12) «empresa matriz»: a) una empresa matriz a efectos de los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE. b) a los efectos de los artículos 71 a 73, la sección 5 del capítulo 2 y el capítulo 4 del título V una empresa matriz a efectos del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, así como cualquier empresa que ejerza de manera efectiva, en opinión de las autoridades competentes, una influencia dominante en otra empresa;

(13) «filial»: a) una empresa filial a efectos de los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE. b) a los efectos de los artículos 71 a 73, la sección 5 del capítulo 2 y el capítulo 4 del título V, una empresa filial a efectos del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, así como cualquier empresa sobre la que una empresa matriz ejerza efectivamente, en opinión de las autoridades competentes, una influencia dominante. Cualquier empresa filial de una empresa filial se considerará también como filial de la empresa matriz que dirija dichas empresas;

(14) «entidad de crédito matriz de un Estado miembro»: una entidad de crédito que tiene como filial a una entidad de crédito o una entidad financiera o posee una participación en dichas entidades y que no es a su vez filial de otra entidad de crédito autorizada en el mismo Estado miembro o de una sociedad financiera de cartera constituida en el mismo Estado miembro;

(15) «sociedad financiera de cartera matriz de un Estado miembro»: una sociedad financiera de cartera que no es a su vez filial de una entidad de crédito autorizada en el mismo Estado miembro o de una sociedad financiera de cartera constituida en el mismo Estado miembro;

(16) «entidad de crédito matriz de la UE»: una entidad de crédito matriz de un Estado miembro que no es filial de otra entidad de crédito autorizada en cualquier Estado miembro o de una sociedad financiera de cartera constituida en cualquier Estado miembro;

(17) «sociedad financiera de cartera matriz de la UE»: una sociedad financiera de cartera del Estado miembro que no es filial de una entidad de crédito autorizada en cualquier Estado miembro o de otra sociedad financiera de cartera establecida en cualquier Estado miembro;

(18) «entidades del sector público»: organismos administrativos sin fines lucrativos responsables ante las administraciones centrales o regionales, las autoridades locales o las autoridades que, en opinión de las autoridades competentes, ejerzan las mismas responsabilidades que las administraciones regionales y las autoridades locales, o empresas sin fines de lucro pertenecientes a los gobiernos centrales que dispongan de condiciones expresas de garantías, pudiendo contemplarse la inclusión de organismos autónomos cuyo funcionamiento se rija por una ley y que estén puestos bajo supervisión estatal;

(19) «sociedad financiera de cartera»: una entidad financiera cuyas empresas filiales sean, exclusiva o principalmente, entidades de crédito u otras entidades financieras, una de las cuales como mínimo deberá ser una entidad de crédito, y que no sea una sociedad financiera mixta de cartera a los efectos del punto 15 del artículo 2 de la Directiva 2002/87/CE ( 16 );

(20) «sociedad mixta de cartera»: una empresa matriz, distinta de una sociedad financiera de cartera o una entidad de crédito o una sociedad financiera mixta de cartera a los efectos del punto 15 del artículo 2 de la Directiva 2002/87/CE, cuyas empresas filiales incluyan por lo menos una entidad de crédito;

(21) «empresa de servicios auxiliares»: una empresa cuya actividad principal sea la tenencia o gestión de inmuebles, la gestión de servicios informáticos o cualquier otra actividad similar que tenga carácter auxiliar con respecto a la actividad principal de una o varias entidades de crédito;

(22) «riesgo operacional»: riesgo de pérdidas debido a la inadecuación o el fallo de los procedimientos, el personal y los sistemas internos, o a acontecimientos externos, incluido el riesgo jurídico;

(23) «bancos centrales»: incluye el Banco Central Europeo, salvo indicación contraria;

(24) «riesgo de dilución»: el riesgo de que el importe del derecho de cobro se reduzca debido a derechos en metálico o en especie a favor del deudor;

(25) «probabilidad de impago»: la probabilidad de impago por una contraparte durante un período de un año;

(26) «pérdida» con arreglo al título V, capítulo 2, sección 3: la pérdida económica, incluyendo el efecto del descuento de los flujos futuros, cuando sea significativo, así como los costes significativos directos e indirectos asociados al cobro del instrumento;

(27) «pérdida en caso de impago (LGD)»: el cociente entre la pérdida en una exposición debido al impago de la contraparte y el importe pendiente en el momento del impago;

(28) «factor de conversión»: el cociente entre el importe actual disponible de un compromiso que será dispuesto en el momento del impago y el importe actual disponible del compromiso; la magnitud del compromiso se determinará teniendo en cuenta el límite comunicado, a menos que el límite no comunicado sea superior;

(29) «pérdida esperada (EL)» con arreglo al título V, capítulo 2, sección 3: el coeficiente entre el importe que se espera perder sobre una exposición, debido al impago potencial de una contraparte o a la dilución a lo largo de un período de un año, y el importe pendiente en el momento del incumplimiento;

(30) «reducción del riesgo de crédito»: técnica empleada por una entidad de crédito para reducir el riesgo de crédito asociado a una o varias exposiciones a las que la entidad sigue estando sujeta;

(31) «coberturas del riesgo de crédito mediante garantías reales o instrumentos similares»: técnica de reducción del riesgo de crédito en la cual la reducción del riesgo de crédito de la exposición de una entidad de crédito se deriva del derecho de la entidad de crédito -en caso de impago de la contraparte o si se producen otros eventos de crédito especificados en relación con la contraparte- de liquidar, obtener la transferencia o la propiedad, retener determinados activos o importes, reducir el importe de la exposición o sustituirlo por el importe correspondiente a la diferencia entre el importe de la exposición y el importe de un crédito sobre la entidad de crédito;

(32) «coberturas del riesgo de crédito con garantías personales»: técnica de reducción del riesgo de crédito en la cual la reducción del riesgo de crédito de la exposición de una entidad de crédito se deriva del compromiso por parte de un tercero de abonar un importe en caso de impago del prestatario o de otros eventos especificados;

(33) «operación con compromiso de recompra»: toda operación regida por un acuerdo que corresponda a la definición de «operación con compromiso de recompra» conforme a la definición de la letra m) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2006/49/CE;

(34) «operación de préstamo de valores o de materias primas»: toda operación que corresponda a la definición de «operación de préstamo de valores o de materias primas» conforme a la definición de la letra n) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2006/49/CE;

(35) «instrumento asimilado a efectivo»: certificado de depósito u otro instrumento similar emitido por la entidad de crédito acreedora;

(36) «titulización»: operación o mecanismo mediante los cuales el riesgo de crédito asociado a una exposición o conjunto de exposiciones se divide en tramos y que presenta las siguientes características: a) los pagos de la operación o del mecanismo dependen del rendimiento de la exposición o conjunto de exposiciones, y b) la subordinación de los tramos determina la distribución de pérdidas durante el período de validez de la operación o del mecanismo;

(37) «titulización tradicional»: titulización que implica la transferencia económica de las exposiciones titulizadas a una entidad especializada en titulizaciones que emite títulos. La operación consiste en la venta de la propiedad de las exposiciones titulizadas por la entidad de crédito originadora o mediante subparticipación. Los títulos emitidos no representan obligaciones de pago de la entidad de crédito originadora;

(38) «titulización sintética»: titulización en la cual la división en tramos se lleva a cabo mediante derivados de crédito o garantías y el conjunto de exposiciones no se elimina del balance de la entidad de crédito originadora;

(39) «tramo»: segmento establecido contractualmente del riesgo de crédito asociado a una exposición o conjunto de exposiciones. Una posición en el segmento implica un riesgo de pérdida de crédito mayor o menor que una posición del mismo importe en cada uno de los demás segmentos, sin tomar en consideración la cobertura del riesgo de crédito ofrecida por terceros directamente a los titulares de las posiciones en el segmento o en los demás segmentos;

(40) «posición en una titulización»: la exposición frente a una titulización;

(41) «originadora»: a) entidad que, por sí misma o a través de entidades conexas, participó directa o indirectamente en el acuerdo inicial que creó las obligaciones u obligaciones potenciales del acreedor o acreedor potencial y que dio lugar a la titulización de la exposición; o b) entidad que adquiere las exposiciones de un tercero, las incluye en su balance y a continuación las tituliza;

(42) «espónsor»: entidad de crédito diferente de la entidad de crédito originadora que establece y gestiona un programa de pagarés de titulización u otro sistema de titulización mediante el cual se adquieren exposiciones a entidades terceras;

(43) «mejora crediticia»: acuerdo contractual en virtud del cual la calidad crediticia de una posición en una titulización aumenta con respecto a la que hubiera existido en caso de no efectuarse la mejora, incluida la mejora efectuada mediante tramos de titulización subordinados y otros tipos de cobertura del riesgo de crédito;

(44) «entidad especializada en titulizaciones (SSPE)»: fideicomiso de empresas u otra entidad distinta de una entidad de crédito organizado para efectuar una o varias titulizaciones, cuyas actividades se limitan a las propias de tal objetivo, cuya estructura pretende aislar las obligaciones de la SSPE de las obligaciones de la entidad de crédito originadora y cuyos titulares de participaciones pueden pignorar o intercambiar sus participaciones sin restricción;

(45) «grupo de clientes vinculados entre sí»: a) bien dos o más personas, físicas o jurídicas, que, salvo prueba en contrario, constituyan un conjunto en lo que respecta al riesgo por el hecho de que una de ellas posea directa o indirectamente sobre la otra o las otras un poder de control, o b) bien dos o más personas, físicas o jurídicas, entre las cuales no exista ninguna relación de control como la que se expone en la letra a) pero a las que se deba considerar como un conjunto en lo que respecta al riesgo por el hecho de que, debido a los vínculos existentes entre ellas, si una de ellas tuviera problemas financieros, la otra o las otras tendrían probablemente dificultades de reembolso;

(46) «vínculos estrechos»: todo conjunto de dos o más personas físicas o jurídicas unidas de alguna de las siguientes formas: a) una participación en forma de propiedad directa o mediante vínculo de control, en el 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa, b) un vínculo de control, o c) el hecho de que ambas o todas ellas estén vinculadas, de forma duradera, a una misma tercera persona por un vínculo de control;

(47) «mercados organizados»: los mercados reconocidos como tales por las autoridades competentes y que cumplan las siguientes condiciones: a) operar de forma regular, b) regirse por unas normas, establecidas o aprobadas por las autoridades pertinentes del país de origen del mercado, que determinen las condiciones de funcionamiento y de acceso al mercado y las condiciones que debe cumplir un contrato antes de que pueda negociarse efectivamente en el mercado, y c) contar con un mecanismo de compensación en virtud del cual los contratos enumerados en el anexo IV estén sujetos a límites legales diarios de cobertura que ofrezcan una protección adecuada.

Artículo 5

Los Estados miembros prohibirán a las personas o empresas que no sean entidades de crédito el ejercicio, con carácter profesional, de la actividad de recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público.

Lo dispuesto en el primer párrafo no se aplicará a la recepción de depósitos u otros fondos reembolsables por parte de un Estado miembro, las autoridades regionales o locales de un Estado miembro u organismo internacionales públicos de los que sean miembros uno o varios Estados miembros, ni en los casos expresamente contemplados en la legislación nacional o comunitaria, siempre que dichas actividades se encuentren sujetas a las regulaciones y controles aplicables a la protección de los depositantes e inversores.







TÍTULO II

CONDICIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y DE SU EJERCICIO

Artículo 6

Los Estados miembros dispondrán que las entidades de crédito han de contar con la autorización antes de comenzar sus actividades. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 a 12, establecerán las condiciones para dicha autorización y las notificarán a la Comisión.

Artículo 7

Los Estados miembros preverán que la petición de autorización deba acompañarse de un programa de actividades en las que se indicará especialmente el tipo de operaciones previstas y la estructura de la organización de la entidad.

Artículo 8

Los Estados miembros no podrán prever que la solicitud de autorización sea examinada en función de las necesidades económicas del mercado.

Artículo 9

1. Sin perjuicio de otras condiciones generales requeridas por los reglamentos nacionales, las autoridades competentes no concederán la autorización cuando la entidad de crédito carezca de fondos propios diferenciados o cuando el capital inicial sea inferior a 5 000 000 EUR.

El «capital inicial» incluirá el capital y las reservas a efectos de las letras a) y b) del artículo 57.

Los Estados miembros podrán prever el mantenimiento de la actividad de las entidades de crédito que no reúnan la condición relativa a los fondos propios diferenciados, y que existieran el 15 de diciembre de 1979. Podrán dispensar a estas empresas del cumplimiento de la condición contemplada en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 11.

2. Los Estados miembros podrán, bajo las condiciones siguientes, conceder la autorización a categorías particulares de entidades de crédito cuyo capital inicial sea inferior al especificado en el apartado 1.

a) el capital inicial no deberá ser inferior a 1 000 000 EUR;

b) los Estados miembros interesados deberán notificar a la Comisión las razones por las que ejercen esta opción; y

c) en la lista contemplada en el artículo 14, a continuación del nombre de la entidad de crédito deberá hacerse una anotación en la que deberá indicarse que ésta no alcanza el capital mínimo exigido en el apartado 1.

Artículo 10

1. Los fondos propios de una entidad de crédito no podrán llegar a ser inferiores al importe del capital inicial exigido, en virtud del artículo 9, en el momento de su autorización.

2. Los Estados miembros podrán decidir que las entidades de crédito existentes el 1 de enero de 1993 cuyos fondos propios no alcanzaren los niveles fijados para el capital inicial por el artículo 9 puedan continuar sus actividades. En ese caso, los fondos propios no podrán descender de la mayor cuantía que hubiesen alcanzado a partir del 22 de diciembre de 1989.

3. Si el control de una entidad de crédito, comprendida en la categoría contemplada en el apartado 2, fuese adquirido por una persona física o jurídica distinta de la que hubiese ejercido el control precedentemente, los fondos propios de dicha entidad de crédito deberán alcanzar como mínimo el nivel especificado para el capital inicial en el artículo 9.

4. En determinadas circunstancias específicas y con el consentimiento de las autoridades competentes, cuando se produzca una fusión entre dos o más entidades de crédito que entren en la categoría contemplada en el apartado 2, los fondos propios de la entidad de crédito resultante de la fusión no podrán caer por debajo del total de los fondos propios de las entidades fusionadas en la fecha de la fusión mientras no se hayan alcanzado los niveles adecuados especificados en el artículo 9.

5. Si se llegara a producir una disminución de los fondos propios en los casos contemplados en los apartados 1, 2 y 4, las autoridades competentes podrán, cuando las circunstancias lo justifiquen, conceder un plazo limitado para que la entidad de crédito regularice su situación o cese sus actividades.

Artículo 11

1. Las autoridades competentes sólo concederán la autorización cuando las entidades de crédito cuenten con la presencia de al menos dos personas para determinar efectivamente la orientación de la actividad de la entidad de crédito.

No concederán la autorización cuando dichas personas no posean la honorabilidad necesaria o la experiencia adecuada para ejercer estas funciones.

2. Los Estados miembros exigirán:

a) a las entidades de crédito que sean personas jurídicas y que tengan un domicilio social de conformidad con su Derecho nacional, que su administración central esté situada en el mismo Estado miembro que su domicilio social, y

b) a las demás entidades de crédito, que su administración central esté situada en el Estado miembro que haya concedido la autorización y en el que ejerzan realmente sus actividades.

Artículo 12

1. Las autoridades no concederán la autorización que permita el acceso a la actividad de una entidad de crédito a menos que les haya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participación cualificada, y el importe de dicha participación.

▼M2

Al determinar si se cumplen los criterios para que una participación se considere cualificada en el contexto del presente artículo, se tomarán en consideración los derechos de voto a que se refieren los artículos 9 y 10 de la Directiva 2004/109/CE ( 17 ), así como las condiciones relativas a su agregación establecidas en el artículo 12, apartados 4 y 5, de dicha Directiva.

Los Estados miembros no tendrán en cuenta los derechos de voto o acciones que las empresas de inversión o las entidades de crédito puedan poseer por haber proporcionado el aseguramiento de instrumentos financieros y/o la colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme a que se refiere el punto 6 de la sección A del anexo I de la Directiva 2004/39/CE ( 18 ), siempre que dichos derechos no se ejerzan o utilicen para intervenir en la administración del emisor, por una parte, y se cedan en el plazo de un año desde su adquisición, por otra.

▼B

2. Las autoridades competentes no concederán la autorización si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión saneada y prudente de la entidad de crédito, no estuvieren persuadidas de la idoneidad de los accionistas o socios.

3. Cuando existan vínculos estrechos entre la entidad de crédito y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes concederán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstaculizan el buen ejercicio de su misión de supervisión.

Las autoridades competentes también denegarán la autorización cuando el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del Derecho de un tercer país, aplicables a una o varias de las personas físicas o jurídicas con las que la entidad de crédito mantenga vínculos estrechos, o por problemas relacionados con la aplicación de dichas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.

Las autoridades competentes exigirán a las entidades de crédito el suministro de la información que requieran para garantizar el cumplimiento permanente de las condiciones previstas en el presente apartado.

Artículo 13

Toda decisión de no conceder una autorización será motivada y notificada al solicitante en un plazo de seis meses a partir de la recepción de la solicitud o, si ésta estuviera incompleta, a los seis meses a partir de la transmisión por el solicitante de los datos necesarios para la decisión. En todo caso habrá de resolverse en doce meses a partir de la recepción de la solicitud.

Artículo 14

Toda autorización será notificada a la Comisión.

El nombre de cada entidad de crédito a la que se haya concedido autorización será inscrita en una lista que la Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y cuya actualización será efectuada por la Comisión.

Artículo 15

1. La autoridad competente, antes de conceder autorización a una entidad de crédito, consultará a las autoridades competentes interesadas del otro Estado miembro en los siguientes casos:

a) cuando la entidad de crédito interesada sea filial de una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro;

b) cuando la entidad de crédito interesada sea filial de la empresa matriz de una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro; o

c) cuando la entidad de crédito interesada sea controlada por las mismas personas físicas o jurídicas que controlen a una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro.

2. La autoridad competente, antes de conceder autorización a una entidad de crédito, consultará a la autoridad competente de un Estado miembro interesado responsable de la supervisión de las empresas de seguros o de inversión en los siguientes casos:

a) cuando la entidad de crédito interesada sea filial de una empresa de seguros o de inversión autorizada en la Comunidad;

b) cuando la entidad de crédito interesada sea filial de la empresa matriz de una empresa de seguros o de inversión autorizada en la Comunidad; o

c) cuando la entidad de crédito interesada sea controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una empresa de seguros o de inversión autorizada en la Comunidad.

3. Las autoridades competentes pertinentes mencionadas en los apartados 1 y 2 se consultarán entre ellas, en especial, a la hora de evaluar la idoneidad de los accionistas y la reputación y experiencia de los directores que participen en la dirección de otra entidad del mismo grupo. Se intercambiarán toda la información referente a la idoneidad de los accionistas y la reputación y experiencia de los directores que sea relevante para la concesión de una autorización, así como para la evaluación continua del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento.

Artículo 16

La autorización y el capital de dotación no podrán ser exigidos por los Estados miembros de acogida respecto a sucursales de entidades de crédito autorizadas en otros Estados miembros. El establecimiento y la supervisión de dichas sucursales se regirán por lo dispuesto en los artículos 22 y 25, los apartados 1 a 3 del artículo 26, los artículos 29 a 37 y el artículo 40.

Artículo 17

1. Las autoridades competentes podrán cancelar la autorización concedida a una entidad de crédito únicamente cuando la entidad:

a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie a ésta expresamente o haya cesado de ejercer su actividad durante un período superior a seis meses, a menos que el Estado miembro afectado no haya previsto, en este caso, que la autorización caduque;

b) haya obtenido la autorización por medio de falsas declaraciones o por cualquier otro medio irregular;

c) no reúna las condiciones a las que la autorización esté vinculada;

d) haya dejado de poseer fondos propios suficientes o de ofrecer garantía de poder cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores y, en especial, de garantizar la seguridad de los fondos que le han sido confiados; o

e) se encuentre en el resto de los casos de cancelación previstos por la reglamentación nacional.

2. Toda cancelación de la autorización se justificará y comunicará a los interesados. La cancelación será notificada a la Comisión.

Artículo 18

Las entidades de crédito podrán, para ejercer sus actividades, utilizar, en el territorio de la Comunidad, la misma denominación que la que utilizan en el Estado miembro de su domicilio social, no obstante las disposiciones del Estado miembro de acogida relativas al uso de las palabras «banco», «caja de ahorros» u otras denominaciones similares. En caso de que hubiese riesgo de confusión, los Estados miembros de acogida podrán exigir, a efectos de mayor claridad, la añadidura de una mención aclaratoria a la denominación.

▼M2

Artículo 19

1. Los Estados miembros establecerán que toda persona física o jurídica que por sí sola o en concertación con otras (en lo sucesivo, «el adquirente propuesto») haya decidido adquirir, directa o indirectamente, una participación cualificada en una entidad de crédito o incrementar, directa o indirectamente, tal participación cualificada en una entidad de crédito de tal manera que la proporción de derechos de voto o de capital poseída sea igual o superior al 20 %, 30 % o 50 % o que la entidad de crédito pase a ser su filial (en lo sucesivo, «la adquisición propuesta»), lo notifique primero por escrito a las autoridades competentes de la entidad de crédito en la que se proponga adquirir o incrementar una participación cualificada, indicando la cuantía de la participación prevista y la información pertinente a que se refiere el artículo 19 bis, apartado 4. Los Estados miembros no necesitarán aplicar el umbral del 30 % cuando, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/109/CE, apliquen un umbral de un tercio.

2. Las autoridades competentes acusarán recibo por escrito al adquirente propuesto a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de dos días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la notificación, así como desde la fecha de posible recepción ulterior de la información a que se refiere el apartado 3.

Las autoridades competentes dispondrán de un plazo máximo de 60 días hábiles a contar desde la fecha del acuse de recibo por escrito de la notificación y de todos los documentos que el Estado miembro exija que se adjunten a la notificación sobre la base de la lista indicada en el artículo 19 bis, apartado 4, (en lo sucesivo, "el plazo de evaluación) para llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 19 bis, apartado 1 (en lo sucesivo, «la evaluación»).

Las autoridades competentes informarán al adquirente propuesto de la fecha en que expira el plazo de evaluación cuando procedan al acuse de recibo.

3. Si lo consideran necesario, las autoridades competentes podrán solicitar durante el plazo de evaluación, aunque no después de transcurrido el quincuagésimo día hábil del plazo de evaluación, la información adicional que se precise para completar la evaluación. Esta solicitud de información se hará por escrito y en ella se especificará la información adicional necesaria.

El plazo de evaluación quedará interrumpido durante el período comprendido entre la fecha en que las autoridades competentes soliciten información y la fecha de recepción de una respuesta del adquirente propuesto. La interrupción tendrá una duración máxima de 20 días hábiles. Las autoridades competentes podrán efectuar según su criterio otras solicitudes con objeto de que se complete o aclare la información, si bien ninguna de estas solicitudes podrá dar lugar a una interrupción del plazo de evaluación.

4. Las autoridades competentes podrán prolongar la interrupción mencionada en el párrafo segundo del apartado 3 hasta 30 días hábiles si el adquirente propuesto:

a) está situado o regulado fuera de la Comunidad, o

b) es un persona física o jurídica y no está sujeto a supervisión con arreglo a la presente Directiva o a las Directivas 85/611/CEE ( 19 ), 92/49/CEE ( 20 ), 2002/83/CE ( 21 ), 2004/39/CE o 2005/68/CE ( 22 ).

5. Si, una vez finalizada la evaluación, las autoridades competentes decidieran plantear objeciones a la adquisición propuesta, informarán de ello al adquirente propuesto, por escrito y motivando su decisión, en el plazo de dos días hábiles, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasarse el plazo de evaluación. Con arreglo a la legislación nacional, podrá hacerse pública una declaración adecuada de los motivos que justifican la decisión a petición del adquirente propuesto. Lo anterior no impedirá a los Estados miembros autorizar a la autoridad competente a hacer esta publicidad sin que medie la petición del adquirente propuesto.

6. Si las autoridades competentes no se opusieran por escrito a la adquisición propuesta dentro del plazo de evaluación, tal adquisición se considerará autorizada.

7. Las autoridades competentes podrán establecer un plazo máximo para la conclusión de la adquisición propuesta y prolongarlo cuando proceda.

8. Los Estados miembros no podrán imponer condiciones de notificación a las autoridades competentes, o de aprobación por estas, de las adquisiciones directas o indirectas de derechos de voto o capital que sean más rigurosas que las establecidas en la presente Directiva.

▼M2

Artículo 19 bis

1. Al examinar la notificación contemplada en el artículo 19, apartado 1, y la información mencionada en el artículo 19, apartado 3, las autoridades competentes, con objeto de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad de crédito en la que se propone la adquisición, y atendiendo a la posible influencia del adquirente propuesto sobre la entidad de crédito, verificarán la idoneidad del adquirente propuesto y la solidez financiera de la adquisición propuesta de acuerdo con los siguientes criterios:

a) reputación del adquirente propuesto;

b) reputación y experiencia de toda persona que vaya a dirigir la actividad de la entidad de crédito como consecuencia de la adquisición propuesta;

c) solvencia financiera del adquirente propuesto, en especial en relación con el tipo de actividad que se ejerza o esté previsto ejercer en la entidad de crédito en la que se propone la adquisición;

d) capacidad de la entidad de crédito de cumplir de forma duradera las exigencias cautelares que se deriven de la presente Directiva y, en su caso, de otras Directivas, en especial las Directivas 2000/46/CE, 2002/87/CE y 2006/49/CE, y en particular, cuando proceda, si el grupo del que pasará a formar parte cuenta con una estructura que permita ejercer una supervisión eficaz, proceder a un intercambio efectivo de información entre las autoridades competentes y determinar el reparto de responsabilidades entre las autoridades competentes;

e) existencia de indicios racionales que permitan suponer que, en relación con la adquisición propuesta, se están efectuando o se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo, en el sentido del artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE ( 23 ), o que la citada adquisición podría aumentar el riesgo de que se efectúen tales operaciones.

2. Las autoridades competentes solo podrán oponerse a la adquisición propuesta cuando haya motivos razonables para ello sobre la base de los criterios establecidos en el apartado 1 o si la información aportada por el adquirente propuesto está incompleta.

3. Los Estados miembros no impondrán condiciones previas en cuanto al nivel de participación que deba adquirirse, ni permitirán a sus autoridades competentes examinar la adquisición propuesta a la luz de las necesidades económicas del mercado.

4. Los Estados miembros pondrán a disposición pública una lista en la que se indique la información que será necesaria para realizar la evaluación y que se facilitará a las autoridades competentes en el momento de la notificación a que se refiere el artículo 19, apartado 1. El nivel de información exigido deberá ser proporcional y adaptado a la naturaleza del adquirente propuesto y de la adquisición propuesta. Los Estados miembros solo exigirán información que resulte pertinente a efectos de la evaluación cautelar.

5. Sin perjuicio del artículo 19, apartados 2, 3 y 4, cuando la autoridad competente reciba notificación de dos o más propuestas de adquisición o incremento de participaciones cualificadas en una misma entidad de crédito, tratará a todos los adquirentes propuestos de forma no discriminatoria.

Artículo 19 ter

1. Las autoridades competentes se consultarán recíprocamente al realizar la evaluación, siempre que el adquirente propuesto constituya:

a) una entidad de crédito, empresa de seguros, empresa de reaseguros, empresa de inversión o sociedad de gestión, según se define esta última en el artículo 1 bis, punto 2, de la Directiva 85/611/CEE (en lo sucesivo, «la sociedad de gestión de OICVM»), autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición;

b) la sociedad matriz de una entidad de crédito, empresa de seguros, empresa de reaseguros, empresa de inversión o sociedad de gestión de OICVM autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición, o

c) una persona física o jurídica que ejerza el control de una entidad de crédito, empresa de seguros, empresa de reaseguros, empresa de inversión o sociedad de gestión de OICVM autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición.

2. Las autoridades competentes se facilitarán recíprocamente, sin retrasos injustificados, toda la información que resulte esencial o pertinente para la evaluación. A este respecto, las autoridades competentes se comunicarán, previa solicitud, toda información pertinente y, a iniciativa propia, toda información esencial. Toda decisión adoptada por la autoridad competente que haya autorizado a la entidad de crédito en la que se propone la adquisición mencionará las posibles observaciones o reservas expresadas por la autoridad competente responsable del adquirente propuesto.

▼M2

Artículo 20

Los Estados miembros establecerán que toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o indirectamente, una participación cualificada en una entidad de crédito, lo notifique primero por escrito a las autoridades competentes, indicando la cuantía de su participación prevista. Dicha persona deberá también notificar a las autoridades competentes si ha decidido reducir su participación cualificada de tal manera que la proporción de derechos de voto o de capital poseída por la misma sea inferior al 20 %, 30 % o 50 % o que la entidad de crédito deje de ser su filial. Los Estados miembros no necesitarán aplicar el umbral del 30 % cuando, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/109/CE, apliquen un umbral de un tercio.

▼B

Artículo 21

1. Las entidades de crédito, en cuanto tengan conocimiento de adquisiciones o cesiones de participación en su capital que traspasen hacia arriba o hacia abajo alguno de los niveles contemplados en el apartado 1 del artículo 19 y en el artículo 29, informarán a las autoridades competentes de dichas adquisiciones o cesiones.

Asimismo, comunicarán a las autoridades competentes, al menos una vez al año, la identidad de los accionistas o socios que posean participaciones cualificadas, así como la cuantía de dichas participaciones, tal como resulte, en particular, de los datos obtenidos en la junta general anual de accionistas o socios, o de la información recibida en virtud de la obligación a que están sujetas las sociedades admitidas a negociación en una bolsa de valores.

2. Los Estados miembros preverán que, en caso de que la influencia ejercida por las personas contempladas en el apartado 1 del artículo 19 pueda ir en detrimento de una gestión prudente y saneada de la entidad, las autoridades competentes tomen las medidas apropiadas para poner fin a dicha situación. Dichas medidas podrán comprender requerimientos, sanciones a sus dirigentes o la suspensión del ejercicio del derecho de voto vinculado a las acciones o participaciones poseídas por los accionistas o socios correspondientes.

Se aplicarán medidas similares a las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de información previa contemplada en el apartado 1 del artículo 19.

En el caso de que se adquiera una participación con la oposición de las autoridades competentes, los Estados miembros, independientemente de las demás sanciones que hayan de adoptarse, establecerán bien la suspensión del ejercicio del derecho de voto correspondiente, bien la nulidad de los votos emitidos, bien la posibilidad de anularlos.

▼M2

3. Al determinar si se cumplen los criterios para que una participación se considere cualificada en el contexto de los artículos 19 y 20 y del presente artículo, se tomarán en consideración los derechos de voto a que se refieren los artículos 9 y 10 de la Directiva 2004/109/CE, así como las condiciones relativas a su agregación establecidas en el artículo 12, apartados 4 y 5, de dicha Directiva.

Al determinar si se cumplen los criterios indicados en el presente artículo para que una participación se considere cualificada, los Estados miembros no tendrán en cuenta los derechos de voto o acciones que las empresas de inversión o las entidades de crédito puedan poseer por haber proporcionado el aseguramiento de instrumentos financieros y/o la colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme a que se refiere el punto 6 de la sección A del anexo I de la Directiva 2004/39/CE, siempre que dichos derechos no se ejerzan o utilicen para intervenir en la administración del emisor, por una parte, y se cedan en el plazo de un año desde su adquisición, por otra.

▼B

Artículo 22

1. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán que cada entidad de crédito disponga de sólidos procedimientos de gobierno corporativo, incluida una estructura organizativa clara, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, así como procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos a los que esté o pueda estar expuesta, junto con mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables adecuados.

2. Los sistemas, procedimientos y mecanismos contemplados en el apartado 1 serán completos y proporcionales al carácter, escala y complejidad de las actividades de la entidad de crédito. Se tomarán en consideración los criterios técnicos establecidos en el anexo V.







TÍTULO III

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y A LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS







Sección 1

Entidades de Crédito

Artículo 23

Los Estados miembros preverán que las actividades enumeradas en el anexo I puedan ser ejercidas en su territorio, según las disposiciones del artículo 25, los apartados 1 a 3 del artículo 26, los apartados 1 y 2 del artículo 28 y los artículos 29 a 37, tanto mediante el establecimiento de una sucursal como mediante prestación de servicios por cualquier entidad de crédito autorizada y supervisada por las autoridades competentes de otro Estado miembro, siempre que la autorización ampare dichas actividades.







Sección 2

Entidades financieras

Artículo 24

Los Estados miembros establecerán que las actividades enumeradas en el anexo I puedan ser ejercidas en su territorio de acuerdo con las disposiciones del artículo 25, los apartados 1 a 3 del artículo 26, los apartados 1 y 2 del artículo 28 y los artículos 29 a 37, tanto mediante el establecimiento de una sucursal como mediante prestación de servicios por cualquier entidad financiera de otro Estado miembro, filial de una entidad de crédito o filial común de varias entidades de crédito, cuyo estatuto legal permita el ejercicio de tales actividades, que cumpla todas las condiciones siguientes:

a) que la o las empresas matrices estén autorizadas como entidades de crédito en el Estado miembro a cuyo Derecho esté sujeta la entidad financiera;

b) que las actividades de que se trata se ejerzan efectivamente en el territorio del mismo Estado miembro;

c) que la o las empresas matrices posean el 90 % o más de los derechos de voto vinculados a la posesión de participaciones o acciones de la entidad financiera;

d) que la o las empresas matrices hayan demostrado, a satisfacción de las autoridades competentes, que efectúan una gestión prudente de la entidad financiera y se hayan declarado, con el consentimiento de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, solidariamente garantes de los compromisos asumidos por la entidad financiera; y

e) que la entidad financiera esté incluida de forma efectiva, en especial para las actividades referidas, en la supervisión sobre base consolidada a la que está sometida su empresa matriz o cada una de sus empresas matrices, de acuerdo con la sección 1 del capítulo 4 del título V, en particular a efectos de los requisitos mínimos de fondos propios establecidas en el artículo 75 para el control de grandes riesgos y para la limitación de las participaciones prevista en los artículos 120 a 122.

Estos requisitos serán verificados por las autoridades competentes del Estado miembro de origen, quienes facilitarán después una certificación a la entidad financiera, que deberá adjuntarse a las notificaciones señaladas en los artículos 25 y 28.

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen garantizarán la supervisión de la entidad financiera de acuerdo con las disposiciones del apartado 1 del artículo 10 y los artículos 19 a 22, 40, 42 a 52 y 54.

2. Si la entidad financiera contemplada en el primer párrafo del apartado 1 dejare de cumplir alguno de los requisitos fijados, el Estado miembro de origen informará de ello a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, y la actividad llevada a cabo por dicha entidad financiera en el Estado miembro de acogida quedarán sometidas a su legislación.

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán mutatis mutandis a las filiales de las entidades financieras contempladas en el primer párrafo del apartado 1.







Sección 3

Ejercicio del derecho de establecimiento

Artículo 25

1. Cualquier entidad de crédito que se proponga establecer una sucursal en el territorio de otro Estado miembro lo notificará a la autoridad competente del Estado miembro de origen.

2. Los Estados miembros exigirán que la entidad de crédito que se proponga establecer una sucursal en otro Estado miembro presente, junto con la notificación mencionada en el apartado 1, las informaciones siguientes:

a) el Estado miembro en cuyo territorio se propone establecer una sucursal;

b) un programa de actividades en el que se indique, en particular, el género de las operaciones previstas y la estructura de la organización de la sucursal;

c) la dirección en el Estado miembro de acogida en la que puedan serle requeridos los documentos; y

d) el nombre de los directivos que serán responsables de la gestión de la sucursal.

3. Salvo que la autoridad competente del Estado miembro de origen tenga razones para dudar, visto el proyecto en cuestión, de la idoneidad de las estructuras administrativas o de la situación financiera de la entidad de crédito, dicha autoridad comunicará las informaciones contempladas en el apartado 2, en un plazo de tres meses a partir de la recepción de todas las informaciones, a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, e informará de ello a la entidad de crédito de que se trate.

Asimismo, la autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará el importe de los fondos propios de la entidad de crédito.

No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo, en el caso contemplado en el artículo 24, la autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará asimismo el importe de los fondos propios de la entidad financiera y la suma de los fondos propios consolidados y los requisitos de capital en virtud del artículo 75 de la entidad de crédito que sea su empresa matriz.

4. Cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen se niegue a transmitir las informaciones contempladas en el apartado 2 a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, comunicará las razones de la denegación a la entidad de crédito correspondiente en los tres meses siguientes a la recepción de todas las informaciones.

Esta denegación o la ausencia de resolución podrán ser objeto de un recurso jurisdiccional en el Estado miembro de origen.

Artículo 26

1. Antes de que la sucursal de la entidad de crédito comience a ejercer sus actividades, la autoridad competente del Estado miembro de acogida dispondrá de dos meses a partir de la recepción de la comunicación contemplada en el artículo 25 para organizar la supervisión de la entidad de crédito de conformidad con la sección 5 y para indicar, en su caso, en qué condiciones, por razones de interés general, deben ejercerse dichas actividades en el Estado miembro de acogida.

2. Desde la recepción de una comunicación de la autoridad competente del Estado miembro de acogida o, en caso de silencio por parte de ésta, a partir del vencimiento del plazo previsto en el apartado 1, la sucursal podrá establecerse y comenzar sus actividades.

3. En caso de modificación del contenido de alguna de las informaciones notificadas de conformidad con las letras b), c) o d) del apartado 2 del artículo 25, la entidad de crédito notificará por escrito dicha modificación a las autoridades competentes del Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida, al menos un mes antes de efectuar el cambio, a fin de que la autoridad competente del Estado miembro de origen pueda pronunciarse con arreglo al artículo 25 y la autoridad competente del Estado miembro de acogida pueda pronunciarse sobre dicha modificación con arreglo al apartado 1.

4. Se considerará que las sucursales que hayan comenzado su actividad, con arreglo a las disposiciones del Estado miembro de acogida, antes del 1 de enero de 1993, han cumplido el procedimiento previsto en el artículo 25 y los apartados 1 y 2 del presente artículo. A partir del 1 de enero de 1993, se regirán por las disposiciones del apartado 3 del presente artículo y por las de los artículos 23 y 43, así como por las de las Secciones 2 y 5.

Artículo 27

Se considerarán como una sola sucursal varias sedes de explotación creadas en el mismo Estado miembro por una entidad de crédito que tenga su sede social en otro Estado miembro.







Sección 4

Ejercicio de la libertad de prestación de servicios

Artículo 28

1. Cualquier entidad de crédito que desee ejercer, por primera vez, sus actividades en el territorio de otro Estado miembro en el marco de la libre prestación de servicios, notificará a la autoridad competente del Estado miembro de origen qué actividades, de las comprendidas en la lista del anexo I, se propone llevar a cabo.

2. La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicará a la autoridad competente del Estado miembro de acogida la notificación contemplada en el apartado 1, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la misma.

3. El presente artículo no afectará a los derechos adquiridos por las entidades de crédito que operasen por la vía de la prestación de servicios antes del 1 de enero de 1993.







Sección 5

Poderes de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida

Artículo 29

El Estado miembro de acogida podrá exigir, con fines estadísticos, que toda entidad de crédito que tenga una sucursal en su territorio dirija a las autoridades competentes de ese Estado un informe periódico sobre las operaciones efectuadas en su territorio.

Para el ejercicio de las responsabilidades que le incumban en virtud del artículo 41, el Estado miembro de acogida podrá exigir a las sucursales de entidades de crédito originarias de otros Estados miembros las mismas informaciones que exija a tal fin a las entidades de crédito nacionales.

Artículo 30

1. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de acogida comprueben que una entidad de crédito que tenga una sucursal u opere en prestación de servicios en su territorio no respeta las disposiciones legales dictadas por dicho Estado miembro en aplicación de las disposiciones de la presente Directiva que impliquen una competencia de las autoridades de acogida, exigirán a dicha entidad de crédito que ponga f