1990L0388 — ES — 08.11.1994 — 001.001 — 1
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►B DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 1990
relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones
(90/388/CEE)
(DO L 192 de 24.7.1990, p. 10)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 94/46/CE de la Comisión de 13 de octubre de 1994 L 268 15 19.10.1994
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DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 1990
relativaalacompetenciaenlosmercadosdeserviciosdetelecomu-
nicaciones
(90/388/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 90,
1.Considerando que el fortalecimiento de las telecomunicacionescomunitarias constituye una de las condiciones esenciales para eldesarrollo armonioso de las actividades económicas y de unmercado competitivo en la Comunidad, tanto desde el punto devista de los prestadores de servicios como de los usuarios; que laComisión, por lo tanto, definió en su Libro Verde sobre eldesarrollo del mercado común de equipos y servicios de teleco-municaciones y en su Comunicación sobre la aplicación del LibroVerde hasta 1992 un programa de acción para la apertura progre-siva del mercado de telecomunicaciones a la competencia; quedicho programa de acción no incluye la radiotelefonía móvil, laradiomensajería ni los servicios de comunicación de masas talescomo la radiodifusión o la televisión; que el Consejo prestó,mediante su Resolución de 30 de junio de 1988 (
1), su apoyo a
los objetivos de dicho programa y, en particular, a la creaciónprogresiva de un mercado comunitario abierto de servicios detelecomunicaciones; que, durante los últimos decenios, el sectorde telecomunicaciones ha experimentado una evolución tecnoló-gica considerable; que esta evolución permite ofrecer una gamacada vez más variada de servicios y, en particular, de transmisiónde datos; que ésta, por otra parte, hace técnica y económicamenteposible un régimen en el que pueda haber competencia entre losdistintos operadores;
2.Considerando que, en todos los Estados miembros, el estableci-miento y explotación de la red de telecomunicaciones y el sumi-nistro de los correspondientes servicios suele delegarse, mediantela concesión de derechos exclusivos o especiales, a uno o variosorganismos de telecomunicaciones; que estos derechos se carac-terizan por el poder discrecional que el Estado ejerce en diversosgrados en lo que se refiere al acceso al mercado de servicios detelecomunicaciones;
3.Considerando que los organismos encargados del establecimientoy de la explotación de la red de telecomunicaciones son empresascontempladas en el apartado 1 del artículo 90 del Tratado, ya queejercen de manera organizada una actividad económica, a saber,el suministro de servicios de telecomunicaciones; que se trata,bien de empresas públicas, bien de empresas a las que losEstados han concedido derechos exclusivos o especiales;
4.Considerando que, sin dejar de garantizar la función de serviciopúblico, varios Estados miembros ya han revisado el sistema dederechos exclusivos o especiales vigente hasta el momento en elsector de las telecomunicaciones; que, en todos los casos, elrégimen de derechos exclusivos o especiales se mantiene para elestablecimiento y para la explotación de la red; que lo mismoocurre en ciertos Estados miembros para los servicios de teleco-municaciones, mientras que en otros, tales derechos no cubrenmás que determinados servicios; que, por otra parte, todos losEstados miembros han adoptado por sí mismos o permitido a losorganismos de telecomunicaciones adoptar medidas administra-
(1)D OnoC 257 de 4. 10. 1988, p. 1.
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tivas y reglamentarias que limitan la libre prestación de los
servicios de telecomunicaciones;
5.Considerando que la concesión, en el ejercicio del poder discre-cional del Estado miembro de derechos exclusivos o especiales auna o varias empresas para la explotación de la red, restringe laprestación de esos servicios por otras empresas desde o haciaotros Estados miembros;
6.Considerando que, en la práctica, las restricciones a la libreprestación de servicios de telecomunicaciones hacia o desde otrosEstados miembros a que se refiere el artículo 59 del Tratadoconsisten, en particular, en la prohibición de realizar conexionesde circuitos arrendados mediante concentradores, multiplexores yotras instalaciones con la red telefónica conmutada, en la imposi-ción para esta conexión de derechos de acceso desproporcionadosen relación con el servicio prestado, en la prohibición de enviarseñales desde o hacia terceros mediante circuitos arrendados, o enla aplicación de una tarifa en proporción a la utilización sinjustificación económica o en la negativa al acceso a la red deciertos prestadores de servicios; que estas restricciones de utiliza-ción y tarifas excesivas con relación al precio de coste producenel efecto de obstaculizar la prestación, desde o hacia otrosEstados miembros, de servicios de telecomunicaciones, talescomo:
— servicios que tienen por objeto mejorar las funciones de tele-
comunicación, por ejemplo, la conversión de protocolo, decódigo, de formato o de capacidad,
— servicios basados en la información que tienen por objeto el
acceso a las bases de datos,
— servicios informáticos a distancia,— servicios de registro y transmisión de mensajes, por ejemplo,
el correo electrónico,
— servicios de transacciones, por ejemplo, transacciones finan-
cieras y transferencia electrónica de datos de uso comercial,telecompra y telerreserva,
— servicios teleactivos, por ejemplo, telemedida y telecontrol.
7.Considerando que el artículo 66 en relación con los artículos 55 y
56 del Tratado permiten excepciones a la libertad de prestaciónde servicios por motivos no económicos; que las restriccionesadmitidas, a este respecto, son, por una parte, el ejercicio, inclusocon carácter ocasional, de la autoridad pública y, por otra parte,el orden público, la seguridad pública y la salud pública; que, altratarse de excepciones, éstas deben ser interpretadas de manerarestrictiva; que ningún servicio de telecomunicaciones constituyeuna participación en el ejercicio de la autoridad pública queimplique la facultad de usar prerrogativas exorbitantes conrespecto al Derecho común, privilegios del poder público o unpoder de coerción sobre los ciudadanos; que la oferta de serviciosde telecomunicaciones no puede en sí misma atentar contra elorden público ni afectar a la salud pública;
8.Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justiciaadmite, por otra parte, restricciones a la libertad de prestación deservicios, cuando dichas restricciones responden a exigenciasesenciales de interés general y se aplican de forma no discrimina-toria y en proporción al objetivo perseguido; que la protección delos consumidores no puede justificar restricciones a la libre pres-tación de servicios en materia de telecomunicaciones, ya quedicho objetivo se puede alcanzar igualmente en un régimen delibre competencia que, a este respecto, tampoco se puede invocarla protección de la propiedad intelectual; que las únicas exigen-cias esenciales admitidas como excepción al artículo 59 y quepueden justificar las restricciones a la utilización de la redpública son la integridad de esta última, la seguridad de sufuncionamiento y, en los casos justificados, la interoperabilidad yla protección de los datos; que las restricciones impuestas deben,en cualquier caso, ser proporcionales a los objetivos perseguidospor tales exigencias legítimas; que los Estados miembros deberán
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hacer públicas y notificar estas restricciones a la Comisión con
objeto de que esta última pueda valorar dicha proporcionalidad;
9.Considerando que, en este contexto, la seguridad de funciona-miento de la red tiene por objeto asegurar la disponibilidad de lared pública en caso de urgencia; que la integridad técnica de lared pública tiene por objeto asegurar su funcionamiento normal yla interconexión de las redes públicas en la Comunidad basada enlas especificaciones técnicas comunes; que la noción de interope-rabilidad de los servicios tiene por objeto el respeto a estasespecificaciones técnicas mínimas establecidas para acrecentar laprestación de servicios y la elección de los usuarios; que laprotección de datos tiene por objeto garantizar la confidencia-lidad de las comunicaciones y la protección de los datos perso-nales;
10.Considerando asimismo que, además de las exigencias esencialesque pueden figurar como condiciones en los procedimientos deautorización o de declaración, los Estados miembros podrán esta-blecer, para el servicio de conmutación de datos, condicionesrelacionadas con obligaciones de servicio público que constituyanregulaciones de comercio objetivas, no discriminatorias y trans-parentes sobre los requisitos de permanencia, disponibilidad ycalidad del servicio;
11.Considerando que, cuando un Estado miembro ha encargado a unorganismo de telecomunicaciones el suministro de servicios deconmutación de datos por paquetes o por circuitos para el públicoy este servicio puede fracasar debido a la competencia de opera-dores privados, la Comisión puede autorizar a este Estadomiembro para imponer condiciones adicionales para el suministrode dicho servicio, que también pueden afectar a su coberturageográfica. Al evaluar estas medidas, la Comisión, en el marcode la realización de los objetivos fundamentales del Tratado,enunciadas en su artículo 2, incluido el reforzamiento de lacohesión económica y social de la Comunidad, contemplado ensu artículo 130 A, tendrátambién en cuenta la situación de losEstados miembros cuya red de suministro de servicios de conmu-tación de datos por circuitos o por paquetes aún no estásuficien-temente desarrollada, situación que podría justificar para estosEstados miembros el mantenimiento, hasta el 1 de enero de 1996,de la fecha prevista para la simple reventa de capacidad de laslíneas arrendadas;
12.Considerando que el artículo 59 del Tratado prevé la supresión decualquier otra restricción a la libre prestación de servicios dentrode la Comunidad respecto de los nacionales de los Estados miem-bros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el deldestinatario de la prestación; que el mantenimiento o la introduc-ción de todo derecho exclusivo o especial que no responda a loscriterios mencionados constituye, por consiguiente, una infrac-ción del artículo 90 en relación con el artículo 59;
13.Considerando que el artículo 86 del Tratado declara incompatiblecon el mercado común cualquier comportamiento de una o variasempresas que constituya una explotación abusiva de una posicióndominante en el mercado común o en una parte sustancial delmismo; que los organismos de telecomunicaciones son empresasa los efectos de dicho artículo, ya que ejercen actividades econó-micas y, en particular, el suministro de servicios consistente enponer a disposición de los usuarios la red y los servicios detelecomunicaciones; que esta disponibilidad de la red constituyeun mercado de servicios diferente, puesto que no es intercam-biable con otros servicios; que la disponibilidad de la red y losotros servicios de telecomunicaciones se prestan en cada uno delos mercados nacionales en condiciones de competencia suficien-temente homogéneas como para que la Comisión pueda valorar elpoder económico de las empresas que los suministran en esosterritorios; que los territorios de los Estados miembros consti-tuyen otros tantos mercados geográficos diferenciados; que estose debe a la diferencia entre las regulaciones sobre las condi-ciones de acceso y de funcionamiento técnico relativas al sumi-
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nistro de la red y de los servicios de telecomunicaciones; que, por
otra parte, cada uno de ellos constituye una parte sustancial delmercado común;
14.Considerando que estas empresas tienen, individual o colectiva-mente, en cada uno de sus mercados nacionales, una posicióndominante con respecto al establecimiento y a la explotación dela red de telecomunicaciones, ya que son las únicas que disponenen cada Estado miembro de una red que abarca el conjunto delterritorio del mismo y porque su gobierno les ha concedido elderecho exclusivo de explotar, solas o conjuntamente con otrasempresas, la red;
15.Considerando que los derechos exclusivos o especiales que seconceden en materia de servicios de telecomunicaciones por unEstado a los organismos que ya tienen una posición dominantepara el establecimiento y la explotación de la red son derechosque tienen por efecto reforzar dicha posición dominante, al exten-derla a los servicios;
16.Considerando que, por otra parte, los derechos exclusivos o espe-ciales concedidos por el Estado a los organismos de telecomuni-caciones por lo que se refiere al suministro de ciertos servicios detelecomunicaciones permiten que estos organismos:
a) excluyan del mercado o limiten el acceso de los competidores
al mercado de los servicios de telecomunicaciones, restrin-giendo así la libre elección de los usuarios, lo que puedelimitar el progreso tecnológico en perjuicio de los consumi-dores;
b) impongan a los usuarios de la red la utilización de los servi-
cios que son objeto de los derechos exclusivos, subordinandoasí la celebración de los contratos de utilización de la red a laaceptación de prestaciones suplementarias que no guardanrelación con el objeto de dichos contratos;
que todos estos comportamientos constituyen abusos de posición
dominante que pueden afectar de forma sensible al comercioentre los Estados miembros; que, en efecto, todos los servicios deque se trata pueden, en principio, ser ofrecidos por prestadores deotros Estados miembros; que la estructura de la competenciadentro del mercado común resulta así sustancialmente modifi-cada; que, en cualquier caso, los derechos especiales o exclusivosconcedidos respecto de esos servicios conducen a una situacióncontraria al objetivo de la letra f) del artículo 3 del Tratado, queprevé el establecimiento de un régimen que garantice que lacompetencia no seráfalseada en el mercado común ni, con mayormotivo, eliminada; que los Estados miembros deben, con arregloal artículo 5 del Tratado, abstenerse de todas aquellas medidasque puedan poner en peligro la realización de los fines delTratado, entre los que se incluye el de la letra f) del artículo 3;
17.Considerando que los derechos exclusivos otorgados en materiade servicios de telecomunicaciones a las empresas públicas oempresas a las que los Estados miembros han concedido derechosespeciales o exclusivos para el establecimiento de la red detelecomunicaciones son incompatibles con el apartado 1 del artí-culo 90, en relación con el artículo 86;
18.Considerando que el apartado 2 del artículo 90 del Tratadopermite establecer una excepción a la aplicación de los artículos59 y 86 del Tratado en los casos que ésta impida, de hecho o dederecho, el cumplimiento de la misión específica confiada a losorganismos de telecomunicaciones; que esta misión consiste en elestablecimiento y explotación de una red universal, es decir, quetenga una cobertura geográfica general y que se facilite, previasolicitud y en un plazo razonable, a todo prestador de servicios ousuario; que los medios financieros para el desarrollo de esta redproceden todavía principalmente de la explotación del servicio detelefonía vocal; que, por consiguiente, la apertura de este servicioa la competencia podría amenazar el equilibrio financiero de losorganismos de telecomunicaciones; que el servicio de telefonía
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vocal, tanto si se ofrece a partir de la red telefónica actual o como
parte integrante del servicio de la RDSI (Red Digital de ServiciosIntegrados), constituye además el medio actualmente más impor-tante de notificación y de llamada de los servicios de urgenciaresponsables de la seguridad pública;
19.Considerando que el suministro de circuitos arrendados consti-tuye un elemento esencial de la misión de los organismos detelecomunicaciones; que existe actualmente, en la mayor parte delos Estados miembros, una diferencia sustancial entre las tarifaspor la utilización del servicio de transmisión de datos a través dela red conmutada y por la utilización de circuitos arrendados; queuna rápida nivelación de dichas tarifas podría perjudicar a esamisión de interés económico general; que el establecimiento delequilibrio entre dichas tarifas debe producirse progresivamente, amás tardar, el 31 de diciembre de 1992; que, entretanto, debepoder exigirse a los operadores privados que no ofrezcan alpúblico un servicio que consista en la simple reventa de capa-cidad de circuitos arrendados, es decir, que implique solamente eltratamiento, la conmutación, el almacenaje o la conversión deprotocolo en la medida necesaria para la transmisión en tiemporeal; que los Estados miembros pueden, por consiguiente, esta-blecer un sistema de declaración por el cual los operadoresprivados se comprometan a no efectuar tal reventa; que, sinembargo, no puede imponerse ninguna otra obligación a estosoperadores para hacer respetar esta medida;
20.Considerando que estas restricciones no afectan al desarrollo delos intercambios en una forma contraria al interés de la Comu-nidad; que, en estas condiciones, dichas restricciones son compa-tibles con el apartado 2 del artículo 90 del Tratado; que otro tantocabe decir de las medidas adoptadas por los Estados miembrospara garantizar que la actividad de los prestadores de serviciosprivados no redunde en perjuicio del servicio público de conmu-tación de datos;
21.Considerando que las normas del Tratado, incluidas las relativasa la competencia, se aplican al servicio de télex; que la impor-tancia de este servicio sufre una erosión progresiva en todos losEstados miembros debido a la aparición de medios de telecomu-nicación competitivos como el telefax; que la supresión de lasrestricciones actuales sobre la utilización de la red telefónicaconmutada y de los circuitos arrendados permitirála retransmi-sión de mensajes télex; que, habida cuenta de esta evolución, esnecesario adoptar un enfoque específico; que, por tanto, lapresente Directiva no debe aplicarse al servicio de télex;
22.Considerando que, en cualquier caso, la Comisión volveráaexaminar en el año 1992 cualquier derecho especial o exclusivosubsistente, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y laevolución hacia una infraestructura numérica;
23.Considerando que es conveniente ofrecer a los Estados miembrosla posibilidad de elaborar procedimientos equitativos de autoriza-ción para asegurar el respeto de las exigencias esenciales, sinperjuicio de una armonización de las mismas prevista a nivelcomunitario en el marco de las directivas del Consejo relativas elsuministro de una red abierta «Open Network Provision» (ONP);que, en lo que respecta a la conmutación de datos, los Estadosmiembros deben poder incluir en estos procedimientos la obliga-ción de cumplir las regulaciones comerciales que regulan lascondiciones de permanencia, disponibilidad y calidad delservicio, así como las medidas dirigidas a proteger la misión deinterés económico general que han confiado al organismo detelecomunicaciones; que estos procedimientos deben basarse encriterios objetivos y precisos, sin efectos discriminatorios; quedichos criterios deberán ser, en particular, justificados y propor-cionados al interés general perseguido y estar debidamente moti-vados y publicados; que la Comisión debe poder examinarlosdetenidamente a la luz de las normas sobre la competencia y deaquéllas relativas a la libre prestación de servicios; que, en cual-quier caso, los Estados miembros que no hubieren notificado a la
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Comisión un proyecto de criterios y de procedimientos de autori-
zación transcurrido un plazo determinado no podrán en adelanteimponer restrición alguna a la libre prestación del servicio detransmisión de datos al público en general;
24.Considerando que los Estados miembros deben poder disponer deun plazo complementario para elaborar las reglas generales rela-tivas a las condiciones de prestación de estos servicios de conmu-tación de datos por paquetes o por circuitos al público en general;
25.Considerando que, por otra parte, los servicios de telecomunica-ciones no pueden ser objeto de ninguna restricción ni por lo querespecta al libre acceso a dichos servicios por parte de los usua-rios, ni por lo que respecta al tratamiento de las informacionesque pueda efectuarse antes de la transmisión de los mensajes porla red de telecomunicaciones, o después de que los mensajeshayan sido recibidos, que no se justifique por una exigenciaesencial proporcionada al objetivo perseguido;
26.Considerando que la numerización de la red y el perfecciona-miento tecnológico de los aparatos terminales conectados a ellahan incrementado el número de funciones que anteriormente seefectuaban dentro de la red, de tal forma que dichas funcionespueden ser efectuadas por los propios usuarios mediante aparatosterminales cada vez más perfeccionados; que es convenientegarantizar que los suministradores de servicios de telecomunica-ciones, en particular, de telefonía y de transmisión de datos porconmutación por paquetes o por circuitos permitan a los opera-dores económicos utilizar estas funciones;
27.Considerando que, en tanto se establecen las normas comunitariaspara el suministro de una red abierta (ONP), es necesario hacerpúblicas las interfaces técnicas ya utilizadas en los Estadosmiembros para permitir a las empresas que pretendan estable-cerse en los mercados de servicios de telecomunicaciones adoptarlas medidas necesarias con objeto de adaptar las características desus servicios a las exigencias técnicas de las redes; que, en lamedida en que dichas interfaces técnicas no hayan sido estable-cidas todavía por los Estados miembros, conviene que se esta-blezcan en el más breve plazo posible; que todo proyecto elabo-rado a este respecto deberáser comunicado a la Comisión conarreglo a la Directiva 83/189/CEE del Consejo (
1), modificada
por la Directiva 88/182/CEE (2);
28.Considerando que, por lo general, las legislaciones nacionalesatribuyen a los organismos de telecomunicaciones una función dereglamentación de los servicios de telecomunicaciones queimplica, en particular, la concesión de autorizaciones, el controlde conformidad y de las especificaciones obligatorias de lasinterfaces, la atribución de frecuencias y la vigilancia de lascondiciones de utilización; que dichas legislaciones a veces sólodefinen los principios generales de la explotación de los serviciosautorizados, concediendo a los organismos de telecomunicacionesla facultad de definir las condiciones específicas de aplicación;
29.Considerando que esta actividad, de carácter a la vez reglamen-tario y comercial, de los organismos de telecomunicaciones tieneuna incidencia directa sobre la actividad de los operadores econó-micos que ofrecen servicios de telecomunicaciones en compe-tencia con dichos organismos; que, en efecto, mediante esta dobleactividad, estos organismos determinan o, al menos, influyensustancialmente en el suministro de los servicios ofrecidos porsus competidores; que el hecho de delegar a una empresa quedispone de una posición dominante para el establecimiento yexplotación de la red el poder de reglamentación del acceso almercado de los servicios de telecomunicaciones constituye unreforzamiento de la posición dominante que esta misma empresa
(1)D OnoL 109 de 26. 4. 1983, p. 8.
(2)D OnoL 81 de 26. 3. 1988, p. 75.
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tiene en el mercado; que este hecho, teniendo en cuenta el
conflicto de intereses, puede restringir el acceso de los competi-dores a los mercados de servicios de telecomunicaciones y limitarla libertad de elección de los usuarios; que, por otra parte, estasmedidas pueden limitar los mercados de los materiales destinadosal tratamiento de señales de telecomunicación y, por lo tanto, elprogreso tecnológico en este sector; que, en consecuencia, laacumulación de estas actividades constituye un abuso de posicióndominante de los organismos de telecomunicaciones de que setrata en la acepción del artículo 86; que, si estos comportamientosresultan de una medida adoptada por el Estado, esta última serátambién incompatible con el apartado 1 del artículo 90 en rela-ción con el artículo 86;
30.Considerando que, para cumplir eficazmente su deber de vigi-lancia en aplicación de las disposiciones del apartado 3 delartículo 90, la Comisión debe disponer de ciertas informacionesesenciales; que estas informaciones deben garantizar, en parti-cular, la transparencia de las medidas adoptadas por los Estadosmiembros para que la Comisión pueda velar por que el acceso ala red y los diferentes servicios correspondientes sean facilitadospor cada organismo de telecomunicaciones con arreglo a unastarifas y en condiciones no discriminatorias para todos susclientes; que conviene que estas informaciones se refieran a:
— las medidas adoptadas para suprimir los derechos exclusivos
en aplicación de la presente Directiva,
— las condiciones de concesión de las autorizaciones de explota-
ción de los servicios de telecomunicaciones;
que la Comisión debe disponer de estas informaciones para poder
velar, en particular, por que todos los usuarios de la red y de losservicios, incluidos los organismos de telecomunicaciones cuandosean prestadores de servicios, reciban un trato equitativo;
31.Considerando que, por lo que se refiere al suministro de serviciosde telecomunicaciones abiertos en lo sucesivo a la competencia,los titulares de derechos exclusivos o especiales pudieron, en elpasado, imponer a sus clientes contratos de larga duración; queestos contratos podrían limitar de hecho la posibilidad respectode los nuevos competidores eventuales de ofrecer sus servicios adichos clientes y a éstos de beneficiarse de los mismos; que, porlo tanto, debe preverse que el usuario pueda obtener la rescisiónde su contrato en un plazo razonable;
32.Considerando que cada Estado miembro regula actualmente elsuministro de servicios de telecomunicaciones con arreglo a suspropios criterios; que incluso la definición de ciertos serviciosvaría de un Estado miembro a otro; que, en consecuencia, sepueden producir distorsiones de la competencia que pueden hacermás difícil para los operadores económicos la oferta de serviciostransfronterizos de telecomunicaciones; que, por este motivo, elConsejo consideró, en su Resolución de 30 de junio de 1988, queuno de los objetivos de la política de telecomunicaciones era lacreación de un mercado comunitario abierto de los servicios detelecomunicaciones, en particular, mediante la definición rápida,gracias a las directivas del Consejo, de las condiciones técnicas,las condiciones de utilización y los principios de tarificación delsuministro de una red abierta «Open Network Provision» (ONP);que, a este respecto, la Comisión ha presentado una propuestaconcreta al Consejo; que, sin embargo, una armonización de lascondiciones de acceso no es el medio adecuado para poner fin alos obstáculos a los intercambios resultantes de infracciones a lasdisposiciones del Tratado; que la Comisión debe velar por laaplicación de las disposiciones del Tratado de forma eficaz yglobal;
33.Considerando que el apartado 3 del artículo 90 impone deberesprecisos y atribuye competencias bien definidas a la Comisiónpor lo que se refiere a la vigilancia de las relaciones entre losEstados miembros y sus empresas públicas y las empresas a lasque hayan concedido derechos exclusivos o especiales y, en
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particular, en materia de eliminación de los obstáculos a la libre
prestación de servicios, en materia de discriminación entre nacio-nales de los Estados miembros y en materia de competencia; que,por otra parte, es necesario un enfoque global con objeto deponer fin a las infracciones que persisten en ciertos Estadosmiembros y suministrar indicaciones claras a los Estados miem-bros que están revisando su legislación para evitar nuevas infrac-ciones; que, en consecuencia, una directiva con arreglo al apar-tado 3 del artículo 90 del Tratado constituye el medio apropiadoa tal fin,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
1. A efectos de la presente Directiva, se entenderápor:
—organismos de telecomunicaciones , las entidades públicas o privadas
— incluidas sus filiales sujetas a su contro l — a las que un Estado
miembro conceda derechos especiales o exclusivos para el estableci-miento de redes públicas de telecomunicaciones y, en su caso, parala prestación de servicios de telecomunicaciones;
▼
M1
—derechos exclusivos , los derechos concedidos por un Estado
miembro a una empresa para reservarle el derecho de un servicio detelecomunicaciones o de emprender una actividad, mediante cual-quier instrumento legal, reglamentario o administrativo, y dentro deuna zona geográfica determinada;
—derechos especiales , los derechos concedidos por un Estado
miembro a un número limitado de empresas mediante un instru-mento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona deter-minada,
— limite, con arreglo a criterios que no sean objetivos, proporcio-
nales y no discriminatorios, a dos o más el número de empresasautorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad, o
— designe, con arreglo a tales criterios, a varias empresas que
compitan entre sí, autorizándolas a prestar un servicio oemprender una actividad, o
— confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios,
ventajas legales o reglamentarias que dificulten gravemente lacapacidad de otra empresa de prestar el mismo servicio detelecomunicaciones o emprender la misma actividad en la mismazona geográfica y en unas condiciones básicamente similares;
▼
B
—red pública de telecomunicaciones , la infraestructura pública de
telecomunicaciones que permita el transporte de señales entre termi-nales definidas de la red por hilo, por ondas hertzianas, por mediosópticos o por otros medios electromagnéticos;
▼
M1
—servicios de telecomunicaciones , servicios que consistan, en todo o
en parte, en la transmisión y encaminamiento de señales a través deuna red pública de telecomunicaciones mediante sistemas de teleco-municaciones, con excepción de los servicios al público de radiodi-fusión y televisión, y los servicios por satélite;
—red de estaciones terrenas de comunicación por satélite , una
infraestructura de dos o más estaciones terrenas que funcionenconjuntamente a través de un satélite,
—servicios de redes por satélite , la implantación y funcionamiento de
redes de estaciones terrenas de comunicación por satélite; dichosservicios constitirán, como mínimo, en el establecimiento, por partede dichas estaciones, de una radiocomunicación con el segmentoespacial («enlaces ascendentes») y de una radiocomunicación entreéste y las citadas estaciones («enlaces descendentes»),
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▼M1
—servicios de comunicaciones por satélite , los servicios para cuya
prestación se utilicen, en todo o en parte, servicios de redes porsatélite,
—servicios por satélite , la prestación de servicios de comunicación por
satélite o la de servicios de redes por satélite;
▼
B
—terminales de la red , el conjunto de conexiones físicas y de especifi-
caciones técnicas de acceso, que formen parte de la red pública detelecomunicaciones y que sean necesarias para tener acceso a estared pública y comunicar eficazmente a través de ella;
—exigencias esenciales , los motivos de interés general y de naturaleza
no económica que puedan inducir a un Estado miembro a limitar elacceso a la red pública de telecomunicaciones o a los serviciospúblicos de telecomunicaciones. ►
M1Dichos motivos son la segu-
ridad del funcionamiento de la red, el mantenimiento de su inte-gridad y, en los casos en que estén justificadas, la interoperabilidadde los servicios y la protección de los datos, y tratándose de servi-cios de redes por satélite, la organización eficaz del espectro defrecuencias y la necesidad de evitar interferencias no deseadas entrelos sistemas de telecomunicación por satélite y otros sistemastécnicos espaciales o terrestres. ◄
La protección de los datos podráincluir la protección de los datos
personales, el carácter confidencial de los datos transmitidos o alma-cenados, así como la protección del ámbito privado;
—servicio de telefonía vocal , la explotación comercial para el público
del transporte directo y de la comunicación de la voz en tiempo realdesde y con destino a las terminales de la red pública conmutada,que permita a cualquier usuario utilizar el equipo conectado a suterminal para comunicar con otra terminal;
—servicio de télex , la explotación comercial para el público del trans-
porte directo de mensajes de télex de conformidad con la Recomen-dación aplicable del Comité Consultivo Internacional Telegráfico yTelefónico (CCITT) desde y con destino a las terminales de la redpública conmutada, que permita a cualquier usuario utilizar elequipo conectado a su terminal para comunicar con otra terminal;
—servicio de conmutación de datos por paquetes o por circuitos ,l a
explotación comerical para el público del transporte directo de datosdesde y con destino a las terminales de la red pública conmutada,que permita a cualquier usuario utilizar el equipo conectado a suterminal para comunicar con otra terminal;
—simple reventa de capacidad , la explotación comercial para el
público de la oferta de transporte de datos a través de circuitosarrendados como servicio independiente, comprendiendo solamentela conmutación, el tratamiento, el almacenaje de datos o la conver-sión de protocolo, en la medida necesaria para la transmisión, entiempo real, desde y con destino a la red pública conmutada.
▼
M1
2. La presente Directiva no se aplicaráal servicio de télex ni a lasradiocomunicaciones terrestres móviles.
▼
B
Artículo 2
▼M1
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1, los Estadosmiembros suprimirán todas aquellas medidas que otorguen:
a) derechos exclusivos de prestación de servicios de telecomunica-
ciones distintos de los de la telefonía vocal, y
b) derechos especiales que limiten, con arreglo a criterios que no son
objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más elnúmero de empresas autorizadas a prestar tales servicios de teleco-municaciones o
c) derechos especiales que designen, con arreglo a tales criterios, a
varias empresas que compitan entre sí para prestar tales servicios detelecomunicaciones.
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▼M1
Adoptarán las medidas necesarias para garantizar a todo operador elderecho a prestar cualquiera de estos servicios de telecomunicaciones,con excepción de la telefonía vocal.
▼
B
Los Estados miembros que condicionen el suministro de dichos servi-cios a un procedimiento de autorización o de declaración con objeto deasegurar el respeto de las exigencias esenciales garantizarán, sinperjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, que las autorizaciones seconcederán con arreglo a criterios objetivos, transparentes y sin efectosdiscriminatorios. Las eventuales denegaciones deberán estar debida-mente motivadas y deberáexistir un procedimiento para recurrir contraellas.
Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 3, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31 de diciembre de 1990,las medidas adoptadas para cumplir lo dispuesto en el presente artículoy la información sobre toda regulación existente o proyecto destinado aestablecer nuevos procedimientos de autorización o a modificar los yaexistentes.
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Los Estados miembros comunicarán los criterios utilizados para laconcesión de las autorizaciones, así como las condiciones en que seconcedan las mismas o se efectúen los procedimientos de declaraciónnecesarios para llevar a cabo actividades de transmisión en estacionesterrenas.
Los Estados miembros seguirán informando a la Comisión de todo
nuevo procedimiento de concesión de licencias que se pretendaimplantar o de toda modificación de los vigentes.
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B
Artículo 3
Por lo que respecta al servicio de conmutación de datos por circuitos o
por paquetes, los Estados miembros, en el marco de los procedimientosde autorización a que se refiere el artículo 2, podrán exigir hasta el 31de diciembre de 1992 que los operadores económicos no ofrezcan alpúblico la simple reventa de capacidad de circuitos arrendados.
A más tardar, el 30 de junio de 1992, los Estados miembros comuni-
carán a la Comisión, en forma de proyecto, todos los procedimientos deautorización o de declaración para el suministro al público del serviciode conmutación de datos por paquetes o por circuitos que tengan porobjeto el respeto:
— de las exigencias esenciales,
— de las regulaciones de comercio relacionadas con las condiciones de
permanencia, disponibilidad y calidad del servicio, o
— de las medidas destinadas a salvaguardar la misión de interés econó-
mico general que hayan encomendado a un organismo de telecomu-nicaciones en lo que respecta a la conmutación de datos, si laactividad de los prestadores de servicios privados puede obstruir elcumplimiento de dicha misión.
Todos estos requisitos deberán constar en un pliego de condiciones de
servicio público y deberán ser objetivos, transparentes y carecer deefectos discriminatorios.
A más tardar, el 31 de diciembre de 1992, los Estados miembros
procederán a la publicación de los procedimientos de autorización o dedeclaración adoptados para dichos servicios.
Corresponderáa la Comisión velar, antes de su ejecución, por la compa-
tibilidad de dichos proyectos con las disposiciones del Tratado.
Artículo 4
Los Estados miembros que mantengan derechos exclusivos o especiales
para el establecimiento y la explotación de las redes de telecomunica-ciones adoptarán las medidas necesarias para que las condiciones que
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rijan el acceso a las redes sean públicas y objetivas y carezcan deefectos discriminatorios.
Asegurarán, en particular, que los operadores que así lo soliciten puedan
obtener circuitos arrendados en un plazo razonable y que su utilizaciónno sea objeto de ninguna restricción, salvo aquellas que estén justifi-cadas de conformidad con las disposiciones del artículo 2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31
de diciembre de 1990, las medidas adoptadas para cumplir lo dispuestoen este artículo.
Comunicarán a la Comisión, cada vez que aumenten las tarifas aplica-
bles a los circuitos arrendados, los elementos que permitan apreciar lasrazones en que se basan dichos aumentos.
Artículo 5
Los Estados miembros asegurarán la publicación, a más tardar el 31 de
diciembre de 1990, de las características de las interfaces técnicasnecesarias para la utilización de las redes públicas de telecomunica-ciones sin perjuicio de los convenios internacionales aplicables en lamateria.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, con arreglo a la
Directiva 83/189/CEE, cualquier proyecto elaborado a este respecto.
Artículo 6
Los Estados miembros garantizarán, por lo que se refiere a la prestación
de servicios de telecomunicaciones, la supresión de las restriccionesexistentes relativas al tratamiento de las señales antes de su transmisiónpor la red pública o tras su recepción, a menos que se demuestre quedichas restricciones son necesarias para garantizar al respeto del ordenpúblico o de las exigencias esenciales.
Sin perjuicio de las normas comunitarias armonizadas adoptadas por el
Consejo para el suministro de una red abierta, los Estados miembrosgarantizarán, por lo que respecta a los prestadores de servicios,incluidos los organismos de telecomunicaciones, que no exista ningunadiscriminación por lo que se refiere a las condiciones de utilización y alas tarifas practicadas.
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M1
Los Estados miembros garantizarán que las tarifas impuestas eventual-mente a los prestadores de servicios dentro de los regímenes de autori-zación se basen en criterios objetivos, transparentes y no discriminato-rios.
Las tarifas, los criterios en que éstas se basen, así como cualquier
modificación de las mismas, deberán ser debidamente publicados, en suforma y detalle, con el objeto de facilitar el acceso a dicha información.
A mátardar, nueve meses después de la publicación de la presente
Directiva y, en lo sucesivo, cada vez que se introduzcan modificaciones,los Estados miembros notificarán a la Comisión la forma en que se estéhaciendo pública dicha información. La Comisión publicaráregular-mente una reseña de dichas notificaciones.
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B
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las medidas adop-tadas o los proyectos presentados con objeto de cumplir las disposi-ciones del presente artículo, a más tardar, el 31 de diciembre de 1990.
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Los Estados miembros garantizarán la supresión de toda prohibición orestricción a la oferta de capacidad del segmento espacial a todooperador autorizado de redes de estaciones terrenas de comunicaciónpor satélite y permitirán, dentro de su territorio, que todo prestador delsegmento espacial compruebe si la red de estaciones terrenas por saté-lite que vaya a utilizar en el segmento espacial se ajusta a las condi-ciones vigentes de acceso a su capacidad de segmento espacial.
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Artículo 7
Los Estados miembros garantizarán que, a partir del 1 de julio de 1991,
la concesión de las autorizaciones de explotación, el control de confor-midad y de las especificaciones obligatorias, la atribución de lasfrecuencias y la vigilancia de las condiciones de utilización sean reali-zados por una entidad independiente de los organismos de telecomuni-caciones.
Comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31 de diciembre de 1990,
las medidas adoptadas o los proyectos presentados a tal fin.
Artículo 8
Los Estados miembros velarán por que los organismos de telecomunica-
ciones ofrezcan, a partir de la fecha de supresión de los derechosexclusivos o especiales, a los clientes con los que dichos organismosestén vinculados por un período superior a un año mediante un contratode suministro de servicios de telecomunicaciones que, en el momentode su celebración, tuviere como objeto tales derechos, la posibilidad derescindir dicho contrato con un preaviso de seis meses.
Artículo 9
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las informaciones
necesarias que le permitan elaborar al final de cada año, durante unperíodo de tres, un informe global sobre la aplicación de la presenteDirectiva. La Comisión comunicaráeste informe a los Estados miem-bros, al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico ySocial.
Artículo 10
En el curso del año 1992, la Comisión efectuaráuna evaluación global
de la situación del sector de los servicios de telecomunicaciones enrelación con los objetivos perseguidos por esta Directiva.
En el curso del año 1994, la Comisión evaluarálos efectos de las
medidas a que se refiere el artículo 3 con el fin de determinar si procedeefectuar un ajuste en las disposiciones de dicho artículo, habida cuenta,en particular, de la evolución tecnológica y el desarrollo de los inter-cambios en la Comunidad.
Artículo 11
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.