ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(2)

En aras de la coherencia de la legislación comunitaria, la normativa de la Comunidad para las importaciones de carne de lepóridos silvestres, de determinados mamíferos terrestres silvestres y de conejo de granja debe tener en cuenta los requisitos relativos a la salud pública establecidos en los Reglamentos (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 y (CE) no 882/2004.
(6)

Los sistemas de identificación automática de buques (AIS – Automatic Identification System) que menciona el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, de 1 de noviembre de 1974, permiten no solo mejorar las posibilidades de controlar a esos buques, sino sobre todo hacerlos más seguros en situaciones de navegación próxima. Por eso se han integrado en las disposiciones de la Directiva 2002/59/CE. Si se considera el elevado número de abordajes en los que se ven implicados buques pesqueros que, claramente, no han sido vistos por buques mercantes, o que no han visto a los buques mercantes que navegaban en su proximidad, es muy de desear ampliar dicha medida para incluir a los buques pesqueros de eslora superior a 15 metros. En el marco del Fondo Europeo de Pesca se podrían conceder ayudas para la instalación de equipos de seguridad como el AIS a bordo de los pesqueros. La Organización Marítima Internacional (OMI) ha reconocido que la publicación con fines comerciales, en Internet u otros medios, de los datos AIS transmitidos por los buques podría ser perjudicial para la seguridad de los buques y de las instalaciones portuarias, y ha pedido a los Gobiernos miembros de la OMI que, a reserva de lo dispuesto en sus legislaciones nacionales, disuadan de tales prácticas a todos aquellos que facilitan los datos AIS a terceros para su publicación en Internet u otros medios. Asimismo debe garantizarse la confidencialidad de la información enviada a los Estados miembros en virtud de la presente Directiva y los Estados miembros deben utilizar dicha información cumpliendo con lo dispuesto en la misma.
(1) De conformidad con el artículo 2 de la Directiva 1999/56/CE:«1.A partir del 1 de julio de 2000, los Estados miembros no podrán: — denegar, para un tipo de tractor, la homologación CE o la expedición del documento previsto en el tercer guión del apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 74/150/CEE, o la homologación nacional, — prohibir la primera puesta en circulación de los tractores, si los tractores responden a los requisitos de la Directiva 78/933/CEE, en su versión modificada por la presente Directiva.2.A partir del 1 de enero de 2001, los Estados miembros: — no podrán seguir expidiendo el documento previsto en el tercer guión del apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 74/150/CEE para un tipo de tractor si no responde a los requisitos de la Directiva 78/933/CEE, en su versión modificada por la presente Directiva, — podrán denegar la homologación nacional de un tipo de tractor si no responde a los requisitos de la Directiva 78/933/CEE, en su versión modificada por la presente Directiva.». (2) De conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2006/26/CE:«1.Con efectos a partir del 1 de enero de 2007, con respecto a los vehículos que cumplan los requisitos establecidos respectivamente en las Directivas 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE y 89/173/CEE, modificadas por la presente Directiva, los Estados miembros no podrán, por motivos relativos al objeto de la Directiva en cuestión: a) denegar la concesión de la homologación CE o nacional; b) prohibir la matriculación, la venta o la puesta en circulación de un vehículo de ese tipo. 2.Con efectos a partir del 1 de julio de 2007, con respecto a los vehículos que no cumplan los requisitos establecidos respectivamente en las Directivas 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE y 89/173/CEE, modificadas por la presente Directiva, y por motivos relativos al objeto de la Directiva en cuestión, los Estados miembros: a) dejarán de conceder la homologación CE; b) podrán denegar la concesión de la homologación nacional. 3.Con efectos a partir del 1 de julio de 2009, con respecto a los vehículos que no cumplan los requisitos establecidos respectivamente en las Directivas 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE y 89/173/CEE, modificadas por la presente Directiva, y por motivos relativos al objeto de la Directiva en cuestión, los Estados miembros: a) dejarán de considerar válidos los certificados de conformidad que acompañen a los vehículos nuevos, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2003/37/CE, a efectos del artículo 7, apartado 1; b) podrán denegar la matriculación, la venta o puesta en circulación de dichos vehículos nuevos.».
La ayuda pública que se ha de conceder asciende a un total de 4 000 millones de HUF y debe favorecer a unos 5 000 agricultores. Adoptaría las formas siguientes:

— Una subvención directa, hasta un importe total de 2 000 millones de HUF, para la compra de tierra agrícolas hasta un máximo del 20 % del precio de compra estipulado en el contrato de venta, con un máximo de 3 millones de HUF por solicitud y un máximo de dos solicitudes anuales por beneficiario. ►C1 El subsidio podrá asignarse a un particular que, en la fecha de la compra, ejerza una actividad agrícola como propietario de al menos 0,5 hectáreas de plantaciones o 1 hectárea de otras tierras agrícolas ◄ durante un periodo de al menos un año, en una parcela directamente adyacente a las tierras compradas y que se comprometa a no vender la tierra comprada, sino usarla sólo para la producción agrícola durante un periodo de al menos cinco años a partir de la fecha del pago de la ayuda. La ayuda podrá concederse sólo si la extensión total de las tierra existentes y compradas supera las 210 «coronas de oro» ( 1 ), o 2 hectáreas en el caso de tierras agrícolas usadas como viñedos o plantaciones de árboles frutales y si no está registrada como tierra para silvicultura.
(2)

La opinión de la Comunidad, expresada más recientemente, en particular por el Consejo Europeo de marzo de 2007, es que, para alcanzar ese objetivo el aumento de la temperatura media global en superficie, no debería superar en más de 2 °C los niveles preindustriales, lo que exige, de aquí a 2050, una reducción de al menos un 50 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en relación con los niveles de 1990. Las emisiones de gases de efecto invernadero de la Comunidad reguladas por la presente Decisión deben seguir disminuyendo después de 2020 como parte de los esfuerzos de la Comunidad para contribuir a este objetivo global de reducción de las emisiones. Los países desarrollados, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea, deben seguir liderando esa iniciativa, comprometiéndose a alcanzar para 2020 una reducción colectiva del 30 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero en relación con las cifras de 1990. Deben hacerlo asimismo con vistas a alcanzar para 2050 una reducción colectiva de sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 60 % y un 80 % en relación con las cifras de 1990. Todos los sectores de la economía deben contribuir a conseguir estas reducciones de las emisiones, incluidos los sectores de la navegación marítima internacional y de la aviación. El sector de la aviación está contribuyendo a estas reducciones mediante su inclusión en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (en lo sucesivo, «el régimen comunitario»). En el caso de que los Estados miembros no hayan adoptado, para el 31 de diciembre de 2011, ningún acuerdo internacional en el marco de la Organización Marítima Internacional que incluya las emisiones marítimas internacionales en sus objetivos de reducción o si la Comunidad no ha adoptado tal acuerdo en el marco de la CMNUCC, la Comisión debe presentar una propuesta para incluir las emisiones marítimas internacionales en los objetivos de reducción de la Comunidad con vistas a la entrada en vigor del acto propuesto para 2013. Esta propuesta debe minimizar cualquier impacto negativo en la competitividad de la Unión Europea, teniendo en cuenta los beneficios ambientales potenciales.
(10)

No obstante, deben tenerse en cuenta todos los intereses en juego, incluidos los de la salud pública, en un sector tan complejo y sensible como es el sector farmacéutico. A tal fin, el certificado no podría expedirse por un período superior a cinco años. Además, la protección que confiere el certificado debe limitarse estrictamente al producto amparado por la autorización de comercialización en su calidad de medicamento.
(4)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad») concluyó en su dictamen de 5 marzo de 2009 ( 2 ) que la levadura enriquecida con selenio, principalmente seleniometionina, de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 no tiene efectos adversos para la salud de los animales, la salud humana o el medio ambiente y que la utilización de dicho preparado puede considerarse una fuente de selenio biodisponible y cumple los criterios relativos a los aditivos nutricionales para todas las especies. La Autoridad no considera que sean necesarios requisitos específicos de seguimiento posterior a la comercialización. Asimismo, dio el visto bueno al informe sobre el método de análisis de este aditivo para la alimentación animal presentado por el laboratorio comunitario de referencia que establece el Reglamento (CE) no 1831/2003.
(22)

A la hora de determinar las emisiones medias específicas de CO2 de todos los automóviles nuevos matriculados en la Comunidad de los que son responsables los fabricantes, deben tenerse en cuenta todos los automóviles independientemente de su masa o de otras características. Aunque el Reglamento (CE) no 715/2007 no contempla los turismos con una masa de referencia superior a 2 610 kg y a los que no se hace extensiva la homologación de tipo de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 715/2007, las emisiones de estos automóviles deben medirse de conformidad con el mismo procedimiento de medición especificado para los turismos en el Reglamento (CE) no 692/2008 ( 10 ). Los valores de emisiones de CO2 resultantes deben incorporarse en el certificado de conformidad del vehículo para que puedan ser incluidos en el sistema de control.
(14)

Los requisitos de diseño ecológico aplicables al funcionamiento en vacío de las fuentes de alimentación externas de baja tensión abordan los mismos parámetros de impacto medioambiental que los requisitos de diseño ecológico aplicables al modo 75desactivado de los equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina comercializados con una fuente de alimentación externa. Habida cuenta de que los requisitos de diseño ecológico aplicables al funcionamiento en vacío de las fuentes de alimentación externas de baja tensión deben ser más exigentes que los aplicables al modo desactivado de los equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina comercializados con una fuente de alimentación externa de baja tensión, los requisitos del Reglamento (CE) no 1275/2008 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008, por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/CE en lo concerniente a los requisitos de diseño ecológico aplicables al consumo de energía eléctrica en los modos preparado y desactivado de los equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina ( 2 ), no deben aplicarse a los equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina comercializados con una fuente de alimentación externa de baja tensión. Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (CE) no 1275/2008 en consecuencia.
(3)

Los mecanismos que existen actualmente para garantizar el cumplimiento de dichas Directivas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito comunitario, no siempre permiten poner fin a su debido tiempo a las infracciones perjudiciales para los intereses colectivos de los consumidores. Por intereses colectivos se entienden los intereses que no sean una acumulación de intereses de particulares que se hayan visto perjudicados por una infracción. Esto no obsta a las acciones particulares ejercitadas por particulares que se hayan visto perjudicados por una infracción.
(8)

Aunque las sociedades enumeradas en la parte A del anexo I sean sujetos pasivos del impuesto de sociedades en su Estado miembro de residencia, algunas de ellas pueden considerarse fiscalmente transparentes en otros Estados miembros. Para mantener la eficacia de la presente Directiva, los Estados miembros que otorgan a los sujetos pasivos del impuesto de sociedades no residentes la consideración de fiscalmente transparentes deben conceder a los mismos dichas ventajas. No obstante, los Estados miembros deben tener la posibilidad de no aplicar las disposiciones correspondientes de la presente Directiva en la imposición de las personas con participación directa o indirecta en dichos sujetos pasivos.
La finalidad de la separación funcional, en virtud de la cual se exige que el operador integrado verticalmente establezca entidades empresariales operativamente separadas, es garantizar el suministro de productos de acceso plenamente equivalentes a todos los operadores que actúan en los mercados posteriores, incluidas las propias divisiones del operador integradas verticalmente que actúan en dichos mercados. La separación funcional puede mejorar la competencia en varios mercados pertinentes al reducir significativamente el incentivo para la discriminación y facilitar la comprobación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones de no discriminación. En casos excepcionales la separación funcional puede justificarse como solución cuando reiteradamente no haya podido conseguirse la no discriminación efectiva en varios de los mercados afectados, y cuando la perspectiva de una competencia en las infraestructuras en un plazo razonable sea escasa o nula después del recurso a una o más soluciones que se consideraron antes apropiadas. No obstante, es muy importante garantizar que su imposición mantenga los incentivos de la empresa afectada para invertir en su red y no comporte efectos negativos potenciales sobre el bienestar del consumidor. Su imposición exige un análisis coordinado de diversos mercados pertinentes relacionados con la red de acceso, de conformidad con el procedimiento de análisis de mercados enunciado en el artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). Al llevar a cabo el análisis de los mercados y diseñar los detalles de esta solución, las autoridades nacionales de reglamentación deben prestar especial atención a los productos que deben gestionar las entidades empresariales separadas, teniendo en cuenta el grado de despliegue de la red y el nivel de progreso tecnológico, que pueden afectar a la sustituibilidad de los servicios fijos e inalámbricos. Para evitar falseamientos de la competencia en el mercado interior, las propuestas de separación funcional deben ser aprobadas previamente por la Comisión.
(32)

La disponibilidad de información transparente, actualizada y comparable sobre ofertas y servicios es un elemento esencial para los consumidores en los mercados competitivos con varios proveedores de servicios. Los usuarios finales y los consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas deben poder comparar fácilmente los precios de los diferentes servicios ofrecidos en el mercado basándose en la información publicada en una forma fácilmente accesible. Para que los consumidores puedan comparar fácilmente los precios, las autoridades nacionales de reglamentación deben poder exigir a las empresas que proporcionan servicios o redes de comunicación electrónicas una mayor transparencia con respecto a la información (incluidas las tarifas, pautas de consumo y demás estadísticas pertinentes) y para garantizar a terceros el derecho a utilizar gratuitamente la información al público publicada por dichas empresas. Asimismo, las autoridades nacionales de reglamentación deben poner a disposición del público guías de precios, en particular, cuando no estén disponibles en el mercado de forma gratuita o a un precio razonable. Las empresas no deben poder percibir remuneración alguna por el uso de información que ya ha sido publicada y que es, por tanto, de dominio público. Además, antes de adquirir un servicio, los usuarios finales y los consumidores deben recibir información adecuada sobre el precio y el tipo de servicio ofrecido, en particular si un número de teléfono gratuito está sujeto a alguna carga adicional. Las autoridades nacionales de reglamentación deben poder exigir que esta información se facilite de forma generalizada y, para determinadas categorías de servicios que ellas determinen, inmediatamente antes de que se efectúe la llamada, salvo que la legislación nacional disponga lo contrario. Para definir las categorías de llamadas que requieren información previa sobre los precios correspondientes, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener debidamente en cuenta la naturaleza del servicio, las condiciones de los precios aplicables y si el prestador del servicio no tiene la condición de prestador de servicios de comunicaciones electrónicas. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre comercio electrónico), las empresas deben también proporcionar a los abonados, si así lo exigen los Estados miembros, información de interés público ofrecida por las autoridades públicas competentes, entre otras cosas, las infracciones más comunes y sus consecuencias jurídicas.
(18)

Los requisitos de diseño ecológico, aplicables a partir del 7 de enero de 2013, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1275/2008 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008, por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo concerniente a los requisitos de diseño ecológico aplicables al consumo de energía eléctrica en los modos preparado y desactivado de los equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina ( 6 ), han de aplicarse a las televisiones con anterioridad a la fecha prevista en dicho Reglamento, dado que las tecnologías que cumplen sus disposiciones pueden implementarse en un plazo más breve en lo que respecta a las televisiones, lo cual permite un ahorro adicional de energía. Por consiguiente, no procede aplicar el Reglamento (CE) no 1275/2008 a las televisiones, debiendo dicho Reglamento modificarse en consecuencia.
(1)

En los últimos años han ganado importancia las cuestiones de la biodiversidad y de la conservación de los recursos fitogenéticos, como ponen de manifiesto diversas actuaciones a nivel internacional y comunitario. Cabe citar como ejemplos la Decisión 93/626/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la celebración del Convenio sobre la diversidad biológica ( 2 ), la Decisión 2004/869/CE del Consejo, de 24 de febrero de 2004, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura ( 3 ), el Reglamento (CE) no 870/2004 del Consejo, de 24 de abril de 2004, por el que se establece un programa comunitario relativo a la conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrario y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1467/94 ( 4 ), y el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) ( 5 ). Han de establecerse condiciones específicas con arreglo a la Directiva 2002/55/CE con objeto de tener en cuenta estas cuestiones a la hora de comercializar las semillas de plantas hortícolas.
4

Tipo de mensaje

<MTYP>

19
56

Butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo

Iodopropynyl butylcarbamate

55406-53-6

259-627-5

a) Productos que se aclaran b) Productos que no se aclaran c) Desodorantes y antitranspirantes

a) 0,02 % b) 0,01 % c) 0,0075 %

No utilizar en productos bucales ni labiales a) No utilizar en productos para niños menores de 3 años, excepto en productos de baño, gel de ducha y champú b) No utilizar en lociones y cremas corporales (13) b) y c) No utilizar en productos para niños menores de 3 años
(13)

Las medidas de ejecución que debe preparar la Agencia en materia de gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea deben elaborarse con arreglo a los resultados del procedimiento de consulta de la Agencia sobre una base que debe adaptarse a las nuevas partes interesadas, y fundamentarse en las prescripciones del Reglamento (CE) no 549/2004, el Reglamento (CE) no 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo (Reglamento de prestación de servicios) ( 5 ), el Reglamento (CE) no 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo (Reglamento del espacio aéreo) ( 6 ), el Reglamento (CE) no 552/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo (Reglamento de interoperabilidad) ( 7 ), y, en particular, en los requisitos reglamentarios de seguridad de Eurocontrol incorporados en el derecho nacional. La Comisión debe adoptar dichas medidas de ejecución con arreglo al procedimiento de reglamentación establecido en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 549/2004. Deben crearse mecanismos de transición que aseguren la continuidad de las autorizaciones ya concedidas con arreglo a lo dispuesto en dichos Reglamentos.
(1) De conformidad con el artículo 2 de la Directiva 1999/55/CE:«1.A partir del 1 de julio de 2000, los Estados miembros no podrán: — denegar, para un tipo de tractor, la homologación CE o la expedición del documento previsto en el tercer guión del apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 74/150/CEE, o la homologación nacional, — prohibir la primera puesta en circulación de los tractores, si los tractores cumplen los requisitos de la Directiva 77/536/CEE, en la redacción dada a la misma por la presente Directiva.2.A partir del 1 de enero de 2001, los Estados miembros: — no podrán seguir expidiendo el documento previsto en el tercer guión del apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 74/150/CEE para un tipo de tractor si no cumple los requisitos de la Directiva 77/536/CEE, en la redacción dada a la misma por la presente Directiva, — podrán denegar la homologación nacional de un tipo de tractor si no cumple los requisitos de la Directiva 77/536/CEE, en la redacción dada a la misma por la presente Directiva.».