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"B DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 28 de octubre de 1998
relativa a la ayuda estatal otorgada por España a Sniace SA, situada en Torrelavega, Cantabria
[notificada con el número C(1998) 3437]
(El texto en lengua española es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(1999/395/CE)
(DO L 149 de 16.6.1999, p. 40)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
"M1 Decisión 2001/43/CE de la Comisión de 20 de septiembre de 2000 L 11 46 16.1.20011999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 1
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 28 de octubre de 1998
relativa a la ayuda estatal otorgada por España a Sniace SA, situada en
Torrelavega, Cantabria
[notificada con el número C(1998) 3437]
(El texto en lengua española es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(1999/395/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el
párrafo primero del apartado 2 de su artículo 93,
Después de haber emplazado a los interesados a que presenten sus
observaciones de conformidad con las mencionadas disposiciones (1)y
habida cuenta de dichas observaciones,
Considerando lo siguiente:
I.PROCEDIMIENTO
(1) Mediante carta de 17 de abril de 1997, la Comisión recibió una
denuncia de los abogados de la empresa austríaca Lenzing AG,principal productor de fibras de viscosa de la Comunidad, relativa a
diversas formas de ayuda ilegal concedida a su competidor español, la
Sociedad nacional de industrias y aplicaciones de celulosa españolaSA (en lo sucesivo, «Sniace»). El denunciante aportó nueva
información no incluida en su denuncia inicial de 4 de julio de 1996
en relación con la cual la Comisión había llegado a la conclusión deque no existían pruebas suficientes de la existencia de ayuda estatal.Entre la nueva información facilitada a la Comisión se encontraba una
copia de un plan de viabilidad para Sniace elaborado por una sociedad
de consultoría privada. El denunciante alegó que Sniace había recibidoimportantes sumas de ayuda estatal durante un período de varios años,que se remontaba a finales de los años ochenta. Dicha ayuda no se
había notificado a la Comisión de conformidad con el apartado 3 del
artículo 93 del Tratado CE, ni con las Directrices aplicables a lasayudas al sector de las fibras sintéticas. La ayuda había falseado la
competencia en un sector que adolece de exceso de capacidad
estructural y había permitido a Sniace mantenerse en funcionamientode forma artificial.
(2) A ello siguió una prolongada investigación preliminar, que incluyó
reuniones entre la DG IV y el denunciante y las autoridades españolas
celebradas el 17 de mayo y el 16 de junio de 1997, respectivamente. La
denuncia se registró como ayuda no notificada con la referencia NN118/97 el 17 de julio de 1997.
(3) Mediante carta de 7 de noviembre de 1997, la Comisión informó al
Gobierno español de su decisión de incoar el procedimientoestablecido en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado en relación
con diversos elementos de presunta ayuda (véase a continuación).
(4) La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas (
1). La Comisión invitó a
los terceros interesados a presentar sus observaciones en relación conla supuesta ayuda.
(5) Mediante carta de 19 de diciembre de 1997, el Gobierno español
contestó a la carta de la Comisión por la que se incoaba el
procedimiento. En su respuesta facilitaba más información en apoyode su punto de vista según el cual ninguna de las cuestiones objeto deinvestigación eran constitutivas de ayuda con arreglo a lo dispuesto en
el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE.!B
(1) DO C 49 de 14.2.1998, p. 2.1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 2
(6) Mediante carta de 23 de febrero de 1997, la Comisión solicitó que se le
aclarasen determinadas cuestiones. El Gobierno español contestó a esacarta con otra de 16 de abril de 1998.
(7) La Comisión recibió las observaciones de los terceros interesados y las
remitió a las autoridades españolas, a las que se dio la oportunidad deexpresar sus puntos de vista. Así lo hicieron mediante carta de 24 de
junio de 1998.
II. SNIACE
(8) Sniace, empresa fundada en 1939, es un fabricante de celulosa, papel,
fibras de viscosa, fibras sintéticas y sulfato de sodio. Está implantada
en Torrelavega, Cantabria, que desde septiembre de 1995 es una regiónque puede recibir ayudas en virtud de la letra a) del apartado 3 del
artículo 92. Con anterioridad a esta fecha, la región podía recibir
ayudas en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 92.
(9) Sniace cuenta actualmente con unos 600 trabajadores, siendo uno de
los cinco productores de fibras de viscosa de la Unión Europea, con
una capacidad de aproximadamente 32 000 toneladas (en torno al 9 %de la capacidad de la Comunidad). La empresa fabrica también fibras
sintéticas, entre las que se encuentra la fibra e hilo de poliamida. En
los últimos años ha obtenido los resultados siguientes:
(en millones de pesetas españolas)
1994 1995 1996 1997
Volumen de negocios 6 540 10 970 5 750 5 600
Beneficios (pérdidas) (1 780) 153 (1 951) (500)
(10) A la hora de incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93, la
Comisión señaló que la empresa había venido atravesando dificultades
financieras durante varios años, que se reflejaron en numerosas
informaciones aparecidas en la prensa. A raíz de una solicitudpresentada por la empresa en 1992, los tribunales españoles ordenaronla suspensión de pagos en marzo de 1993, que fue levantada como
consecuencia de un acuerdo de los acreedores alcanzado en octubre de
1996, cuando los acreedores privados de Sniace acordaron convertir el40 % de sus deudas en acciones. Los acreedores públicos no
participaron en el acuerdo.
(11) A finales de 1997 las obligaciones corrientes de la empresa se
elevaban a 8 370 millones de pesetas españolas frente a unos activos
corrientes de 4 540 millones, y el patrimonio neto de la empresa era de
1 730 millones. En los últimos años, los problemas a que hubo dehacer frente la empresa, incluidos algunos conflictos laborales,
llevaron a interrupciones periódicas de la producción. La empresa
interrumpió su producción durante gran parte de 1993. Esta resultónuevamente interrumpida durante buena parte de 1996 y principios de1997. La producción se reanudó en febrero de 1997 y la empresa se
encuentra en pleno funcionamiento actualmente.
III. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MEDIDAS DE
AYUDA
(12) La Comisión incoó el procedimiento del apartado 3 del artículo 93 en
relación con los siguientes elementos de supuesta ayuda:
a)el impago de las tasas medioambientales adeudadas por Sniace
desde 1987. La Comisión señaló la posibilidad de que cons-
tituyese ayuda estatal el hecho de que, a lo largo de varios años, laempresa no hubiese hecho efectivo el pago de tasas medioam-
bientales a la sociedad pública de gestión del agua (Confederación
Hidrográfica del Norte). Habida cuenta de que daba la impresiónde que la empresa había experimentado dificultades financieras
durante varios años, es posible que el hecho de no abonar estas
tasas haya evitado la liquidación de la empresa;
b)no exigencia de las cotizaciones a la Seguridad Social desde
1991. La Comisión expresó sus dudas de que las condiciones de
los acuerdos de reescalonamiento de dos deudas contraídas con la!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 3
Tesorería de la Seguridad Social reflejasen condiciones de
mercado;
i) un acuerdo de 8 de marzo de 1996 que cubría deudas
reescalonadas por un total de 2 900 millones de pesetas
españolas durante el período que media entre febrero de 1991y febrero de 1995, por el que se imponían 96 plazos de pagosmensuales, de 1996 a marzo del 2004, a un tipo de interés
legal del 9 %,
y
ii) un acuerdo de 7 de mayo de 1996 que permitía un primer año
de carencia y 84 plazos mensuales de pago con un tipo de
interés legal del 9 %;
c)un aval por un total de 1 000 millones de pesetas españolas
autorizado por la Ley 7/93. La Comisión manifestó tener dudas de
que la Ley 7/93, por la que el Gobierno regional de Cantabriaautorizó una garantía de préstamo por valor de 1 000 millones depesetas españolas destinada a Sniace, contenga algún elemento de
ayuda estatal;
d)los acuerdos de financiación para la construccion prevista de una
planta de tratamiento de aguas residuales. La Comisión manifestó
no poder determinar con certeza que no existieran elementos de
ayuda en los acuerdos de financiación destinados a la construcciónde una planta de tratamiento de aguas residuales;
e)la cancelación parcial por el Ayuntamiento de Torrelavega de
deudas por un total de 116 millones de pesetas españolas. La
Comisión señaló que las medidas adoptadas por el Ayuntamientode Torrelavega parecían haber reducido de facto las deudas de la
empresa en 116 millones de pesetas españolas y que el hecho de
que esta institución hubiera alcanzado un «acuerdo especial» conla empresa implicaba que había utilizado poderes discrecionales y
que, en consecuencia, podría existir ayuda estatal; y
f) acuerdos entre Sniace y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en
relación con el reembolso de un importe de 1 702 millones de
pesetas españolas correspondiente a salarios atrasados de la mano
de obra pagados por Fogasa por cuenta de Sniace:
Fecha del acuerdoPrincipal (en pese-
tas españolas)Intereses (en pesetas
españolas)Tipo de interés
(interés legal)Otras condiciones
5.11.1993 897 millones 465 millones 10 % Reembolso en ocho años; hipoteca
sobre los activos de Sniace
31.10.1995 229 millones 110 millones 9 % Reembolso en ocho años; hipoteca
sobre los activos Sniace
(13) La Comisión expresó sus dudas de que las condiciones de los acuerdos
anteriores reflejasen las condiciones de mercado.
IV . OBSERV ACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS
(14) Se recibieron observaciones de un Estado miembro (el Reino Unido),
varios competidores de Sniace de la Comunidad y el Comitéinternacional del rayón y las fibras sintéticas (CIRFS). Las
observaciones del Ministerio de Economía, Transportes y Tecnología
de Baviera se remitieron bastante después de que expirase el plazo, porlo que es posible que no se tengan en cuenta en el contexto del presenteprocedimiento.
(15) Säteri, fabricante de fibras discontinuas de viscosa, afirmó haber
sufrido la competencia desleal de Sniace, especialmente en Italia, elReino Unido, Alemania y Francia. Como consecuencia de la ayuda
recibida ilegalmente, Sniace había podido fijar sus precios entre un 10
y un 20 % por debajo de los de Säteri. Svenska Rayon, otro fabricantede fibras discontinuas de viscosa, afirmó que, desde su punto de vista,
Sniace había perturbado el mercado de fibras discontinuas de viscosa
durante varios años al vender a precios artificialmente bajos, lo quehabía afectado especialmente a Svenska Rayon en el mercado italiano.!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 4
(16) Nylstar manifestó haberse visto afectada por la competencia desleal de
Sniace en el sector de hilos de poliamida, especialmente en el mercadoespañol. Textil Finanz, que forma parte de Radici Group, manifestóestar especialmente preocupada por los posibles efectos negativos que
la ayuda concedida ilegalmente a Sniace pudiese ocasionar en el sector
de la fibra e hilo de poliamida. Bemberg hizo referencia a lacompetencia desleal de Sniace en el sector mencionado especialmenteen Italia, Alemania, el Reino Unido, España, Francia y Suiza, debido a
la pérdida de ventas y contratos ocasionada por los niveles de precios
del hilo de poliamida practicados por Sniace, que no reflejaban lascondiciones de mercado vigentes.
(17) Courtaulds plc, segundo fabricante europeo de fibras discontinuas de
viscosa, hizo referencia al exceso de capacidad en el sector y a las
medidas que a lo largo de los últimos diez años había adoptado para
reducir la capacidad y los costes, que habían conducido a reduccionesde plantilla en el Reino Unido, Alemania y Francia. La empresa señalóque la migración del sector textil hacia economías con costes más
bajos había tenido como consecuencia una reducción a largo plazo del
consumo industrial de fibras en Europa de entre un 1,5 y un 2 % anual.Este consumo había sido sustituido por las importaciones de hilos,tejidos y prendas procedentes principalmente de Asia y de India en
particular. Como consecuencia de ello, se había producido un descenso
de la capacidad en Europa desde las 687 000 toneladas de 1980 a las355 000 de 1998. Sólo Courtaulds había reducido su capacidad en
195 000 toneladas en los últimos veinte años, incluida la reducción de
30 000 toneladas efectuada en 1997 en su planta de Grimsby.Courtaulds afirmó que en los datos comerciales existían pruebasevidentes de que Sniace practicaba precios inferiores a los de los
demás competidores y señaló que en el Reino Unido, Alemania, Italia,
España, Francia y Bélgica los precios practicados por Sniace sesituaban al menos un 20 % por debajo de los precios medios deCourtaulds. Además, estaba convencida de que el tamaño de la planta
de Sniace no era rentable.
(18) El bufete de abogados que representa a Lenzing AG, cuya denuncia
condujo en un principio a la incoación del procedimiento, reiteró su
punto de vista según el cual los distintos elementos de ayuda eranilegales e incompatibles con el mercado común. Entre otras cosas, hizohincapié en que se trataba de medidas discrecionales, en lugar de
medidas de carácter general, como alegó el Gobierno español.
Asimismo, reiteró su opinión de que las medidas de ayuda habíancontribuido a mantener la empresa en actividad de modo artificial.
(19) CIRFS manifestó que era el órgano de representación de la industria
europea de fibras artificiales. Sus miembros producen el 92 % de las
fibras discontinuas de viscosa y el 76 % de los hilos textiles de
poliamida (los dos tipos de fibras más importantes producidos porSniace). El Comité se mostró a favor de que la Comisión aplicase deforma estricta las normas relativas a ayudas estatales e hizo hincapié en
que el mercado de fibras discontinuas de viscosa de la Comunidad se
caracteriza por encontrarse en una fase de estancamiento. El consumoviene experimentando un descenso a largo plazo, dado que para el año2002 se prevé un nuevo descenso del 7 %. Los fabricantes europeos
mantenían su política de reducción de la capacidad para que pudiera
adaptarse mejor a la demanda. Por otra parte, la utilización de lacapacidad se encontraba en un nivel nada satisfactorio para un sector
con una intensidad de capital que rondaba el 81 y el 84 % en 1996 y
1997, respectivamente. Por lo general, el objetivo de los fabricantes defibras discontinuas de viscosa era alcanzar, como mínimo, un 90 % deutilización de la capacidad con el fin de lograr un rendimiento
razonable del capital. El CIRFS estimó que en 1997 la totalidad de los
cinco fabricantes de la Comunidad Europea había registrado pérdidasen su producción de viscosa. Por lo que se refiere al sector de los hilostextiles de poliamida, la CIRFS afirmó que también se encontraba
inmerso en una tendencia gradualmente descendiente a largo plazo. La
capacidad en la Comunidad se encontraba en una fase de reduccióngradual mediante un proceso de racionalización y reestructuraciónguiado por el mercado, para adaptarse mejor a la demanda. La
utilización de la capacidad se mantenía por debajo del nivel del 90 %
necesario para alcanzar unos niveles satisfactorios de rentabilidad.
(20) La Representación del Reino Unido ante la Unión Europea estimó que
se había empleado la ayuda para que Sniace pudiese seguir operando y!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 5
que ello llevaría inevitablemente al desempleo en otras partes de
Europa, como consecuencia del actual exceso de capacidad en el sectorde las fibras sintéticas.
(21) Por otra parte, Lenzing y Courtaulds manifestaron su inquietud, a raíz
de informaciones aparecidas en la prensa, de que una entidad públicade ahorros, Caja de Cantabria, hubiese concedido nuevas ayudas a
Sniace en forma de un préstamo con participación en los beneficios
por un importe de 2 000 millones de pesetas españolas, que no seajustaba a las condiciones normales de mercado.
V.OBSERV ACIONES DEL GOBIERNO ESP AÑOL
(22) En términos generales, el Gobierno español reiteró lo expresado con
anterioridad a la apertura del procedimiento, y especialmente que losdiversos organismos públicos implicados habían seguido los procedi-mientos normales establecidos en la legislación española relativa a la
gestión de deudas tributarias y con la Seguridad Social y que no habían
concedido a la empresa trato preferencial alguno.
Impago de las tasas medioambientales adeudadas por Sniace desde
1987
(23) El Gobierno español afirmó que, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de agosto de 1985) y sus normas de
desarrollo, la Confederación Hidrográfica del Norte comenzó en 1988
a emitir liquidaciones del importe de la tasa sobre vertido de aguasadeudado en relación con los vertidos efectuados en 1987 y añossubsiguientes a individuos y empresas que vertiesen sus aguas
residuales en la cuenca por ella gestionada. En 1988 remitió a Sniace
la liquidación n
o282/1988, en la que las deudas fiscales de la empresa
se cifraban en 210 millones de pesetas españolas en concepto de los
vertidos generados por sus procesos de producción durante 1987.
(24) La empresa interpuso un recurso económico-administrativo contra
dicha liquidación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional
de Asturias (TEARA), poniendo en tela de juicio su legalidad.
(25) El artículo 81 de la Ley de Procedimiento económico-administrativo,
aprobado mediante el Decreto 1999/1981, de 20 de agosto de 1981,vigente en 1988, establece que se habrá de suspender la aplicación de
aquellas decisiones que hayan sido recurridas, si el denunciante
presenta ante el tribunal económico un aval bancario que cubra el pagode la deuda. De conformidad con esta disposición, Sniace facilitó alTEARA un aval por un importe de 210 millones de pesetas españolas
emitido por el Banco Español de Crédito y que cubría la liquidación n
o
282/1988. El TEARA estimó que dicho aval constituía una garantía
suficiente y suspendió la aplicación de la liquidación fiscal en tanto nose pronunciase sobre el recurso. Posteriormente adoptó una resolución
según la cual admitía el recurso de Sniace y anuló y suspendió los
efectos de la liquidación fiscal, devolviendo el aval bancario facilitadopor la empresa. La Confederación Hidrográfica del Norte se negó a
aceptar esta resolución e interpuso un recurso ante el Tribunal
Económico-Administrativo Central (TEAC).
(26) En 1989, la Confederación Hidrográfica del Norte emitió una
liquidación en la que cifraba la deuda fiscal de Sniace en relacióncon 1988 en 315 millones de pesetas españolas (liquidación n
o271/89)
y Sniace, al igual que había hecho en el caso de las tasas del año
anterior, interpuso un recurso ante el TEARA y facilitó un aval
bancario emitido por el Banco Español de Crédito, como resultado delcual se suspendió la aplicación, de conformidad con las normas de
procedimiento anteriores. Basándose en los mismos argumentos
jurídicos, el TEARA aceptó el recurso de Sniace y anuló y suspendiólos efectos de la liquidación fiscal n
o271/89 y, al igual que en el caso
anterior, devolvió el aval bancario facilitado por la empresa. La
Confederación Hidrográfica del Norte, por su parte, interpuso un
recurso contra esta segunda resolución ante el TEAC.
(27) El TEAC acumuló ambos recursos y se pronunció sobre ellos en una
única sentencia que dictó el 28 de noviembre de 1990, en la que seavalaba y confirmaba la legalidad de las dos liquidaciones de 1987 y1988 (liquidaciones n
os282/88 y 271/89). Habida cuenta de que los
avales bancarios se habían devuelto a Sniace en aplicación de las
decisiones anteriores del TEARA, la Confederación Hidrográfica!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 6
entregó las dos liquidaciones a la Agencia Tributaria del Estado para
su cobro mediante el procedimiento ejecutivo.
(28) En abril de 1990 se aplicó a Sniace la liquidación impositiva no421/90
en concepto de aguas residuales, que cifró sus deudas con respecto a
1989 en 525 millones de pesetas españolas y contra la cual, como yasucediera con las liquidaciones de 1987 y 1988, interpuso un recursoante el TEARA y facilitó un aval bancario emitido por el Banco
Español de Crédito.
(29) A la luz de la sentencia dictada por el TEAC el 28 de noviembre de
1990, el TEARA rechazó en esta ocasión el recurso de la empresa (el 8
de marzo de 1991) y confirmó la legalidad de la liquidación n
o421/90,
reteniendo el aval bancario a la espera del resultado del recursointerpuesto por Sniace. Dado que se había retenido el aval bancariofacilitado, una vez que el Tribunal hubo rechazado el recurso de
Sniace, el Banco Español de Crédito hizo efectivos a la Confederación
Hidrográfica los 525 millones de pesetas españolas cubiertos por elaval junto con los intereses de demora correspondientes.
(30) El Gobierno español hizo hincapié en que la Ley de Procedimiento
económico-administrativo, aprobado mediante el Decreto 1999/1981,de 20 de agosto de 1981, deja a discreción del recurrente la decisión de
facilitar o no un aval; la ventaja de dicho aval es que, una vez aceptado,
se suspende la aplicación de la resolución recurrida hasta que elTribunal se pronuncie sobre la denuncia.
(31) Ante esta situación, el Gobierno español estimó razonable, desde un
punto de vista jurídico, que Sniace facilitase avales bancarios al tiempo
que se oponía a las liquidaciones en concepto de aguas residualesestablecidas en 1988, 1989 y 1990, al no existir una opinión uniforme
en cuanto a su legalidad. No obstante, una vez que el TEAC hubo
fallado el 28 de noviembre de 1990 que las liquidaciones se ajustaban aderecho y la Confederación Hidrográfica hubo exigido el aval quecubría la liquidación n
o421/90 (que se elevaba a 525 millones más
intereses), siendo éste el único aval que se podía ejecutar dado que,
como ya se ha mencionado anteriormente, los correspondientes a 1987y 1988 habían sido devueltos por el TEARA, se puede presumir que aSniace le habría resultado difícil persuadir a los bancos de que
emitiesen avales en relación con recursos que probablemente serían
rechazados.
(32) En consecuencia, las liquidaciones emitidas en 1991 y años siguientes,
aunque recurridas ante el TEARA, no se encontraban avaladas, como
tampoco había sido suspendido el procedimiento ejecutivo: una vezexpirados los plazos previsto para el pago voluntario, las liquidaciones
se remitían a la Agencia Tributaria del Estado para su cobro mediante
el procedimiento ejecutivo.
(33) Según las autoridades españolas, las deudas acumuladas por Sniace
son como siguen:
(en pesetas españolas)
Período Principal Recargo Recaudado Intereses Total adeudado
1987 210 000 000 42 000 000 54 129 095 167 318 219 473 447 314
1988 315 000 000 63 000 000 31 254 644 250 977 329 628 977 3291990 525 000 000 105 000 000 400 172 260 1 030 172 2601991 525 000 000 105 000 000 339 761 301 969 761 3011992 525 000 000 105 000 000 263 470 890 893 470 890
1993 525 000 000 105 000 000 200 327 055 830 327 055
1994 525 000 000 105 000 000 147 323 630 777 323 6301995 525 000 000 105 000 000 89 415 411 719 415 411
Total 3 675 000 000 735 000 000 85 383 739 1 858 766 095 6 354 149 834
(34) Los intereses de demora se han calculado hasta el 1 de marzo de 1998.
Estos intereses se calculan a partir de la fecha de vencimiento del pago
al tipo de interés oficial para cada año; los intereses se han de abonar
con la devolución de la deuda.!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 7
(35) La totalidad de las deudas originadas por las tasas relativas a las aguas
residuales que ha de abonar Sniace y que ha de recaudar la AgenciaTributaria del Estado han de hacerse efectivos ahora mediante elprocedimiento de recaudación ejecutiva, de conformidad con el libro
III del Reglamento general de recaudación (Real Decreto n
o1684/1990
de 20 de diciembre, modificado por el Real Decreto 448/1995 de 24 demarzo).
(36) El procedimiento de recaudación ejecutiva de los pagos ha alcanzado
ahora la fase de embargo, lo que implica que se han aplicado medidas
por las que se ordena el embargo de bienes y títulos pertenecientes al
deudor por un importe suficiente para cubrir la deuda total que se hade recaudar.
(37) Los fondos obtenidos de la incautación de cantidades y créditos a corto
plazo ya se han asignado al reembolso de las deudas y se han incluido
en la columna denominada «recaudado» que figura en el cuadro de
deudas anterior. El paso siguiente del procedimiento de recaudaciónobligatorio es la ejecución, mediante subasta pública, de los bienes
inmuebles de Sniace, incluida la factoría y sus instalaciones y
equipamientos, susceptibles de ser embargados.
(38) Las autoridades españolas han señalado que la ejecución de bienes
inmuebles embargados pertenecientes a Sniace plantea problemas quese derivan tanto de la situación de la empresa como de la naturaleza de
los propios bienes embargados:
a) El emplazamiento de la factoría embargada, así como su
instalaciones y equipamientos, se encuentran calificados oficial-mente como terrenos de uso industrial, y tanto la factoría comosus instalaciones y equipamientos fueron diseñados para las
actividades de la empresa. Ello implica que el mercado para
cualquier posible venta es muy limitado dada la posibilidad de queel terreno no pueda ser utilizado para fines distintos del industrialy de que la modificación de las instalaciones con vistas a llevar a
cabo cualquier otra actividad sea demasiado costosa. Por otra
parte, la propiedad ya ha sido hipotecada por un importe superiora los 5 000 millones de pesetas españolas con una serie deentidades bancarias, como consecuencia de créditos comerciales
concedidos a Sniace con anterioridad a la apertura de procedi-
mientos para la amortización de deudas en concepto de impuestosde aguas residuales. Estas hipotecas, que preceden al embargo,
seguirían surtiendo efecto en caso de que se proceda a la venta de
los bienes inmuebles, lo que disminuye considerablemente lasposibilidades de venta.
b) Sniace es una empresa en plena actividad con una plantilla muy
numerosa. Es muy probable que la venta de la factoría y sus
instalaciones y equipamientos tuviese como consecuencia el cese
de la producción y la desaparición de la empresa. A su vez, elloconduciría a la generación de nuevas deudas por salariosimpagados y a que se tuviera que abonar una compensación por
la rescisión de contratos laborales. Aún en el caso de que se
encontrase un comprador para los bienes inmuebles de Sniace, elproducto de la venta se destinaría a saldar estos créditos salariales,que tendrían prioridad frente a los importes adeudados a las
autoridades tributarias, de conformidad con la normativa española.
c) Las deudas que originaron el embargo de los bienes inmuebles de
la empresa son objeto en la actualidad de una serie deprocedimientos administrativos y judiciales y, como tales, no
son definitivas. Aunque la ejecución no se ha suspendido debido a
que Sniace no ha ofrecido un aval ante los tribunales, lasautoridades tributarias han de actuar al menos con la debidacautela antes de proceder a la venta de los bienes immuebles, por
tratarse de una acción irreversible que podría ser declarada sin
efecto en caso de que los tribunales se pronunciasen a favor de laempresa. Ciertamente ha sido la cautela la que ha caracterizado elcomportamiento administrativo constatado en casos de esta
naturaleza hasta el momento. La Ley 1 de 26 de febrero de 1998
relativa a los derechos y deberes de los contribuyentes regulaexpresamente esta cuestión, haciendo aún más hincapié en lacautela con que deberían proceder las autoridades tributarias a la
hora de adoptar decisiones irreversibles en relación con deudas
que no sean definitivas. Esta norma, que entró en vigor el 19 de!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 8
marzo de 1998, limita los poderes de las autoridades tributarias a
la hora de proceder a la venta de bienes embargados en casos enlos que se haya garantizado el reembolso de la deuda que dioorigen al embargo. Por lo que se refiere a las medidas adoptadas
por la Agencia Tributaria para garantizar el pago de las deudas, las
autoridades españolas subrayan que, en este caso, la AgenciaTributaria ha llevado a cabo todas las medidas posibles previstasen la legislación. Se han embargado créditos y títulos junto con la
factoría, las instalaciones y los equipamientos utilizados para las
actividades de la empresa.
(39) Según las autoridades españolas, la dificultades surgidas durante el
procedimiento de ejecución relativo a la recaudación de la deuda han
llevado a discusiones con la empresa y la Confederación Hidrográfica
del Norte, organismo encargado de la amortización de las tasas sobreaguas residuales adeudadas por Sniace, con el fin de llegar a un
acuerdo negociado para el reembolso de la deuda de conformidad con
lo estipulado en los Reglamentos generales de recaudación por lo quese refiere a pagos aplazados y a plazos. Se están debatiendoactualmente las condiciones relativas a los pagos a plazos y las
garantías que tendría que ofrecer Sniace.
(40) Las autoridades españolas hicieron hincapié en que el hecho de que se
esté discutiendo con la empresa la posibilidad de realizar pagos aplazos no implica necesariamente que se vaya a adoptar esta opción; el
resultado dependerá de que sea conforme a los requisitos legales
pertinentes y especialmente a los relativos a las garantías.
No exigencia del pago de las contribuciones a la Seguridad Social
desde 1991
(41) El Gobierno español afirmó que se había llegado a un nuevo acuerdo
de reescalonamiento de la deuda contraída con el sistema de laSeguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40
y siguientes del Reglamento general relativo a la recaudación de los
recursos del sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real n
o
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (Boletín Oficial del Estado de24/10/95), y en particular: un acuerdo de fecha 30 de septiembre de
1997 que abarca las deudas reescalonadas por un importe total de
3 510 387 323 pesetas españolas para el período que media entrefebrero de 1991 y febrero de 1997 más recargos de 615 056 349
pesetas españolas e impone unas condiciones de 120 pagos mensuales
con intereses que sólo se devengan el primer y segundo año a un tipode interés legal del 7,5 %, seguidos del reembolso, entre los añostercero a décimo del principal más intereses a tipos anuales crecientes
del 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20 y 20 %, respectivamente.
(42) Hasta abril de 1998, Sniace SA había reembolsado 216 118 863
pesetas españolas a la Seguridad Social con arreglo al nuevo acuerdode pago aplazado.
(43) El Gobierno español afirmó que este nuevo aplazamiento del
reembolso de la deuda incorpora la deuda contemplada en el acuerdoanteriormente mencionado de 8 de marzo de 1996, modificado por elaplazamiento concedido el 7 de mayo de 1996, que perdió su validez
como consecuencia del impago de los plazos previstos de reembolso,
al no haber hecho efectiva la empresa la cuantía correspondiente a losmismos.
(44) El Gobierno español reiteró que la Tesorería General de la Seguridad
Social había actuado con arreglo a las normas vigentes y que no puede
considerarse que su comportamiento suponga la concesión de ayudaestatal. Por lo general, las normas en cuestión son aplicables a todas lasempresas que se encuentren en cualquiera de las situaciones en ellas
especificadas, y no se refieren a empresas o sectores específicos. Las
iniciativas adoptadas por las autoridades de la Seguridad Social con elfin de recaudar las cantidades adeudadas por Sniace habían seguido entodo momento el procedimiento establecido en el Reglamento general
relativo a la recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad
Social.
(45) El Gobierno español hizo hincapié en que el aplazamiento de la deuda
se dispone en calidad de medida general y que no es una decisión
adoptada de forma discrecional por las autoridades. El procedimiento
relativo a este aplazamiento se establece en los artículos 40 a 43 del!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 9
Reglamento general relativo a la recaudación de los recursos del
sistema de la Seguridad Social, que se aprobó mediante Real Decreton
o1637/1995, de 6 de octubre de 1995. De conformidad con este
Reglamento, cabe la posibilidad, a instancia de los responsables del
pago, de aplazar o fraccionar el pago de deudas con la Seguridad
Social, en caso de que su situación económica o financiera les impidaefectuar el pago de sus débitos (artículo 40). Dicho de otro modo, seconcede el aplazamiento a instancia de una empresa y siempre que ésta
reúna las condiciones establecidas en el Reglamento. Las decisiones de
aplazamiento se adoptan buscando siempre el cobro de la deuda porparte del sistema de la Seguridad Social, dado que cualquier otra
iniciativa implicaría el cierre de la empresa en cuestión, con lo que se
perderían todas las opciones de garantizar el pago.
(46) El Gobierno español añadió que, como garantía del reembolso de la
deuda, la empresa propuso ofrecer una primera hipoteca sobre la
factoría, las instalaciones y los equipamientos situados en Torrelavegaa favor de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Fondo deGarantía Salarial (Fogasa), conjuntamente. Según una evaluación
realizada el 31 de diciembre de 1996 por American Appraisal España
SA, el valor real de los activos en cuestión ascendía a 25 580 millonesde pesetas españolas. No obstante y como consecuencia de lacomplejidad y dificultad de las medidas necesarias para asegurarse
de que la garantía ofrecida tenía plenos efectos legales, Sniace solicitó
una prórroga del plazo para la constitución de la garantía. Dichaprórroga fue concedida por el Director General de la Tesorería Generalde la Seguridad Social el 19 de diciembre de 1997 por un máximo de
seis meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Orden de 22 de febrero de 1996, plazo durante el cual no se ejecutaríanlas notificaciones de embargo emitidos por la Tesorería General de la
Seguridad Social.
(47) Durante la prórroga y habida cuenta de que persistían las dificultades
antes mencionadas y de que la empresa no podía fijar una fecha
definitiva para la liquidación final, ésta presentó una solicitud de
«sustitución de la garantía» para lograr que no se diese curso a lasnotificaciones de embargo. Según las autoridades españolas, se estállevando a cabo una evaluación que determine si la nueva garantía
bastaría para cubrir la deuda aplazada.
(48) Según las autoridades españolas, no se puede considerar que este
aplazamiento constituya ayuda estatal para la empresa en cuestión,
dado que las condiciones en las que se ha de reembolsar la deuda, con
intereses devengados al tipo legal aplicable en la fecha en que seconcediera el aplazamiento, se ajustan a las normas aplicables y deobligado cumplimiento establecidas en la legislación española.
(49) No obstante, mediante carta de 24 de junio de 1998, las autoridades
españolas afirmaron que su posición no contradecía el punto de vistadel denunciante según el cual el aplazamiento de la deuda es una
medida discrecional del Gobierno, adoptada tras analizar cada caso de
forma individual. Con todo, aunque aceptan que el artículo 20 de laLey General de la Seguridad Social emplea el término «podrán», parahacer referencia a la facultad de la autoridad para conceder un
aplazamiento en el pago de las deudas contraídas con la Seguridad
Social, únicamente haciendo una interpretación absolutamente literal,se podría decir, desde el punto de vista del Gobierno español, que la
autoridad dispone de poder discrecional. Por otra parte, el Gobierno
español alegó que discrecional no es lo mismo que arbitrario, términoéste que implicaría la aplicación caprichosa y desigual de la legislacióna situaciones similares. En realidad el aplazamiento se concedía
siempre que una empresa lo solicitaba por encontrarse en una situación
económica o financiera que le impedía reembolsar sus deudas, ysiempre que se ajustase a los requisitos legales establecidos por lanormativa vigente (que implicaría, evidentemente, un examen
individual del caso). En este contexto, las autoridades españolas
alegan que esta medida es la práctica habitual y que se aplican losmismos criterios en todos los casos.
(50) Por último, el Gobierno español mantuvo su argumento de que la
concesión de aplazamientos protege los intereses del sistema de laSeguridad Social, por lo que se refiere al reembolso de las deudas,mejor que ninguna otra iniciativa que suponga el cierre de empresas,
con lo que sería totalmente imposible recuperar no ya todas las deudas,
ni tan siquiera una parte significativa de las mismas. Así pues, se da!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 10
prioridad al método más ventajoso vara el sistema de la Seguridad
Social.
Garantía de préstamo por importe de 1 000 millones de pesetas
españolas aprobada por la Ley 7/93
(51) El Gobierno español mantuvo su opinión de que no existía ayuda
estatal, dado que la garantía de préstamo no se había formalizado.
Reiteró que el artículo 2 de la Ley 7/93, de 16 de septiembre de 1993,autorizaba simplemente al Gobierno de la Comunidad Autónoma paraconceder a Sniace un aval que cubriese un préstamo de 1 000 millones
de pesetas españolas. Ello no se llevó a efecto en la realidad, puesto
que la Ley establecía una serie de condiciones estrictas que debíancumplirse para que el Gobierno de la Comunidad Autónoma facilitaseel aval, y que hasta ese momento no se habían cumplido. Por
consiguiente, no se había concedido la garantía, ni tampoco se había
llevado a efecto. Además, la empresa ni siquiera la había solicitado. ElGobierno español repitió que, con anterioridad a cualquier posibleformalización de esta garantía, remitiría una notificación previa a la
Comisión.
(52) El Gobierno español añadió que, en Derecho privado (artículo 440 del
Código de Comercio y los artículos 1822 a 1856 del Código Civil), lagarantía se define como transacción formal: ello implica que, si no sefacilita a la entidad que ha de correr el riesgo un documento de
garantía, ésta no existe ni genera derechos u obligaciones. Una
garantía es más que una simple declaración de intenciones. Para que lagarantía en cuestión se aplique, se tendrían que reunir las condiciones
siguientes:
a) confirmación de conformidad con las disposiciones de la Ley
7/93;
b) se ha de elaborar un informe jurídico sobre el documento de
garantía;
c) un informe general de auditoría;d) una propuesta de garantía por parte del Ministro de Economía y
Hacienda del Gobierno de la Comunidad Autónoma;
e) la autorización de la garantía por parte del Gobierno de la
Comunidad Autónoma; y
f) la elaboración de un documento de garantía.
Acuerdos de financiación para la construcción prevista de una
planta de tratamiento de aguas residuales
(53) El Gobierno español afirmó que se ha previsto la construcción de una
línea de tratamiento como parte integrante del plan de tratamiento
integrado de aguas residuales para el río Besaya y no para usoexclusivo de Sniace, si bien el proyecto se encontraba únicamente en lafase de planificación.
(54) La empresa está adoptando actualmente las medidas necesarias para
instalar una planta de recuperación de residuos. Toda iniciativa que se
adopte en relación con el tratamiento de los residuos vertidos por laempresa en el río Besaya está vinculada a las medidas tomadas en elmarco del Plan general para el tratamiento de las aguas residuales de la
cuenca Saja/Besaya, que ha sido declarado de interés nacional y está
siendo evaluado actualmente desde un punto de vista técnico. Hastaque no finalice esta fase, resulta imposible indicar qué medidastendrán que adoptar en último término las empresas que vierten
residuos al río Besaya.
(55) De acuerdo con los estudios técnicos llevados a cabo hasta ahora en el
marco del Plan general para el tratamiento de las aguas residuales en lacuenca Saja/Besaya, las aguas residuales vertidas por las empresasindustriales en este área, incluida Sniace, deberán ser tratadas en
origen por las propias empresas y se permitirá que las aguas residuales
tratadas pasen a alimentar el sistema de aguas residuales deconformidad con los límites establecidos en los Reglamentos sobre
vertidos y siempre que se lleve a cabo el pago de cánones que reflejen
la carga de contaminantes permisible. Se ha rechazado por su grancomplejidad la opción consistente en tratar todas las aguas residuales!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 11
de origen industrial en una línea específica de tratamiento paralela a la
planta municipal de tratamiento de aguas.
(56) Mediante carta de 16 de abril de 1998, las autoridades españolas
añadieron que Sniace ya había adquirido los componentes de la plantade tratamiento de aguas residuales sin ningún tipo de ayuda pública,por lo que no existe ningún tipo de plan concreto para la concesión de
ayudas de esta naturaleza.
Cancelación parcial por parte del Ayuntamiento de Torrelavega de
deudas por un total de 116 millones de pesetas españolas
(57) Las autoridades españolas señalaron que el Ayuntamiento de
Torrelavega había actuado siempre dentro del marco de suscompetencias y que la exención del importe anterior de impuestos
no constituía una «condonación» de deuda con arreglo a la legislación
española.
(58) El Ayuntamiento de Torrelavega no había participado en el acuerdo de
acreedores de octubre de 1996 en el marco del procedimiento desuspensión de pagos, pero, a cambio, había alcanzado un acuerdo
especial distinto basado en las disposiciones de quita y espera de la
normativa tributaria española, merced al cual aceptaba los mismossacrificios que los acreedores privados, es decir, que todos accedierona conceder la reducción del importe y la prórroga del plazo establecido
en el acuerdo de acreedores y a permitir el fraccionamiento del pago
en un período de cinco años, con un período de carencia y tipos deinterés como los que se establecen en el acuerdo de acreedores. Elúnico fin que se perseguía con la firma del acuerdo especial era
garantizar la recuperación de la deuda fiscal de Sniace con las
autoridades municipales, dado que los importes eximidos no estabancubiertos por ningún tipo de garantía y no existían activos libres decargas. El acuerdo se ajustaba estrictamente a lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 129 de la Ley General Tributaria.
(59) Según las autoridades españolas, la Ley española por la que se regulan
las quiebras establece una distinción clara entre el concepto decancelación y el de reducción del importe y prórroga de plazos. Lacancelación sólo puede concederse por ley y, por lo general, se aplica a
situaciones de crisis que aconsejan la condonación de impuestos. Las
reducciones de importes y las prórrogas de los plazos se concedenexclusivamente con vistas a la recuperación o la posibilidad degarantizar el pago de al menos parte de una deuda y sólo se conceden
en relación con procedimientos de quiebra en los que, como en el caso
que nos ocupa, la incontestable presencia de los acreedoreshipotecarios (Banco Español de Crédito) con un derecho sobre losterrenos y las edificaciones hace imposible llevar a cabo cualquier tipo
de medidas de recuperación.
(60) Las autoridades españolas entregaron a la Comisión una copia de la
Decisión del Ayuntamiento de Torrelavega n
o4358/97, de 15 de
diciembre de 1997, en la que se indica, entre otras cosas, que elimporte de las deudas fiscales de Sniace había alcanzado a esa fecha
un principal de 216 245 424 pesetas españolas más un impuesto sobre
actividades económicas en 1996 de 37 523 859 pesetas españolas, alos que se han de añadir recargos y pagos de intereses legales. Segarantizó un importe de 101 093 800 pesetas españolas mediante
prenda y está pendiente de compensación un importe de 45 millones de
pesetas españolas; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73de la Ley General Tributaria, el impuesto sobre bienes inmuebles gozade preferencia especial al considerarse una hipoteca legal implícita.
(61) Las autoridades españolas hicieron hincapié en que la exención del
pago de deudas se refiere a liquidaciones fiscales no cubiertas por
reclamaciones prioritarias o prendas anteriores y aquéllas que, comoen el caso del impuesto sobre actividades económicas, podrían ydeberían haber sido anuladas, dado que se basan en la actividad de un
año completo (circunstancia que no se aplica en el caso de 1995 y
1996, período durante el cual la empresa estuvo paralizada durantemuchos meses):
(en pesetas españolas)
Agua y recogida de basuras — 4otrimestre de 1994 3 808 525
Agua y recogida de basuras — 1ertrimestre de 1995 1 230 231!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 12
(en pesetas españolas)
Agua y recogida de basuras — 2otrimestre de 1995 1 410 205
Agua y recogida de basuras — 3ertrimestre de 1995 1 205 407
Agua y recogida de basuras — 4otrimestre de 1995 1 217 353
Impuesto sobre actividades económicas de 1995 37 854 610Recargos por procedimiento ejecutivo 24 837 978Agua y recogida de basuras — 1
ertrimestre de 1996 1 254 510
Agua y recogida de basuras — 2otrimestre de 1996 1 404 795
Impuesto de vehículos rodados 1996 6 700Impuesto sobre actividades económicas de 1996 37 523 859Liquidación directa del impuesto de actividades
económicas de 19954 449 635
Total 116 197 108
(62) Según el Gobierno español, no se puede considerar que la exención del
pago de una deuda de 116 millones de pesetas españolas, constituya
ayuda directa o indirecta, puesto que la decisión del Ayuntamiento selimitó a eliminar, por así decirlo, aquellas deudas que no se podían
cobrar, algunas de las cuales (tales como las liquidaciones del
impuesto sobre actividades económicas de 1995 y 1996 y los recargospor procedimiento ejecutivo) se han de condonar parcialmente, dadoque la liquidación se efectuó sobre la base de la actividad de todo un
año, mientras que la empresa apenas estuvo en activo en 1995 y 1996.
El tipo que se aplica al impuesto sobre actividades económicas lo fijael Gobierno central y se basa en toda la actividad económica. Elloquiere decir que el Gobierno parte de la base de la existencia de una
plantilla y un consumo de energía acorde con el nivel normal de
actividad de la empresa. En la realidad, la producción cesó durante esteperíodo por lo que se deberían condonar automáticamente los importes
relativos a estos dos años.
(63) En consecuencia, del importe total cubierto por el acuerdo destinado a
eximir del pago de deudas, una cuantía de 100 216 447 pesetasespañolas representaba deudas incobrables, que equivalían al importedel impuesto sobre actividades económicas calculado erróneamente, y
los recargos, que eran una partida contable relativa a la deuda fiscal
real afectada por la exención, de tal forma que se debería considerarque el importe de esta partida no es más que información contable sin
efectos prácticos de ningún tipo.
(64) Los importes restantes, relativos al consumo de agua y recogida de
basuras, también fueron objeto de un error grave de cálculo, dado quela tarifa impuesta en concepto de recogida de basuras se basa, almenos, en la hipótesis del desarrollo de una actividad económica
plena, algo que no sucedió en los años 1994, 1995 y 1996. Por
consiguiente, estas liquidaciones serán sustituidas por otras nuevas quereflejen el nivel real de actividad. Así pues, las liquidaciones del
impuesto sobre actividades económicas de los años 1995 y 1996, que
ascendían a 79 497 353 pesetas españolas, eran totalmente irrealistas,por lo que debían ser anuladas parcialmente.
(65) El resto de la deuda incluida en la decisión no podía cobrarse, bajo
ningún concepto, mediante los procedimientos ejecutivos, dado que no
goza de prioridad, por lo que la decisión del Ayuntamiento no reviste
efectos prácticos sobre la empresa, al referirse a importes que nopueden cobrarse y cuantías que tenían que haber sido anuladas al notener la empresa una actividad económica real.
(66) Las autoridades españolas afirmaron en último término que las
autoridades municipales de Torrelavega actuaron simplemente paragarantizar la protección real y efectiva de sus intereses financieros,haciendo todo lo posible para cobrar la deuda de Sniace. Sus
iniciativas se habían ajustado plenamente a derecho y en ningún caso
tuvieron como consecuencia que disminuyesen los fondos delAyuntamiento; por otra parte, tampoco se podía considerar queimplicasen ayuda directa o indirecta a la empresa, dado que la
exención del pago de deudas se había circunscrito a importes que, por
diversas razones, no podían cobrarse.!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 13
Acuerdos entre Sniace y Fogasa que cubren el reembolso de una
suma total de 1 702 millones de pesetas españolas correspondientea salarios atrasados de la mano de obra pagados por Fogasa porcuenta de Sniace
(67) El Gobierno español reiteró que Fogasa paga a los empleados los
importes que se les adeudan en concepto de salarios y retribuciones
por las empresas insolventes o inmersas en procedimientos de quiebra.Estos subsidios se abonan a los trabajadores, lo que implica que sólo
ellos tienen derecho a estas garantías salariales y que nunca se refieren
a la concesión de ayuda o préstamos a empresas con deudas de tiposalarial. La Orden Ministerial de 20 de agosto de 1985 regula lacelebración de acuerdos para el reembolso de importes abonados por
Fogasa y contempla expresamente la posibilidad de acuerdos relativos
al aplazamiento y el fraccionamiento del pago de deudas, que podríacelebrar, siempre que se cumpla lo establecido por dicha Orden.
(68) De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 20 de agosto de 1985,
que aplica el artículo 32 del Real Decreto n
o505/85, de 6 de marzo de
1985, Fogasa firmó dos acuerdos de reembolso con Sniace:
a) con fecha de 5 de noviembre de 1993
Importe total intereses incluidos: 1 362 708 700 pesetas españo-
las
Período de pago: ocho años
Plazos: G cada seis meses
Tipo de interés: 10 %, que era el tipo de interés legal en 1993, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden de 20 de agosto de 1985
Garantía: hipoteca sobre bienes inmuebles,
b) con fecha de 31 de octubre de 1995
Importe total intereses incluidos: 339 459 878 pesetas españolas
Período de pago: ocho años
Plazos: cada seis mesesTipo de interés: 9 %, que era el tipo de interés legal de 1995, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden de 20 de agosto de 1985
Garantía: hipoteca sobre bienes inmuebles.
(69) A junio de 1998, la suma reembolsada por la empresa en el marco de
los dos acuerdos ascendía a 186 963 594 pesetas españolas.
(70) Según las autoridades españolas, los acuerdos no implican que el
Estado haya concedido ayudas o subvenciones, tal como se definen enel artículo 81 del texto modificado de la Ley General Presupuestaria.Por tales términos se entiende cualquier provisión libre de fondos
públicos por parte del Estado o sus organismos autónomos destinada a
individuos u organismos públicos o privados para fomentar unaactividad de interés social o facilitar el logro de un objetivo público, o,en términos más generales, como sería el caso de cualquier forma de
ayuda que se conceda con cargo al presupuesto del Estado o de
cualquiera de sus entidades autónomas, así como las subvenciones aayudas financiadas en todo o en parte por los fondos de la UniónEuropea. Tales términos hacen referencia, más bien, a créditos a los
que tiene derecho el organismo en cuestión con relación a empresas
debido a la subrogación en los derechos y acciones de los trabajadoresque han recibido subsidios.
(71) Por último, el Gobierno español alegó que las normas y reglamentos en
cuestión son aplicables, por lo general, a todas las empresas que seencuentren en cualquiera de las situaciones anteriormente especifica-das y no se refieren a compañías o sectores determinados. Fogasa
abona a los empleados los importes que se les adeudan y en ningún
caso efectúa pago alguno a las empresas de que se trate, ya que se loimpide la normativa vigente.
(72) Además de presentar sus observaciones sobre las cuestiones que están
siendo investigadas en el marco del procedimiento, el Gobiernoespañol afirmó también, en respuesta a las observaciones presentadaspor los terceros interesados, que el préstamo notificado de 2 000
millones de pesetas españolas concedido por Caja Cantabria a Sniace
no era constitutivo de ayuda estatal. Entre otras cosas, alegó al efecto!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 14
que Caja Cantabria es una entidad de crédito de derecho privado que
ha de adoptar sus decisiones de inversión en función de criterios derentabilidad y solvencia. A la luz de la información de que se disponeen este momento, la Comisión reconoce que la supuesta ayuda
concedida por Caja Cantabria no se encuadra en el ámbito del
procedimiento. No obstante, no puede excluir totalmente la posibilidadde que exista ayuda y se reserva el derecho a seguir investigando estacuestión fuera del contexto del presente procedimiento.
VI. EV ALUACIÓN DE LA PRESUNTA AYUDA
(73) En primer lugar, la Comisión ha de determinar si las diversas medidas
objeto del procedimiento son constitutivas de ayuda estatal con arreglo
a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado y el apartado
1 del artículo 61 del Acuerdo EEE. A la luz de la información de quese dispone, la evaluación de la Comisión es la siguiente.
(74) Sniace es uno de los cinco fabricantes de viscosa de la Comunidad. Sus
productos se venden en el resto de los Estados miembros y los distintos
productores compiten entre sí. Los intercambios intracomunitarios de
fibra de viscosa (código NC 5504 10 00) ascendieron en 1997 a unas101 000 toneladas. Sniace opera en un sector en declive, lo que ha
obligado a algunos de sus competidores a racionalizar su capacidad.
En el EEE la producción de estas fibras descendió de las 760 000toneladas de 1992 a las 684 000 toneladas de 1997 (una reducción del10 %) y el consumo descendió un 11 en el mismo período. La tasa
media de utilización de la capacidad en ese período rondaba el 84 %,
un porcentaje bastante reducido para un sector con una gran intensidadde capital. Además de suministrar al mercado español, Sniace haabastecido tradicionalmente otros mercados europeos, especialmente
el italiano y el francés. Por otra parte, Sniace fabrica fibras sintéticas,
especialmente hilo de poliamida. Es éste un sector que tambiénadolece de un exceso significativo de capacidad, con una tasa media de
utilización de la capacidad en 1995/1997 de sólo el 76 %.
Impago de las tasa medioambientales adeudadas por Sniace desde
1987
(75) A 1 de marzo de 1998, se observa que el valor total de las deudas
impagadas relativas a de tasas medioambientales en concepto de
residuos, incluidos los recargos e intereses correspondientes al período
1987-1995, ascendía a unas 6 268 766 095 pesetas españolas (en lugarde los 6 354 149 834 pesetas españolas calculados por las autoridades
españolas, que no tuvieron en cuenta las cuantías ya recaudadas en
1987 y 1988). Sin embargo, el procedimiento ejecutivo para el cobrode estas deudas se estableció hace ya unos ocho años a raíz de lasentencia dictada el 28 de noviembre de 1990 por el Tribunal
Económico Administrativo Central sobre la legalidad de las liquida-
ciones relativas a 1987 y 1988. Como admiten las propias autoridadesespañolas, el procedimiento ejecutivo no tiene efecto suspensivo eneste caso, ya que Sniace no ha presentado avales bancarios para hacer
frente a las liquidaciones recurridas de las tasas medioambientales
(salvo en relación con 1988).
(76) La Comisión reconoce, no obstante, que, con arreglo al derecho
español, es la autoridad tributaria y no la Confederación Hidrográfica
del Norte la entidad encargada de gestionar el cobro de estas deudas a
Sniace. A junio de 1998 se habían cobrado 85 383 739 pesetasespañolas, lo que representa apenas un poco más del 1 % de la deudatotal. Mientras tanto sigue aumentado el importe de las deudas,
incluidos los intereses al tipo de interés legal y los recargos.
(77) La Comisión señala que se ha revelado difícil la ejecución del cobro de
las deudas, debido especialmente a la grave situación financiera por laque atraviesa Sniace y a los recursos judiciales interpuestos por laempresa contra las liquidaciones anuales. Al no haber procedido hasta
el momento a la ejecución, con lo que posiblemente habría provocado
la liquidación de la empresa, es posible que la Autoridad tributariahaya actuado con vistas a poder cobrar al menos una parte de las tasasmedioambientales adeudadas, algo que, en otro caso, habría sido
imposible debido a la existencia de otros acreedores con prioridad
sobre ella.!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 15
(78) En conclusión, la investigación llevada a cabo por la Comisión no le ha
permitido concluir por el momento que el impago de las tasasmedioambientales sea constitutivo de ayuda estatal. Ante loscomplejos dilemas jurídicos que plantea la cuestión de determinar si
las autoridades públicas han ofrecido a Sniace un trato preferente al no
haber procedido al cobro de las tasas adeudadas, la Comisión tiene laintención de aplazar su decisión al respecto.
No exigencia de las cotizaciones a la Seguridad Social desde 1991
(79) La Comisión no cuestiona el argumento alegado por las autoridades
españolas según el cual la Tesorería de la Seguridad Social ha actuadopara proteger sus intereses. La Comisión subraya asimismo que en
modo alguno cuestiona de forma genérica el sistema de Seguridad
Social en España.
(80) Las autoridades españolas han reconocido, no obstante, que si la
Tesorería de la Seguridad Social hubiese procedido a exigir sus deudas,
la consecuencia podría haber sido el cierre de la empresa. Por
consiguiente, en este caso es evidente que la tolerancia mostrada por laTesorería de la Seguridad Social en relación con el pago aplazado delas contribuciones de Sniace a la Seguridad Social a lo largo de un
período de muchos años ha constituido una ventaja considerable para
la empresa.
(81) Por otra parte, también es evidente que la normativa vigente en
relación con la Seguridad Social da a las autoridades un margen de
discreción en el tratamiento de determinados casos y eso ha sido
exactamente lo sucedido en el que nos ocupa. La Comisión hacehincapié en que es precisamente el grado de discrecionalidad que laTesorería de la Seguridad Social ha ejercido en este caso particular y
considerando que se trata de una empresa que parece sufrir de un
problema de falta de viabilidad, lo que ha llevado a la Comisión arechazar la opinión de las autoridades españolas de que las medidasadoptadas por la Tesorería de la Seguridad Social en relación a Sniace
constituyen medidas generales (
1).
(82) A pesar del hecho de que la Tesorería de la Seguridad Social ha
actuado conforme a la normativa aplicable, no parece que eltratamiento de las deudas de Sniace, que han sido objeto de diversos
acuerdos de reescalonamiento, se haya ajustado a las condiciones
existentes en el mercado. La práctica habitual de la Comisión haconsistido en establecer una comparación con el valor en el momentooportuno del tipo de referencia fijado por el Estado miembro de que se
trate. No obstante, hasta agosto de 1996 no se fijó este tipo para
España. Por consiguiente, a la hora de determinar si este tipo se ajustaa las condiciones de mercado en casos anteriores que implicasen el
reescalonamiento de las deudas a la Seguridad Social (
2), la Comisión
ha establecido una comparación con el tipo de interés medio aplicadopor los bancos privados en España a préstamos de un vencimientosuperior a tres años. En este caso y según las estadísticas publicadas
por el Banco de España, el tipo de interés medio aplicado por los
bancos privados a los préstamos de un vencimiento superior a los tresaños durante el período en cuestión fue el siguiente: en 1991, el18,24 %; en 1992, el 17,28 %; en 1993, el 16,19 %; en 1994, el
12,51 %; en 1995, el 13,09 % y en 1996, el 11,06 % (
3). Las demás
condiciones de los acuerdos de reescalonamiento, acumulándose haciael final al reembolso de principal e intereses (aparentemente con el fin
de facilitar la recuperación de la empresa) tampoco se ajustan a las
condiciones crediticias normales de mercado.
(83) Por consiguiente, se ha de concluir que los acuerdos incluían
elementos de ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el apartado1 del artículo 92 del Tratado CE, lo que es ilegal al no haber sido!B
(1) El Abogado General Jacobs indica en sus conclusiones de 24 de septiembre de
1998 en el asunto C-256/97 D.M. Transport SA que, «es evidente que, en
determinadas circunstancias, tolerar de forma permanente y generosa el tretraso en
el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social puede otorgar ventajas
comerciales a la empresa beneficiaria y, en casos extremos, equivaler a la exención
del pago de las mismas» (punto 33).
(2) Por ejemplo en el asunto Tubacex. DO L 8 de 11.1.1997.
(3) Los tipos de referencia que se han aplicado posteriormente a España son los
siguientes: 1.8.1996-1.11.1996: 13,45 %; 1.11.1996-1.1.1997: 11,40 %;
1.1.1997-1.8.1997: 10,56 %; 1.8.1997-1.1.1998: 6,22 %; 1.1.1998 hasta la fecha:
0,620 %.1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 16
notificados a la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 93 del
Tratado. Resulta difícil cuantificar el importe exacto de ayuda ilegalconcedida, aunque es, al menos, igual a la ventaja financiera derivadadel tipo de interés reducido aplicado y efectivo a partir del momento en
que se generaron las deudas.
Garantía de préstamo por un importe total de 1 000 millones de
pesetas españolas autorizada por Ley 7/93
(84) Aunque lamentablemente las autoridades españolas no notificaron a la
Comisión la intención de la Asamblea Regional de Cantabria deautorizar la concesión de la garantía en cuestión, teniendo especial-mente en cuenta el hecho de que la empresa fabrica, entre otras cosas,
fibra de poliamida, un producto incluido en el ámbito de control de las
Directrices aplicables a las ayudas al sector de las fibras sintéticas, laComisión puede aceptar que la propia Asamblea Regional no concedegarantías y que habría sido necesario adoptar una serie de medidas
administrativas adicionales para hacer efectiva la garantía. Por otra
parte, la Comisión desconoce cualquier elemento de prueba quedemuestre que la aprobación de la Ley confiriese una ventajacomercial a Sniace. En consecuencia, siempre que el Gobierno
español notifique previamente a la Comisión cualquier propuesta de
formalizar la garantía, Ia Comisión concluye que la Ley 7/93 noconfiere, por sí misma, ninguna ventaja especial a Sniace, por lo que
no es constitutiva de ayuda estatal.
Acuerdos de financiación para la construcción prevista de una
planta de tratamiento de aguas residuales
(85) La Comisión señala que, según la información facilitada por el
Gobierno español, la ejecución del Plan regional para el tratamiento de
las aguas residuales en la cuenca Saja/Besaya se encuentra en la fasede evaluación técnica y que, hasta que no finalice la misma, no se
conocerán las medidas que se habrán de tomar en último término por
lo que respecta a los vertidos realizados por las empresas (incluidaSniace) en el río Besaya. La Comisión también deja constancia de lasgarantías dadas por el Gobierno español de que las medidas ya
adoptadas por Sniace en relación con la instalación de la planta de
tratamiento de aguas residuales se han llevado a cabo sin ningún tipode intervención pública y de que ésta tampoco se prevé en el futuro. Enconsecuencia, la investigación realizada por la Comisión no le ha
permitido determinar la existencia de elementos de ayuda en este
contexto.
Cancelación parcial por parte del Ayuntamiento de Torrelavega de
deudas por un importe total de 116 millones de pesetas españolas
(86) Sobre la base de la información facilitada por el Gobierno español,
parece que el Ayuntamiento de Torrelavega ha actuado de esta formapara proteger todas aquellas deudas reclamadas a Sniace que puede
exigirle legalmente con arreglo a la normativa española. La Comisión
también analizó si el comportamiento del acreedor público en estecaso se guiaba exclusivamente por la intención de optimizar susposibilidades de recaudar los impuestos adeudados y si sus acciones
eran comparables a las de los acreedores privados. Tal como la
Comisión reconoció en la apertura del procedimiento, no suscribiendoel acuerdo de acreedores privados de octubre de 1996 (el cual
estipulaba la conversión del 40 % de la deuda en acciones, entre otras
cosas) contenido en el marco del procedimiento de suspensión depagos, las autoridades públicas podían, en principio, salvaguardar latotalidad de las cantidades reclamadas. La Comisión puede aceptar
además que el acuerdo independiente entre el Ayuntamiento de
Torrelavega y Sniace, alcanzado de forma paralela al acuerdo deacreedores, no parece conceder a Sniace un trato más favorable que eldispensado en el acuerdo privado de acreedores. Por el contrario, la
«quita» de deuda concedida se circunscribe fundamentalmente a
importes que no podían cobrarse realmente, habida cuenta especial-mente de que la empresa no mantuvo una actividad económica durantela mayor parte de 1995 y 1996, por consiguiente, los importes
adeudados han de volver a ser calculados, aunque aún no se han
facilitado detalles de las liquidaciones modificadas a la Comisión.!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 17
(87) En consecuencia y sobre la base de la información de que se dispone,
la Comisión está en condiciones de aceptar que las iniciativas delAyuntamiento de Torrelavega que se encuadran en el ámbito deaplicación del procedimiento no concedieron a Sniace ninguna ventaja
indebida ni resultaron en una cancelación de deuda, por lo que no eran
constitutivas de ayuda estatal.
Acuerdos entre Sniace y Fogasa respecto de la devolución de un
importe total de 1 702 millones de pesetas españolas, correspon-diente a salarios atrasados de la mano de obra pagados por Fogasa
por cuenta de Sniace
(88) La Comisión reitera lo ya afirmado en la apertura del procedimiento,
esto es, que no se opone a la intervención de Fogasa en la medida en
que haga efectivas por cuenta de la empresa, de conformidad con susnormas (de Fogasa), las reclamaciones válidas de empleados de Sniaceque, de no ser por el Fondo, no habrían sido satisfechas. No obstante, y
conforme a anteriores actuaciones de la Comisión, toda contribución
discrecional del Estado a estos costes habrá de ser considerada comoayuda y no como medida general, si confiere ventajas financieras a la
empresa, independientemente de que los pagos se efectúen directa-
mente a la propia empresa o a los empleados mediante una entidadpública.
(89) Con arreglo a cómo percibe la Comisión estos acuerdos, Fogasa goza
de la facultad discrecional de aplazar o fraccionar los pagos hasta un
período de ocho años. Los pagos aplazados devengan el tipo de interéslegal. A pesar de que estos acuerdos son conformes a la normativaaplicable, no parece que se hayan ajustado a las condiciones de
mercado vigentes. Por las mismas razones dadas anteriormente en
relación con las deudas con la Seguridad Social (el hecho de que no sehubiese fijado un tipo de referencia para España hasta agosto de 1996),la Comisión ha efectuado una comparación con el tipo de interés
medio aplicado por los bancos privados a préstamos concedidos por un
período superior a los tres años durante el período en cuestión, queeran los siguientes: 1993, 16,19 %; 1994, 12,51 %; 1995, 13,09 %;
1996, 11,06 %. Estos tipos se sitúan muy por encima de los aplicados
en el marco de los acuerdos. Por otra parte, la Comisión siguealbergando dudas de que la empresa sea capaz de cumplir lascondiciones de los acuerdos, habida cuenta de sus dificultades
financieras. A pesar de que se le ha solicitado repetidamente, el
Gobierno español no ha facilitado datos específicos sobre la naturalezade la hipoteca ofrecida a Fogasa como garantía.
(90) En consecuencia y ajustándose al enfoque adoptado anteriormente en
relación con las deudas con la Seguridad Social, se ha de concluir que
los acuerdos de reescalonamiento celebrados con Fogasa eran cons-titutivos de ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 delartículo 92 del Tratado CE, ayuda que era ilegal al no haber sido
notificada a la Comisión. Al igual que en el caso de las deudas con la
Seguridad Social, resulta difícil cuantificar el importe preciso de laayuda ilegal, aunque es, al menos, igual a la ventaja financieraderivada del hecho de que los tipos de interés aplicables en el marco de
los acuerdos de reescalonamiento eran solamente del 10 % y el 9 %,
respectivamente.
(91) Tras haber determinado que el impago de las tasas medioambientales,
el reescalonamiento de la deuda contraída con la Seguridad Social y
los acuerdos de reembolso celebrados con Fogasa son constitutivos de
ayuda estatal ilegal, la Comisión ha de decidir si esta ayuda esincompatible con el mercado común y el funcionamiento del Acuerdo
EEE.
(92) El apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE establece el principio de
que las ayudas que se caractericen por los elementos en élespecificados son incompatibles con el mercado común. Las
excepciones a dicho principio que se establecen en el apartado 2 del
artículo 92 del Tratado CE no son de aplicación en el caso que nosocupa, dada la naturaleza y objetivos de la ayuda.
(93) Por lo que respecta a la excepción contemplada en las letras a) y c) del
apartado 3 del artículo 92 para las ayudas que fomenten o faciliten el
desarrollo de determinadas regiones, la Comisión señala que la región
en la que está situada Sniace ha sido desde septiembre de 1995!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 18
beneficiaria de ayuda regional en aplicación de la letra a) del apartado
3 del artículo 92 y con anterioridad a esa fecha había sido beneficiariaen aplicación de la letra c) del apartado 3 del artículo 92. No obstante,la ayuda concedida a Sniace no se caracteriza por facilitar el desarrollo
de determinadas regiones económicas en el sentido de lo dispuesto en
dicho artículo, al haber sido concedida en forma de ayuda defuncionamiento, es decir, no supeditada a la inversión o a la creaciónde empleo. Además, las ayudas de funcionamiento en las regiones de
la letra a) del apartado 3 del artículo 92 sólo podían ser incluidas en
esta excepción con carácter excepcional si se concedían encondiciones restringidas y controladas en relación con empresas en
crisis (véase a continuación).
(94) Por lo que se refiere a la excepción contemplada en la letra b) del
apartado 3 del artículo 92, es evidente que la ayuda no pretendíafomentar un proyecto de interés común europeo o resolver perturba-
ciones serias de la economía española. El Gobierno español tampoco
trató de justificar la ayuda alegando estas razones.
(95) Por lo que se refiere a la excepción contemplada en la letra d) del
apartado 3 del artículo 92 del Tratado, es evidente que la ayuda no
pretendía fomentar la cultura y la conservación del patrimonio.
(96) Por consiguiente y por lo que respecta a las medidas concedidas en
favor de Sniace, la evaluación de la Comisión se centra en el elementosin especificidad regional de lo dispuesto en la letra c) del apartado 3
del artículo 92 del Tratado, en la que se establece una excepción para
«las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadasactividades, siempre que no alteren las condiciones de los intercambiosen forma contraria al interés común». La ayuda concedida a Sniace
podría definirse como ayuda a una empresa en crisis, dada la situación
financiera por la que atravesaba durante el período en que se hizoefectiva dicha ayuda.
(97) La Comisión estima que la concesión de ayudas a empresas en crisis
lleva aparejado un elevadísimo riesgo de que se transfieran el
desempleo y los problemas industriales de un Estado miembro a otro,ya que actúa como medio para mantener el status quo , impidiendo que
las fuerzas que operan en la economía de mercado den lugar al proceso
normal de desaparición de aquellas empresas menos competitivas al
intentar adaptarse a las modificaciones de las condiciones decompetencia; al mismo tiempo, cabe la posibilidad de que las ayudas
tengan efectos distorsionadores sobre la competencia y el comercio, al
influir en las políticas de precios de los beneficiarios que optan porestrategias de venta a precios inferiores para mantenerse en elmercado.
(98) Por esta razón, la Comisión ha desarrollado a lo largo de los años un
enfoque especial para la evaluación de las ayudas concedidas aempresas en crisis. Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatalesde salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (
1)
establecen una serie de condiciones que han de cumplir las ayudas y
una distinción entre ayuda de salvamento y ayuda de reestructuración.
(99) Las ayudas de salvamento, esto es, ayudas que se conceden a fin de
que una empresa pueda continuar temporalmente su actividad mientras
se analizan las causas del deterioro de su situación económica y se da
con una solución adecuada, sólo pueden considerarse compatibles conel mercado común cuando cumplan los requisitos siguientes:
a) deben constituir ayudas de liquidez consistentes en garantías para
préstamo o en préstamos a los tipos de interés vigentes en el
mercado;
b) deben limitarse al importe necesario para mantener a la empresa
en funcionamiento (por ejemplo, cobertura de los costes de
sueldos y salarios y suministros corrientes);
c) deben pagarse exclusivamente durante el tiempo necesario
(generalmente, durante no más de seis meses) para elaborar elcorrespondiente plan de recuperación, que ha de ser un plan
factible; y!B
(1) DO C 368 de 23.12.1994, p. 12.1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 19
d) deben justificarse sobre la base de serias dificultades sociales, y
no pueden tener, indebidamente, repercusiones negativas sobre lasituación del sector en otros Estados miembros.
(100) El principio general consiste en que la ayuda de reestructuración sólo
se autorizará si revierte en interés comunitario y va unida a un
programa viable de reestructuración/recuperación, presentado a laComisión con el suficiente detalle. El plan de reestructuración ha desatisfacer todas y cada una de las condiciones siguientes:
a) el plan ha de restablecer la viabilidad y la solvencia a largo plazo
de la empresa en un plazo de tiempo razonable y sobre la base deunas perspectivas realistas en cuanto a sus futuras condiciones deexplotación;
b) el plan ha de contrarrestar en la medida de lo posible las
consecuencias negativas que pueda tener para los competidores;
c) el importe y la intensidad de la ayuda de reestructuración ha de
limitarse al mínimo necesario para permitir llevar a cabo lareestructuración y guardar proporción con las ventajas que se
espere obtener desde el punto de vista de la Comunidad. Por
consiguiente, se espera que los beneficiarios de la ayuda dereestructuración contribuyan significativamente al plan de rees-
tructuración con sus propios recursos o con ayuda de financiación
externa comercial.
(101) Por último, desde 1977 la libertad de los Estados miembros para
conceder ayuda al sector de las fibras sintéticas se ha visto sujeta a
limitaciones, que se introdujeron para limitar la concesión de ayudas
que tuviesen como consecuencia un incremento de la capacidad deproducción de las principales fibras sintéticas. Dado que Sniace es unfabricante de fibras sintéticas y que la ayuda en cuestión parece
contribuir, en parte, a tales actividades, las medidas en cuestión sólo
podrían ser consideradas compatibles con el mercado común sitambién se conformasen a las Directrices sobre ayudas al sector de lasfibras sintéticas. A pesar de que la ayuda se ha venido concediendo
durante un período de varios años, se ha de analizar en la perspectiva
de las condiciones de la versión actual de las Directrices. Éstasabarcan, entre otras cosas, la ayuda a la inversión para la extrusión y
texturización de cuatro fibras: poliéster, poliamida, fibras acrílicas y
polipropileno. Las Directrices indican claramente que, por lo que serefiere a las empresas de mayor tamaño (es decir, aquellas que no sonpequeñas y medianas empresas, la Comisión sólo autorizará la ayuda
de hasta el 50 % del límite máximo aplicable de ayuda) si ésta llevase
consigo una reducción significativa de la capacidad o si el mercado delos productos de referencia se caracterizase por una escasez estructuralde la oferta y la ayuda no se tradujese en un incremento significativo
de la capacidad.
(102) En este caso, el Gobierno español no trató de argumentar que las
medidas constituyesen ayuda de salvamento o de reestructuración,como tampoco facilitó elemento de prueba alguno de que existiese un
plan de reestructuración válido o una reducción prevista de la
presencia en el mercado de Sniace. Todo ello contribuye a confirmarque el único efecto de la ayuda ha sido el de permitir a la empresamantenerse en funcionamiento.
(103) Por lo que se refiere al plan de viabilidad presentado a la Comisión por
el denunciante antes de la apertura del procedimiento, el Gobiernoespañol confirmó simplemente que la conclusión del consultor de que«la viabilidad de Sniace sólo es posible mediante la concesión de
subsidios que permitan la realización de proyectos de inversión y la
renegociación de las deudas» no era más que una opinión privadareflejada en un estudio privado, por lo que no reflejaba necesariamente
la opinión de las autoridades españolas.
(104) Además, por lo que se refiere a las actividades de Sniace en el sector
de las fibras sintéticas, la Comisión no tiene conocimiento de laexistencia de plan alguno que se traduzca en una reducciónsignificativa de la capacidad. Por otra parte, siguen siendo poco
satisfactorias las tasas de utilización de la capacidad en este sector, en
el que existe un comercio sustancial intracomunitario.!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 20
VII. CONCLUSIONES
(105) En consecuencia, la Comisión estima que España ha concedido
ilegalmente ayudas en forma del reescalonamiento de la deuda con laSeguridad Social y los dos acuerdos de reembolso de Fogasa, que son
contrarias a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado e
incompatibles con el mercado común y el funcionamiento del AcuerdoEEE.
(106) Dado que las ayudas son ilegales e incompatibles con el mercado y el
funcionamiento del Acuerdo EEE, deberán ser reembolsadas y anulado
su efecto económico,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Las siguientes medidas concedidas por España a la Sociedad Nacional de
Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española SA (SNIACE) no constituyenayuda estatal:
a) el acuerdo celebrado el 8 de marzo de 1996 (modificado por el acuerdo
de 7 de mayo de 1996) entre SNIACE y la Tesorería general de la
seguridad social con el fin de reescalonar deudas que ascendían a unprincipal de 2 903 381 848 pesetas españolas (17 449 676,34 euros),modificado posteriormente por el acuerdo de 30 de septiembre de 1997
relativo al reescalonamiento de deudas por un principal de 3 510 387 323
pesetas españolas (21 097 852,72 euros), y
b) los acuerdos celebrados el 5 de noviembre de 1993 y el 31 de octubre de
1995 entre SNIACE y el Fondo de garantía salarial (FOGASA) porimportes del 362 708 700 pesetas españolas (8 190 044,23 euros) y
339 459 878 pesetas españolas (2 040 194,96 euros), respectivamente.
Por lo que se refiere a las demás cuestiones objeto del procedimiento incoado
en el marco del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE y especialmente unagarantía de préstamo por un total de mil millones de pesetas españolasautorizada mediante la Ley 7/93, los acuerdos de financiación para la
construcción prevista de una planta de tratamiento de aguas residuales y la
cancelación parcial de deudas por parte del Ayuntamiento de Torrelavega,estas medidas no son constitutivas de ayuda, por lo que se puede dar porconcluido el procedimiento. No obstante, España ha de informar a la
Comisión en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la presente
Decisión de las liquidaciones modificadas efectuadas por el Ayuntamiento deTorrelavega en relación con el impuesto de actividades económicas adeudadopor Sniace en concepto de los años 1995 hasta la fecha. En lo que respecta al
impago de las tasas medioambientales entre 1987 y 1995, la Comisión
adoptará una decisión específica a su debido tiempo.
Artículo 3
El Reino de España deberá informar a la Comisión en el plazo de dos meses a
partir de la fecha de notificación de la presente Decisión de las medidas
adoptadas para dar cumplimiento a la misma.
Artículo 4
El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.!B
!M1
!B
!M1
!B1999D0395 — ES — 16.01.2001 — 001.001 — 21