1990L0388 — ES — 01.01.1996 — 002.001 — 1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B DIRECTIVADELACOMISIÓN
de28dejuniode1990
relativa alacompetencia enlosmercadosdeserviciosdetelecomunicaciones
(90/388/CEE)
(DO L 192 de 24.7.1990, p. 10)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1 Directiva 94/46/CE de la Comisión de 13 de octubre de 1994 L 268 15 19.10.1994
►M2 Directiva 95/51/CE de la Comisión de 18 de octubre de 1995 L 256 49 26.10.1995
Rectificada por:
►C1 Rectificación, DO L 308 de 29.11.1996, p. 59 (95/51/CE)
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▼B
DIRECTIVADELACOMISIÓN
de28dejuniode1990
relativa a la competencia en los mercados de servicios de teleco-
municaciones
(90/388/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,
en particular, el apartado 3 de su artículo 90,
1. Considerando que el fortalecimiento de las telecomunicacionescomunitarias constituye una de las condiciones esenciales parael desarrollo armonioso de las actividades económicas y de un
mercado competitivo en la Comunidad, tanto desde el punto de
vista de los prestadores de servicios como de los usuarios; quela Comisión, por lo tanto, definió en su Libro Verde sobre eldesarrollo del mercado común de equipos y servicios de teleco-municaciones y en su Comunicación sobre la aplicación del
Libro Verde hasta 1992 un programa de acción para la apertura
progresiva del mercado de telecomunicaciones a la competen-cia; que dicho programa de acción no incluye la radiotelefoníamóvil, la radiomensajería ni los servicios de comunicación demasas tales como la radiodifusión o la televisión; que el Con-sejo prestó, mediante su Resolución de 30 de junio de 1988 (
1),
su apoyo a los objetivos de dicho programa y, en particular, a
la creación progresiva de un mercado comunitario abierto deservicios de telecomunicaciones; que, durante los últimos dece-nios, el sector de telecomunicaciones ha experimentado unaevolución tecnológica considerable; que esta evolución permiteofrecer una gama cada vez más variada de servicios y, en parti-
cular, de transmisión de datos; que ésta, por otra parte, hace
técnica y económicamente posible un régimen en el que puedahaber competencia entre los distintos operadores;
2. Considerando que, en todos los Estados miembros, el estableci-miento y explotación de la red de telecomunicaciones y elsuministro de los correspondientes servicios suele delegarse,mediante la concesión de derechos exclusivos o especiales, auno o varios organismos de telecomunicaciones; que estos dere-
chos se caracterizan por el poder discrecional que el Estado
ejerce en diversos grados en lo que se refiere al acceso al mer-cado de servicios de telecomunicaciones;
3. Considerando que los organismos encargados del estableci-
miento y de la explotación de la red de telecomunicaciones son
empresas contempladas en el apartado 1 del artículo 90 del Tra-tado, ya que ejercen de manera organizada una actividad econó-mica, a saber, el suministro de servicios de telecomunicaciones;que se trata, bien de empresas públicas, bien de empresas a las
que los Estados han concedido derechos exclusivos o especia-
les;
4. Considerando que, sin dejar de garantizar la función de serviciopúblico, varios Estados miembros ya han revisado el sistema de
derechos exclusivos o especiales vigente hasta el momento en
el sector de las telecomunicaciones; que, en todos los casos, elrégimen de derechos exclusivos o especiales se mantiene parael establecimiento y para la explotación de la red; que lo mismoocurre en ciertos Estados miembros para los servicios de teleco-
municaciones, mientras que en otros, tales derechos no cubren
más que determinados servicios; que, por otra parte, todos losEstados miembros han adoptado por sí mismos o permitido alos organismos de telecomunicaciones adoptar medidas adminis-trativas y reglamentarias que limitan la libre prestación de losservicios de telecomunicaciones;
(1)D O noC 257 de 4. 10. 1988, p. 1.
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5. Considerando que la concesión, en el ejercicio del poder discre-
cional del Estado miembro de derechos exclusivos o especiales
a una o varias empresas para la explotación de la red, restringela prestación de esos servicios por otras empresas desde o haciaotros Estados miembros;
6. Considerando que, en la práctica, las restricciones a la libreprestación de servicios de telecomunicaciones hacia o desde
otros Estados miembros a que se refiere el artículo 59 del Tra-
tado consisten, en particular, en la prohibición de realizar cone-xiones de circuitos arrendados mediante concentradores, multi-plexores y otras instalaciones con la red telefónica conmutada,en la imposición para esta conexión de derechos de acceso des-proporcionados en relación con el servicio prestado, en la prohi-
bición de enviar señales desde o hacia terceros mediante circui-
tos arrendados, o en la aplicación de una tarifa en proporción ala utilización sin justificación económica o en la negativa alacceso a la red de ciertos prestadores de servicios; que estasrestricciones de utilización y tarifas excesivas con relación alprecio de coste producen el efecto de obstaculizar la prestación,
desde o hacia otros Estados miembros, de servicios de teleco-
municaciones, tales como:
— servicios que tienen por objeto mejorar las funciones de
telecomunicación, por ejemplo, la conversión de protocolo,de código, de formato o de capacidad,
— servicios basados en la información que tienen por objeto el
acceso a las bases de datos,
— servicios informáticos a distancia,— servicios de registro y transmisión de mensajes, por ejemplo,
el correo electrónico,
— servicios de transacciones, por ejemplo, transacciones finan-
cieras y transferencia electrónica de datos de uso comercial,telecompra y telerreserva,
— servicios teleactivos, por ejemplo, telemedida y telecontrol.
7. Considerando que el artículo 66 en relación con los artículos 55
y 56 del Tratado permiten excepciones a la libertad de presta-ción de servicios por motivos no económicos; que las restriccio-nes admitidas, a este respecto, son, por una parte, el ejercicio,
incluso con carácter ocasional, de la autoridad pública y, por
otra parte, el orden público, la seguridad pública y la saludpública; que, al tratarse de excepciones, éstas deben ser inter-pretadas de manera restrictiva; que ningún servicio de telecomu-nicaciones constituye una participación en el ejercicio de laautoridad pública que implique la facultad de usar prerrogativas
exorbitantes con respecto al Derecho común, privilegios del
poder público o un poder de coerción sobre los ciudadanos; quela oferta de servicios de telecomunicaciones no puede en símisma atentar contra el orden público ni afectar a la saludpública;
8. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
admite, por otra parte, restricciones a la libertad de prestación
de servicios, cuando dichas restricciones responden a exigenciasesenciales de interés general y se aplican de forma no discrimi-natoria y en proporción al objetivo perseguido; que la protec-ción de los consumidores no puede justificar restricciones a lalibre prestación de servicios en materia de telecomunicaciones,
ya que dicho objetivo se puede alcanzar igualmente en un régi-
men de libre competencia que, a este respecto, tampoco sepuede invocar la protección de la propiedad intelectual; que lasúnicas exigencias esenciales admitidas como excepción alartículo 59 y que pueden justificar las restricciones a la utiliza-
ción de la red pública son la integridad de esta última, la segu-
ridad de su funcionamiento y, en los casos justificados, la inte-roperabilidad y la protección de los datos; que las restriccionesimpuestas deben, en cualquier caso, ser proporcionales a losobjetivos perseguidos por tales exigencias legítimas; que losEstados miembros deberán hacer públicas y notificar estas res-
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tricciones a la Comisión con objeto de que esta última pueda
valorar dicha proporcionalidad;
9. Considerando que, en este contexto, la seguridad de funciona-miento de la red tiene por objeto asegurar la disponibilidad dela red pública en caso de urgencia; que la integridad técnica dela red pública tiene por objeto asegurar su funcionamiento nor-
mal y la interconexión de las redes públicas en la Comunidad
basada en las especificaciones técnicas comunes; que la nociónde interoperabilidad de los servicios tiene por objeto el respetoa estas especificaciones técnicas mínimas establecidas para acre-centar la prestación de servicios y la elección de los usuarios;que la protección de datos tiene por objeto garantizar la confi-
dencialidad de las comunicaciones y la protección de los datos
personales;
10. Considerando asimismo que, además de las exigencias esencia-les que pueden figurar como condiciones en los procedimientos
de autorización o de declaración, los Estados miembros podrán
establecer, para el servicio de conmutación de datos, condicio-nes relacionadas con obligaciones de servicio público que cons-tituyan regulaciones de comercio objetivas, no discriminatoriasy transparentes sobre los requisitos de permanencia, disponibili-
dad y calidad del servicio;
11. Considerando que, cuando un Estado miembro ha encargado a
un organismo de telecomunicaciones el suministro de serviciosde conmutación de datos por paquetes o por circuitos para el
público y este servicio puede fracasar debido a la competencia
de operadores privados, la Comisión puede autorizar a esteEstado miembro para imponer condiciones adicionales para elsuministro de dicho servicio, que también pueden afectar a sucobertura geográfica. Al evaluar estas medidas, la Comisión, en
el marco de la realización de los objetivos fundamentales del
Tratado, enunciadas en su artículo 2, incluido el reforzamientode la cohesión económica y social de la Comunidad, contem-plado en su artículo 130 A, tendrá también en cuenta la situa-ción de los Estados miembros cuya red de suministro de servi-cios de conmutación de datos por circuitos o por paquetes aún
no está suficientemente desarrollada, situación que podría justi-
ficar para estos Estados miembros el mantenimiento, hasta el 1de enero de 1996, de la fecha prevista para la simple reventa decapacidad de las líneas arrendadas;
12. Considerando que el artículo 59 del Tratado prevé la supresiónde cualquier otra restricción a la libre prestación de serviciosdentro de la Comunidad respecto de los nacionales de los Esta-dos miembros establecidos en un país de la Comunidad que nosea el del destinatario de la prestación; que el mantenimiento o
la introducción de todo derecho exclusivo o especial que no res-
ponda a los criterios mencionados constituye, por consiguiente,una infracción del artículo 90 en relación con el artículo 59;
13. Considerando que el artículo 86 del Tratado declara incompati-
ble con el mercado común cualquier comportamiento de una o
varias empresas que constituya una explotación abusiva de unaposición dominante en el mercado común o en una parte sustan-cial del mismo; que los organismos de telecomunicaciones sonempresas a los efectos de dicho artículo, ya que ejercen activi-dades económicas y, en particular, el suministro de servicios
consistente en poner a disposición de los usuarios la red y los
servicios de telecomunicaciones; que esta disponibilidad de lared constituye un mercado de servicios diferente, puesto que noes intercambiable con otros servicios; que la disponibilidad dela red y los otros servicios de telecomunicaciones se prestan en
cada uno de los mercados nacionales en condiciones de compe-
tencia suficientemente homogéneas como para que la Comisiónpueda valorar el poder económico de las empresas que lossuministran en esos territorios; que los territorios de los Estadosmiembros constituyen otros tantos mercados geográficos dife-renciados; que esto se debe a la diferencia entre las regulacio-
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nes sobre las condiciones de acceso y de funcionamiento téc-
nico relativas al suministro de la red y de los servicios de tele-comunicaciones; que, por otra parte, cada uno de ellos consti-
tuye una parte sustancial del mercado común;
14. Considerando que estas empresas tienen, individual o colectiva-
mente, en cada uno de sus mercados nacionales, una posicióndominante con respecto al establecimiento y a la explotación dela red de telecomunicaciones, ya que son las únicas que dispo-
nen en cada Estado miembro de una red que abarca el conjunto
del territorio del mismo y porque su gobierno les ha concedidoel derecho exclusivo de explotar, solas o conjuntamente conotras empresas, la red;
15. Considerando que los derechos exclusivos o especiales que seconceden en materia de servicios de telecomunicaciones por un
Estado a los organismos que ya tienen una posición dominante
para el establecimiento y la explotación de la red son derechosque tienen por efecto reforzar dicha posición dominante, alextenderla a los servicios;
16. Considerando que, por otra parte, los derechos exclusivos o
especiales concedidos por el Estado a los organismos de teleco-
municaciones por lo que se refiere al suministro de ciertos ser-vicios de telecomunicaciones permiten que estos organismos:
a) excluyan del mercado o limiten el acceso de los competido-
res al mercado de los servicios de telecomunicaciones, res-tringiendo así la libre elección de los usuarios, lo que puedelimitar el progreso tecnológico en perjuicio de los consumi-dores;
b) impongan a los usuarios de la red la utilización de los servi-
cios que son objeto de los derechos exclusivos, subordinando
así la celebración de los contratos de utilización de la red ala aceptación de prestaciones suplementarias que no guardanrelación con el objeto de dichos contratos;
que todos estos comportamientos constituyen abusos de posición
dominante que pueden afectar de forma sensible al comercioentre los Estados miembros; que, en efecto, todos los serviciosde que se trata pueden, en principio, ser ofrecidos por prestado-res de otros Estados miembros; que la estructura de la compe-
tencia dentro del mercado común resulta así sustancialmente
modificada; que, en cualquier caso, los derechos especiales oexclusivos concedidos respecto de esos servicios conducen auna situación contraria al objetivo de la letra f) del artículo 3del Tratado, que prevé el establecimiento de un régimen que
garantice que la competencia no será falseada en el mercado
común ni, con mayor motivo, eliminada; que los Estados miem-bros deben, con arreglo al artículo 5 del Tratado, abstenerse detodas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realiza-ción de los fines del Tratado, entre los que se incluye el de laletra f) del artículo 3;
17. Considerando que los derechos exclusivos otorgados en materiade servicios de telecomunicaciones a las empresas públicas oempresas a las que los Estados miembros han concedido dere-chos especiales o exclusivos para el establecimiento de la redde telecomunicaciones son incompatibles con el apartado 1 delartículo 90, en relación con el artículo 86;
18. Considerando que el apartado 2 del artículo 90 del Tratado per-mite establecer una excepción a la aplicación de los artículos59 y 86 del Tratado en los casos que ésta impida, de hecho ode derecho, el cumplimiento de la misión específica confiada alos organismos de telecomunicaciones; que esta misión consiste
en el establecimiento y explotación de una red universal, es
decir, que tenga una cobertura geográfica general y que se faci-lite, previa solicitud y en un plazo razonable, a todo prestadorde servicios o usuario; que los medios financieros para el desa-rrollo de esta red proceden todavía principalmente de la explo-tación del servicio de telefonía vocal; que, por consiguiente, la
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apertura de este servicio a la competencia podría amenazar el
equilibrio financiero de los organismos de telecomunicaciones;que el servicio de telefonía vocal, tanto si se ofrece a partir de
la red telefónica actual o como parte integrante del servicio de
la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), constituyeademás el medio actualmente más importante de notificación yde llamada de los servicios de urgencia responsables de la segu-ridad pública;
19. Considerando que el suministro de circuitos arrendados consti-tuye un elemento esencial de la misión de los organismos detelecomunicaciones; que existe actualmente, en la mayor partede los Estados miembros, una diferencia sustancial entre las
tarifas por la utilización del servicio de transmisión de datos a
través de la red conmutada y por la utilización de circuitosarrendados; que una rápida nivelación de dichas tarifas podríaperjudicar a esa misión de interés económico general; que elestablecimiento del equilibrio entre dichas tarifas debe produ-
cirse progresivamente, a más tardar, el 31 de diciembre de
1992; que, entretanto, debe poder exigirse a los operadores pri-vados que no ofrezcan al público un servicio que consista en lasimple reventa de capacidad de circuitos arrendados, es decir,que implique solamente el tratamiento, la conmutación, el alma-cenaje o la conversión de protocolo en la medida necesaria para
la transmisión en tiempo real; que los Estados miembros pue-
den, por consiguiente, establecer un sistema de declaración porel cual los operadores privados se comprometan a no efectuartal reventa; que, sin embargo, no puede imponerse ninguna otraobligación a estos operadores para hacer respetar esta medida;
20. Considerando que estas restricciones no afectan al desarrollo delos intercambios en una forma contraria al interés de la Comu-nidad; que, en estas condiciones, dichas restricciones son com-patibles con el apartado 2 del artículo 90 del Tratado; que otro
tanto cabe decir de las medidas adoptadas por los Estados
miembros para garantizar que la actividad de los prestadores deservicios privados no redunde en perjuicio del servicio públicode conmutación de datos;
21. Considerando que las normas del Tratado, incluidas las relativasa la competencia, se aplican al servicio de télex; que la impor-tancia de este servicio sufre una erosión progresiva en todos losEstados miembros debido a la aparición de medios de telecomu-nicación competitivos como el telefax; que la supresión de lasrestricciones actuales sobre la utilización de la red telefónica
conmutada y de los circuitos arrendados permitirá la retransmi-
sión de mensajes télex; que, habida cuenta de esta evolución, esnecesario adoptar un enfoque específico; que, por tanto, la pre-sente Directiva no debe aplicarse al servicio de télex;
22. Considerando que, en cualquier caso, la Comisión volverá aexaminar en el año 1992 cualquier derecho especial o exclusivosubsistente, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y laevolución hacia una infraestructura numérica;
23. Considerando que es conveniente ofrecer a los Estados miem-bros la posibilidad de elaborar procedimientos equitativos deautorización para asegurar el respeto de las exigencias esencia-les, sin perjuicio de una armonización de las mismas prevista anivel comunitario en el marco de las directivas del Consejo
relativas el suministro de una red abierta «Open Network Provi-
sion» (ONP); que, en lo que respecta a la conmutación dedatos, los Estados miembros deben poder incluir en estos proce-dimientos la obligación de cumplir las regulaciones comercialesque regulan las condiciones de permanencia, disponibilidad y
calidad del servicio, así como las medidas dirigidas a proteger
la misión de interés económico general que han confiado alorganismo de telecomunicaciones; que estos procedimientosdeben basarse en criterios objetivos y precisos, sin efectos dis-criminatorios; que dichos criterios deberán ser, en particular,justificados y proporcionados al interés general perseguido y
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estar debidamente motivados y publicados; que la Comisión
debe poder examinarlos detenidamente a la luz de las normassobre la competencia y de aquéllas relativas a la libre presta-
ción de servicios; que, en cualquier caso, los Estados miembros
que no hubieren notificado a la Comisión un proyecto de crite-rios y de procedimientos de autorización transcurrido un plazodeterminado no podrán en adelante imponer restrición alguna ala libre prestación del servicio de transmisión de datos al
público en general;
24. Considerando que los Estados miembros deben poder disponer
de un plazo complementario para elaborar las reglas generalesrelativas a las condiciones de prestación de estos servicios deconmutación de datos por paquetes o por circuitos al público engeneral;
25. Considerando que, por otra parte, los servicios de telecomunica-ciones no pueden ser objeto de ninguna restricción ni por loque respecta al libre acceso a dichos servicios por parte de losusuarios, ni por lo que respecta al tratamiento de las informa-ciones que pueda efectuarse antes de la transmisión de los men-sajes por la red de telecomunicaciones, o después de que los
mensajes hayan sido recibidos, que no se justifique por una exi-
gencia esencial proporcionada al objetivo perseguido;
26. Considerando que la numerización de la red y el perfecciona-miento tecnológico de los aparatos terminales conectados a ellahan incrementado el número de funciones que anteriormente se
efectuaban dentro de la red, de tal forma que dichas funciones
pueden ser efectuadas por los propios usuarios mediante apara-tos terminales cada vez más perfeccionados; que es convenientegarantizar que los suministradores de servicios de telecomunica-ciones, en particular, de telefonía y de transmisión de datos porconmutación por paquetes o por circuitos permitan a los opera-
dores económicos utilizar estas funciones;
27. Considerando que, en tanto se establecen las normas comunita-
rias para el suministro de una red abierta (ONP), es necesariohacer públicas las interfaces técnicas ya utilizadas en los Esta-dos miembros para permitir a las empresas que pretendan esta-blecerse en los mercados de servicios de telecomunicaciones
adoptar las medidas necesarias con objeto de adaptar las carac-
terísticas de sus servicios a las exigencias técnicas de las redes;que, en la medida en que dichas interfaces técnicas no hayansido establecidas todavía por los Estados miembros, convieneque se establezcan en el más breve plazo posible; que todo pro-
yecto elaborado a este respecto deberá ser comunicado a la
Comisión con arreglo a la Directiva 83/189/CEE del Consejo (
1),
modificada por la Directiva 88/182/CEE (2);
28. Considerando que, por lo general, las legislaciones nacionalesatribuyen a los organismos de telecomunicaciones una funciónde reglamentación de los servicios de telecomunicaciones que
implica, en particular, la concesión de autorizaciones, el control
de conformidad y de las especificaciones obligatorias de lasinterfaces, la atribución de frecuencias y la vigilancia de lascondiciones de utilización; que dichas legislaciones a veces sólodefinen los principios generales de la explotación de los servi-
cios autorizados, concediendo a los organismos de telecomuni-
caciones la facultad de definir las condiciones específicas deaplicación;
29. Considerando que esta actividad, de carácter a la vez reglamen-tario y comercial, de los organismos de telecomunicacionestiene una incidencia directa sobre la actividad de los operadores
económicos que ofrecen servicios de telecomunicaciones en
competencia con dichos organismos; que, en efecto, medianteesta doble actividad, estos organismos determinan o, al menos,
(1)D O noL 109 de 26. 4. 1983, p. 8.
(2)D O noL 81 de 26. 3. 1988, p. 75.
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influyen sustancialmente en el suministro de los servicios ofre-
cidos por sus competidores; que el hecho de delegar a unaempresa que dispone de una posición dominante para el estable-
cimiento y explotación de la red el poder de reglamentación del
acceso al mercado de los servicios de telecomunicaciones cons-tituye un reforzamiento de la posición dominante que estamisma empresa tiene en el mercado; que este hecho, teniendoen cuenta el conflicto de intereses, puede restringir el acceso de
los competidores a los mercados de servicios de telecomunica-
ciones y limitar la libertad de elección de los usuarios; que, porotra parte, estas medidas pueden limitar los mercados de losmateriales destinados al tratamiento de señales de telecomunica-ción y, por lo tanto, el progreso tecnológico en este sector; que,en consecuencia, la acumulación de estas actividades constituye
un abuso de posición dominante de los organismos de teleco-
municaciones de que se trata en la acepción del artículo 86;que, si estos comportamientos resultan de una medida adoptadapor el Estado, esta última será también incompatible con elapartado 1 del artículo 90 en relación con el artículo 86;
30. Considerando que, para cumplir eficazmente su deber de vigi-
lancia en aplicación de las disposiciones del apartado 3 del
artículo 90, la Comisión debe disponer de ciertas informacionesesenciales; que estas informaciones deben garantizar, en particu-lar, la transparencia de las medidas adoptadas por los Estadosmiembros para que la Comisión pueda velar por que el accesoa la red y los diferentes servicios correspondientes sean facilita-
dos por cada organismo de telecomunicaciones con arreglo a
unas tarifas y en condiciones no discriminatorias para todos susclientes; que conviene que estas informaciones se refieran a:
— las medidas adoptadas para suprimir los derechos exclusivos
en aplicación de la presente Directiva,
— las condiciones de concesión de las autorizaciones de explo-
tación de los servicios de telecomunicaciones;
que la Comisión debe disponer de estas informaciones para
poder velar, en particular, por que todos los usuarios de la redy de los servicios, incluidos los organismos de telecomunicacio-
nes cuando sean prestadores de servicios, reciban un trato equi-
tativo;
31. Considerando que, por lo que se refiere al suministro de servi-cios de telecomunicaciones abiertos en lo sucesivo a la compe-tencia, los titulares de derechos exclusivos o especiales pudie-ron, en el pasado, imponer a sus clientes contratos de largaduración; que estos contratos podrían limitar de hecho la posibi-
lidad respecto de los nuevos competidores eventuales de ofrecer
sus servicios a dichos clientes y a éstos de beneficiarse de losmismos; que, por lo tanto, debe preverse que el usuario puedaobtener la rescisión de su contrato en un plazo razonable;
32. Considerando que cada Estado miembro regula actualmente elsuministro de servicios de telecomunicaciones con arreglo a sus
propios criterios; que incluso la definición de ciertos servicios
varía de un Estado miembro a otro; que, en consecuencia, sepueden producir distorsiones de la competencia que puedenhacer más difícil para los operadores económicos la oferta deservicios transfronterizos de telecomunicaciones; que, por estemotivo, el Consejo consideró, en su Resolución de 30 de junio
de 1988, que uno de los objetivos de la política de telecomuni-
caciones era la creación de un mercado comunitario abierto delos servicios de telecomunicaciones, en particular, mediante ladefinición rápida, gracias a las directivas del Consejo, de lascondiciones técnicas, las condiciones de utilización y los princi-
pios de tarificación del suministro de una red abierta «Open
Network Provision» (ONP); que, a este respecto, la Comisiónha presentado una propuesta concreta al Consejo; que, sinembargo, una armonización de las condiciones de acceso no esel medio adecuado para poner fin a los obstáculos a los inter-cambios resultantes de infracciones a las disposiciones del Tra-
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tado; que la Comisión debe velar por la aplicación de las dispo-
siciones del Tratado de forma eficaz y global;
33. Considerando que el apartado 3 del artículo 90 impone deberesprecisos y atribuye competencias bien definidas a la Comisiónpor lo que se refiere a la vigilancia de las relaciones entre losEstados miembros y sus empresas públicas y las empresas a las
que hayan concedido derechos exclusivos o especiales y, en
particular, en materia de eliminación de los obstáculos a la libreprestación de servicios, en materia de discriminación entrenacionales de los Estados miembros y en materia de competen-cia; que, por otra parte, es necesario un enfoque global conobjeto de poner fin a las infracciones que persisten en ciertos
Estados miembros y suministrar indicaciones claras a los Esta-
dos miembros que están revisando su legislación para evitarnuevas infracciones; que, en consecuencia, una directiva conarreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado constituye elmedio apropiado a tal fin,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
—organismos de telecomunicaciones , las entidades públicas o priva-
das — incluidas sus filiales sujetas a su control — a las que unEstado miembro conceda derechos especiales o exclusivos para elestablecimiento de redes públicas de telecomunicaciones y, en sucaso, para la prestación de servicios de telecomunicaciones;
—derechos exclusivos , los derechos concedidos por un Estado miem-
bro a una empresa para reservarle el derecho de un servicio de
telecomunicaciones o de emprender una actividad, mediante cual-quier instrumento legal, reglamentario o administrativo, y dentrode una zona geográfica determinada;
—derechos especiales , los derechos concedidos por un Estado miem-
bro a un número limitado de empresas mediante un instrumentolegal, reglamentario o administrativo que, en una zona determi-nada,
— limite, con arreglo a criterios que no sean objetivos, proporcio-
nales y no discriminatorios, a dos o más el número de empre-sas autorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad,o
— designe, con arreglo a tales criterios, a varias empresas que
compitan entre sí, autorizándolas a prestar un servicio o
emprender una actividad, o
— confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales crite-
rios, ventajas legales o reglamentarias que dificulten grave-
mente la capacidad de otra empresa de prestar el mismo servi-cio de telecomunicaciones o emprender la misma actividad enla misma zona geográfica y en unas condiciones básicamentesimilares;
—red pública de telecomunicaciones , la infraestructura pública de
telecomunicaciones que permita el transporte de señales entre ter-
minales definidas de la red por hilo, por ondas hertzianas, por
medios ópticos o por otros medios electromagnéticos;
—servicios de telecomunicaciones , los servicios que consistan, en
todo o en parte, en la transmisión o encaminamiento de señales através de una red de telecomunicaciones,
—red de estaciones terrenas de comunicación por satélite , una
infraestructura de dos o más estaciones terrenas que funcionenconjuntamente a través de un satélite,
—servicios de redes por satélite , la implantación y funcionamiento
de redes de estaciones terrenas de comunicación por satélite;▼
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▼M1
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dichos servicios constitirán, como mínimo, en el establecimiento,
por parte de dichas estaciones, de una radiocomunicación con elsegmento espacial («enlaces ascendentes») y de una radiocomuni-
cación entre éste y las citadas estaciones («enlaces descendentes»),
—servicios de comunicaciones por satélite , los servicios para cuya
prestación se utilicen, en todo o en parte, servicios de redes porsatélite,
—servicios por satélite , la prestación de servicios de comunicación
por satélite o la de servicios de redes por satélite;
—terminales de la red , el conjunto de conexiones físicas y de especi-
ficaciones técnicas de acceso, que formen parte de la red públicade telecomunicaciones y que sean necesarias para tener acceso a
esta red pública y comunicar eficazmente a través de ella;
—exigencias esenciales , los motivos de interés general y de natura-
leza no económica que puedan inducir a un Estado miembro a
limitar el acceso a la red pública de telecomunicaciones o a losservicios públicos de telecomunicaciones. ►
M1Dichos motivos
son la seguridad del funcionamiento de la red, el mantenimientode su integridad y, en los casos en que estén justificadas, la intero-perabilidad de los servicios y la protección de los datos, y tratán-
dose de servicios de redes por satélite, la organización eficaz del
espectro de frecuencias y la necesidad de evitar interferencias nodeseadas entre los sistemas de telecomunicación por satélite yotros sistemas técnicos espaciales o terrestres. ◄
La protección de los datos podrá incluir la protección de los datos
personales, el carácter confidencial de los datos transmitidos oalmacenados, así como la protección del ámbito privado;
—servicio de telefonía vocal , la explotación comercial para el
público del transporte directo y de la comunicación de la voz en
tiempo real desde y con destino a las terminales de la red pública
conmutada, que permita a cualquier usuario utilizar el equipoconectado a su terminal para comunicar con otra terminal;
—servicio de télex , la explotación comercial para el público del
transporte directo de mensajes de télex de conformidad con laRecomendación aplicable del Comité Consultivo InternacionalTelegráfico y Telefónico (CCITT) desde y con destino a las termi-
nales de la red pública conmutada, que permita a cualquier usuario
utilizar el equipo conectado a su terminal para comunicar con otraterminal;
—servicio de conmutación de datos por paquetes o por circuitos ,l a
explotación comerical para el público del transporte directo dedatos desde y con destino a las terminales de la red pública con-mutada, que permita a cualquier usuario utilizar el equipo conec-tado a su terminal para comunicar con otra terminal;
—simple reventa de capacidad , la explotación comercial para el
público de la oferta de transporte de datos a través de circuitos
arrendados como servicio independiente, comprendiendo solamentela conmutación, el tratamiento, el almacenaje de datos o la conver-sión de protocolo, en la medida necesaria para la transmisión, entiempo real, desde y con destino a la red pública conmutada;
—redes de televisión por cable , toda infraestructura principalmente
por cable autorizada por un Estado miembro para el suministro ola distribución de señales de televisión y radiodifusión al público.
Las disposiciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio
de las normas específicas adoptadas por los Estados miembros, deconformidad con el Derecho comunitario, en materia de distribuciónde programas audiovisuales destinados al público y contenido de losmismos.▼
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2. La presente Directiva no se aplicará al servicio de télex ni a las
radiocomunicaciones terrestres móviles.
Artículo 2
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1, los Esta-
dos miembros suprimirán todas aquellas medidas que otorguen:
a) derechos exclusivos de prestación de servicios de telecomunicacio-
nes distintos de los de la telefonía vocal, y
b) derechos especiales que limiten, con arreglo a criterios que no son
objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más elnúmero de empresas autorizadas a prestar tales servicios de teleco-municaciones o
c) derechos especiales que designen, con arreglo a tales criterios, a
varias empresas que compitan entre sí para prestar tales serviciosde telecomunicaciones.
Adoptarán las medidas necesarias para garantizar a todo operador el
derecho a prestar cualquiera de estos servicios de telecomunicaciones,
con excepción de la telefonía vocal.
Los Estados miembros que condicionen el suministro de dichos servi-
cios a un procedimiento de autorización o de declaración con objetode asegurar el respeto de las exigencias esenciales garantizarán, sinperjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, que las autorizaciones seconcederán con arreglo a criterios objetivos, transparentes y sin efec-tos discriminatorios. Las eventuales denegaciones deberán estar debi-
damente motivadas y deberá existir un procedimiento para recurrir
contra ellas.
Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 3, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31 de diciembre de 1990,las medidas adoptadas para cumplir lo dispuesto en el presenteartículo y la información sobre toda regulación existente o proyectodestinado a establecer nuevos procedimientos de autorización o a
modificar los ya existentes.
Los Estados miembros comunicarán los criterios utilizados para la
concesión de las autorizaciones, así como las condiciones en que se
concedan las mismas o se efectúen los procedimientos de declaraciónnecesarios para llevar a cabo actividades de transmisión en estacionesterrenas.
Los Estados miembros seguirán informando a la Comisión de todo
nuevo procedimiento de concesión de licencias que se pretendaimplantar o de toda modificación de los vigentes.
Artículo 3
Por lo que respecta al servicio de conmutación de datos por circuitos
o por paquetes, los Estados miembros, en el marco de los procedi-mientos de autorización a que se refiere el artículo 2, podrán exigirhasta el 31 de diciembre de 1992 que los operadores económicos no
ofrezcan al público la simple reventa de capacidad de circuitos arren-
dados.
A más tardar, el 30 de junio de 1992, los Estados miembros comuni-
carán a la Comisión, en forma de proyecto, todos los procedimientosde autorización o de declaración para el suministro al público del ser-vicio de conmutación de datos por paquetes o por circuitos que tenganpor objeto el respeto:
— de las exigencias esenciales,
— de las regulaciones de comercio relacionadas con las condiciones
de permanencia, disponibilidad y calidad del servicio, o▼
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— de las medidas destinadas a salvaguardar la misión de interés eco-
nómico general que hayan encomendado a un organismo de teleco-municaciones en lo que respecta a la conmutación de datos, si la
actividad de los prestadores de servicios privados puede obstruir el
cumplimiento de dicha misión.
Todos estos requisitos deberán constar en un pliego de condiciones de
servicio público y deberán ser objetivos, transparentes y carecer deefectos discriminatorios.
A más tardar, el 31 de diciembre de 1992, los Estados miembros pro-
cederán a la publicación de los procedimientos de autorización o dedeclaración adoptados para dichos servicios.
Corresponderá a la Comisión velar, antes de su ejecución, por la com-
patibilidad de dichos proyectos con las disposiciones del Tratado.
Artículo 4
Los Estados miembros que mantengan derechos exclusivos o especia-
les para el establecimiento y la explotación de las redes de telecomu-nicaciones adoptarán las medidas necesarias para que las condicionesque rijan el acceso a las redes sean públicas y objetivas y carezcan deefectos discriminatorios.
Asegurarán, en particular, que los operadores que así lo soliciten pue-
dan obtener circuitos arrendados en un plazo razonable y que su utili-
zación no sea objeto de ninguna restricción, salvo aquellas que esténjustificadas de conformidad con las disposiciones del artículo 2.
Los Estados miembros:
— suprimirán todas las restricciones al suministro de capacidad de
transmisión a través de redes de TV por cable y autorizarán la uti-lización de las redes por cable para la prestación de servicios de
telecomunicaciones distintos de los de telefonía vocal,
— garantizarán que la interconexión de las redes de TV por cable con
la red pública de telecomunicaciones sea autorizada para este fin,en particular, la interconexión con las líneas arrendadas, y que sesupriman las restricciones a la interconexión directa de las redesde TV por cable por parte de los operadores de televisión por
cable.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar, el
31 de diciembre de 1990, las medidas adoptadas para cumplir lodispuesto en este artículo.
Comunicarán a la Comisión, cada vez que aumenten las tarifas aplica-
bles a los circuitos arrendados, los elementos que permitan apreciarlas razones en que se basan dichos aumentos.
Artículo 5
Los Estados miembros asegurarán la publicación, a más tardar el 31
de diciembre de 1990, de las características de las interfaces técnicas
necesarias para la utilización de las redes públicas de telecomunicacio-
nes sin perjuicio de los convenios internacionales aplicables en lamateria.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, con arreglo a la
Directiva 83/189/CEE, cualquier proyecto elaborado a este respecto.
Artículo 6
Los Estados miembros garantizarán, por lo que se refiere a la presta-
ción de servicios de telecomunicaciones, la supresión de las restriccio-
nes existentes relativas al tratamiento de las señales antes de su trans-misión por la red pública o tras su recepción, a menos que se demues-tre que dichas restricciones son necesarias para garantizar al respetodel orden público o de las exigencias esenciales.▼
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Sin perjuicio de las normas comunitarias armonizadas adoptadas por
el Consejo para el suministro de una red abierta, los Estados miem-bros garantizarán, por lo que respecta a los prestadores de servicios,
incluidos los organismos de telecomunicaciones, que no exista ninguna
discriminación por lo que se refiere a las condiciones de utilización ya las tarifas practicadas.
Los Estados miembros garantizarán que las tarifas impuestas eventual-
mente a los prestadores de servicios dentro de los regímenes de autori-zación se basen en criterios objetivos, transparentes y no discriminato-rios.
Las tarifas, los criterios en que éstas se basen, así como cualquier
modificación de las mismas, deberán ser debidamente publicados, ensu forma y detalle, con el objeto de facilitar el acceso a dicha infor-mación.
A má tardar, nueve meses después de la publicación de la presente
Directiva y, en lo sucesivo, cada vez que se introduzcan modificacio-nes, los Estados miembros notificarán a la Comisión la forma en quese esté haciendo pública dicha información. La Comisión publicaráregularmente una reseña de dichas notificaciones.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las medidas adop-
tadas o los proyectos presentados con objeto de cumplir las disposicio-
nes del presente artículo, a más tardar, el 31 de diciembre de 1990.
Los Estados miembros garantizarán la supresión de toda prohibición o
restricción a la oferta de capacidad del segmento espacial a todo ope-rador autorizado de redes de estaciones terrenas de comunicación porsatélite y permitirán, dentro de su territorio, que todo prestador delsegmento espacial compruebe si la red de estaciones terrenas por saté-
lite que vaya a utilizar en el segmento espacial se ajusta a las condi-
ciones vigentes de acceso a su capacidad de segmento espacial.
Artículo 7
Los Estados miembros garantizarán que, a partir del 1 de julio de
1991, la concesión de las autorizaciones de explotación, el control deconformidad y de las especificaciones obligatorias, la atribución de lasfrecuencias y la vigilancia de las condiciones de utilización sean reali-
zados por una entidad independiente de los organismos de telecomuni-
caciones.
Comunicarán a la Comisión, a más tardar, el 31 de diciembre de
1990, las medidas adoptadas o los proyectos presentados a tal fin.
Artículo 8
Los Estados miembros velarán por que los organismos de telecomuni-
caciones ofrezcan, a partir de la fecha de supresión de los derechosexclusivos o especiales, a los clientes con los que dichos organismosestén vinculados por un período superior a un año mediante un con-
trato de suministro de servicios de telecomunicaciones que, en el
momento de su celebración, tuviere como objeto tales derechos, laposibilidad de rescindir dicho contrato con un preaviso de seis meses.
Artículo 9
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las informaciones
necesarias que le permitan elaborar al final de cada año, durante unperíodo de tres, un informe global sobre la aplicación de la presenteDirectiva. La Comisión comunicará este informe a los Estados miem-bros, al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico ySocial.▼
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Artículo 10
En el curso del año 1992, la Comisión efectuará una evaluación global
de la situación del sector de los servicios de telecomunicaciones en
relación con los objetivos perseguidos por esta Directiva.
En el curso del año 1994, la Comisión evaluará los efectos de las
medidas a que se refiere el artículo 3 con el fin de determinar si pro-cede efectuar un ajuste en las disposiciones de dicho artículo, habidacuenta, en particular, de la evolución tecnológica y el desarrollo delos intercambios en la Comunidad.
Artículo 11
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.