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►B DIRECTIVA 93/22/CEE DEL CONSEJO
de 10 de mayo de 1993
relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables
(DO L 141 de 11.6.1993, p. 27)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio
de 1995 L 168 7 18.7.1995
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DIRECTIVA 93/22/CEE DEL CONSEJO
de 10 de mayo de 1993
relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores
negociables
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y enparticular el apartado 2 del su artículo 57,
Vista la propuesta de la Comisión (
1),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3),
Considerando que la presente Directiva constituye un instrumento esen-
cial para la realización del mercado interior, conforme a lo dispuesto enel Acta Única Europea y de acuerdo con el calendario fijado en el LibroBlanco de la Comisión, en lo que se refiere a la libertad de estableci-miento y a la libre prestación de servicios, en el ámbito de las empresasde inversión;
Considerando que las empresas que prestan los servicios de inversión
regulados en la presente Directiva deben contar con una autorizaciónexpedida por el Estado miembro de origen de la empresa de inversión,con el fin de garantizar la protección de los inversores y la estabilidaddel sistema financiero;
Considerando que el enfoque adoptado está encaminado a lograr única-
mente el grado esencial de armonización que sea necesario y suficientepara garantizar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y de lossistemas de supervisión prudencial, posibilitando así la concesión deuna única autorización con validez en toda la Comunidad y la aplica-ción del principio de supervisión por el Estado miembro de origen; que,en virtud del reconocimiento mutuo, las empresas de inversión autori-zadas en su Estado miembro de origen pueden realizar en toda laComunidad todas o parte de las actividades contempladas en su autori-zación y reguladas en la presente Directiva, mediante el establecimientode sucursales o la prestación de servicios;
Considerando que los principios de reconocimiento mutuo y de supervi-
sión por el Estado miembro de origen exigen que las autoridadescompetentes de cada uno de los Estados miembros no concedan autori-zación o la retiren cuando factores tales como el programa de actividad,la distribución geográfica o la actividad efectivamente realizadademuestren de forma inequívoca que la empresa de inversión ha optadopor el sistema jurídico de un Estado miembro con el propósito de eludirlas normas más estrictas vigentes en el Estado miembro en el queproyecta realizar o realiza la mayor parte de sus actividades; que, aefectos de la presente Directiva, toda empresa de inversión que seapersona jurídica deberá ser autorizada en el Estado miembro en que seencuentre su domicilio social; que toda empresa de inversión que no seapersona jurídica deberá ser autorizada en el Estado miembro en que seencuentre su administración central; que, por otra parte, los Estadosmiembros deben exigir que la administración central de las empresas deinversión esté siempre situada en el Estado miembro en el que laempresa ejerza realmente sus actividades y que sea su Estado miembrode origen;
Considerando que, para proteger a los inversores, es necesario garan-
tizar el control interno de la empresa mediante una dirección bicéfala o,
(1)D OnoC 43 de 22. 2. 1989, p. 7; y
DO noC 42 de 22. 2. 1990, p. 7.
(2)D OnoC 304 de 4. 12. 1989, p. 39; y
DO noC 115 de 26. 4. 1993.
(3)D OnoC 298 de 27. 11. 1989, p. 6.
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cuando ésta no esté exigida en la Directiva, mediante otros mecanismos
que garanticen un resultado equivalente;
Considerando que, para garantizar la igualdad de las condiciones de
competencia, es necesario que las empresas de inversión que no seanentidades de crédito gocen de la misma libertad para crear sucursales yprestar servicios a escala transfronteriza que la que se contempla en lasegunda Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de1989, para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias yadministrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades decrédito y a su ejercicio(
1);
Considerando que una empresa de inversión sólo podrá prevalerse de la
presente Directiva para efectuar operaciones de cambio al contado o aplazo fijo cuando se trate de servicios de inversión vinculados a laprestación de servicios; que, por consiguiente, utilizar una sucursalúnicamente para efectuar operaciones de cambio constituiría una desvia-ción del mecanismo de la Directiva;
Considerando que toda empresa de inversión autorizada en su Estado
miembro de origen podrá realizar sus actividades en el conjunto de laComunidad por los medios que estime adecuados; que, a tal efecto y silo considera necesario, puede recurrir a agentes de la empresa deinversión que reciban y transmitan órdenes por cuenta propia y por sucuenta y bajo su responsabilidad total e incondicional; que, en estascondiciones, la actividad de dichos agentes debería considerarse acti-vidad de la empresa; que por lo demás, la presente Directiva no seopone a que el Estado miembro de origen subordine el estatuto dedichos agentes a unas determinadas exigencias; que, en caso de que laempresa de inversión ejerza una actividad transfronteriza, el Estadomiembro de acogida tratará a dichos agentes como si fueran la propiaempresa; que, además, la presente Directiva no afecta a la venta devalores negociables a domicilio o ambulante, cuya regulación dependede disposiciones nacionales;
Considerando que por valores negociables se entienden las categorías de
valores habitualmente negociados en el mercado de capitales, porejemplo, deuda del Estado, acciones, valores que den derecho a adquiriracciones mediante suscripción o canje, recibos de depósito, obligacionesemitidas en serie, certificados de opción de compra con índice y lostítulos que den derecho a adquirir tales obligaciones mediante suscrip-ción;
Considerando que por instrumentos del mercado monetario se entienden
las categorías de instrumentos habitualmente negociados en el mercadomonetario, como, por ejemplo, los bonos del tesoro, los certificados dedepósito y los bonos de tesorería;
Considerando que las definiciones, muy amplias, de valores negociables
y de instrumentos del mercado monetario que figuran en la presenteDirectiva sólo serán válidas para la presente Directiva que, por consi-guiente no afectará en absoluto a las distintas definiciones de instru-mentos financieros adoptadas en las legislaciones nacionales con otrosfines y, en particular, con fines fiscales; que por lo demás, la definiciónde valores negociables se refiere únicamente a los instrumentos nego-ciables y, por consiguiente, no están incluidos en dicha definición lasacciones o los valores asimilables a acciones, emitidos por organismostales como las «Building societies» o las «Industrial and Providentsocieties» cuya propiedad, de hecho, solamente puede transferirsemediante su recompra por parte del organismo emisor;
Considerando que por instrumentos equivalentes a un contrato finan-
ciero a plazo se deben entender los contratos que son objeto de un pagoen efectivo calculado con referencia a las fluctuaciones de alguno de lossiguientes elementos: los tipos de interés o de cambio, el valor de
(1)D OnoL 386 de 30. 12. 1989, p. 1; Directiva modificada por última vez
por la Directiva 92/30/CEE (DO noL 110 de 28. 4. 1992, p. 52).
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cualquiera de los instrumentos enumerados en la sección B del Anexo,un índice relativo a alguna de esos instrumentos;
Considerando que a efectos de la presente Directiva, la actividad de
recepción y transmisión de órdenes incluye también la actividad deponer en contacto a dos o más inversores, permitiendo con ello larealización de operaciones entre esos inversores;
Considerando que ninguna de las disposiciones de la presente Directiva
afectará a las disposiciones comunitarias o, en su defecto, nacionalesque regulan la oferta pública de los instrumentos contemplados en lapresente Directiva; que lo mismo se aplica a la comercialización y ladistribución de estos instrumentos;
Considerando que los Estados miembros siguen siendo plenamente
responsables de la ejecución de las medidas de su política monetaria, sinperjuicio de las medidas necesarias para fortalecer el Sistema MonetarioEuropeo;
Considerando que procede excluir a las compañías de seguros, cuyas
actividades están sometidas a un control adecuado por parte de autori-dades competentes en materia de control prudencial y están coordinadasa escala comunitaria, así como a las empresas que ejercen actividadesde reaseguro y de retrocesión;
Considerando que no deben estar reguladas en la presente Directiva las
empresas que no prestan servicios a terceros, cuya activida consista enprestar servicios de inversión únicamente a su empresa matriz, a susfiliales o a otra filial de su empresa matriz;
Considerando que la presente Directiva pretende abarcar las empresas
cuya actividad habitual consista en prestar a terceros servicios de inver-sión con carácter profesional y que, por tanto, conviene excluir de suámbito de aplicación a toda persona cuya actividad profesional sea otra(por ejemplo, abogados, notarios) y que preste servicios de inversiónúnicamente con carácter accesorio en el marco de su actividad profe-sional, siempre que dicha actividad esté regulada por una normativa queno excluya la prestación de servicios de inversión con carácter acce-sorio; que, por idénticos motivos, también conviene excluir del ámbitode aplicación a las personas que sólo prestan servicios de inversión aproductores o usuarios de materias primas y en la medida necesaria pararealizar las transacciones sobre estos productos cuando dichas transac-ciones constituyan su actividad principal;
Considerando que las empresas cuyos servicios de inversión consistan
exclusivamente en la gestión de un sistema de participación de trabaja-dores y que, como tales, no presten servicios de inversión a terceros, nodeben estar reguladas por las disposiciones de la presente Directiva;
Considerando que se debe excluir del ámbito de aplicación de la Direc-
tiva a los bancos centrales y demás organismos que se dediquen alejercicio de funciones similares así como a los organismos públicos quese encarguen o intervengan en la gestión de la deuda pública —concepto que engloba la colocación de la misma; que, en particular, noestán cubiertos por dicha exclusión los organismos con capitalespúblicos cuya misión sea comercial o esté relacionada con adquisicionesde participación;
Considerando que se debe excluir del ámbito de aplicación de la
presente Directiva a las empresas o personas cuya actividad se limite arecibir y transmitir órdenes a determinadas contrapartes, sin entrar enposesión de fondos o títulos pertenecientes a sus clientes; que, porconsiguiente, no se beneficiarán de la libertad de establecimiento ni dela libertad de prestación de servicios en las condiciones previstas por lapresente Directiva y, por tanto, estarán reguladas, cuando deseen ejerceren otro Estado miembro, por las disposiciones pertinentes adoptadas pordicho Estado;
Considerando que se debe excluir del ámbito de aplicación de la
presente Directiva a los organismos de inversión colectiva, estén o nocoordinados a escala comunitaria, así como a los depositarios y gerentesde tales organismos, ya que están sujetos a una normativa específicadirectamente adaptada a sus actividades;
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Considerando que, si las asociaciones creadas por los fondos de
pensiones de un Estado miembro para posibilitar la gestión de susactivos se limitan a dicha gestión sin prestar servicios de inversión aterceros y si los fondos de pensión están a su vez sometidos al controlde las autoridades encargadas de la supervisión de las compañías deseguros, no parece necesario someter a dichas asociaciones a las condi-ciones de acceso y de ejercicio establecidas en la presente Directiva;
Considerando que no es conveniente aplicar la presente Directiva a los
«agenti di cambio» tal como se definen en la legislación italiana, ya quepertenecen a una categoría para la que no hay prevista una nuevaautorización puesto que su actividad se limita al territorio nacional y nopresenta riesgos de distorsión de competencia;
Considerando que los derechos otorgados a las empresas de inversión
en la presente Directiva no serán obstáculo para el derecho de losEstados miembros, de los bancos centrales y de los otros organismosnacionales que tengan una misión similar en los Estados miembros, deescoger a sus contrapartes sobre la base de criterios objetivos y nodiscriminatorios;
Considerando que la responsabilidad de supervisar la solvencia finan-
ciera de una empresa de inversión recaerá sobre las autoridades compe-tentes de su Estado miembro de origen, en aplicación de la Directiva93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación delcapital de las empresas de inversión y los entidades de crédito(
1), que
coordina las normas aplicables en el ámbito del riesgo de mercado;
Considerando que, por regla general, los Estados miembros de origen
podrán dictar normas más rigurosas que las establecidas en la presenteDirectiva, en particular, en lo que respecta a las condiciones de autori-zación, las exigencias prudenciales y las normas de declaración y trans-parencia;
Considerando que el ejercicio de las actividades no contempladas en la
presente Directiva está regulado por las disposiciones generales delTratado relativas al derecho de establecimiento y a la libre prestación deservicios;
Considerando que conviene velar por la protección de los derechos de
propiedad y otros derechos de carácter análogo del inversor sobre susvalores, así como sus derechos sobre los fondos confiados a la empresa,mediante una distinción respecto de los fondos de la empresa; que, noobstante, dicho principio no será obstáculo para que la empresa actúe ennombre propio en interés del inversor, cuando así lo exija el tipo mismode operación y el inversor consienta en ello, como en el caso delpréstamo de valores;
Considerando que los procedimientos vigentes en materia de autoriza-
ción de sucursales de empresas de inversión autorizadas en paísesterceros continuarán aplicándose a las mismas; que dichas sucursales nose beneficiarán de la libre prestación de servicios en virtud de lodispuesto en el párrafo segundo del artículo 59 del Tratado, ni de lalibertad de establecimiento en Estados miembros distintos de aquél enque se hallen establecidas; que, no obstante, las solicitudes de autoriza-ción de filiales o de adquisición de participaciones por empresas que serijan por el Derecho de terceros países están sujetas a un procedimientocuyo propósito es garantizar que se conceda reciprocidad de trato a lasempresas de inversión de la Comunidad en los países terceros de que setrate;
Considerando que las autorizaciones concedidas por las autoridades
nacionales competentes a las empresas de inversión, de conformidadcon las disposiciones de la presente Directiva, no serán ya simplementede alcance nacional sino comunitario; que las cláusulas de reciprocidadexistentes quedarán, en lo sucesivo, sin efecto; que, en consecuencia, esnecesario un procedimiento flexible que permita evaluar la reciprocidadsobre una base comunitaria; que el objetivo de dicho procedimiento noes cerrar los mercados financieros de la Comunidad sino, por el
(1) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.
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contrario, dado que el propósito de la Comunidad es mantener sus
mercados financieros abiertos al resto del mundo, ampliar la liberaliza-ción del conjunto de los mercados financieros en países terceros; que,para ello, la presente Directiva establece procedimientos de negociacióncon países terceros y, en última instancia, la posibilidad de adoptarmedidas consistentes en la suspensión de nuevas solicitudes de autoriza-ción o en la limitación de nuevas autorizaciones;
Considerando que uno de los objetivos de la presente Directiva es
garantizar la protección de los inversores; que, a tal efecto, resultaconveniente tener en cuenta las distintas necesidades de protección delas diversas categorías de inversores y de su grado de especializaciónprofesional;
Considerando que los Estados miembros deben velar por que no exista
ningún obstáculo para que las actividades que se benefician del recono-cimiento mutuo puedan ser ejercidas del mismo modo que en el Estadomiembro de origen, siempre que no estén en contradicción con lasdisposiciones legales de protección del interés general vigentes en elEstado miembro de acogida;
Considerando que ningún Estado miembro podrá limitar el derecho de
los inversores residentes habitualmente o establecidos en dicho Estadomiembro a que les sea prestado cualquier servicio de inversión por partede una empresa de inversión objeto de la presente Directiva situadafuera del mencionado Estado miembro y que actúe fuera de este último;
Considerando que, en determinados Estados miembros, la función de
compensación y liquidación puede ser efectuada por organismosdistintos de los mercados en los que se realizan las operaciones y que,por consiguiente, cada vez que en la presente Directiva se mencionen enel acceso a los mercados regulados o la condición de miembro de losmismos, se entenderá que ambos conceptos incluyen el acceso a losorganismos que efectúen las funciones de compensación y liquidaciónpara los mercados regulados, así como la condición de miembro dedichos organismos;
Considerando que cada Estado miembro debe velar por que se reserve
un trato no discriminatorio en su territorio a todas las empresas deinversión que hayan sido autorizadas en un Estado miembro, así como atodos los instrumentos financieros que se coticen en un mercado regu-lado de un Estado miembro; que con arreglo a lo antedicho todas lasempresas de inversión deben gozar de las mismas posibilidades de sermiembros de los mercados regulados o de tener acceso a los mismos yque, por consiguiente, cualesquiera que sean los modos de organizaciónde las operaciones existentes en los Estados miembros, procedesuprimir, de acuerdo con las condiciones fijadas en la presente Directivalas limitaciones técnicas y jurídicas al acceso a los mercados regulados,en el marco de las disposiciones de la presente Directiva;
Considerando que determinados Estados miembros autorizan a las enti-
dades de crédito a ser miembros de sus mercados regulados únicamentede forma indirecta, mediante la creación de una filial especializada; quela posibilidad que ofrece la presente Directiva a las entidades de créditode poder convertirse en miembros de un mercado regulado directa-mente, sin tener que crear una filial especializada, constituye para esosEstados miembros una reforma importante, cuyas consecuenciasmerecen una revisión a la vista de la evolución de los mercados finan-cieros; que, habida cuenta de estos elementos, el informe que presentarála Comisión al Consejo a este respecto, a más tardar el 31 de diciembrede 1998, deberá tener en cuenta todos los factores que permitan a esteúltimo volver a valorar las consecuencias para esos Estados miembrosy, en especial, el riesgo de que surjan conflictos de intereses y el gradode protección del inversor;
Considerando que es de la mayor importancia que la armonización de
los sistemas de indemnización sea aplicable en la misma fecha que lapresente Directiva; que, por otra parte, hasta la fecha en que seaaplicable una Directiva que armonice los sistemas de indemnización, losEstados miembros de acogida conservan la facultad de imponer laaplicación de su sistema de indemnización también a las empresas deinversión, incluidas las entidades de crédito, autorizadas por los demásEstados miembros cuando el Estado miembro de origen carezca de
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sistema de indemnización o éste no ofrezca un nivel de protección
equivalente;
Considerando que la estructura de los mercados regulados debe seguir
siendo competencia del Derecho nacional, sin que por ello pueda consti-tuir un obstáculo para la liberalización del acceso a los mercadosregulados de los Estados miembros de acogida para las empresas deinversión autorizadas a prestar los servicios de que se trate en su Estadomiembro de origen; que, en aplicación de este principio, el derecho dela República Federal de Alemania y el de los Países Bajos regulanrespectivamente la actividad de «Kursmakler» y de «hoekman» paraimpedirles ejercitar sus funciones en paralelo con otras funciones; que,por consiguiente, conviene dejar constancia de que ni «Kursmakler» ni«hoekman» están en condiciones de prestar sus servicios en losrestantes Estados miembros; que nadie, sea cual fuese su Estadomiembro de origen, podría pretender actuar como «Kursmakler» o«hoekman» sin que se le impusieran las mismas normas relativas aincompatibilidad que las resultantes del estatuto de «Kursmakler» o de«hoekman»;
Considerando que la presente Directiva no debe obstaculizar las disposi-
ciones de la Directiva 79/279/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1979,sobre la coordinación de las condiciones de admisión de valores mobi-liarios a cotización oficial en una bolsa de valores(
1);
Considerando que la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema
financiero y la protección del inversor implican, para el Estado miembrode acogida, el derecho y la responsabilidad de prevenir y sancionaraquellas actuaciones de la empresa de inversión en su territorio que seancontrarias a las normas de conduct a y a las demás disposiciones legales
y reglamentarias que haya adoptado por razones de interés general, y deactuar en casos de emergencia; considerando además que las autori-dades competentes del Estado miembro de acogida, en el ejercicio desus responsabilidades, deben poder contar con la mayor cooperaciónposible por parte de las autoridades competentes del Estado miembro deorigen, sobre todo para la actividad ejercida en régimen de libre presta-ción de servicios; que las autoridades competentes del Estado miembrode origen tienen derecho a ser informadas por las autoridades compe-tentes del Estado miembro de acogida de las medidas que incluyansanciones a una empresa o restricciones a las actividades de unaempresa y que hayan sido adoptadas por dichas autoridades conrespecto a las empresas de inversión por ellas autorizadas, con objeto decumplir eficazmente su misión en el ámbito de la supervisión pruden-cial; que para ello, conviene garantizar la cooperación entre las autori-dades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida;
Considerando que, con el doble objetivo de proteger a los inversores y
garantizar un funcionamiento correcto de los mercados de valores,conviene garantizar la transparencia de las operaciones y la aplicaciónde las normas previstas al efecto en la presente Directiva para losmercados regulados, tanto a las empresas de inversión como a lasentidades de crédito cuando actúen en el mercado;
Considerando que el examen de los problemas que se plantean en los
asuntos contemplados en las directivas del Consejo relativas a losservicios de inversión y a los valores mobiliarios, tanto en la aplicaciónde las medidas existentes como en la perspectiva de una mejor coordi-nación, exige la cooperación de las autoridades competentes y de laComisión en el seno de un comité; que la creación de dicho comité noobsta para que existan otras formas de cooperación entre autoridades decontrol en este ámbito;
Considerando que puede ser necesario introducir periódicamente modi-
ficaciones técnicas en las normas detalladas contenidas en la presenteDirectiva para adaptarlas a la evolución del sector de servicios deinversión; que, en consecuencia, la Comisión deberá efectuar cuantas
(1)D OnoL 66 de 16. 3. 1979, p. 21; Directiva modificada por última vez
por el Acta de adhesión de España y de Portugal.
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modificaciones sean necesarias, previa presentación de las mismas al
Comité que se creará en el ámbito de los mercados de valores,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
TÍTULO I
Definiciones y ámbito de aplicación
Artículo 1
A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
1)servicios de inversión: cualquiera de los servicios que se indican en
la sección A del Anexo en relación con cualquiera de los instru-mentos que se especifican en la sección B del Anexo, prestados aterceros;
2)empresa de inversión: toda persona jurídica cuya profesión o acti-
vidad habituales consisten en prestar cualquier servicio de inversiónde carácter profesional a terceros.
A efectos de la presente Directiva, los Estados miembros podrán
incluir en el concepto de empresa de inversión a las empresas queno sean personas jurídicas, si:
— su régimen jurídico garantiza a los intereses de los terceros un
nivel de protección equivalente al que ofrecen las personasjurídicas, y
— son objeto de una supervisión prudencial equivalente y adap-
tada a sus estructuras jurídicas.
No obstante, cuando dichas personas físicas presten servicios rela-
cionados con la tenencia de fondos o valores negociables deterceros, sólo podrán considerarse empresas de inversión conarreglo a la presente Directiva si, sin perjuicio de las restantesexigencias de la presente Directiva y de la Directiva 93/6/CEE,
— que los derechos de propiedad de terceros sobre sus fondos y
valores negociables esten protegidos, en particular en caso deinsolvencia de la empresa o de sus propietarios, embargo,compensación o cualquier otra acción emprendida por acree-dores de la empresa o de sus propietarios;
— que la empresa de inversión esté sujeta a normas que tengan por
objeto supervisar su solvencia y la de sus propietarios;
— que las cuentas anuales de la empresa de inversión estén contro-
ladas por una o varias personas facultadas para auditar cuentascon arreglo a la legislación nacional;
— cuando una empresa tenga un solo propietario, que éste adopte
medidas para la protección de los inversores en caso de cese delas actividades de la empresa por causa de fallecimiento, inca-pacidad o circunstancias similares.
Antes del 31 de diciembre de 1997, la Comisión informará de la
aplicación de los párrafos segundo y tercero del presente puntoy, en su caso, propondrá su modificación o supresión.
Cuando una persona ejerza una de las actividades contempladas
en la letra a) del punto 1 de la sección A del Anexo de lapresente Directiva y dicha actividad se ejerza únicamente porcuenta y bajo la responsabilidad plena e incondicional de unaempresa de inversión, esta actividad se considerará actividad dela propia empresa de inversión y no de esa persona;
3)entidad de crédito: las entidades de crédito según la definición del
primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE (
1),
excluidas las entidades a que se refiere el apartado 2 del artículo 2de dicha Directiva;
(1)D OnoL 322 de 17. 12. 1977, p. 30; Directiva modificada por última vez
por la Directiva 89/646/CEE (DO noL 386 de 30. 12. 1989, p. 1.)
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4)valores negociables:
— las acciones y otros valores asimilables a acciones,
— las obligaciones y otros títulos de crédito negociables en el
mercado de capitales, y
— cualesquiera otros valores habitualmente negociados que
permitan adquirir esos valores por suscripción o canje, o denlugar a un pago en metálico.
Con exclusión de los instrumentos de pago.
5)instrumentos del mercado monetario: las categorías de instru-
mentos habitualmente negociadas en el mercado monetario;
6)Estado miembro de origen:
a) cuando la empresa de inversión sea una persona física, el Estado
miembro en el que dicha persona tenga su administracióncentral;
b) cuando la empresa de inversión sea una persona jurídica, el
Estado miembro en donde tenga su domicilio social o, en casode que de conformidad con su Derecho nacional no lo tuviere, elEstado miembro en el que tenga su administración central;
c) cuando se trate de un mercado, el Estado miembro en donde
esté el domicilio social del organismo que realice las negocia-ciones o, en caso de que de conformidad con su derechonacional no lo tuviere, el Estado miembro donde esté la admi-nistración central de dicho organismo.
7)Estado miembro de acogida: el Estado miembro en el cual una
empresa de inversión tenga una sucursal o preste servicios;
8)sucursal: un establecimiento que constituya una parte sin persona-
lidad jurídica de una empresa de inversión y que preste servicios deinversión para cuyo ejercicio la empresa de inversión haya recibidola oportuna autorización; todos los establecimientos creados en unmismo Estado miembro por una empresa de inversión que tenga sudomicilio social en otro Estado miembro se considerarán como unasola sucursal;
9)autoridades competentes: las autoridades que cada Estado miembro
designe en virtud del artículo 22;
10)participación significativa: la participación, directa o indirecta, en
una empresa de inversiones que represente al menos el 10 % delcapital o de los derechos de voto o que permita el ejercicio de unainfluencia notable en la gestión de la empresa en la que se posea laparticipación.
A efectos de la aplicación de la anterior definición, en el contexto
de los artículos 4y9yd el o s otros niveles de participación
contemplados en el artículo 9 se tomarán en consideración losderechos de voto mencionados en el artículo 7 de la Directiva88/627/CEE (
1);
11)empresa matriz: una empresa matriz según la definición de los
artículos 1y2d el a Directiva 83/349/CEE (2);
12)filial:una empresa filial según la definición de los artículos 1 y 2
de la Directiva 83/349/CEE; toda filial de una empresa filial seconsiderará también filial de la empresa matriz que estuviere a lacabeza de esas empresas;
13)mercado regulado: el mercado de instrumentos financieros contem-
plados en la sección B del Anexo,
— incluido en la lista contemplada en el artículo 16 por el Estado
miembro que sea el Estado miembro de origen a efectos de laletra c) del punto 6 del artículo 1;
(1)D OnoL 348 de 17. 12. 1988, p. 62.
(2)D OnoL 193 de 18. 7. 1983, p. 1; Directiva modificada por última vez
por la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16. 11. 1990, p. 60).
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— de funcionamiento regular;
— caracterizado por el hecho de que las disposiciones establecidas
o aprobadas por las autoridades competentes definen las condi-ciones de funcionamiento del mercado y de accesos al mercado,así como, cuando sea de aplicación la Directiva 79/279/CEE,las condiciones de admisión a la negociación fijadas por dichaDirectiva, y cuando ésta no es aplicable, las que debe cumplirun instrumento financiero para poder ser efectivamente nego-ciado en el mercado;
— que imponga el cumplimiento de todas las obligaciones de
declaración y de transparencia establecidas con arreglo a losartículos 20 y 21;
14)control:lo definido como control en el artículo 1 de la Directiva
83/349/CEE;
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M1
15)vínculos estrechos se entenderá todo conjunto de dos o más
personas físicas o jurídicas unidas mediante:
a) una participación, es decir, el hecho de poseer, de manera
directa o mediante un vínculo de control, el 20 % o más de losderechos de voto o del capital de una empresa, o bien
b) un vínculo de control, es decir, el vínculo existente entre una
empresa matriz y una filial, en todos los casos contemplados enlos apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Directiva 83/
349/CEE (
1), o toda relación análoga entre cualquier persona
física o jurídica y una empresa; toda empresa filial de unaempresa filial se considerará también filial de la empresa matriza la cabeza de dichas empresas.
Se considerará también constitutiva de un vínculo estrecho entre
dos o varias personas físicas o jurídicas, una situación en la queéstas estén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona porun vínculo de control.
▼
B
Artículo 2
1. La presente Directiva será aplicable a todas las empresas de inver-
sión. No obstante, se aplicarán solamente el apartado 4 del presenteartículo, el apartado 2 del artículo 8, los artículos 10, 11 y párrafoprimero del artículo 12, los apartados 3 y 4 del artículo 14 y los
artículos 15, 19 y 20, a las entidades de crédito cuya autorización, conarreglo a las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE, incluya uno o másservicios de inversión de los que figuran en la sección A del Anexo dela presente Directiva.
2. La presente Directiva no se aplicará:
a) a las empresas de seguros en el sentido del artículo 1 de la Directiva
73/239/CEE (
2) o del artículo 1 de la Directiva 79/267/CEE (3)n ia
las empresas que ejerzan las actividades de reaseguro y de retroce-sión contempladas en la Directiva 64/225/CEE (
4);
b) a las empresas que presten un servicio de inversión exclusivamente a
su empresa matriz, a sus filiales o a otra filial de su empresa matriz;
c) a las personas que presten un servicio de inversión siempre que
dicha actividad se ejerza de forma accesoria en el marco de unaactividad profesional, y siempre que esta última esté regulada por
(1)D OnoL 193 de 18. 7. 1983, p. 1. Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16. 11. 1990, p. 60).
(2)D OnoL 228 de 16. 8. 1973, p. 3; Directiva modificada por última vez
por la Directiva 90/619/CEE (DO noL 330 de 29. 11. 1990, p. 50).
(3)D OnoL 63 de 13. 3. 1979, p. 1; Directiva modificada por última vez por
la Directiva 90/618/CEE (DO noL 330 de 29. 11. 1990, p. 44).
(4)D Ono56 de 4. 4. 1964, p. 878/64.
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disposiciones legales o reglamentarias o por un código deontológico
profesional y éstas no excluyen la prestación de dicho servicio;
d) a las empresas cuyos servicios de inversión consistan exclusiva-
mente en la gestión de un sistema de participación de los trabaja-dores;
e) a las empresas cuyos servicios de inversión consistan en prestar los
servicios a que se hace referencia en las anteriores letras b) y d);
f) a los bancos centrales de los Estados miembros y demás organismos
nacionales que se dediquen al ejercicio de funciones similares yotros organismos públicos encargados de la gestión de la deudapública o que intervengan en dicha gestión;
g) a las empresas:
— que no puedan tener en depósito fondos ni títulos pertenecientes
a sus clientes y que, por tal motivo, nunca puedan hallarse ensituación deudora respecto a sus clientes; y
— que puedan únicamente prestar un servicio de inversión consis-
tente en recibir y transmitir órdenes relativas a valores negocia-bles y a participaciones de organismos de inversión colectiva; y
— que, cuando presten dicho servicio, puedan transmitir órdenes
exclusivamente
i) a las empresas de inversión autorizadas de conformidad con
la presente Directiva;
ii) a entidades de crédito autorizadas de conformidad con las
Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE;
iii) a sucursales de empresas de inversión o de entidades de
crédito que hayan sido autorizadas en un país tercero y queestén sometidas a normas prudenciales que las autoridadescompetentes consideren al menos tan estrictas como las quese incluyen en la presente Directiva o en las Directivas89/646/CEE y 93/6/CEE y se ajusten a ellas;
iv) a organismos de inversión colectiva autorizados por la legis-
lación de un Estado miembro a colocar participaciones en elpúblico, así como a los gestores de tales organismos;
v) a sociedades de inversión de capital fijo, con arreglo al
apartado 4 del artículo 15 de la Directiva 77/91/CEE (
1)
cuyos valores se negocien en un mercado regulado en unEstado miembro;
— cuya actividad esté sometida a nivel nacional a una reglamenta-
c i ó noau n código deontológico;
h) a los organismos de inversión colectiva, independientemente de que
estén o no estén armonizados a nivel comunitario, así como a losdepositarios y gestores de dichos organismos;
i) a las personas cuya actividad principal consista en negociar materias
primas entre ellas mismas o bien con productores o usuarios dedichos productos con fines profesionales y que únicamente prestenservicios de inversión a dichas contrapartes y en la medida en que lorequiera su ocupación principal;
j) a las empresas cuyos servicios de inversión consistan exclusiva-
mente en negociar por cuenta propia en un mercado de instrumentosfinancieros a plazo o de opciones, o que operen por cuenta de otrosmiembros del mismo mercado o actúen como creadores de mercadofrente a éstos, y que están avaladas por una cámara de compensacióndel mismo mercado. El cumplimiento de los contratos celebrados pordichas empresas estará garantizado por una cámara de compensacióndel mismo mercado;
k) a las asociaciones creadas por fondos de pensiones daneses con el
fin exclusivo de gestionar los activos de los fondos de pensionesparticipantes;
(1)D OnoL 26 de 31. 1. 1977. Directiva modificada por última vez por el
Acta de adhesión de España y de Portugal.
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l) a los «agenti di cambio» cuyas actividades y funciones están regu-
ladas en el real decreto italiano no222 de 7 de marzo de 1925 y en
las disposiciones ulteriores que lo modifican y que han sido autori-zados a proseguir su actividad en virtud del artículo 19 de la leyitaliana n
o1 de 2 de enero de 1991.
3. A más tardar el 31 de diciembre de 1998 y posteriormente a
intervalos regulares, la Comisión elaborará un informe sobre la aplica-ción conjunta del apartado 2 y la sección A del Anexo y, si procede,propondrá modificaciones de la definición de las exclusiones y de losservicios incluidos, a la vista del funcionamiento de la presente Direc-tiva.
4. Los derechos conferidos por la presente Directiva no se harán
extensivos a la prestación de servicios como contraparte al Estado, albanco central o a los otros organismos nacionales que ejerzan funcionessimilares en el marco de las políticas del Estado miembro consideradoen los ámbitos monetario, cambiario, de deuda pública y de las reservasdel Estado miembro de que se trate.
TÍTULO II
Condiciones de acceso a la actividad
Artículo 3
1. Cada Estado miembro deberá supeditar a una autorización el
acceso a la actividad de las empresas de inversión para las que seaEstado miembro de origen. Concederán dicha autorización las autori-dades competentes de dicho Estado designadas con arreglo al artículo22. En la autorización se especificará qué servicios de inversión de loscontemplados en la sección A del Anexo podrá prestar la empresa. Laautorización también podrá abarcar uno o más de los servicios auxi-liares contemplados en la sección C. En ningún caso podrá concedersela autorización, en el sentido de la presente Directiva, para servicios quesólo figuren en la sección C del Anexo.
2. Los Estados miembros exigirán:
— a las empresas de inversión que sean personas jurídicas y que tengan
un domicilio social conforme a su Derecho nacional, que tengan suadministración central en el mismo Estado miembro en que tengansu domicilio social;
— a las demás empresas de inversión, que su administración central
esté situada en el Estado miembro que haya expedido la autoriza-ción y en el que ejerzan realmente sus actividades.
3. Sin perjuicio de otras condiciones generales establecidas por el
correspondiente Derecho nacional, las autoridades competentes sólopodrán conceder la autorización cuando:
— la empresa de inversión tenga un capital inicial suficiente, con
arreglo a lo establecido en la Directiva 93/6/CEE, en función de lascaracterísticas del servicio de inversión de que se trate;
— las personas que dirijan de hecho las operaciones de la empresa de
inversión cumplan los requisitos de honorabilidad y experiencia.
La orientación de la actividad de la empresa deberá ser determinada por,
como mínimo, dos personas que cumplan estas mismas condiciones. Noobstante, cuando exista un mecanismo adecuado que garantice un resul-tado equivalente, en particular por lo que se refiere al último guión delpárrafo tercero del punto 2 del artículo 1, las autoridades competentespodrán conceder también la autorización a empresas de inversión quesean personas físicas o, habida cuenta del carácter y del volumen de suactividad, a empresas de inversión que sean personas jurídicas y que, deconformidad con sus estatutos y leyes nacionales, estén dirigidas poruna sola persona física.
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Además, cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de inver-sión y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentesconcederán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstacu-lizan el buen ejercicio de su misión de supervisión.
Las autoridades competentes también denegarán la autorización cuando
el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado porlas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del derechode un tercer país que regulen una o varias de las personas físicas ojurídicas con las que la entidad mantenga vínculos estrechos, o porproblemas relacionados con su aplicación.
Las autoridades competentes exigirán a las empresas de inversión el
suministro de la información que requieran para garantizar el cumpli-miento permanente de las condiciones contempladas en el presenteapartado.
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B
4. Los Estados miembros impondrán además la obligación de que lassolicitudes de autorización vayan acompañadas de un plan de actuaciónen el que se especifiquen, entre otros aspectos, el tipo de operacionesque se proyecta realizar y la estructura organizativa de la empresa deinversión.
5. En los seis meses siguientes a la presentación de una solicitud
completa, deberá notificarse al solicitante si se concede o no la autoriza-ción. En el caso de que no se conceda dicha autorización, la negativadeberá ser motivada.
6. En caso de que se conceda la autorización, la empresa de inver-
sión podrá comenzar su actividad inmediatamente.
7. Las autoridades competentes sólo podrán retirar la autorización
concedida a una empresa de inversión regida por la presente Directivacuando dicha empresa:
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie
a ésta expresamente o haya dejado de prestar servicios de inversióndurante un período superior a seis meses, si en el correspondienteEstado miembro no existieren disposiciones que establezcan la cadu-cidad de la autorización en dichos supuestos;
b) haya obtenido la autorización valiéndose de declaraciones falsas o de
cualquier otro medio irregular;
c) deje de reunir las condiciones bajo las cuales se haya concedido la
autorización;
d) deje de cumplir las disposiciones de la Directiva 93/6/CEE;
e) infrinja seria y sistemáticamente las disposiciones adoptadas en
cumplimiento de los artículos 10 y 11;
f) incurra en alguno de los otros supuestos que con arreglo al corres-
pondiente Derecho nacional motiven la retirada de la autorización.
Artículo 4
Las autoridades competentes no concederán la autorización que permita
el inicio de la actividad de una empresa de inversión antes de que leshaya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, ya seandirectos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una parti-cipación cualificada en la empresa, y el importe de dicha participación.
Las autoridades competentes denegarán la autorización si, atendiendo a
la necesidad de garantizar una gestión correcta y prudente de la empresade inversión, no estuvieren convencidas de la idoneidad de dichosaccionistas o socios.
Artículo 5
Los Estados miembros no aplicarán a las sucursales de las empresas de
inversión que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad, ni en elmomento de iniciar su actividad ni posteriormente, en el desarrollo desu ejercicio, disposiciones que supongan un trato más favorable para
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dichas sucursales que para las sucursales de empresas de inversión cuyodomicilio social esté situado en un Estado miembro.
Artículo 6
Las autoridades competentes del otro Estado miembro afectado deberán
ser consultadas con anterioridad a la concesión de autorización a unaempresa de inversión cuando ésta sea:
— bien una filial de una empresa de inversión o de una entidad de
crédito autorizada en otro Estado miembro,
o
— bien una filial de la empresa matriz de una empresa de inversión o
de una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro,
o
— bien esté bajo control de las mismas personas físicas o jurídicas que
controlen una empresa de inversión o una entidad de crédito autori-zada en otro Estado miembro.
TÍTULO III
Relaciones con países terceros
Artículo 7
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán
a la Comisión:
a) de toda autorización concedida a una filial directa o indirecta, en el
caso de que una o varias de sus empresas matrices se rijan por elDerecho de un país tercero;
b) de toda adquisición, por parte de las mencionadas empresas
matrices, de participaciones en una empresa de inversión comuni-taria, de forma que hiciera de esta última su filial.
En ambos casos, la Comisión informará al Consejo, hasta tanto el
Consejo, a propuesta de la Comisión, cree un Comité en materia devalores negociables.
Cuando se conceda autorización a una filial, directa o indirecta, de una
o varias empresas matrices regidas por el Derecho de un país tercero,deberá especificarse la estructura del grupo en la notificación que lasautoridades competentes remitan a la Comisión.
2. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las dificul-
tades de carácter general que sus empresas de inversión encuentren paraestablecerse o prestar servicios de inversión en un país tercero.
3. La Comisión, por primera vez, a más tardar, seis meses antes de la
puesta en aplicación de la presente Directiva y posteriormente de formaperiódica, elaborará un informe en que se examine el trato concedido alas empresas de inversión comunitarias en países terceros, con arreglo alo dispuesto en los apartados 4 y 5, en lo que respecta al establecimientoy al ejercicio de actividades de servicios de inversión, así como a laadquisición de participaciones en empresas de inversión de paísesterceros. La Comisión presentará dichos informes al Consejo acompa-ñados, en su caso, de las propuestas que se estimen oportunas.
4. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que un país tercero noconcede a las empresas de inversión comunitarias un acceso efectivo almercado equiparable al que la Comunidad concede a las empresas deinversión de dicho país, podrá presentar al Consejo propuestas para quese le otorgue el oportuno mandato de negociación con vistas a obtenercondiciones de competencia equiparables para las empresas de inversióncomunitarias. El Consejo decidirá por mayoría cualificada.
5. Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 3 o en
otras informaciones, la Comisión comprobare que las empresas deinversión comunitarias que operan en un país tercero no gozan en éstede un trato nacional que les confiera las mismas posibilidades decompetencia de que disfrutan las empresas de inversión nacionales y
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que no se cumplen las condiciones de acceso efectivo al mercado, podrá
entablar negociaciones con vistas a remediar la situación.
En el supuesto contemplado en el párrafo primero, podrá decidirse
además, en cualquier momento y como complemento de la apertura denegociaciones, de conformidad con el procedimiento establecido en laDirectiva por la que el Consejo creará el Comité mencionado en elapartado 1, que las autoridades competentes de los Estados miembroslimiten o suspendan sus decisiones acerca de las solicitudes de autoriza-ción pendientes o futuras y acerca de la adquisición de participacionespor empresas matrices, directas o indirectas, sujetas al derecho del paísde que se trate. La duración de las medidas mencionadas no podrá sersuperior a tres meses.
Antes de que venza el plazo de tres meses, y a la vista de los resultados
de las negociaciones, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificaday a propuesta de la Comisión, si deben seguir aplicándose las citadasmedidas.
La limitación o suspensión anteriormente mencionadas no podrán apli-
carse a la creación de filiales por empresas de inversión debidamenteautorizadas en la Comunidad o por filiales de éstas, ni a la adquisiciónde participaciones en empresas de inversión comunitarias por parte dedichas empresas o de sus filiales.
6. Cuando la Comisión considere que se da alguno de los supuestos
descritos en los apartados 4 y 5, los Estados miembros, a petición de laComisión, facilitarán a ésta información sobre:
a) cualquier solicitud de autorización de una filial, directa o indirecta,
de una o varias empresas matrices que se rijan por el Derecho delpaís tercero de que se trate;
b) cualquier proyecto de adquisición de participaciones del que tengan
conocimiento con arreglo al artículo 9, por alguna de dichasempresas matrices en una empresa de inversión comunitaria deforma que esta última se convierta en su filial.
Dejará de ser obligatoria dicha información tan pronto como se celebre
un acuerdo con el país contemplado en los apartados 4 o 5, o cuando lasmedidas contempladas en los párrafos segundo y tercero del apartado 5dejen de ser de aplicación.
7. Las medidas que se adopten en virtud del presente artículo habrán
de ajustarse a las obligaciones contraídas por la Comunidad en virtud deacuerdos internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, queregulen el acceso a la actividad de las empresas de inversión y suejercicio.
TÍTULO IV
Condiciones de ejercicio
Artículo 8
1. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
impondrán la obligación de que las empresas de inversión por ellasautorizadas cumplan las condiciones a las que se refiere el apartado 3del artículo 3.
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
impondrán la obligación de que las empresas de inversión por ellasautorizadas cumplan las normas previstas en la Directiva 93/6/CEE.
3. La supervisión prudencial de una empresa de inversión correspon-
derá a las autoridades competentes del Estado miembro de origen,independientemente de que la empresa de inversión establezca o no unasucursal o preste servicios en otro Estado miembro, sin perjuicio de lasdisposiciones de la presente Directiva que establezcan la competenciade las autoridades del Estado miembro de acogida.
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Artículo 9
1. Los Estados miembros impondrán la obligación de que toda
persona que tenga intención de adquirir, directa o indirectamente, unaparticipación cualificada en una empresa de inversión informe de ellopreviamente a las autoridades competentes, indicando el volumen dedicha participación. Asimismo, deberá informar a las autoridadescompetentes toda persona que se proponga incrementar su participacióncualificada de manera tal que la proporción de derechos de voto o decapital en su poder alcance o supere los umbrales del 20 %, el 33 % o el50 %, o que la empresa de inversión se convierta en su filial.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades compe-
tentes dispondrán de un plazo máximo de tres meses, a partir de la fechade la notificación prevista en el párrafo primero, para oponerse almencionado proyecto si, atendiendo a la necesidad de garantizar unagestión prudente y saneada de la empresa de inversión, consideraren quela persona contemplada en el párrafo primero no reúne las condicionesadecuadas. Caso de no oponerse, las autoridades podrán fijar un plazomáximo para la realización de dicho proyecto.
2. Si las participaciones a que se refiere el apartado 1 fueren adqui-
ridas por una empresa de inversión autorizada en otro Estado miembro,por la empresa matriz de una empresa de inversión autorizada en otroEstado miembro o por una persona que controle una empresa de inver-sión autorizada en otro Estado miembro y si, en virtud de la adquisi-ción, la empresa en la que el adquiriente pretenda obtener una participa-ción se convirtiere en filial suya o quedare bajo su control, la evaluaciónde la adquisición estará supeditada a la consulta previa contemplada enel artículo 6.
3. Los Estados miembros impondrán la obligación de que toda
persona que pretenda ceder, directa o indirectamente, una participacióncualificada en una empresa de inversión, informe de ello previamente alas autoridades competentes, indicando el volumen de dicha participa-ción. Asimismo, deberá informar a las autoridades competentes todapersona que se proponga reducir su participación cualificada de maneratal que la proporción de derechos de voto o de capital en su poderdescienda por debajo de los umbrales del 20 %, el 33 % o el 50 %, oque la empresa de inversión deje de ser su filial.
4. Las empresas de inversión comunicarán a las autoridades compe-
tentes, en cuanto tengan conocimiento de ello, toda adquisición o cesiónde participaciones en su capital cuyo resultado sea que se supere o dejede alcanzarse alguno de los umbrales contemplados en los apartados 1 y3.
Las empresas de inversión comunicarán asimismo a las autoridades, al
menos una vez al año, la identidad de los accionistas y socios queposean participaciones cualificadas, así como el volumen de dichasparticipaciones, de acuerdo, por ejemplo, con los datos obtenidos en lajunta general anual de accionistas o socios, o con los que se obtengancomo consecuencia del cumplimiento de las normas a que están sujetaslas sociedades cuyos títulos se negocien en mercados de valores.
5. Los Estados miembros impondrán la obligación de que, cuando las
personas a que se refiere el apartado 1 utilicen su influencia de talmanera que pueda ir en detrimento de una gestión prudente y saneadade las actividades de la empresa de inversión, las autoridades compe-tentes adopten las medidas oportunas para poner fin a esta situación.Dichas medidas podrán consistir, en particular, en requerimientos,sanciones a los administradores y directivos o la suspensión del ejer-cicio de los derechos de voto correspondientes a las acciones o partici-paciones que posean los accionistas o socios de que se trate.
Se aplicarán medidas similares a las personas que incumplan la obliga-
ción de proporcionar información previa, tal como dispone el apartado1. En el caso de que se adquiera una participación a pesar de laoposición de las autoridades competentes, los Estados miembros, conindependencia de cualquier otra sanción que pueda imponerse, dispon-drán, bien la suspensión del ejercicio de los correspondientes derechos
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de voto, bien la nulidad de los votos emitidos o la posibilidad deanularlos.
Artículo 10
El Estado miembro de origen establecerá las normas prudenciales que
deberá observar, en todo momento, la empresa de inversión. Dichasnormas impondrán en particular la obligación de que la empresa deinversión:
— cuente con una buena organización administrativa y contable, meca-
nismos de control y de seguridad en el ámbito informático, así comocon procedimientos de control interno adecuados, incluido en parti-cular un régimen de operaciones personales de los asalariados de laempresa;
— tome las medidas adecuadas en lo que se refiere a los valores
pertenecientes a los inversores a fin de proteger sus derechos depropiedad, en particular en caso de insolvencia de la empresa, yevitar que la empresa de inversión utilice por cuenta propia losvalores de los inversores sin el consentimiento explícito de losmismos;
— tome las medidas adecuadas en lo que se refiere a los fondos
pertenecientes a los inversores a fin de proteger sus derechos, yevitar, salvo en el caso de las entidades de crédito, que la empresade inversión utilice por cuenta propia los fondos de los inversores;
— tome las medidas necesarias para que el registro de las operaciones
realizadas permita, como mínimo, que las autoridades del Estadomiembro de origen puedan verificar el cumplimiento de las normasprudenciales de cuya aplicación son responsables; dichos registrosdeberán conservarse durante el tiempo que determinen las autori-dades competentes;
— se estructure y organice a fin de reducir al máximo el riesgo de que
los posibles conflictos de intereses que surjan entre la empresa y susclientes, o entre los propios clientes, redunden en perjuicio de losintereses de éstos. No obstante, las modalidades de organización encaso de creación de una sucursal no podrán resultar incompatiblescon las normas de conducta establecidas por el Estado miembro deacogida en materia de conflictos de intereses.
Artículo 11
1. Los Estados miembros establecerán normas de conducta que las
empresas de inversión deberán observar en todo momento. Dichasnormas deberán imponer la ejecución, como mínimo, de los principiosque se enuncian en los guiones que figuran a continuación y, en suaplicación, deberá tenerse en cuenta el carácter profesional de lapersona a la que se preste el servicio. Los Estados miembros aplicarántambién dichas normas, cuando sea conveniente, a los servicios auxi-liares mencionados en la sección C del Anexo. Estas normas obligarán ala empresa de inversión:
— a operar, en el ejercicio de su actividad, leal y equitativamente,
defendiendo al máximo los intereses de sus clientes y la integridaddel mercado;
— a proceder con la competencia, el esmero y la diligencia debidos,
defendiendo al máximo los intereses de sus clientes y la integridaddel mercado;
— a poseer y utilizar con eficacia los recursos y los procedimientos
necesarios para llevar a buen término su actividad;
— a informarse de la situación financiera de sus clientes, su expe-
riencia en materia de inversiones y sus objetivos en lo que se refierea los servicios solicitados;
— a transmitir de forma adecuada la información que proceda en el
marco de las negociaciones con sus clientes;
— a esforzarse por evitar los conflictos de intereses y, cuando éstos no
puedan evitarse, a velar por que sus clientes reciban un trato equita-tivo;
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— a ajustarse a todas las normativas aplicables al ejercicio de sus
actividades de forma que se fomenten al máximo los intereses desus clientes y la integridad del mercado.
2. Sin perjuicio de las decisiones que se adopten en el marco de una
armonización de las normas de conducta, la puesta en práctica y elcontrol del cumplimiento de las mismas seguirán siendo competenciadel Estado miembro en el que se preste el servicio.
3. Cuando una empresa de inversión ejecute una orden, el criterio del
carácter profesional del inversor, para la aplicación de las normascontempladas en el apartado 1, se apreciará con respecto al inversor queoriginó la orden con independencia de que la orden sea transmitidadirectamente por el propio inversor o indirectamente a través de unaempresa de inversión que ofrezca el servicio contemplado en la letra a)del punto 1 de la sección A del Anexo.
Artículo 12
La empresa deberá indicar a los inversores, antes de entablar con ellos
relaciones de negocios, qué fondo de garantía o qué protección equiva-lente será aplicable, en lo que se refiere a la operación o las operacionesque se contemplen, la cobertura garantizada por uno u otro sistema, obien que no existe fondo ni indemnización de ningún tipo.
El Consejo toma nota de que la Comisión indica que le presentará
propuestas sobre la armonización de los sistemas de indemnizaciónrelativos a las operaciones de las empresas de inversión, a más tardar el31 de julio de 1993. El Consejo se pronunciará en el más breve plazo,siendo el objetivo perseguido que los sistemas objeto de dichaspropuestas sean aplicables en la fecha de puesta en aplicación de lapresente Directiva.
Artículo 13
Las disposiciones de la presente Directiva no impedirán que las
empresas de inversión autorizadas en otro Estado miembro hagan publi-cidad de sus servicios por todos los medios de comunicación disponi-bles en el Estado miembro de acogida, siempre que respeten las normasreguladoras de la forma y el contenido de dicha publicidad que hayansido adoptadas por razones de interés general.
TÍTULO V
Libertades de establecimiento y de prestación de servicios
Artículo 14
1. Los Estados miembros velarán por que puedan prestarse en su
territorio, de conformidad con las disposiciones de los artículos 17, 18 y19, los servicios de inversión y los demás servicios enumerados en lasección C del Anexo, tanto por medio del establecimiento de unasucursal como mediante la prestación de servicios, y ello por cualquierempresa de inversión autorizada y supervisada por las autoridadescompetentes de otro Estado miembro con arreglo a las disposiciones dela presente Directiva, siempre que la autorización abarque dichos servi-cios.
La presente Directiva no afectará a las competencias de los Estados
miembros de acogida por lo que respecta a las participaciones enorganismos de inversión colectiva que no entren en el ámbito de aplica-ción de la Directiva 85/611/CEE (
1).
2. 2. Los Estados miembros no podrán condicionar el estableci-
miento de sucursales o la prestación de servicios a que se refiere al
(1)D OnoL 375 de 31. 12. 1985, p. 3; Directiva modificada por última vez
por la Directiva 88/220/CEE (DO noL 100 de 19. 4. 1988, p. 31).
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apartado 1 a la obligación de obtener autorización, ni a la de aportar un
fondo de dotación, o a cualquier otra medida de efecto equivalente.
3. Un Estado miembro podrá exigir que las operaciones relativas a
los servicios contemplados en el apartado 1 se efectúen en un mercadoregulado, cuando respondan al conjunto de los criterios siguientes:
— que el inversor resida habitualmente o esté establecido en dicho
Estado miembro;
— que la empresa de inversión efectúe la operación bien a través de un
establecimiento principal o de una sucursal situados en dicho Estadomiembro, bien en el marco de la libre prestación de servicios endicho Estado miembro;
— que la operación se refiera a un instrumento negociado en un
mercado regulado de dicho Estado miembro.
4. Cuando un Estado miembro aplique el anterior apartado 3 deberá
otorgar a los inversores residentes habitualmente o establecidos endicho Estado miembro el derecho de no observar la obligación impuestaen virtud del apartado 3 y de hacer efectuar las transacciones a que serefiere el apartado 3 fuera de los mercados regulados. Los Estadosmiembros podrán supeditar el ejercicio de dicho derecho a una autoriza-ción explícita, habida cuenta de las distintas necesidades de los inver-sores en materia de protección y, en particular, de la capacidad de losinversores profesionales e institucionales de actuar lo mejor posible enfavor de sus intereses. En cualquier caso, dicha autorización deberápoder concederse en unas condiciones que no impidan la rápida ejecu-ción de las órdenes del inversor.
5. La Comisión presentará un informe sobre el funcionamiento de las
disposiciones que figuran en los apartados 3y4am á s tardar el 31 de
diciembre de 1998 y, si lo considera pertinente, propondrá las modifica-ciones que deben introducirse en ellas.
Artículo 15
1. Sin perjuicio del ejercicio de las libertades de establecimiento y de
prestación de servicios contempladas en el artículo 14, los Estadosmiembros de acogida velarán por que las empresas de inversión autori-zadas por las autoridades competentes de su Estado miembro de origena prestar los servicios mencionados en los puntos 1 b) y 2 de la secciónA del Anexo puedan tener acceso o hacerse miembros, directa o indirec-tamente, de los mercados regulados de los Estados miembros deacogida, siempre que los servicios prestados sean similares, y,asimismo, velarán por que puedan tener acceso o hacerse miembros delos sistemas de compensación y liquidación allí existentes para uso delos miembros de los mercados regulados.
Los Estados miembros derogarán cualesquiera reglamentos o leyes
nacionales o estatutos de mercados regulados que limiten el número depersonas admitidas. Cuando, debido a su estructura jurídica o su capa-cidad técnica, el acceso a un mercado regulado sea limitado, los Estadosmiembros velarán por que dicha estructura y dicha capacidad vayanadaptándose de forma regular.
2. La condición de miembro de un mercado regulado o el acceso al
mismo implica el cumplimiento de las exigencias de adecuación delcapital por parte de las empresas de inversión y el control de dichocumplimiento por parte del Estado miembro de origen, de conformidadcon la Directiva 93/6/CEE.
Los Estados miembros de acogida sólo estarán facultados para imponer
requisitos adicionales en materia de capital en los ámbitos no cubiertospor dicha Directiva.
El acceso a un mercado regulado, la admisión como miembro y el
mantenimiento de ambas prerrogativas estarán supeditados al cumpli-miento de las normas de dicho mercado regulado en lo que respecta a laconstitución y administración del mercado regulado y al cumplimientode las normas relativas a las operaciones de dicho mercado, las normasprofesionales impuestas al personal que trabaja en ese mercado o enconexión con él y las normas y procedimientos de los sistemas decompensación y liquidación. Las normas de desarrollo de dichas normas
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y procedimientos podrán adaptarse de modo adecuado, especialmentepara garantizar el cumplimiento de las obligaciones que de ellos sederivan, aunque velando por que se respete lo dispuesto en el artículo28.
3. Con objeto de cumplir con la obligación establecida en el apartado
1, los Estados miembros de acogida deberán dar a las empresas deinversión contempladas en dicho apartado la opción de hacerse miem-bros de sus mercados regulados o de tener acceso a ellos:
— bien directamente, mediante la creación de una sucursal en el Estado
miembro de acogida, o
— bien de forma indirecta, mediante la creación de una filial en el
Estado miembro de acogida o la adquisición de alguna empresaexistente en el Estado de acogida que ya sea miembro o que tengaacceso a dichos mercados.
No obstante, los Estados miembros que apliquen, en el momento de la
adopción de la presente Directiva, una legislación que sólo autorice alas entidades de crédito a ser miembros de un mercado regulado o aacceder al mismo por mediación de una filial especializada, podránseguir aplicando hasta el 31 de diciembre de 1996 esta misma obliga-ción de manera no discriminatoria a las entidades de crédito originariasde otros Estados miembros para el acceso a dicho mercado regulado.
El Reino de España, la República Helénica y la República Portuguesa
podrán prolongar este período hasta el 31 de diciembre de 1999. Un añoantes de dicha fecha, la Comisión elaborará un informe teniendo encuenta la experiencia adquirida en la aplicación del presente artículo y,si procede, presentará una propuesta. El Consejo, pronunciándose pormayoría cualificada sobre dicha propuesta, podrá decidir la revisión deeste régimen.
4. Salvo lo dispuesto en los apartados 1 ,2y3cuando, para operar en
un mercado regulado del Estado miembro de acogida, no se exija comorequisito la presencia física, las empresas de inversión a que se refiere elapartado 1 podrán adquirir la calidad de miembros o acceder en lasmismas condiciones, sin tener un establecimiento en el Estado miembrode acogida. Para permitir que sus empresas de inversión sean miembroso admitidas en un mercado regulado de un Estado miembro de acogidacon areglo al presente apartado, los Estados miembros de origen permi-tirán a los mercados regulados del Estado miembro de acogida esta-blecer en aquellos las instalaciones apropiadas.
5. Las disposiciones del presente artículo no afectarán a la facultad
de los Estados miembros de autorizar o prohibir la creación de nuevosmercados en su territorio.
6. El presente artículo no afectará:
— en la República Federal de Alemania, a la normativa que regula la
actividad de «Kursmakler»;
— en los Países Bajos, la normativa que regula la actividad de
«hoekman».
Artículo 16
A efectos del reconocimiento mutuo y de la aplicación de la presente
Directiva, cada Estado miembro elaborará la lista de mercados regu-lados de acuerdo con su legislación respecto a los cuales sea Estado deorigen y comunicará dicha lista, a efectos de información, a los demásEstados miembros y a la Comisión, así como las normas de organiza-ción y de funcionamiento de dichos mercados regulados. Se comunicaráde la misma forma toda modificación de la lista o de las normasanteriormente mencionadas. Al menos una vez al año, la Comisiónpublicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas las listas
de los mercados regulados y sus actualizaciones.
Antes del 31 de diciembre de 1996, la Comisión hará un informe sobre
los datos así recibidos y, en su caso, propondrá modificaciones de ladefinición de mercado regulado a efectos de la presente Directiva.
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Artículo 17
1. Además de cumplir las condiciones que se establecen en el artí-
culo 3, toda empresa de inversión que desee establecer una sucursal enel territorio de otro Estado miembro deberá notificarlo a las autoridadescompetentes del Estado miembro de origen.
2. Los Estados miembros exigirán que toda empresa de inversión que
desee establecer una sucursal en otro Estado miembro adjunte a lanotificación a que se refiere el apartado 1 los siguientes datos:
a) el Estado miembro en cuyo territorio se proponga establecer la
sucursal;
b) un plan de actuación en el que se determinen, entre otros aspectos, el
tipo de actividad que se desee ejercer y la estructura organizativa dela sucursal;
c) la dirección en el Estado miembro de acogida en la que se le puedan
solicitar documentos;
d) los nombres de los directivos de la sucursal.
3. Salvo que tengan razones para dudar de la idoneidad de la estruc-
tura administrativa o de la situación financiera de la empresa de inver-sión, habida cuenta de las actividades que ésta se proponga ejercer, lasautoridades competentes del Estado miembro de origen transmitirán alas autoridades competentes del Estado miembro de acogida la informa-ción contemplada en el apartado 2, en un plazo de tres meses a partir dela recepción del total de dicha información, e informarán de ello a laempresa de inversión de que se trate.
Además, comunicarán datos pormenorizados sobre cualquier sistema de
garantía cuyo objeto sea asegurar la protección de los inversores de lasucursal.
En el caso de que las autoridades competentes del Estado miembro de
origen se nieguen a transmitir a las autoridades competentes del Estadomiembro de acogida la información contemplada en el apartado 2,comunicarán las razones de la negativa a la empresa de inversión de quese trate, en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la totalidadde la información. La negativa o la ausencia de respuesta podrá serobjeto de recurso judicial en el Estado miembro de origen.
4. Antes de que la sucursal de una empresa de inversión comience a
ejercer su actividad, las autoridades competentes del Estado miembro deacogida dispondrán de dos meses, a partir de la recepción de la informa-ción a que se refiere el apartado 3, para organizar la supervisión de laempresa de inversión conforme a lo dispuesto en el artículo 19 y paraindicar, en su caso, las condiciones, incluidas las reglas de conducta,que deberán presidir por razones de interés general el ejercicio dedichas actividades en el Estado miembro de acogida.
5. A partir de la recepción de una comunicación de las autoridades
competentes del Estado miembro de acogida, o en el caso de que,transcurrido el plazo previsto en el apartado 4, no se haya recibidocomunicación alguna, la sucursal podrá establecerse y comenzar aejercer su actividad.
6. En caso de modificación de alguno de los datos comunicados con
arreglo a las letras b), c) o d) del apartado 2, la empresa de inversiónnotificará por escrito dicha modificación a las autoridades competentesdel Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida, comomínimo un mes antes de llevarla a efecto, para que las autoridadescompetentes del Estado miembro de origen puedan pronunciarse sobredicha modificación con arreglo al apartado 3, y las autoridades compe-tentes del Estado miembro de acogida, con arreglo al apartado 4.
7. En caso de modificación de los datos comunicados con arreglo al
párrafo segundo del apartado 3, las autoridades del Estado miembro deorigen informarán de ello a las autoridades del Estado miembro deacogida.
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Artículo 18
1. Toda empresa de inversión que desee ejercer por primera vez su
actividad en el territorio de otro Estado miembro al amparo de la libreprestación de servicios, notificará a las autoridades competentes delEstado miembro de origen:
— el Estado miembro en el que tenga previsto operar;
— un programa de actividad en el que se indique, en particular, qué
servicio o servicios de inversión se propone prestar.
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen remi-
tirán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida lanotificación a que se refiere el apartado 1 en el plazo de un mes a partirde la recepción de la misma. Seguidamente la empresa de inversiónpodrá empezar a prestar en el Estado miembro de acogida el servicio oservicios de inversión de que se trate.
Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida indicarán
a la empresa de inversión, si procede, una vez recibida la notificación aque se refiere el apartado 1, las condiciones, incluidas las normas deconducta, que deben cumplir los prestadores de los servicios de inver-sión de que se trate en el Estado miembro de acogida, por razones deinterés general.
3. En caso de modificación del contenido de la información notifi-
cada de conformidad con el segundo guión del apartado 1 la empresa deinversión notificará por escrito esta modificación a las autoridadescompetentes del Estado miembro de origen y del Estado miembro deacogida antes de efectuar el cambio, para que las autoridades compe-tentes del Estado miembro de acogida puedan, en su caso, indicar a laempresa cualquier cambio o complemento relativo a la informacióncomunicada con arreglo al apartado 2.
Artículo 19
1. Los Estados miembros de acogida podrán exigir, con fines estadís-
ticos, que todas las empresas de inversión que cuenten con sucursales ensu territorio informen periódicamente a las correspondientes autoridadescompetentes sobre las operaciones que hayan desarrollado en dichoterritorio.
Para el ejercicio de las responsabilidades que les incumben en la
conducción de la política monetaria y sin perjuicio de las medidas quesean necesarias para reforzar el Sistema Monetario Europeo, los Estadosmiembros de acogida podrán exigir en su territorio que todas las sucur-sales de empresas de inversión originarias de otros Estados miembrossuministren la información que, con este fin, exigen a las empresas deinversión nacionales.
2. Para el ejercicio de las responsabilidades que les corresponden con
arreglo a la presente Directiva, los Estados miembros de acogida podránexigir a las sucursales de las empresas de inversión la misma informa-ción que exigen, para este fin, a las empresas nacionales.
Los Estados miembros de acogida podrán exigir a las empresas de
inversión que operen en libre prestación de servicios sobre su territoriola información que sea necesaria para controlar el cumplimiento porparte de estas empresas de las normas de los Estados miembros deacogida que les sean aplicables, sin que estas exigencias puedan sobre-pasar las que estos mismos Estados miembros imponen, para controlarel cumplimiento de esas mismas normas, a las empresas establecidas.
3. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida comprueben que una empresa de inversión que tenga unasucursal o preste servicios en su territorio no cumple las disposicioneslegales o reglamentarias adoptadas en dicho Estado en aplicación de lasdisposiciones de la presente Directiva que confieren facultades a lasautoridades competentes del Estado miembro de acogida, exigirán a laempresa de inversión de que se trate que ponga fin a la situación deirregularidad.
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4. Si la empresa de inversión no adoptara las medidas oportunas, lasautoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán deello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. Éstastomarán, en el más breve plazo posible, todas las medidas necesariaspara que la empresa de inversión de que se trate ponga fin a la situaciónde irregularidad. Las autoridades competentes del Estado miembro deacogida deberán ser informadas sobre la naturaleza de las medidasadoptadas.
5. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado miembro de
origen, o debido a que estas medidas resultan inadecuadas o no estánprevistas en dicho Estado, la empresa de inversión continuare violandolas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contempladasen el apartado 3, vigentes en el Estado miembro de acogida, este último,tras informar a las autoridades competentes del Estado miembro deorigen, podrá tomar las medidas oportunas a fin de evitar o sancionarnuevas irregularidades y, en la medida en que sea necesario, prohibir ala empresa de inversión efectuar nuevas operaciones en su territorio.Los Estados miembros velarán por que en su territorio sea posiblenotificar a las empresas de inversión los documentos legales necesariospara la adopción de tales medidas.
6. Las disposiciones precedentes no afectarán a la facultad de los
Estados miembros de acogida de tomar las medidas oportunas a fin deprevenir o sancionar en su territorio, los actos que sean contrarios a lasnormas de conducta adoptadas en aplicación del artículo 1 1oal a s
demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que hayanadoptado por razones de interés general. Entre esas medidas se incluyela posibilidad de impedir que las empresas infractoras efectúen nuevasoperaciones en su territorio.
7. Toda medida adoptada en aplicación de lo dispuesto en los apar-
tados 4,5y6q u e implique sanciones o restricciones a las actividades
de una empresa de inversión deberá ser debidamente motivada y comu-nicada a la empresa de inversión afectada. Cada medida de este tipopodrá ser objeto de recurso judicial en el Estado miembro cuyas autori-dades la hayan adoptado.
8. Antes de aplicar el procedimiento previsto en los apartados 3, 4 y
5 las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán,en situaciones de emergencia, adoptar las medidas preventivas queconsideraren necesarias para proteger los intereses de los inversores uotros destinatarios de los servicios. Tanto la Comisión como las autori-dades competentes de los demás Estados miembros afectados deberánser informados de dichas medidas con la mayor brevedad posible. LaComisión podrá decidir, previa consulta con las autoridades compe-tentes de los Estados miembros afectados, que el Estado miembro deque se trate modifique o anule tales medidas.
9. Si la autorización fuere retirada, se informará de ello a las autori-
dades competentes del Estado miembro de acogida, que tomarán lasmedidas oportunas a fin de evitar que la empresa de inversión afectadainicie nuevas operaciones en su territorio y de salvaguardar los interesesde los inversores. Cada dos años, la Comisión presentará un informesobre estos casos a un Comité que se constituirá con posterioridad en elámbito de los valores negociables.
10. Los Estados miembros informarán a la Comisión del número y
naturaleza de aquellos casos en que se hayan producido negativas, envirtud de lo dispuesto en el artículo 17, o se hayan adoptado medidas deacuerdo con lo previsto en el apartado 5. Cada dos años, la Comisiónpresentará un informe sobre estos casos a un Comité que se constituirácon posterioridad en el ámbito de los valores negociables.
Artículo 20
1. A fin de garantizar que las autoridades competentes en lo relativo
al mercado y a la supervisión puedan disponer de la información nece-saria para el ejercicio de sus cometidos, los Estados miembros de origenexigirán por lo menos:
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a) sin perjuicio de las disposiciones tomadas en aplicación del artículo
10 que las empresas de inversión conserven a disposición de lasautoridades durante cinco años como mínimo los datos pertinentesacerca de las operaciones relativas a los servicios mencionados en elapartado 1 del artículo 14 que hayan efectuado sobre instrumentosnegociados en un mercado regulado, con independencia de quedichas operaciones se hayan realizado en un mercado regulado o no;
b) que las empresas de inversión declaren a una autoridad competente
del Estado miembro de origen todas las operaciones mencionadas enla letra a), cuando dichas operaciones se refieran a:
— acciones u otros instrumentos que den acceso al capital;
— obligaciones u otros instrumentos equivalentes a obligaciones;— contratos a plazo normalizados referentes a acciones;— opciones normalizadas referentes a acciones.
Esta declaración deberá estar a disposición de la autoridad lo antes
posible, en un plazo que fijará la autoridad. Dicho plazo podráampliarse hasta el final del siguiente día laborable cuando así lo dictenmotivos de índole práctica o de funcionamiento, pero en ningún casorebasará dicho límite.
La declaración deberá incluir, en particular, el nombre y el número de
los instrumentos comprados o vendidos, la fecha y la hora de la opera-ción, los precios de la operación y la posibilidad de identificar a laempresa de inversión.
Los Estados miembros de origen podrán disponer que el requisito
establecido en la letra presente del anterior apartado 1 únicamente seaplicará, en lo que se refiere a las obligaciones u otros instrumentosequivalentes, al conjunto de operaciones que se refieran al mismoinstrumento.
2. Cuando una empresa de inversión efectúe una operación en un
mercado regulado de un Estado miembro de acogida, el Estadomiembro de origen podrá renunciar a sus propios requisitos en materiade declaración cuando la empresa de inversión esté sometida a requi-sitos equivalentes de declaración sobre la misma operación por lasautoridades de las que depende ese mercado.
3. Los Estados miembros establecerán que sea la empresa de inver-
sión la que realice las declaraciones contempladas en la letra b) delapartado 1, bien por la propia empresa de inversión, o mediante unsistema de confrontación de las órdenes («trade matching system»), bienpor mediación de las autoridades de una bolsa de valores o de otromercado regulado.
4. Los Estados miembros velarán por que la información disponible
en virtud del presente artículo también esté disponible para una correctaaplicación del artículo 23.
5. En el ámbito regulado por el presente artículo, cada Estado
miembro podrá, de manera no discriminatoria, adoptar o mantenerdisposiciones más estrictas por lo que se refiere al fondo y a la formasobre la conservación y declaración de datos relativos a las operaciones:
— efectuadas en un mercado regulado para el que sea Estado miembro
de origen, o
— realizadas por las empresas de inversión para las que sea Estado
miembro de origen.
Artículo 21
1. A fin de permitir que los inversores evalúen en cualquier momento
los términos de una operación que se propongan efectuar y comprobardespués las condiciones de su ejecución, cada autoridad competentetomará, para cada uno de los mercados regulados que haya incluido enla lista contemplada en el artículo 16 medidas para proporcionar a losinversores la información que cita el apartado 2. De conformidad conlas obligación que figuran en el apartado 2, las autoridades competentesfijarán la forma y el plazo exacto en que se deba proporcionar lainformación, así como los medios por los que se pondrá a disposiciónteniendo en cuenta la naturaleza, el volumen y las necesiades del
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mercado de que se trate, así como los inversores que operen en dicho
mercado.
2. Para cada instrumento, las autoridades competentes exigirán por lo
menos:
a) la publicación, al principio de cada jornada bursátil, del precio
medio ponderado, de los precios más alto y más bajo y del volumennegociado en el mercado regulado en cuestión en el transcurso detoda la jornada bursátil precedente;
b) además, para los mercados continuos basados en la confrontación de
órdenes y para los mercados dirigidos por precio, la publicación,
— al final de cada hora de funcionamiento del mercado, del precio
medio ponderado y del volumen negociado en el mercado regu-lado en cuestión durante un período de funcionamiento de seishoras que terminará de forma que, antes de la publicación, hayaun intervalo de dos horas de funcionamiento del mercado, y
— cada veinte minutos, del precio medio ponderado, del precio más
alto y del precio más bajo, en el mercado regulado en cuestión,calculado en un período de funcionamiento de dos horas queterminará de forma que, antes de la publicación, haya un inter-valo de una hora de funcionamiento del mercado.
Cuando los inversores tengan previamente acceso a la información
sobre los precios y las cantidades en los que se pueden efectuar lasoperaciones:
i) la citada información deberá estar disponible en cualquier momento
durante las horas de funcionamiento del mercado;
ii) los términos anunciados para un precio y un volumen determinados
deberán ser los términos con los cuales el inversor pueda efectuardicha operación.
Las autoridades competentes podrán retrasar o suspender la publicación
cuando dicha acción se justifique por la existencia de condiciones demercado excepcionales o incluso, en el caso de mercados de pequeñaenvergadura para preservar el anonimato de empresas e inversores. Lasautoridades competentes podrán aplicar disposiciones especiales en loscasos de operaciones excepcionales de gran envergadura en relación altamaño medio de las operaciones sobre el valor de que se trate en estemercado o en el caso de valores de escasa liquidez definidos de acuerdocon criterios objetivos y publicados. Además, las autoridades compe-tentes podrán aplicar disposiciones más flexibles, por lo que respectaprincipalmente a los plazos de publicación, en lo relativo a las opera-ciones sobre obligaciones o instrumentos similares.
3. En el ámbito regulado por el presente artículo, cada Estado
miembro podrá adoptar o mantener disposiciones más restrictivas odisposiciones adicionales sobre el fondo y la forma por lo que respectaa la información que se facilitará a los inversores sobre las operacionesefectuadas en los mercados regulados para los cuales sea el Estado deorigen, siempre que dichas disposiciones se apliquen independiente-mente de cual sea el Estado miembro en donde esté situado el emisordel instrumento financiero o el Estado miembro en cuyo mercadoregulado se haya negociado por primera vez dicho instrumento.
4. A más tardar el 31 de diciembre de 1997, la Comisión deberá
informar sobre la aplicación del presente artículo. El Consejo, apropuesta de la Comisión y por mayoría cualificada, podrá decidir lamodificación del presente artículo.
TÍTULO VI
Autoridadesresponsablesdelaconcesióndelaautorizaciónydela
supervisión
Artículo 22
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes
que deban desempeñar las funciones previstas en la presente Directiva e
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informarán de ello a la Comisión, indicando si existe reparto de compe-tencias.
2. Las autoridades a que se refiere el apartado 1 deberán ser o bien
autoridades públicas o bien organismos reconocidos en el ordenamientojurídico nacional o por las autoridades públicas que hayan sido expresa-mente facultadas para dicho fin por la legislación nacional.
3. Se dotará a dichas autoridades de las facultades necesarias para el
desempeño de su misión.
Artículo 23
1. Cuando existan varias autoridades competentes en un mismo
Estado miembro éstas colaborarán estrechamente para supervisar lasactividades de las empresas de inversión que en él operen.
2. Los Estados miembros velarán por que se establezca dicha colabo-
ración entre las mencionadas autoridades competentes y las autoridadespúblicas responsables de la supervisión de los mercados financieros, delas entidades de crédito y otras instituciones financieras y de lasempresas de seguros, en lo que se refiere a las respectivas entidades porellas supervisadas.
3. Cuando las empresas de inversión operen en régimen de presta-
ción de servicios o mediante el establecimiento de sucursales en uno omás Estados miembros distintos del Estado miembro de origen, lasautoridades competentes de todos los Estados miembros interesadoscolaborarán estrechamente para cumplir más eficazmente con susrespectivas responsabilidades en los ámbitos cubiertos por la presenteDirectiva.
Dichas autoridades se proporcionarán previa solicitud, toda aquella
información relativa a la gestión y estructura de propiedad de dichasempresas de inversión que pueda facilitar su supervisión y toda lainformación que pueda facilitar el control de tales empresas. En parti-cular, las autoridades del Estado miembro de origen cooperarán paragarantizar que las autoridades del Estado miembro de acogida obtenganla información a que se refiere el apartado 2 del artículo 19.
Siempre que resulte necesario para ejercer sus facultades de control, las
autoridades competentes del Estado miembro de origen serán infor-madas, por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida,de cualquier medida que implique sanciones para una empresa deinversión o restricciones en las actividades de una empresa de inversión,y que haya sido adoptada por el Estado miembro de acogida en aplica-ción del apartado 6 del artículo 19.
Artículo 24
1. El Estado miembro de acogida velará por que, cuando una
empresa de inversión autorizada en otro Estado miembro ejerza en elEstado miembro de acogida su actividad a través de una sucursal, lasautoridades competentes del Estado miembro de origen puedan realizarverificaciones in situde la información a que se hace referencia en el
apartado 3 del artículo 23, por sí mismas o a través de personasdesignadas a tal efecto, habiendo informado previamente a las autori-dades competentes del Estado miembro de acogida.
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen
podrán asimismo solicitar a las autoridades competentes del Estadomiembro de acogida la realización de dicha verificación. Las autori-dades que hayan recibido tal solicitud deberán, en el ejercicio de suscompetencias, obrar en consecuencia, realizando ellas mismas la verifi-cación, permitiendo que ésta sea realizada por las autoridades que losolicitaron o autorizando a un audito roau nexperto para que la lleve a
cabo.
3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho que
asiste a las autoridades competentes de los Estados miembros deacogida de realizar verificaciones in situ de las sucursales establecidas
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en su territorio, en el ejercicio de las competencias que se les asignan enla presente Directiva.
Artículo 25
1. Los Estados miembros dispondrán que todas aquellas personas que
estén o hayan estado al servicio de las autoridades competentes, asícomo los auditores o expertos que actúen en nombre de dichas autori-dades, estén sujetas al secreto profesional. Ello significará que ningunainformación confidencial que puedan recibir en el ejercicio de susfunciones podrá ser divulgada a persona o autoridad alguna, a no ser deforma genérica o colectiva, de tal manera que no sea posible identificara empresas de inversión concretas, sin perjuicio de la responsabilidadpenal.
No obstante, cuando una empresa de inversión haya sido declarada en
quiebra o esté en proceso de liquidación obligatoria decretada por untribunal, toda aquella información confidencial que no ataña a tercerosque tomen parte en los intentos de salvar la empresa de inversión podráser divulgada en el curso de procedimientos civiles o mercantiles.
2. El apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades compe-
tentes de los diferentes Estados miembros realicen los intercambios deinformación previstos en la presente y otras Directivas aplicables a lasempresas de inversión. Dicha información estará sujeta al secreto profe-sional contemplado en el apartado 1.
3. Los Estados miembros únicamente podrán celebrar acuerdos de
cooperación que prevean intercambios de información con las autori-dades competentes de países terceros si la información transmitida estásujeta a garantías de secreto profesional que sean como mínimo equiva-lentes a las mencionadas en el presente artículo.
4. Las autoridades competentes que reciban información confidencial
de conformidad con los apartados 1 o 2 sólo podrán utilizarla en el
ejercicio de sus funciones:
— para verificar el cumplimiento de las condiciones que regulen el
acceso a la actividad de las empresas de inversión y facilitar elcontrol, ya sea en base individual o consolidada, del ejercicio dedicha actividad, especialmente en lo que respecta a las exigencias deadecuación del capital establecidas en la Directiva 93/6/CEE, a laorganización administrativa y contable y a los mecanismos decontrol interno; o
— para imponer sanciones; o— en caso de recurso administrativo contra una decisión de la auto-
ridad competente; o
— en procedimientos judiciales iniciados con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 26.
5. Los apartados 1y4n o serán óbice para el intercambio de infor-
mación:
a) dentro de un Estado miembro, cuando existan varias autoridades
competentes; o
b) dentro de un Estado miembro o entre Estados miembros, entre las
autoridades competentes, y
— las autoridades a quienes corresponda la función pública de
supervisión de entidades de crédito, de las demás institucionesfinancieras y de las empresas de seguros, así como las autori-dades encargadas de la supervisión de los mercados financieros,
— los órganos responsables de la liquidación y la quiebra de las
empresas de inversión y de otros procedimientos similares, o
— las personas encargadas de la auditoría de las cuentas de las
empresas de inversión y de las demás entidades financieras,
en el desempeño de sus funciones de supervisión. Tampoco serán
óbice para que se transmita a los organismos que administransistemas de indemnización la información necesaria para el desem-peño de sus funciones. Dicha información estará sujeta al secretoprofesional que se contempla en el apartado 1.
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5bis. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros podrán autorizar intercambios de información entre las auto-ridades competentes y
— las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que
participen en la liquidación y quiebra de las empresas de inversión yotros procedimientos similares; o
— las autoridades encargadas de la supervisión de las personas encar-
gadas del control legal de las cuentas de las empresas de seguros, lasentidades de crédito, las empresas de inversión y otras empresas deinversión.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de lassiguientes condiciones:
— la información se destinará a la realización de la misión de supervi-
sión establecida en el párrafo primero;
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1;
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta no
podrá divulgarse sin el acuerdo expreso de las autoridades compe-tentes que hayan comunicado dicha información y, en ese caso,exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan autori-zado.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisió n y a los demás
Estados miembros la identidad de las autoridades que podrán recibirinformación con arreglo al presente apartado.
5ter. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados
miembros, con el fin de reforzar la estabilidad del sistema financiero,incluida su integridad, podrán autorizar el intercambio de informaciónentre las autoridades competentes y las autoridades y los órganos encar-gados en virtud de la legislación nacional de detectar las infracciones alderecho de sociedades y de investigar dichas infracciones.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad establecida en el
párrafo primero exigirán, como mínimo, el cumplimiento de lassiguientes condiciones:
— la información se destinará a la realización de la misión establecida
en el párrafo primero;
— la información recibida en este contexto estará sujeta al secreto
profesional contemplado en el apartado 1;
— cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo
podrá ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridadescompetentes que hayan comunicado dicha información y, en sucaso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayanautorizado.
Cuando, en un Estado miembro, las autoridades y los órganos a que se
refiere el párrafo primero realicen su misión de detección o investiga-ción recurriendo, dada su competencia específica, a personas con unmandato a tal fin que no pertenezcan a la función pública, la posibilidadde intercambiar información prevista en el párrafo primero podráampliarse a estas personas en las condiciones expuestas en el párrafosegundo.
Para la aplicación del último guión del párrafo segundo, las autoridades
y los órganos a que se refiere el párrafo primero comunicarán a lasautoridades competentes que hayan facilitado la información la iden-tidad y el mandato preciso de las personas a las que se transmitirá dichainformación.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisió n y a los demás
Estados miembros la identidad de las autoridades y de los órganos quepodrán recibir información con arreglo al presente apartado.
La Comisión elaborará, antes del 31 de diciembre del año 2000, un
informe sobre la aplicación de las disposiciones del presente apartado.
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6. Las disposiciones del presente artículo no obstarán para que una
autoridad competente transmita:
— a los bancos centrales y organismos de función similar en tanto que
autoridades monetarias y,
— en su caso, a otras autoridades públicas encargadas de la supervisión
de los sistemas de pago,
la información destinada al cumplimiento de su misión ni para que estas
autoridades u organismos comuniquen a las autoridades competentes lainformación que precisen a los efectos del apartado 4. La informaciónrecibida en este contexto estará sujeta al secreto profesional contem-plado en el presente artículo.
▼
B
7. Lo dispuesto en el presente artículo no será obstáculo para que lasautoridades competentes comuniquen la información a que hacen refe-rencia los apartados 1 a 4 a una cámara de compensación o a otroorganismo similar reconocido por el Derecho nacional para llevar acabo servicios de compensación o liquidación de los contratos en unode los mercados del Estado miembro, en casos de que dichas autori-dades consideren que tal comunicación resulta necesaria con objeto degarantizar el funcionamiento regular de los organismos mencionados enrelación con incumplimientos, incluso potenciales, de quienes inter-vienen en dicho mercado. La información que se reciba por eseconcepto estará sujeta al secreto profesional a que se refiere el apartado1. No obstante, los Estados miembros velarán por que la informaciónrecibida con arreglo al apartado 2 no pueda divulgarse en el supuestocontemplado en el presente apartado sin el consentimiento expreso delas autoridades competentes que hayan divulgado la información.
8. Asimismo, y no obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 4, los
Estados miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales,la divulgación de determinada información a otros servicios de suadministración central, responsables de la legislación en materia desupervisión de entidades de crédito, instituciones financieras, empresasde inversión y empresas de seguros, así como también a los inspectoresque actúen en nombre de dichos servicios.
Ello no obstante, la información sólo podrá ser divulgada cuando resulte
necesario por razones de supervisión prudencial.
En cualquier caso, los Estados miembros dispondrán que la información
recibida en virtud de lo dispuesto en los apartados 2y5yl a obtenida en
la verificación in situcontemplada en el artículo 24 no sea nunca
divulgada en los casos previstos en el presente apartado, salvo con elconsentimiento expreso de las autoridades competentes que divulgaronla información o de las autoridades competentes del Estado miembro enque tuvo lugar la verificación in situ.
9. Si en el momento de la adopción de la presente Directiva un
Estado miembro ha previsto intercambios de información de una auto-ridad a otra a efectos de control del incumplimiento de las leyes enmateria de supervisión prudencial, en materia de organización, funcio-namiento y comportamiento de las sociedades comerciales y de lasreglamentaciones de los mercados financieros, dicho Estado miembropodrá seguir autorizando dicha transmisión hasta la coordinación delconjunto de las disposiciones que regulan el intercambio de informaciónentre autoridades para todo el sector financiero y en todo caso, a mástardar el 1 de julio de 1996.
No obstante, los Estados miembros velarán por que, cuando la informa-
ción proceda de otro Estado miembro, no pueda divulgarse en lascondiciones contempladas en el párrafo anterior sin el consentimientoexpreso de las autoridades competentes que hayan divulgado dichainformación y sólo pueda utilizarse para los fines para los que dichasautoridades hayan dado su acuerdo.
El Consejo llevará a cabo la coordinación mencionada en el párrafo
primero, sobre la base de propuestas de la Comisión. El Consejo tomanota del hecho de que la Comisión ha indicado que presentarápropuestas a dicho efecto a más tardar el 31 de julio de 1993. ElConsejo se pronunciará a la mayor brevedad, siendo el objetivo que la
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normativa objeto de dichas propuestas sea aplicable en la fecha de
puesta en aplicación de la presente Directiva.
▼M1
Artículo 25 bis
1. Los Estados miembros dispondrán, como mínimo que:
a) toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 84/253/CEE (1)
que ejerza en una empresa de inversión la función descrita en elartículo 51 de la Directiva 78/660/CEE (
2), en el artículo 37 de la
Directiva 83/349/CEE o en el artículo 31 de la Directiva 85/611/CEE o cualquier otra función legal tendrá la obligación deseñalar rápidamente a las autoridades competentes cualquier hecho odecisión sobre dicha entidad del que haya tenido conocimiento en elejercicio de dicha función y que pueda:
— constituir una violación del contenido de las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas que establecen lascondiciones de autorización o que regulan de manera específicael ejercicio de la actividad de las empresas de inversión, o
— perjudicar la continuidad de la explotación de la empresa de
inversión, o
— implicar la denegación de la certificación de cuentas o la emisión
de reservas;
b) se impondrá la misma obligación a esa misma persona por lo que
respecta a los hechos y decisiones que llegara a conocer en elcontexto de una función como la descrita en la letra a) ejercida enuna empresa que tenga un vínculo estrecho resultante de un vínculode control con la empresa de inversión en la que esta persona lleve acabo la mencionada función.
2. La divulgación de buena fe de hechos o decisiones mencionados
en el apartado 1 a las autoridades competentes, por parte de las personasautorizadas con arreglo a la Directiva 84/253/CEE, no constituirá viola-ción de las restricciones sobre divulgación de información impuesta porvía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o admi-nistrativa ni implicará para dichas personas ningún tipo de responsabi-lidad.
▼
B
Artículo 26
Los Estados miembros velarán por que las decisiones tomadas con
respecto a una empresa de inversión en virtud de las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas adoptadas en aplicación de lodispuesto en la presente Directiva puedan ser objeto de recurso judicial;lo anterior será igualmente de aplicación cuando no haya recaído resolu-ción, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la solicitud, sobreuna petición de autorización que contenga todos los elementos reque-ridos por las disposiciones vigentes.
Artículo 27
Sin perjuicio tanto de los procedimientos para la retirada de autoriza-
ciones como de las disposiciones de Derecho penal, los Estados miem-bros dispondrán que sus respectivas autoridades competentes, en lo quese refiere a las empresas de inversión que infrinjan las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas relativas a la supervisión o alejercicio de sus actividades o a quienes ejerzan el control efectivo de lasoperaciones de dichas empresas, puedan adoptar medidas o imponersanciones orientadas específicamente a poner término a las infraccionesobservadas o con las causas de éstas.
(1)D OnoL 126 de 12. 5. 1984, p. 20.
(2)D OnoL 222 de 14. 8. 1978, p. 11. Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 90/605/CEE (DO noL 317 de 16. 11. 1990, p. 60).
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Artículo 28
Los Estados miembros velarán por que en la aplicación de las disposi-
ciones de la presente Directiva no se efectúe discriminación alguna.
TÍTULO VII
Disposiciones finales
Artículo 29
El Consejo, hasta tanto se adopte una Directiva que establezca las
disposiciones de adaptación de la presente Directiva al progreso técnicoen los sectores indicados a continuación y de conformidad con laDecisión 87/373/CEE del Consejo (
1) adoptará por mayoría cualificada
y a propuesta de la Comisión, aquellas adaptaciones que puedan sernecesarias en lo relativo a:
— la ampliación del contenido de la lista que figura en la sección C del
Anexo;
— la adaptación de la terminología de las listas que figuran en el
Anexo con el fin de tener en cuenta la evolución de los mercadosfinancieros;
— las materias en las cuales las autoridades competentes deban inter-
cambiarse información, según se enuncian en el artículo 23;
— la clarificación de las definiciones, con objeto de lograr que la
aplicación de la presente Directiva se haga de manera uniforme entoda la Comunidad;
— la clarificación de las definiciones, con objeto de que en la aplica-
ción de la presente Directiva se tenga en cuenta la evolución de losmercados financieros;
— la adaptación de la terminología y formulación de las definiciones
en función de posteriores medidas relativas a las empresas de inver-sión y materias conexas;
— las demás tareas previstas en el apartado 5 del artículo 7.
Artículo 30
1. Las empresas de inversión que hayan recibido autorización en su
Estado miembro de origen para prestar servicios de inversión antes del31 de diciembre de 1995 se considerarán autorizadas a efectos de lapresente Directiva si la normativa del citado Estado ha subordinado suacceso a la actividad al cumplimiento de condiciones equivalentes a lasestablecidas en el apartado 3 del artículo 3 y en el artículo 4.
2. Las empresas de inversión que el 31 de diciembre de 1995 estu-
viesen operando, distintas de las empresas a que se refiere el apartado 1,podrán seguir operando siempre que obtengan, en el plazo de un año apartir del 31 de diciembre de 1996, con arreglo a las disposiciones delEstado miembro de origen, la autorización para proseguir la actividadde conformidad con las disposiciones adoptadas en aplicación de lapresente Directiva.
La concesión de dicha autorización es indispensable para que estas
empresas puedan acogerse a las disposiciones de la presente Directivaen materia de libertad de establecimiento y de prestación de servicios.
3. Cuando las empresas de inversión hayan iniciado sus actividades
en otros Estados miembros por medio de sucursales o en régimen deprestación de servicios antes de la fecha de adopción de la presenteDirectiva, las autoridades del Estado miembro de origen comunicaránentre el 1 de julio de 1995 y el 31 de diciembre de 1995 a lasautoridades de cada uno de los demás Estados miembros interesados,con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 17 y al artículo 18 y la
lista de las empresas que cumplen las disposiciones de la presente
(1)D OnoL 197 de 18. 7. 1987, p. 33.
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Directiva que operan en dichos Estados miembros, e indicarán lasactividades que llevan a cabo.
4. Las personas físicas que en el momento de la adopción de la
presente Directiva estén autorizadas en un Estado miembro a ofrecerservicios de inversión serán consideradas personas autorizadas conarreglo a la presente Directiva, siempre que cumplan las obligacionesque se citan en el segundo guión del párrafo segundo del punto 2 delartículo 1 y en los cuatro guiones del párrafo tercero del punto 2 delartículo 1.
Artículo 31
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecidoen la presente Directiva a más tardar el 1 de julio de 1995.
Dichas disposiciones entrarán en vigor, a más tardar, el 31 de diciembre
de 1995. Los Estados miembros informarán de ello inmediatamente a laComisión.
Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a que se refiere
el párrafo primero 1, éstas harán referencia a la presente Directiva o iránacompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estadosmiembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 32
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
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ANEXO
SECCIÓN A
Servicios
1. a) Recepción y transmisión de órdenes, por cuenta de los inversores, en
relación con uno o varios instrumentos de la sección B.
b) Ejecución de dichas órdenes por cuenta de terceros.
2. Negociación por cuenta propia de cualquier instrumento de la sección B.3. Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a
los mandatos conferidos por los inversores, siempre que dichas carterasincluyan uno o varios instrumentos de la sección B.
4. Aseguramiento en relación con las emisiones de todos o de parte de los
instrumentos a que se refiere la sección B y/o colocación de tales emisiones.
SECCIÓN B
Instrumentos
1. a) Valores negociables.
b) Participaciones de un organismo de inversión colectiva.
2. Instrumentos de mercado monetario.3. Los contratos financieros a plazo (futuros), incluidos los instrumentos equiva-
lentes que requieran pago en efectivo.
4. Los contratos a plazo sobre tipos de interés (FRA).5. Los contratos de permuta (swaps) sobre tipos de interés, sobre divisas o los
contratos de intercambios ligados a accione soau n índice sobre acciones
(«equity swaps»).
6. Opciones destinadas a la compra o venta de cualquiera de los instrumentos
que se contemplan en la presente sección del Anexo, incluidos los instru-mentos equivalentes que requieran pago en efectivo. Concretamente, seincluyen en esta categoría las opciones sobre divisas y sobre tipos de interés.
SECCIÓN C
Servicios auxiliares
1. Custodia y administración de uno o varios instrumentos de la sección B.2. Alquiler de cajas de seguridad.3. Concesión de créditos o de préstamos a inversores para que puedan realizar
una operación sobre uno o más instrumentos de la sección B, operación en laque debe intervenir la empresa que concede el crédito o el préstamo.
4. Asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y
cuestiones afines y asesoramiento y servicios en relación con las fusiones y laadquisición de empresas.
5. Servicios relacionados con las operaciones de aseguramiento.6. Asesoramiento sobre inversión acerca de uno o varios instrumentos de la
sección B.
7. Servicio de cambio cuando dicho servicio esté relacionado con la prestación
de servicios de inversión.