1980L0723 —ES—19.12.2005 —003.001—1
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►B ►M3 DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
de 25 de junio de 1980
relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas
públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas
(80/723/CEE) ◄
(DO L 195 de 29.7.1980, p. 35)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1 Directiva 85/413/CEE de la Comisión de 24 de julio de 1985 L 229 20 28.8.1985
►M2 Directiva 93/84/CEE de la Comisión de 30 de septiembre de 1993 L 254 16 12.10.1993
►M3 Directiva 2000/52/CE de la Comisión de 26 de julio de 2000 L 193 75 29.7.2000
►M4 Directiva 2005/81/CE de la Comisión de 28 de noviembre de 2005 L 312 47 29.11.2005
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DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
de 25 de junio de 1980
relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los
Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transpa-
rencia financiera de determinadas empresas
(80/723/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 90,
Considerando el importante papel que las empresas públicas
desempeñan en la economía nacional de los Estados miembros;
Considerando que, dado que el Tratado CEE no prejuzga en modo
alguno el régimen de propiedad en los Estados miembros, debe quedargarantizada la igualdad de trato entre las empresas públicas y lasempresas privadas;
Considerando que, en virtud del Tratado CEE, la Comisión tiene el
deber de garantizar que los Estados miembros no conceden a lasempresas, tanto públicas como privadas, ayudas incompatibles con elmercado común;
Considerando, sin embargo, que la complejidad de las relaciones
financieras de los poderes públicos nacionales con las empresaspúblicas puede entorpecer el cumplimiento de esta tarea;
Considerando además que la aplicación eficaz y equitativa a las
empresas públicas y privadas de las normas del Tratado CEE relativas
a las ayudas sólo puede llevarse a cabo si esas relaciones financierasse hacen transparentes;
Considerando por añadidura que en materia de empresas públicas esta
transparencia debe permitir que se diferencie claramente el papel del
Estado como poder público y como propietario;
Considerando que el primer apartado del artículo 90 impone obliga-
ciones a los Estados miembros en lo que se refiere a las empresaspúblicas; que el tercer apartado de ese mismo artículo impone a la
Comisión velar por el respeto de dichas obligaciones y le proporciona
los medios necesarios para ello; que la definición de las condicionesque responden a la necesidad de transparencia a que se alude másarriba se inscribe en ese marco;
Considerando que conviene precisar lo que se entiende por «poderes
públicos» y «empresas públicas»;
Considerando que los poderes públicos pueden ejercer una influencia
dominante sobre el comportamiento de las empresas públicas, no sóloen el caso de que sean propietarios o posean una participación
mayoritaria en dichas empresas, sino también debido a los poderes que
posean en sus órganos de gestión o de vigilancia, bien por sus estatutos,bien por el reparto de las acciones;
Considerando que la puesta a disposición de los fondos públicos para
las empresas públicas puede hacerse tanto directa como indirectamente;
que conviene, por tanto, que se garantice la transparencia independien-
temente de las modalidades según las cuales se efectúa la puesta adisposición de los fondos públicos; que llegado el caso, convienegarantizar un conocimiento adecuado de las motivaciones de esa puestaa disposición y de su utilización efectiva;
Considerando que los Estados miembros, mediante sus empresas
públicas, pueden perseguir objetivos distintos de los comerciales; que,en algunos casos, dichas empresas públicas obtienen del Estado unacompensación de las cargas que asumen por ese hecho; que tambiénhay que garantizar la transparencia de las compensaciones;1980L0723 —ES—19.12.2005 —003.001—2
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Considerando que hay que prever exclusiones tanto sectoriales como
cuantitativas; que, en efecto, hay que excluir determinados sectores queno pertenezcan al ámbito competitivo o que ya han sido objeto de
disposiciones comunitarias particulares que garanticen una transparencia
adecuada, determinados sectores cuya índole particular justifica quesean objeto de disposiciones específicas, así como las empresaspúblicas cuya escasa importancia económica no justifica las cargasadministrativas que pudieran derivarse de las medidas que hubiera que
adoptar;
Considerando que la presente Directiva no prejuzga la aplicación de
otras disposiciones del Tratado CEE, en particular, el apartado 2 de su
artículo 90 y sus artículos 93 y 223;
Considerando que tratándose de empresas cuyas actividades se
desarrollan en competencia con las actividades de otras empresas,
conviene garantizar el secreto profesional sobre las informacionesobtenidas;
Considerando que la aplicación de la presente Directiva debe hacerse en
estrecha colaboración con los Estados miembros y que, basándose en laexperiencia adquirida, convendrá, llegado el caso, proceder a unarevisión de la misma,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
1. Los Estados miembros garantizarán, en las condiciones previstas
por la presente Directiva, la transparencia de las relaciones financierasentre los poderes públicos y las empresas públicas, poniendo de relieve:
a) las puestas a disposición de fondos públicos efectuadas directamente
por los poderes públicos a las empresas públicas de que se trate;
b) las puestas a disposición de fondos públicos efectuadas por los
poderes públicos por mediación de empresas públicas o institucionesfinancieras;
c) la utilización efectiva de esos fondos públicos.
2. Sin perjuicio de otras disposiciones específicas establecidas por la
Comunidad, los Estados miembros garantizarán que la estructurafinanciera y organizativa de cualquier empresa que esté obligada allevar cuentas separadas se refleje correctamente en dichas cuentas, demanera que aparezcan claramente indicados:
a) los costes e ingresos derivados de las diferentes actividades;
b) información detallada sobre los métodos de asignación o distribución
de los costes e ingresos entre las diferentes actividades.
Artículo 2
1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «poderes públicos», todos los poderes públicos, incluido el Estado,
así como las autoridades regionales y locales y todas las demáscolectividades territoriales;
b) «empresas públicas», cualquier empresa en la que los poderes
públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influenciadominante en razón de la propiedad, de la participación financiera ode las normas que la rigen;1980L0723 —ES—19.12.2005 —003.001—3
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c) «empresas públicas que operan en el sector manufacturero», todas las
empresas cuya principal área de actividad, definida como aquella querepresenta al menos el 50 % de su volumen de negocios global
anual, sean las manufacturas. Estas empresas son aquellas cuyas
operaciones corresponden a la Sección D —Industria manufacturera
(de la subsección DA hasta —e inclusive —la subsección DN) de la
clasificación NACE (Rev. 1) (
1);
d) «empresa obligada a llevar cuentas separadas»: cualquier empresa a
la que un Estado miembro haya concedido derechos especiales oexclusivos con arreglo al artículo 86, apartado 1, del Tratado, o a la
que se haya confiado la gestión de un servicio de interés económico
general con arreglo al artículo 86, apartado 2, del Tratado, que recibacualquier tipo de compensación por servicio público en relación contal servicio y que realice otras actividades;
e) «diferentes actividades», por una parte, los productos o servicios por
los que se hayan concedido derechos especiales o exclusivos a unaempresa o los servicios de interés económico general que se hayanconfiado a una empresa y, por otra, los demás productos y servicios
a que se dedique la empresa;
f) «derechos exclusivos», los derechos concedidos por un Estado
miembro a una empresa mediante cualquier instrumento legal, regla-mentario o administrativo que reserve a esta empresa el derecho aprestar un servicio o emprender una actividad en una zona
geográfica específica;
g) «derechos especiales», los derechos concedidos por un Estado
miembro a un número limitado de empresas mediante cualquierinstrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zonageográfica específica,
—limite a dos o más el número de esas empresas autorizadas a
prestar un servicio o emprender una actividad, con criterios queno sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, o
—designe, con arreglo a tales criterios, a varias empresas
autorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad, o
—conceda a una o varias empresas, con arreglo a tales criterios,
ventajas legales o reglamentarias que afecten sustancialmente ala capacidad de cualquier otra empresa de prestar el mismoservicio o ejercer la misma actividad en la misma zona
geográfica en condiciones sustancialmente equivalentes.
2. Se presumirá que hay influencia dominante cuando, en relación
con una empresa, el Estado u otras administraciones territoriales,directa o indirectamente:
a) posean la mayoría del capital suscrito de la empresa; o
b) dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las partici-
paciones emitidas por la empresa; o
c) puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de
administración, de dirección o de vigilancia de la empresa.
Artículo 3
Las relaciones financieras entre los poderes públicos y las empresas
públicas cuya transparencia ha de quedar garantizada de acuerdo con el
►
M3 apartado 1 del artículo 1 ◄son, en particular:
a) la compensación de las pérdidas de explotación,
b) las aportaciones en capital o en dotación,1980L0723 —ES—19.12.2005 —003.001—4
(1) DO L 83 de 3.4.1993, p. 1.▼M4
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c) las aportaciones a fondo perdido o los préstamos en condiciones
privilegiadas,
d) la concesión de ventajas financieras en forma de no percepción de
beneficios o de no recuperación de créditos,
e) la renuncia a una remuneración normal de los fondos públicos
comprometidos,
f) la compensación de las cargas impuestas por los poderes públicos.
Artículo 3 bis
1. A fin de garantizar la transparencia a que se refiere el apartado 2
del artículo 1, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para que en todas las empresas obligadas a llevar cuentas separadas:
a) se lleven por separado las cuentas internas correspondientes a las
diferentes actividades;
b) se asignen o distribuyan correctamente todos los costes e ingresos
sobre la base de principios de contabilidad de costes aplicados deforma coherente y objetivamente justificables;
c) se establezcan claramente los principios de contabilidad de costes
con arreglo a los que deban llevarse las cuentas separadas.
2. El apartado 1 sólo será aplicable a las actividades que no estén
cubiertas por disposiciones específicas establecidas por la Comunidad y
no afectará a las obligaciones impuestas a los Estados miembros o a lasempresas por el Tratado o por dichas disposiciones específicas.
Artículo 4
1. En lo que respecta al criterio de transparencia a que se refiere el
apartado 1 del artículo 1, la presente Directiva no afectará a lasrelaciones financieras entre los poderes públicos y:
a) las empresas públicas, por lo que se refiere a los servicios cuya
prestación no pueda afectar de forma apreciable al comercio entrelos Estados miembros;
b) los bancos centrales;
c) las entidades de crédito públicas, por lo que se refiere a los depósitos
de fondos públicos efectuados por los poderes públicos en
condiciones comerciales normales;
d) las empresas públicas cuyo volumen de negocios global neto anual
en los dos ejercicios anuales anteriores al ejercicio en que se hayanpuesto a disposición o utilizado los fondos mencionados en elapartado 1 del artículo 1 haya sido inferior a 40 millones de euros.No obstante, en el caso de las entidades de crédito públicas el umbralcorrespondiente será un balance total de 800 millones de euros.
2. En lo que respecta al criterio de transparencia a que se refiere el
apartado 2 del artículo 1, la presente Directiva no se aplicará:
a) a las empresas, por lo que se refiere a los servicios cuya prestación
no pueda afectar de forma apreciable al comercio entre los Estadosmiembros;
b) a las empresas cuyo volumen de negocios global neto anual en los
dos ejercicios anuales anteriores a cualquier año en que disfruten deun derecho especial o exclusivo concedido por un Estado miembrocon arreglo al apartado 1 del artículo 86 del Tratado o en que se les
haya confiado la gestión de un servicio de interés económico general
con arreglo al apartado 2 del artículo 86 del Tratado sea inferior a 40millones de euros; no obstante, en el caso de las entidades de créditopúblicas el umbral correspondiente será un balance total de 800millones de euros;
c) las empresas a que se haya confiado la gestión de servicios de interés
económico general con arreglo al apartado 2 del artículo 86 del1980L0723 —ES—19.12.2005 —003.001—5
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Tratado, siempre que cualquiera que sea la ayuda estatal que reciban,
en forma de subvención, apoyo o de compensación, se haya fijadopor un período apropiado con arreglo a un procedimiento abierto,
transparente y no discriminatorio.
Artículo 5
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que
los datos relativos a las relaciones financieras mencionadas en el
apartado 1 del artículo 1 permanezcan a disposición de la Comisióndurante cinco años desde el final del ejercicio anual durante el cual losfondos públicos hayan sido puestos a disposición de las empresaspúblicas de que se trate. No obstante, cuando los fondos públicos seanutilizados durante un ejercicio ulterior, el plazo de cinco años empezará
a contar a partir del final de ese mismo ejercicio.
2. Los Estados miembros garantizarán que la información relativa a
la estructura financiera y organizativa de las empresas a que se refiereel apartado 2 del artículo 1 permanezca a disposición de la Comisión
durante cinco años a partir del final del ejercicio anual a que se refiere
la información.
3. A petición de la Comisión y en caso de que esta lo estime
necesario, los Estados miembros le facilitarán la información
mencionada en los apartados 1 y 2, así como los elementos de
apreciación que fuesen necesarios y en particular, los objetivos que sepersiguen.
Artículo 5 bis
1. Los Estados miembros con empresas públicas que operen en el
sector manufacturero facilitarán, con carácter anual a la Comisión, la
información financiera contemplada en el apartado 2, en el plazo
establecido en el apartado 4.
2. La información financiera exigida con respecto a cada una de las
empresas públicas del sector manufacturero y de conformidad con el
apartado 3 será la siguiente:
i) la memoria anual y las cuentas anuales, según la definición que
consta en la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo (
1). Las
cuentas anuales y la memoria anual incluirán el balance y la cuenta
de resultados, las notas explicativas, junto con las reglas contables
particulares de la empresa, las declaraciones de los consejeros y losinformes sectoriales y de actividad. Además, deberán presentarse lasactas de las juntas de accionistas y cualquier otra informaciónpertinente.
En la medida en que no figure en la memoria anual y en la documen-
tación financiera de cada una de las empresas públicas, se facilitaráademás la siguiente información:
ii) la aportación de capital en acciones o cuasicapital, de la misma
naturaleza que las acciones, especificando las condiciones deprovisión de dichos fondos (es decir, acciones ordinarias,preferentes, de dividendo diferido o convertibles y sus correspon-dientes tipos de interés, dividendos o derechos de conversión);
iii) las subvenciones a fondo perdido o subvenciones reembolsables en
determinadas circunstancias;
iv) la conclusión de cualquier préstamo, incluidos los descubiertos y
anticipos sobre ampliaciones de capital, concedido a la empresa,
especificando sus tipos de interés, condiciones y, en su caso, la
garantía dada al prestamista por la empresa receptora;
v) las garantías ofrecidas a la empresa por parte de los poderes
públicos con respecto a la financiación del préstamo (especificando1980L0723 —ES—19.12.2005 —003.001—6
(1)D O noL 222 de 14. 8. 1978, p. 1.▼M2
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las condiciones y, en su caso, los gastos correspondientes asumidos
por la empresa);
vi) los dividendos distribuidos y los beneficios no distribuidos;
vii) cualquier otro tipo de intervención pública, en particular, la
condonación de cantidades adeudadas al Estado por la empresapública incluidos, entre otros, el reembolso de préstamos, las
subvenciones, el pago del impuesto sobre sociedades, las cotiza-
ciones sociales y otros pagos de carácter similar.
3. Lo dispuesto en el apartado 2 será aplicable a todas las empresas
públicas cuyo volumen de negocios, en el ejercicio más reciente, haya
sido superior a 250 millones de ►
M3 euros◄.
Los datos a que se refiere el apartado 2 se presentarán por separado con
respecto a cada una de las empresas públicas, incluidas las situadas enotros Estados miembros, e incluirán, en su caso, información detallada
sobre todas las transacciones realizadas dentro del grupo y con otros
grupos de empresas públicas, así como las realizadas directamenteentre empresas públicas y el Estado. El capital en acciones a que hacereferencia el inciso ii) del apartado 2 incluirá aquel que sea directamentepropiedad del Estado y el que sea propiedad de un holding u otraempresa pública (incluidas entidades financieras), sea dentro o fuera
del mismo grupo de la empresa pública considerada. Deberá especifi-
carse siempre la relación entre el proveedor y el receptor de fondos.Asimismo, los informes a que alude el apartado 2 se facilitarán porseparado con respecto a cada una de las empresas públicas, así comocon respecto al (sub)holding que agrupe a varias empresas públicas, en
la medida en que las ventas consolidadas de dicho (sub)holding
permitan su clasificación como «manufacturera».
Determinadas empresas públicas distribuyen sus actividades entre varias
empresas legalmente constituidas. En lo que respecta a estas empresas,la Comisión podrá aceptar un informe consolidado, siempre y cuando
dicha consolidación refleje la realidad económica de un grupo de
empresas que operan en los mismos sectores o en sectores afines. Nose reputará suficiente la presentación de informes consolidados devarios holdings puramente financieros.
4. La información a que se refiere el apartado 2 tendrá carácter anual.
La correspondiente al ejercicio de 1992 se presentará a la Comisión enel plazo de dos meses a partir de la publicación de la presente Directiva.
A partir del ejercicio 1993, la información se presentará en el plazo de
quince días laborables a partir de la publicación de la memoria anual de
la empresa pública considerada. En cualquier caso, y, específicamente,en el caso de las empresas que no publiquen tales memorias, lainformación se presentará como máximo nueve meses después definalizado el ejercicio correspondiente.
Con el fin de determinar el número de empresas al que se aplicará este
sistema de información, los Estados miembros proporcionarán a laComisión, en el plazo de dos meses a partir de la publicación de lapresente Directiva, una lista de las empresas que entren dentro delámbito de aplicación del presente artículo, indicando su correspondiente
volumen de negocios. Dicha lista deberá actualizarse todos los años
antes del 31 de marzo.
5. El presente artículo sólo será aplicable a las empresas que sean
propiedad o estén controladas por el Treuhandanstalt a partir de la
fecha de expiración del sistema especial de información establecido
para las inversiones de dicho organismo.
6. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la
información adicional que consideren necesaria para completar ladetallada evaluación de los datos suministrados.1980L0723 —ES—19.12.2005 —003.001—7
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Artículo 6
1. La Comisión está obligada a no divulgar los datos que posea en
virtud del ►M3 apartado 3 del artículo 5 ◄y que por su naturaleza
están protegidos por el secreto profesional.
2. Las disposiciones del apartado 1 no se oponen a la publicación de
informaciones generales o de estudios que no entrañen indicacionesindividuales sobre las empresas públicas contempladas en la presenteDirectiva.
Artículo 7
La Comisión informará a los Estados miembros con regularidad sobre
los resultados de la aplicación de la presente Directiva.
Artículo 8
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para adecuarse
a la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1981.Informarán a la Comisión sobre el particular.
Artículo 9
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.1980L0723 —ES—19.12.2005 —003.001—8