I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
860 Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra 
la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias.
I
La contaminación de origen difuso de las masas de agua superficial y subterránea es 
un problema muy extendido en la mayor parte de las cuencas españolas. En particular, 
este hecho se pone de manifiesto por las elevadas concentraciones de nitratos que se 
registran en determinadas masas de agua, consecuencia de los excedentes de 
productos inorgánicos u orgánicos usados como fertilizantes. Este hecho es 
especialmente preocupante cuando alcanza a aguas que se destinan o vayan a 
destinarse al abastecimiento de la población, reguladas por la Directiva 2020/2184, de 16 
de diciembre, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
No se trata de un problema que en el ámbito continental afecte solo a España. La Unión 
Europea  considera  la contaminación  de origen  difuso  como  un problema  central  en sus 
políticas  ambientales  y agrarias.  Por ello, ha planteado  estrategias  europeas  al respecto, 
como  la denominada  «de la granja  a la mesa»  alineada  con la Estrategia  de Biodiversidad 
para 2030,  englobadas  en el Pacto  Verde  Europeo,  que contribuyen  a afrontar  este 
problema.  Estas  líneas  de acción  marcan,  entre  otros  objetivos,  una reducción  de las 
pérdidas  de nutrientes  del 50 %, que supondrá,  según  dicho  documento,  una reducción 
del 20 % en el uso de fertilizantes.  Las metas  que establezcan  los Estados  miembros 
respecto  a estos  objetivos  se deberán  alcanzar  antes  de finales  del año 2030,  en un plazo 
próximo  al de final del año 2027  señalado  como  límite  para alcanzar  los objetivos 
ambientales  en las masas  de agua  por la Directiva  2000/60/CE  del Parlamento  Europeo  y 
del Consejo,  de 23 octubre  de 2000,  por la que se establece  un marco  comunitario  de 
actuación  en el ámbito  de la política  de aguas.  La transposición  de esta importante  norma 
comunitaria  se llevó a cabo  principalmente  mediante  la modificación  del texto  refundido  de 
la Ley de Aguas,  aprobado  por el Real Decreto  Legislativo  1/2001,  de 20 de julio, a través 
de la Ley 62/2003, de 30 diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de orden social, y 
a un segundo nivel mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento  de la Planificación  Hidrológica  y el Real Decreto  817/2015,  de 11 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de 
las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
Para alcanzar estos fines las estrategias europeas plantean el desarrollo de un plan 
de acción para la gestión de nutrientes, que resulta de elevada relevancia en el caso de 
España. En esta línea es de destacar la próxima aprobación de un real decreto sobre 
nutrición sostenible de los suelos agrarios, que complementará el presente real decreto 
al establecer obligaciones concretas para los agricultores.
II
Hace un cuarto de siglo se aprobó el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre 
protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes 
de fuentes agrarias. La esencia de esta norma era la transposición al derecho interno 
español de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a 
la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen 
agrícola, y asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
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La citada directiva impone a los Estados miembros la obligación de identificar las 
aguas que se hallen afectadas por la contaminación por nitratos de procedencia agraria, 
cuyas concentraciones deberán ser vigiladas en una serie de estaciones de muestreo. 
Por otra parte, establece criterios para designar como zonas vulnerables aquellas 
superficies cuyo drenaje da lugar a la contaminación por nitratos. Una vez determinadas 
dichas zonas, la directiva establece la necesidad de realizar y poner en funcionamiento 
programas de actuación coordinados con las actividades y técnicas agrarias, con la 
finalidad de eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas. Por último, la 
directiva establece la obligación de emitir cada cuatro años informes de situación sobre 
este tipo de contaminación.
Además, teniendo en cuenta la importancia del subsector ganadero español, se 
considera necesario establecer otras medidas para la dosificación y la aplicación de los 
estiércoles a los suelos que aseguren la protección de la salud humana y el medio 
ambiente. En este sentido, la adecuada gestión de los estiércoles es crucial, siendo 
responsables de ello, en el ámbito de sus respectivas obligaciones, tanto los titulares de 
las explotaciones ganaderas como los de las explotaciones agrarias o mixtas.
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que transpone la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas, tiene como 
objeto impulsar medidas que prevengan la generación de residuos y mitigar los impactos 
adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y 
gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. Cabe aclarar que, en relación 
con los estiércoles, esta Ley 22/2011, de 28 de julio, no es de aplicación a las materias 
fecales siempre que sean utilizadas en explotaciones agrícolas y ganaderas mediante 
procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio 
ambiente. Sin embargo, en las explotaciones ganaderas donde se producen elevadas 
cantidades de estiércoles, y cuando no se dispone de tierras agrícolas suficientes para 
su aplicación, puede resultar necesario destinar una parte o la totalidad de los estiércoles 
a instalaciones de tratamiento, en cuyo caso sí es de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. En este contexto deben tomarse como 
referencia las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de 
la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría 
intensiva de aves de corral o de cerdos, establecidas por la Decisión de Ejecución 
(UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017.
Otro hecho de la máxima relevancia que ha tenido lugar desde la aprobación de la 
Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, ha sido la posterior 
adopción de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
octubre de 2000, antes citada. Esta norma, especialmente significativa en el acervo 
comunitario, tiene por objeto el establecimiento de un marco para la protección de las 
aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las 
aguas subterráneas. Para alcanzar este propósito, la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 octubre de 2000, ordena una serie de 
medidas, entre las que se puede destacar la preparación de unos planes hidrológicos 
para cada demarcación hidrográfica que, acompañados de los correspondientes 
programas de medidas, permitan alcanzar en las aguas los objetivos ambientales que se 
establecen en su artículo 4.
Dadas las transformaciones químicas que tienen lugar en el ciclo del nitrógeno, a la 
hora de valorar su impacto sobre las aguas también es preciso considerar los requisitos 
que establece la Directiva 2016/2284, de 14 de diciembre, relativa a la reducción de 
emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos. Esta directiva ha 
sido transpuesta al ordenamiento interno español a través del Real Decreto 818/2018, 
de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes atmosféricos.
Finalmente,  también  debe  citarse  la aprobación  de la Directiva  2008/56/CE  del 
Parlamento  Europeo  y del Consejo,  de 17 de junio de 2008,  por la que se establece  un 
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marco  de acción  comunitaria  para la política  del medio  marino,  que persigue  la 
consecución  del buen  estado  ambiental  del medio  marino  definido  a través  de once 
descriptores,  uno de los cuales  es la eutrofización.  Conviene  resaltar  que las aguas 
costeras  forman  parte  de las demarcaciones  marinas  y se ven afectadas  por los objetivos 
establecidos  para lograr  el mencionado  buen  estado  ambiental.  Por tanto,  las medidas 
adoptadas  y que se adopten  en el futuro  en el ámbito  de la planificación  hidrológica  para 
combatir  la contaminación  difusa  procedente  de fuentes  agrarias  tendrán  una incidencia 
directa en el estado del medio marino en relación con la eutrofización.
III
A pesar de los esfuerzos realizados, los resultados obtenidos mediante las citadas 
normas no han alcanzado los fines perseguidos. Para reforzar los compromisos 
españoles, en la línea que señala la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030 y 
otras relacionadas, es necesario revisar las actuales formas de intervención para 
hacerlas más eficientes y eficaces. Con este objetivo, resulta de interés considerar la 
experiencia adquirida en los años pasados, los trabajos y estudios técnicos desarrollados 
y la jurisprudencia asentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con todo 
ello se aborda la redacción de esta norma, que viene a sustituir y ampliar la ambición y el 
alcance del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, norma original de transposición de 
la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, que se deroga con 
este nuevo instrumento normativo.
Al redactar este real decreto se recogen una serie de definiciones que buscan 
determinar el alcance de determinados conceptos técnicos para su aplicación de cara a 
la correcta implementación de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre 
de 1991, en España. Dichas proposiciones no pretenden ser, por tanto, definiciones 
técnico científicas de carácter general ni desplazar a otras que sobre los mismos 
conceptos hayan podido quedar redactadas en otras normas para otros ámbitos de 
aplicación. Es decir, que deben entenderse estrictamente limitadas al objeto y finalidad 
de este real decreto.
No obstante, aunque el real decreto se refiere principalmente a nitratos, no puede 
ignorarse que en los problemas que afronta también aparecen algunas otras sustancias 
esenciales para seguir el procedimiento operativo de lucha contra esta contaminación, 
entre las que es necesario considerar el fósforo y sus compuestos, clave por ejemplo en 
los procesos de eutrofización. Todo ello lleva a adoptar la definición genérica de 
fertilizantes, teniendo en cuenta que la referencia a otros fertilizantes distintos de los 
nitratos, se hace únicamente a determinados efectos concretos a lo largo del articulado y 
los anexos, como es el caso de los muestreos y seguimiento de eutrofización de 
embalses, lagos y otras masas de agua.
Entre las modificaciones más relevantes que se introducen con esta norma destaca 
la de identificar como aguas afectadas aquellas que por su contaminación por nitratos 
originados en las actividades agrarias no alcancen los objetivos ambientales definidos 
por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 octubre 
de 2000. De esta forma, el procedimiento de identificación de estas aguas afectadas se 
simplifica, haciéndolo coincidir directamente con el diagnóstico de las aguas que se 
realice y comunique en los informes cuatrienales requeridos por la Directiva 91/676/CEE 
del Consejo, de 12 de diciembre de 1991. Así mismo se hacen más exhaustivos los 
requisitos que se imponen a los programas de seguimiento de esta contaminación, al 
objeto de poder disponer de una definición más precisa del problema tanto espacial 
como temporalmente. Con esta modificación se alinean los procedimientos y objetivos de 
la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991 con los más exigentes 
de la Directiva 2000/60/CE, reforzando con ello la lucha contra la contaminación difusa.
Se introduce, además, mediante la correspondiente disposición final, la modificación 
del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, 
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para incorporar en el mismo una mejor definición de la eutrofización que tiene por objeto 
fijar su forma de estimación, tanto en aguas continentales como costeras y de transición. 
Así mismo, tomando en consideración que el citado Real Decreto 817/2015, de 11 de 
septiembre, incorpora en su anexo III criterios y especificaciones técnicas actualizadas 
para los muestreos y análisis químicos, no se mantienen vigentes las indicaciones que a 
este respecto figuran en el anexo 4 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero.
En cuanto a los programas de actuación para luchar contra esta contaminación, el 
real decreto habilita a los planes hidrológicos de cuenca para señalar requisitos que 
deban ser tomados en consideración por las comunidades autónomas al objeto de 
reducir la contaminación y alcanzar los objetivos ambientales de obligado cumplimiento 
según la senda señalada por los propios planes hidrológicos.
Por otra parte, se aprovecha esta modificación para tomar nota de ciertas 
clarificaciones sobre la interpretación de lo dispuesto por la Directiva 91/676/CEE del 
Consejo, de 12 de diciembre de 1991, realizadas por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. En concreto, en relación con la necesidad de someter a evaluación ambiental 
estratégica los programas de actuación a los que se refiere el artículo 5 de la directiva, 
en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Consejo de Estado de Bélgica, y 
resuelta por sentencia de 17 de junio de 2010.
IV
Mediante el presente real decreto se actualiza la transposición a nuestro ordenamiento 
de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, de conformidad con 
las competencias  atribuidas  al Estado  por el artículo  149.1.13.ª,  22.ª y 23.ª de la 
Constitución, en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica,  de legislación  sobre  recursos  hidráulicos  cuando  las aguas  discurran  por más 
de una comunidad autónoma y de legislación básica sobre protección del medio ambiente, 
respectivamente.  Así mismo,  en la medida  en que se regulan  procedimientos  de 
comunicación  con la Unión  Europea,  se dicta también  en virtud  del artículo  149.1.3.ª  que 
reserva  al Estado  la competencia  exclusiva  sobre  las relaciones  internacionales.  Por otra 
parte,  en la redacción  se ha tenido  presente  que las comunidades  autónomas  ostentan, 
entre  otras,  competencias  específicas  en agricultura  y ganadería  de acuerdo  con la 
ordenación  general  de la economía  y sobre  gestión  en materia  de protección  del medio 
ambiente, de acuerdo el artículo 148.1.7.ª y 9.ª de la Constitución.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Recuperación Transformación y 
Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación 
de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España, todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del presente 
real decreto deberán respetar el llamado principio de «no causar un perjuicio 
significativo» al medio ambiente y las condiciones del etiquetado climático y digital. Se 
incluye una disposición adicional en este real decreto para asegurarlo.
Esta norma se adecúa a los principios de buena regulación a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia.
En este sentido, el principio de necesidad tiene su razón de ser en la obligación de 
dar una respuesta de mayor contundencia al problema de la contaminación difusa, lo que 
se hace necesario a la vista de los pobres resultados obtenidos hasta el momento en la 
lucha contra este problema. Así mismo, la norma es necesaria para ajustar el 
ordenamiento jurídico español a las diferentes directivas europeas sobre la 
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contaminación de las aguas por nitratos y con ella relacionadas, así como para atender 
los pronunciamientos que sobre ellas ha dictado el Tribunal de Justicia Europeo desde 
su entrada en vigor.
El principio de eficacia se cumple con la aprobación del presente real decreto, que 
permite reforzar los compromisos españoles en la línea que señala la Estrategia Europea 
de Biodiversidad para 2030 y otras relacionadas, revisando las actuales formas de 
intervención para hacerlas más eficientes, sostenibles y eficaces. Esta norma sustituye y 
amplía la ambición y el alcance del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, que se 
deroga con su entrada en vigor.
Asimismo, se cumple el principio de proporcionalidad dado que se persigue, entre 
otros, el objetivo de incorporar al derecho nacional las modificaciones introducidas por la 
Comisión Europea en los anexos de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de 
diciembre de 1991, para adaptarlos al progreso científico y técnico. La norma establece 
además la obligación de realizar estudios episódicos para investigar el origen de la 
contaminación, la emisión de informes de seguimiento y la revisión periódica de las 
medidas adoptadas, y contempla la necesidad de buscar la combinación de medidas 
más apropiada en virtud de su coste y de su eficacia.
Respecto al principio de seguridad jurídica es necesario destacar que el presente 
real decreto tiene por finalidad establecer medidas claras y sometidas a las mismas 
exigencias en todo el territorio para prevenir y reducir la contaminación de las aguas 
continentales, costeras y de transición causada por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias, y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de esa clase. Es una 
norma básica ambiental que ofrece la necesaria seguridad jurídica.
En relación con el principio de transparencia, como ya se ha señalado, durante la 
elaboración del proyecto la norma se ha sometido a los procesos de consulta e 
información pública, y a otros procesos participativos previstos en la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre.
Por último, respecto al principio de eficiencia, se ha de destacar que la aprobación de 
la presente norma no produce un incremento en las cargas administrativas.
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 26.2 y 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno, el proyecto de real decreto ha sido sometido al 
procedimiento de consulta pública, así como al de audiencia e información pública. 
Además, en su elaboración se ha consultado a las comunidades autónomas, mediante 
un trámite específico de audiencia, y a los sectores afectados. Además, ha sido 
informado favorablemente por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, en la sesión 
celebrada el 8 de octubre de 2021, y por el Consejo Nacional del Agua, en la sesión 
plenaria de este órgano consultivo celebrada el 25 de octubre de 2021.
Entre los informes recabados de los distintos departamentos ministeriales cabe 
destacar el emitido por el Ministerio de Política Territorial, que concluye manifestando la 
adecuación de la norma a la distribución constitucional y estatutaria de competencias.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 18 de enero de 2022,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
Este real decreto tiene por objeto establecer las medidas necesarias para reducir la 
contaminación de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las 
aguas costeras y las aguas subterráneas, causada por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias, y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de esa clase.
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Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de este real decreto se entiende por:
a) Compuesto nitrogenado: cualquier sustancia que contenga nitrógeno, excepto el 
nitrógeno molecular gaseoso.
b) Ganado: todos los animales criados con fines de aprovechamiento o lucrativos.
c) Fertilizante: el producto definido como tal en el artículo 2 del Reglamento 
(UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que 
se regula la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE, así 
como los productos definidos en el artículo 2 del Real Decreto 506/2013, de 26 de junio, 
sobre productos fertilizantes.
d) Fertilizante químico: cualquier fertilizante fabricado mediante un proceso 
industrial.
e) Estiércol: los excrementos y residuos excretados por el ganado, solos o 
mezclados, aunque se hubieran transformado.
f) Aplicación sobre el terreno: la incorporación de sustancias al suelo, 
extendiéndolas sobre la superficie, inyectándolas, introduciéndolas bajo la superficie o 
mezclándolas con las capas superficiales del suelo.
g) Eutrofización: el aumento de la concentración de compuestos de nitrógeno y 
fósforo que provoca un crecimiento acelerado de cianobacterias, algas o plantas 
acuáticas superiores, causando trastornos negativos en el equilibrio de las poblaciones 
biológicas presentes en el medio acuático y en la propia calidad del agua.
Artículo 3.  Aguas afectadas por la contaminación por nitratos.
1. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, partiendo de la 
información recogida en el informe de situación a que se refiere el artículo 10, hará 
públicos cada cuatro años tras la notificación del citado informe a la Comisión Europea, 
mapas con la localización de las aguas afectadas por la contaminación ocasionada por 
los nitratos, y en especial por los de origen agrario, así como de las aguas que podrían 
verse afectadas por dicha contaminación si no se toman las medidas oportunas. Dichos 
mapas plasmarán, sin modificación alguna, la información sobre calidad de las aguas 
que haya sido proporcionada a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente por las 
autoridades competentes que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 10.2, y 
remitida a la Comisión Europea con el informe de situación.
Los citados mapas, que a todos los efectos materializan la determinación de las 
aguas afectadas, se publicarán conforme a lo establecido en la Ley 14/2010, de 5 de 
julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica a través del 
portal web del departamento y contendrán, al menos, la localización de las estaciones de 
la red de seguimiento, los valores de concentración, las masas de agua asociadas y 
otros datos oficiales relacionados con la designación y delimitación de las zonas 
vulnerables declaradas por las comunidades autónomas, detalladas en el mismo informe 
de situación.
2. Dicha determinación se efectuará a partir de los datos de las estaciones de 
control de los programas de seguimiento a que se refiere el artículo 9, utilizando los 
siguientes criterios:
a) Aguas superficiales continentales que presenten, o puedan llegar a presentar si 
no se actúa de conformidad con lo establecido en el artículo 6, una concentración de 
nitratos superior a 25 mg/l o, cuando resulte más exigente, la que se haya establecido 
para alcanzar el buen estado o el buen potencial en el anexo II del Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental.
b) Aguas subterráneas cuya concentración de nitratos sea superior a 37,5 mg/l.
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c) Embalses, lagos naturales, charcas, estuarios y aguas de transición y costeras, 
que se encuentren en estado eutrófico o puedan eutrofizarse en un futuro próximo si no 
se actúa de conformidad al artículo 6. A tal efecto se entenderá que las aguas se 
encuentran eutrofizadas a partir de la evaluación realizada conforme al Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, y los protocolos y guías técnicas de desarrollo 
del mismo.
3. Al valorar las situaciones indicadas en el apartado anterior también deberán 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
a) Características  limnológicas  de los ecosistemas  acuáticos  y factores  ambientales 
de las cuencas  alimentadoras  y, en especial,  las emisiones  puntuales  de nitrógeno,  tales 
como vertidos de aguas residuales y su contribución al contenido de nitratos en las aguas.
b) Conocimiento científico actual sobre el comportamiento de los compuestos 
nitrogenados en los medios atmosférico, acuático, edáfico y litológico.
c) Conocimientos actuales sobre las posibles repercusiones de las medidas 
previstas en el artículo 6 de este real decreto.
La Dirección  General  del Agua  del Ministerio  para la Transición  Ecológica  y el 
Reto  Demográfico,  en coordinación  con las comunidades  autónomas,  realizará 
cuatrienalmente  un estudio  de las presiones  agropecuarias,  urbanas  y otras  que 
puedan  considerarse  significativas  y de los impactos  registrados  sobre  las aguas, 
dirigido a determinar la contribución de cada sector de actividad a la contaminación de 
las aguas  en las zonas  sensibles  y vulnerables.  Para  ello se usarán,  entre  otras  que 
sean  procedentes,  técnicas  hidroquímicas,  isotópicas  y microbiológicas.  Los 
resultados  de este estudio  servirán  de apoyo  para determinar  el ámbito  de las aguas 
afectadas.
4. La publicación de los mapas con la localización de las aguas afectadas y de las 
que pueden verse afectadas si no se adoptan las medidas pertinentes, así como de los 
datos analíticos sobre los que se basan, se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado». 
Todo ello, a efectos de la pertinente actualización de las declaraciones de zonas 
vulnerables, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 6.
5. Los  organismos  de cuenca  y las administraciones  hidráulicas  competentes,  a 
quienes  se refiere  el artículo  41.1 del texto  refundido  de la Ley de Aguas,  aprobado 
por el Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de 20 de julio,  tomarán  en consideración  los 
mapas  citados  en el apartado  anterior  a efectos  de actualizar  los estudios  de las 
repercusiones  de la actividad  humana  sobre  el estado  de las aguas,  requeridos  en la 
planificación  hidrológica.  A su vez, los citados  estudios  serán  tenidos  en cuenta  para 
la mejor  valoración  de la contaminación  conforme  a los aspectos  señalados  en el 
apartado 3.
Artículo 4.  Zonas vulnerables.
1. Las comunidades autónomas designarán como zonas vulnerables todas las 
superficies conocidas de su territorio cuya escorrentía fluya hacia las aguas 
contempladas en el artículo 3 y que contribuyan, aunque sea mínimamente, a su 
contaminación. El plazo para la nueva designación o para la ampliación o revisión de las 
zonas vulnerables previamente designadas será como máximo de tres años, contados a 
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del anuncio que se señala en el 
artículo 3.4.
Con la nueva designación se podrán descatalogar como vulnerables aquellas zonas, 
o parte de las mismas, que hayan registrado una reducción en su nivel de contaminación 
lo suficientemente favorable y significativa como para no identificar la existencia de 
aguas afectadas en su interior. La hipotética descatalogación requerirá justificar que se 
ha producido un cambio relevante en las presiones que recibe la zona vulnerable que ha 
conducido a la reversión de los impactos registrados.
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2. Los órganos competentes de las comunidades autónomas pondrán en 
conocimiento de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente la relación de las zonas 
vulnerables designadas, que irá acompañada de una referencia a la publicación oficial de 
la disposición por la que se declaran y de su cartografía en un formato digital que permita 
su integración conforme a lo establecido en la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las 
infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. El plazo para 
realizar dicha comunicación será como máximo de un mes, contado a partir de la fecha 
de la publicación oficial realizada por la comunidad autónoma.
Asimismo, las comunidades autónomas notificarán de igual forma la decisión de no 
modificar las zonas vulnerables cuando transcurrido el plazo a que se refiere el 
apartado 1 entiendan que su actualización no resulta necesaria.
3. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a través de la Dirección General del 
Agua, se ocupará de integrar la información comunicada por las comunidades 
autónomas en el sistema nacional, de su publicación a través del Geoportal del 
departamento, y de su posterior comunicación a la Comisión Europea por los cauces 
formalmente establecidos.
4. Cuando las aguas indicadas en el artículo 3 estén afectadas por la 
contaminación por nitratos de origen agrario procedente de otro Estado miembro, el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previa notificación 
efectuada por los órganos competentes de las comunidades autónomas, lo pondrá en 
conocimiento de dicho Estado y de la Comisión Europea a través del cauce 
correspondiente, a fin de facilitar la actuación concertada entre los Estados miembros 
afectados y, en su caso, con la Comisión Europea, para determinar las fuentes 
causantes de la contaminación y las medidas que deban tomarse para proteger las 
aguas afectadas.
En el caso de que las aguas indicadas en el artículo 3 estén afectadas por la 
contaminación por nitratos procedente de otra comunidad autónoma vecina a la que 
localiza el problema, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
previa notificación efectuada por los órganos competentes de las comunidades 
autónomas afectadas por la contaminación, pondrá el hecho en conocimiento de las 
comunidades autónomas de las que supuestamente procede el problema, a fin de 
facilitar su actuación concertada.
5. Las comunidades autónomas no estarán obligadas a designar zonas vulnerables 
específicas en caso de que elaboren y apliquen en todo su territorio un programa de 
actuación establecido conforme al artículo 6.
Artículo 5.  Códigos de buenas prácticas agrarias.
1. Los órganos competentes de las comunidades autónomas elaborarán, de 
acuerdo con las determinaciones que se especifican en el anexo 1, uno o varios códigos 
de buenas prácticas agrarias que los agricultores aplicarán obligatoriamente sobre las 
zonas vulnerables en los términos previstos en el artículo 6 y podrán poner en práctica 
sobre el resto del territorio, con la finalidad de reducir la contaminación producida por los 
nitratos de origen agrario. Asimismo, establecerán programas de fomento de la puesta 
en práctica de los códigos de buenas prácticas agrarias, que incluirán la formación e 
información a los agricultores.
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará un estudio de los códigos de 
buenas prácticas vigentes y de su eficacia. Para la preparación de este estudio se 
contará con la colaboración de las comunidades autónomas y las autoridades de cuenca 
involucradas en el seguimiento de la calidad de las aguas a que se refiere el artículo 9. A 
la vista de los resultados del citado estudio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación dirigirá recomendaciones a las comunidades autónomas para la revisión de 
los citados códigos de buenas prácticas agrarias. Asimismo, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en coordinación con las comunidades autónomas, desarrollará un 
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plan de apoyo a la puesta en práctica de los códigos de buenas prácticas incluyendo la 
mejor formación e información de agricultores y ganaderos.
3. Las comunidades autónomas remitirán los códigos de buenas prácticas agrarias 
que hayan elaborado o actualizado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a los 
efectos de su comunicación a la Comisión Europea a través del cauce correspondiente y 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los efectos del apartado 2 de este 
artículo.
Artículo 6.  Programas de actuación.
1. En las zonas designadas como vulnerables, los órganos competentes de las 
comunidades autónomas establecerán y pondrán en práctica programas de actuación 
con objeto de prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen 
agrario. Estos programas de actuación serán elaborados en el plazo de dos años a partir 
de la designación inicial de zonas vulnerables, o de un año a partir de cada ampliación o 
modificación complementaria.
2. Se podrán establecer programas de actuación diferentes para distintas zonas 
vulnerables o partes de estas, cuando esta solución sea más apropiada. Igualmente, 
podrán establecerse programas de actuación para ámbitos territoriales mayores que el 
de las zonas vulnerables designadas, en particular a los efectos del artículo 4.5.
3. Los programas de actuación habrán de tener en cuenta la información científica 
de que se disponga, en especial en lo que se refiere a las aportaciones de nitrógeno de 
origen agrario o de otras fuentes, así como las condiciones medioambientales existentes 
o previsibles en las zonas afectadas. A este respecto deberán tomar en consideración 
los objetivos ambientales de las masas de agua establecidos en los planes hidrológicos 
correspondientes y los estudios sobre las repercusiones de la actividad humana sobre el 
estado de las aguas que actualicen los Organismos de cuenca y las administraciones 
hidráulicas de las comunidades autónomas, en el marco del proceso de revisión de los 
planes hidrológicos de cuenca a que se refiere el artículo 41 del texto refundido de la Ley 
de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Por otra parte, 
también deberá tomarse en consideración el programa nacional de control de la 
contaminación atmosférica y los objetivos de reducción de emisiones atmosféricas 
adoptados por España.
4. Los  programas  de actuación  se revisarán,  al menos,  cada  cuatro  años,  y se 
modificarán,  si fuera  necesario,  para incluir  en ellos  aquellas  medidas  adicionales  y 
acciones  reforzadas  que se consideren  oportunas  a la vista  del grado  de cumplimiento 
que, con respecto a la finalidad enunciada en el artículo 1 de este real decreto, se haya 
alcanzado  mediante  la aplicación  de las medidas  indicadas  en el anexo  2. Al 
seleccionar  estas  medidas  o acciones  las comunidades  autónomas  tendrán  en cuenta 
su eficacia y su coste, de tal modo que se elijan aquellas que permiten cumplir los fines 
con un menor coste.
En términos concretos se entenderá que el grado de cumplimiento alcanzado no es 
satisfactorio si en el informe de situación a que se refiere el artículo 10 no se evidencia 
una tendencia evolutiva de la contaminación que sea coherente con la senda de 
cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en el correspondiente plan 
hidrológico.
5. La  elaboración  de los programas  de actuación  o la tramitación  de sus 
modificaciones  deberá  someterse  al procedimiento  de evaluación  ambiental  estratégica 
regulado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Así mismo, dichos 
programas  o sus modificaciones  deberán  ser informados  por los organismos  de cuenca  en 
el marco de lo previsto por el artículo 25.4 del texto Refundido de la Ley de Aguas.
6. Los órganos competentes de las comunidades autónomas aportarán el contenido 
de los programas de actuación en el procedimiento de elaboración de los planes 
hidrológicos de cuenca, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.3 del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 
de julio.
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7. Los órganos competentes de las comunidades autónomas enviarán a la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente los programas de actuación elaborados o 
modificados, a efectos de su comunicación a la Comisión Europea, a través del cauce 
correspondiente. Así mismo, las comunidades autónomas notificarán por la misma vía la 
decisión de no modificar los programas de acción cuando transcurridos los cuatro años a 
que se refiere el apartado 4 entiendan que su actualización no resulta necesaria, 
confirmando así la vigencia del programa anterior.
8. Las autoridades de las comunidades autónomas competentes en la aplicación y 
control de los programas de actuación elaborarán un plan de control al objeto de verificar 
su cumplimiento, que será revisado anualmente, y cuyos resultados se integrarán en el 
informe al que se refiere el artículo 10.
Artículo 7.  Medidas a incorporar en los programas de actuación.
1. Los programas de actuación deberán contener con carácter obligatorio, al 
menos, las medidas que se indican en el anexo 2. Asimismo, los programas de actuación 
incluirán las medidas incorporadas en los códigos de buenas prácticas agrarias 
adoptados por las respectivas comunidades autónomas, siempre y cuando no entren en 
contradicción o rebajen las exigencias de las antes indicadas.
2. Las medidas señaladas en el apartado anterior deberán evitar que la cantidad de 
estiércol aplicada al terreno cada año, incluyendo la de los propios animales existentes 
en cada explotación o unidad ganadera, exceda de las cantidades específicas por 
hectárea establecidas en el anexo 3 de esta disposición. En todo caso, se deberán tener 
en cuenta adicionalmente los requisitos de los planes de abonado que se establezcan en 
las normas reglamentarias que establezcan condiciones para la nutrición sostenible en 
los suelos agrarios, así como las limitaciones que se puedan derivar de las medidas 
adicionales y acciones reforzadas a las que se refiere el artículo 8.
3. Los órganos competentes de las comunidades autónomas informarán a la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la forma en que estén aplicando lo 
establecido en este apartado, a efectos de su comunicación a la Comisión Europea a 
través del cauce correspondiente.
Artículo 8.  Medidas adicionales y acciones reforzadas.
1. Las distintas Administraciones públicas, de acuerdo con su ámbito competencial, 
tomarán todas aquellas medidas adicionales o acciones reforzadas que consideren 
necesarias si, a raíz de la experiencia al aplicar los programas de actuación a que se 
refiere el artículo 6, se observase que las medidas adoptadas no son suficientes para 
alcanzar los fines especificados en el artículo 1. Al seleccionar estas medidas 
adicionales o acciones reforzadas se tendrá en cuenta su eficacia y su coste en 
comparación con otras posibles medidas de prevención, así como su efecto sobre las 
emisiones generadas, tanto de gases de efecto invernadero como de otros gases 
contaminantes, y sobre otras componentes del territorio de especial interés para la 
conservación.
Las autoridades competentes de las comunidades autónomas adoptarán las medidas 
adicionales y acciones reforzadas necesarias, además de las contempladas en el 
programa de actuación al que se refiere el artículo 6, cuando las previstas en dichos 
programas se manifiesten insuficientes para el logro de los objetivos perseguidos; así 
mismo, incorporarán en los programas de actuación las medidas adoptadas por las 
autoridades del agua descritas en los apartados 2 y 3.
2. Conforme a lo previsto en el artículo 56 del texto refundido de la Ley de Aguas, 
los Organismos de cuenca, a través de su Junta de Gobierno, podrán declarar que 
determinadas masas de agua subterránea se encuentran en riesgo de no alcanzar el 
buen estado químico cuando, con independencia de otras razones que lo puedan 
aconsejar, se haga evidente que las medidas implantadas al amparo de los artículos 5, 6 
y 7 no son suficientes para alcanzar el buen estado de las aguas.
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3. Los planes hidrológicos de cuenca, cuando se considere necesario para alcanzar 
los objetivos ambientales de las masas de agua en riesgo, podrán establecer dentro de 
su parte normativa, a la que se refiere el artículo 81 del Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, umbrales máximos promedio de excedentes de nitrógeno para cada masa 
de agua o sector de masa afectada por la contaminación por nitratos. Dichos límites 
máximos serán los que conduzcan al logro de los objetivos ambientales señalados en el 
mismo plan hidrológico. Estos umbrales deberán ser tomados en consideración por los 
órganos competentes de las comunidades autónomas de cara a la revisión de sus 
programas de actuación.
El cálculo de los umbrales máximos de excedentes de fertilización a que se refiere el 
apartado anterior será desarrollado por las autoridades competentes para la elaboración 
y propuesta de revisión de los correspondientes planes hidrológicos a las que se refiere 
el artículo 41.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, conforme a las mejores técnicas 
que puedan disponer.
4. Para reforzar la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos 
procedentes de fuentes agropecuarias, y siempre y cuando el solicitante no pueda 
demostrar la inocuidad de la actividad sobre el dominio público hidráulico o marítimo-
terrestre, los organismos de cuenca y las Administraciones hidráulicas establecerán 
limitaciones a nuevas concesiones y a otras actividades sujetas a su autorización. Las 
citadas limitaciones tendrán también la finalidad de evitar una indeseada concentración 
de presiones que, en su conjunto, puedan impactar significativamente sobre las masas 
de agua. A tal efecto, las citadas autoridades del agua valorarán la compatibilidad de 
cada nueva propuesta con las previsiones del plan hidrológico correspondiente, tanto a 
efectos de la disponibilidad de los caudales necesarios como en relación con el logro de 
los objetivos ambientales adoptados.
Artículo 9.  Programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas.
1. A fin de modificar, en su caso, la relación de zonas vulnerables designadas, así 
como para comprobar la eficacia de los programas de actuación elaborados, los 
Organismos de cuenca para las cuencas intercomunitarias y los órganos competentes de 
las comunidades autónomas para las cuencas intracomunitarias, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, diseñarán programas de muestreo y seguimiento de la 
calidad de las aguas integrados en las redes de control establecidas en los 
correspondientes planes hidrológicos para el seguimiento del estado de las aguas 
superficiales, de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas, en coordinación con 
el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, como respuesta a lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
octubre de 2000.
2. Para la caracterización de la contaminación por nitratos objeto de este real 
decreto, se deberán atender los siguientes criterios y frecuencias de muestreo:
a) Para las aguas superficiales y subterráneas se registrará la concentración de 
nitrato en las estaciones que formen parte del control de vigilancia definido conforme al 
artículo 5 del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre. Por otra parte, se establecerá 
un control operativo o adicional de zonas protegidas sobre las masas de agua 
relacionadas con puntos identificados como de aguas afectadas conforme al artículo 3. 
Adicionalmente se registrarán las concentraciones en nitrato y fosfato, así como los 
caudales circulantes, en los principales aprovechamientos destinados al riego y en los 
principales azarbes de las zonas de regadío. A tal efecto, en el plazo de dos años desde 
la entrada en vigor de este real decreto, las autoridades de cuenca definirán las 
estaciones de control correspondientes a los citados aprovechamientos y retornos. Esta 
definición se establecerá justificadamente a partir de su representatividad en relación con 
la entidad de las masas de agua afectadas. La definición final de este programa de 
control adicional se establecerá por el organismo de cuenca tras un periodo de consulta 
pública de un mes.
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b) Los programas de control establecidos se repetirán cada cuatro años. En ellos 
se fijará un plan de muestreo anual que se aplicará en la misma época del año a lo largo 
de los cuatro años del periodo, en los siguientes términos:
1.º En el programa de vigilancia la cadencia de los registros será semestral, sin 
perjuicio de la determinación trimestral durante el año de control a que se refiere el 
anexo 1 del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre.
2.º En los programas operativos la cadencia será mensual en aguas superficiales 
continentales y trimestral en subterráneas, aguas de transición y aguas costeras, de 
forma que en estos casos se asegure disponer de al menos cuatro datos anuales, uno 
por trimestre, con información estacional.
3.º El control en zonas protegidas seguirá lo previsto en el Real Decreto 817/2015, 
de 11 de septiembre.
c) A la vista de las conclusiones sobre concentraciones plasmadas en el informe de 
situación a que se refiere el artículo 10, podrán retirarse de los programas operativos de 
seguimiento aquellas estaciones y parámetros cuyos resultados no arrojen valores de 
contaminación difusa significativa. A tal efecto, se entiende que una estación o 
parámetro no informa significativamente cuando en todas las muestras consecutivas 
tomadas a lo largo de cuatro años no se haya rebasado el 75 % de la concentración 
límite del buen estado o potencial para nitratos en las aguas superficiales, ni tampoco se 
haya superado la concentración de 25 mg/l para el caso de las aguas subterráneas y 
además, aun no habiendo alcanzado esos límites, la localización de esa estación de 
control no resulta relevante para delimitar geográficamente los ámbitos territoriales 
afectados por la contaminación.
d) Cada cuatro años se revisará el estado de eutrofia de los embalses, lagos 
naturales, charcas, estuarios, aguas de transición y aguas costeras. A tal efecto se 
establecerán los correspondientes programas de vigilancia y operativos para el 
seguimiento de los parámetros que corresponda conforme al Real Decreto 817/2015, 
de 11 de septiembre, integrados en las redes de control establecidas en los 
correspondientes planes hidrológicos para el seguimiento del estado de las aguas 
superficiales.
e) Como complemento a los muestreos indicados, los organismos de cuenca y 
comunidades autónomas impulsarán la participación ciudadana en el diagnóstico de este 
problema. Con esta finalidad, dichas autoridades podrán facilitar al público interesado 
sistemas de diagnóstico sencillos que permitan detectar zonas o puntos impactados 
sobre los que dirigir sus investigaciones específicas.
3. Los muestreos y determinaciones de nitratos y demás parámetros pertinentes, se 
realizarán según los criterios y especificaciones técnicas para el seguimiento y 
clasificación del estado de las aguas establecidos en el anexo III del Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, y los protocolos y guías técnicas de desarrollo 
del mismo.
4. La  Administración  General  del Estado  y los órganos  competentes  de las 
comunidades  autónomas  se intercambiarán  los datos  obtenidos  como  consecuencia 
del resultado  de los programas  de muestreo  y seguimiento  de la calidad  de las aguas 
que hayan  realizado,  de conformidad  con lo previsto  en el artículo  30 del Real 
Decreto  817/2015,  como  método  de colaboración  en el ejercicio  de las competencias 
que corresponden  a cada  administración  de acuerdo  con lo establecido  en este real 
decreto.
5. Antes del 1 de enero de 2024 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico establecerá un sistema informático para que los agricultores puedan 
acceder a estos datos e incorporarlos a los cálculos de las necesidades de nitrógeno y 
fósforo de los cultivos.
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Artículo 10.  Informe de situación.
1. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará cada 
cuatro años un informe de situación sobre la contaminación causada por los nitratos, en 
especial de los procedentes de fuentes agrarias. Dicho informe deberá contener los 
extremos que se señalan en el anexo 4, y atender los requisitos de formato y contenido 
que se hayan establecido por la Comisión Europea mediante los correspondientes 
documentos guía preparados para esta notificación.
2. La información necesaria para preparar el informe cuatrienal será notificada por 
los órganos competentes de las comunidades autónomas, los organismos de cuenca y el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente cuando se corresponda con actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de sus 
competencias. A tal efecto, desde dicha Secretaría de Estado se cursará la petición 
correspondiente, que deberá quedar atendida en el plazo máximo de dos meses 
contados desde el momento en que los servicios de la Comisión Europea requieran esta 
documentación.
3. Este informe, oídas las comunidades autónomas, será comunicado a la Comisión 
Europea a través del cauce correspondiente, dentro de los seis meses siguientes al final 
del período al que se refiera y se hará público a través del portal web del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Disposición adicional primera.  Habilitación para normalizar el ejercicio de notificación.
El Secretario de Estado de Medio Ambiente, oídas las comunidades autónomas, 
dictará las instrucciones que resulten precisas para la remisión de la información 
necesaria para la emisión de los informes a que se refiere el artículo 10, con el fin de 
cumplir las exigencias derivadas de su notificación a la Comisión Europea.
Disposición adicional segunda.  Aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo».
Los códigos de buenas prácticas agrarias, a los que se refiere el artículo 5, y los 
programas de actuación a los que se refieren los artículos 6, 7 y 8, así como su 
normativa de aplicación, deberán respetar el principio de «no causar un perjuicio 
significativo» sobre el medio ambiente y las condiciones de etiquetado climático y digital, 
en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) de España, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la 
Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del 
mencionado principio.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Con la entrada en vigor de esta norma se deroga el Real Decreto 261/1996, de 16 de 
febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos 
procedentes de fuentes agrarias.
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Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 817/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del 
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
El Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 
calidad ambiental, queda modificado como sigue:
Uno. Se añade la siguiente definición 22 bis en el artículo 3:
«22 bis.  Eutrofización: Enriquecimiento excesivo de la concentración de 
nutrientes en las aguas. Se manifiesta por la proliferación masiva de algas 
planctónicas cuyo crecimiento y descomposición puede provocar alteraciones 
extremas en el contenido de oxígeno, limitación de la transparencia de las aguas y 
el incremento del consumo de oxígeno en las aguas profundas. De ello pueden 
derivarse trastornos en el equilibrio de las poblaciones biológicas presentes en el 
medio acuático y la degradación de la calidad del agua. La eutrofización puede ser 
natural o de origen antrópico.»
Dos. Se añade el artículo 8 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 8 bis.  Caracterización del estado trófico de las masas de agua 
superficial.
1. Las especificaciones técnicas para la caracterización del estado trófico de 
las masas de agua, especialmente las señaladas en los párrafos d) y e) del 
artículo 8, se recogen en el anexo III.D.
Estas normas se entenderán como criterios mínimos de funcionamiento y 
podrán desarrollarse a través de protocolos aprobados según lo previsto en el 
artículo 16.1.
2. El estado trófico de una masa de agua se clasificará como eutrófico, en 
riesgo de estar eutrófico y no eutrófico.
3. Para clasificar el estado trófico de las masas de agua superficial 
continentales se aplicarán, al menos, los indicadores fósforo y clorofila a.
4. Para clasificar el estado trófico de las masas de agua de transición y 
costeras se aplicarán, al menos, los indicadores de nutrientes y clorofila a.»
Tres. Se añade un apartado D al anexo III. Criterios y especificaciones técnicas 
para el seguimiento y clasificación del estado de las aguas, con la siguiente redacción:
«Apartado D. Caracterización del estado de trófico de las masas de agua
Parte A: Aguas continentales
La caracterización del estado trófico sólo se realizará en las masas de agua 
continentales de categoría lago y en las muy modificadas asimilables a lagos. 
Debe destacarse que, con carácter general, los ríos existentes en España no 
presentan problemas de eutrofización ya que sus características hidromorfológicas 
no permiten que los episodios de proliferación de algas y de plantas acuáticas 
permanezcan de forma significativa en el tiempo.
La caracterización se realizará teniendo en cuenta los límites de cambio de 
clase de estado del anexo II que establece para cada tipo de masa de agua de las 
categorías lago y muy modificadas asimilables a lago, así como en los criterios 
establecidos por la OCDE en la publicación Eutrophication of waters: monitoring, 
assessment and control. OECD, 1982 .
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Los criterios para la caracterización del estado trófico, de acuerdo a lo indicado 
en el párrafo anterior son los siguientes.
1. Las masas de agua en muy buen estado o buen estado ecológico se 
clasificarán, como norma general, en estado no eutrófico.
2. En el caso de que los límites de cambio no estén establecidos en este real 
decreto para estos indicadores, o bien que las masas de agua estén clasificadas 
en estado ecológico peor que bueno, serán de aplicación los criterios establecidos 
por la OCDE, y además se tendrán en cuenta los siguientes:
a) Los valores umbral que se utilizarán en la caracterización del estado 
trófico son los recogidos en la tabla siguiente; estos valores se considerarán como 
valores mínimos aplicables.
Umbrales para clasificar el estado trófico de las masas de agua continentales 
a partir de criterios OCDE
 Fósforo total
(media anual)Clorofila a
(media anual)Clorofila a
(máximo anual)Transparencia del disco 
de Secchi*
(media anual)
EUTROFIA.mg P/m3 mg chl a/m3mg chl a/m3m
> 35 > 8 > 25 < 2,0
* La transparencia solo se utilizará como indicador de apoyo conforme a lo establecido en el 
apartado f).
b) La media anual y el valor máximo de los indicadores se calculan a partir 
de un mínimo de 6 muestras anuales. Se tomará, al menos, una muestra cada 
trimestre del año.
c) La caracterización del estado de trófico se realizará, al menos, una vez 
cada cuatro años coincidiendo con periodo correspondiente al Informe cuatrienal 
previsto en el artículo 10 del Real Decreto sobre protección de las aguas contra la 
contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
d) Cuando la masa de agua se encuentre en un espacio protegido, la 
caracterización del estado trófico tendrá en cuenta los estudios pertinentes y 
diagnósticos de eutrofia realizados por los organismos e instituciones 
responsables de su gestión.
e) Una masa de agua se clasifica como eutrófica si la media anual de fósforo 
total y la media anual de "clorofila a" superan el valor umbral que figura en la tabla 
del punto a).
f) Si la media anual de fósforo total supera el valor umbral y la media anual 
de la "clorofila a" es menor al valor umbral pero existen valores superiores al 
máximo anual, la eutrofia se valorará a través de juicio de experto. A tal efecto, se 
tendrán en cuenta otros indicadores como la transparencia, así como la presencia 
de presiones significativas que puedan causar el aumento de nutrientes sobre la 
masa de agua.
g) Una masa de agua está en riesgo de eutrofización si soporta presiones 
significativas que puedan causar el aumento de nutrientes aunque no se superen 
los valores umbral de la tabla del punto a).
h) Una masa de agua se clasifica como no eutrófica cuando no soporta 
presiones significativas que puedan causar el aumento de nutrientes y no se 
superan los valores umbral de la tabla del punto a).
3. Una masa de agua se clasificará no eutrófica cuando las medias obtenidas 
a partir de los datos del periodo de control sean menores a los umbrales recogidos 
en la tabla anterior para el "fósforo total (media del periodo de control)" y "clorofila 
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a (media del periodo de control)" y, además, no existan presiones significativas 
que puedan causar el aumento de nutrientes en la misma.
Parte B: Aguas de transición y costeras
La caracterización  del estado  trófico  en las masas  de agua  de transición  y 
costeras  se realizará  atendiendo  a su tipología  y a los correspondientes  límites 
de cambio  de clase  de estado  del indicador  clorofila  a (Chl-a)  y de los 
indicadores  incluidos  dentro  del elemento  de calidad  nutrientes,  recogidos  en el 
anexo II. En el caso de que los límites de cambio no estén establecidos en este 
real decreto para estos indicadores, se podrán usar aquellos límites estipulados 
en su caso  en el Plan Hidrológico  vigente  correspondiente,  no realizándose  la 
caracterización  de aquellas  masas  para las cuales  dichos  límites  no se hayan 
establecido.
Mientras no se disponga de protocolos oficiales de caracterización del estado 
trófico detallados, serán de aplicación los siguientes criterios mínimos:
1. Criterios, indicadores y umbrales para la clasificación como eutrófica de 
una masa de agua de categoría de transición y costera:
Criterios, indicadores y umbrales para clasificar el estado trófico de las masas de 
aguas de transición y costeras
 Criterios Indicadores* Umbrales
EUTROFIA.Nutrientes.Amonio.
Nitratos.
Nitritos.
Fosfatos.
Nitrógeno total**.
Fósforo total**.>Límite de estado 
bueno/moderado.
Fitoplancton. Chl-a.>Límite de estado 
bueno/moderado.
* Los indicadores de eutrofia en cuanto a nutrientes serán los especificados para cada 
categoría y tipo.
** Se usarán en caso de que no hayan sido definidos los límites de estado bueno/moderado 
para amonio, nitratos, nitritos ni fosfatos.
– El periodo de control de los indicadores de nutrientes será estacional, 
extendiéndose a lo largo de todo el ciclo anual; el periodo de control de clorofila a 
debe incluir al menos los meses de máxima actividad biológica en la masa 
de agua.
– Los nutrientes serán evaluados utilizando el promedio de cada indicador 
calculado para todo el periodo de evaluación mientras que para la Chl-a se 
utilizará el percentil 90 de ese período.
– Con respecto a los indicadores incluidos dentro del elemento de calidad 
"nutrientes", la caracterización del estado trófico estará basada preferentemente 
en la evaluación de los nutrientes inorgánicos disueltos. No obstante, en caso de 
que no se hayan definido umbrales de límite de estado para estos indicadores y sí 
se cuenta con umbrales definidos para nitrógeno total y fósforo total, se podrán 
usar estos alternativamente.
i) La caracterización del estado trófico se realizará, al menos, una vez cada 
cuatro años coincidiendo con el período correspondiente al informe cuatrienal 
previsto en los artículos 3 y 10 de Real Decreto sobre protección de las aguas 
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contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias.
2. Una masa de agua se clasificará como eutrófica si la Chl-a y al menos uno 
de los indicadores de nutrientes inorgánicos disueltos o alternativamente nitrógeno 
total y fósforo total, superan el límite de estado bueno/moderado.
3. Una  masa  de agua  se clasificará  en riesgo  de eutrofización,  es decir, 
que puede  eutrofizarse  en un futuro  próximo  si no se actúa  de conformidad  al 
artículo  6 del Real  Decreto  sobre  protección  de las aguas  contra  la 
contaminación  difusa  producida  por los nitratos  procedentes  de fuentes 
agrarias,  cuando  al menos  uno de los indicadores  de nutrientes  utilizados  para 
la caracterización  supere  el límite  de estado  bueno/moderado  sin que se haya 
constatado  que la Chl-a  supere  dicho  límite,  o bien,  si se supera  el límite  de 
estado bueno/moderado de la Chl-a pero no hay constatación de que se supere 
este umbral para ninguno de los nutrientes.
4. Una masa de agua se clasificará no eutrófica cuando no se supere de 
manera estadísticamente significativa el límite de estado bueno/moderado para la 
Chl-a ni para ninguno de los indicadores de nutrientes utilizados en la 
caracterización y además, no existan presiones significativas que puedan causar 
el aumento de nutrientes en la misma.»
Disposición final segunda.  Incorporación del derecho de la Unión Europea.
Este real decreto contiene las normas necesarias para la transposición al Derecho 
español de la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola, ya transpuesta 
por el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, que ahora se deroga.
Disposición final tercera.  Carácter básico y título competencial.
El presente real decreto tiene el carácter de legislación básica en materia de 
planificación general de la economía y sobre protección del medio ambiente, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución, y se dicta, además, 
de conformidad con la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.22.ª en 
materia de legislación sobre recursos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de 
una comunidad autónoma.
Por otra parte, los artículos 4.3 y 4, 5.3, 6.7, 7.3 y 10.3, así como el apartado 3 del 
anexo 3, también se dictan al amparo del artículo 149.1.3.ª de la Constitución, que 
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales.
Disposición final cuarta.  Habilitación para la ejecución y desarrollo reglamentario, así 
como para su adaptación al progreso científico y técnico.
Se autoriza a las personas titulares de los Ministerios para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación y 
desarrollo de este real decreto y, en particular, para adaptar los anexos de la presente 
disposición a las modificaciones que, en su caso, sean introducidas por la Comisión 
Europea en los anexos de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre 
de 1991, para adaptarlos al progreso científico y técnico.
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Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 18 de enero de 2022.
FELIPE R.
El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática,
FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA
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ANEXO 1
Códigos de buenas prácticas agrarias
A) El código, o los códigos, de buenas prácticas agrarias deberán contener, al 
menos, disposiciones que contemplen las siguientes determinaciones, en la medida en 
que sean pertinentes:
1. Los períodos en que no es conveniente la aplicación de fertilizantes a las tierras.
2. La aplicación de fertilizantes a tierras en terrenos inclinados y escarpados.
3. La aplicación de fertilizantes a tierras en terrenos hidromorfos, inundados, 
helados o cubiertos de nieve.
4. Las condiciones de aplicación de fertilizantes a tierras cercanas a cursos de 
agua.
5. La capacidad y el diseño de los tanques de almacenamiento de estiércol, las 
medidas para evitar la contaminación del agua por escorrentía y filtración en aguas 
superficiales o subterráneas de líquidos que contengan estiércol y residuos procedentes 
de productos vegetales almacenados, como el forraje ensilado.
6. Los procedimientos para la aplicación a las tierras de fertilizantes químicos y 
estiércol que mantengan las pérdidas de nutrientes hacia las aguas y la atmósfera en un 
nivel aceptable, considerando tanto la periodicidad como la uniformidad de la aplicación.
7. Cualquier otro requisito necesario para asegurar que los estiércoles, purines y 
fertilizantes en general se aplican a los suelos mediante procedimientos o métodos que 
no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente.
B) Además de lo indicado en el apartado A), el código o los códigos de buenas 
prácticas agrarias también podrán abordar, con carácter complementario, las siguientes 
cuestiones:
1. La gestión del uso de la tierra con referencia a los sistemas de rotación de 
cultivos y a la proporción de la superficie de tierras dedicada a cultivos permanentes en 
relación con la dedicada a cultivos anuales.
2. El mantenimiento durante períodos lluviosos de un manto mínimo de vegetación 
que absorba el nitrógeno del suelo que, de lo contrario, podría causar fenómenos de 
contaminación del agua por nitratos.
3. La utilización, como alternativa, de cultivos con alta demanda de nitrógeno y con 
sistemas radicales potentes, capaces de aprovechar los nitratos que hayan sido 
arrastrados a capas profundas.
4. El establecimiento de planes de abonado acordes con la situación particular de 
cada explotación y la consignación en registros del uso de fertilizantes, de acuerdo con 
la normativa sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios.
5. La prevención de la contaminación del agua por escorrentía y la filtración del 
agua por debajo de los sistemas radiculares de los cultivos en los sistemas de riego.
6. El registro parcelario de las zonas de aplicación de los estiércoles, purines y 
otros materiales que contengan nitrógeno, como los lodos de depuradora.
7. El registro georreferenciado de los lugares en los que se generan los estiércoles 
y purines, incluyendo las cantidades generadas, la gestión de los mismos y los depósitos 
de almacenamiento de estiércoles y de balsas de purines.
8. El registro de datos sobre el contenido de nitrógeno en los suelos obtenidos 
mediante medidores in situ , sondas de succión o lisímetros, instalados en la zona edáfica 
y, en su caso, en la zona vadosa, sobre las áreas especialmente afectadas. Esta 
información se intercambiará junto a los registros de calidad de agua, entre las 
autoridades agrarias y las del agua, a efectos de evaluar la eficacia de las medidas 
adoptadas.
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ANEXO 2
Medidas a incorporar en los programas de actuación
a) Determinación de los períodos en los que esté prohibida la aplicación al terreno 
de determinados tipos de fertilizantes.
b) Determinación de la capacidad necesaria de los tanques de almacenamiento de 
estiércol, que deberá ser superior a la requerida para el almacenamiento de este abono 
a lo largo del período más largo durante el cual esté prohibida la aplicación del mismo a 
la zona vulnerable. Esta medida no será necesaria cuando pueda demostrarse a las 
autoridades competentes que toda cantidad de estiércol que exceda de la capacidad real 
de almacenamiento será gestionada, valorizada o eliminada de forma que no cause 
daños al medio ambiente.
c) Limitación de la aplicación de fertilizantes al terreno, de tal manera que esta sea 
compatible con prácticas agrarias adecuadas y que tenga en cuenta las características 
de la zona vulnerable considerada y, en particular, los siguientes factores: el estado del 
suelo, tipo de suelo y pendiente; las condiciones climáticas de la zona, pluviosidad y 
necesidades de riego; los usos de la tierra y prácticas agrarias, incluidos los sistemas de 
rotación de cultivos.
Esta limitación deberá basarse en un equilibrio entre la cantidad previsible de 
nitrógeno que en su momento precisen los cultivos y la cantidad de nitrógeno que estos 
vayan a tener disponible. Esta disponibilidad de nitrógeno se compone de las siguientes 
fracciones:
1. Cantidad de nitrógeno presente en el suelo en el momento en que los cultivos 
comienzan a demandar un elevado consumo de nitrógeno.
2. Suministro de nitrógeno a través de la mineralización neta de las reservas de 
nitrógeno orgánico del suelo.
3. Aportes de compuestos nitrogenados de excrementos animales.
4. Aportes de compuestos nitrogenados procedentes de fertilizantes químicos y 
otros, así como de las propias aguas utilizadas para el riego.
Asimismo, se tomarán como referencia las conclusiones sobre las mejores técnicas 
disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, establecidas por la 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017.
ANEXO 3
Cantidades máximas de estiércol aplicadas al terreno
1. La cantidad específica por hectárea será como máximo la cantidad de estiércol 
que contenga 170 kg/año de nitrógeno. No obstante, durante el primer programa de 
actuación cuatrienal establecido sobre zonas vulnerables que hayan sido declaradas tras 
la entrada en vigor de este real decreto se podrá permitir una cantidad de estiércol que 
contenga hasta 210 kg/año de nitrógeno. Estas cantidades podrán ser calculadas 
basándose en el número de animales de la explotación agraria.
2. Asimismo, durante o una vez transcurrido, el primer programa de actuación 
cuatrienal, los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán establecer 
cantidades distintas a las mencionadas en el párrafo anterior. Dichas cantidades deberán 
establecerse de forma que no perjudiquen el cumplimiento de los objetivos especificados 
en el artículo 1 y deberán justificarse con arreglo a criterios objetivos tales como:
– Ciclos de crecimiento largos.
– Cultivos con elevada captación de nitrógeno.
– Prácticas de doble cultivo/doble cosecha en el ciclo anual.
– Alta precipitación neta en la zona vulnerable.
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– Suelos con capacidad de desnitrificación excepcionalmente elevada.
– Mecanismo de aplicación conjunta con otros fertilizantes inorgánicos u orgánicos.
– Características del procedimiento de fertilización utilizado (en relación con el 
número de cosechas, el tipo de cultivo, o las prácticas de conservación asociadas).
– Vulnerabilidad ambiental del medio al que drenan las aguas de escorrentía de los 
terrenos de cultivo.
3. En la medida en que las cantidades máximas de estiércol a las que refiere el 
punto 2 vayan a superar los límites establecidos en el punto 1, la comunidad o 
comunidades autónomas implicadas trasladarán su propuesta a la Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente acompañada de una justificación científica que acredite que con ello 
no se pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales señalados por el 
artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE.
La Secretaría de Estado estudiará la propuesta y recabará, de la autoridad de 
cuenca que corresponda según afecte a demarcaciones hidrográficas inter o 
intracomunitarias, un informe con carácter preceptivo sobre la compatibilidad de las 
nuevas cantidades con las previsiones de cumplimiento de los objetivos ambientales 
establecidas en la planificación hidrológica vigente.
Si los informes  recabados  desaconsejan  establecer  los nuevos  límites,  se devolverá  la 
propuesta  a los promotores  para su reconsideración.  Si, por el contrario,  los informes  son 
favorables a la propuesta, la Secretaría de Estado la elevará a la Comisión Europea a través de 
los representantes  del Estado  en el Comité  al que se refiere  el artículo  9 de la 
Directiva  91/676/CEE  del Consejo,  de 12 de diciembre  de 1991.  Las comunidades  autónomas 
proponentes podrán ofrecer soporte técnico a los representantes del Estado en el Comité.
ANEXO 4
Contenido que deberá figurar en el informe de situación
1. Declaración de medidas preventivas adoptadas de conformidad con los códigos 
de buenas prácticas agrarias que se elaboren.
2. Mapas que reflejen las aguas afectadas por la contaminación por nitratos y las 
aguas eutrofizadas, señalando las circunstancias que se han aplicado entre las 
expuestas en el apartado 2 del artículo 3 de este real decreto.
3. Localización de las zonas designadas como vulnerables, distinguiendo entre las 
zonas ya existentes y las que hayan sido designadas, en su caso, con posterioridad al 
anterior informe de situación.
4. Resumen del resultado del seguimiento efectuado en las estaciones de muestreo, de 
conformidad  con el artículo  9, en el que deben  constar  los motivos  que han inducido  a la 
designación de cada zona vulnerable o, en su caso, a su modificación o ampliación.
5. Resumen de los programas de actuación elaborados de conformidad con el 
artículo 6 de la presente disposición y, en especial, de:
– Las medidas impuestas de conformidad con lo establecido en los anexos 2 y 3 del 
presente real decreto y, en su caso, en los códigos de buenas prácticas agrarias, así 
como las indicadas en la segunda frase del apartado 1 del artículo 7.
– La información a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 7.
– Las inspecciones realizadas sobre la aplicación de los códigos de buenas 
prácticas agrarias y programas de actuación a que se hace referencia en el apartado 8 
del artículo 6.
6. Resumen de los programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las 
aguas indicados en el artículo 9.
7. Hipótesis, grado de certidumbre y plazos en los que se presuma se producirán 
resultados beneficiosos para las aguas contaminadas por nitratos, como consecuencia 
de los programas de actuación, conforme a la previsión de cumplimiento de los objetivos 
ambientales y uso de exenciones establecida en el correspondiente plan hidrológico.
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