I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
11473 Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de 
julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión 
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de 
modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del 
juego.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
Esta Ley contiene modificaciones en diversas normas, principalmente en materia 
tributaria, con una finalidad doble. Por una parte, para proceder a la incorporación del 
Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de 
elusión fiscal. Por otra, para introducir cambios en la regulación dirigidos a asentar unos 
parámetros de justicia tributaria y facilitar las actuaciones tendentes a prevenir y luchar 
contra el fraude reforzando el control tributario.
En un contexto en el que la globalización de la economía, los nuevos modelos de 
negocios y la aparición de avances tecnológicos disruptivos están suponiendo 
importantes retos, la prevención y lucha contra el fraude fiscal exigen de una estrategia 
integral que además de un marco legal apropiado incluya una Administración Tributaria 
dotada de los medios necesarios para optimizar sus resultados. Ello hará necesario que 
las modificaciones legales aquí contenidas deban de acompañarse de determinadas 
medidas organizativas y operativas que, adecuando a la Administración Tributaria del 
Estado, esto es, Agencia Tributaria, Dirección General de Tributos y Tribunales 
Económico-Administrativos, al contexto económico, la sitúen al nivel de los países más 
avanzados.
En particular, se deben concentrar esfuerzos en el control de los y las contribuyentes 
con grandes patrimonios, así como en sus entornos societarios y familiares, a fin de 
favorecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante la creación 
de una unidad central de coordinación de dichas actuaciones de control.
II
Esta Ley consta de diecinueve artículos, seis disposiciones adicionales, dos 
disposiciones transitorias y siete disposiciones finales.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta Ley se ha 
efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, se cumple el principio de necesidad y eficacia, por cuanto es necesaria la 
aprobación de una Ley, dado que los cambios que se introducen en diversas normas del 
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Ordenamiento, al tener rango legal, precisan de su incorporación a este a través de una 
norma de igual rango.
Se cumple también el principio de proporcionalidad, por cuanto se ha observado de 
forma exclusiva el modo de atender los objetivos estrictamente exigidos, antes 
mencionados.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto 
con el resto del ordenamiento jurídico nacional, así como con el de la Unión Europea. De 
hecho, una importante parte de aquel responde a la necesidad de trasposición de 
determinadas normas comunitarias al Derecho español.
El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el Boletín 
Oficial del Estado, se ha garantizado mediante la publicación del Anteproyecto, así como 
de su Memoria del Análisis de Impacto Normativo, en la sede electrónica del Ministerio 
de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de 
audiencia e información pública por toda la ciudadanía.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, se ha procurado que la norma 
genere las menores cargas administrativas para la ciudadanía, así como los menores 
costes indirectos, fomentando el uso racional de los recursos públicos, es más, incluso 
alguna de las medidas que se incorporan conllevan una reducción de tales cargas. En 
este sentido, las exigencias de información y documentación que se requieren de los y 
las contribuyentes son las estrictamente imprescindibles para garantizar el control de su 
actividad por parte de la Administración Tributaria.
III
La Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen 
normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, conocida como Directiva anti elusión fiscal o, por 
sus siglas en inglés, como ATAD, se enmarca dentro de las medidas multilaterales que 
se han venido tomando en los años posteriores a la reciente crisis económica en el 
ámbito del Impuesto sobre Sociedades.
En el año 2013, en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) se iniciaron unos trabajos que tenían por objeto aprobar un Plan de 
acción con el objetivo de evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 
(Plan BEPS), que se concretó en la aprobación de quince informes que se refieren a 
igual número de «acciones» diseñadas para atajar esos problemas y formular 
recomendaciones concretas a los países miembros de la organización.
Desde el primer momento, el Consejo Europeo valoró positivamente esta iniciativa y 
la Comisión Europea en su Comunicación de 17 de junio de 2015 estableció un Plan de 
Acción para un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión 
Europea.
Los informes finales sobre los quince puntos de acción de la OCDE se hicieron 
públicos el 5 de octubre de 2015 y también fueron acogidos con satisfacción por el 
Consejo Europeo, que subrayó la necesidad de encontrar soluciones comunes a escala 
de la Unión Europea coordinadas con el Plan BEPS.
En este contexto se aprobó la citada Directiva 2016/1164, que incorpora varias de las 
materias tratadas en los informes de la OCDE.
Tal y como se señala en los considerandos de la Directiva, es necesario garantizar el 
pago del impuesto allí donde se generen los beneficios y el valor, reforzar el nivel medio 
de protección contra la planificación fiscal abusiva y establecer normas contra la erosión 
de las bases imponibles en el mercado interior y el traslado de beneficios fuera del 
mismo.
Esta Directiva aborda diferentes ámbitos. En concreto, el establecimiento de una 
norma general anti abuso, un nuevo régimen de trasparencia fiscal internacional, el 
tratamiento de las denominadas asimetrías híbridas, la limitación de la deducibilidad de 
intereses y la regulación de la llamada imposición de salida.
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Sin embargo, no todos estos aspectos han de ser objeto de inmediata transposición, 
ya que se regulan diferentes plazos para la misma, es más, en el caso de la norma 
general anti abuso no será necesaria una modificación de nuestra normativa en la 
medida en que ya se recoge en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a 
través de las figuras del conflicto en la aplicación de la norma tributaria y la simulación.
Por otra parte, en el caso de la limitación en la deducibilidad de intereses, hay que 
señalar que la propia Directiva prevé la posibilidad de extender el plazo de transposición 
hasta el año 2024 en la hipótesis de que la norma nacional contenga ya un régimen de 
limitación en esta materia que sea homologable o equiparable al regulado en el artículo 4 
de la misma.
Pues bien, el Reino de España, en lo que se refiere al territorio común y también al 
del régimen foral de Navarra, optó por comunicar a la Comisión Europea su intención de 
ejercitar esa opción en el entendido de que tanto la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, como la norma foral navarra cumplían ese requisito de 
efecto homologable al de la normativa contenida en la Directiva, habiendo manifestado 
ya la Comisión su visto bueno a esa opción.
Por su parte, el régimen de asimetrías híbridas comprende un doble plazo de 
transposición, según la materia concreta, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 
de 2021, lo que, unido a su complejidad, aconseja abordar aquella en un momento 
posterior.
Teniendo en cuenta lo expuesto, los aspectos que finalmente se incorporan a esta 
Ley son los concernientes al nuevo régimen de transparencia fiscal internacional y a la 
imposición de salida.
En síntesis, la transparencia fiscal internacional supone la imputación a una empresa 
residente en territorio español de determinadas rentas obtenidas por una entidad 
participada mayoritariamente que resida en el extranjero cuando la imposición sobre 
esas rentas en el extranjero es notoriamente inferior a la que se hubiera producido en 
territorio español, imputación que se produce aunque las rentas no hayan sido 
efectivamente distribuidas.
España ya regula esta figura tanto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades 
como en la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero en la Directiva se 
introducen algunas novedades que resulta necesario incorporar.
Entre estas, cabe destacar, en primer lugar, el hecho de que la imputación de rentas 
que se produce dentro del régimen de transparencia fiscal afecta no solamente a las 
obtenidas por entidades participadas por el contribuyente sino también a las obtenidas 
por sus establecimientos permanentes en el extranjero.
Por otra parte, se contienen en la Directiva diversos tipos de renta susceptibles de 
ser objeto de imputación en este régimen que no estaban recogidos hasta este momento 
en la ley española tales como las derivadas de operaciones de arrendamiento financiero 
o de actividades de seguros, bancarias y otras actividades financieras.
Por lo demás, es importante señalar que lo dispuesto en la Directiva no es óbice para 
la existencia y aplicación de disposiciones nacionales «dirigidas a salvaguardar un nivel 
de protección más elevado de las bases imponibles nacionales del impuesto sobre 
sociedades». En el caso de la ley española existen, efectivamente, elementos del 
régimen de transparencia fiscal que suponen ese nivel de protección más elevado. Es 
decir, que conlleva que, potencialmente, puedan ser objeto de imputación más rentas 
que las que derivan de la transposición estricta de la Directiva o que el régimen resulte 
aplicable en un mayor número de casos.
A este respecto, se ha optado, con carácter general, por mantener en el precepto 
esos niveles de protección más elevados. Es el caso, por ejemplo, de la diferencia entre 
la tributación en territorio extranjero y la que hubiera resultado en el supuesto de que 
hubiera tributado en España, que se regula en la ley como requisito desencadenante de 
la obligatoriedad de la imputación. O también de la inclusión de determinados tipos 
de rentas que no están expresamente referenciadas en la Directiva como susceptibles 
de ser imputadas y que, sin embargo, sí lo están en la norma española, como ocurre con 
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las rentas derivadas de la titularidad de bienes inmuebles o las derivadas de actividades 
crediticias, financieras, aseguradoras o de prestación de servicios realizadas con 
personas o entidades vinculadas cuando determinan gastos fiscalmente deducibles en 
entidades residentes en territorio español.
En cuanto al llamado impuesto de salida o «exit tax», tal como se afirma en los 
considerandos de la Directiva, tiene como función garantizar que, cuando un 
contribuyente traslade sus activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal del 
Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su 
territorio aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el 
momento de la salida.
Nuestra Ley del Impuesto sobre Sociedades regula ya el tratamiento fiscal en caso 
de cambio de residencia, pero también aquí procede realizar modificaciones de cierta 
importancia para transponer la Directiva.
En concreto, para el supuesto de que el cambio de residencia se hubiera producido 
hacia otro Estado miembro de la Unión Europea, se establecía el aplazamiento del pago 
del impuesto de salida, a solicitud del o de la contribuyente, hasta la fecha de la 
transmisión a terceros o terceras de los elementos patrimoniales afectados. Sin 
embargo, la Directiva lo que prevé es un derecho del contribuyente a fraccionar el pago 
del impuesto de salida a lo largo de cinco años, cuando el cambio de residencia se 
efectúe a otro Estado miembro o un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, estableciendo, asimismo, determinadas normas 
complementarias para el caso de que se solicite ese fraccionamiento.
Por su parte, la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes regula 
actualmente el supuesto del traslado de activos al extranjero desde un establecimiento 
permanente situado en territorio español.
Como consecuencia de la transposición de la Directiva resulta necesario introducir en 
dicha norma, además de lo señalado anteriormente en relación con el fraccionamiento, 
un nuevo supuesto previsto de generación de un impuesto de salida para el caso de que 
se produzca un traslado, no de un elemento aislado, sino de «la actividad» realizada por 
el establecimiento permanente.
Por otra parte, en las normas reguladoras del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes es preciso introducir la previsión de la 
Directiva de que cuando el traslado de activos haya sido objeto de una imposición de 
salida en un Estado miembro de la Unión Europea el valor determinado por ese Estado 
miembro será aceptado como valor fiscal en España, salvo que no refleje el valor de 
mercado.
Finalmente, en relación con el Impuesto sobre Sociedades y al margen de la 
Directiva, se establecen requisitos adicionales para que las sociedades de inversión de 
capital variable (SICAV) puedan aplicar el tipo de gravamen del 1 por ciento.
Hasta ahora el número de accionistas requerido para la aplicación del tipo del 1 por 
ciento es, con carácter general, de 100 socios o socias, sin exigirse a cada uno de ellos 
una inversión mínima. Esta situación ha propiciado que sea habitual que las SICAV 
concentren porcentajes muy elevados de su accionariado en una o varias personas 
mientras que el resto del accionariado se reparte entre socios o socias con 
participaciones económicamente insignificantes, lo cual desvirtúa el carácter colectivo 
que cabe predicar de las SICAV y que justifica la aplicación del tipo de gravamen 
reducido.
Con el propósito de reforzar dicho carácter colectivo, se establecen requisitos 
objetivos que deben cumplir los socios y socias para que sean computables a efectos de 
la aplicación del tipo de gravamen del 1 por ciento, de forma que se garantice que dichos 
socios y socias tengan un interés económico en la sociedad. Este interés económico se 
cuantifica en función de un importe determinado de la inversión.
Esta modificación va acompañada de un régimen transitorio para las SICAV que 
acuerden su disolución y liquidación, que tiene por finalidad permitir que sus socios y 
socias puedan trasladar su inversión a otras instituciones de inversión colectiva que 
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cumplan los requisitos para mantener el tipo de gravamen del 1 por ciento en el 
Impuesto sobre Sociedades.
A su vez, se incorporan en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, los requisitos que deberán cumplir los productores y productoras que se 
encarguen de la ejecución de producciones extranjeras de largometrajes 
cinematográficos para poder aplicar la deducción regulada en dicha Ley. Por una parte, 
se exige el certificado emitido por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, o por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, acreditando 
el carácter cultural de la producción con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y 
otras producciones del sector audiovisual, de 15 de noviembre de 2013 y, por otra, y 
vinculadas al logro de uno de los objetivos perseguidos con esta deducción y señalado 
en el preámbulo de la Ley 27/2014, antes citada, cuál es su contribución al impacto 
económico en el sector turístico español, se solicita la incorporación en los títulos de 
crédito de la obra de los lugares específicos de rodaje en España y la autorización del 
uso del título de la obra y de material gráfico y audiovisual de prensa que incluya de 
forma expresa lugares específicos del rodaje o de cualquier otro proceso de producción 
realizado en España, para la realización de actividades y elaboración de materiales de 
promoción en España y en el extranjero con fines culturales o turísticos, que puedan 
llevar a cabo las entidades estatales, autonómicas o locales con competencias en 
materia de cultura, turismo y economía.
Por último, se introduce una mejora técnica en la regulación de la baja en el índice de 
entidades del Impuesto sobre Sociedades, ya que, en puridad, el concepto de «fallido» 
no se puede predicar de los créditos, sino de las entidades deudoras.
IV
Se introducen modificaciones en el texto refundido del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que tienen 
por objeto favorecer las libertades de establecimiento y circulación, de acuerdo con el 
Derecho de la Unión.
V
De acuerdo con los nuevos parámetros internacionales, se adecúa el término de 
paraísos fiscales al de jurisdicciones no cooperativas.
Adicionalmente, la determinación de los países y territorios que tienen la 
consideración de jurisdicciones no cooperativas requiere de una actualización 
atendiendo a las revisiones y trabajos desarrollados en el ámbito internacional, tanto en 
el marco de la Unión Europea como en el de la OCDE, cuyos criterios han permitido 
identificar una serie de jurisdicciones no cooperativas, así como exigir una serie de 
compromisos a efectos de abandonar dicha categoría en el ámbito internacional, dando 
lugar a listas de países que se hallan en constante revisión.
De este modo, con la finalidad de combatir más eficientemente el fraude fiscal, 
resulta necesario ampliar el concepto de paraíso fiscal y para ello determinar la 
consideración de jurisdicción no cooperativa, atendiendo a criterios de equidad fiscal y 
transparencia, identificando aquellos países y territorios caracterizados por facilitar la 
existencia de sociedades extraterritoriales dirigidas a la atracción de beneficios sin 
actividad económica real o por la existencia de baja o nula tributación o bien por su 
opacidad y falta de transparencia, por la inexistencia con dicho país de normativa de 
asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria aplicable, por la 
ausencia de un efectivo intercambio de información tributaria con España o por los 
resultados de las evaluaciones sobre la efectividad de los intercambios de información 
con dichos países y territorios. Asimismo, con el fin de otorgar una respuesta más 
precisa a determinados tipos de fraude, conviene identificar aquellos regímenes fiscales 
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preferenciales que resulten perjudiciales establecidos en determinados países o 
territorios que facilitan el fraude fiscal. En este sentido, una vez aprobados estos 
criterios, la persona titular del Ministerio de Hacienda adoptará las disposiciones 
necesarias para la publicación de la relación de países y territorios, así como regímenes 
fiscales perjudiciales, considerados jurisdicciones no cooperativas, que habrá de ser 
actualizada periódicamente. De esta forma, los incumplimientos de los compromisos 
adoptados pueden desembocar en una vuelta a la lista de jurisdicciones no cooperativas. 
Este enfoque dinámico garantiza una respuesta firme y actualizada frente a la utilización 
de dichos países y territorios con fines defraudatorios.
VI
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta las Personas Físicas se introducen 
diversas modificaciones.
En primer lugar, se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con la 
finalidad de que el o la adquirente de un bien a través de un contrato o pacto sucesorio 
se subrogue en el valor y fecha de adquisición que tenía dicho bien en el o la causante, 
siempre que el mismo se transmita antes del transcurso de cinco años desde la 
celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento de este último si fuera anterior. Esta 
modificación se introduce junto con un régimen transitorio que solo será aplicable a las 
transmisiones de bienes efectuadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 
que hubieran sido adquiridos de forma lucrativa por causa de muerte en virtud de 
contratos o pactos sucesorios con efectos de presente.
De esta forma se impide una actualización de los valores y fechas de adquisición del 
elemento adquirido que provocaría una menor tributación que si el bien hubiera sido 
transmitido directamente a otra persona o entidad por el o la titular original.
Se clarifica la redacción de la reducción por el arrendamiento de bienes inmuebles 
destinados a vivienda, de forma que la misma solo se pueda aplicar sobre el rendimiento 
neto positivo calculado por el o la contribuyente en su declaración-liquidación o 
autoliquidación, sin que proceda su aplicación sobre el rendimiento neto positivo 
calculado durante la tramitación de un procedimiento de comprobación.
A su vez, con la finalidad de reforzar el control tributario sobre los hechos imponibles 
relativos a monedas virtuales, se establecen dos nuevas obligaciones informativas 
referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales.
Así, se introduce una obligación de suministro de información sobre los saldos que 
mantienen los y las titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen 
servicios en nombre de otras personas o entidades para salvaguardar claves 
criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, 
incluidos los proveedores o las proveedoras de servicios de cambio de las citadas 
monedas si también prestan el mencionado servicio de tenencia.
Igualmente, para estas mismas personas o entidades, se establece la obligación de 
suministrar información acerca de las operaciones sobre monedas virtuales (adquisición, 
transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos) en las que intervengan. Esta misma 
obligación se extiende a quienes realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales.
Por otra parte, en relación con los seguros de vida en los que el tomador o tomadora 
asuma el riesgo de la inversión, se adaptan los requisitos exigibles para que no resulte 
de aplicación la regla especial de imputación temporal para este tipo de seguros, en 
concordancia con las últimas modificaciones normativas aplicables a las entidades 
aseguradoras.
Además, se procede a homogeneizar el tratamiento de las inversiones en 
determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades 
de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), con independencia del mercado, 
nacional o extranjero en el que coticen. Así, se extiende a las instituciones de inversión 
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colectiva cotizadas que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de las que cotizan en 
bolsa española respecto a la no aplicabilidad del régimen de diferimiento.
VII
Tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se modifica la 
base imponible del impuesto, sustituyendo el valor real por valor, concepto que se 
equipara al valor de mercado. La determinación del valor real ha sido fuente de buena 
parte de litigios de estos impuestos por su inconcreción. A este respecto, el Tribunal 
Supremo ha manifestado que no existe un valor real, entendido este como un carácter o 
predicado ontológico de las cosas, y ha establecido como doctrina jurisprudencial que, 
cuando exista un mercado de los bienes de que se trate, el valor real coincide con el 
valor de mercado. Por otra parte, este mismo órgano, en recientes pronunciamientos, 
entre ellos la sentencia 843/2018, de 23 de mayo de 2018, ha determinado que el 
método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores 
catastrales, multiplicados por índices o coeficientes, que recoge la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el 
bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en 
aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor 
real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad 
estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se 
someta a avalúo, lo que dificulta en gran medida la facultad comprobadora de la 
Administración Tributaria. Esta dificultad se añade a la ya existente respecto de otros 
medios de comprobación de valores, como es el caso de la que se realiza mediante 
dictamen de peritos, sobre la que el Tribunal Supremo exige una comprobación «in situ», 
con visita del inmueble en cuestión, requisito exigido en diversas sentencias, entre las 
que cabe citar la sentencia 5306/2015, de 26 de noviembre de 2015. Por ello, se 
conceptúa como base imponible de estos impuestos el valor de mercado del bien o 
derecho que se transmita o adquiera. Además, en aras de la seguridad jurídica, en el 
caso de bienes inmuebles, se establece que la base imponible es el valor de referencia 
previsto en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Esta norma se modifica en consonancia con 
el cambio, amparando un garantista procedimiento administrativo para el general 
conocimiento del valor de referencia de cada inmueble. Para el caso en que no se 
disponga, o no sea posible certificar dicho valor de referencia, se establece la regla 
alternativa para la determinación de la base imponible.
En coherencia con lo anterior, esta misma regla se añade en el Impuesto sobre el 
Patrimonio para los inmuebles cuyo valor haya sido determinado por la Administración 
en un procedimiento. También se modifica, en consonancia con lo anterior, el texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, a fin de suprimir las referencias del precepto al 
valor real en la valoración de bienes inmuebles, y sustituirlo en particular a efectos del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por el 
valor de referencia.
En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, también se modifica la 
regulación de la acumulación de donaciones, para incluir los supuestos de contratos y 
pactos sucesorios que produzcan adquisiciones en vida del o de la causante. Además, 
se modifica la Ley del Impuesto, para extender su ámbito a todos los y las no residentes, 
ya sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo o en un tercer Estado, en consonancia con la reciente jurisprudencia del 
Tribunal Supremo sobre la extensión del principio de libertad de movimiento de capitales 
consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, reflejada en diversas 
sentencias, entre las que cabe señalar la sentencia 242/18, de 19 de febrero.
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Asimismo, se modifica la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el 
Patrimonio, para añadir cómo deben valorarse los seguros de vida cuando el tomador o 
la tomadora del seguro no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate, evitando de 
esta forma que se pueda eludir la tributación por los seguros de vida-ahorro cuyo 
contenido patrimonial es indudable. Asimismo, se establece una nueva regla de 
valoración para aquellos supuestos en que se perciben rentas temporales o vitalicias 
procedentes de un seguro de vida.
Por otra parte, por lo que concierne al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, la existencia de interpretaciones contradictorias entre sí, 
tanto en el ámbito judicial, como en el administrativo, respecto a la sujeción o no a la 
modalidad de transmisiones patrimoniales de este impuesto de las operaciones de las 
compras a particulares de artículos de oro y joyería por parte de comerciantes de este 
sector empresarial, justifica la modificación que se introduce en la normativa de aquel 
con el fin de despejar cualquier duda en la delimitación del hecho imponible del tributo.
VIII
En el Impuesto sobre el Valor Añadido se incorporan una serie de modificaciones en 
la Ley del Impuesto con el fin de evitar interpretaciones erróneas que pudieran dar lugar 
a situaciones de abuso o fraude, en especial en materia de responsabilidad tributaria.
En primer lugar, se actualiza el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago del 
impuesto, definido actualmente para los y las agentes de aduanas, que ahora será de 
aplicación a las personas o entidades que actúen en nombre y por cuenta del importador. 
De esta forma, se alinea el precepto a las modificaciones establecidas en el ámbito de la 
representación aduanera y a la figura del representante aduanero.
En segundo lugar, se matizan el alcance y naturaleza de los incumplimientos de las 
obligaciones específicas del régimen del grupo de entidades en las que necesariamente 
debe ser sujeta infractora la entidad dominante, por tratarse de la sujeta que ostenta la 
representación del grupo de entidades y queda obligado al cumplimiento de las 
obligaciones materiales y formales específicas derivadas del régimen especial.
Por último, se extiende el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago de la 
deuda tributaria que alcanza a quien ostente la titularidad de los depósitos distintos de 
los aduaneros correspondiente a la salida o abandono de los bienes de estos depósitos, 
a los bienes objeto de Impuestos Especiales, excluidos hasta la fecha para evitar que los 
beneficios del régimen se utilicen de forma fraudulenta para realizar compras exentas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido al amparo del régimen, con devengo del Impuesto a la 
salida pero sin ingreso del mismo ante la Hacienda Pública.
No obstante, tratándose de productos objeto de los Impuestos sobre el Alcohol y las 
Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos, esta responsabilidad no será exigible a quien 
ostente la titularidad del depósito cuando la salida o el abandono de los bienes se haya 
realizado por una persona o entidad autorizada al efecto que conste en el registro de 
extractores de estos productos, registro administrativo donde deben inscribirse dichas 
personas o entidades y que se crea con dichos efectos.
IX
En el Impuesto General Indirecto Canario se incorporan las modificaciones incluidas 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido en materia de responsabilidad tributaria en el 
ámbito de las liquidaciones aduaneras.
Por otra parte, en la medida que la normativa del Impuesto General Indirecto Canario 
ha establecido, de forma similar a lo previsto en la normativa del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, la llevanza de los libros registros del referido Impuesto a través de la sede 
electrónica Agencia Tributaria Canaria mediante el suministro de los registros de 
facturación, se tipifica como infracción tributaria el retraso o incumplimiento de tal 
obligación y se establece la sanción tributaria correspondiente.
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X
En el ámbito de los impuestos especiales de fabricación, se modifica la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, para realizar un ajuste técnico en la 
definición de los depósitos fiscales. Con dicho ajuste se clarifica que para que quien 
ostente la titularidad de un depósito fiscal obtenga la correspondiente autorización que le 
habilita para operar como tal es preciso que en dicho establecimiento se realicen 
operaciones efectivas de almacenamiento de productos objeto de los impuestos 
especiales de fabricación.
Con ello se pretende evitar la indebida aplicación del régimen suspensivo o, lo que 
es lo mismo, el retraso del devengo de los impuestos especiales de fabricación, con el 
consiguiente riesgo fiscal que ello comporta, por parte de establecimientos que 
realmente no operan como depósitos fiscales.
También se tipifica un nuevo supuesto de infracción grave: la existencia de 
diferencias en menos de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, 
que excedan de los porcentajes establecidos reglamentariamente. De esta forma se 
pretende desincentivar la existencia de dichas diferencias.
Por otra parte, a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero 
de 2018, se considera preciso tipificar dos supuestos de infracción para sancionar el 
incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y en su normativa 
de desarrollo necesarios para la aplicación de determinados beneficios fiscales.
En concreto, se incluye un supuesto de infracción grave para los casos en que, 
incumpliendo dichos requisitos, no se justifique el uso o destino dado a los productos por 
los que se haya aplicado una exención o un tipo impositivo reducido, y una infracción 
leve en caso de que los productos se hubieran destinado a un fin que justifica la 
exención o la aplicación del tipo impositivo reducido.
Estos dos supuestos de infracción, con sus correspondientes sanciones, también se 
introducen en la normativa reguladora del Impuesto Especial sobre el Carbón y el 
Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Por otro lado, se introduce una modificación del artículo 70 de la Ley 38/1992, de 28 
de diciembre, de Impuestos Especiales.
XI
En la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se introducen diversos 
cambios.
El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el 
artículo 31.1 de la Constitución española, en palabras del máximo intérprete de la 
Constitución, el Tribunal Constitucional, implica, de un lado, una exigencia directa 
al legislador, obligado a buscar la riqueza allá donde se encuentre, y, de otra parte, la 
prohibición en la concesión de privilegios tributarios discriminatorios, es decir, de 
beneficios tributarios injustificados desde el punto de vista constitucional, al constituir una 
quiebra del deber genérico de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado.
El Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional en su sentencia 73/2017, de 8 
de junio, la declaración tributaria especial establecida por la disposición adicional primera 
del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas 
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, por 
afectar a la esencia del deber de contribuir del mencionado artículo 31.1 CE, alterando 
sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la 
generalidad de los y las contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios 
de capacidad económica, igualdad y progresividad, y contradecir así la prohibición 
establecida en el artículo 86.1 de la Constitución.
Conforme con lo anterior, se reconoce en la Ley General Tributaria la prohibición del 
establecimiento de cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que 
implique una disminución de la cuantía de la deuda tributaria, y, por tanto, una 
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vulneración de los principios de ordenación del sistema tributario, plasmando así a nivel 
legal un claro parámetro de constitucionalidad, reconocido ya por el Alto Tribunal.
Se considera que el término «deuda tributaria» incluye todos los conceptos que, 
como los intereses de demora o los recargos, integran dicha deuda tal como queda 
definida por el apartado 2 del artículo 58 de la Ley General Tributaria.
En segundo lugar, se aclara el régimen de devengo de intereses de demora en el 
caso de obtención de una devolución improcedente. En este sentido, el devengo de 
intereses será plenamente compatible, en su caso, con los recargos de extemporaneidad 
conforme a las reglas generales que regulan dichos recargos.
Por motivos de proporcionalidad y justicia tributaria, se modifica el sistema de 
recargos por extemporaneidad estableciéndose un sistema de recargos crecientes del 1 
por ciento por cada mes completo de retraso sin intereses de demora hasta que haya 
transcurrido el periodo de doce meses de retraso. A partir del día siguiente del 
transcurso de los doce meses citados, además del devengo del recargo del 15 por 
ciento, comenzará el devengo de intereses de demora. Asimismo, se excepciona de 
dichos recargos a quien regularice una conducta tributaria que lo haya sido previamente 
por la Administración Tributaria por el mismo concepto impositivo y circunstancias, pero 
por otros periodos, no habiendo sido merecedora de sanción, siempre que se regularice 
en un plazo de seis meses desde la notificación de la liquidación.
Se adapta la regulación de los intereses de demora para reconocer de forma expresa 
que no se devengarán en las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y 
de ingresos indebidos durante determinados periodos.
Con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas 
informáticos que permitan la manipulación de los datos contables y de gestión, se 
establece la obligación de que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten los 
procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que 
garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e 
inalterabilidad de los registros, requisitos cuya especificación técnica puede ser objeto de 
desarrollo reglamentario, incluyendo en este la posibilidad de someterlo a certificación.
Asimismo, en concordancia con dicha regulación, se establece un régimen 
sancionador específico, derivado de la mera producción de estos sistemas o programas, 
o la tenencia de los mismos sin la adecuada certificación.
Se adapta el régimen de representación de los no residentes para adecuarlo al 
Derecho de la Unión Europea.
Para evitar que los procedimientos de suspensión con otras garantías, o con 
dispensa de ellas, sean utilizados de forma fraudulenta, se incorpora la posibilidad de 
adoptar medidas cautelares durante la tramitación de los mismos.
También se modifica el régimen de la lista de deudores tributarios y deudoras 
tributarias. Así, se disminuye a 600.000 euros el importe cuya superación conlleva la 
inclusión en dicha lista.
Asimismo, se incluye expresamente en el precitado listado a los responsables 
solidarios. Por otra parte, se aclara que el periodo en el que se deben satisfacer las 
deudas y sanciones tributarias para que no se consideren a los efectos de la inclusión en 
la lista es el plazo reglamentario de ingreso en periodo voluntario determinado por la 
norma, sin que dicho periodo voluntario originario pueda venir alargado, por ejemplo, por 
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento presentadas en dicho plazo voluntario 
originario. A estos efectos, se entenderá como período voluntario de pago original de la 
deuda el período voluntario de pago inicial, con independencia de las actuaciones que 
hubiera podido realizar el deudor o la deudora principal o de las vicisitudes por las que 
pudiera atravesar la deuda tributaria.
Razones de justicia tributaria y el fomento de los ingresos voluntarios de las deudas y 
sanciones tributarias aconsejan permitir al deudor o deudora incluido o incluida, en 
principio, en el listado en la fecha general de referencia, 31 de diciembre, que pueda ser 
excluido del listado siempre que se haya efectuado el cobro íntegro de las deudas y 
sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado. A estos efectos 
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se tendrán en cuenta los pagos efectuados hasta la finalización del periodo de 
alegaciones posterior a la comunicación de la inclusión en el listado.
Por último, en el ámbito de dicha lista, se actualizan las referencias normativas en 
materia de protección de datos.
A la luz de la última doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, se incluyen 
algunas modificaciones de alcance exclusivamente procedimental en la Ley General 
Tributaria y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, que, sin afectar al contenido del derecho fundamental a la inviolabilidad 
del domicilio ni a las garantías de control judicial, clarifican el régimen de autorización 
judicial de entrada en el domicilio del obligado tributario o la obligada tributaria que haya 
sido solicitada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o 
procedimiento de aplicación de los tributos.
Se modifican las causas de terminación del procedimiento de gestión iniciado 
mediante declaración, respecto de aquellos tributos que se liquidan por las importaciones 
de bienes, que podrá finalizar cuando se acuerde posteriormente sobre el mismo objeto 
del procedimiento el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de 
inspección.
Se introduce un nuevo supuesto de suspensión del cómputo del plazo de las 
actuaciones inspectoras durante la aplicación de determinados instrumentos dirigidos a 
facilitar la cooperación y coordinación de las Administraciones tributarias del Estado con 
las forales en el ejercicio de dichas actuaciones.
En la tramitación de las actas de disconformidad se elimina el carácter obligatorio del 
informe de disconformidad, dado que actualmente el contenido de ese informe en su 
integridad ya se viene recogiendo en el acta y la liquidación.
A efectos de evitar el uso inadecuado de la presentación de reiteradas solicitudes de 
aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie cuyo 
periodo de tramitación suspende cautelarmente el inicio del periodo ejecutivo, se dispone 
que la reiteración de solicitudes, cuando otras previas hayan sido denegadas y no se 
haya efectuado el ingreso correspondiente, no impide el inicio del periodo ejecutivo. 
Asimismo, en la medida en que el período voluntario de pago es único, se aclara que 
dicho período no podrá verse afectado por la declaración de concurso.
Con el objeto de clarificar la normativa vigente, se especifica, a efectos del 
procedimiento de exigencia de la responsabilidad solidaria, que el período voluntario de 
pago de las deudas es el originario de pago, sin que las vicisitudes acaecidas frente al 
deudor o la deudora principal, como suspensiones o aplazamientos, deban proyectarse 
sobre el procedimiento seguido con el o la responsable.
Se modifica la enumeración de los posibles infractores e infractoras para dar un 
tratamiento homogéneo a los sujetos infractores y las sujetas infractoras tanto en el 
régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades como en el régimen 
especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se introducen varios cambios en el régimen de las reducciones aplicable a las 
sanciones tributarias para favorecer la simplificación en su aplicación, el ingreso 
voluntario y la disminución de litigios. Por un lado, se eleva la reducción de las sanciones 
derivadas de las actas con acuerdo al 65 por ciento. Asimismo, se eleva la reducción de 
las sanciones en caso de pronto pago al 40 por ciento. La reducción por conformidad se 
mantiene en el 30 por ciento.
Teniendo en cuenta que la falta de presentación o la presentación incompleta, 
inexacta o con datos falsos de las declaraciones informativas exigidas por la normativa 
aduanera dificulta y, en ocasiones, impide la realización por las autoridades aduaneras 
de un análisis adecuado de riesgos y de los controles necesarios para supervisar el 
comercio internacional legítimo de la Unión, y atendiendo a que las sanciones mínimas 
actuales previstas para dichas infracciones tributarias de carácter formal no tienen un 
carácter suficientemente disuasorio, se eleva hasta 600 euros el importe de aquellas, en 
el caso de que las citadas conductas infractoras se produzcan en relación con la 
declaración sumaria de entrada regulada en el Reglamento (UE) N.º 952/2013 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el 
código aduanero de la Unión.
Se establece que el plazo máximo para el inicio del procedimiento sancionador 
incoado a partir de las liquidaciones o resoluciones dictadas en determinados 
procedimientos de aplicación de los tributos será de seis meses, alineando el mismo con 
el plazo general de resolución de los procedimientos tributarios.
Se otorga cobertura legal a la posibilidad de inadmitir las solicitudes de suspensión 
con dispensa total o parcial de garantías por los Tribunales Económico-Administrativos, 
cuando de la documentación incorporada al expediente se deduzca que no cumplen los 
requisitos establecidos para la concesión de la solicitud. También, con la finalidad de 
evitar prácticas fraudulentas consistentes en el aprovechamiento de la dificultad 
existente para la tramitación de ciertas solicitudes de suspensión, se otorga rango legal a 
la posibilidad de la Administración de continuar con su actuación en aquellos supuestos 
en que la deuda se encuentre en período ejecutivo.
Se reconoce en la normativa general tributaria el principio de Deggendorf, confirmado 
en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-355/95 P, 
según el cual no se pueden conceder nuevas ayudas estatales individuales a una 
empresa que tenga pendiente de cumplir una obligación de reintegro derivada de una 
Decisión de la Comisión Europea.
Con el fin de mejorar la gestión de los censos tributarios, se modifica el régimen de 
revocación del número de identificación fiscal para que las entidades inactivas cuyo 
número haya sido revocado no puedan realizar inscripciones en ningún registro público, 
ni otorgar escrituras ante Notario o Notaria, a excepción de los trámites imprescindibles 
para la cancelación de la correspondiente nota marginal. A estos efectos, en la Ley del 
Notariado se prevé expresamente la obligación de incluir el número de identificación 
fiscal en la escritura pública por la que se cree o constituya cualquier tipo de entidad 
jurídica y se prevé también un sistema automatizado mediante el cual el Consejo 
General del Notariado facilitará a la Administración Tributaria la identificación de aquellas 
entidades con número de identificación fiscal revocado que hubieran pretendido otorgar 
un documento público, con el fin de mejorar el control efectivo de estas entidades y evitar 
situaciones de posible fraude.
Una vez transcurridos más de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 7/2012, 
de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la 
prevención y lucha contra el fraude, que introdujo la obligación de información sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero, resulta necesario ajustar su contenido a las 
nuevas circunstancias existentes en el mundo económico. A tal fin, se introduce la 
obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero. Estos 
cambios están en consonancia con la modificación de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, que ha incluido los citados activos 
en el ámbito objetivo de la misma.
Para asegurar un perfecto alineamiento con las recomendaciones de la OCDE, se 
modifica el período de tiempo de conservación por las instituciones financieras de las 
pruebas documentales, de las declaraciones que resulten exigibles a las personas que 
ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras y de la demás información 
utilizada en cumplimiento de las obligaciones de información y de diligencia debida. 
Dicho período en ningún caso debe ser inferior a cinco años contados a partir del fin del 
período durante el que la institución financiera está obligada a comunicar la información.
El aludido  Reglamento  (UE) n.º 952/2013,  por el que se establece  el código  aduanero  de 
la Unión, regula los intereses de demora, fijando su fórmula de cálculo, debiendo aclararse en 
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la normativa nacional que aquellos no son compatibles con la exigencia, respecto de la deuda 
aduanera, de los recargos por declaración extemporánea.
XII
La correspondencia de las descripciones catastrales con la realidad inmobiliaria 
constituye el propósito central de la gestión que desarrolla la Dirección General del 
Catastro; lo que exige la disponibilidad de los procedimientos más eficaces para tal fin, a 
los efectos de que la información catastral responda a los principios de generalidad y 
justicia tributaria.
En esa línea, en primer lugar, se amplían los supuestos de incorporación de nuevas 
construcciones y alteraciones mediante comunicación de Administraciones Locales y 
entidades gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles sin necesidad de que se 
obliguen por ordenanza fiscal, en lo que se refiere a actos sujetos a licencia o 
autorización administrativa. Igualmente, se habilita un régimen adicional de 
comunicaciones en virtud del cual la información suministrada por deber de colaboración 
queda amparada por la exención de la obligación de declarar, siempre que se cuente con 
toda la documentación acreditativa de la correspondiente alteración.
En segundo término, se trasladan los efectos del procedimiento de subsanación al 
momento en el que la Administración Tributaria tiene constancia de la discrepancia entre 
descripción catastral y realidad, y se da eficacia a los actos dictados en los 
procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, inspección y regularización 
catastral desde la fecha de los hechos, actos o negocios originarios facilitando el ajuste a 
la evolución de la realidad inmobiliaria.
Finalmente, se adapta la regulación del valor de referencia de la Dirección General 
del Catastro, para dotarlo de mayor rigor, precisión y seguridad jurídica en su 
determinación.
XIII
Respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas, al objeto de reforzar las 
medidas antielusión previstas en la norma y evitar que pueda ser inaplicada la regla de 
acumulación de los importes netos de la cifra de negocios correspondientes a los 
miembros de un grupo mercantil, que determina la tributación en el impuesto, se 
actualizan las referencias normativas para la consideración de grupo de sociedades y se 
aclara que la regla para el cálculo del importe neto de la cifra de negocios se deberá 
aplicar con independencia de la obligación de consolidación contable. Además, para 
evitar discrepancias con el Derecho comunitario, se establece que la exención en el 
Impuesto para las personas físicas se aplica tanto a los y las residentes como a los y las 
no residentes.
XIV
Los nueve años transcurridos desde la aprobación de la Ley 13/2011, de 27 de 
mayo, de regulación del juego, permiten la trayectoria suficiente como para identificar 
determinadas modificaciones de su articulado que podrían coadyuvar a la lucha contra el 
fraude en el entorno de las actividades de juego, en sus diversas manifestaciones.
En primer lugar, varias de las medidas recogidas pretenden habilitar mecanismos 
adecuados para colaborar en la prevención y la lucha contra la manipulación de las 
competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas 
deportivas.
En segundo lugar, se amplía el elenco de entidades a las que la autoridad encargada 
de regulación del juego puede realizar requerimientos de información; además, se exige 
a los operadores y las operadoras de juego colaborar en la lucha contra el fraude 
mediante la elaboración de un manual específico que incluya procedimientos y medidas 
específicos.
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En tercer lugar, mediante otro grupo de medidas se introducen nuevos tipos 
infractores o se modifica alguno de los actualmente existentes, con la finalidad de 
sancionar prácticas fraudulentas de los y las participantes en los juegos, de los propios 
operadores y las propias operadoras o de proveedores y proveedoras o intermediarios e 
intermediarias, vulneraciones de las disposiciones vigentes en materia de juego 
responsable y de protección a los jugadores y las jugadoras e incumplimientos de 
requerimientos de información realizados por la autoridad encargada de la regulación del 
juego.
Asimismo, este elenco de medidas concluye con la publicación, en la página web de 
la autoridad encargada de la regulación del juego, de información singularizada asociada 
al juego no autorizado.
Finalmente, se reconoce de forma expresa y específica el especial deber de 
colaboración con la Administración Tributaria de la Sociedad Estatal de Loterías y 
Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. 
Dicho deber de colaboración se podrá instrumentalizar a través de un convenio a 
suscribir con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
XV
Como es sabido, la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones 
económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios, en sus distintas 
manifestaciones.
Frente a tales comportamientos, la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de 
la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para 
la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, en la línea 
también seguida por otros países de nuestro entorno, determinó la limitación al uso de 
efectivo para determinadas operaciones económicas.
Los positivos resultados de dicha norma motivan la modificación que se introduce en 
el régimen sustantivo de los pagos en efectivo, dirigida a profundizar en la lucha contra el 
fraude fiscal, disminuyendo el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 
euros.
Asimismo, en concordancia con la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión, se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 
euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de 
España.
Se modifica, por último, la regulación del procedimiento sancionador del régimen de 
limitaciones de pago en efectivo con diversos objetivos. En primer lugar, para adecuarlo 
a las vigentes Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. En segundo lugar, para agilizar la actividad administrativa, se prevé 
expresamente en la norma que el inicio del procedimiento sancionador, al igual que 
sucede en el ámbito tributario, corresponda al órgano que instruye el procedimiento, para 
que cuando este disponga de todos los elementos necesarios pueda incorporar la 
propuesta de resolución al inicio del procedimiento. También se regulan diferentes 
consecuencias para el supuesto de pago de la sanción en cualquier momento posterior a 
la propuesta de sanción, pero con carácter previo a la notificación de la resolución 
definitiva para reducir la conflictividad respecto de la imposición de dichas sanciones y 
agilizar el cumplimiento diligente del pago de las mismas. Así, se establece una 
reducción del 50 por ciento de la eventual sanción que se imponga con carácter análogo 
al régimen de reducción de multas regulado en la normativa sancionadora de tráfico. Por 
último, se fija un plazo de duración del procedimiento con carácter específico de seis 
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meses, ante la eventualidad de aplicación del plazo de tres meses que, con carácter 
general, se establece para el procedimiento administrativo ordinario.
XVI
Se introducen modificaciones en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de 
Represión del Contrabando, con el objeto de que, con independencia del valor de los 
bienes, géneros o efectos objeto de contrabando, cuando se realice una de las 
conductas tipificadas como contrabando y la misma no sea constitutiva de delito, dicha 
conducta sea tipificada como infracción administrativa. Además, por motivos de 
seguridad jurídica, se explicita que dichas infracciones se pueden apreciar cuando 
concurra una conducta culposa con cualquier grado de negligencia.
XVII
El tabaco crudo no está recogido entre los productos del tabaco sometidos a 
imposición en España. El creciente desvío de tabaco crudo como materia prima para la 
fabricación clandestina de labores del tabaco, incluidas en el ámbito del Impuesto sobre 
las labores del tabaco aplicable en la Península e Islas Baleares o en el de otras figuras 
impositivas análogas que rigen en Canarias, Ceuta y Melilla, por parte de operadores y 
operadoras irregulares no autorizados o autorizadas ni inscritos o inscritas como 
fabricantes de labores del tabaco, así como la venta directa o indirecta de tabaco crudo a 
consumidores o consumidoras finales, está generando un importante mercado ilegal de 
este producto. Por otra parte, en la actualidad, la adquisición y tenencia de la maquinaria 
diseñada y utilizada para la fabricación de labores de tabaco no está sometida a ningún 
tipo de limitación o control administrativo particular. La experiencia adquirida 
recientemente revela que estas máquinas, en ocasiones, son de un tamaño y peso que 
permiten que su transporte e instalación se produzca con rapidez y facilidad, sin 
necesidad de medios e infraestructura específicos y, por lo tanto, que su movimiento 
pueda llevarse a cabo en condiciones tales que hacen muy difícil su detección, 
circunstancia que es aprovechada por organizaciones criminales para la fabricación de 
tabaco de contrabando en instalaciones clandestinas. Todo lo anterior supone una 
importante pérdida de efectividad del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de las 
figuras tributarias análogas que se aplican en Canarias, Ceuta y Melilla, no únicamente 
desde el punto de vista de la recaudación, sino también desde el de su finalidad 
extrafiscal, desincentivadora de conductas que, como el tabaquismo, comportan 
elevados costes sociales y se consideran, por lo tanto, altamente perjudiciales. Este 
mercado ilegal supone, además, un riesgo sanitario añadido para los consumidores y las 
consumidoras puesto que tanto la fabricación ilegal como el suministro a consumidores y 
consumidoras no cumplen con ninguno de los requisitos sanitarios y de comercialización 
que se imponen a los productos legales. Por último, el comercio ilegal de tabaco crudo 
genera un importante perjuicio para los operadores legítimos y las operadoras legítimas 
del sector del tabaco, para los que supone una sustancial reducción de sus ingresos, 
como consecuencia del incremento de la producción y distribución ilegal de productos 
del tabaco.
Por todo lo antes expuesto, se considera necesario adoptar medidas legislativas para 
reforzar las capacidades de los órganos del Estado para la prevención y represión de 
este tipo de conductas. Por un lado, en cuanto al tabaco crudo se fija un régimen de 
control aplicable a los operadores y las operadoras de dicho producto, estableciendo a 
cargo de los mismos un conjunto de obligaciones de índole registral, contable y de 
información, regulando las facultades de los órganos de control y estableciendo un 
régimen sancionador específico aplicable al incumplimiento de las obligaciones fijadas 
por la presente Ley. Por otro, se califican como género prohibido, a efectos de la Ley 
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, determinadas 
máquinas destinadas a la fabricación de labores de tabaco cuando los y las adquirentes 
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o poseedores y poseedoras de las mismas no tengan la condición de operadores 
autorizados u operadoras autorizadas para la fabricación de labores de tabaco, incluidas 
las que realicen primera transformación, o, de otro modo, no sean operadores 
económicos u operadoras económicas que adquieran o posean las máquinas en el 
ejercicio de una actividad económica legítima.
XVIII
Por razones de seguridad jurídica, se modifica la disposición adicional novena del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que 
establece una medida de suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones 
y derechos previstos en la normativa tributaria, limitando los efectos de esta medida a 
aquellos plazos de prescripción que, sin tener en cuenta dicha suspensión, finalicen 
antes del día 1 de julio de 2021.
XIX
Se modifica la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, estableciendo un 
gravamen especial sobre la parte de los beneficios no distribuidos que proceda de rentas 
que no hayan tributado al tipo general del Impuesto sobre Sociedades ni estén en plazo 
legal de reinversión y se adecúan las obligaciones de suministro de información a la 
nueva tributación.
XX
Se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, con el fin de adecuar el Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras a las Directrices comunitarias sobre ayudas prestadas al transporte marítimo, 
contenidas en la Comunicación C(2004)43 de la Comisión Europea.
XXI
Se introduce una nueva disposición adicional sobre la evaluación de la economía 
sumergida en el Estado español.
Artículo primero.  Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 19, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1. Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado 
y el valor fiscal de los elementos patrimoniales que sean propiedad de una entidad 
residente en territorio español que traslada su residencia fuera de éste, excepto 
que dichos elementos patrimoniales queden afectados a un establecimiento 
permanente situado en territorio español de la mencionada entidad. En caso de 
afectación a un establecimiento permanente, será de aplicación a dichos 
elementos patrimoniales lo previsto en el artículo 78 de esta Ley.
En el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un 
acuerdo con España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua en materia 
de cobro de créditos tributarios que sea equivalente a la asistencia mutua prevista 
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en la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la 
asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a 
determinados impuestos, derechos y otras medidas, el contribuyente podrá optar 
por fraccionar el pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo 
dispuesto en el párrafo anterior por quintas partes anuales iguales.
El ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración 
del impuesto correspondiente al período impositivo concluido con ocasión del 
cambio de residencia, debiéndose efectuar el pago de la primera fracción en el 
plazo voluntario de declaración correspondiente a dicho período impositivo.
El vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anuales 
restantes, junto con los intereses de demora devengados por cada una de ellas, 
se producirá de forma sucesiva transcurrido un año desde la finalización del plazo 
voluntario de declaración correspondiente al último período impositivo.
Salvo las especialidades contenidas en este apartado, a este fraccionamiento 
le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de 
demora y a la constitución de garantías. No obstante, únicamente será exigible la 
constitución de garantías cuando se justifique la existencia de indicios racionales 
de que el cobro de la deuda se podría ver frustrado o gravemente dificultado.
En el caso de que dichos indicios racionales sean apreciados por el órgano de 
recaudación en el plazo de los 6 meses siguientes a la finalización del plazo 
voluntario de pago de la primera fracción, se pondrá en conocimiento del 
contribuyente mediante el oportuno requerimiento para que aporte garantías 
suficientes en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la notificación 
del mismo. Si el requerimiento no es atendido o, siéndolo, no se considera 
aportada garantía suficiente o debidamente justificada lo innecesario de la misma, 
se exigirá la totalidad de la deuda pendiente en los plazos a los que se refiere el 
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. De no 
producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá 
iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El fraccionamiento perderá su vigencia en los siguientes supuestos:
a) Cuando los elementos patrimoniales afectados sean objeto de transmisión 
a terceros.
b) Cuando los elementos patrimoniales afectados se trasladen con 
posterioridad a un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo segundo 
de este apartado.
c) Cuando el contribuyente traslade con posterioridad su residencia fiscal a 
un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo segundo de este apartado.
d) Cuando el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un 
procedimiento de ejecución colectiva, como concurso, o cualquier procedimiento 
equivalente.
e) Cuando el contribuyente no efectúe el ingreso en el plazo previsto en el 
fraccionamiento.
En los casos de transmisión o traslado a los que se refieren las letras a) y b) 
de este apartado, cuando se trate de una transmisión o traslado parcial de los 
elementos patrimoniales, el fraccionamiento perderá su vigencia únicamente 
respecto de la parte proporcional de la deuda tributaria correspondiente a la 
diferencia positiva entre el valor de mercado y el valor fiscal de dichos elementos, 
cuando el contribuyente pruebe que dicha transmisión o traslado afecta solo a 
alguno o algunos de los elementos patrimoniales.
En los supuestos de pérdida de vigencia contemplados en las letras a), b) y c) 
de este apartado, las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el 
fraccionamiento deberán ser ingresadas en el plazo de un mes contado a partir de 
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que se produzca la pérdida de vigencia del fraccionamiento. La falta de ingreso en 
el referido plazo de un mes determinará que se proceda, exclusivamente respecto 
de las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el fraccionamiento, a 
iniciar el procedimiento de apremio, con su exigencia en los plazos a que se 
refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
El importe que se ingrese será aplicado a los últimos vencimientos del 
fraccionamiento. De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas en dichos 
plazos, se considerará vencida, en su caso, el resto de deuda fraccionada, 
debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de la misma.
La pérdida de vigencia del fraccionamiento a que se refiere la letra d) de este 
apartado determinará el vencimiento y exigibilidad de la totalidad de la deuda 
pendiente en el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la misma. La 
falta de ingreso en el referido plazo determinará el inicio del periodo ejecutivo 
debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el 
artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Si concurre el supuesto de pérdida de vigencia del fraccionamiento al que se 
refiere la letra e) de este apartado, se procederá a iniciar el procedimiento de 
apremio exclusivamente respecto de dicha fracción incumplida, exigiéndose en los 
plazos a que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. Se exigirá el importe de dicha fracción, los intereses de demora 
devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en 
período voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido, y el recargo 
del período ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.
De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo 
anterior se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo 
iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán 
los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago 
de la fracción incumplida.
En el caso de cambio de residencia, transferencia a España de elementos 
patrimoniales o actividades que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se 
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente 
en el funcionamiento del mercado interior, haya sido objeto de una imposición de 
salida en un Estado miembro de la Unión Europea, el valor determinado por el 
Estado miembro de salida tendrá la consideración de valor fiscal en España, salvo 
que no refleje el valor de mercado.
No será de aplicación lo dispuesto en el presente apartado y, por tanto, no se 
integrará en la base imponible, la diferencia entre el valor de mercado y el valor 
fiscal de los elementos patrimoniales transferidos, que estén relacionados con la 
financiación o entrega de garantías o para cumplir requisitos prudenciales de 
capital o a efectos de gestión de liquidez, siempre que se prevea que deben volver 
a territorio español para afectarse en el plazo máximo de un año a un 
establecimiento permanente situado en España.»
Dos. Se modifica la letra a) del apartado 4 del artículo 29, que queda redactada de 
la siguiente forma:
«a) Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre 
que el número de accionistas requerido sea, como mínimo, el previsto en su 
artículo 9.4.
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A los efectos de la aplicación del tipo de gravamen establecido en este 
apartado, para determinar el número mínimo de accionistas a que se refiere el 
párrafo anterior se seguirán las siguientes reglas:
1.° Se computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de 
acciones por importe igual o superior a 2.500 euros determinado de acuerdo con 
el valor liquidativo correspondiente a la fecha de adquisición de las acciones.
Además, tratándose de sociedades de inversión de capital variable por 
compartimentos, a efectos de determinar el número mínimo de accionistas de 
cada compartimento se computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean 
titulares de acciones por importe igual o superior a 12.500 euros, determinado 
conforme a lo previsto en el párrafo anterior.
2.° El número mínimo de accionistas determinado conforme a lo previsto en 
el número 1.° anterior deberá concurrir durante el número de días que represente 
al menos las tres cuartas partes del período impositivo.
Lo previsto en los cuatro párrafos anteriores no se aplicará a las sociedades 
de inversión libre ni a las sociedades cuyos accionistas sean exclusivamente otras 
instituciones de inversión colectiva, a que se refiere el apartado 5 del artículo 6 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones 
de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, ni 
a las sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas a que se refiere 
el artículo 79 de dicho Reglamento.
El cumplimiento de las reglas establecidas en los párrafos anteriores para 
determinar el número mínimo de accionistas podrá ser comprobado por la 
Administración Tributaria, a cuyo efecto la sociedad de inversión deberá mantener 
y conservar durante el período de prescripción los datos correspondientes a la 
inversión de los socios en la sociedad.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 36, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«2. Los productores registrados en el Registro Administrativo de Empresas 
Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes 
cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un 
soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho a la 
deducción prevista en este apartado por los gastos realizados en territorio 
español.
La base de la deducción estará constituida por los siguientes gastos realizados 
en territorio español directamente relacionados con la producción:
1.º Los gastos de personal creativo, siempre que tenga residencia fiscal en 
España o en algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo, con el límite 
de 100.000 euros por persona.
2.° Los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros 
proveedores.
El importe de deducción será:
a) Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción y 
del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe.
La deducción se aplicará siempre que los gastos realizados en territorio 
español sean, al menos, de 1 millón de euros. No obstante, en el supuesto de 
producciones de animación tales gastos serán, al menos, de 200.000 euros.
El importe de esta deducción no podrá ser superior a 10 millones de euros, por 
cada producción realizada.
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El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas 
percibidas por la empresa contribuyente, no podrá superar el 50 por ciento del 
coste de producción.
b) Del 30 por ciento de la base de la deducción, cuando el productor se 
encargue de la ejecución de servicios de efectos visuales y los gastos realizados 
en territorio español sean inferiores a 1 millón de euros.
El importe de esta deducción no podrá superar el importe que establece el 
Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis.
La deducción prevista en este apartado queda excluida del límite a que se 
refiere el último párrafo del apartado 1 del artículo 39 de esta Ley. A efectos del 
cálculo de dicho límite no se computará esta deducción.
Para la aplicación de la deducción, será necesario el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:
a') que la producción obtenga el correspondiente certificado que acredite el 
carácter cultural en relación con su contenido o su vinculación con la realidad 
cultural española o europea, emitido por el Instituto de Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, o por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma 
con competencia en la materia. Este requisito no será exigible para la aplicación 
de la deducción recogida en la letra b) de este apartado.
b') Que se incorpore en los títulos de crédito finales de la producción una 
referencia específica a haberse acogido al incentivo fiscal; la colaboración, en su 
caso, del Gobierno de España, las Comunidades Autónomas, las Film 
Commissions o las Film Offices que hayan intervenido de forma directa en la 
realización del rodaje u otros procesos de producción desarrollados en España, 
así como, en su caso, los lugares específicos de rodaje en España y, para el caso 
de obras audiovisuales de animación, el lugar donde radique el estudio al que se 
le ha encargado el servicio de producción.
c') Que los titulares de los derechos autoricen el uso del título de la obra y de 
material gráfico y audiovisual de prensa que incluya de forma expresa lugares 
específicos del rodaje o de cualquier otro proceso de producción realizado en 
España, para la realización de actividades y elaboración de materiales de 
promoción en España y en el extranjero con fines culturales o turísticos, que 
puedan llevar a cabo las entidades estatales, autonómicas o locales con 
competencias en materia de cultura, turismo y economía, así como por las Film 
Commissions o Film Offices que hayan intervenido en la realización del rodaje o 
producción.
Reglamentariamente se podrán establecer otros requisitos y obligaciones para 
tener derecho a la práctica de esta deducción.»
Cuatro. Se modifica el artículo 100, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 100.  Imputación de rentas positivas obtenidas por entidades no 
residentes y establecimientos permanentes.
1. Los contribuyentes imputarán en su base imponible las rentas positivas a 
que se refieren los apartados 2 o 3 de este artículo cuando se cumplan las 
circunstancias siguientes:
a) Que por sí solos o conjuntamente con personas o entidades vinculadas en 
el sentido del artículo 18 de esta Ley tengan una participación igual o superior 
al 50 por ciento en el capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de 
voto de una entidad no residente en territorio español, en la fecha del cierre del 
ejercicio social de esta última.
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b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español, 
imputable a alguna de las clases de rentas previstas en el apartado 2 o 3 de este 
artículo por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto, 
sea inferior al 75 por ciento del que hubiera correspondido de acuerdo con las 
normas de aquel.
Esta imputación también procederá cuando dichas rentas sean obtenidas a 
través de un establecimiento permanente si se da la circunstancia prevista en la 
letra b) de este apartado sin que, en este caso, resulte de aplicación la exención 
prevista en el artículo 22 de esta Ley.
2. Los contribuyentes imputarán la renta total obtenida por la entidad no 
residente en territorio español o el establecimiento permanente, cuando estos no 
dispongan de la correspondiente organización de medios materiales y personales 
para su obtención incluso si las operaciones tienen carácter recurrente.
Se entenderá por renta total el importe de la base imponible que resulte de 
aplicar los criterios y principios establecidos en esta Ley y en las restantes 
disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de aquella.
Este apartado no resultará de aplicación cuando el contribuyente acredite que 
las referidas operaciones se realizan con los medios materiales y personales 
existentes en una entidad no residente en territorio español perteneciente al 
mismo grupo, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, o bien que su constitución y operativa responda a motivos 
económicos válidos.
La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado prevalecerá 
sobre lo previsto en el apartado siguiente.
3. En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado anterior, se 
imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada una de las siguientes 
fuentes:
a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales 
que recaigan sobre estos, salvo que estén afectos a una actividad económica, o 
cedidos en uso a entidades no residentes, pertenecientes al mismo grupo de 
sociedades de la titular en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, e igualmente estuvieren afectos a una actividad económica.
b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a 
terceros de capitales propios, que tengan tal consideración con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio. No se entenderá incluida en esta letra la renta 
positiva que proceda de los siguientes activos financieros:
1.º Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y 
reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.
2.º Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones 
contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades 
económicas.
3.º Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de 
intermediación en mercados oficiales de valores.
4.º Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia 
del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se 
entenderá que procede de la realización de actividades crediticias y financieras a 
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que se refiere la letra i) cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo 
de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por ciento, 
del ejercicio de actividades económicas.
c) Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la 
propia entidad.
d) Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles, 
derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de negocios o minas, 
que tengan tal consideración con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 25 de la Ley 35/2006.
e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c) y d) 
anteriores que genere rentas.
f) Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para cubrir un 
riesgo específicamente identificado derivado de la realización de actividades 
económicas.
g) Actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento 
financiero y otras actividades financieras salvo que se trate de rentas obtenidas en 
el ejercicio de actividades económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).
h) Operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades 
vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta Ley, en las que la entidad no 
residente o establecimiento añade un valor económico escaso o nulo.
i) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de 
servicios realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades 
residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta 
Ley, en cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas personas o 
entidades residentes.
No se incluirá la renta positiva prevista en esta letra cuando al menos dos 
tercios de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, 
aseguradoras o de prestación de servicios realizadas por la entidad no residente 
procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en 
el sentido del artículo 18 de esta Ley.
4. No se imputarán las rentas previstas en el apartado 3 de este artículo 
cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 por ciento de la renta total 
obtenida por la entidad no residente o el establecimiento permanente.
No obstante, se imputarán en todo caso las rentas a las que se refiere la letra 
i) del apartado 3 sin perjuicio de que, asimismo, sean tomadas en consideración a 
efectos de determinar la suma a la que se refiere el párrafo anterior.
5. No se imputarán las rentas a que hace referencia el apartado 3 de este 
artículo, cuando se correspondan con gastos fiscalmente no deducibles de 
entidades residentes en territorio español.
6. Estarán obligadas a la imputación prevista en este artículo las entidades 
residentes en territorio español comprendidas en la letra a) del apartado 1 que 
participen directamente en la entidad no residente o bien indirectamente a través 
de otra u otras entidades no residentes. En este último caso el importe de la renta 
positiva será el correspondiente a la participación indirecta.
El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción a la 
participación en los resultados y, en su defecto, en proporción a la participación en 
el capital, los fondos propios o los derechos de voto.
7. La imputación se realizará en el período impositivo que comprenda el día 
en que la entidad no residente en territorio español haya concluido su ejercicio 
social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a 12 meses.
Tratándose de establecimientos permanentes, la imputación se realizará en el 
período impositivo en el que se obtengan las rentas.
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8. El importe de las rentas positivas a imputar se calculará de acuerdo con 
los principios y criterios establecidos en esta Ley y en las restantes disposiciones 
relativas a este Impuesto para la determinación de la base imponible.
A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio 
social de la entidad no residente en territorio español.
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la entidad 
no residente o a la obtenida a través del establecimiento permanente.
9. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en 
beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que haya sido incluida 
en la base imponible. A estos efectos, el importe de los dividendos o 
participaciones en beneficios se reducirá en un 5 por ciento en concepto de gastos 
de gestión referidos a dichas participaciones, salvo que concurran las 
circunstancias establecidas en el apartado 11 del artículo 21 de esta Ley. El mismo 
tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en 
el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abonadas a 
dichas reservas.
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una 
sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se manifieste.
10. Serán deducibles de la cuota íntegra los siguientes conceptos:
a) Los impuestos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga a este 
Impuesto, efectivamente satisfechos, en la parte que corresponda a la renta 
positiva imputada en la base imponible.
Se considerarán como impuestos efectivamente satisfechos, los pagados tanto 
por la entidad no residente como por sus participadas, siempre que sobre éstas 
tenga aquélla el porcentaje de participación establecido en el artículo 32.3 de esta 
Ley.
b) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por 
razón de la distribución de los dividendos o participaciones en beneficios, sea 
conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la 
legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda 
a la renta positiva imputada con anterioridad en la base imponible.
Cuando la participación sobre la entidad no residente sea indirecta a través de 
otra u otras entidades no residentes, se deducirá el impuesto o gravamen de 
naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto efectivamente satisfecho por 
aquélla o aquéllas en la parte que corresponda a la renta positiva imputada con 
anterioridad en la base imponible.
Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a 
períodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la imputación.
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios 
calificados como jurisdicciones no cooperativas.
La suma de las deducciones de las letras a) y b) de este apartado no podrá 
exceder de la cuota íntegra que en España corresponda pagar por la renta positiva 
incluida en la base imponible.
11. Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, 
directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el importe de los 
beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con rentas que 
hubiesen sido imputadas a los socios como rentas de sus acciones o 
participaciones en el período de tiempo comprendido entre su adquisición y 
transmisión. A estos efectos, el importe de los beneficios sociales a que se refiere 
este párrafo se reducirá en un 5 por ciento en concepto de gastos de gestión 
referidos a dichas participaciones.
En el caso de entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial en 
los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley, el valor de 
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transmisión a computar será como mínimo, el valor del patrimonio neto que 
corresponda a los valores transmitidos resultante del último balance cerrado, una 
vez sustituido el valor contable de los activos por el valor que tendrían a efectos 
del Impuesto sobre el Patrimonio o por el valor de mercado si éste fuere inferior.
12. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente 
artículo deberán presentar conjuntamente con la declaración por este Impuesto los 
siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español:
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b) Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal.
c) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.
d) Importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base 
imponible.
e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que 
deba ser objeto de imputación en la base imponible.
En el caso de establecimientos permanentes, el contribuyente deberá aportar 
conjuntamente con la declaración por este Impuesto los datos a los que se refieren 
las letras d) y e) anteriores, así como registros contables de las operaciones que 
realicen y de los activos y pasivos afectos a los mismos.
13. Cuando la entidad participada resida o el establecimiento permanente se 
sitúe en un país o territorio calificado como jurisdicción no cooperativa, se 
presumirá que:
a) Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1.
b) Las rentas de la entidad participada o del establecimiento permanente 
reúnen las características del apartado 3 de este artículo.
c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por ciento del valor de 
adquisición de la participación.
Las presunciones contenidas en los párrafos anteriores admitirán prueba en 
contrario.
14. A los efectos del presente artículo se entenderá que el grupo de 
sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio incluye las 
entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil.
15. Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad no 
residente o el establecimiento permanente sea residente o se sitúe en otro Estado 
miembro de la Unión Europea o que forme parte del Acuerdo del Espacio 
Económico Europeo, siempre que el contribuyente acredite que realiza actividades 
económicas o se trate de una institución de inversión colectiva regulada en la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios, distintas de las previstas en el artículo 54 de esta Ley, constituida y 
domiciliada en algún Estado miembro de la Unión Europea.»
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 119, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria dictará, previa audiencia 
de los interesados, acuerdo de baja provisional en el Índice de Entidades en los 
siguientes casos:
a) Cuando se proceda a la declaración de fallido por insolvencia total de la 
entidad respecto de débitos tributarios para con la Hacienda Pública del Estado, 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación 
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
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b) Cuando la entidad no hubiere presentado la declaración por este impuesto 
correspondiente a 3 períodos impositivos consecutivos.»
Seis. Se añade una nueva disposición transitoria cuadragésima primera, que queda 
redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria cuadragésima primera.  Disolución y liquidación de 
determinadas sociedades de inversión de capital variable.
1. Podrán acordar su disolución y liquidación, con aplicación del régimen 
fiscal previsto en esta disposición transitoria, las sociedades de inversión de 
capital variable a las que haya resultado aplicable lo previsto en la letra a) del 
apartado 4 del artículo 29 de esta Ley en su redacción en vigor a 31 de diciembre 
de 2021, que durante el año 2022 adopten válidamente el acuerdo de disolución 
con liquidación, y realicen con posterioridad al acuerdo, dentro de los seis meses 
posteriores a dicho plazo, todos los actos o negocios jurídicos necesarios según la 
normativa mercantil hasta la cancelación registral de la sociedad en liquidación.
2. La disolución con liquidación de las sociedades de inversión de capital 
variable que se realice conforme a lo establecido en el apartado 1 anterior tendrá 
el siguiente régimen fiscal:
a) Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, concepto "operaciones societarias", hecho imponible, 
"disolución de sociedades", del artículo 19.1.1.° del texto refundido de la Ley del 
Impuesto, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
b) Durante los períodos impositivos que concluyan hasta la cancelación 
registral continuará siendo de aplicación a la sociedad en liquidación lo previsto en 
la letra a) del apartado 4 del artículo 29 de esta Ley en su redacción en vigor a 31 
de diciembre de 2021.
c) A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, los 
socios de la sociedad en liquidación no integrarán en la base imponible las rentas 
derivadas de la liquidación de la entidad, siempre que el total de dinero o bienes 
que les corresponda como cuota de liquidación se reinvierta, en la forma y con las 
condiciones previstas en los párrafos siguientes, en la adquisición o suscripción de 
acciones o participaciones en alguna de las instituciones de inversión colectiva 
previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de esta Ley, en cuyo 
caso las nuevas acciones o participaciones adquiridas o suscritas conservarán el 
valor y la fecha de adquisición de las acciones de la sociedad objeto de 
liquidación.
El socio deberá comunicar a la sociedad en liquidación su decisión de 
acogerse a lo previsto en el párrafo anterior de esta letra c), en cuyo caso la 
entidad en liquidación se abstendrá de efectuar cualquier pago de dinero o entrega 
de bienes al socio que le corresponda como cuota de liquidación. Asimismo, el 
socio deberá aportar a la sociedad la documentación acreditativa de la fecha y 
valor de adquisición de las acciones, en el caso de que la sociedad no dispusiera 
de dicha información.
La reinversión deberá tener por objeto la totalidad del dinero o bienes que 
integren la cuota de liquidación del socio, sin que sea posible reinversión parcial, 
pudiendo realizarse en una o varias instituciones de inversión colectiva.
El socio comunicará a la institución de inversión colectiva en la que vaya a 
efectuar la reinversión sus propios datos identificativos, los correspondientes a la 
sociedad en liquidación y a su entidad gestora y entidad depositaria, así como la 
cantidad de dinero o los bienes integrantes de la cuota de liquidación a reinvertir 
en la institución de destino. A estos efectos, el socio cumplimentará la 
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correspondiente orden de suscripción o adquisición, autorizando a dicha institución 
a tramitar dicha orden ante la sociedad en liquidación.
Recibida la orden por la sociedad en liquidación, la reinversión deberá 
efectuarse mediante la transferencia ordenada por esta última a su depositario, 
por cuenta y orden del socio, del dinero o de los bienes objeto de la reinversión, 
desde las cuentas de la sociedad en liquidación a las cuentas de la institución de 
inversión colectiva en la que se efectúe la reinversión. Dicha transferencia se 
acompañará de la información relativa a los valores y fechas de adquisición de las 
acciones de la sociedad en liquidación a las que corresponda la reinversión.
Para que resulte de aplicación el tratamiento previsto en el primer párrafo de 
esta letra c), la reinversión habrá de efectuarse antes de haber transcurrido siete 
meses contados desde la finalización del plazo establecido en el apartado 1 
anterior para la adopción del acuerdo de disolución con liquidación.
d) Las adquisiciones de valores a los que se refiere la Ley 5/2020, de 15 de 
octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que tuvieran lugar 
como consecuencia de lo previsto en los apartados 1 y 2 de esta disposición 
transitoria, siempre que se realice la reinversión conforme a lo establecido en la 
letra c) de este apartado, estarán exentas del Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras.
El derecho a la aplicación de lo previsto en el párrafo anterior se acreditará 
mediante la orden de suscripción o adquisición a que se refiere el párrafo cuarto 
de la letra c) de este apartado y, de forma provisional hasta la aportación de dicha 
orden, mediante los acuerdos de disolución de la sociedad y de división entre los 
socios del activo resultante, así como mediante la comunicación del socio a que se 
refiere el segundo párrafo de la citada letra c).
3. No existirá obligación de practicar pagos a cuenta del correspondiente 
impuesto personal del socio sobre las rentas derivadas de las liquidaciones de las 
sociedades de inversión de capital variable a que se refiere esta disposición 
transitoria, cuando los socios se acojan a la aplicación del régimen de reinversión 
regulado en la letra c) del apartado 2 anterior.
4. Lo previsto en esta disposición transitoria no será de aplicación en los 
supuestos de disolución con liquidación de las sociedades de inversión libre a que 
se refiere el artículo 33 bis de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones 
de Inversión Colectiva, ni de las sociedades de inversión de capital variable índice 
cotizadas a que se refiere el artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado 
por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio.»
Siete. Se añade una disposición transitoria cuadragésima segunda con la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria cuadragésima segunda.  Requisitos para aplicar la 
deducción en las producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos 
y obras audiovisuales.
Los requisitos establecidos en las letras b') y c') del apartado 2 del artículo 36 
de esta Ley no serán exigibles en el caso de producciones extranjeras de 
largometrajes cinematográficos y obras audiovisuales respecto de las que el 
contrato por el que se encarga la ejecución de la producción hubiera sido firmado 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 
2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas 
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas 
tributarias y en materia de regulación del juego.»
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Artículo segundo.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo:
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 9, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«4. Responderán solidariamente del ingreso de las deudas tributarias 
correspondientes a los contribuyentes a que se refiere el apartado 1 del artículo 10 
de esta Ley, que operen por mediación de un establecimiento permanente o en los 
supuestos del artículo 38, quienes hayan sido designados como sus 
representantes.»
Dos. Se modifica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 10.  Representantes.
1. Los contribuyentes por este Impuesto que no sean residentes en otro 
Estado miembro de la Unión Europea estarán obligados a nombrar, antes del fin 
del plazo de declaración de la renta obtenida en España, una persona física o 
jurídica con residencia en España, para que les represente ante la Administración 
Tributaria en relación con sus obligaciones por este Impuesto, cuando operen por 
mediación de un establecimiento permanente, en los supuestos a que se refieren 
los artículos 24.2 y 38 de esta Ley, o cuando, debido a la cuantía y características 
de la renta obtenida o a la posesión de un bien inmueble en territorio español, así 
lo requiera la Administración Tributaria.
En el caso de Estados que formen parte del Espacio Económico Europeo que 
no sean Estado miembro de la Unión Europea, lo anterior no será de aplicación 
cuando exista normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de 
información tributaria y de recaudación en los términos previstos en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Esta obligación será, asimismo, exigible a las personas o entidades residentes 
en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información 
tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional 
primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención 
del fraude fiscal, que sean titulares de bienes situados o de derechos que se 
cumplan o ejerciten en territorio español, excluidos los valores negociados en 
mercados secundarios oficiales.
El contribuyente, o su representante, estarán obligados a poner en 
conocimiento de la Administración Tributaria el nombramiento, debidamente 
acreditado, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de éste.
La designación se comunicará a la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en la que hayan de presentar la declaración por este 
Impuesto. A la comunicación acompañará la expresa aceptación del 
representante.
2. Cuando se trate de personas residentes o entidades en régimen de 
atribución de rentas constituidas en otro Estado miembro de la Unión Europea, 
actuarán ante la Administración Tributaria por medio de las personas que ostenten 
su representación de acuerdo con las normas de representación legal y voluntaria 
establecidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En el caso de Estados que formen parte del Espacio Económico Europeo que 
no sean Estado miembro de la Unión Europea, lo anterior será de aplicación 
cuando exista normativa sobre asistencia mutua en materias de intercambio de 
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información tributaria y recaudación en los términos previstos en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. En caso de incumplimiento de la obligación de nombramiento que 
establece el apartado 1, la Administración Tributaria podrá considerar 
representante del establecimiento permanente o del contribuyente a que se refiere 
el artículo 5.c) de esta Ley a quien figure como tal en el Registro Mercantil. Si no 
hubiese representante nombrado o inscrito, o fuera persona distinta de quien esté 
facultado para contratar en nombre de aquéllos, la Administración Tributaria podrá 
considerar como tal a este último.
En el caso de incumplimiento de la obligación de nombramiento de 
representante exigible a las personas o entidades residentes en países o 
territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la 
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, 
la Administración Tributaria podrá considerar que su representante es el 
depositario o gestor de los bienes o derechos de los contribuyentes.
4. El incumplimiento de la obligación a que se refiere el apartado 1 se 
considerará infracción tributaria grave, y la sanción consistirá en multa pecuniaria 
fija de 2.000 euros.
Cuando se trate de contribuyentes residentes en países o territorios con los 
que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, 
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, dicha multa 
ascenderá a 6.000 euros.
La sanción impuesta, de acuerdo con lo previsto en este apartado, se reducirá 
conforme a lo dispuesto en el artículo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.»
Tres. Se modifica el apartado 5 y se añaden los apartados 6, 7 y 8 en el artículo 18, 
que quedan redactados de la siguiente forma:
«5. Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado 
y el valor fiscal de los siguientes elementos patrimoniales:
a) Los que estén afectos a un establecimiento permanente situado en 
territorio español que cesa su actividad.
b) Los que estando previamente afectos a un establecimiento permanente 
situado en territorio español, son transferidos al extranjero.
c) Los que estén afectos a un establecimiento permanente situado en el 
territorio español que traslada su actividad al extranjero.
6. En los casos previstos en las letras b) y c) del apartado anterior, en el 
supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un acuerdo 
con España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobro 
de créditos tributarios que sea equivalente a la asistencia mutua prevista en la 
Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia 
mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados 
impuestos, derechos y otras medidas, el contribuyente podrá optar por fraccionar 
el pago de la deuda tributaria resultante de lo dispuesto en el apartado anterior por 
quintas partes anuales iguales.
El ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración 
del impuesto correspondiente al período impositivo en el que tenga lugar la 
transferencia de activos prevista en la letra b) del apartado anterior, o en la 
declaración del impuesto correspondiente al período impositivo concluido con 
ocasión del traslado de actividad, en el supuesto previsto en la letra c) del 
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apartado anterior, debiéndose efectuar el pago de la primera fracción en el plazo 
voluntario de declaración correspondiente a dicho período impositivo.
El vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anuales 
restantes, junto con los intereses de demora devengados por cada una de ellas, 
se producirá de forma sucesiva, transcurrido un año desde la finalización del plazo 
voluntario de declaración correspondiente al período impositivo previsto en el 
apartado anterior.
Salvo las especialidades contenidas en este apartado, a este fraccionamiento 
le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de 
demora y a la constitución de garantías. No obstante, únicamente será exigible la 
constitución de garantías cuando se justifique la existencia de indicios racionales 
de que el cobro de la deuda se podría ver frustrado o gravemente dificultado.
En el caso de que dichos indicios racionales sean apreciados por el órgano de 
recaudación en el plazo de los 6 meses siguientes a la finalización del plazo 
voluntario de pago de la primera fracción, se pondrá en conocimiento del 
contribuyente mediante el oportuno requerimiento para que aporte garantías 
suficientes en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la notificación 
del mismo. Si el requerimiento no es atendido o, siéndolo, no se considera 
aportada garantía suficiente o debidamente justificada lo innecesario de la misma, 
se exigirá la totalidad de la deuda pendiente en los plazos a los que se refiere el 
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. De no 
producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá 
iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El fraccionamiento perderá su vigencia en los siguientes supuestos:
a) Cuando los elementos patrimoniales afectados, sean objeto de 
transmisión a terceros.
b) Cuando los elementos patrimoniales afectados se trasladen con 
posterioridad a un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo primero de 
este apartado.
c) Cuando la actividad realizada por el establecimiento permanente se 
traslade con posterioridad a un tercer Estado distinto de los señalados en el 
párrafo primero de este apartado.
d) Cuando el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un 
procedimiento de ejecución colectiva, como concurso, o cualquier procedimiento 
equivalente.
e) Cuando el contribuyente no efectúe el ingreso previsto en el 
fraccionamiento.
En los casos de transmisión o traslado de elementos a los que se refieren las 
letras a) y b) de este apartado, cuando se trate de una transmisión o traslado 
parcial de los elementos patrimoniales, el fraccionamiento perderá su vigencia 
únicamente respecto de la parte proporcional de la deuda tributaria 
correspondiente a la diferencia positiva entre el valor de mercado y el valor fiscal 
de dichos elementos, cuando el contribuyente pruebe que dicha transmisión o 
traslado afecta solo a alguno o algunos de los elementos patrimoniales.
En los supuestos de pérdida de vigencia contemplados en las letras a), b) y c) 
de este apartado, las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el 
fraccionamiento deberán ser ingresadas en el plazo de un mes contado a partir de 
que se produzca la pérdida de vigencia del fraccionamiento. La falta de ingreso en 
el referido plazo de un mes determinará que se proceda, exclusivamente respecto 
de las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el fraccionamiento, a 
iniciar el procedimiento de apremio, con su exigencia en los plazos a que se 
refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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El importe que se ingrese será aplicado a los últimos vencimientos del 
fraccionamiento. De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas en dichos 
plazos, se considerará vencida, en su caso, el resto de deuda fraccionada, 
debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de la misma.
La pérdida de vigencia del fraccionamiento a que se refiere la letra d) de este 
apartado determinará el vencimiento y exigibilidad de la totalidad de la deuda 
pendiente en el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la misma. La 
falta de ingreso en el referido plazo determinará el inicio del periodo ejecutivo 
debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el 
artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Si concurre el supuesto de pérdida de vigencia del fraccionamiento al que se 
refiere la letra e) de este apartado, se procederá a iniciar el procedimiento de 
apremio exclusivamente respecto de dicha fracción incumplida, exigiéndose en los 
plazos a que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. Se exigirá el importe de dicha fracción, los intereses de demora 
devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en 
período voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido, y el recargo 
del período ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.
De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo 
anterior se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo 
iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán 
los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago 
de la fracción incumplida.
7. En el caso de transferencia a España de elementos patrimoniales o del 
traslado de actividades que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, haya sido objeto de 
una imposición de salida en un Estado miembro de la Unión Europea, el valor 
determinado por el Estado miembro de salida tendrá la consideración de valor 
fiscal en España, salvo que no refleje el valor de mercado.
8. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del presente artículo, y 
por tanto, no se integrará en la base imponible, la diferencia entre el valor de 
mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales transferidos, que estén 
relacionados con la financiación o entrega de garantías o para cumplir requisitos 
prudenciales de capital o a efectos de gestión de liquidez, siempre que se prevea 
que deben volver a territorio español para afectarse en el plazo máximo de un 
año.»
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 20, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«2. Se entenderá concluido el período impositivo cuando el establecimiento 
permanente cese en su actividad o, de otro modo, se realice la desafectación de la 
inversión en su día efectuada respecto del establecimiento permanente, así como 
en los supuestos en que traslade su actividad al extranjero, se produzca la 
transmisión del establecimiento permanente a otra persona física o entidad, 
aquéllos en que la casa central traslade su residencia, y cuando fallezca su 
titular.»
Artículo tercero.  Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
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leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio:
Uno. Se modifica la letra h) del apartado 2 del artículo 14, que queda redactada de 
la siguiente forma:
«h) Se imputará como rendimiento de capital mobiliario a que se refiere el 
artículo 25.3 de esta Ley, de cada período impositivo, la diferencia entre el valor 
liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del período 
impositivo en aquellos contratos de seguros de vida en los que el tomador asuma 
el riesgo de la inversión. El importe imputado minorará el rendimiento derivado de 
la percepción de cantidades en estos contratos.
No resultará de aplicación esta regla especial de imputación temporal en 
aquellos contratos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
A) No se otorgue al tomador la facultad de modificar las inversiones afectas a 
la póliza.
B) Las provisiones matemáticas se encuentren invertidas en:
a) Acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, 
predeterminadas en los contratos, siempre que se trate de instituciones de 
inversión colectiva adaptadas a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
instituciones de inversión colectiva, o amparadas por la Directiva 2009/65/CEE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009.
b) Conjuntos de activos reflejados de forma separada en el balance de la 
entidad aseguradora, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
La determinación de los activos integrantes de cada uno de los distintos 
conjuntos de activos separados deberá corresponder, en todo momento, a la 
entidad aseguradora quien, a estos efectos, gozará de plena libertad para elegir 
los activos con sujeción, únicamente, a criterios generales predeterminados 
relativos al perfil de riesgo del conjunto de activos o a otras circunstancias 
objetivas.
La inversión de las provisiones de cada conjunto de activos deberá efectuarse 
en activos que cumplan las normas establecidas en el artículo 89 del Real 
Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. En ningún caso podrá tratarse 
de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios.
No obstante, se entenderá que cumplen tales requisitos aquellos conjuntos de 
activos que traten de desarrollar una política de inversión caracterizada por 
reproducir un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de algunos 
de los mercados secundarios oficiales de valores de la Unión Europea.
El tomador únicamente tendrá la facultad de elegir, entre los distintos 
conjuntos separados de activos, en cuáles debe invertir la entidad aseguradora la 
provisión matemática del seguro, pero en ningún caso podrá intervenir en la 
determinación de los activos concretos en los que, dentro de cada conjunto 
separado, se invierten tales provisiones.
En estos contratos, el tomador o el asegurado podrán elegir, de acuerdo con 
las especificaciones de la póliza, entre las distintas instituciones de inversión 
colectiva o conjuntos separados de activos, expresamente designados en los 
contratos, sin que puedan producirse especificaciones singulares para cada 
tomador o asegurado.
Las condiciones a que se refiere esta letra h) deberán cumplirse durante toda 
la vigencia del contrato.»
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Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 23, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«2. En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a 
vivienda, el rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado anterior, se reducirá en un 60 por ciento. Esta reducción sólo resultará 
aplicable sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculados por el 
contribuyente en una autoliquidación presentada antes de que se haya iniciado un 
procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección 
que incluya en su objeto la comprobación de tales rendimientos.
En ningún caso resultará de aplicación la reducción respecto de la parte de los 
rendimientos netos positivos derivada de ingresos no incluidos o de gastos 
indebidamente deducidos en la autoliquidación del contribuyente y que se 
regularicen en alguno de los procedimientos citados en el párrafo anterior, incluso 
cuando esas circunstancias hayan sido declaradas o aceptadas por el 
contribuyente durante la tramitación del procedimiento.»
Tres. Se modifica el artículo 36, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 36.  Transmisiones a título lucrativo.
Cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se 
aplicarán las reglas del artículo anterior, tomando por importe real de los valores 
respectivos aquéllos que resulten de la aplicación de las normas del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, sin que puedan exceder del valor de mercado.
No obstante, en las adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de 
contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, el beneficiario de los 
mismos que transmitiera, antes del transcurso de cinco años desde la celebración 
del pacto sucesorio o del fallecimiento del causante, si fuera anterior, los bienes 
adquiridos, se subrogará en la posición de este, respecto al valor y fecha de 
adquisición de aquellos, cuando este valor fuera inferior al previsto en el párrafo 
anterior.
En las adquisiciones lucrativas, a que se refiere la letra c) del apartado 3 del 
artículo 33 de esta Ley, el donatario se subrogará en la posición del donante 
respecto de los valores y fechas de adquisición de dichos bienes.»
Cuatro. Se modifica el artículo 91, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 91.  Imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal 
internacional.
1. Los contribuyentes imputarán las rentas positivas obtenidas por una 
entidad no residente en territorio español a que se refieren los apartados 2 o 3 de 
este artículo cuando se cumplan las circunstancias siguientes:
a) Que por sí solos o conjuntamente con entidades vinculadas en el sentido 
del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades o con otros 
contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge, en línea 
directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el segundo grado inclusive, 
tengan una participación igual o superior al 50 por ciento en el capital, los fondos 
propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad no residente en 
territorio español, en la fecha del cierre del ejercicio social de esta última.
b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español, 
imputable a alguna de las clases de rentas previstas en el apartado 2 o 3 de este 
artículo por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto 
sobre Sociedades, sea inferior al 75 por ciento del que hubiera correspondido de 
acuerdo con las normas de aquel.
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2. Los contribuyentes imputarán la renta total obtenida por la entidad no 
residente en territorio español, cuando esta no disponga de la correspondiente 
organización de medios materiales y personales para su obtención, incluso si las 
operaciones tienen carácter recurrente.
Se entenderá por renta total el importe de la base imponible que resulte de 
aplicar los criterios y principios establecidos en la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades y en las restantes disposiciones relativas al Impuesto sobre 
Sociedades para la determinación de aquella.
Este apartado no resultará de aplicación cuando el contribuyente acredite que 
las referidas operaciones se realizan con los medios materiales y personales 
existentes en una entidad no residente en territorio español perteneciente al 
mismo grupo, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, o bien que su constitución y operativa responde a motivos 
económicos válidos.
La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado prevalecerá 
sobre lo previsto en el apartado siguiente.
3. En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado anterior, se 
imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada una de las siguientes 
fuentes:
a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales 
que recaigan sobre estos, salvo que estén afectos a una actividad económica, o 
cedidos en uso a entidades no residentes, pertenecientes al mismo grupo de 
sociedades de la titular en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, e igualmente estuvieren afectos a una actividad económica.
b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a 
terceros de capitales propios, que tengan tal consideración con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 25 de esta Ley.
No se entenderá incluida en esta letra la renta positiva que proceda de los 
siguientes activos financieros:
1.º Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y 
reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.
2.º Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones 
contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades 
económicas.
3.º Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de 
intermediación en mercados oficiales de valores.
4.º Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia 
del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se 
entenderá que procede de la realización de actividades crediticias y financieras a 
que se refiere la letra i) cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo 
de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por ciento, 
del ejercicio de actividades económicas.
c) Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la 
propia entidad.
d) Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles, 
derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de negocios o minas, 
que tengan tal consideración con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 25 de esta Ley.
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No obstante, no será objeto de imputación la renta procedente de derechos de 
imagen que deba imputarse conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de esta Ley.
e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c) y d) 
anteriores que genere rentas.
f) Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para cubrir un 
riesgo específicamente identificado derivado de la realización de actividades 
económicas.
g) Actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento 
financiero y otras actividades financieras salvo que se trate de rentas obtenidas en 
el ejercicio de actividades económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).
h) Operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades 
vinculadas en el sentido del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
en las que la entidad no residente o establecimiento añade un valor económico 
escaso o nulo.
i) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de 
servicios realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades 
residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del artículo 18 de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto determinen gastos fiscalmente 
deducibles en dichas personas o entidades residentes.
No se incluirá la renta positiva prevista en esta letra cuando al menos dos 
tercios de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, 
aseguradoras o de prestación de servicios realizadas por la entidad no residente 
procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en 
el sentido del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
4. No se imputarán las rentas previstas en el apartado 3 de este artículo 
cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 por ciento de la renta total 
obtenida por la entidad no residente.
No obstante, se imputarán en todo caso las rentas a las que se refiere la letra 
i) del apartado 3 sin perjuicio de que, asimismo, sean tomadas en consideración a 
efectos de determinar la suma a la que se refiere el párrafo anterior.
No se imputará en la base imponible del contribuyente el impuesto o 
impuestos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre Sociedades 
efectivamente satisfecho por la sociedad no residente por la parte de renta a 
incluir.
5. Estarán obligados a la imputación prevista en este artículo los 
contribuyentes comprendidos en la letra a) del apartado 1, que participen 
directamente en la entidad no residente o bien indirectamente a través de otra u 
otras entidades no residentes. En este último caso, el importe de la renta positiva 
será el correspondiente a la participación indirecta.
El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción a la 
participación en los resultados y, en su defecto, en proporción a la participación en 
el capital, los fondos propios o los derechos de voto.
Las rentas positivas a que se refieren los apartados 2 y 3 se imputarán en la 
base imponible general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de esta Ley.
6. La imputación se realizará en el período impositivo que comprenda el día 
en que la entidad no residente en territorio español haya concluido su ejercicio 
social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a 12 meses.
7. El importe de las rentas positivas a imputar se calculará de acuerdo con 
los principios y criterios establecidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y 
en las restantes disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades para la 
determinación de la base imponible.
A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio 
social de la entidad no residente en territorio español.
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la entidad 
no residente.
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8. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en 
beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que haya sido imputada. 
El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en 
el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abonadas a 
dichas reservas.
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una 
sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se manifieste.
9. Será deducible de la cuota líquida el impuesto o gravamen efectivamente 
satisfecho en el extranjero por razón de la distribución de los dividendos o 
participaciones en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble 
imposición o de acuerdo con la legislación interna del país o territorio de que se 
trate, en la parte que corresponda a la renta positiva imputada con anterioridad en 
la base imponible.
Esta deducción se practicará aun cuando los impuestos correspondan a 
períodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la imputación.
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios 
calificados como jurisdicciones no cooperativas.
Esta deducción no podrá exceder de la cuota íntegra que en España 
corresponda pagar por la renta positiva incluida en la base imponible.
10. Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, 
directa o indirecta, se emplearán las reglas contenidas en la letra a) del apartado 2 
de la disposición transitoria décima de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en 
relación a la renta positiva imputada en la base imponible. Los beneficios sociales 
a que se refiere el citado precepto serán los correspondientes a la renta positiva 
imputada.
11. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente 
artículo deberán presentar conjuntamente con la declaración por este Impuesto los 
siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español:
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b) Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal.
c) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.
d) Importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base 
imponible.
e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que 
deba ser objeto de imputación.
12. Cuando la entidad participada resida en un país o territorio calificado 
como jurisdicción no cooperativa, se presumirá que:
a) Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1.
b) Las rentas de la entidad participada reúnen las características del 
apartado 3 de este artículo.
c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por ciento del valor de 
adquisición de la participación.
Las presunciones contenidas en los párrafos anteriores admitirán prueba en 
contrario.
13. A los efectos del presente artículo se entenderá que el grupo de 
sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio incluye las 
entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil.
14. Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad no 
residente en territorio español sea residente en otro Estado miembro de la Unión 
Europea o que forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, siempre 
que el contribuyente acredite que realiza actividades económicas o se trate de una 
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institución de inversión colectiva regulada en la Directiva 2009/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se 
coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, distintas 
de las previstas en el artículo 95 de esta Ley, constituida y domiciliada en algún 
Estado miembro de la Unión Europea.»
Cinco. Se modifican la letra a) del apartado 1 y la letra a) del apartado 2 del 
artículo 94, que quedan redactadas, respectivamente, de la siguiente forma:
«''a) Las ganancias o pérdidas patrimoniales obtenidas como consecuencia 
de la transmisión de las acciones o participaciones o del reembolso de estas 
últimas. Cuando existan valores homogéneos, se considerará que los transmitidos 
o reembolsados por el contribuyente son aquellos que adquirió en primer lugar.
Cuando el importe obtenido como consecuencia del reembolso o transmisión 
de participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva se destine, de 
acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, a la 
adquisición o suscripción de otras acciones o participaciones en instituciones de 
inversión colectiva, no procederá computar la ganancia o pérdida patrimonial, y las 
nuevas acciones o participaciones suscritas conservarán el valor y la fecha de 
adquisición de las acciones o participaciones transmitidas o reembolsadas, en los 
siguientes casos:
1.º En los reembolsos de participaciones en instituciones de inversión 
colectiva que tengan la consideración de fondos de inversión.
2.º En las transmisiones de acciones de instituciones de inversión colectiva 
con forma societaria, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:
Que el número de socios de la institución de inversión colectiva cuyas 
acciones se transmitan sea superior a 500.
Que el contribuyente no haya participado, en algún momento dentro de los 12 
meses anteriores a la fecha de la transmisión, en más del 5 por ciento del capital 
de la institución de inversión colectiva.
El régimen de diferimiento previsto en el segundo párrafo de esta letra a) no 
resultará de aplicación cuando, por cualquier medio, se ponga a disposición del 
contribuyente el importe derivado del reembolso o transmisión de las acciones o 
participaciones de instituciones de inversión colectiva. Tampoco resultará de 
aplicación el citado régimen de diferimiento cuando la transmisión o reembolso o, 
en su caso, la suscripción o adquisición tenga por objeto participaciones 
representativas del patrimonio de instituciones de inversión colectiva a que se 
refiere este artículo que tengan la consideración de fondos de inversión cotizados 
o acciones de las sociedades del mismo tipo conforme a lo previsto en el 
artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, 
de 13 de julio.''
''a) El régimen previsto en el apartado 1 de este artículo será de aplicación a 
los socios o partícipes de instituciones de inversión colectiva, reguladas por la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios, distintas de las previstas en el artículo 95 de esta Ley, constituidas y 
domiciliadas en algún Estado miembro de la Unión Europea e inscritas en el 
registro especial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a efectos de su 
comercialización por entidades residentes en España.
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Para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1.a) se 
exigirán los siguientes requisitos:
1.º La adquisición, suscripción, transmisión y reembolso de acciones y 
participaciones de instituciones de inversión colectiva se realizará a través de 
entidades comercializadoras inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.
2.º En el caso de que la institución de inversión colectiva se estructure en 
compartimentos o subfondos, el número de socios y el porcentaje máximo de 
participación previstos en el apartado 1.a). 2.º anterior se entenderá referido a 
cada compartimento o subfondo comercializado.
3.º Que el reembolso o transmisión o, en su caso, la suscripción o 
adquisición, no tenga por objeto participaciones o acciones en instituciones de 
inversión colectiva análogas a los fondos de inversión cotizados o sociedades del 
mismo tipo previstos en el artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley 35/2003, cualquiera que sea el mercado regulado o el sistema multilateral de 
negociación en el que coticen y la composición del índice que reproduzcan, 
repliquen o tomen como referencia.''»
Seis. Se añaden los apartados 6 y 7 a la disposición adicional decimotercera, que 
quedan redactados de la siguiente forma:
«6. Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos 
permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el 
extranjero, que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas 
privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas 
virtuales, ya se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra 
actividad, vendrán obligadas a suministrar a la Administración Tributaria, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan, información sobre la totalidad 
de las monedas virtuales que mantengan custodiadas. Este suministro 
comprenderá información sobre saldos en cada moneda virtual diferente y, en su 
caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, 
autorizados o beneficiarios de dichos saldos.
7. Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos 
permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el 
extranjero, que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero 
de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier 
forma en la realización de dichas operaciones, o proporcionen servicios para 
salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, 
almacenar y transferir monedas virtuales, vendrán obligados, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, a comunicar a la Administración Tributaria las 
operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia, relativas a 
monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en 
las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos 
intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase 
y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación.
La misma obligación anterior tendrán las personas y entidades residentes en 
España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o 
entidades residentes en el extranjero, que realicen ofertas iniciales de nuevas 
monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras 
monedas virtuales o de dinero de curso legal.»
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Siete. Se añade una disposición transitoria trigésima sexta, que queda redactada 
de la siguiente forma:
«Disposición transitoria trigésima sexta.  Aplicación del régimen de diferimiento a 
determinadas participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva 
adquiridas con anterioridad a 1 de enero de 2022.
El requisito establecido en el número 3.º de la letra a) del apartado 2 del 
artículo 94 de esta Ley no será de aplicación a las participaciones o acciones en 
instituciones de inversión colectiva a que se refiere dicho número 3.º adquiridas 
por el contribuyente con anterioridad a 1 de enero de 2022 y no cotizadas en bolsa 
de valores española, siempre que el importe del reembolso o transmisión no se 
destine a la adquisición de acciones o participaciones de instituciones de inversión 
colectiva previstas en el citado número 3.º»
Artículo cuarto.  Modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:
Uno. Se modifica el artículo 9, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 9.  Base imponible.
1. Constituye la base imponible del impuesto:
a) En las transmisiones «mortis causa», el valor neto de la adquisición 
individual de cada causahabiente, entendiéndose como tal el valor de los bienes y 
derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles.
b) En las donaciones y demás transmisiones lucrativas ''inter vivos'' 
equiparables, el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose 
como tal el valor de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que 
fueren deducibles.
c) En los seguros sobre la vida, las cantidades percibidas por el beneficiario. 
Las cantidades percibidas por razón de seguros sobre la vida se liquidarán 
acumulando su importe al del resto de los bienes y derechos que integran la 
porción hereditaria del beneficiario cuando el causante sea, a su vez, el 
contratante del seguro individual o el asegurado en el seguro colectivo.
2. A efectos de este impuesto, salvo que resulte de aplicación alguna de las 
reglas contenidas en los siguientes apartados de este artículo o en los artículos 
siguientes, se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado. No 
obstante, si el valor declarado por los interesados es superior al valor de mercado, 
esa magnitud se tomará como base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría 
venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas.
3. En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia 
previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de 
devengo del impuesto.
No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados es 
superior a su valor de referencia, se tomará aquel como base imponible.
Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la 
Dirección General del Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la 
comprobación administrativa, será la mayor de las siguientes magnitudes: el valor 
declarado por los interesados o el valor de mercado.
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4. El valor de referencia solo se podrá impugnar cuando se recurra la 
liquidación que en su caso realice la Administración Tributaria o con ocasión de la 
solicitud de rectificación de la autoliquidación, conforme a los procedimientos 
regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Cuando los obligados tributarios consideren que la determinación del valor de 
referencia ha perjudicado sus intereses legítimos, podrán solicitar la rectificación 
de la autoliquidación impugnando dicho valor de referencia.
5. Cuando los obligados tributarios soliciten una rectificación de 
autoliquidación por estimar que la determinación del valor de referencia perjudica 
a sus intereses legítimos o cuando interpongan un recurso de reposición contra la 
liquidación que en su caso se le practique, impugnando dicho valor de referencia, 
la Administración Tributaria resolverá previo informe preceptivo y vinculante de la 
Dirección General del Catastro, que ratifique o corrija el citado valor, a la vista de 
la documentación aportada.
La Dirección General del Catastro emitirá informe vinculante en el que ratifique 
o corrija el valor de referencia cuando lo solicite la Administración Tributaria 
encargada de la aplicación de los tributos como consecuencia de las alegaciones 
y pruebas aportadas por los obligados tributarios.
Asimismo, emitirá informe preceptivo, corrigiendo o ratificando el valor de 
referencia, cuando lo solicite la Administración Tributaria encargada de la 
aplicación de los tributos, como consecuencia de la interposición de reclamaciones 
económico-administrativas.
En los informes que emita la Dirección General del Catastro, el valor de 
referencia ratificado o corregido será motivado mediante la expresión de la 
resolución de la que traiga causa, así como de los módulos de valor medio, 
factores de minoración y demás elementos precisos para su determinación 
aprobados en dicha resolución.»
Dos. Se modifica el artículo 12, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 12.  Cargas deducibles.
Del valor de los bienes, únicamente serán deducibles las cargas o gravámenes 
de naturaleza perpetua, temporal o redimibles que aparezcan directamente 
establecidos sobre los mismos y disminuyan realmente su capital o valor, como los 
censos y las pensiones, sin que merezcan tal consideración las cargas que 
constituyan obligación personal del adquirente ni las que, como las hipotecas y las 
prendas, no suponen disminución del valor de lo transmitido, sin perjuicio, en su 
caso, de que las deudas que garanticen puedan ser deducidas si concurren los 
requisitos establecidos en el artículo siguiente.»
Tres. Se modifica el artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 16.  Cargas deducibles.
En las donaciones y demás transmisiones lucrativas "inter vivos" equiparables, 
del valor de los bienes y derechos adquiridos se deducirán las cargas que reúnan 
los requisitos establecidos en el artículo 12 de esta Ley.»
Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 18, que quedan redactados de 
la siguiente forma:
«1. La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos 
transmitidos por los medios de comprobación establecidos en el artículo 57 de la 
Ley General Tributaria, salvo que, en el caso de inmuebles, la base imponible sea 
su valor de referencia o el valor declarado por ser superior, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 9 de esta Ley.
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2. Los interesados deberán consignar en la declaración que están obligados 
a presentar según el artículo 31 el valor que atribuyen a cada uno de los bienes y 
derechos incluidos en la declaración del impuesto. Este valor prevalecerá sobre el 
comprobado si fuese superior.
Si el valor al que se refiere el párrafo anterior no hubiera sido comunicado, se 
les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.»
Cinco. Se modifica el artículo 30, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 30.  Acumulación de donaciones y contratos y pactos sucesorios.
1. Las donaciones y demás transmisiones ''inter vivos'' equiparables que se 
otorguen por un mismo donante a un mismo donatario, así como las adquisiciones 
producidas en vida del causante como consecuencia de contratos y pactos 
sucesorios formalizados entre las mismas personas, todas ellas dentro del plazo 
de tres años, a contar desde la fecha de cada una, se considerarán como una sola 
transmisión a los efectos de la liquidación del impuesto. Para determinar la cuota 
tributaria se aplicará, a la base liquidable de la actual adquisición, el tipo medio 
correspondiente a la base liquidable teórica del total de las adquisiciones 
acumuladas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de la determinación de la 
cuota tributaria, será igualmente aplicable a las donaciones y demás transmisiones 
''inter vivos'' equiparables y a las adquisiciones producidas en vida del causante 
como consecuencia de contratos y pactos sucesorios acumulables a la sucesión 
que se cause por el donante o causante a favor del donatario o sucesor «mortis 
causa», siempre que el plazo que medie entre ésta y aquéllas no exceda de cuatro 
años.
3. A estos efectos se entenderá por base liquidable teórica del total de las 
adquisiciones acumuladas la suma de las bases liquidables de las donaciones y 
demás transmisiones ''inter vivos'' equiparables anteriores, de las herencias, 
legados o cualesquier otros títulos sucesorios y la de la adquisición actual.»
Seis. Se modifica el apartado uno de la disposición adicional segunda, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«Uno. Adecuación de la normativa del Impuesto a lo dispuesto en la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre 
de 2014.
1. La liquidación del impuesto aplicable a la adquisición de bienes y derechos 
por cualquier título lucrativo en los supuestos que se indican a continuación se 
ajustará a las siguientes reglas:
a) En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o 
cualquier otro título sucesorio, si el causante hubiera sido no residente en España, 
los contribuyentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia 
aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se encuentre el mayor valor de 
los bienes y derechos del caudal relicto situados en España. Si no hubiera ningún 
bien o derecho situado en España, se aplicará a cada sujeto pasivo la normativa 
de la Comunidad Autónoma en que resida.
b) En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o 
cualquier otro título sucesorio, si el causante hubiera sido residente en una 
Comunidad Autónoma, los contribuyentes no residentes tendrán derecho a la 
aplicación de la normativa propia aprobada por dicha Comunidad Autónoma.
c) En  el caso de la adquisición  de bienes  inmuebles  situados  en España  por 
donación  o cualquier  otro negocio  jurídico  a título gratuito  e ''inter  vivos''  los 
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contribuyentes  no residentes  tendrán  derecho  a la aplicación  de la normativa  propia 
aprobada por la Comunidad Autónoma donde radiquen los referidos bienes inmuebles.
d) En el caso de la adquisición de bienes inmuebles situados fuera de 
España por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e ''inter 
vivos'', los contribuyentes residentes en España tendrán derecho a la aplicación de 
la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que residan.
e) En el caso de la adquisición de bienes muebles situados en España por 
donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e ''inter vivos'', los 
contribuyentes no residentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa 
propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde hayan estado situados los 
referidos bienes muebles un mayor número de días del período de los cinco años 
inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de 
devengo del impuesto.
2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará que las personas 
físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de una Comunidad 
Autónoma cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días del 
período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que 
finalice el día anterior al de devengo.
3. Cuando en un solo documento se donen por un mismo donante a favor de 
un mismo donatario distintos bienes o derechos y por aplicación de las reglas 
expuestas en el apartado 1 anterior resulte aplicable la normativa de distintas 
Comunidades Autónomas, la cuota tributaria a ingresar se determinará del 
siguiente modo:
1.° Se calculará el tipo medio resultante de aplicar al valor del conjunto de los 
bienes y derechos donados la normativa del Estado y la de cada una de las 
Comunidades Autónomas en las que radiquen o estén situados parte de tales 
bienes y derechos.
2.° Se aplicará al valor de los bienes y derechos que radiquen o estén 
situados en cada Comunidad Autónoma el tipo medio obtenido por la aplicación de 
su normativa propia, de lo cual se obtendrá una cuota tributaria a ingresar, 
correspondiente a dichos bienes y derechos.»
Artículo quinto.  Modificación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el 
Patrimonio.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio:
Uno. Se modifica el apartado uno del artículo 10, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«Uno. Por el mayor valor de los tres siguientes: El valor catastral, el 
determinado o comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el 
precio, contraprestación o valor de la adquisición.»
Dos. Se modifica el artículo 17, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 17.  Seguros de vida y rentas temporales o vitalicias.
Uno. Los seguros de vida se computarán por su valor de rescate en el 
momento del devengo del Impuesto.
No obstante, en los supuestos en los que el tomador no tenga la facultad de 
ejercer el derecho de rescate total en la fecha de devengo del impuesto, el seguro 
se computará por el valor de la provisión matemática en la citada fecha en la base 
imponible del tomador.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los contratos de seguro 
temporales que únicamente incluyan prestaciones en caso de fallecimiento o 
invalidez u otras garantías complementarias de riesgo.
Dos. Las rentas temporales o vitalicias, constituidas como consecuencia de 
la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, deberán 
computarse por su valor de capitalización en la fecha del devengo del Impuesto, 
aplicando las mismas reglas que para la constitución de pensiones se establecen 
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.
No obstante, cuando se perciban rentas, temporales o vitalicias, procedentes 
de un seguro de vida, estas se computarán por el valor establecido en el apartado 
Uno de este artículo.»
Tres. Se modifica la disposición adicional cuarta, que quedará redactada como 
sigue:
«Disposición adicional cuarta.  Especialidades de la tributación de los 
contribuyentes no residentes.
Los contribuyentes no residentes tendrán derecho a la aplicación de la 
normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor 
valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija el 
impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en 
territorio español.»
Artículo sexto.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre:
Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 7, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«5. No estarán sujetas al concepto «transmisiones patrimoniales onerosas» 
regulado en el presente Título las operaciones enumeradas anteriormente cuando, 
con independencia de la condición del adquirente, los transmitentes sean 
empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad económica y, en 
cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios 
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, quedarán sujetos a dicho 
concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como 
la constitución y transmisión de derechos reales de uso y disfrute que recaigan 
sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles que estén 
incluidos en la transmisión de un patrimonio empresarial o profesional, cuando por 
las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta 
al Impuesto sobre el Valor Añadido.»
Dos. Se  modifica  el apartado  1 del artículo  10 y se añaden  tres nuevos 
apartados,  2, 3 y 4, que quedan  redactados  de la siguiente  forma,  pasando  el actual 
apartado 2 a numerarse como 5:
«1. La base imponible está constituida por el valor del bien transmitido o del 
derecho que se constituya o ceda. Únicamente serán deducibles las cargas que 
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disminuyan el valor de los bienes, pero no las deudas aunque estén garantizadas 
con prenda o hipoteca.
A efectos de este impuesto, salvo que resulte de aplicación alguna de las 
reglas contenidas en los apartados siguientes de este artículo o en los artículos 
siguientes, se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado. No 
obstante, si el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación 
pactada o ambos son superiores al valor de mercado, la mayor de esas 
magnitudes se tomará como base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría 
venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas.
2. En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia 
previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de 
devengo del impuesto.
No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados, el 
precio o contraprestación pactada, o ambos son superiores a su valor de 
referencia, se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes.
Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la 
Dirección General del Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la 
comprobación administrativa, será la mayor de las siguientes magnitudes: el valor 
declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada o el valor de 
mercado.
3. El valor de referencia solo se podrá impugnar cuando se recurra la 
liquidación que en su caso realice la Administración Tributaria o con ocasión de la 
solicitud de rectificación de la autoliquidación, conforme a los procedimientos 
regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Cuando los obligados tributarios consideren que la determinación del valor de 
referencia ha perjudicado sus intereses legítimos, podrán solicitar la rectificación 
de la autoliquidación impugnando dicho valor de referencia.
4. Cuando los obligados tributarios soliciten una rectificación de 
autoliquidación por estimar que la determinación del valor de referencia perjudica 
a sus intereses legítimos o cuando interpongan un recurso de reposición contra la 
liquidación que en su caso se le practique, impugnando dicho valor de referencia, 
la Administración Tributaria resolverá previo informe preceptivo y vinculante de la 
Dirección General del Catastro, que ratifique o corrija el citado valor, a la vista de 
la documentación aportada.
La Dirección General del Catastro emitirá informe vinculante en el que ratifique 
o corrija el valor de referencia cuando lo solicite la Administración Tributaria 
encargada de la aplicación de los tributos como consecuencia de las alegaciones 
y pruebas aportadas por los obligados tributarios.
Asimismo, emitirá informe preceptivo, corrigiendo o ratificando el valor de 
referencia, cuando lo solicite la Administración Tributaria encargada de la 
aplicación de los tributos, como consecuencia de la interposición de reclamaciones 
económico-administrativas.
En los informes que emita la Dirección General del Catastro, el valor de 
referencia ratificado o corregido será motivado mediante la expresión de la 
resolución de la que traiga causa, así como de los módulos de valor medio, 
factores de minoración y demás elementos precisos para su determinación 
aprobados en dicha resolución.»
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 13, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«3. Como norma general, para determinar la base imponible, el valor del 
derecho originado por la concesión se fijará por la aplicación de la regla o reglas 
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que, en atención a la naturaleza de las obligaciones impuestas al concesionario, 
resulten aplicables de las que se indican a continuación:
a) Si la Administración señalase una cantidad total en concepto de precio o 
canon que deba satisfacer el concesionario, por el importe de la misma.
b) Si la Administración señalase un canon, precio, participación o beneficio 
mínimo que deba satisfacer el concesionario periódicamente y la duración de la 
concesión no fuese superior a un año, por la suma total de las prestaciones 
periódicas. Si la duración de la concesión fuese superior al año, capitalizando, 
según el plazo de la concesión, al 10 por 100 la cantidad anual que satisfaga el 
concesionario.
Cuando para la aplicación de esta regla hubiese que capitalizar una cantidad 
anual que fuese variable como consecuencia, exclusivamente, de la aplicación de 
cláusulas de revisión de precios que tomen como referencia índices objetivos de 
su evolución, se capitalizará la correspondiente al primer año. Si la variación 
dependiese de otras circunstancias, cuya razón matemática se conozca en el 
momento del otorgamiento de la concesión, la cantidad a capitalizar será la media 
anual de las que el concesionario deba de satisfacer durante la vida de la 
concesión.
c) Cuando el concesionario esté obligado a revertir a la Administración 
bienes determinados, se computará el valor neto contable estimado de dichos 
bienes a la fecha de reversión, más los gastos previstos para la reversión. Para el 
cálculo del valor neto contable de los bienes se aplicarán las tablas de 
amortización aprobadas a los efectos del Impuesto sobre Sociedades en el 
porcentaje medio resultante de las mismas.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 17, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«1. En la transmisión de créditos o derechos mediante cuyo ejercicio hayan 
de obtenerse bienes determinados y de posible estimación se exigirá el impuesto 
por iguales conceptos y tipos que las que se efectúen de los mismos bienes y 
derechos. Sin embargo, en el caso de inmuebles en construcción, la base 
imponible estará constituida por el valor del bien en el momento de la transmisión 
del crédito o derecho, sin que pueda ser inferior al importe de la contraprestación 
satisfecha por la cesión.»
Cinco. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 25, que quedan redactados de 
la siguiente forma:
«''2. Cuando se trate de operaciones realizadas por sociedades distintas de 
las anteriores y en las aportaciones de los socios que no supongan un aumento 
del capital social, la base imponible se fijará en el valor neto de la aportación, 
entendiéndose como tal el valor de los bienes y derechos aportados minorado por 
las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que queden 
a cargo de la sociedad con motivo de la aportación, determinado de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 10 de este texto refundido.''
''4. En la disminución de capital y en la disolución, la base imponible 
coincidirá con el valor de los bienes y derechos entregados a los socios, sin 
deducción de gastos y deudas, determinado de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 10 de este texto refundido.''»
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 30, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1. En las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto 
directo cantidad o cosa valuable servirá de base el valor declarado, sin perjuicio de 
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la comprobación administrativa. La base imponible en los derechos reales de 
garantía y en las escrituras que documenten préstamos con garantía estará 
constituida por el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo 
las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por 
incumplimiento u otros conceptos análogos. Si no constare expresamente el 
importe de la cantidad garantizada, se tomará como base el capital y tres años de 
intereses.
En la posposición y mejora de rango de las hipotecas o de cualquier otro 
derecho de garantía, la base imponible estará constituida por la total 
responsabilidad asignada al derecho que empeore de rango. En la igualación de 
rango, la base imponible se determinará por el total importe de la responsabilidad 
correspondiente al derecho de garantía establecido en primer lugar.
Cuando la base imponible se determine en función del valor de bienes 
inmuebles, el valor de estos no podrá ser inferior al determinado de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10 de este texto refundido.»
Siete. Se modifican los apartados 1, 2 y 5 del artículo 46, que quedan redactados 
de la siguiente forma:
«''1. La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos 
transmitidos o, en su caso, de la operación societaria o del acto jurídico 
documentado, salvo que, en el caso de inmuebles, la base imponible sea su valor 
de referencia o magnitud superior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de 
este texto refundido.
2. La comprobación se llevará a cabo por los medios establecidos en el 
artículo 57 de la Ley General Tributaria.
Si de la comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los 
interesados, éstos podrán impugnarlos en los plazos de reclamación de las 
liquidaciones que hayan de tener en cuenta los nuevos valores. Cuando los 
nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para los transmitentes se 
notificarán a éstos por separado para que puedan proceder a su impugnación en 
reposición o en vía económico-administrativa o solicitar su corrección mediante 
tasación pericial contradictoria y, si la reclamación o la corrección fuesen 
estimadas en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará también a los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.''
''5. Se considerará que el valor fijado en las resoluciones del juez del 
concurso para los bienes y derechos transmitidos corresponde a su valor, no 
procediendo en consecuencia comprobación de valores, en las transmisiones de 
bienes y derechos que se produzcan en un procedimiento concursal, incluyendo 
las cesiones de créditos previstas en el convenio aprobado judicialmente y las 
enajenaciones de activos llevadas a cabo en la fase de liquidación.''»
Artículo séptimo.  Modificación del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
Se modifica el artículo 314 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que queda redactado 
de la siguiente forma:
«Artículo 314.  Exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
1. La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado 
secundario oficial, estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
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2. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior las 
transmisiones de valores no admitidos a negociación en un mercado secundario 
oficial realizadas en el mercado secundario, que tributarán en el impuesto al que 
estén sujetas como transmisiones onerosas de bienes inmuebles, cuando 
mediante tales transmisiones de valores se hubiera pretendido eludir el pago de 
los tributos que habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de las 
entidades a las que representen dichos valores.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá, salvo prueba 
en contrario, que se actúa con ánimo de elusión del pago del impuesto 
correspondiente a la transmisión de bienes inmuebles en los siguientes supuestos:
a) Cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté formado en 
al menos el 50 por ciento por inmuebles radicados en España que no estén 
afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido 
dicho control, aumente la cuota de participación en ella.
b) Cuando se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se incluyan 
valores que le permitan ejercer el control en otra entidad cuyo activo esté 
integrado al menos en un 50 por ciento por inmuebles radicados en España que 
no estén afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez 
obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ella.
c) Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las aportaciones 
de bienes inmuebles realizadas con ocasión de la constitución de sociedades o de 
la ampliación de su capital social, siempre que tales bienes no se afecten a 
actividades empresariales o profesionales y que entre la fecha de aportación y la 
de transmisión no hubiera transcurrido un plazo de tres años.
3. En los supuestos en que la transmisión de valores quede sujeta a los 
impuestos citados sin exención, según lo previsto en el apartado 2 anterior, se 
aplicarán las siguientes reglas:
1.ª Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de todos 
los bienes contabilizados se sustituirán por sus respectivos valores de mercado 
determinados a la fecha en que tenga lugar la transmisión o adquisición. A estos 
efectos, el sujeto pasivo estará obligado a formar un inventario del activo en dicha 
fecha y a facilitarlo a la Administración Tributaria a requerimiento de esta.
En el caso de bienes inmuebles, los valores netos contables se sustituirán por 
los valores que deban operar como base imponible del impuesto en cada caso, 
conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
2.ª Tratándose de sociedades mercantiles, se entenderá obtenido dicho 
control cuando directa o indirectamente se alcance una participación en el capital 
social superior al 50 por ciento. A estos efectos se computarán también como 
participación del adquirente los valores de las demás entidades pertenecientes al 
mismo grupo de sociedades.
3.ª En los casos de transmisión de valores a la propia sociedad tenedora de 
los inmuebles para su posterior amortización por ella, se entenderá a efectos 
fiscales que tiene lugar el supuesto de elusión definido en las letras a) o b) del 
apartado anterior. En este caso será sujeto pasivo el accionista que, como 
consecuencia de dichas operaciones, obtenga el control de la sociedad, en los 
términos antes indicados.
4.ª En las transmisiones de valores que, conforme al apartado 2, estén 
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y no exentas, que tendrán la 
consideración de entrega de bienes a efectos del mismo, la base imponible se 
determinará en proporción al valor de mercado de los bienes que deban 
computarse como inmuebles. A este respecto, en los supuestos recogidos en el 
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apartado 2.c), la base imponible del impuesto será la parte proporcional del valor 
de mercado de los inmuebles que fueron aportados en su día correspondiente a 
las acciones o participaciones transmitidas.
5.ª En las transmisiones de valores que, de acuerdo a lo expuesto en el 
apartado 2, deban tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales 
onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, para la práctica de la liquidación, se aplicarán los elementos de 
dicho impuesto a la parte proporcional del valor de los inmuebles, calculado de 
acuerdo con las reglas contenidas en su normativa. A tal fin se tomará como base 
imponible:
– En los supuestos a los que se refiere el apartado 2.a), la parte proporcional 
sobre el valor de la totalidad de las partidas del activo que, a los efectos de la 
aplicación de este precepto, deban computarse como inmuebles, que corresponda 
al porcentaje total de participación que se pase a tener en el momento de la 
obtención del control o, una vez obtenido, onerosa o lucrativamente, dicho control, 
al porcentaje en el que aumente la cuota de participación.
– En los supuestos a los que se refiere el apartado 2.b), para determinar la 
base imponible solo se tendrán en cuenta los inmuebles de aquellas cuyo activo 
esté integrado al menos en un 50 por ciento por inmuebles no afectos a 
actividades empresariales o profesionales.
– En los supuestos a que se refiere el apartado 2.c), la parte proporcional del 
valor de los inmuebles que fueron aportados en su día correspondiente a las 
acciones o participaciones transmitidas.»
Artículo octavo.  Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido:
Uno. Se modifica el apartado tres del artículo 87, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«Tres. Serán responsables subsidiarios del pago del impuesto las personas o 
entidades que actúen en nombre y por cuenta del importador.»
Dos. Se modifica el apartado siete del artículo 163 nonies, que queda redactado de 
la siguiente forma:
«Siete. La no llevanza o conservación del sistema de información a que se 
refiere la obligación 3.ª del apartado cuatro será considerada como infracción 
tributaria grave de la entidad dominante. La sanción consistirá en multa pecuniaria 
proporcional del 2 por ciento del volumen de operaciones del grupo.
Las inexactitudes u omisiones en el sistema de información a que se refiere la 
obligación 3.ª del apartado cuatro serán consideradas como infracción tributaria 
grave de la entidad dominante. La sanción consistirá en multa pecuniaria 
proporcional del 10 por ciento del importe de los bienes y servicios adquiridos a 
terceros a los que se refiera la información inexacta u omitida.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 180 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las sanciones previstas en 
los dos párrafos anteriores serán compatibles con las que procedan por la 
aplicación de los artículos 191, 193, 194 y 195 de dicha Ley. Las imposiciones de 
las sanciones establecidas en este apartado impedirán la calificación de las 
infracciones tipificadas en los artículos 191 y 193 de dicha Ley como graves o muy 
graves por la no llevanza, llevanza incorrecta o no conservación del sistema de 
información a que se refiere la obligación 3.ª del apartado cuatro.
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La entidad dominante será sujeto infractor por los incumplimientos de las 
obligaciones específicas del régimen especial del grupo de entidades, incluidas las 
obligaciones derivadas del ingreso de la deuda tributaria, de la solicitud de 
compensación o de la devolución resultante de la declaración-liquidación 
agregada correspondiente al grupo de entidades, siendo responsable de la 
veracidad y exactitud de los importes y calificaciones consignadas por las 
entidades dependientes que se integran en la declaración-liquidación agregada. 
Las demás entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades 
responderán solidariamente del pago de estas sanciones.
Las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades 
responderán de las infracciones derivadas de los incumplimientos de sus propias 
obligaciones tributarias.»
Tres. Se modifica el último párrafo y se añaden tres párrafos al apartado Quinto del 
Anexo, que quedan redactados de la siguiente forma:
«Los titulares de los depósitos a que se refiere este precepto serán 
responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria que corresponda a la 
salida o abandono de los bienes de estos depósitos, independientemente de que 
puedan actuar como representantes fiscales de los empresarios o profesionales 
no establecidos en el ámbito espacial del impuesto.
No obstante, los titulares de depósitos fiscales de productos comprendidos en 
los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y 
sobre Hidrocarburos serán responsables subsidiarios del pago de la deuda 
tributaria correspondiente a las entregas de dichos productos efectuadas por los 
sujetos pasivos de las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes 
devengadas con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de 
depósito distinto del aduanero. Dicha responsabilidad subsidiaria solo será exigible 
cuando el extractor, o la persona autorizada por el mismo, no esté incluido en el 
Registro de extractores que reglamentariamente se establezca, y su importe no 
podrá exceder del de las cuotas devengadas por aplicación del artículo 19.5.º de 
esta Ley con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de 
depósito distinto de los aduaneros.
A los efectos de esta Ley se consideran extractores las personas o entidades 
que sean los sujetos pasivos de las operaciones asimiladas a las importaciones de 
bienes, devengadas con ocasión de la salida o el abandono de los productos 
comprendidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y 
Bebidas Derivadas y sobre Hidrocarburos del régimen de depósito distinto de los 
aduaneros, las que realicen el envío de los bienes en régimen suspensivo con 
destino a otro depósito fiscal, así como las autorizadas para realizar dichas 
operaciones.
Las personas o entidades extractoras deberán hallarse inscritas en el Registro 
de extractores. Los titulares de los depósitos fiscales deberán verificar que las 
personas o entidades que realizan las operaciones que determinan su inclusión 
están incluidas en el Registro de extractores de depósitos fiscales de productos 
comprendidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y 
Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos.»
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Artículo noveno.  Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias:
Uno. Se modifican el apartado 3.º del número 2, se añade un número 3 y se 
modifica el número 4 del artículo 21 bis, que quedan redactados de la siguiente forma:
«''3.º Las personas o entidades que actúen en nombre propio y por cuenta de 
los importadores.''
''3. Serán responsables subsidiarios del pago del Impuesto las personas o 
entidades que actúen en nombre y por cuenta del importador.
4. Las responsabilidades establecidas en los números 2 y 3 no alcanzarán a 
las deudas tributarias que se pongan de manifiesto como consecuencia de 
actuaciones practicadas fuera de los recintos aduaneros.''»
Dos. Se añade un apartado 11 al artículo 63 con la siguiente redacción:
«11. Constituye infracción tributaria el retraso en la obligación de llevar los 
libros registro a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria 
mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos 
reglamentariamente por el Gobierno de Canarias.
La infracción prevista en este número será grave.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de un 0,5 por ciento del 
importe de la factura objeto de registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y 
un máximo de 6.000 euros.»
Artículo décimo.  Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales:
Uno. Se modifica el apartado 10 del artículo 4, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«10. "Depósito fiscal". El establecimiento o la red de oleoductos o 
gaseoductos donde, en virtud de la autorización concedida y con cumplimiento de 
las condiciones y requisitos que se establezcan reglamentariamente, se 
almacenen, reciban, expidan y, en su caso, se transformen en régimen suspensivo 
productos objeto de los impuestos especiales de fabricación.»
Dos. Se añaden las letras d) y e) al apartado 2, se modifican los apartados 3 y 6, y 
se añade un apartado 8 al artículo 19, que quedan redactados de la siguiente forma:
«''d) La existencia de diferencias en menos de materias primas, productos en 
curso de fabricación o productos terminados en fábricas y depósitos fiscales que 
excedan de los porcentajes autorizados reglamentariamente, puestas de 
manifiesto en recuentos de existencias practicados por la Administración.
e) El incumplimiento por los obligados tributarios de los requisitos y 
condiciones establecidos en esta Ley y en su normativa de desarrollo necesarios 
para la aplicación de las exenciones o tipos reducidos previstos en aquélla, 
cuando no se justifique el uso o destino dado a los productos objeto de dichos 
beneficios.''
''3. Las infracciones a las que se refieren las letras a), b) y c) del número 
anterior se sancionarán con multa pecuniaria proporcional del 100 por ciento de 
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las cuotas que corresponderían a las cantidades de los productos, calculadas 
aplicando el tipo vigente en la fecha de descubrimiento de la infracción, con un 
mínimo de 1.200 euros.
La infracción a la que se refiere la letra d) del número anterior se sancionará 
con multa pecuniaria del 50 por ciento de las cuotas del impuesto especial que 
corresponderían a los productos terminados sobre los que se haya comprobado la 
diferencia o a los productos terminados que se hubieran podido obtener a partir de 
los productos en curso o las materias primas respecto de los cuales se haya 
comprobado la diferencia, calculadas aplicando el tipo impositivo vigente en la 
fecha de descubrimiento de la infracción, con un mínimo de 300 euros.
La infracción a que se refiere la letra e) del número anterior se sancionará con 
multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento del beneficio fiscal aplicado a los 
productos respecto de los cuales se hayan incumplido los requisitos y condiciones 
establecidas legal o reglamentariamente.
La sanción que corresponda conforme a lo señalado en las letras a), b), c) y e) 
se incrementará en el 25 por ciento cuando se produzca comisión repetida de 
infracciones tributarias. Esta circunstancia se apreciará cuando el infractor, dentro 
de los dos años anteriores a la comisión de la nueva infracción, hubiese sido 
sancionado por resolución firme en vía administrativa por infringir cualquiera de las 
prohibiciones establecidas en el número 2 anterior.''
''6. Tendrá la calificación de infracción tributaria leve la tenencia, con fines 
comerciales, de bebidas alcohólicas o de labores del tabaco que no ostenten 
marcas fiscales o las ostenten sin cumplir los requisitos establecidos 
reglamentariamente al efecto, salvo cuando respecto de la misma conducta sea de 
aplicación lo establecido en el apartado 2. Esta infracción se sancionará:
a) Con multa de 150 euros por cada 1.000 cigarrillos, con un importe mínimo 
de 600 euros por cada infracción.
b) Con multa de 90 euros por cada kilogramo de picadura para liar, con un 
importe mínimo de 600 euros por cada infracción.
c) Con multa de 10 euros por cada litro de bebidas, con un importe mínimo 
de 600 euros por cada infracción.
Las sanciones establecidas en las letras a), b) y c) anteriores se graduarán 
incrementando el importe de la multa en un 25 por ciento en caso de comisión 
repetida de estas infracciones. La comisión repetida se apreciará cuando el sujeto 
infractor, dentro de los dos años anteriores a la comisión de la nueva infracción, 
hubiese sido sancionado en virtud de resolución firme en vía administrativa por la 
comisión de las infracciones contempladas en este número.''
''8. Constituye infracción tributaria leve el incumplimiento por los obligados 
tributarios de los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley y en su 
normativa de desarrollo para la aplicación de un supuesto de exención o un tipo 
impositivo reducido en razón del destino de los productos objeto de los impuestos 
especiales, cuando no constituya infracción tributaria grave.
La infracción tipificada en este apartado se sancionará con multa pecuniaria 
del 10 por ciento del beneficio fiscal aplicado a los productos respecto de los 
cuales se hayan incumplido los requisitos y condiciones establecidas legal o 
reglamentariamente.''»
Tres. Se modifica el apartado 2 y se añaden los apartados 3 y 4 al artículo 87, que 
quedan redactados de la siguiente forma:
«2. Constituye infracción tributaria grave el incumplimiento por los sujetos 
pasivos del impuesto de los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley y en 
su normativa de desarrollo necesarios para la aplicación de las exenciones o tipos 
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reducidos previstos en aquélla, cuando no se justifique el uso o destino dado al 
carbón objeto de dichos beneficios.
La base de la sanción será el importe del beneficio fiscal aplicado al carbón 
respecto del cual se hayan incumplido los requisitos y condiciones establecidas 
legal o reglamentariamente.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.
3. Constituye infracción tributaria leve el incumplimiento por los sujetos 
pasivos del impuesto de los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley y en 
su normativa de desarrollo necesarios para la aplicación de las exenciones o tipos 
reducidos previstos en aquélla, cuando no constituya infracción tributaria grave.
La base de la sanción será el importe del beneficio fiscal aplicado al carbón 
respecto del cual se hayan incumplido los requisitos y condiciones establecidas 
legal o reglamentariamente.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento.
4. El resto de infracciones tributarias en este impuesto se calificarán y 
sancionarán conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.»
Cuatro. Se modifica el apartado 3 y se añaden los apartados 4 y 5 al artículo 103, 
que quedan redactados de la siguiente forma:
«3. Constituye infracción tributaria grave el incumplimiento por los 
contribuyentes del impuesto de los requisitos y condiciones establecidos en esta 
Ley y en su normativa de desarrollo necesarios para la aplicación de las 
exenciones o reducciones en la base imponible previstas en aquélla, cuando no se 
justifique el uso o destino dado a la electricidad objeto de dichos beneficios.
La base de la sanción será el importe del beneficio fiscal aplicado a la energía 
eléctrica respecto de la cual se hayan incumplido los requisitos y condiciones 
establecidas legal o reglamentariamente.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.
4. Constituye infracción tributaria leve el incumplimiento por los 
contribuyentes del impuesto de los requisitos y condiciones establecidos en esta 
Ley y en su normativa de desarrollo necesarios para la aplicación de las 
exenciones o reducciones en la base imponible previstas en aquélla, cuando no 
constituya infracción tributaria grave.
La base de la sanción será el importe del beneficio fiscal aplicado a la energía 
eléctrica respecto de la cual se hayan incumplido los requisitos y condiciones 
establecidas legal o reglamentariamente.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento.
5. Las demás infracciones tributarias relativas a este impuesto serán 
calificadas y sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
anterior.»
Artículo undécimo.  Modificación de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de 
Represión del Contrabando.
Se modifica el apartado 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de 
diciembre, de Represión del Contrabando, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Incurrirán en infracción administrativa de contrabando las personas 
físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo las 
acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente 
Ley, de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia, cualquiera que sea el 
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valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos, cuando dichas conductas no 
constituyan delito.
En el supuesto previsto en el artículo 2.1.c) de esta Ley, se presumirá que las 
mercancías en tránsito se han destinado al consumo cuando no se presenten las 
mercancías intactas en la oficina de aduanas de destino o no se hayan respetado 
las medidas de identificación y control tomadas por las autoridades aduaneras, 
salvo prueba en contrario.»
Artículo duodécimo.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Se modifica el apartado 6 del artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las 
autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso 
requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución 
forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de 
medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente 
en la materia.
Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la 
autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la 
legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y 
necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos 
fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos 
singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e 
identificados de manera individualizada.
Además, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las 
autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y 
medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el 
consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.
Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán también de las 
autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente 
protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria en el marco 
de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún con carácter 
previo a su inicio formal cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento de su 
titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.»
Artículo decimotercero.  Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica 
de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, 
generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y 
no confiscatoriedad.
A estos efectos, se prohíbe el establecimiento de cualquier instrumento 
extraordinario de regularización fiscal que pueda suponer una minoración de la 
deuda tributaria devengada de acuerdo con la normativa vigente.»
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Dos. Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 26, que queda redactada de 
la siguiente forma:
«f) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, 
salvo que voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta Ley relativo a la presentación de 
declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 27, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«2. El recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento 
adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación 
o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e 
ingreso.
Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las 
autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado de las 
declaraciones extemporáneas y excluirá las sanciones que hubieran podido 
exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de la 
autoliquidación o declaración.
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez 
transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la 
presentación, el recargo será del 15 por ciento y excluirá las sanciones que 
hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por 
el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses 
posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el 
momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.
En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo 
sin requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo 
transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo 
de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practique, 
sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la presentación 
extemporánea.
No obstante lo anterior, no se exigirán los recargos de este apartado si el 
obligado tributario regulariza, mediante la presentación de una declaración o 
autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo, 
unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración, y 
concurren las siguientes circunstancias:
a) Que la declaración o autoliquidación se presente en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que la liquidación se notifique o 
se entienda notificada.
b) Que se produzca el completo reconocimiento y pago de las cantidades 
resultantes de la declaración o autoliquidación en los términos previstos en el 
apartado 5 de este artículo.
c) Que no se presente solicitud de rectificación de la declaración o 
autoliquidación, ni se interponga recurso o reclamación contra la liquidación 
dictada por la Administración.
d) Que de la regularización efectuada por la Administración no derive la 
imposición de una sanción.
El incumplimiento de cualquiera de estas circunstancias determinará la 
exigencia del recargo correspondiente sin más requisito que la notificación al 
interesado.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no impedirá el inicio de un 
procedimiento de comprobación o investigación en relación con las obligaciones 
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tributarias regularizadas mediante las declaraciones o autoliquidaciones a que los 
mismos se refieren.»
Cuatro. Se añade una nueva letra j) en el apartado 2 del artículo 29, que queda 
redactada de la siguiente forma:
«j) La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, 
de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los 
procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen 
actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, 
legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, 
omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas 
mismos. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que 
deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los 
mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su 
legibilidad.»
Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 31, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, 
en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la 
devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, ésta abonará el 
interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad de que el 
obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la 
finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la 
devolución.
A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se 
computarán las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la 
Administración. En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento 
de inspección, a efectos del cálculo de intereses no se computarán los días a los 
que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los periodos de 
extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.»
Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 32, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración Tributaria 
abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad 
de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se 
devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la 
fecha en que se ordene el pago de la devolución.
A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se 
computarán las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la 
Administración. En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento 
de inspección, a efectos del cálculo de los intereses, no se computarán los días a 
los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los periodos de 
extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.»
Siete. Se modifica el artículo 47, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 47.  Representación de personas o entidades no residentes.
A los efectos de sus relaciones con la Administración Tributaria, los obligados 
tributarios que no residan en España deberán designar un representante cuando 
lo establezca expresamente la normativa tributaria.
La designación anterior deberá comunicarse a la Administración Tributaria en 
los términos que la normativa señale.»
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Ocho. Se añade un apartado 6 en el artículo 81, numerándose los actuales 
apartados 6, 7 y 8 como apartados 7, 8 y 9, respectivamente, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«6. Cuando en la tramitación de una solicitud de suspensión con otras 
garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con 
dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, 
material o de hecho, se observe que existen indicios racionales de que el cobro de 
las deudas cuya ejecutividad pretende suspenderse pueda verse frustrado o 
gravemente dificultado, se podrán adoptar medidas cautelares que aseguren el 
cobro de las mismas.
Dichas medidas serán levantadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
siguiente, o cuando así lo acuerde el órgano competente para la resolución de la 
solicitud de suspensión.»
Nueve. Se modifican los apartados 1, 4 y 6 del artículo 95 bis, que quedan 
redactados de la siguiente forma:
«''1. La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados 
comprensivos de deudores a la Hacienda Pública, incluidos los que tengan la 
condición de deudores al haber sido declarados responsables solidarios, por 
deudas o sanciones tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de 
ingreso, incluidas en su caso las que se hubieran exigido tras la declaración de 
responsabilidad solidaria, supere el importe de 600.000 euros.
b) Que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas 
transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario.
En el supuesto de deudas incluidas en acuerdos de declaración de 
responsabilidad será necesario que haya transcurrido el plazo de pago del 
artículo 62.2 de esta Ley tras la notificación del acuerdo de declaración de 
responsabilidad y, en su caso, del acuerdo de exigencia de pago.
A efectos de lo dispuesto en este artículo no se incluirán aquellas deudas y 
sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas.''
''4. La determinación de la concurrencia de los requisitos exigidos para la 
inclusión en el listado tomará como fecha de referencia el 31 de diciembre del año 
anterior al del acuerdo de publicación, cualquiera que sea la cantidad pendiente de 
ingreso a la fecha de dicho acuerdo.
La propuesta de inclusión en el listado será comunicada al deudor afectado, 
que podrá formular alegaciones en el plazo de 10 días contados a partir del 
siguiente al de recepción de la comunicación. A estos efectos será suficiente para 
entender realizada dicha comunicación la acreditación por parte de la 
Administración Tributaria de haber realizado un intento de notificación de la misma 
que contenga el texto íntegro de su contenido en el domicilio fiscal del interesado.
En el caso de que los deudores paguen la totalidad de la cantidad adeudada a 
la fecha de referencia antes de la finalización del plazo para formular alegaciones, 
no se incluirán en los listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública 
por deudas o sanciones tributarias.
Las alegaciones habrán de referirse exclusivamente a la existencia de errores 
materiales, de hecho o aritméticos en relación con los requisitos señalados en el 
apartado 1 o a los pagos efectuados por el deudor a que se refiere el párrafo 
anterior, debiéndose aportar en este caso justificación fehaciente de dichos pagos.
Como consecuencia del trámite de alegaciones, la Administración podrá 
acordar la rectificación del listado cuando se acredite fehacientemente que no 
concurren los requisitos legales determinados en el apartado 1 o cuando a la 
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conclusión del plazo para formular alegaciones se hubiera satisfecho la totalidad 
de las deudas o sanciones tributarias.
Dicha rectificación también podrá ser acordada de oficio.
Practicadas las rectificaciones oportunas, se dictará el acuerdo de publicación.
La notificación del acuerdo se entenderá producida con su publicación y la del 
listado.
Mediante Orden Ministerial se establecerán la fecha de publicación, que 
deberá producirse en todo caso durante el primer semestre de cada año, y los 
correspondientes ficheros y registros.
La publicación se efectuará en todo caso por medios electrónicos, debiendo 
adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexación de su contenido a 
través de motores de búsqueda en Internet y los listados dejarán de ser accesibles 
una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación.
El tratamiento de datos necesarios para la publicación se sujetará a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por su 
normativa de desarrollo.''
''6. En la publicación del listado se especificará que la situación en el mismo 
reflejada es la existente a la fecha de referencia señalada en el apartado 4, sin 
que la publicación del listado resulte afectada por las actuaciones realizadas por el 
deudor con posterioridad a dicha fecha de referencia, salvo que se verifique el 
pago en los casos y con los requisitos señalados en dicho apartado.
Lo dispuesto en este artículo no afectará en modo alguno al régimen de 
impugnación establecido en esta Ley en relación con las actuaciones y 
procedimientos de los que se deriven las deudas y sanciones tributarias ni 
tampoco a las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos iniciados 
o que se pudieran iniciar con posterioridad en relación con las mismas.
Las actuaciones desarrolladas en el procedimiento establecido en este artículo 
en orden a la publicación de la información en el mismo regulada no constituyen 
causa de interrupción a los efectos previstos en el artículo 68 de esta Ley.''»
Diez. Se modifica el artículo 113, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 113.  Autorización judicial para la entrada en el domicilio de los 
obligados tributarios.
Cuando en las actuaciones y en los procedimientos de aplicación de los 
tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un 
obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración Tributaria 
deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial.
La solicitud de autorización judicial para la ejecución del acuerdo de entrada 
en el mencionado domicilio deberá estar debidamente justificada y motivar la 
finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada.
Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial podrán 
practicarse, aun con carácter previo al inicio formal del correspondiente 
procedimiento, siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del 
obligado tributario, los conceptos y períodos que van a ser objeto de 
comprobación y se aporten al órgano judicial.»
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Once. Se introduce una letra c) en el artículo 130, que queda redactada de la 
siguiente forma:
«c) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de 
inspección que incluya el objeto del procedimiento iniciado mediante declaración o 
algún elemento de dicho objeto, en los tributos que se liquiden por las 
importaciones de bienes en la forma prevista por la legislación aduanera para los 
derechos de importación.»
Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 142, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que 
desarrollen funciones de inspección de los tributos podrán entrar, en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de 
negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o 
explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se 
produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias 
o exista alguna prueba de los mismos.
Para el acceso a los lugares mencionados en el párrafo anterior de los 
funcionarios de la inspección de los tributos, se precisará de un acuerdo de 
entrada de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine, salvo 
que el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encontraren otorguen 
su consentimiento para ello.
Cuando para el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar 
en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 113 de esta Ley. La solicitud de autorización judicial 
requerirá incorporar el acuerdo de entrada a que se refiere el mencionado artículo, 
suscrito por la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine.»
Trece. Se modifica el apartado 3 del artículo 150, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«3. El cómputo del plazo del procedimiento inspector se suspenderá desde el 
momento en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción 
competente sin practicar la liquidación de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 251 de esta Ley.
b) La recepción de una comunicación de un órgano jurisdiccional en la que 
se ordene la suspensión o paralización respecto de determinadas obligaciones 
tributarias o elementos de las mismas de un procedimiento inspector en curso.
c) El planteamiento por la Administración Tributaria que esté desarrollando el 
procedimiento de inspección de un conflicto ante las Juntas Arbitrales previstas en 
la normativa relativa a las Comunidades Autónomas, en la Ley 28/1990, de 26 de 
diciembre, del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra, y en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, del Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, o la recepción de la comunicación del 
mismo.
d) La notificación al interesado de la remisión del expediente de conflicto en 
la aplicación de la norma tributaria a la Comisión consultiva.
e) El intento de notificación al obligado tributario de la propuesta de 
resolución o de liquidación o del acuerdo por el que se ordena completar 
actuaciones a que se refiere el artículo 156.3.b) de esta Ley.
f) La comunicación a las Administraciones afectadas de los elementos de 
hecho y los fundamentos de derecho de la regularización en los supuestos a los 
que se refiere el artículo 47 ter del Concierto Económico con la Comunidad 
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Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, y 
aquellos supuestos de carácter análogo establecidos en el Convenio Económico 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Ley 28/1990, 
de 26 de diciembre.
g) La concurrencia de una causa de fuerza mayor que obligue a suspender 
las actuaciones.
Salvo que concurra la circunstancia prevista en la letra e) de este apartado, la 
inspección no podrá realizar ninguna actuación en relación con el procedimiento 
suspendido por las causas anteriores, sin perjuicio de que las solicitudes 
previamente efectuadas al obligado tributario o a terceros deban ser contestadas. 
No obstante, si la Administración Tributaria aprecia que algún periodo, obligación 
tributaria o elemento de esta no se encuentran afectados por las causas de 
suspensión, continuará el procedimiento inspector respecto de los mismos, 
pudiendo, en su caso, practicarse por ellos la correspondiente liquidación. A los 
solos efectos del cómputo del periodo máximo de duración, en estos casos, desde 
el momento en el que concurre la circunstancia de la suspensión, se desagregarán 
los plazos distinguiendo entre la parte del procedimiento que continúa y la que 
queda suspendida. A partir de dicha desagregación, cada parte del procedimiento 
se regirá por sus propios motivos de suspensión y extensión del plazo.
La suspensión del cómputo del plazo tendrá efectos desde que concurran las 
circunstancias anteriormente señaladas, lo que se comunicará al obligado 
tributario a efectos informativos, salvo que con esta comunicación pudiera 
perjudicarse la realización de investigaciones judiciales, circunstancia que deberá 
quedar suficientemente motivada en el expediente. En esta comunicación, se 
detallarán los periodos, obligaciones tributarias o elementos de estas que se 
encuentran suspendidos y aquellos otros respecto de los que se continúa el 
procedimiento por no verse afectados por dichas causas de suspensión.
La suspensión finalizará cuando tenga entrada en el registro de la 
correspondiente Administración Tributaria el documento del que se derive que ha 
cesado la causa de suspensión, se consiga efectuar la notificación, o se constate 
la desaparición de las circunstancias determinantes de la fuerza mayor. No 
obstante, en el caso contemplado en la letra d), el plazo de suspensión no podrá 
exceder del plazo máximo para la emisión del informe.
En el caso contemplado en la letra f), la suspensión finalizará cuando 
transcurra el plazo previsto en el párrafo segundo del apartado tres del artículo 47 
ter del Concierto Económico sin que se hubiesen formulado observaciones por las 
Administraciones afectadas, cuando se hubiese llegado a un acuerdo sobre las 
observaciones planteadas en el seno de la Comisión de Coordinación y 
Evaluación Normativa o cuando se puedan continuar las actuaciones de acuerdo 
con lo previsto en el apartado cuatro del citado artículo. Las referencias al 
artículo 47 ter del Concierto Económico deberán entenderse también realizadas al 
artículo equivalente del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral 
de Navarra.
Una vez finalizada la suspensión, el procedimiento continuará por el plazo que 
reste.»
Catorce. Se modifica el apartado 2 del artículo 157, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«2. Cuando el obligado tributario o su representante no suscriba el acta o 
manifieste su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la 
inspección de los tributos, se hará constar expresamente esta circunstancia en el 
acta. Se podrá acompañar un informe del actuario cuando sea preciso completar 
la información recogida en el acta.»
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Quince. Se modifica el apartado 2 del artículo 161, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«2. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o 
compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo 
durante la tramitación de dichos expedientes.
No obstante lo anterior, las solicitudes a las que se refiere el párrafo anterior 
así como las solicitudes de suspensión y pago en especie no impedirán el inicio 
del periodo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera denegado, respecto de la 
misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, 
compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose 
abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo.
La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una 
sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en 
vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.
La declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las 
deudas que tengan la calificación de concursal de acuerdo con el texto refundido 
de la Ley Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo 
dispuesto en dicho texto refundido.»
Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del artículo 175, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«1. El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, 
será el siguiente:
a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable 
en cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago 
original de la deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez 
transcurrido dicho período.
b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago 
original de la deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de 
declaración de responsabilidad que se notificará al responsable.»
Diecisiete. Se añade una letra h) en el apartado 1 del artículo 181, con la siguiente 
redacción:
«h) La entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.»
Dieciocho. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 188, que quedan 
redactados de la siguiente forma:
«''1. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los 
artículos 191 a 197 de esta Ley se reducirá en los siguientes porcentajes:
a) Un 65 por ciento en los supuestos de actas con acuerdo previstos en el 
artículo 155 de esta Ley.
b) Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.''
''3. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier 
infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a la que se 
refiere la letra b) del apartado 1 de este artículo, se reducirá en el 40 por ciento si 
concurren las siguientes circunstancias:
a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el 
plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley o en el plazo o plazos fijados en el 
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acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que la Administración Tributaria 
hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el 
obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del 
apartado 2 del artículo 62 de esta Ley.
b) Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o 
sanción.
El importe de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en este apartado 
se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando se haya 
interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la liquidación o la sanción.
La reducción prevista en este apartado no será aplicable a las sanciones que 
procedan en los supuestos de actas con acuerdo.''»
Diecinueve. Se modifica el apartado 4 del artículo 198, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo, la 
sanción por no presentar en plazo declaraciones y documentos relacionados con 
las formalidades aduaneras, cuando no determinen el nacimiento de una deuda 
aduanera, consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor 
de las mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un 
mínimo de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.
El importe mínimo de la sanción que se menciona en el párrafo anterior se 
elevará a 600 euros cuando la falta de presentación en plazo se refiera a la 
declaración sumaria de entrada a la que alude el artículo 127 del Reglamento (UE) 
n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por 
el que se establece el código aduanero de la Unión.»
Veinte. Se modifica el apartado 7 del artículo 199, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«7. Tratándose de declaraciones y documentos relacionados con las 
formalidades aduaneras presentados de forma incompleta, inexacta o con datos 
falsos, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, la sanción 
consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor de las 
mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mínimo 
de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.
No obstante, el importe mínimo de la sanción que se menciona en el párrafo 
anterior se elevará a 600 euros cuando la presentación incompleta, inexacta o con 
datos falsos se refiera a la declaración sumaria de entrada a la que alude el 
artículo 127 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de 
la Unión.
Si las declaraciones y documentos relacionados con las formalidades 
aduaneras se presentan por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 
telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, la sanción 
consistirá en multa pecuniaria fija de 250 euros.»
Veintiuno. Se añade un nuevo artículo 201 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 201 bis.  Infracción tributaria por fabricación, producción, 
comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las 
especificaciones exigidas por la normativa aplicable.
1. Constituye infracción tributaria la fabricación, producción y 
comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos que 
soporten los procesos contables, de facturación o de gestión por parte de las 
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personas o entidades que desarrollen actividades económicas, cuando concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) permitan llevar contabilidades distintas en los términos del 
artículo 200.1.d) de esta Ley;
b) permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones 
realizadas;
c) permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas;
d) permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa 
aplicable;
e) no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, 
conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los 
registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la 
Administración Tributaria, en los términos del artículo 29.2.j) de esta Ley;
f) no se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los 
sistemas fabricados, producidos o comercializados.
2. Constituye infracción tributaria la tenencia de los sistemas o programas 
informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) 
de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que 
estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los 
dispositivos certificados.
La misma persona o entidad que haya sido sancionada conforme al apartado 
anterior no podrá ser sancionada por lo dispuesto en este apartado.
3. Las infracciones previstas en este artículo serán graves.
4. La infracción señalada en el apartado 1 anterior se sancionará con multa 
pecuniaria fija de 150.000 euros, por cada ejercicio económico en el que se hayan 
producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o 
electrónico que sea objeto de la infracción. No obstante, las infracciones de la letra 
f) del apartado 1 de este artículo se sancionarán con multa pecuniaria fija de 1.000 
euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta 
del certificado.
La infracción señalada en el apartado 2 anterior, se sancionará con multa 
pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio, cuando se trate de la infracción 
por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén 
debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o se 
hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.»
Veintidós. Se modifica el apartado 2 del artículo 209, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«2. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de 
un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de 
verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la 
persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido 
el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada 
la correspondiente liquidación o resolución.
Los procedimientos sancionadores que se incoen para la imposición de las 
sanciones a que se refiere el artículo 186 de esta Ley deberán iniciarse en el plazo 
de seis meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la 
sanción pecuniaria a que se refiere dicho precepto.»
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Veintitrés. Se añaden dos apartados, 6 y 9, en el artículo 233, numerándose los 
actuales apartados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 como 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 
respectivamente, que quedan redactados de la siguiente forma:
«''6. El tribunal económico-administrativo decidirá sobre la admisión a trámite 
de la solicitud de suspensión en los supuestos a los que se refieren los 
apartados 4 y 5 de este artículo, y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la 
documentación aportada en la solicitud de suspensión o existente en el expediente 
administrativo, la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible 
reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho.''
''9. Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la presentación de la 
solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para 
obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o 
basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, no impedirá la 
continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda 
la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la 
suspensión fuese concedida finalmente.''»
Veinticuatro. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 260, con la siguiente 
redacción:
«4. No podrán disfrutar de beneficios fiscales que constituyan ayudas 
estatales según el ordenamiento comunitario quienes hubieran percibido ayudas 
de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior, con una 
orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, hasta 
que tales ayudas no se hayan reembolsado.»
Veinticinco. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional sexta, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«4. La publicación de la revocación del número de identificación fiscal 
asignado en el "Boletín Oficial del Estado", determinará la pérdida de validez a 
efectos identificativos de dicho número en el ámbito fiscal.
Asimismo, la publicación anterior determinará que las entidades de crédito no 
realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten 
como titulares o autorizados los titulares de dichos números revocados, salvo que 
se rehabilite el número de identificación fiscal,
Cuando la revocación se refiera al número de identificación fiscal de una 
entidad, su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" implicará la abstención del 
notario para autorizar cualquier instrumento público relativo a declaraciones de 
voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, contratos y 
negocios jurídicos de cualquier clase, así como la prohibición de acceso a 
cualquier registro público, incluidos los de carácter administrativo, salvo que se 
rehabilite el número de identificación fiscal. El registro público en el que esté 
inscrita la entidad a la que afecte la revocación, en función del tipo de entidad de 
que se trate, procederá a extender en la hoja abierta a dicha entidad una nota 
marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse 
inscripción alguna que afecte a aquella, salvo que se rehabilite el número de 
identificación fiscal.
Excepcionalmente, se admitirá la realización de los trámites imprescindibles 
para la cancelación de la nota marginal a la que se refiere el párrafo anterior.
De igual modo, en todas las certificaciones registrales de la entidad titular del 
número revocado debe constar que el mismo está revocado.
Lo dispuesto en este apartado no impedirá a la Administración Tributaria exigir 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes. No obstante, la 
admisión de las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos en 
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los que conste un número de identificación fiscal revocado quedará condicionada, 
en los términos reglamentariamente establecidos, a la rehabilitación del citado 
número de identificación fiscal.»
Veintiséis. Se modifican los apartados 1 y 2 de la disposición adicional 
decimoctava, que quedan redactados de la siguiente forma:
«1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración 
Tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de esta Ley y en los 
términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente información:
a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en 
entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares 
o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma 
ostenten poder de disposición.
b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos 
representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de 
entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares 
y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los 
seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o 
temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un 
capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades 
establecidas en el extranjero.
c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes 
inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.
d) Información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las 
que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o 
autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas 
por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves 
criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y 
transferir monedas virtuales.
Las obligaciones previstas en los párrafos anteriores se extenderán a quienes 
tengan la consideración de titulares reales de acuerdo con lo previsto en el 
apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
2. Régimen de infracciones y sanciones.
Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma 
incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se 
refiere esta disposición adicional.
También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por 
medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos 
supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.
Las anteriores infracciones serán muy graves y se sancionarán conforme a las 
siguientes reglas:
a) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas 
en entidades de crédito situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa 
pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una 
misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido 
aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a 
una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya 
sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración 
Tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por 
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medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista 
obligación de hacerlo por dichos medios.
b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, 
activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas 
en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por 
cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial 
individualmente considerado según su clase, que hubiera debido incluirse en la 
declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con 
un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a 
cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, con un 
mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de 
plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del mismo modo se 
sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los 
electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por 
dichos medios.
c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes 
inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, la sanción 
consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien 
inmueble que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados 
de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un 
mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble, con un 
mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de 
plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del mismo modo se 
sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los 
electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por 
dichos medios.
d) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las 
monedas virtuales situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa 
pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada 
moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido 
incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, 
inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a 
cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo 
de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin 
requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del mismo modo se 
sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los 
electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por 
dichos medios.
Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición adicional serán 
incompatibles con las establecidas en los artículos 198 y 199 de esta Ley.»
Veintisiete. Se añade una letra d) en el apartado 1 de la disposición adicional 
vigésima, con la siguiente redacción:
«d) No será de aplicación a las declaraciones aduaneras lo previsto en el 
artículo 27 de esta Ley.»
Veintiocho. Se modifica el apartado 6 de la disposición adicional vigésima segunda, 
que queda redactado de la siguiente forma:
«6. Las pruebas documentales, las declaraciones que resulten exigibles a las 
personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras y 
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demás información utilizada en cumplimiento de las obligaciones de información y 
de diligencia debida a que se refiere esta disposición adicional deberán estar a 
disposición de la Administración Tributaria hasta la finalización del quinto año 
siguiente a aquel en el que se deba suministrar la información respecto de las 
citadas cuentas.»
Artículo decimocuarto.  Modificación del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1. La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus 
características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la 
localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de 
cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación 
gráfica, el valor de referencia, el valor catastral y el titular catastral, con su número 
de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero. Cuando 
los inmuebles estén coordinados con el Registro de la Propiedad se incorporará 
dicha circunstancia junto con su código registral.»
Dos. Se modifica el artículo 14, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 14.  Procedimiento de incorporación mediante comunicaciones.
1. Son comunicaciones:
a) La información que los notarios y registradores de la propiedad deben 
remitir conforme a lo dispuesto en el artículo 36, en cuanto se refiera a 
documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga la 
adquisición o consolidación de la propiedad, o la adquisición o constitución de los 
derechos de usufructo, superficie o de una concesión administrativa, ya se refieran 
a la totalidad del inmueble o a una cuota indivisa del mismo previamente 
incorporada en el Catastro, siempre que los interesados hayan aportado la 
referencia catastral en los términos a que se refiere el Título V y se formalice en 
escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Asimismo constituirá comunicación la información que deben remitir los 
notarios referida a la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes 
inmuebles, siempre que, realizadas las actuaciones que prevé el apartado 2 del 
artículo 47, conste la referencia catastral de los inmuebles afectados, exista 
correspondencia entre los inmuebles objeto de dichas actuaciones y la descripción 
que figura en el Catastro y que se aporte el plano, representado sobre la 
cartografía catastral, que permita la identificación de esas alteraciones.
b) Las que formulen los ayuntamientos que, mediante ordenanza fiscal, se 
obliguen a poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o 
negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados 
de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o 
autorización municipal, en los términos y con las condiciones que se determinen 
por la Dirección General del Catastro.
c) Las que las Administraciones actuantes deben formalizar ante el Catastro 
Inmobiliario en los supuestos de concentración parcelaria, de deslinde 
administrativo, de expropiación forzosa y de los actos de planeamiento y de 
gestión urbanísticos que se determinen reglamentariamente. La comunicación 
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comprenderá la correspondiente certificación administrativa expedida por el 
órgano actuante.
Cuando las actuaciones mencionadas hayan sido inscritas en el Registro de la 
Propiedad, la información será igualmente objeto de comunicación al Catastro por 
el registrador, siempre que, realizadas las actuaciones que prevé el artículo 48.5, 
conste la referencia catastral de los inmuebles afectados, así como el plano que 
permita la identificación de dichas actuaciones sobre la cartografía catastral.
También constituirá comunicación la información que los registradores de la 
propiedad deben remitir, referida a los actos de parcelación que consistan en la 
segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles, siempre 
que se cumplan los requisitos expresados en el párrafo anterior y que se solicite 
su inscripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el 
hecho, acto o negocio de que se trate.
d) La información con trascendencia catastral que debe remitir la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria al Catastro, en los supuestos y condiciones 
que se determinen reglamentariamente, de la que tenga conocimiento a través de 
los procedimientos de aplicación de los tributos, que permita completar la 
titularidad de los inmuebles inscritos en el Catastro con las cuotas de participación 
no inscritas del cónyuge y de los comuneros, miembros o partícipes de las 
comunidades o entidades sin personalidad, así como la referida a los datos 
identificativos, domicilio fiscal y lugar declarado de residencia habitual de los 
titulares catastrales, con independencia de la fecha de realización de los actos, 
hechos o negocios jurídicos correspondientes.
e) La información con trascendencia catastral que debe remitir el Ministerio 
competente en materia de agricultura, alimentación y medio ambiente, relativa a 
los cambios de los cultivos o aprovechamientos de los bienes inmuebles rústicos, 
de la que tenga conocimiento con motivo de las solicitudes de ayudas de la 
Política Agrícola Común.
f) Las que formulen las entidades locales o, en su caso, las entidades que 
ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que pongan en 
conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles 
de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para 
las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, 
siempre que se cumplan los términos y condiciones que se determinen por la 
Dirección General del Catastro.
g) Los datos, informes o antecedentes suministrados a la Dirección General 
del Catastro en virtud de lo dispuesto en el artículo 36, siempre que incorporen la 
totalidad de la documentación necesaria para acreditar la correspondiente 
alteración catastral de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por 
aquella.
2. Las comunicaciones previstas en las letras f) y g) anteriores no eximirán 
de la obligación de declarar salvo que se produzcan con anterioridad a la 
finalización del plazo máximo para cumplir con dicha obligación, en cuyo caso la 
Dirección General del Catastro advertirá de esta circunstancia en el 
correspondiente acuerdo.
3. El procedimiento de comunicación podrá iniciarse directamente con la 
notificación de la propuesta de resolución en aquellos supuestos en que no existan 
terceros afectados. En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto para la 
presentación de alegaciones durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido 
este plazo, los interesados no hayan formulado alegaciones, la propuesta de 
resolución se convertirá en definitiva, entendiéndose dictado y notificado el 
acuerdo que contiene el día siguiente al de la finalización del mencionado plazo, 
procediéndose al cierre y archivo del expediente.»
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Tres. Se modifica el apartado 6 del artículo 17, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«6. Los actos dictados en los procedimientos de incorporación mediante 
declaración, comunicación y solicitud tendrán eficacia desde la fecha en que se 
produjo el hecho, acto o negocio que originó la incorporación o modificación 
catastral, con independencia del momento en que se notifiquen.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 18, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«1. El procedimiento de subsanación de discrepancias se iniciará de oficio 
por acuerdo del órgano competente, cuando la Administración tenga conocimiento, 
por cualquier medio, de la falta de concordancia entre la descripción catastral de 
los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria y su origen no se deba al 
incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar a que se refieren los 
artículos 13 y 14. La iniciación del procedimiento se comunicará a los interesados, 
concediéndoles un plazo de 15 días para que formulen las alegaciones que 
estimen convenientes.
La resolución que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha 
en que el Catastro hubiera tenido constancia documentada de la discrepancia y se 
notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. El plazo máximo en que debe notificarse la 
resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de 
iniciación a los interesados. El vencimiento del plazo máximo de resolución 
determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.
No obstante, en aquellos supuestos en que no existan terceros afectados por 
el procedimiento, éste podrá iniciarse directamente con la notificación de la 
propuesta de resolución. En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto para 
la presentación de alegaciones durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido 
este plazo, los interesados no hayan formulado alegaciones, la propuesta de 
resolución se convertirá en definitiva y se procederá al cierre y archivo del 
expediente.»
Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 20, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«2. La incorporación en el Catastro Inmobiliario de bienes inmuebles o la 
modificación de su descripción por virtud de actuaciones inspectoras tendrán 
eficacia desde la fecha en que se produjo el hecho, acto o negocio a que se 
refieren dichas actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar, en su caso, el 
correspondiente procedimiento sancionador dentro del plazo de los seis meses 
siguientes a la fecha en que se hubiese notificado o se entendiese notificado el 
correspondiente acto de alteración catastral.»
Seis. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional tercera, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«4. La incorporación en el Catastro de los bienes inmuebles o la modificación 
de su descripción resultante de la regularización, tendrá eficacia desde la fecha en 
que se produjeron los hechos, actos o negocios que originen la incorporación o 
modificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero de la disposición adicional cuarta 
para aquellos bienes inmuebles que tengan naturaleza rústica y cuenten con 
construcciones indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, 
ganaderas o forestales.»
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Siete. Se modifica la disposición transitoria novena, que queda redactada de la 
siguiente forma:
«Disposición transitoria novena.  Régimen transitorio para la determinación del 
valor de referencia de cada inmueble.
En tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario, la aplicación de los 
módulos de valor medio previstos en la disposición final tercera para la 
determinación del valor de referencia de cada inmueble se realizará de acuerdo 
con las siguientes directrices:
a) Para los bienes inmuebles urbanos, los criterios y reglas de cálculo se 
ajustarán a lo previsto en las normas técnicas de valoración y cuadro marco de 
valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Serán de aplicación los módulos básicos de suelo y construcción de cada 
municipio, que se aprueben de acuerdo con las directrices dictadas para la 
coordinación de valores.
Los valores de suelo de zona permitirán la reproducción de los módulos de 
valor medio de los productos inmobiliarios representativos en cada ámbito 
territorial homogéneo de valoración.
La resolución a aprobar por la Dirección General del Catastro definirá su 
ámbito de aplicación y concretará criterios y reglas de cálculo, módulos básicos de 
suelo y construcción, valores de suelo de zona y costes de construcción, así 
como, en su caso, campos de aplicación de coeficientes correctores.
b) Para los inmuebles rústicos sin construcciones, la resolución a aprobar por 
la Dirección General del Catastro definirá su ámbito de aplicación, y concretará 
criterios y reglas de cálculo, así como, en su caso, importes y campos de 
aplicación de coeficientes correctores de localización, agronómicos y 
socioeconómicos.
El informe anual del mercado inmobiliario al que hace referencia la disposición 
final tercera determinará los coeficientes correctores aplicables, así como sus 
importes.»
Ocho. Se modifica la disposición final tercera, que queda redactada de la siguiente 
forma:
«Disposición final tercera.  Valor de referencia.
La Dirección General del Catastro determinará de forma objetiva y con el límite 
del valor de mercado, a partir de los datos obrantes en el Catastro, el valor de 
referencia, resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios 
públicos en las compraventas inmobiliarias efectuadas.
A este efecto, incluirá las conclusiones del análisis de los citados precios en un 
informe anual del mercado inmobiliario, y en un mapa de valores que contendrá la 
delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará 
módulos de valor medio de los productos inmobiliarios representativos. El citado 
mapa se publicará en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro.
Con el fin de que el valor de referencia de los inmuebles no supere el valor de 
mercado se fijará, mediante orden de la Ministra de Hacienda, un factor de 
minoración al mercado para los bienes de una misma clase.
Con periodicidad anual, la Dirección General del Catastro aprobará, mediante 
resolución, los elementos precisos para la determinación del valor de referencia de 
cada inmueble por aplicación de los citados módulos de valor medio y de los 
factores de minoración correspondientes, en la forma en la que 
reglamentariamente se determine.
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Esta resolución se publicará por edicto en la Sede Electrónica de la Dirección 
General del Catastro antes del 30 de octubre del año anterior a aquel en que deba 
surtir efecto, previo trámite de audiencia colectiva. A este efecto, se publicará un 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado» en el que se anunciará la apertura del 
mencionado trámite por un periodo de diez días, durante el cual los interesados 
podrán presentar las alegaciones y pruebas que estimen convenientes.
La citada resolución será recurrible en vía económico-administrativa, o 
potestativamente mediante recurso de reposición, por los interesados y en el plazo 
de un mes desde su publicación, sin que la interposición de la reclamación 
suspenda su ejecución.
En los 20 primeros días del mes de diciembre, la Dirección General del 
Catastro publicará en el ''Boletín Oficial del Estado'' anuncio informativo para 
general conocimiento de los valores de referencia de cada inmueble, que, al no 
tener condición de datos de carácter personal, podrán ser consultados de forma 
permanente a través de la Sede Electrónica del Catastro.»
Artículo decimoquinto.  Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 82 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma:
«c) Los siguientes sujetos pasivos:
Las personas físicas, sean o no residentes en territorio español.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y 
las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 
de euros.
En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España mediante 
establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de 
negocios inferior a 1.000.000 de euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas:
1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 35 del Código de Comercio.
2.ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de 
presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año 
anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que 
corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho 
período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe 
neto de la cifra de negocios se elevará al año.
3.ª Para el cálculo del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, 
se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por él.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades por 
concurrir alguna de las circunstancias consideradas en el apartado 1 del 
artículo 42 del Código de Comercio como determinantes de la existencia de 
control, con independencia de la obligación de consolidación contable, el importe 
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neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a 
dicho grupo.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del 
artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección 1.ª del 
Capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, 
aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
4.ª En el supuesto de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al 
conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.»
Artículo decimosexto.  Modificación de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de 
medidas para la prevención del fraude fiscal.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, 
de medidas para la prevención del fraude fiscal:
Uno. Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada de la 
siguiente forma:
«Disposición adicional primera.  Definición de jurisdicción no cooperativa.
1. Tendrán la consideración de jurisdicciones no cooperativas los países y 
territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que se determinen por la 
Ministra de Hacienda mediante Orden Ministerial conforme a los criterios que se 
establecen en los apartados siguientes de este artículo.
2. La relación de países y territorios que tienen la consideración de 
jurisdicciones no cooperativas se podrá actualizar atendiendo a los siguientes 
criterios:
a) En materia de transparencia fiscal:
1.º) La existencia con dicho país o territorio de normativa sobre asistencia 
mutua en materia de intercambio de información tributaria en los términos 
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sea de 
aplicación.
2.º) El cumplimiento de un efectivo intercambio de información tributaria con 
España.
3.º) El resultado de las evaluaciones ''inter pares'' realizadas por el Foro 
Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.
4.º) El efectivo intercambio de información relativa al titular real, definido en 
los términos de la normativa española en materia de prevención de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo.
A los efectos de esta letra a) se entiende por efectivo intercambio de 
información, la aplicación de la normativa sobre asistencia mutua en materia de 
intercambio de información tributaria atendiendo a los términos de referencia 
aprobados por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con 
Fines Fiscales.
b) Que faciliten la celebración o existencia de instrumentos o de sociedades 
extraterritoriales, dirigidos a la atracción de beneficios que no reflejen una 
actividad económica real en dichos países o territorios.
c) La existencia de baja o nula tributación.
Existe baja tributación cuando en el país o territorio de que se trate se aplique 
un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al 
exigido en España en un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta 
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de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes.
Existe nula tributación cuando en el país o territorio de que se trate no se 
aplique un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, según corresponda.
Tendrán la consideración de impuesto idéntico o análogo los tributos que 
tengan como finalidad la imposición de la renta, siquiera parcialmente, con 
independencia de que el objeto del mismo lo constituya la propia renta, los 
ingresos o cualquier otro elemento indiciario de esta.
3. La relación de regímenes fiscales perjudiciales que tienen la consideración 
de jurisdicciones no cooperativas se podrá actualizar atendiendo a los criterios del 
Código de Conducta en materia de Fiscalidad Empresarial de la Unión Europea o 
del Foro de Regímenes Fiscales Perjudiciales de la OCDE.
4. Las normas de cada tributo podrán establecer especialidades en la 
aplicación de las normas contenidas en esta disposición.
5. Respecto de aquellos países o territorios que tengan la consideración de 
jurisdicciones no cooperativas, de conformidad con lo establecido en esta 
disposición, con los que el Reino de España tenga suscrito un convenio para evitar 
la doble imposición que se encuentre vigente, la normativa tributaria relacionada 
con las jurisdicciones no cooperativas resultará también de aplicación, en la 
medida en que no sea contraria a las disposiciones del citado convenio.»
Dos. Se añade una disposición adicional décima, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional décima.  Referencias normativas.
1. Las referencias efectuadas en la normativa a paraísos fiscales, a países o 
territorios con los que no exista efectivo intercambio de información, o de nula o 
baja tributación se entenderán efectuadas a la definición de jurisdicción no 
cooperativa de la disposición adicional primera de esta Ley.
2. Se entenderán suprimidas las referencias efectuadas a los apartados 2, 3 
y 4 de la disposición adicional primera de esta Ley, en su redacción anterior a la 
entrada en vigor de la Ley 11/2021, de  medidas de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal y de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 
de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que 
inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de 
diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
3. Las referencias normativas efectuadas a Estados con los que exista un 
efectivo intercambio de información tributaria o en materia tributaria, se 
entenderán efectuadas a Estados con los que exista normativa sobre asistencia 
mutua en materia de intercambio de información tributaria en los términos 
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sea de 
aplicación.»
Tres. Se modifica la disposición transitoria segunda, que queda redactada de la 
siguiente forma:
«Disposición transitoria segunda.  Aplicación transitoria de la consideración de 
jurisdicción no cooperativa.
En tanto no se determinen por Orden Ministerial los países o territorios que 
tienen la consideración de jurisdicción no cooperativa, tendrán dicha consideración 
los países o territorios previstos en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el 
que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2, 
apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales 
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Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991.»
Artículo decimoséptimo.  Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego:
Uno. Se añaden una letra f) al apartado 4 y las letras f) y g) al apartado 5 del 
artículo 10, con la siguiente redacción:
«''f) No utilizar denominaciones comerciales o web, marcas, imágenes o 
cualquier otro elemento relevante para la identificación comercial de su actividad 
que guarde identidad o semejanza con los vinculados a entidades que ofrezcan 
actividades de juego sin título habilitante constitutivas de la infracción prevista en 
la letra a) del artículo 39, salvo que cuenten para ello con la autorización expresa 
de la autoridad encargada de la regulación del juego.''
''f) Colaborar en la lucha contra el fraude mediante la elaboración y aplicación 
de un manual de prevención de lucha contra el fraude que incluya una descripción 
de los procedimientos y medidas implementados para la identificación de los 
diferentes escenarios de fraude y su tratamiento. A estos efectos, los operadores 
deberán informar a la autoridad encargada de la regulación del juego sobre las 
operaciones detectadas como fraudulentas y sobre la identidad de los jugadores 
que participen en ellas.
No se requerirá el consentimiento del interesado para el tratamiento de datos 
que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones 
previstas en este párrafo esta letra.
g) Asegurar la debida diligencia en el seguimiento de la actividad de los 
participantes, con arreglo a elementos tales como los patrones de consumo, el 
nivel de depósito y gasto, los medios de pago utilizados o la capacidad económica 
de aquéllos, de cara a evitar prácticas fraudulentas y de riesgo.''»
Dos. Se modifica la letra c) y se añade una letra k) al apartado 2 y se añade un 
apartado 4 al artículo 13, que quedan redactados de la siguiente forma:
«''c) Haber sido sancionada la persona física, la persona jurídica o sus 
socios, directivos o administradores, o cualquier otra entidad que forme parte del 
grupo empresarial al que pertenezca mediante resolución administrativa firme por 
dos o más infracciones muy graves en los últimos cuatro años, por incumplimiento 
de la normativa de juego del Estado o de las Comunidades Autónomas.''
''k) No haber satisfecho el solicitante o cualquier empresa perteneciente a su 
grupo empresarial el pago de cualesquiera sanciones pecuniarias consecuencia 
de resoluciones firmes por infracciones de la presente Ley.''
''4. Cualquier variación en la titularidad del capital social de los licenciatarios 
implicará una nueva acreditación de los requisitos previstos en el apartado 1 en 
los términos previstos reglamentariamente.''»
Tres. Se modifica el apartado 8 y se añade un apartado 15 al artículo 21, que 
quedan redactados de la siguiente forma:
«''8. Perseguir el juego no autorizado, ya se realice en el ámbito del Estado 
español, ya desde fuera de España y que se dirija al territorio del Estado, 
pudiendo requerir a cualquier proveedor de juegos o de servicios de juego, 
servicios de pago, entidades de prestación de servicios de comunicación 
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audiovisual, medios de comunicación, servicios de la sociedad de la información o 
de comunicaciones electrónicas, agencias de publicidad, redes publicitarias y 
entidades patrocinadas, información relativa a las operaciones realizadas por los 
distintos operadores o por organizadores que carezcan de título habilitante o el 
cese de los servicios que estuvieran prestando.''
''15. Combatir el fraude en el entorno de las actividades del juego, incluyendo 
el fraude en las apuestas deportivas, y colaborar con las autoridades competentes 
en la prevención y la lucha contra el fraude y la manipulación de las competiciones 
deportivas.''»
Cuatro. Se añade un apartado 6 al artículo 24, con la siguiente redacción:
«6. La autoridad encargada de la regulación del juego podrá tener acceso a 
los datos de identidad tratados por las federaciones deportivas españolas y que 
sean necesarios para controlar el cumplimiento de las prohibiciones subjetivas 
previstas en las letras d), e) y f) del artículo 6.2.»
Cinco. Se modifican las letras e) y n) y se añaden las letras ñ) y o) al artículo 40, 
que quedan redactados de la siguiente forma:
«''e) El incumplimiento de los requerimientos de información o de cese de 
prestación de servicios previstos en esta Ley.''
''n) El incumplimiento de los requisitos y obligaciones en materia de juego 
responsable y de protección de los jugadores fijados en las normas y 
disposiciones vigentes.''
''ñ) Promover o facilitar la participación desde España en las actividades de 
juego a las que se refiere el artículo 2.1 a través de páginas web distintas a las 
legalmente habilitadas por operadores de juego con título habilitante en España.
o) La comisión de dos infracciones leves en el plazo de dos años, con 
sanción definitiva en vía administrativa.''»
Seis. Se añade una letra f) al artículo 41 con la siguiente redacción:
«f) Participar desde España, a través del uso de técnicas de 
enmascaramiento de direcciones IP territoriales españolas, en las actividades 
de juego a las que se refiere el artículo 2.1 ofrecidas a través de páginas distintas 
de las legalmente habilitadas por operadores de juego con título habilitante en 
España.»
Siete. Se añade un artículo 47 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 47 bis.  Publicación de información relativa a infracciones.
1. La autoridad encargada de la regulación del juego, a través de su página 
web, publicará las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa 
impuestas con arreglo a los tipos infractores de los artículos 39 y 40, una vez 
notificados a los interesados.
2. La autoridad encargada de la regulación del juego, a través de su página 
web, publicará información actualizada sobre dominios web a través de los cuales 
se haya acreditado el ofrecimiento de las actividades incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta Ley careciendo del correspondiente título habilitante.»
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Ocho. Se añade una disposición adicional octava con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava.  Suministro de información de la Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., y de la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles.
1. La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. y la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles, como operadores designados para 
la comercialización de juegos de loterías de ámbito estatal regulados en esta Ley, 
colaborarán con la Administración Tributaria del Estado suministrando 
determinados datos con trascendencia tributaria en el ámbito de las loterías y 
apuestas que organicen.
En particular, sin perjuicio de otras formas de colaboración que puedan resultar 
procedentes, el operador informará mensualmente por medios electrónicos sobre 
los premios pagados sujetos o no a retención, con identificación del perceptor y de 
su representante legal, fecha de celebración del sorteo o apuesta, fecha de pago 
del premio y forma de pago, y, en su caso, importe de la retención o ingreso a 
cuenta.
2. El convenio que suscriba el operador con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria establecerá la forma y el plazo de presentación de la 
información y contendrá la información a que se refiere el apartado anterior, así 
como cualquier otro dato relevante al efecto para concretar aquella información. 
A dicho convenio le resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 94.5 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.»
Artículo decimoctavo.  Modificación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la 
normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y 
lucha contra el fraude.
Se modifican el número 1 del apartado Uno, los números 4 y 5 del apartado Dos, el 
número 1 del apartado Tres y se añade un número 5 al citado apartado Tres, del 
artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que quedan redactados de la 
siguiente forma:
«''1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las 
partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe 
igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
No obstante, el citado importe será de 10.000 euros o su contravalor en 
moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no 
tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o 
profesional.''
''4. La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las 
operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros, o su 
contravalor en moneda extranjera, según se trate de cada uno de los supuestos a 
que se refiere el número 1 del apartado Uno, respectivamente.
5. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de 
la base de la sanción prevista en el número anterior salvo que concurra un 
supuesto de reducción de la sanción al que se refiere el número 5 del apartado 
Tres de este artículo.''
''1. El procedimiento sancionador se regirá, con las especialidades previstas 
en este artículo, por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas, el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, así como las disposiciones reglamentarias 
que desarrollen las anteriores leyes.
No obstante lo anterior, el régimen de las notificaciones en dichos 
procedimientos será el previsto en la sección 3.ª del Capítulo II del Título III de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.''
''5. En la tramitación del referido procedimiento sancionador regirán las 
siguientes especialidades:
a) El titular del órgano competente para resolver designará al instructor, que 
procederá al inicio del procedimiento sancionador y a formular la propuesta de 
resolución.
b) Cuando al tiempo de iniciarse el procedimiento sancionador se 
encontrasen en poder del órgano competente los elementos que permitan formular 
una propuesta de resolución, ésta se incorporará al acuerdo de iniciación.
c) Se prescindirá del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución 
a que se refiere el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d) Una vez notificada la propuesta de resolución, el pago voluntario por el 
presunto responsable en cualquier momento anterior a la notificación de la 
resolución implicará la terminación del procedimiento con las siguientes 
consecuencias:
1.º La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción, sin que resulten 
aplicables las reducciones previstas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
2.º La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen 
formuladas, se tendrán por no presentadas.
3.º La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución 
expresa, el día en que se realice el pago.
4.º El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
La interposición de recurso contencioso-administrativo supondrá la pérdida de 
la reducción aplicada, que se exigirá sin más trámite que la notificación al 
interesado.
5.º El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará 
el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.
e) El plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución expresa será 
de seis meses contado desde la fecha del acuerdo de iniciación.
f) El procedimiento podrá iniciarse a pesar de que concurra la circunstancia a 
que se refiere el artículo 63.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.''»
Artículo decimonoveno.  Modificación de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley del Notariado de 28 de mayo 
de 1862:
Uno. Se modifica el artículo 23, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 23.
Los notarios darán fe en las escrituras públicas y en aquellas actas que por su 
índole especial lo requieran de que conocen a las partes o de haberse asegurado 
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de su identidad por los medios supletorios establecidos en las leyes y 
reglamentos.
Serán medios supletorios de identificación, en defecto del conocimiento 
personal del Notario, los siguientes:
a) La afirmación de dos personas, con capacidad civil, que conozcan al 
otorgante y sean conocidas del Notario, siendo aquéllos responsables de la 
identificación.
b) La identificación de una de las partes contratantes por la otra, siempre que 
de esta última dé fe de conocimiento el Notario.
c) La referencia a carnets o documentos de identidad con retrato y firma 
expedidos por las autoridades públicas, cuyo objeto sea identificar a las personas.
El Notario en este caso responderá de la concordancia de los datos 
personales, fotografía y firma estampados en el documento de identidad exhibido, 
con las del compareciente.
d) El cotejo de firma con la indubitada de un instrumento público anterior en 
que se hubiere dado por el Notario fe de conocimiento del firmante.
El Notario que diere fe de conocimiento de alguno de los otorgantes, inducido 
a error sobre la personalidad de estos por la actuación maliciosa de ellos mismos 
o de otras personas, no incurrirá en responsabilidad criminal, la cual será exigida 
únicamente cuando proceda con dolo.  En tal supuesto el Notario, sin perjuicio de 
lo anterior, será inmediatamente sometido a expediente de corrección disciplinaria 
con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que se hayan producido por 
tal error a terceros interesados.
Si se trata de escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se 
adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el 
dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera 
otros con trascendencia tributaria, los comparecientes acreditarán ante el Notario 
autorizante sus números de identificación fiscal y los de las personas o entidades 
en cuya representación actúen, de los que quedará constancia en la escritura.
Tratándose de escrituras públicas por las que se cree o constituya una entidad 
con o sin personalidad jurídica el Notario incluirá obligatoriamente en aquellas el 
número de identificación fiscal. Con carácter previo a la autorización o intervención 
de cualquier escritura pública, acta o póliza, el notario consultará la lista de 
números de identificación fiscal revocados. El Notario deberá abstenerse de 
autorizar o intervenir cualquier instrumento público que se pretenda otorgar por 
una entidad jurídica con número de identificación fiscal revocado de conformidad 
con lo previsto en la normativa tributaria.»
Dos. Se modifica el artículo 24, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 24.
En todo instrumento público consignará el Notario su nombre y vecindad, los 
nombres y vecindad de los testigos, y el lugar, año y día del otorgamiento.
Los notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por la 
regularidad no solo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que 
autorice o intervenga, por lo que están sujetos a un deber especial de 
colaboración con las autoridades judiciales y administrativas.
En consecuencia, este deber especial exige del Notario el cumplimiento de 
aquellas obligaciones que en el ámbito de su competencia establezcan dichas 
autoridades.
En las escrituras relativas a actos o contratos por los que se declaren, 
transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás 
derechos reales sobre bienes inmuebles se identificarán, cuando la 
contraprestación consistiere en todo o en parte en dinero o signo que lo 
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represente, los medios de pago empleados por las partes.  A tal fin, y sin perjuicio 
de su ulterior desarrollo reglamentario, deberá identificarse si el precio se recibió 
con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, su cuantía, así 
como si se efectuó en metálico, cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o 
al portador, otro instrumento de giro o bien mediante transferencia bancaria.
Igualmente, en las escrituras públicas citadas el Notario deberá incorporar la 
declaración previa del movimiento de los medios de pago aportadas por los 
comparecientes cuando proceda presentar esta en los términos previstos en la 
legislación de prevención del blanqueo de capitales. Si no se aportase dicha 
declaración por el obligado a ello, el Notario hará constar esta circunstancia en la 
escritura y lo comunicará al órgano correspondiente del Consejo General del 
Notariado.
En las escrituras públicas a las que se refieren este artículo y el artículo 23 de 
esta Ley, el Consejo General del Notariado suministrará a la Administración 
Tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, la información 
relativa a las operaciones en las que se hubiera incumplido la obligación de 
comunicar al Notario el número de identificación fiscal para su constancia en la 
escritura, así como los medios de pago empleados y, en su caso, la negativa a 
identificar los medios de pago. Estos datos deberán constar en los índices 
informatizados.
El Consejo General del Notariado establecerá un sistema automatizado para 
que el Notario a través de aquel suministre a la Administración Tributaria la 
identificación de aquellas entidades jurídicas con número de identificación fiscal 
revocado y no rehabilitado que hubieran pretendido otorgar un documento 
público.»
Disposición adicional primera.  Normas de control sobre el tabaco crudo y régimen 
sancionador.
Uno. Ámbito de aplicación.
1. La presente disposición será aplicable a los operadores de tabaco crudo y a los 
transportistas por cuenta ajena de este producto.
2. A los efectos de esta disposición son operadores de tabaco crudo las personas 
físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades 
comerciales que tengan por objeto el tabaco crudo que se encuentre o circule por 
territorio español.
No obstante, a los efectos previstos en esta disposición no se considerarán 
operadores de tabaco crudo los transportistas que actúen por cuenta ajena, sin perjuicio 
de las obligaciones específicas que a los mismos se imponen en el apartado Seis de la 
presente disposición.
Los operadores de tabaco crudo que no estén establecidos en territorio español 
deberán designar un representante con domicilio en dicho territorio para el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en esta disposición.
3. A los efectos de esta disposición, el concepto de tabaco crudo comprende las 
hojas y otras partes naturales de la planta del tabaco una vez curadas o secadas, 
cuando las mismas no tengan la consideración de labores del tabaco con arreglo a lo 
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales. Dicho concepto no incluye en ningún caso la planta viva ni la planta cortada 
que no esté curada o secada.
Dos. Prohibición de comercio minorista de tabaco crudo.
1. Se prohíbe el comercio minorista de tabaco crudo.
2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por comercio minorista aquella 
actividad, desarrollada con ánimo de lucro, consistente en ofertar la venta o suministro 
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de tabaco crudo a los consumidores finales de la misma, utilizando o no un 
establecimiento y realizada por cualquier medio, incluida tanto la venta directa, como 
venta a distancia, a través de internet o de cualesquiera otras formas de oferta mediante 
sistemas de comunicación.
Tres. Registro de Operadores de Tabaco Crudo y obligación de inscripción.
1. Se crea el Registro de Operadores de Tabaco Crudo, que será único para todo el 
territorio español, y se ubicará en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la 
que corresponderá la gestión y mantenimiento del mismo.
2. Todos los operadores de tabaco crudo deberán inscribirse, con carácter previo al 
inicio de su actividad, en el Registro de Operadores de Tabaco Crudo. A tal efecto, el 
operador, junto con sus datos identificativos, deberá describir detalladamente la actividad 
comercial que pretende desarrollar y el uso y destino que vaya a dar al tabaco crudo, 
haciendo constar los establecimientos y locales de almacenamiento donde vaya a 
desarrollar su actividad. En el caso de operadores sujetos al cumplimiento de 
obligaciones de habilitación o registro establecidas por la normativa reguladora del 
Mercado de Tabacos, el cumplimiento de dichas obligaciones será requisito para la 
inscripción en el Registro de Operadores de Tabaco Crudo.
3. Cualquier modificación de los datos declarados deberá ser previamente 
comunicada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4. La inscripción en el Registro de Operadores de Tabaco Crudo llevará aparejada 
la asignación de un Número de Operador de Tabaco Crudo.
Cuatro. Obligaciones contables.
1. Los operadores de tabaco crudo deberán llevar un sistema de contabilidad en 
soporte informático en la que se anotarán todas las operaciones de compra, venta, 
movimientos de entrada o salida del territorio español o de los depósitos o almacenes de 
tabaco crudo.
2. En todo caso, la contabilidad deberá especificar la fecha del movimiento, 
cantidad de producto en kilogramos, identificación del proveedor o del cliente, así como 
del propietario del producto cuando se encuentre en un almacén o depósito, y, en las 
expediciones, del destinatario, medio de transporte, lugar de entrega y el número del 
documento de circulación al que se refiere el apartado siguiente.
3. Los operadores de tabaco crudo deberán conservar la contabilidad a la que se 
refiere este apartado y los documentos de soporte de la misma durante el periodo de 
prescripción establecido en el apartado Dieciséis.
Cinco. Obligaciones relativas a la circulación de tabaco crudo.
1. Toda circulación de tabaco crudo por territorio español, incluso si comienza o 
termina fuera del mismo, deberá ir amparada por un documento de circulación, que 
deberá acompañar en todo momento al medio de transporte.
2. Con carácter previo a la circulación y, en todo caso, con una antelación mínima 
de veinticuatro horas, los operadores que sean propietarios de tabaco crudo que vaya a 
ser objeto de un envío de un establecimiento a otro, deberán comunicarlo a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, la cual llevará a cabo un procedimiento de 
validación de los datos comunicados.
3. Los datos que, en todo caso, deberá contener la comunicación son:
a) Nombre o razón social, número de identificación fiscal, o Número IVA y domicilio 
del expedidor, del destinatario y del transportista.
b) Dirección de los establecimientos de expedición y destino, y ruta que seguirá el 
medio de transporte.
c) Cantidad de producto, en kilogramos, y número de bultos o envases del mismo.
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4. Cualquier variación de los datos indicados deberá ser comunicada a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por el operador que haya realizado la comunicación 
prevista el apartado 2 anterior, en las veinticuatro horas siguientes al momento de 
detectarse dicha variación.
5. El documento de circulación consistirá en un ejemplar impreso, o en cualquier 
soporte digital, del documento en el que aparezcan todos los datos relativos a la 
expedición comunicada previamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
una vez que hayan sido validados y en el que conste de forma legible un código seguro 
de verificación (CSV).
Seis. Obligaciones de información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
1. Los transportistas de mercancías, cuando actúen por cuenta ajena en 
operaciones relacionadas con tabaco crudo, deberán comunicar a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en el momento que les sean solicitados los servicios de 
transporte y, en todo caso, con carácter previo a su inicio, la identificación del documento 
de circulación.
2. Los transportistas de tabaco crudo por cuenta de terceras personas, deberán 
informar de cualquier cambio de ruta, destino o destinatario que le sea ordenado por el 
operador o por un tercero por cuenta de éste, que difiera del consignado en el 
documento de circulación, identificando la dirección del nuevo destino y, en su caso, del 
nuevo destinatario. La Agencia Estatal de Administración Tributaria dispondrá de un 
plazo de cuatro horas para dar instrucciones al transportista, transcurrido el cual, salvo 
otra indicación por parte de aquélla, éste podrá proceder a la entrega del tabaco crudo 
conforme a las nuevas instrucciones del operador.
3. El destinatario de la expedición de tabaco crudo y el titular de cualquier 
almacenamiento intermedio, que se encuentren establecidos en territorio nacional, 
deberán comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria sus respectivas 
recepciones, en las veinticuatro horas siguientes a la misma, haciendo constar 
expresamente la cantidad recibida y cualquier anomalía o discrepancia, respecto de los 
datos declarados en el documento de circulación. En el caso de que el lugar de entrega 
no se encuentre en el territorio nacional, la comunicación de la recepción definitiva por el 
destinatario la realizará el operador propietario al que se refiere el apartado Cinco.2.
Siete. Facultades de los órganos de control.
1. Son órganos de control a los efectos previstos en esta disposición los de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria a los que su normativa de organización 
atribuya la competencia en materia de control de tabaco crudo.
2. Los funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria integrados en 
los órganos de control ostentarán para el ejercicio de sus funciones las siguientes 
facultades:
a) Acceso a los establecimientos y locales en que se realicen las operaciones 
sujetas a control o existan pruebas de las mismas.
Cuando en el ejercicio de las actuaciones de control sea necesario entrar en el 
domicilio constitucionalmente protegido del obligado, deberá obtener el consentimiento 
de aquél o la oportuna autorización judicial.
b) Examen de la documentación, contabilidad y registros, incluidos los informáticos, 
de los sujetos obligados por esta disposición.
c) Requerir información relativa a operaciones con tabaco crudo, al propio operador 
o a terceros relacionados con éste por razón de las mismas.
d) Reconocimiento de los medios de transporte que pudieran transportar tabaco 
crudo.
e) Reconocimiento físico del producto, pesaje, realización de croquis y planos, toma 
de fotografías y registro videográfico de las instalaciones y del producto.
f) Obtención de muestras para su posterior análisis por el laboratorio competente.
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3. El sujeto obligado que hubiera sido requerido por el órgano de control deberá 
personarse, por sí o por medio de representante, en el lugar, día y hora señalados para 
la práctica de las actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de dicho órgano la 
documentación y demás elementos solicitados.
4. Los operadores, transportistas y los titulares o responsables de los almacenes y 
otros lugares donde se almacene tabaco crudo estarán obligados a facilitar a los 
funcionarios responsables del control regulado en esta disposición, el ejercicio de las 
facultades anteriormente relacionadas, y les prestarán la debida colaboración para el 
desarrollo de sus funciones.
5. Las actuaciones de control se documentarán en diligencias, las cuales tienen 
naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su 
formalización, salvo que se acredite lo contrario. Los hechos contenidos en las 
diligencias y aceptados por la persona que atienda a los funcionarios que lleven a cabo 
las actuaciones de control, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo 
podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho.
6. Los funcionarios que desempeñen las funciones de control previstas en este 
apartado serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, 
si son requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas. Las autoridades públicas les 
prestarán la protección y el auxilio necesario para el ejercicio de sus funciones de 
control.
Ocho. Régimen sancionador.
1. Son infracciones las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier 
grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta disposición.
2. Las infracciones administrativas previstas en esta disposición se clasificarán en 
muy graves, graves y leves.
3. La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones 
llevará aparejada la imposición de las sanciones que procedan por cada una de ellas.
Nueve. Sujetos infractores y responsables.
1. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades 
mencionadas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que realicen las conductas tipificadas en los apartados siguientes.
2. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, 
así como las personas físicas o jurídicas que integren las entidades mencionadas en el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, responderán 
solidariamente de las infracciones de que sean responsables los sujetos infractores.
Diez. Tipos de infracciones.
1. Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro de Operadores 
de Tabaco Crudo previsto en el apartado Tres.
b) El incumplimiento absoluto en la llevanza de la contabilidad de existencias 
prevista en el apartado Cuatro.
c) La llevanza, prevista en el apartado Cuatro, de contabilidades distintas que no 
permitan conocer la verdadera situación del operador de tabaco crudo.
d) El incumplimiento de la obligación de comunicación previa establecida en el 
apartado Cinco.2.
e) La entrega de tabaco crudo en lugares o a destinatarios diferentes a los 
establecidos en el documento de circulación sin que se haya comunicado tal 
circunstancia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los plazos y forma 
prevista en los apartados Cinco y Seis.
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f) La desatención a las instrucciones de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en el caso previsto en el apartado Seis.2 cuando éstas fueran facilitadas al 
transportista dentro del plazo previsto en el mismo.
g) La falta de la comunicación previa a la que se refiere el apartado Cinco.2 cuando 
afecte a los establecimientos y al uso del tabaco crudo.
2. Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
a) La circulación de tabaco crudo relacionada con la infracción que no vaya 
acompañada del documento de circulación previsto en el apartado Cinco, o amparada 
con documentos de circulación en los que se hayan falseado o cumplimentado 
incorrectamente los datos previstos en el apartado Cinco. No obstante, la existencia de 
diferencias en la cantidad de producto transportado que no excedan de un 10 por 100 de 
la cantidad que conste en el documento de circulación no tendrá la consideración de 
infracción grave.
b) El incumplimiento de las obligaciones de información previstas en el apartado 
Seis cuando no constituyan infracciones muy graves.
c) El comercio minorista de tabaco crudo.
d) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la acción investigadora de los 
órganos competentes para el control de las obligaciones previstas en esta disposición.
A estos efectos, constituye resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes 
conductas de la persona investigada, del presunto infractor o de la persona sancionada:
1.° No facilitar el examen de la documentación justificativa de los bienes, medios o 
instrumentos y las actividades objeto de la investigación o de la documentación 
necesaria para la tramitación del expediente sancionador.
2.° No atender algún requerimiento debidamente notificado.
3.° La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera 
señalado.
4.° Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a 
las autoridades, funcionarios o fuerzas o el reconocimiento de medios de transporte, 
locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con la investigación, la 
tramitación del expediente o la ejecución de la sanción.
5.º Las coacciones a las autoridades, funcionarios y fuerzas en el ejercicio de las 
funciones que tienen encomendadas por la ley.
6.° Cualquier otra actuación del presunto infractor o de la persona objeto de la 
investigación tendente a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones.
3. Constituyen infracciones leves las siguientes conductas:
a) La circulación de tabaco crudo amparada por documentos de circulación en los 
que se aprecien diferencias en la cantidad de producto transportado que excedan del 5 
por 100 de la cantidad que conste en aquél y no superen el 10 por 100.
b) La emisión de documentos de circulación en los que se hayan falseado o 
cumplimentado incorrectamente datos cuando no constituya infracción grave.
c) Cualesquiera otras irregularidades o incumplimientos de las obligaciones y 
medidas establecidos en la presente disposición cuando no constituyan infracciones muy 
graves o graves.
Once. Sanciones.
1. Por la comisión de infracciones muy graves se impondrán las siguientes 
sanciones:
a) Las infracciones a las que se refieren las letras b), c), d), e) o f) del apartado 
Diez.1 serán sancionadas con multa pecuniaria de 40 euros por cada kilogramo de 
tabaco crudo que esté afectado o relacionado con tales infracciones, con un mínimo 
de 10.000 euros.
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Cuando, por causas imputables al sujeto infractor, no pudiera determinarse la 
cantidad de tabaco crudo afectado o relacionado con la infracción, se impondrá una 
sanción pecuniaria fija de 100.000 euros.
b) En los supuestos de infracción muy grave, las letras a) o g) del apartado Diez.1, 
se impondrá una sanción pecuniaria fija de 50.000 euros.
2. Por la comisión de infracciones graves se impondrán las siguientes sanciones:
a) Las infracciones a las que se refieren las letras a), b) o c) del apartado Diez.2 
serán sancionadas con multa pecuniaria de 20 euros por cada kilogramo de tabaco 
crudo que esté afectado o relacionado con tales infracciones, con un mínimo de 5.000 
euros.
Cuando, por causas imputables al sujeto infractor, no pudiera determinarse la 
cantidad de tabaco crudo afectado o relacionado con la infracción, se impondrá una 
sanción pecuniaria fija 50.000 euros.
b) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa prevista en el apartado Diez.2 d) 
de esta Ley, se sancionará con multa pecuniaria de:
1.° En los supuestos previstos en el apartado diez.2. d) 4.º y 5° con multa 
pecuniaria fija de 50.000 euros, siempre que, en este último caso, no tenga la 
consideración de delito.
2.º En los demás casos del apartado Diez.2.d), con multa pecuniaria fija de 25.000 
euros.
3. Por la comisión de infracciones leves se impondrán las siguientes sanciones:
a) Las infracciones a las que se refieren las letras a) y b) del apartado Diez.3 serán 
sancionadas con multa pecuniaria de 10 euros por cada kilogramo de tabaco crudo que 
esté afectado o relacionado con tales infracciones, con un mínimo de 2.500 euros.
Cuando, por causas imputables al sujeto infractor, no pudiera determinarse la 
cantidad de tabaco crudo objeto a que se refiere el párrafo anterior, se impondrá una 
sanción pecuniaria fija 5.000 euros.
b) Las infracciones a las que se refiere la letra c) del apartado Diez.3 serán 
sancionadas con una multa pecuniaria fija de 5.000 euros.
Doce. Graduación de las sanciones.
1. El importe final de la sanción se incrementará en un 20% en caso de comisión 
repetida de infracciones.
Se apreciará comisión repetida de infracciones cuando el sujeto infractor haya sido 
sancionado por cualquier infracción administrativa prevista en esta disposición mediante 
resolución administrativa firme dentro de los cuatro años anteriores a la fecha de la 
comisión de la infracción.
2. En el supuesto de concurso de infracciones, cuando alguna de ellas haya tenido 
como resultado el descubrimiento de tabaco crudo, se sancionará únicamente por la 
infracción más grave.
Trece. Comiso.
1. Toda multa que se impusiere por la comisión de las infracciones tipificadas en la 
presente disposición como muy graves o graves, llevará consigo, como sanción 
accesoria, el comiso del tabaco crudo que constituya el objeto de la infracción y de los 
bienes, medios e instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción y, 
en su caso, de los efectos procedentes de ésta.
2. Si, por cualquier circunstancia, incluida la señalada en el apartado siguiente, no 
fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos señalados en el apartado 
anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan 
a los infractores.
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3. No se procederá al comiso de los bienes distintos del tabaco crudo, medios e 
instrumentos de la infracción:
a) Cuando pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable de dicha 
infracción que los haya adquirido legalmente.
b) Cuando sean de lícito comercio y su valor no guarde relación con la naturaleza o 
gravedad de la infracción, el órgano competente para imponer la sanción que proceda 
podrá no acordar el comiso o acordarlo parcialmente.
4. Los bienes, medios e instrumentos definitivamente decomisados por resolución 
firme se adjudicarán al Estado. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Catorce. Aprehensión y destino de los bienes.
1. Las autoridades, los funcionarios y las fuerzas que, en el ejercicio de sus 
competencias, tengan conocimiento de conductas o hechos que puedan constituir una 
infracción administrativa prevista en esta disposición, procederán a la aprehensión 
cautelar de los bienes, medios e instrumentos que, de acuerdo con el apartado Trece de 
esta disposición puedan resultar decomisados.
2. Las autoridades, funcionarios y las fuerzas a las que se refiere el número 
anterior, deberán levantar diligencia de las actuaciones, que entregarán al órgano 
competente para la instrucción del procedimiento sancionador, poniendo a su disposición 
los bienes, medios e instrumentos aprehendidos, salvo el tabaco crudo, en relación con 
el cual se actuará en la forma prevista en el apartado siguiente.
Quince. Destrucción del tabaco crudo aprehendido.
Las autoridades, funcionarios y fuerzas a las que se refiere el apartado anterior 
pondrán a disposición del Comisionado para el Mercado de Tabacos el tabaco crudo 
aprehendido, a fin de que se proceda a su destrucción. La destrucción será ordenada por 
el órgano competente para resolver el procedimiento en el plazo de tres meses, 
transcurrido el cual, el Comisionado para el Mercado de Tabacos procederá a su 
destrucción, comunicando la misma al órgano competente para la resolución del 
procedimiento.
Dieciséis. Prescripción.
Las infracciones previstas en esta disposición prescribirán a los cuatro años desde 
su realización. La recaudación de las sanciones impuestas prescribirá a los cuatro años 
de su firmeza.
Diecisiete. Procedimiento sancionador.
1. La competencia para la tramitación y resolución del referido procedimiento 
sancionador corresponderá en todo el territorio español a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, atribuyéndose al órgano que se determine en sus normas de 
organización.
2. Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en alguna 
actuación o procedimiento penal o administrativo, incluido el de aplicación de los tributos, 
y vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento sancionador deberán incorporarse 
formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución.
3. La recaudación de las sanciones impuestas de conformidad con lo establecido 
en la presente disposición corresponderá a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
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Dieciocho. Comunicaciones.
Todas las comunicaciones que, por aplicación de lo dispuesto en la presente 
disposición, se deban realizar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se 
realizarán por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.
Diecinueve. Normativa supletoria.
En todo aquello que no hubiera sido previsto en la presente disposición será de 
aplicación supletoria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. No obstante, respecto de las notificaciones que tengan lugar 
con motivo del procedimiento regulado en esta disposición, el régimen supletorio será el 
previsto en la sección 3.ª del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.
Veinte. Desarrollo reglamentario.
1. El Gobierno podrá dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo 
dispuesto en esta disposición, las cuales podrán establecer simplificaciones a favor de 
determinados operadores de tabaco crudo por razón de la reducida dimensión de su 
actividad u otras de tipo objetivo que así lo aconsejen. Igualmente podrán prever 
fórmulas de colaboración social para el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
esta disposición.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el titular del Ministerio de 
Hacienda podrá dictar las disposiciones necesarias para la regulación del contenido, 
datos y formularios relativos a las comunicaciones que se prevén en esta disposición y 
de los procedimientos y requisitos para su realización.
3. El Ministerio de Hacienda podrá establecer las fórmulas de coordinación que 
sean pertinentes con otras Administraciones y Organismos Públicos con competencias 
en la materia.
Veintiuno. Tratamiento de datos personales.
Los datos personales aportados en cumplimiento de la presente disposición serán 
tratados con la finalidad de la aplicación efectiva de la tributación sobre las labores de 
tabaco por medio del control administrativo de las actividades económicas realizadas con 
tabaco. Este tratamiento se ajustará al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En la 
Sede Electrónica de la Agencia Tributaria se facilitará la información que exige el 
artículo 13 del Reglamento relativa a los posibles tratamientos y el ejercicio de los 
derechos sobre los mismos.
Veintidós. Intercambio de información.
Las autoridades competentes nacionales podrán intercambiar con las autoridades 
competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea toda la información que 
pueda permitir a aquellas prevenir, investigar y reprimir el fraude tributario y aduanero.
Disposición adicional segunda.  Prohibición de determinadas máquinas aptas para la 
fabricación de labores del tabaco.
Uno. Consideración de género prohibido.
Tendrán la consideración de géneros prohibidos, a efectos de lo previsto en la Ley 
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, las máquinas 
clasificadas en el código 8478 de la Nomenclatura Combinada establecida por el 
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Reglamento (CEE) número 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, aptas para la 
fabricación de labores del tabaco.
El carácter de género prohibido alcanzará a la adquisición o tenencia de las 
máquinas cuando las mismas no se realicen por un fabricante de labores del tabaco, 
incluidas las que realicen primera transformación, o no tengan lugar en el ejercicio de 
una actividad que las justifique. Se consideran actividades que justifican la adquisición o 
tenencia de las máquinas a las que se refiere este apartado, la fabricación, 
comercialización y transporte de las mismas, siempre que quienes las lleven a cabo se 
encuentren, en su caso, debidamente habilitados o registrados de acuerdo con los 
establecido por la normativa reguladora del Mercado de Tabacos y puedan acreditar que 
el destino de estas operaciones es la venta o entrega a comercializadores de las citadas 
máquinas, a fabricantes de labores del tabaco, o su expedición con destino a un territorio 
situado fuera del territorio español.
Dos. Definiciones.
A los efectos de este precepto, se entenderá por:
1. Labores del tabaco. Las definidas como tales en la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales.
2. Fabricantes de labores del tabaco. Tendrán dicha condición:
a) En la Península e Illes Balears, los titulares de fábricas de labores de tabaco, 
incluidas las que realicen primera transformación, habilitados por el Comisionado para el 
Mercado de Tabacos con arreglo a lo previsto en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de 
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria y su normativa de desarrollo 
y autorizados con arreglo a lo establecido en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales y su normativa de desarrollo.
b) En las Islas Canarias, los titulares de fábricas de labores de tabaco, incluidas las 
que realicen primera transformación, autorizados con arreglo a lo establecido en la 
Ley 1/2011, de 21 de enero, del impuesto sobre las labores del tabaco y otras medidas 
tributarias y su normativa de desarrollo.
c) En Ceuta y Melilla, los titulares de fábricas de tabaco, incluidas las que realicen 
primera transformación, habilitados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos con 
arreglo a lo previsto en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de 
Tabacos y Normativa Tributaria y su normativa de desarrollo.
Disposición adicional tercera.  Aplicación del régimen fiscal del ICO al ICF.
El régimen fiscal del Instituto Catalán de Finanzas será el aplicable al Instituto de 
Crédito Oficial. Cualquier modificación que se introduzca en el ordenamiento jurídico, 
para establecer un régimen tributario específico para el Instituto de Crédito Oficial, 
resultará también de aplicación al Instituto Catalán de Finanzas.
Disposición adicional cuarta.  Evaluación de la economía sumergida en el Estado 
español.
Uno. Se encomienda al Gobierno para que encargue a expertos independientes la 
elaboración de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en el Estado 
español, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, 
sectores económicos e impuestos.
Dos. El informe a que se refiere el número anterior será presentado y debatido por 
las Cortes Generales y, dentro de su ámbito geográfico y competencial, si lo estiman 
oportuno, en los Parlamentos autonómicos, que podrán promover las medidas 
correctoras oportunas. Dichas medidas comprenderán las modificaciones organizativas, 
los medios humanos y materiales necesarios, y las fórmulas de coordinación y 
colaboración entre administraciones tributarias precisas para conseguir los objetivos 
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anuales y plurianuales de reducción del fraude y la economía sumergida. Los resultados 
de las medidas adoptadas serán fiscalizados periódicamente por las Cortes Generales a 
través de un modelo estándar que deberá contener información homogénea de los 
resultados para observar su evolución con el siguiente estudio oficial.
Disposición adicional quinta.  Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte.
Se modifica el artículo 70 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales en los siguientes términos:
«Artículo 70.  Tipo impositivo.
Con efectos hasta el 31 de diciembre de 2021 se modifican los epígrafes 1.º, 
2.º, 3.º y 4.º del apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales que quedan redactados en los siguientes términos:
Epígrafe 1.º
a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO 2 no sean superiores a 144 
g/km, con excepción de los vehículos tipo ''quad'' y de los vehículos comprendidos 
en los epígrafes 6.º, 7.º, 8.º y 9.º
b) Vehículos provistos de un solo motor que no sea de combustión interna, 
con excepción de los vehículos tipo ''quad''.
Epígrafe 2.º
Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO 2 sean superiores a 144 g/km y 
sean inferiores a 192 g/km, con excepción de los vehículos tipo ''quad'' y de los 
vehículos comprendidos en el epígrafe 9.º
Epígrafe 3.º
Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO 2 no sean inferiores a 192 g/km y 
sean inferiores a 240 g/km, con excepción de los vehículos tipo ''quad'' y de los 
vehículos comprendidos en el epígrafe 9.º
Epígrafe 4.º
a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO 2 sean iguales o superiores 
a 240 g/km, con excepción de los vehículos tipo ''quad'' y de los vehículos 
comprendidos en el epígrafe 9.º
b) Vehículos respecto de los que sea exigible la medición de sus emisiones 
de CO 2, cuando estas no se acrediten.
c) Vehículos comprendidos en las categorías N2 y N3 acondicionados como 
vivienda.
d) Vehículos tipo ''quad''. Se entiende por vehículo tipo ''quad'' el vehículo de 
cuatro o más ruedas, con sistema de dirección mediante manillar en el que el 
conductor va sentado a horcajadas y que está dotado de un sistema de tracción 
adecuado a un uso fuera de carretera.
e) Motos náuticas. Se entiende por ''moto náutica'' la embarcación 
propulsada por un motor y proyectada para ser manejada por una o más personas 
sentadas, de pie o de rodillas, sobre los límites de un casco y no dentro de él.»
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Disposición adicional sexta.  Ofertas de Empleo Público en la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Intervención General del Estado, Tribunales Económico 
Administrativos y en la Dirección General del Catastro.
El Gobierno dictará la normativa necesaria, en el plazo de seis meses, para que en 
un periodo de ocho años la ratio de personal de las administraciones tributarias en 
relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea.
Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio en materia de recargos, 
reducción de sanciones, limitación de pagos en efectivo y transmisiones de 
determinados bienes.
1. Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.
La nueva redacción del apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, será de aplicación a los recargos exigidos con anterioridad 
a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado 
tributario y el recargo no haya adquirido firmeza.
La revisión de los recargos no firmes y la aplicación de la nueva normativa se 
realizarán por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las 
reclamaciones y recursos.
2. Régimen transitorio de la reducción de las sanciones.
La nueva redacción de los apartados 1 y 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se aplicará a las sanciones acordadas con anterioridad 
a su entrada en vigor, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido 
firmeza. A estos efectos, la Administración Tributaria competente rectificará dichas 
sanciones.
También se aplicará la nueva redacción del apartado 3 del artículo 188 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si concurren las siguientes 
circunstancias:
a) Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado 
acredite ante la Administración Tributaria competente el desistimiento del recurso o 
reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación 
interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción. Dicha acreditación se 
efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano 
competente para conocer del recurso o reclamación.
b) Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la 
Administración Tributaria tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso 
del importe restante de la sanción.
3. Régimen transitorio de la modificación de las limitaciones de pagos en efectivo.
La nueva redacción del apartado Uno del artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de 
la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 
contra el fraude, se aplicará a todos los pagos efectuados a partir de la entrada en vigor 
de la norma, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al 
establecimiento de la limitación.
Lo dispuesto en los apartados Dos y Tres del artículo 7 de la Ley 7/2012 será 
aplicable a los procedimientos sancionadores que se inicien a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Ley.
No obstante lo anterior, la nueva reducción de la sanción por pago voluntario a la que 
se refiere el número 5 del apartado Tres del artículo 7 de la Ley 7/2012 se aplicará a las 
sanciones exigidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que no hayan sido 
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recurridas y no hayan adquirido firmeza. A estos efectos, la Administración competente 
rectificará dichas sanciones.
También se aplicará la citada reducción a la que se refiere el número 5 del apartado 
Tres del artículo 7 de la Ley 7/2012, si concurren las siguientes circunstancias:
a) Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado 
acredite ante la Administración competente el desistimiento del recurso interpuesto 
contra la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento 
que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso.
b) Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la 
Administración tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del 
importe restante de la sanción.
4. Transmisión de bienes previamente adquiridos por determinados pactos 
sucesorios.
La nueva redacción del párrafo segundo del artículo 36 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, solamente será de aplicación a las transmisiones de 
bienes efectuadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que hubieran sido 
adquiridos de forma lucrativa por causa de muerte en virtud de contratos o pactos 
sucesorios con efectos de presente.
Disposición transitoria segunda.  Publicidad de situaciones de incumplimiento 
relevante de las obligaciones tributarias en el año 2021.
En relación con la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las 
obligaciones tributarias regulada en el artículo 95.bis de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, a efectos del listado que se publicará en el año 2021 se 
tomará, como la fecha de referencia establecida en su apartado 4, no la de 31 de 
diciembre de 2020, sino el último día del mes inmediato posterior a aquel en el que se 
produzca la entrada en vigor de esta Ley conforme a lo señalado en su disposición final 
cuarta, resultando de aplicación a efectos de dicha publicidad las modificaciones 
contenidas en el apartado Nueve de su artículo decimotercero.
La publicación del listado resultante se producirá en el plazo de seis meses desde 
dicha fecha de referencia.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero 
de 2021 que no hayan concluido a la entrada en vigor de esta Ley, se modifica la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, en los siguientes términos:
Uno. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 73 con la siguiente redacción:
«3. Los buques de empresas navieras inscritas en el Registro Especial de 
Buques y Empresas Navieras que estuvieran registrados en otro Estado miembro 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo tendrán, a los efectos 
previstos en los capítulos siguientes, la consideración de inscritos en el Registro 
Especial, siempre que cumplan con los mismos requisitos y condiciones que la 
disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, 
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de 5 de septiembre, exige a los buques para su inscripción en dicho Registro 
Especial.»
Dos. Se añade un nuevo artículo 73.bis con la siguiente redacción:
«Artículo 73 bis.  Requisitos y límites.
1. Para la aplicación de los incentivos previstos en los capítulos siguientes 
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) La entidad deberá disponer de los registros contables necesarios para 
poder determinar los ingresos y gastos, directos o indirectos, correspondientes a 
las actividades acogidas al régimen, así como los activos afectos a las mismas.
b) Los buques deberán ser aptos para la navegación marítima y estar 
destinados a actividades de transporte de mercancías, pasajeros, salvamento y 
otros servicios prestados necesariamente en el mar, en los términos que se 
establezcan por orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda, sin 
perjuicio de lo establecido en la letra c) siguiente.
c) Tratándose de buques destinados a la actividad de remolque será 
necesario que más del 50 por ciento de la actividad efectivamente realizada 
durante el período impositivo constituya actividad de transporte marítimo. En el 
caso de buques con actividad de dragado será necesario que más del 50 por 
ciento de la actividad efectivamente realizada durante el período impositivo 
constituya actividad de transporte y depósito en el fondo del mar de materiales 
extraídos, alcanzando este régimen exclusivamente a esta parte de su actividad.
2. El importe de los incentivos fiscales establecidos en este título 
conjuntamente con el resto de ayudas al transporte marítimo recibidas por la 
entidad no podrán superar el límite previsto en las Directrices comunitarias sobre 
ayudas de Estado al transporte marítimo.
3. Este régimen se podrá aplicar a los buques tomados en fletamento, 
siempre que la suma de su tonelaje neto no supere el 75 por ciento del total de la 
flota de la entidad o, en su caso, del grupo de sociedades según los criterios 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la 
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
4. Cuando el régimen fuera aplicable a contribuyentes con buques no 
registrados en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo, el incremento del porcentaje del tonelaje neto de 
dichos buques respecto del total de la flota de la entidad acogida al régimen 
especial, cualquiera que fuese su causa, no impedirá la aplicación de dicho 
régimen a condición de que el porcentaje medio del tonelaje neto de buques 
registrados en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo respecto del tonelaje neto total referido al año 
anterior al momento en que se produce dicho incremento se mantenga durante el 
período de los 3 años posteriores.
Esta condición no se aplicará cuando el porcentaje del tonelaje neto de buques 
registrados en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo sea al menos del 60 por ciento.»
Tres. Se modifica el artículo 76, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 76.   Impuesto sobre Sociedades.
1. Se bonificará en un 90 por 100 la porción de la cuota de este Impuesto 
resultante después de practicar, en su caso, las deducciones por doble imposición 
a que se refiere el Capítulo II del Título VI de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, que corresponda a la parte de la base imponible 
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que proceda de la explotación desarrollada por las empresas navieras relativa a 
los servicios regulares a que se refiere el artículo 73.2, con el límite establecido en 
el apartado 3 de este artículo respecto de las actividades estrechamente 
relacionadas con el transporte marítimo.
2. Se bonificará en un 90 por 100 la porción de la cuota de este impuesto 
resultante después de practicar, en su caso, las deducciones por doble imposición 
a que se refiere el Capítulo II del Título VI de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, que corresponda a la parte de la base imponible 
que proceda de la explotación desarrollada por las empresas navieras de sus 
buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras o en un 
registro de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, con el límite establecido en el apartado 3 siguiente respecto de las 
actividades estrechamente relacionadas con el transporte marítimo.
3. No obstante, cuando la parte de la base imponible que proceda de la 
realización de actividades estrechamente relacionadas con el transporte marítimo 
supere a la parte de base imponible resultante de las actividades que generan el 
derecho a la aplicación del régimen especial, la cuota correspondiente a dicho 
exceso no podrá ser objeto de bonificación. Esta limitación se aplica respecto de 
cada uno de los buques cuya explotación genere el derecho a la bonificación.
4. Las bases imponibles negativas derivadas de las actividades que generan 
el derecho a la aplicación de este régimen no podrán ser compensadas con bases 
imponibles positivas derivadas del resto de las actividades de la entidad, ni del 
ejercicio en curso ni en los posteriores.
5. Reglamentariamente se establecerá la forma de aplicar lo dispuesto en los 
apartados anteriores.»
Cuatro. Se modifica la disposición adicional decimocuarta, que queda redactada 
como sigue:
«Disposición adicional decimocuarta.  Límites de las deducciones por inversiones 
en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo 
de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias.
El importe de la deducción por inversiones en producciones españolas de 
largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de 
ficción, animación o documental a que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá ser 
superior a 12,4 millones de euros cuando se trate de producciones realizadas en 
Canarias.
El importe de la deducción por gastos realizados en territorio español por 
producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras 
audiovisuales a que se refiere el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014 no 
podrá ser superior a 12,4 millones de euros cuando se trate de gastos realizados 
en Canarias.
Con respecto al importe mínimo de gasto que fija la letra a) del apartado 2 del 
artículo 36 de la Ley 27/2014, los gastos realizados en Canarias de animación de 
una producción extranjera deberán ser superiores a 200.000 euros. En relación 
con la ejecución de servicios de efectos visuales, será de aplicación lo dispuesto 
en la letra b) del apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014.
El importe de la deducción por gastos realizados en la producción y exhibición 
de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior a 900.000 
euros cuando se trate de gastos realizados en Canarias.»
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Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la 
que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero 
de 2021, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 11/2009, de 26 de 
octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario.
Uno. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 9, pasando el actual apartado 4 a 
numerarse como apartado 5, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. La entidad estará sometida a un gravamen especial del 15 por ciento 
sobre el importe de los beneficios obtenidos en el ejercicio que no sea objeto de 
distribución, en la parte que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo 
general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades ni se trate de rentas 
acogidas al período de reinversión regulado en la letra b) del apartado 1 del 
artículo 6 de esta Ley. Dicho gravamen tendrá la consideración de cuota del 
Impuesto sobre Sociedades.
El gravamen especial se devengará el día del acuerdo de aplicación del 
resultado del ejercicio por la junta general de accionistas, u órgano equivalente, y 
deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso en el plazo de dos meses desde la 
fecha de devengo. El modelo de declaración de este gravamen especial se 
aprobará por orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda, que 
establecerá la forma y el lugar para su presentación.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1. En la memoria de las cuentas anuales, las sociedades que hayan optado 
por la aplicación del régimen fiscal especial establecido en esta Ley, crearán un 
apartado con la denominación "Exigencias informativas derivadas de la condición 
de SOCIMI, Ley 11/2009", en la que se incluirá la siguiente información:
a) Reservas procedentes de ejercicios anteriores a la aplicación del régimen 
fiscal establecido en esta Ley.
b) Reservas procedentes de ejercicios en los que se haya aplicado el 
régimen fiscal establecido en esta Ley, diferenciando la parte que procede de 
rentas sujetas al tipo de gravamen del cero por ciento, del 15 por ciento, o del 19 
por ciento, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al tipo general 
de gravamen.
c) Dividendos distribuidos con cargo a beneficios de cada ejercicio en que ha 
resultado aplicable el régimen fiscal establecido en esta Ley, diferenciando la parte 
que procede de rentas sujetas al tipo de gravamen del cero por ciento, del 15 por 
ciento, o del 19 por ciento, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado 
al tipo general de gravamen.
d) En caso de distribución de dividendos con cargo a reservas, designación 
del ejercicio del que procede la reserva aplicada y si las mismas han estado 
gravadas al tipo de gravamen del cero por ciento, del 15 por ciento, del 19 por 
ciento o al tipo general.
e) Fecha de acuerdo de distribución de los dividendos a que se refieren las 
letras c) y d) anteriores.
f) Fecha de adquisición de los inmuebles destinados al arrendamiento y de 
las participaciones en el capital de entidades a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 2 de esta Ley.
g) Identificación del activo que computa dentro del 80 por ciento a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 3 de esta Ley.
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h) Reservas procedentes de ejercicios en que ha resultado aplicable el 
régimen fiscal especial establecido en esta Ley, que se hayan dispuesto en el 
periodo impositivo, que no sea para su distribución o para compensar pérdidas, 
identificando el ejercicio del que proceden dichas reservas.»
Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.
Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que queda redactado de 
la siguiente forma:
«2. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020 quedan 
suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y 
derechos contemplados en la normativa tributaria.
En el caso de plazos de prescripción, la suspensión del párrafo anterior solo 
resultará aplicable a aquellos plazos que, sin tener en cuenta la misma, finalicen 
antes del día 1 de julio de 2021.»
Disposición final cuarta.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de las competencias del Estado establecidas en el 
artículo 149.1.10.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado 
las competencias en materia de «régimen aduanero y arancelario; comercio exterior», 
«bases de la ordenación de crédito, banca y seguros», «bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica» y «Hacienda general», respectivamente.
Disposición final quinta.  Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta Ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2016/1164 del 
Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión 
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.
Disposición final sexta.  Habilitación normativa.
El Gobierno dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de esta Ley.
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». No obstante:
a) Los apartados cuatro y veintiuno del artículo decimotercero y la disposición 
adicional segunda entrarán en vigor transcurrido el plazo de tres meses desde la entrada 
en vigor de esta Ley.
b) Los apartados uno, tres, cuatro, cinco y siete del artículo primero y el artículo 
segundo tendrán efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2021.
c) Los apartados cinco y siete del artículo tercero y la disposición adicional primera 
tendrán efectos desde 1 de enero de 2022.
d) Los apartados uno, dos, tres, cuatro y seis del artículo tercero tendrán efectos 
desde la entrada en vigor de esta Ley.
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e) Los apartados dos y seis del artículo primero tendrán efectos para los períodos 
impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 9 de julio de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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